No puede el INSSJP exigir la renuncia a una pensión como requisito para la afiliación como adherente.

logo_pamiPartes: G. M. S. y otro en representación de su hija c/ INSSJP – PAMI s/ afiliaciones

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

Sala/Juzgado: A

Fecha: 17-may-2016

Cita: MJ-JU-M-98770-AR | MJJ98770 | MJJ98770

La Res. N° 1100/06 del INSSJP es inconstitucional en cuanto tanto exige a la hija de una afiliada la renuncia a una pensión no contributiva para incorporarla como “afiliada adherente”.

Sumario:

1-Corresponde confirmar la sentencia que obligó al Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a incorporar a la hija discapacitada de una afiliada titular y brindar la correspondiente cobertura, ya que al exigirle que renuncie a una pensión no contributiva, otorgada justamente en razón de su minusvalía, se llegaría al absurdo en que gozar de un beneficio peticionado para que se le brinde alguna suerte de protección, devendría en un perjuicio para quien lo obtuvo. 2-Exigir que la hija discapacitada de una afiliada renuncie a la pensión no contributiva de la que es titular para que se la reincorpore como afiliada adherente al INSSJP, implica una regresión dentro de todo el sistema de protección de los derechos de las personas con discapacidad, y ello se opone a la normativa contenida por la Constitución Nacional . 3-La Res. 1100/06 del INSSJP, que establece que la hija discapacitada de una afiliada debería renunciar y perder una pensión poder acceder a la reafiliación como adherente, resulta inconstitucional, ya que burla la progresividad que se desprende del inc. 23 del art. 75 dela CN que promueve medidas de acción positiva respecto de las personas con discapacidad.

Fallo:

En la ciudad de Córdoba, a diecisiete días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, reunidos en Acuerdo de Sala “A” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos caratulados: “G., M. S. Y OTRO EN REPRESENTACION DE SU HIJA c/ INSSJP – PAMI s/AFILIACIONES” (Expte.: 22477/2014), venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada (fs.170/179vta.) en contra de la resolución dictada por el señor Juez Federal de Río Cuarto el 2 de noviembre de 2015 (fs. 160/169), por la que se hace lugar a la demanda intentada por la señora M. S. G. en nombre y representación de su hija C. C. (fs. 20/29) y, consecuentemente, se declaró “. la inaplicabilidad de la prohibición contenida en el art. 10 de la Resolución 1100/2006, en cuanto prohíbe la afiliación de familiares que gocen de una pensión no contributiva, pese tener derecho a su incorporación en virtud de ser hijo discapacitado de un beneficiario titular y no estar adscripto al PROFE, .” y se ordenó que en el plazo de TRES DIAS (3), procediera a incorporar a C.C. como O afiliada adherente en su carácter de hija discapacitada de la afiliada titular. A fs. 182/186 obra la contestación de agravios de la actora, a fs. 190vta. evacua la vista 3 corrida el señor Fiscal General y a fs. 193/193vta. hace lo propio el señor Defensor Público Coadyuvante, quedando así la causa en estado de ser resuelta.- Puestos los autos a resolución de la Sala, los señores Jueces emiten su voto en el siguiente orden: Eduardo Avalos- Ignacio María Vélez Funes- Graciela S. Montesi.- El señor Juez de Cámara, doctor Eduardo Ávalos dijo:

I- Se queja la recurrente porque el Inferior acogió la demanda impetrada basándose, por un error de interpretación, en lo establecido en el inc. c del art.8 de la Ley 23.660, cuando precisamente por imperio de la Ley 19.032 de creación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) modificada por? la Ley 25.615 del 23 de julio de 2002 (art. 1°), expresamente se dispone que ese organismo no está incluido en la primera de las nombradas. Siendo así, continúa, va de suyo que la recurrente no va a estar obligada a incluir a C. C. como afiliada adherente, en su calidad de titular de una pensión no contributiva, por ser hija discapacitada a cargo de su madre (M. S. G.), afiliada titular de dicho instituto. Señala que el juez de grado, haciendo una interpretación sistemática e integradora de las Leyes 23.660 y 23661, Decretos 1606/2002, 292/95 y 492/95 y la Resolución del Ministerio de Salud de la Nación N° 1862/2011, concluyó equivocadamente que el empadronamiento al PROGRAMA FEDERAL DE SALUD (PROFE) no era obligatorio -sino optativo- para los titulares de pensiones no contributivas, que ya contaran con la cobertura médica asistencial de un agente de salud. Contrariamente a ello asegura que, a partir del 1 de enero de 1999, dicha adscripción pasó a ser obligatoria en virtud de lo previsto en el art. 77 de la Ley 24.938 (30/12/1997). Esta norma estipula que los titulares de esas pensiones serían transferidos a la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación a partir del año 1999, y que aquellos que se encontraran en esa situación podrían optar entre esta última, el INSSJP y/o las obras sociales del inc. a) del art. 1 de la Ley 23.660, antes del día 30 de junio de 1998. Reitera que la situación de la señorita C. C. no reúne las condiciones requeridas por la Ley 19.032 modificada por la Ley 25.615 y por la Resolución N° 1100/06, como para obtener la cobertura del referido INSSJP. El art.10 de esta resolución, erróneamente declarado inaplicable por el a quo invadiendo atribuciones propias del Poder Ejecutivo y del Legislativo, lo prohíbe expresamente, en armonía con las disposiciones de las leyes 23.568, 24.241 y sus modificatorias, 24.476, 24.938 y 25.994, decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nros. 292/95, 492/95, 1278/00, 410/01, 1606/02 y 1454/05, la Resolución N° 81/95 INOS (Instituto Nacional de Obras Sociales) y la N° 1862/2011 del Ministerio de Salud de la Nación. Pone de relieve que toda esta normativa no fue debidamente meritada por el Inferior. Manifiesta también que en la sentencia atacada no se evaluó prueba producida en la causa, como el informe emitido por el Ministerio de Salud de la Nación y el Acta Acuerdo suscripta el 11 de junio de 2012 entre este último y el INSSJP (fs. 101 y fs. 113/115, respectivamente). En ella se explicaba justamente que el sistema de salud que les corresponde, en este caso, a quienes perciben pensiones no contributivas, otorgadas a partir del 1 de enero de 1999, es el Programa Federal “Incluir Salud” (ex Programa Federal de Salud).

Subraya que el juez de grado se equivocó al aplicar al caso normas que en realidad no le eran aplicables y/o, en su caso, al interpretar las que sí pudieran serlo, basando su fallo en primer término y por error, en las previsiones contenidas en el art. 8 de la Ley 23.660, el que por otra parte habría perdido vigencia por imperio del art. 77 de la Ley 24.938 ya analizado. Arguye que dicho Magistrado entendió erróneamente que aquella norma facultaba a los titulares de esas pensiones a afiliarse al INSSJP sin que se los pueda discriminar por ese motivo, que el objeto del referido instituto surge claro del art.2 de la Ley 19.032 y que la Resolución 1100/06 extiende el derecho a afiliación, entre otros, a los hijos del titular y/o cónyuge incapacitados para el trabajo, cualquiera su edad o estado civil, que se encuentren a cargo del titular (art. 1), olvidando el a quo que, como ya se dijo antes, el INSSJP no está incluido en la Ley 23.660 y por lo tanto, no integra ni podrá integrar el fondo solidario de redistribución. La inaplicabilidad delart. 10 de la Resolución 1100/06 resuelta por el sentenciante de primera instancia, 3 continúa el dicente, la que lo obliga a prestar una cobertura a la que por ley no está obligado, le ocasiona un enorme e injusto menoscabo patrimonial.

Hace hincapié en que lo resuelto por el juez de grado lesiona derechos y garantías tutelados en la Constitución Nacional y de diversos tratados de jerarquía constitucional, como los arts. 16,17 y 31 de nuestra Carta Magna y los arts. 2 y 23 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, arts. 21 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y arts. 7 y 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Resume que todo lo señalado precedentemente demuestra que la sentencia apelada es arbitraria y no constituye una derivación razonada del derecho vigente. Cita doctrina y jurisprudencia que estima favorable a su derecho.

Por último se agravia porque se imponen las costas del juicio a su cargo, cuando el art. 10 la Resolución 1100/06 no es arbitraria ni ilegítima. Sostiene también que los honorarios fijados para la Dra. María Cecilia Novo, letrada de la parte actora, en la suma de ($.) son elevados y manifiesta que en un caso similar resuelto cinco meses antes (4 de junio de 2015), a la misma profesional el Inferior le reguló la suma de ($.) y a los representantes de la demandada, Dres. Marcela Piatti y César A.López, la de ($.) a cada uno (“OCAÑA, JUAN CARLOS c/ I.N.S.SJ.P.-PAMI s/ AFILIACIONES”). Concluye que resulta irrazonable la diferencia entre unos y otros, pues se trata de idénticas tareas.

II- Pasando al tratamiento de la cuestión sometida a estudio vemos que, en concreto, la demandada recurrió la sentencia recaída en autos por entender ilegítimo que se la obligue a incorporar a C. C. como afiliada adherente, en su carácter de hija discapacitada de una afiliada titular. Aduce haber actuado en un todo de conformidad a las previsiones contenidas en la normativa vigente, que menciona y a la que me remito por razones de brevedad, y que el hecho de excluirla de la cobertura prestada por el INSSJP en modo alguna la perjudica, pues puede gozar de las prestaciones que provee el Programa Federal “Incluir Salud” (ex Programa Federal de Salud). Tenemos que la accionada procedió a la baja de C. C. como afiliada del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, de acuerdo al art. 10 de la Resolución N° 1100/06. Esta norma prescribe que “. No podrán afiliarse a este Instituto los familiares, convivientes o no, . que gocen de una pensión graciable o no contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social.” Es decir que se hizo prevalecer la circunstancia de que C. C. era titular de esa categoría de pensión por sobre el hecho de que se trataba de la hija discapacitada de una afiliada titular, o sea integrante de su grupo familiar primario. Además, ante el reclamo efectuado por los padres, la hoy recurrente respondió que la única manera de obtener la reafiliación solicitada, era renunciando al referido beneficio.Más allá de cualquier discusión, está claro que la postura asumida por el INSSJP respecto a la cuestión planteada carece de toda justicia y razonabilidad.

Para acceder a la reafiliación perseguida y brindar la correspondiente cobertura, el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados exige que se renuncie a una pensión no contributiva, otorgada a la hija discapacitada de la afiliada titular justamente en razón de su minusvalía y la situación de vulnerabilidad en la que su dolencia la coloca. Es decir que se llegaría al absurdo de que gozar de un beneficio peticionado para que se le brinde alguna suerte de protección, termina constituyendo un perjuicio para quien lo obtuvo; en otras palabras, “volviéndose” en su contra.

La falta de lógica de ese razonamiento, casi escandaloso en términos de derechos humanos, se opone absolutamente a lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, norma vigente en nuestro país desde el año 2008 (Ley 26.378), a la que el Congreso de la Nación en virtud de las at ribuciones conferidas por el inc. 22 del art. 75 de la Constitución Nacional, le otorgó jerarquía constitucional a través de la Ley 27.044, sancionada el 19 de noviembre de 2014, promulgada el 1 de diciembre de 2014 y publicada el día 22 del mismo mes y año.

Dicha Convención tiene la finalidad de brindar la más amplia protección posible a las personas que padecen alguna discapacidad, norma que en virtud de lo 3 establecido por nuestra propia Carta Magna, tiene preeminencia por sobre las demás leyes; en este caso, por encima de la resolución administrativa del INSSJP N° 1100/06.

En este sentido, los arts. 4 y 25 de la referida Convención, que a los efectos de una mejor ilustración me permito transcribir, establecen: Artículo 4. Obligaciones generales 1.Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; b) Tomar todas las medidas pertinentes,? incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad; c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad; d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella; Artículo 25.Salud. Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. En particular, los Estados Partes:a) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la población; b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas mayores; c) Proporcionarán esos servicios lo más cerca posible de las comunidades de las personas con discapacidad, incluso en las zonas rurales; d) Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad a través de la capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y privado; e) Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de seguros de salud y de vida cuando éstos estén permitidos en la legislación nacional, y velarán por que esos seguros se presten de manera justa y razonable; f) Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención de la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad.

Por su parte, el art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales compromete a los Estados Partes a reconocer el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.En igual sentido, el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador- Ley 24.658, en su art. 18 – Protección de Minusválidos, indica que “Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad.

Como puede apreciarse, la integración normativa que formula la demandada para fundar su postura, invocando el art. 7 de la ley 24.938 y el Decreto 1606/2002, trae como consecuencia un resultado totalmente contrario a los postulados esenciales de aquellos preceptos que gozan de jerarquía constitucional, como se expresó.

Si Sin embargo y no obstante todo lo apuntado, es decir la abierta oposición existente entre esta norma y nuestra ley fundamental, el juez de grado no se pronunció sobre la inconstitucionalidad del art. 10 de la resolución mencionada, petición que también formó parte de la demanda y que fue consignada expresamente por la accionante en el libelo introductorio (punto V de fs. 26vta.). Se limitó a tenerla por inaplicable al caso concreto y, por lo mismo, no entró al tratamiento de la inconstitucionalidad de referencia. Frente a ello, corresponde puntualizar que en nuestro sistema jurídico, para que una norma no pueda ser aplicada, el único modo de hacerlo es mediante su descalificación desde el punto de vista constitucional y/o convencional, lo que así debe ser declarado en el presente caso.? Que cabe agregar que tras la reforma constitucional de 1994 deben tenerse en cuenta las directivas que surgen del derecho internacional de los derechos humanos. En el precedente “Mazzeo” (Fallos: 330:3248), se estableció que los jueces y tribuna1es internos están sujetos a1 imperio de 1a 1ey y, por ello, están ob1igados a ap1icar 1as disposiciones vigentes en e1 ordenamiento jurídico.Por ello, cuando un Estado ha ratificado un tratado internaciona1, sus jueces, como parte de1 aparato de1 Estado, también están sometidos él , lo que 1es ob1iga ve1ar porque 1os efectos de sus disposiciones no se vean mermados por 1a ap1icación de 1eyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. Asimismo, en diversas ocasiones 1a CIDH (precedentes “Almonacid”, “Trabajadores Cesados del Congreso”, “Ibsen Cardenas e Ibsen Peña”, “Gomes Lund y otros”, “Cabrera García y Montiel Flores” ha precisado que los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ” ex officio ” entre las normas internas y la Convención Americana.

En este sentido, nuestro Más Alto Tribunal , en el caso “Rodriguez Pereyra” (Fallos 335:2333) ha establecido que los órganos judiciales de los países que han ratificado Tratados de Derechos Humanos están obligados ejercer, de oficio, el control de convencionalidad, descalificando las normas internas que se opongan a dicho tratado. Resultaría, pues, un contrasentido aceptar que la Constituci6n Nacional que, por un lado, confiere rango constitucional a las mencionadas Convenciónes (art. 75, inc. 22), incorpora sus disposiciones al derecho interno y, por consiguiente, habilita la aplicación de la regla interpretativa que obliga los tribunales nacionales ejercer de oficio el control de convencionalidad, impida, por otro lado, que esos mismos tribunales ejerzan similar examen con el fin de salvaguardar su supremacía frente a normas locales de menor rango; aspecto que cobra especial relevancia en el sub examen donde la actora ha tachado de inconstitucional la resolución interna del INSSJP n° 1110/06, en función de cuyo articulado decidió dar de baja a C.C. como afiliada.

De lo actuado se desprende que la actora invoca un perjuicio concreto ante la caducidad de la cobertura de PAMI, argumentando que C.C. en razón de su discapacidad (certificado obtrante a fs.6) ,requiere tratamientos de rehabilitación (psicopedagogía y psicomotricista) con una frecuencia de tres sesiones semanales y asiste a talleres, prestaciones que según denuncia al momento de interponer el amparo, no cuenta con ningún tipo de cobertura. Expresa además que la cobertura del Programa Federal “Incluir Salud” es brindado por los hospitales públicos (dato corroborado por el punto a) del informe de la coordinadora de dicho programa (fs. 104); surgiendo asimismo que para las prestaciones de rehabilitación (fs. 106) cuenta con centros privados en la ciudad de Río Cuarto, siendo de público y notorio que entre esta ciudad y donde reside las actora, existe una distancia se casi 90 kilómetros, al igual que los llamados Centros de Día y Centros Educativos Terapéuticos, que figuran sólo en aquella ciudad (fs.109). Igualmente, obra a fs. 19 de autos una constancia emitida por el Centro Educativo Terapéutico “Rayun Antu”, de la localidad de Adelia María, que da cuenta que C.C. “concurre tres días semanales, en jornada de dos horas cada día al Taller de Actividades d ela Vida diaria, recibiendo además atención personalizada de las profesionales Bujón Paula, Profesora de Educación Especial, Rey Marinés, Musicoterapeuta y próximamente recibirá tratamiento de Sereno Valentina, Kinesióloga. Consideramos relevante mencionar que los tratamientos que la joven 3 recibe son costeados de manera particular por la familia, ya que la obra social no reconoce la posibilidad de incorporar dichas prestaciones y profesionales a la cartilla de prestadores”, con lo cual queda configurada una situación merecedora de tutela judicial.

III.- Exigir que C. C. renuncie a la pensión no contributiva de la que es titular para que se la reincorpore como afiliada adherente al INSSJP, también implica una “regresión” dentro de todo el sistema de protección de los derechos de las personas con discapacidad, hecho que también se opone a la normati va contenida de nuestra Carta Magna. En efecto, la “progresividad” que se desprende del inc. 23 del art.75 de la Constitución Nacional, cuando habla de “Legislar y promover medidas de acción? positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de . las personas con discapacidad.” (los destacados son nuestros), resulta totalmente burlada con el dictado de la Resolución N° 1100/06 del INSSJP, pues de acuerdo a esta norma C. C. debería renunciar y perder una pensión que le fue acordada para ayudarla a atender a sus necesidades y así arribar a una mejor calidad de vida, la que adquirió en razón de su dolencia, para recién poder acceder a la reafiliación pretendida. Es decir que se le exige “retroceder” en relación a los beneficios alcanzados para lograr que se le restituya otro. Repárese igualmente que la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) , en su art. 26 consagra el desarrollo progresivo de los derechos humanos, para lograr su plena efectividad.

No es posible dejar de hacer algunas consideraciones sobre el alcance y entidad de la pensión no contributiva por invalidez que posee C. C. La misma le fue otorgada en agosto de 2007 a causa de su minusvalía y su imposibilidad de trabajar y de proveer por sí misma a sus necesidades. Dicho beneficio ascendía a la suma de Pesos Dos Mil Quinientos Noventa y Cuatro con Noventa y Cinco Centavos ($ 2.594, 95.-) netos al mes de mayo de 2015 (ver informe de fecha 26 de mayo de 2015 de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social, obrante a fs. 151/152). Está claro que con esa ínfima cantidad mensual nadie podría atender a sus necesidades básicas, menos aún alguien que no puede trabajar y que necesita permanente atención médica y tratamientos especializados de diversa índole (fs.139/145).

IV- Por último toca tratar el tema de las costas de primera instancia, cuestión que también fue motivo de agravio por parte de la demandada. Ésta sostuvo por una parte, que no le correspondía cargar con dichas costas; por la otra, que los honorarios regulados a la letrada de la actora eran excesivos y no guardaban relación con la entidad de la tarea profesional llevada a cabo. Adujo también que en una causa similar, el mismo magistrado reguló honorarios sustancialmente menores sólo cinco meses antes.

En lo que hace a la imposición de las costas, es de toda justicia que estén a cargo de la perdidosa (art. 68 -primera parte- del C.P.C.N.), más aún cuando no existen motivos para apartarse de tal principio o que existan razones para eximirla de ellas, aunque sea parcialmente (segunda parte de la norma citada supra). Respecto al monto en que se fijó la retribución por la labor profesional desarrollada por la Dra. María Cecilia Novo, letrada de la parte actora, de la lectura de la resolución en revisión surge que en el último párrafo de fs. 168vta. el Inferior fijó los honorarios de dicha abogada en la suma de ($.), mientras que en el punto 2. del RESUELVO los fijó en la de ($.). Es evidente que se trata de un error material, caso en el que habrá de estarse a lo consignado en la parte resolutiva de la sentencia de marras. Además, también se lo puede considerar subsanado en idéntico sentido por la propia demandada (condenada en costas), pues al expresar los agravios ella tuvo por válido que los emolumentos referidos ascendían a esta última cifra ($ 6.500-).

Ahora bien, en relación al agravio propiamente dicho, es decir que si el monto referido resulta excesivo a esos efectos, consideramos que no es así, en función 3 del trabajo realizado, la naturaleza d ela cuestión debatida y el resultado favorable a su cliente Por lo dicho, entendemos que corresponde confirmar la sentencia apelada también en este punto.En nada afecta a esta decisión lo afirmado por la recurrente en cuanto a que, en una causa similar a la presente y con una diferencia de pocos meses (unos cinco, aproximadamente,), el juez de grado habría regulado los honorarios de los letrados intervinientes en una suma muy inferior. En efecto, se trata de una cuestión de criterio, donde está claro que el a quo efectuó las evaluaciones propias de cada caso para resolver como lo hizo.

Por todo lo expuesto, entendemos justo declarar la inconstitucionalidad del art. 10 de la Resolución N° 1100/06 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, y confirmar la sentencia apelada en todo cuanto decide y ha sido materia de agravio.

V- Resta decidir sobre las costas de la Instancia, las que se imponen en su totalidad a la recurrente perdidosa (INSSJP) en un todo de acuerdo al principio objetivo de la derrota y lo previsto en el art. 68 -primera parte- del C.P.C.N. Los honorarios por la actividad profesional desarrollada en la Alzada por la Dra. María Cecilia Novo, letrada de la parte actora, se establecen en la suma de ($.) a la fecha de este pronunciamiento, con más los intereses de la Tasa Activa Cartera General Nominal Anual vencida con capitalización cada treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, atento lo preceptuado por el art. 768 inc. c) del Código Civil y Comercial vigente a partir del 1 de agosto de 2015. No se hace lo propio respecto a la Dra. Elda Di Bez, letrada-apoderada de la demandada, en virtud de la previsión legal contenida en el art. 2 de la Ley 21.839. ASI VOTO.

El señor Juez de Cámara, doctor Ignacio María Vélez Funes dijo:

Comparto la solución propuesta por el señor Juez doctor Eduardo Avalos, en cuanto propicia declarar la inconstitucionalidad del art.10 de la Resolución N° 1100/06 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y confirmar el fallo recurrido en lo demás que ha sido motivo de agravios, con costas.

Sin embargo, estimo pertinente aclarar que dicha solución es la correcta aún cuando la denegatoria de la solicitud inicial de la actora ha sido suscripta con fecha 16 de junio de 2014 por la doctora Elda Di Bez en su calidad de Asesora Jurídica del I. N.S.S.J.P., por lo que se trató de un acto preparatorio de la decisión final de la Administración. No obstante ello, a los fines de evitar un desgaste jurisdiccional inútil y tratándose la presente de una cuestión donde impera la salud de la amparista, se entiende que esa es la decisión final del organismo, por lo que procede declarar la inconstitucionalidad del art. 10 de la resolución N° 1100/06 que se detalla en el voto precedente y a cuya lectura me remito. ASI VOTO.

La señora Juez de Cámara, doctora Graciela S. Montesi dijo:

I. – Que luego de una detenida lectura de las constancias de la causa, adhiero a los fundamentos brindados por el Juez doctor Eduardo Avalos, entendiendo pertinente efectuar en relación al tema debatido algunas consideraciones.

II. – Si bien no escapa a la suscripta lo decidido por el Máximo Tribunal mediante Resolución de fecha 8 de marzo de 2016 en autos: “A.F.J. c/ Estado Nacional s/ Amparo ley 16.986”, soy de opinión que de la prueba producida en la causa se desprende que estamos frente a un supuesto excepcional de una persona que sufre discapacidad y que se encuentra a cargo de su madre, la señora M. S. G., beneficiaria del régimen previsional nacional. Por tanto, adhiero a los fundamentos y decisión a que se arriba en el voto que me precede.ASI VOTO.

Por el resultado del Acuerdo que antecede; SE RESUELVE:

1) Modificar la Sentencia del 2 de noviembre de 2015, dictada por el señor Juez Federal de Río Cuarto, y en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad del art. tL O 10 de la Resolución N° 1100/06 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).

2) Confirmarla en lo de más que decide y ha sido materia de agravio.

3) Imponer las costas de la Instancia en su totalidad a la recurrente perdidosa (demandada), en un todo de acuerdo al principio objetivo de la derrota y lo previsto en el art. 68 -primera parte- del C.P.C.N. Los honorarios por la actividad profesional desarrollada en la Alzada por la Dra. María Cecilia Novo, letrada de la parte actora, se establecen en la suma de ($.) a la fecha de este pronunciamiento, con más los intereses de la Tasa Activa Cartera General Nominal Anual vencida con capitalización cada treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, atento lo preceptuado por el art. 768 inc. c) del Código Civil y Comercial vigente a partir del 1 de agosto de 2015. No se hace lo propio respecto a la Dra. Elda Di Bez, letrada-apoderada de la demandada, en virtud de la previsión legal contenida en el art. 2 de la Ley 21.839.

4) Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y bajen.

EDUARDO AVALOS

IGNACIO MARIA VELEZ FUNES

GRACIELA S. MONTESI

EDUARDO BARROS S

ECRETARIO DE CAMARA