Procedencia de la ejecución iniciada contra el presidente de la sociedad demandada, no obstante encontrarse vencido su mandato.

judicial_2Partes: Donegal S.A. c/ Funes Enrique Daniel y otro s/ ejecución cambiaria

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Sala/Juzgado: Cuarta

Fecha: 5-may-2016

Cita: MJ-JU-M-98117-AR | MJJ98117 | MJJ98117

Procedencia de la ejecución iniciada contra el presidente de la sociedad demandada, no obstante encontrarse vencido su mandato.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que rechazó las excepciones deducidas y mandó llevar adelante la ejecución, pues surge probado que a la fecha de interposición de la demanda el accionado era el Director Titular y Presidente de la sociedad, con representación conforme lo ordenado por el art. 268 de la LS, pero también que lo siguió siendo con posterioridad al vencimiento de su designación como Presidente del Directorio.

2.-Cuando el art. 257 de la ley de sociedades comerciales establece que aun cuando el mandato se encuentre vencido el director permanecerá en su cargo hasta ser reemplazado, esta disposición tiene por finalidad evitar la acefalía de la sociedad, ya que es imperioso contar permanentemente con alguien con facultades suficientes para administrarla y representarla, pero ello no la releva de la obligación de elegir nuevo director en la asamblea posterior a la finalización del plazo del mandato del administrador.

Fallo:

En la ciudad de Mendoza a los cinco días del mes de mayo de dos mil dieci-séis, reunidos en la Sala de Acuerdos de esta Excma. Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario, los señores Jueces, trajeron a deliberación para resolver en definitiva los autos N° 250.833/51.510, caratulados “DONEGAL S.A. C/FUNES, ENRIQUE DANIEL Y OT. P/EJECUCION CAMBIARIA”, originarios del Octavo Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial de la Pro-vincia, venido al Tribunal en virtud del recurso de apelación planteado a fs. 106 por el demandado Enrique Daniel Funes en contra de la sentencia de fs. 103/104.

Practicado a fs. 130 el sorteo establecido por el art. 140 del Código Procesal Civil, se determinó el siguiente orden de votación: Ferrer, Sar Sar y Leiva.

En razón de la vacancia producida en el Tribunal, por la renuncia de la Dra. Mirta Sar Sar, de conformidad al agregado introducido por el Art. 2º de la Ley 3800 al inc. II del Art. 141 del C.P.C., la sentencia a que se refiere este acuerdo, será suscripta únicamente por los Dres. Claudio A. Ferrer y Claudio F. Leiva. Jueces de Cámara.

De conformidad con lo ordenado en el art. 160 de la Constitución Provincial, se plantearon las siguientes cuestiones a resolver:

Primera cuestión:

¿Debe modificarse la sentencia en recurso? Segunda cuestión:

¿Costas? Sobre la primera cuestión propuesta, el Sr. Juez de Cámara, Dr. Claudio A. Ferrer, dijo:

I- Llega en apelación la sentencia que glosa a fs. 103/104 por la cual la Sra.Jueza “a quo” rechaza las excepciones opuestas por la parte de-mandada y, en consecuencia, ordena que prosiga la ejecución adelante hasta que el actor se haga íntegro pago de la suma reclamada o sea la de $146.948, con más los intereses legales de la tasa activa que cobra el Ban-co de la Nación Argentina, desde la fecha de mora y hasta el efectivo pa-go.

II- PLATAFORMA FÁCTICA:

Que a fs. 31/33 se presenta el Sr. Pablo Daniel Aranda Hynes, por Donegal S.A., y promueve demanda ejecutiva en contra de Enrique Daniel Funes y Daniel Alberto Funes, solicitando se los condene al pago de la su-ma de $146.948, con más los intereses legales a tasa activa del Banco de la Nación Argentina a partir de la fecha del vencimiento del título y hasta su efectivo pago, con costas.

Relata que la ejecución se basa en un cheque de pago diferido a cargo del Banco Galicia, serie T n° 50679359, por la suma de $146.948, librado el 9 de abril de 2014 por el Sr. Enrique Daniel Funes, al portador, y luego endosado por el Sr. Daniel Alberto Funes, con fecha de vencimiento (fecha de pago) el día 28 de mayo de 2014.

Expresa que la sociedad que representa es portadora de buena fe del título mencionado precedentemente y objeto del proceso, el cual ad-quirió fuerza ejecutiva conforme lo establece la ley 24.522 en razón de haberse presentado a su cobro por parte de Donegal S.A. el 18 de junio de 2014, sin que fuera pagado por el girado por la causa “Sin fondos suficien-tes en cuenta”.

Ofrece pruebas. Funda en derecho. Plantea la inconstitucionalidad de la ley 7198.

A fs. 43/45 comparece el Dr. Eduardo Martín Simonnet, por el de-mandado Sr.Enrique Daniel Funes y contesta la demanda interpuesta en su contra planteando excepciones de falta de legitimación sustancial activa y pasiva por inhabilidad del título, además, solicita se rechace el planteo de inconstitucionalidad de la ley 7198.

Desconoce la existencia de la deuda y que el Sr. Aranda Hynes pue-da haber seguido actuando en representación de la actora a partir del 27 de julio de 2014, fecha en la que indica cesó su designación como Presi-dente de Donegal S.A.

Sostiene que ello implica que las actuaciones llevadas a cabo a par-tir del auto de mandamiento han sido realizadas sin la debida legitimación o ratificación en el cargo por parte de la sociedad actora, lo cual implica hacer incurrir en un estado de indefensión a esa parte.

También niega la firma del cheque objeto de la demanda, tanto por parte del librador, como del endosante.

Rechaza la procedencia de la inconstitucionalidad de la ley 7198.

Ofrece pruebas y funda en derecho.

A fs. 56/58, el Dr. Luciano Bosco, por Donegal S.A., contesta el tras-lado conferido respecto a las excepciones planteadas por el demandado, solicitando su rechazo.

Expresa que la excepción interpuesta es un mero artilugio dilatorio del proceso y que la legitimación de Donegal S.A. surge del mismo título que se está ejecutando, al ser portadora legítima del cheque.

Destaca que Donegal S.A. es una sociedad anónima regularmente constituida la cual, oportunamente, procedió a la designación de los miem-bros del Directorio mediante designación adoptada por la Asamblea Gene-ral Ordinaria, de fecha 25 de julio de 2014, conforme acta certificada que acompaña, en la que se procedió a designar y reelegir como Director Titu-lar y Presidente del Directorio al Sr.Pablo Daniel Aranda Hynes, es decir, a la misma persona que representaba a la sociedad hasta entonces, por lo cual la excepción no puede prosperar, debiendo además tenerse presente que, conforme lo establece la ley de sociedades, aun en el supuesto de vencimiento del plazo previsto para el ejercicio del cargo por parte del director y Presidente del Directorio esa situación no importa la pretendida falta de legitimación, ya que el art. 257 establece que el Director perma-necerá en el cargo hasta ser reemplazado.

En lo relacionado con la inhabilidad de título ratifica que los accio-nados son los obligados cambiarios y que el rechazo del cheque no se debió a que difiera la firma del librador sino a que la cuenta no tenía fondos su-ficientes.

III- LA SENTENCIA RECURRIDA:

La Sra. Juez “a quo” expresa que el cheque que se ejecuta se en-cuentra librado al portador y endosado por Donegal S.A., por lo que no ca-be duda alguna acerca de la legitimación activa de la misma, aclarando que la discusión acerca de la ineficacia del acta acompañada en autos para acreditar la representación del Sr. Aranda Hynes como Presidente del Di-rectorio de Donegal S.A. se encuentra en el ámbito del análisis de la ex-cepción de falta de personería y no en el de la falta de legitimación activa, considerando que, con la documentación acompañada, se acredita que al momento de interponerse la demanda el Sr. Aranda Hynes era el represen-tante de la actora y, luego, con la obrante a fs.54/55, que dicha represen-tación seguía vigente durante la tramitación de este proceso, por lo que rechaza la excepción en cuestión.

En lo que respecta a la inhabilidad del título por desconocimiento de la firma inserta en el cheque que se ejecuta, indica que la demandada no ha probado la resistencia por ella alegada, por lo que también rechaza esa excepción.

Por último, si bien en los fundamentos no se hace ninguna alusión respecto a la tasa de interés que resulta aplicable a partir de la mora en el pago del cheque, en la parte resolutiva expresamente indica que son los de la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina hasta el efectivo pago.

IV- LA EXPRESION DE AGRAVIOS Y SU CONTESTACION:

Al expresar agravios, a fs. 111/113, el Dr. Eduardo Martín Simonnet, por el Sr. Enrique Daniel Funes, menciona que la sentencia le causa agravio porque para rechazar la excepción de falta de legitimación activa se basa en un precedente distinto al que se presenta en este caso, en el cual el planteo se refiere a que al contestarse la demanda el mandato de quien ejercía la representación de la sociedad actora estaba vencido.

Como segundo agravio, indica que la actora planteó la inconstitu-cionalidad de la Ley 7198, la cual fue contestada por esa parte, sin que la sentencia se haya referido al tema, pese a su importancia, aunque al re-solver condena a abonar los intereses a tasa activa, esto es, acepta táci-tamente la inconstitucionalidad de la norma, lo cual invalida el resolutivo por falta de fundamentación.

Reitera que corresponde la aplicación de los intereses de tasa pasi-va.

A fs. 116/118, el Dr.Luciano Bosco, por Donegal S.A., contesta el traslado de la expresión de agravios, solicitando el rechazo del recurso de apelación, con costas, conforme a las razones que invoca y a las que me remito en mérito a la brevedad.

V- TRATAMIENTO DEL RECURSO:

V- a)- La legitimación y la cuestión relacionada con el ejercicio de la representación de una sociedad anónima.

Resulta oportuno señalar que la falta de legitimación para obrar o “legitimatio ad causam” consiste en la ausencia de la cualidad de titular del derecho de pretender una sentencia favorable respecto de lo que es objeto del litigio y, además, como lo ha dicho esta Cámara que “Debe distinguirse pulcramente la “legitimatio ad processum”. de la “legitimatio ad causam”, o sea, la legitimación sustancial. En efecto, una cosa es que se carezca de capacidad para estar en juicio o que sea inexistente o insuficiente la re-presentación invocada por el apoderado, y otra muy distinta, lo atinente a la titularidad del interés que se pretende hacer valer, lo cual se relaciona con la falta de legitimación para obrar. Desde esta perspectiva, constitu-ye una doctrina corriente, el impedimento procesal de falta de personería se refiere a la falta de capacidad civil -menor de edad-, o legal -concursado, condenado-, o bien a la falta o insuficiencia del mandato o de la representación con respecto al presentante, pero no a la falta de acción del actor o del obligado”. (4° C.C.M.; Expte. 23391 – ADM. DEFINITIVA SU-CESIóN PEDRO OLGUíN Y OT.- OSVALDO BARRERA DESALOJO; 24/06/1992; LS123 – 430).

Es evidente que, tal como lo menciona la Jueza sentenciante, en el caso bajo examen estamos ante un planteo de falta de representación, no de legitimación, por lo que, tratándose de una defensa de tipo dilatoria, su finalidad se encuentra ceñida a la constitución regular de la relación jurí-dica procesal, lo que lleva a afirmar que, aun en el caso de haberse acogi-do esa pretensión, no correspondía rechaz ar la demanda sino otorgar un plazo para que el accionante justifique debidamente la personería invoca-da.

Ello surge claramente de los términos de la contestación de la de-manda (fs.43/45) y de los de la expresión de agravios (fs. 111/112), en donde la oposición se ciñe a cuestionar la representación del Sr. Pablo Da-niel Aranda Hynes, respecto de Donegal S.A., a partir del libramiento del mandamiento de fs. 35 y no la legitimación de esta para interponer la ac-ción, aspecto sobre el cual también se expidiera la sentenciante, sin que haya merecido ningún agravio y que resulta de su carácter de portador y endosante del cheque ejecutado.

Entiendo que el agravio resulta improcedente y que, además, no constituye una crítica fundada y razonada de los fundamentos de la sen-tencia (art. 137 del C.P.C.).

En primer lugar debo mencionar que en materia de justificación de personería, el ordenamiento procesal prevé que “.Las personas de exis-tencia ideal, litigarán por intermedio de sus representantes de acuerdo con las leyes y con sus estatutos y contratos.” (art. 20 del C.P.C.) y que, en el caso de las sociedades, como ocurre en el sub lite, al ser personas jurídi-cas, en virtud de su propia naturaleza, no pueden actuar sino por interme-dio de los órganos que los instrumentos constitutivos han determinado.

Ahora bien, de acuerdo con el art.268 de la ley 19.550 la represen-tación de la sociedad anónima corresponde al “presidente del directorio”, de lo que se desprende que para su actuación en juicio es suficiente la comprobación de dicho órgano (Fenochietto-Arazi, “Código Procesal”, T. I, p. 195), debiendo este exhibir los instrumentos que lo acrediten, tales co-mo el estatuto social y testimonio del acta del directorio del que surja su designación (Fassi-Yañez, “Código Procesal”, T. I, p. 342 y CNCiv., Sala C, mayo 30/991, “Sivagam S.A. c. Kouyoumdjian, Angel”, LA LEY, 1991-E-198).

Por su parte, el art. 29 del C.P.C., dispone que “.Cuando los liti-gantes actúen por medio de representantes conforme al art. 20, estos de-berán acreditar la personería en su primera presentación, con el documen-to pertinente; no se dará curso a esta en caso contrario.”.

Las constancias de autos permiten tener por acreditado que a la fecha de interposición de la demanda (8/7/14) el Sr. Aranda Hynes era el Director Titular y Presidente de Donegal S.A. (fs. 6/13), con representa-ción de la sociedad conforme lo ordenado por el art. 268 de la LS y Título III, art. 13° de sus estatutos (fs. 10 vta.), pero también que lo siguió siendo con posterioridad al vencimiento de su designación como Presidente del Directorio, ya que ello es lo que surge del Acta de Asamblea General Ordi-naria obrante a fs. 54/55, de fecha 25 de julio de 2014, que le confiere ese cargo por tres ejercicios más.

Vale decir, se encuentra fehacientemente acreditado con la docu-mentación antes mencionada que el Sr. Aranda Hynes ha revestido el ca-rácter de Presidente de Donegal S.A.desde la fecha de interposición de la demandada hasta este momento, lo cual resta todo asidero a la excepción planteada, argumento fundante de la resolución recurrida y respecto del cual, como ya lo mencioné anteriormente, no se hace cargo el apelante.

A mayor abundamiento señalaré que, conforme lo establece el art. 257 de la LS “.El estatuto precisará el término por el que es elegido, el que no se puede exceder de tres ejercicios salvo el supuesto del artículo 281, inciso d).No obstante el director permanecerá en su cargo hasta ser reemplazado”.

La finalidad que persigue esta norma es evitar que el directorio quede acéfalo, pues, no debe perderse de vista que el cese automático de los administradores llevaría a una paralización de la vida social resultando claramente contrario a los principios que inspiran a la ley de sociedades. En consonancia con esta posición se ha decidido que “Cuando el artículo 257 de la ley de sociedades comerciales establece que aun cuando el man-dato se encuentre vencido el director permanecerá en su cargo hasta ser reemplazado, esta disposición tiene por finalidad evitar la acefalía de la sociedad, ya que es imperioso contar permanentemente con alguien con facultades suficientes para administrarla y representarla, pero ello no la releva de la obligación de elegir nuevo director en la asamblea posterior a la finalización del plazo del mandato del administrador.” (BURGWARDT & CÍA. SAIC Y AG C/CERRO DEL ÁGUILA DE OLAVARRÍA SA Y OTROS S/MEDIDA PRECAUTORIA – CÁM. NAC. COM. – SALA E – 08/02/2013; JURISPRUDENCIA SOCIETARIAY CONCURSAL ON LINE – ERREPAR 08.05.2013).

En definitiva, al haberse renovado la designación de Presidente de Donegal S.A. al Sr. Aranda Hynes (fs. 54/55), como así también por imperio de lo dispuesto por los arts. 257 y 268 de la L.S., el agravio interpuesto por la parte demandada luce evidentemente improcedente.

V- b)- La tasa de interés.

El segundo agravio se relaciona con la tasa de interés que debe apli-carse a partir de la mora en el pago del cheque base de esta acción.

Critica el apelante que se haya dispuesto la aplicación de la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina, desde la fecha de la mo-ra y hasta su efectivo, sin resolverse el planteo de inconstitucionalidad de la Ley 7198 que efectuara el actor y al que esa parte se opusiera.

Si bien es cierto que en la sentencia en crisis no existen fundamen-tos acerca de la aplicación de la tasa activa allí dispuesta, igualmente, adelantando opinión respecto a la forma en que propiciaré la resolución del conflicto, considero que el agravio no puede prosperar.

Debe tenerse en cuenta que “La declaración de inconstitucionalidad de una ley es la “última ratio” del orden jurídico, a la que sólo se ha de llegar cuando el esfuerzo interpretativo no logra coordinar la norma apa-rente o presuntamente opuesta a la Constitución. (S.C.J.M.; Expediente: 45039 – LEVY ROBERTO Y OTROS EN J: BANCO DE MENDOZA ZULEMA C. LEYTON Y OTRO EJECUCION CAMBIARIA – INCONSTITUCIONALIDAD – CASA-CION; 02-09-1988; LS 205 – 135; CSJN, 1981/04/09, “Aranda de Casanova, Ana P. y otros c. Hermida, Baldomero D.”, CS Fallos, 303-531; también puede verse entre muchos: 1992/05/12, “Bruno Hnos. S. C. y otro c. Es-tado Nacional -A.N.A. LA LEY, 1992-E, 480 – DJ, 1993-1-987; del 1989/08/29, “Disco, S.A. c. Provincia de Mendoza”, LA LEY, 1990-A, 363 – DJ, 1991-2-48).

Además, resulta necesario recordar que el “.Tribunal no está obligado a tratar todos los temas propuestos sino sólo aquéllos que esti-me conducentes para la solución del caso (CSJN; Fallos: 297:255; 307:2216; 308:2172; 324:3421 y 329:3373, entre otros).

La mencionada ley 7198, en su art. 1°, establece que:”A partir de la publicación de la presente ley la tasa de interés, cuando no exista con-venio entre las partes, será igual a la tasa anual que pague el Banco de la Nación Argentina a los inversores, por los depósitos a plazo fijo, desde la fecha de la mora y hasta el efectivo pago”, y en el 3° que: “La tasa legal indicada en los artículos precedentes se aplicará siempre y cuando no exis-ta una disposición especial ya sea de orden nacional o provincial que regu-le la tasa aplicable para el principal la que también será de aplicación para los accesorios”.

Dicho con otras palabras, más allá de la constitucionalidad o no de la norma en cuestión, lo cierto es que dicha tasa solo podría resultar apli-cable, de no ser declarada su inconstitucionalidad, en aquellos casos en que no exista un convenio de partes o disposición especial que la regule, que es lo que ocurre en este caso en el que se ejecuta un cheque de pago diferido que encuadra en la legislación mercantil aplicable en materia de cheques que determina el derecho del acreedor a percibir la tasa activa.

Así, el art. 41 de la Ley Nº 24452 prescribe que el portador del che-que tiene derecho a reclamar contra quien ejerce el recurso los intereses al tipo bancario corriente en el lugar del pago, desde la presentación al cobro, lo que en el consonancia con el art. 565 párrafo 3° del Código de Comercio hace que esos intereses sean a la tasa activa, en tanto allí se habla de intereses de plaza o intereses corrientes que se entiende son los que cobra el Banco Nación de la Nación Argentina (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario – Sala II; Merfinco S.A.c/Trading Compa-ny s/Demanda Ejecutiva; 01-12-2007; IJ-XXXVII-643).

A similar solución se arriba de sostenerse el criterio que indica que “En el caso de reclamarse el pago del cheque corresponde aplicar la tasa de interés que informa el Banco de la Nación Argentina ya que resultan aplicables las disposiciones de la ley de letra de cambio ante el silencio de la ley de cheque.” (1° C.C.M.; Expediente 141211 – SANOTEX S.C.A. MEN-DOZA HOLDING S.A. EJECUCIóN CAMBIARIA; 28-04-1998; LS155-243).

Siendo ello así, resulta inoficioso, tanto para la juzgadora de grado, como para esta instancia impugnativa, pronunciarse respecto de la incons-titucionalidad de la ley 7198.

En definitiva, la tasa de interés aplicable desde la fecha de la mora es la dispuesta en la sentencia recurrida, sin necesidad de declaración de inconstitucionalidad de la ley 7198 y sin perjuicio de la que debe regir a partir del 01 de agosto de 2015 por imperio de lo normado por el art. 768, inc. c) del Código Civil y Comercial de la Nación, de aplicación inmediata a las consecuencias no consumadas de las relaciones jurídicas existentes al momento de su entrada en vigencia (art. 7) y que resultan aplicables inde-pendientemente del estado del proceso (efecto inmediato de la ley poste-rior).

Las consideraciones precedentes llevan a concluir que la apelación de fs. 106 debe ser desestimada, confirmándose la sentencia de fs. 103/104 en todas sus partes. ASI VOTO.

Sobre la misma y primera cuestión propuesta el Sr. Juez de Cámara, Dr. Claudio F. Leiva, dijo:

Que por lo expuesto precedentemente por el miembro preopinante, adhiere al voto que antecede.

Sobre la segunda cuestión propuesta el Sr. Juez de Cámara, Dr. Claudio A. Ferrer, dijo:

Atento como se resuelve la primera cuestión, las costas de Alzada deben ser soportadas por el demandado Enrique Daniel Funes que resulta vencido en esta instancia impugnativa (arts. 35 y 36 del C.P.C.). ASI VOTO.

Sobre la misma y primera cuestión propuesta el Sr.Juez de Cámara, Dr. Claudio F. Leiva, dijo:

Que por las mismas razones adhiere al voto que antecede.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, pasándose a dictar sen-tencia definitiva, la que a continuación se inserta.

SENTENCIA:

Mendoza, 5 de mayo del 2016.

Y VISTOS:

Por las razones expuestas, el Tribunal RESUELVE:

) 1 Rechazar el recurso de apelación interpuesto por Enrique Daniel Funes a fs. 106 contra la sentencia de fs. 103/104, la que se confir-ma en todos sus términos.

) 2 Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (arts. 35 y 36 del C.P.C.).

) 3 Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta vía impugnativa de la siguiente forma: Dres. Luciano Bosco y Eduardo M. Simonnet, en las sumas de ($.) ($.), respectivamente (Arts. 3 y 15 de la Ley Arancelaria).

Cópiese, regístrese, notifíquese y bajen. caf/dds/5659

Dr. Claudio A. Ferrer

Juez de Cámara

Dr. Claudio F. Leiva Juez de Cámara

Dra. María Inés Ortiz Maldonado

Prosecretaria de Cámara