¿Corresponde que ANSES liquide la asignación universal por hijo si la madre se encuentra en prisión junto a su hijo?

Asignación por hijoFecha: 1-jun-2016

Cita: MJ-MJN-93020-AR

La respuesta positiva surge de un reciente pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal -Sala IV, 4/12/2015-, dictado en la causa «Internas de la Unidad Nº 31 SPF s/ habeas corpus» , en donde por mayoría el Tribunal compuesto por los Dres. Mariano H. Borinsky, Juan G. M. Hornos y Carlos Gemignani, decidió:

«HACER LUGAR a los recursos de casación interpuestos por la defensa oficial y por el representante de la Procuración Penitenciaria de la Nación …; REVOCAR la resolución recurrida en cuanto confirmó el rechazo de la acción de habeas corpus incoada, y su antecedente …; HACER LUGAR a la acción de Habeas Corpus interpuesta y, en consecuencia, ORDENAR a la ANSES que, en los casos en que correspondiere conforme la normativa legal aplicable, OTORGUE los beneficios de la ley 24.714 al colectivo accionante».

El interés de esta sentencia lo encontramos no solo en el resultado o decisión final, de por sí valioso, sino especialmente en su riquísima fundamentación, principista en cuanto a derechos humanos de un sector particularmente vulnerable como son las personas privadas de libertad, a la par que erudita y actualizada en lo que concierne a la protección del interés superior del niño.

Seleccionamos algunos fragmentos que estimamos de mayor interés para dar a publicidad en esta Sección, aunque el extenso fallo en su totalidad merece realmente ser conocido y difundido.

Antecedentes de la causa

• Acción de habeas corpus colectiva, iniciada por la Procuración Penitenciaria de la Nación en representación de un colectivo integrado por las mujeres privadas de su libertad en el Centro Federal de Detención de Mujeres (Unidad 31), que atraviesan un embarazo o que han ejercido la opción del art. 195 de la Ley 24.600 para permanecer con sus hijos e hijas mejores de 4 años. Ello, en virtud de la negativa de la ANSES, el SPF, y el ENCOPE a reconocerles a aquellas que trabajan el derecho a percibir las asignaciones familiares del subsistema contributivo de la seguridad, y a aquellas que no trabajan las prestaciones del subsistema no contributivo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

• El juez a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N.° 1 de Lomas de Zamora rechazó la acción de habeas corpus porque entendió que no se encontraba configurada una situación que constituyera un agravamiento ilegítimo en las formas y condiciones de detención, conforme los términos requeridos por la Ley 23.098 . Destacó que la acción de habeas corpus consiste en un procedimiento excepcional y sumarísimo, y que «la pretensión en estudio debe ser objeto de análisis mediante una vía disímil a la aquí planteada, en la cual se asegure un acabado análisis de los fundamentos jurídicos y etimológicos tenidos en cuenta por la autoridad requerida al momento de reglamentar los derechos en pugna», y exhortó al director del Servicio Penitenciario para que se expida con relación a la presunta falta de insumos de higiene y de alimentos de la población carcelaria y para que se adopten las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho reconocido por la Gerencia de Asuntos Jurídicos de ANSES para las amparistas que estén procesadas para cobrar la AUH.

• Apelaron la defensora pública oficial en su carácter de cotitular de la Comisión de Cárceles de la DGN (fs. 338/351) y el director general de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación (fs. 278/302).

• La Sra. Elsa Porta se presentó como amiga del Tribunal y solicitó que se hiciera lugar a la pretensión de la parte actora.

• La Sala III de la Cámara Federal de La Plata, por mayoría, confirmó la decisión del juez de grado, con fundamento en que los planteos efectuados remitían a cuestiones complejas dado el universo de situaciones que comprendían, lo cual atentaba contra la celeridad de la acción de habeas corpus, y que el derecho a las prestaciones de la seguridad social escapaba al conocimiento del juez penal.

• Interpusieron recursos de casación la defensora pública oficial en su carácter de cotitular de la Comisión de Cárceles de la DGN y el director general de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación.

Fundamentos de la sentencia:

Tutela judicial efectiva – acción de habeas corpus: «… es tarea de los jueces velar porque la privación de libertad se cumpla en forma acorde a los estándares mínimos fijados en la normativa aplicable y, en esa tarea, ordenar, en su caso, el cese de los actos u omisiones de la autoridad pública que impliquen un agravamiento ilegítimo de la forma y condición de la detención, conforme los lineamientos de la Corte Suprema en “Gallardo”, Fallos: 322:2735 y “Defensor Oficial interpone acción del art. 43 de la Constitución Nacional, Fallos: 327:5658 y de la Corte Interamericana en el caso “Neira Alegrúa y otros vs. Perú”, del 19/01/1995 y en el caso “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay” del 20/09/2004); parámetros que fueron seguidos por esta Sala IV in re LEFIPAN, Walter Roberto s/ recurso de casación”, reg. 1397/13, rta. 9/8/2013 y “Gajardo Perez, Juan Carlos s/ habeas corpus”, reg. 1844/15.4, rta.25/9/2015)» (sic) (del voto del Dr. Gustavo M. Hornos, compartido por el Dr. Mariano H. Borinsky).

«Las omisiones y defectos apuntados en los párrafos precedentes revelan la ausencia del debido control jurisdiccional que, en el caso, conlleva la violación del derecho a una tutela judicial efectiva. En esta dirección, cabe destacar que la acción intentada resulta ser la vía idónea para perseguir la corrección de situaciones que afectan las condiciones de ejecución del encierro. Es que, debe tenerse en cuenta la especial situación en la que se encuentran las personas privadas de su libertad a los efectos de peticionar ante las autoridades. Es evidente que el contexto de encierro los coloca en determinadas situaciones en condiciones de desventaja en comparación con quienes se encuentran en el medio libre» (del voto del Dr. Gustavo M. Hornos, compartido por el Dr. Mariano H. Borinsky).

«En las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” , se incluye específicamente en el Capítulo primero, sección segunda, inciso 10, a las personas privadas de su libertad como una situación de vulnerabilidad que obsta al debido acceso a la justicia “especialmente cuando concurre alguna causa de vulnerabilidad enumerada en los apartados anteriores”, como ser el género (artículo 8). En tal sentido, no puede dejar de contextualizarse que cualquier circunstancia que pueda redundar en una afectación de derechos de los internos debe ser examinada desde esta perspectiva, ya que frente a determinadas problemáticas no pueden asimilarse situaciones imaginables en la vida libre a las condiciones imperantes en el marco de la privación de la libertad» (del voto del Dr. Gustavo M. Hornos, compartido por el Dr. Mariano H. Borinsky).

Asignaciones familiares – sistema no contributivo: «… el Comité [se refiere al “Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”] indicó que “Aunque toda persona tiene derecho a la seguridad social, los Estados Partes deben prestar especial atención a las personas y los grupos que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho, en particular las mujeres, los desempleados, los trabajadores insuficientemente protegidos por la seguridad social, las personas que trabajan en el sector no estructurado, los trabajadores enfermos o lesionados… los presos y los detenidos” (apartado 31). Los beneficios creados por los decretos 1602/09 y 446/2011 por los que se incorporó a la ley 24.714, en su artículo 6º, inciso i) , la “Asignación Universal Por Hijo para Protección Social”, e inciso j) la “Asignación por Embarazo para Protección Socia”, forman parte del subsistema no contributivo destinado a las mujeres embarazadas y a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la República Argentina, que pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal (artículo 1 inciso c de la ley 24.714)» (del voto del Dr. Gustavo M. Hornos, compartido por el Dr. Mariano H. Borinsky).

»De la lectura de los requisitos legales consignados en la citada ley para ser titular de las asignaciones, en los artículos 14bis, 14ter, 14quater y 14quinquies , no surge ninguna limitación respecto a las mujeres privados de su libertad y de sus hijos» (sic) (del voto del Dr. Gustavo M. Hornos, compartido por el Dr. Mariano H. Borinsky).

«…la Corte sostuvo que “Justamente en la Declaración de Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos -La Habana, Cuba, 1990- se estableció como regla elemental que el ser humano no pierde su dignidad por estar privado de su libertad; es que con excepción de aquellas limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos ellos, sin distinción alguna, siguen gozando de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en los documentos de protección nacional e internacional de los derechos humanos. (Cfr. Causa M. 821 XLIII “Méndez, Daniel Roberto s/ recurso de casación” , rta. 1/11/2011)» (del voto del Dr. Gustavo M. Hornos, compartido por el Dr. Mariano H. Borinsky).

Asignaciones familiares – sistema contributivo: «La ley 24.660 que recepta el principio constitucional de readaptación social de las penas (artículo 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 1 de la ley 24.660) se vale del trabajo intramuros como una herramienta para la consecución de aquél fin; específicamente se dispone que “el trabajo constituye un derecho y un deber del interno. Es una de las bases del tratamiento y tiene positiva incidencia en su formación” (artículo 106 ). En la regulación sobre las condiciones laborales de los internos, específicamente se detalla que el trabajo 2respetará la legislación laboral y de seguridad social vigente” (artículo 107 inciso g ). Asimismo expresamente se dispone que la organización del trabajo atenderá a “…las normas establecidas en la legislación inherente al trabajo libre” (artículo 117 )» (del voto del Dr. Gustavo M. Hornos, compartido por el Dr. Mariano H. Borinsky).

«… la Corte Constitucional Italiana en un conflicto similar al presente, se expidió en forma favorable al reconocimiento pleno de los derechos de los trabajadores detenidos. Indicó que “el rol asignado al trabajo en el ámbito de una connotación de la pena no ya exclusivamente aflictiva, implica que cuando se concrete una relación de trabajo subordinado, ésta asuma una relevancia distinta, dando lugar a los correlativos derechos y obligaciones”. Asimismo, la Corte ordenó que el juez de vigilancia era el competente “en materia de reclamos de los detenidos sobre la atribución de la calificación en el trabajo, la paga, y la remuneración, el desarrollo de las actividades de aprendizaje y trabajo, y las aseguraciones sociales” (Cfr. Ruotolo, Marco “Derechos de los Detenidos y Constitución”, traducción de Pablo D. Eiroa, editorial ad hoc, Bs. As, 2004, págs. 255 y ss., con cita en los considerandos 5º y 6º de la sentencia nº158 de 2001 y las sentencias 490 y 594 de 1004 y 26 de 2001 de la Corte Constitucional Italiana)» (del voto del Dr. Gustavo M. Hornos, compartido por el Dr. Mariano H. Borinsky).

«En el ámbito nacional y siguiendo estos lineamientos, la Comisión Especial de Estudio sobre las Condiciones de Vigencia y Estado de las Relaciones Laborales en el Marco del Trabajo Prestado en Condiciones de Encierro de las Personas Privadas de su Libertad Ambulatoria, creada por Resolución Nª 1373/2012 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el Informe Final, afirmó que “asiste a las personas trabajadoras privadas de la libertad ambulatoria el derecho a gozar de la totalidad de los beneficios de la Seguridad Social inherentes al trabajo dependiente, en especial los previstos por las leyes 24.241 (jubilaciones y pensiones), 24.714 (asignaciones familiares), 23.660 (obra social), 23.661 (seguro de salud) y 24.013 (prestación de desempleo) y demás normas nacionales o provinciales concordantes o complementarias» (del voto del Dr. Gustavo M. Hornos, compartido por el Dr. Mariano H. Borinsky).

«Es que, no debe perderse de vista que, para que el trabajo intramuros realmente funcione como herramienta para la reinserción social del condenado, éste debe reunir todos los requisitos legales que lo protegen; además porque ésta es la única forma de que el trabajo se presente como una alternativa posible al camino de la delincuencia. Por todo lo expuesto, el trabajo prestado intramuros debe respetar la legislación laboral vigente, y por ello, cabe recordar que los internos trabajadores están incluidos dentro del régimen de la seguridad social, y son sujetos beneficiarios de las asignaciones familiares previstas en la ley 24.714» (del voto del Dr. Gustavo M. Hornos, compartido por el Dr. Mariano H. Borinsky).

La vida intramuros – derechos del niño: «Cabe poner de relieve que, la Asignación Universal por Hijo reclamada por las accionantes, tiene como finalidad primordial la mejora en la calidad de vida de los menores (conforme los considerandos del Decreto 1602/09 que específicamente cita la ley 26061 de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes conforme la Convención sobre los Derechos del Niño), por lo que, negar tal subsidio cuando el menor se encuentra alojado junto a su madre en una unidad penitenciaria, implica una transgresión al principio de intrascendencia de la pena (art. 5.3 de la C.A.D.H.) en tanto hace extensibles las consecuencias de la pena impuesta a la condenada, a sus hijos menores» (del voto del Dr. Gustavo M. Hornos, compartido por el Dr. Mariano H. Borinsky).

«… como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos “… en aras de la tutela efectiva del niño, toda decisión estatal, social o familiar que involucre alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho, debe tomar en cuenta el interés superior del niño y ajustarse rigurosamente a las disposiciones que rigen esta materia …” (Corte IDH, OC-17-02, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, 28/8/2002)» (del voto del Dr. Gustavo M. Hornos, compartido por el Dr. Mariano H. Borinsky).

«… la mejor perspectiva para casos como el presente es la del Interés Superior del Niño. Bajo esta perspectiva, la concesión del subsidio reclamado contribuirá en forma directa a mejorar las condiciones de los menores alojados en la unidad penitenciaria, en evidente resguardo y protección de ese Interés. Este razonamiento se enmarca en el reconocimiento de la realidad carcelaria y, específicamente, de la especial situación de sujeción en la que se encuentran las personas privadas de su libertad, en la que el Estado tiene posición de garante como consecuencia de esa privación de la libertad. Particularmente, teniendo en cuenta que las mujeres madres o embarazadas constituyen una categoría especial de mujeres, en doble situación de vulnerabilidad» (del voto del Dr. Gustavo M. Hornos, compartido por el Dr. Mariano H. Borinsky).

«… el art. 12 del código sustantivo debe ser analizado a la luz del objetivo previsto en el art. 3.1 ‘in fine’ de la Convención de los Derechos del Niño que postula que en las decisiones en materia minoril debe atenderse siempre al ‘interés superior del niño’ (cfr. sobre este último punto, Báez, Julio C., ‘El artículo 12 del Código Penal y la Constitución Nacional’, Revista de Derecho Penal y Criminología, año IV, número 5, junio 2014, pág. 109 y ss.)» (del voto en disidencia del Dr. Juan Carlos Gemignani).

«… teniendo en cuenta el Estado democrático de derecho que estructura nuestra Carta Fundamental y los Pactos Internacionales con jerarquía constitucional, el art. 12, segunda y tercera disposición, del Código Penal son inconstitucionales, ya que de no ser así dejaríamos vigente -más allá de los dos casos de excepción destacados- una norma que se asemeja a una suerte de ‘muerte civil morigerada’, que a su vez produce una mortificación innecesaria al penado y que afecta no sólo sus eventuales actividades comerciales, sino se contrapone con la estabilidad que deben tener los lazos familiares y con la protección del interés superior de los niños” (confr. mi voto en la causa Nro. 1198/2013, Reg. 1862.14.4, “GONZÁLEZ, Mario Alfredo s/recurso de casación2, rta. el 15 de septiembre de 2014; asimismo, mi sufragio en el expediente Nro. CPE 990000206/-2012/TO1/CFC1, Reg. Nro. 2695/14, “BENDEZU RIVERO, Lázaro Alfredo s/recurso de casación e inconstitucionalidad”, del 10 de julio de 2014)» (del voto en disidencia del Dr. Juan Carlos Gemignani).

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Consulta a cargo del Dr. Rafael E. Toledo Ríos.