Indemnización para los actores quienes fueron desvinculados de la prepaga, al no existir ocultamiento de enfermedades preexistentes al tiempo de asociarse a la demandada.

Medicina PrepagaPartes: Corcos María de las Mercedes y otro c/ Galeno Argentina S.A. y otro s/

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: D

Fecha: 15-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-97925-AR | MJJ97925

Indemnización para los actores quienes fueron desvinculados de la prepaga, al no existir ocultamiento de enfermedades preexistentes al tiempo de asociarse a la demandada. Cuadro de rubros indeminizatorios.cvb

Sumario:

1.-Cabe distinguir al moral del daño material no tanto por la índole de los derechos afectados sino por las consecuencias o resultados de la acción antijurídica, pues si ésta ocasiona un menoscabo en el patrimonio, sea en su existencia actual, sea en sus posibilidades futuras, se tiene el daño material o patrimonial, cualquiera sea la naturaleza, patrimonial o no, del derecho lesionado; y si ningún efecto tiene sobre el patrimonio, pero hace sufrir a la persona en sus intereses morales tutelados por la ley, hay daño moral o no patrimonial.

2.-La noción de daño moral se halla vinculada con el concepto de desmedro extrapatrimonial o lesión en los sentimientos personales, en las afecciones legítimas o en la tranquilidad anímica, que no son equiparables ni asimilables a las meras molestias, dificultades, inquietudes, o perturbaciones que pueda llegar a provocar un simple incumplimiento contractual, en tanto estas vicisitudes o contrariedades son propias del riesgo de cualquier contingencia negocial.

3.-Ninguna relación tiene la cuantía del resarcimiento del reconocido daño moral, la fecha en que el contrato debe entenderse concluido.

4.-En el mandato representativo, la obligación que surge del acto jurídico que celebró el mandatario a nombre del mandante no la asume el mandatario sino su poderdante o instituyente, en cuanto el apoderado procedió dentro de los términos ‘externos’ del acto de apoderamiento. Tal es la regla que establece el art. 1930 del CCiv., aplicable temporalmente al caso.

5.-La norma del art. 1930 del CCiv. dispone que el mandatario no queda personalmente obligado para con los terceros con quienes contrató, siempre que lo hubiere realizado en los términos del mandato. De tal modo, quien comunicó en calidad de mandataria de la empresa de prestaciones médicas, la conclusión del vínculo, no transmitió una decisión propia sino la de su principal.

N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los quince días de marzo de dos mil dieciséis, se reúnen los Señores Jueces de la Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa «CORCOS MARÍA DE LAS MERCEDES Y OTRO contra GALENO ARGENTINA S.A. Y OTRO sobre ORDINARIO», registro n° 62036/2009/CA1 procedente del JUZGADO N° 3 del fuero (SECRETARIA N° 5), en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden, Doctores: Vassallo, Dieuzeide y Heredia.

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, el señor Juez de Cámara Dr. Vassallo dijo:

I. La sentencia de primera instancia admitió parcialmente la demanda deducida por María de las Mercedes Corcos y Juan Carlos Maurizi contra Galeno Argentina S.A., a quien condenó a pagarle a los primeros una indemnización de $ 57.000, más intereses, en concepto de resarcimiento por los daños y perjuicios que les generó la resolución del contrato de medicina prepaga que los vinculaba, que calificó de arbitraria y apresurada.

Para así decidir, el señor Juez a quo concluyó que no había existido ocultamiento de enfermedades preexistentes por parte de los actores al tiempo de asociarse a la demandada, en tanto sólo habían podido advertir la presencia de la patología padecida por el señor Maurizi luego de su vinculación contractual. Descartó entonces que existiera un «falseamiento de la declaración jurada de salud» tal como lo invocó Galeno al tiempo de fracturar el vínculo.

Para así decidir, la sentencia se apoyó esencialmente en el peritaje médico que determinó, con base en las características de la patología y los exámenes necesarios para identificarla, que los actores no tenían conocimiento de la dolencia del coactor Maurizi al tiempo de completar la declaración jurada de salud.

Y al entender que no existía voluntad de los actores de mantener el vínculo con Galeno Argentina S.A., condenó a esta última a pagar a aquellos la suma de $ 57.000 ($ 7.000 por gastos; y 50.000 por daño moral), mientras rechazó la pretensión resarcitoria imputada a «daño contractual» que los actores habían mensurado en $ 300.000. Respecto de este codemandado, le impuso las costas por entenderlo vencido.

A su vez rechazó íntegramente la demanda deducida contra la Dra. Mirna Isabel Kaploean, al admitir la defensa de falta de legitimación pasiva oportunamente propuesta por la nombrada, con costas a los actores perdidosos. Ambas partes apelaron el fallo. Sin embargo sólo los actores mantuvieron el recurso al expresar agravios en fs. 515/518, pieza que no fue contestada por la contraria.

El alzamiento de Galeno Argentina S.A. fue declarado desierto en fs. 520 al no presentar memorial en el tiempo procesal propio.

II. La lectura del escrito de expresión de agravios presentado por los actores permite determinar, bien que con algún esfuerzo pues en mi opinión su redacción es algo confusa, que el agravio económico de aquellos radica en el monto fijado en calidad de resarcimiento por daño moral. Al concluir el primer capítulo de aquella pieza, los apelantes reclamas que aquella indemnización sea elevada, cuanto menos, a la suma de $ 200.000.

A renglón seguido desarrollan otro título referido al rechazo de la demanda contra la Dra. Kaploean.

Veamos:

a) Como fuera dicho, los actores pretenden respecto de Galeno Argentina S.A., que sea elevado el importe asignado por la sentencia de grado para reparar el daño moral que el señor Juez a quo entendió acreditado.

En principio cabe destacar que ha quedado consentida en este estadio procesal, tanto la ilegitimidad de la resolución del contrato dispuesta por la prestadora médica, como la existencia de daño moral.

Como fue referido más arriba, la sentencia así lo concluyó mientras que Galeno no objetó tales premisas al no recurrir el fallo.

Así, al no existir agravios sobre estos puntos, cabe derivar que la sentencia ha quedado firme respecto de ello.

Como lo explicó, hace ya varias décadas en maestro Alsina, «El principio de la plenitud de la jurisdicción sufre una limitación en los casos en que el recurso se interpone contra una parte determinada de la sentencia, pues, entonces, el tribunal no puede pronunciarse sino sobre lo que es materia del mismo. Es lo que se expresa con el aforismo tantum devolutum quantum apellatum o sea que los poderes del tribunal de apelación se hallan limitados por la extensión del recurso» (Alsina H., Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Juicio Ordinario, T. IV, Segunda Edición, página 416/417). Otro maestro del Derecho Procesal ratifica este principio al sostener que «El superior no tiene más facultades de revisión que aquellas que han sido objeto del recurso. Sólo puede ser revisado lo apelado» (Couture, E., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, página 188).

Desde otra óptica, y congruente con lo dicho, cabe concluir que lo no apelado debe entenderse consentido por la parte (esta Sala, 23.11.2012, mi voto en «González Gette, Liliana c/ Tito González S.A. y otro s/ ordinario»).

Conforme lo expuesto, debe entenderse probados en la causa (y consentidos por la parte condenada) la presencia de los requisitos que tornan procedente esta acción resarcitoria:

a) conducta ilícita del indicado como responsable; b) existencia de un factor de atribución subjetivo u objetivo; c) efectiva producción de un daño; d) y una adecuada relación de causalidad entre la conducta y el daño (Bustamante Alsina, Jorge H., Teoría General de la Responsabilidad Civil, 4ed. Bs. As. 1983, núm. 170, página 86; Llambías, J. J., Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, T. I., página 121, n° 98; Cazeaux P. – Trigo Represas, F., Derecho de las Obligaciones, T. 4, página 239; Pizarro R. y Vallespinos C., Instituciones de Derecho Privado – Obligaciones, T. 2, página 623; C. Tercera Apel. Civ. y Com., 10.6.2008, «Sindicatura en Eddicom c/ Rosetto, Eduardo José y otro», LLC diciembre 1219).

Como ya expresé, y ahora reitero, la condena impuesta a Galeno Argentina S.A. fue justificada en una conducta ilegítima (resolución intempestiva y arbitraria del contrato de medicina prepaga), cuya autoría fue imputada a la nombrada (factor de atribución) y que tuvo por consecuencia un perjuicio inferido a los actores (gastos y daño moral), que el señor Magistrado dispuso resarcir.

Todo ello fue reconocido y aceptado por la demandada al consentir el fallo.

El agravio vigente, cuanto menos en este punto, radica entonces sólo en la cuantía de la indemnización otorgada, que los actores estiman insuficiente.

Los argumentos que proponen los actores para obtener la modificación del decisorio aparecen no sólo inconsistentes sino, a mi juicio, ajenos al objetivo perseguido.

Como lo ha sostenido la doctrina, bien que en algún caso cuestionando el rótulo que se le asigna a este daño, cabe distinguir al moral del daño material no tanto por la índole de los derechos afectados sino por las consecuencias o resultados de la acción antijurídica. Como dice Orgaz, «si ésta ocasiona un menoscabo en el patrimonio, sea en su existencia actual, sea en sus posibilidades futuras, se tiene el daño material o patrimonial, cualquiera sea la naturaleza, patrimonial o no, del derecho lesionado; y si ningún efecto tiene sobre el patrimonio, pero hace sufrir a la persona en sus intereses morales tutelados por la ley, hay daño moral o no patrimonial» (Orgaz, A, El daño resarcible, página 223; en el mismo sentido conceptual, Mosset Iturraspe, J., Responsabilidad por Daños, T. V, El daño moral, pág. 118/119; Zannoni, E., El daño en la responsabilidad civil, página 152).

En un similar orden de ideas, la jurisprudencia ha precisado que la noción de daño moral se halla vinculada con el concepto de desmedro extrapatrimonial o lesión en los sentimientos personales, en las afecciones legítimas o en la tranquilidad anímica, que no son equiparables ni asimilables a las meras molestias, dificultades, inquietudes, o perturbaciones que pueda llegar a provocar un simple incumplimiento contractual, en tanto estas vicisitudes o contrariedades son propias del riesgo de cualquier contingencia negocial (CNCom Sala A, 22.5.1986, «Danisewski Juan c/ Jorge Hitszfelder»; CNCom Sala A, 30.8.1995, «Criado c/ Federación Patronal Coop. de Seguros»; CNCom Sala B, 30.12.1981, «Coprave S.A. c/ Asociación de Cooperativas Coop. Ltda»; CNCom Sala B, 21.12.1984, «Feldman R. c/ Barraco C.»; CNCom Sala C, 10.11.89, «Lucarelli J. c/Asorte S.A.»; esta Sala, 25.6.1990, «Desup S.R.L c/ Irusta Cornet J.»; esta Sala, 26.2.2008, Áquila, Dora Rosa c/ Banco Itaú Buen Ayre S.A.; CNCom Sala E, 28.8.1985, «Cammarata, R. c/ La Defensa Cía. Arg. de Seguros SA»).

A la luz de este encuadre, ninguna relación tiene la cuantía del resarcimiento del reconocido daño moral, la fecha en que el contrato debe entenderse concluido, argumento concreto que intentan desarrollar los quejosos para justificar su pretensión recursiva.

Así los cánones percibidos sin causa (posteriores a la resolución del vínculo) sólo justificarían una acción de repetición; como el rechazo de Galeno al pedido para que Maurizi se sometiera a una resonancia magnética no parece constituir un hecho que justifique por sí la elevación del resarcimiento.

Es falaz la conducta atribuida a Galeno Argentina S.A. en la expresión de agravios al sostener los recurrentes que la codemandada «…omitió comunicarle… (a Maurizi) …que ‘resultó ser un ependinoma tumor de lento crecimiento generalmente benigno -no cancerígeno-‘» (fs. 516v).

El perito no dice tal cosa. En el referido punto 4 (fs. 395), el experto no relaciona el traumatismo que habría padecido el coactor cuarenta años atrás con el tumor medular cervical que le extirparon en enero de 2008. No se pronuncia, ni ello le fue requerido, sobre si Galeno debía comunicarle tal dolencia.

Por el contrario, en el mismo peritaje el médico sostiene que en la resonancia magnética que le fuera practicada en noviembre de 2006, último estudio compulsado por la empresa demandada, no se observa el tumor cancerígeno que le fue extirpado tiempo después (fs. 394).

Así, ni siquiera la codemandada contaba con los medios técnicos para que sus facultativos pudieran detectar, y luego comunicar a Maurizi, la presencia de tal cuerpo extraño.

Es indudable que el avance del tumor debió provocar en los actores una angustia relevante. Pero tampoco puede atribuirse a la codemandada que fuera la responsable de la misma.

Es que como reconocen los demandantes, luego de la ruptura con Galeno ocurrieron a otros profesionales e instituciones médicas, con lo cual no existió mayor demora en la detección del problema y menos aún en su solución quirúrgica.

Distinto hubiera sido el caso si la empresa médica le hubiera retaceado información o impedido toda atención médica y como conclusión de ello sorprenderse al tiempo con un tumor avanzado. Pero esto no sólo no sucedió sino que ni siquiera fue planteado por los actores en su demanda y menos aún en su expresión de agravios.

Lo hasta aquí dicho justifica la desestimación del recurso en este punto.

b) La sentencia en estudio admitió la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la Dra. Mirna Isabel Kaploean, lo cual importó absolverla de la imputación que le fuera formulada en la demanda.

El señor Juez a quo entendió que la letrada actuó en calidad de apoderada de la consorte (Galeno Argentina S.A.), por lo cual no actuó por sí, sino que lo hizo como representante de aquella.

Los actores al expresar agravios cuestionan también esta puntual decisión e insisten en asignarle a la Dra. Kaploean, responsabilidad personal por la resolución contractual y las consecuencias dañosas que derivaron de ella.

Sin embargo al desarrollar los argumentos con los que pretenden sustentar sus críticas no formula una crítica concreta y razonada sobre los fundamentos que plasmó el magistrado para decidir como lo hizo.

Y cabe recordar que el escrito de expresión de agravios debe desarrollar, con claridad y precisión, de manera ordenada y concisa, las razones por las cuales el apelante estima que la sentencia no es justa; los motivos de su disconformidad. Así podría sostener que el Juez meritó mal la prueba, omitió alguna decisiva para resolver la cuestión o aplicó mal la ley. Pero tales imputaciones deber ser concretadas a través de una crítica concreta y razonada orientada a los fundamentos del fallo recurrido en donde se habría incurrido en tal defecto. Es que los errores, omisiones o deficiencias deben ser indicados punto por punto, no bastando las impugnaciones genéricas, la remisión a escritos anteriores o el mero desacuerdo (Highton, Elena I. y Areán, Beatriz A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pág. 243, Tomo V, Buenos Aires, 2006; Palacio, Lino E. y Alvarado Velloso, Adolfo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pág. 393, Tomo VI, Santa Fe, 1996). Como fue referido, la sentencia admitió la excepción planteada por la Dra. Kaploean al entender que había actuado como mandataria de Galeno Argentina S.A. y que los hechos posteriores habían puesto en evidencia que la resolución contractual comunicada por la profesional, se correspondía con la intención de la prestadora médica.

Al deducir la demanda, los actores no desconocieron el carácter de apoderada de Galeno Argentina S.A. de la Dra. Kaploean. Varias fueron las oportunidades en que así la calificaron (fs. 38, segundo párrafo; fs. 42, primer y quinto párrafo).

En aquel momento quienes demandaron no formularon ataque específico a la Dra. Kaploean, con argumentos que justificaran puntualmente su responsabilidad.

Sólo dijeron que «…la co-demandada Galeno Argentina S.A. y su apoderada señora Mirna I. Kaploean no han actuado de acuerdo a lo que el contrato de adhesión firmado con ellos establecía» (fs. 42, primer párrafo). Aserto que demuestra la ausencia total de fundamentos para obligar personalmente a la mandataria.

Es que, como dice Spota, «…en el mandato representativo… (tal el caso de autos), …la obligación que surge del acto jurídico que celebró el mandatario a nombre del mandante no la asume el mandatario sino su poderdante o instituyente, en cuanto el apoderado procedió dentro de los términos ‘externos’ del acto de apoderamiento…» (Spota A., Contratos – Instituciones de Derecho Civil, T. VII, página 29/30). Tal es la regla que establece el artículo 1930 del código civil, aplicable temporalmente al caso.

Esta última norma dispone que el mandatario «…no queda personalmente obligado para con los terceros con quienes contrató…» siempre que lo hubiere realizado en los términos del mandato.

De tal modo, quien comunicó en calidad de mandataria de la empresa de prestaciones médicas, la conclusión del vínculo, no transmitió una decisión propia sino la de su principal.

Destaco que los actores en momento alguno imputaron a la Dra. Kaploean haber actuado en exceso de las instrucciones dadas por su mandante. Ni siquiera lo sugirieron en la demanda y obviamente, menos intentaron probarlo.

Estos principios, que coinciden en lo conceptual con los vertidos en la sentencia, no fueron siquiera mínimamente analizados en el escrito de expresión de agravios y menos aún, criticados.

Por el contrario, los actores parecen volver sobre sus pasos y, en el trámite de apelación, variar los argumentos con los que intentan responsabilizar a la Dra. Kaploean.

En su confuso discurso dicen ahora que la citada no acreditó su calidad de apoderada al tiempo de enviar la carta documento, afirmación que se contrapone con el reconocimiento expreso que de tal calidad concretaron al demandar.

Luego sostienen, sin basamento fáctico alguno, que la Dra. Kaploean actuó «en exceso de sus atribuciones como mandataria»; afirmación que no sólo es infundada sino también contradictoria con el postulado anterior, pues la misma lleva implícito su reconocimiento como apoderada. Es que no es posible afirmar que alguien actuó en exceso de su mandato si se le niega su carácter de mandatario.

A todo evento, tal novedosa argumentación es inaudible por la Sala.

Es innegable que éste extremo no formó parte de los hechos que fundaron su pretensión, como ya describí.

Así, su incorporación en esta instancia es del todo tardía, en tanto la Sala no puede conocer en planteos no propuestos en la instancia anterior (artículo 277 código procesal; Fassi S. Código Procesal en lo Civil y Comercial, Anotado, Comentado y Concordado, T. I. página 729).

En tal sentido se ha dicho que uno de los límites a la potestad del tribunal de revisión tiene íntima vinculación con la actividad previa del impugnante, ya que el contenido del recurso debe enmarcarse dentro de una esfera previamente limitada cual es el planteo introductorio que tiende a la determinación del thema decidendum, de manera que si el tribunal se excediera del marco del recurso, su apartamiento importaría desconocimiento de la ley y de la garantía de defensa en juicio consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional (art. 277, Cód. Procesal; al respecto, compulsar, Fenochietto – Arazi, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado», t. I, pág. 851; Alsina, Hugo, «Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal», t. IV, pág. 415; Palacio, Lino, «Derecho Procesal Civil», t. V, pág. 267; CSJN, Fallos, 298:492; esta Sala, in re, «Rusconi, Luis c/ Garage Concordia», del 29/5/1978; íd., «Lew, Marcelo y otro c/Savoia, Roxana V», del 3/3/1995; íd., «Coello, Christian A. c/Caja de Seguros SA s/sumario», del 27/12/2000; íd., «Calcagno, Eduardo R. c/Industrias Audiovisuales Argentinas SA s/ordinario», del 10/7/2001; íd., «Bruni, Antonio Eduardo c/ Santoro, Juan Carlos y otro s/ordinario» , del 7/3/2003, entre muchos otros).

Así, conocer en Alzada argumentos que no fueron expuestos en la anterior y por tanto no pudieron ser contestados por la contraria, no sólo sumergiría esta sentencia en el vicio de incongruencia, pues podría admitirse la pretensión con base en razones de hecho no controvertidas en los escritos constitutivos (Palacio, L. y Alvarado Velloso, A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente, Santa Fe, 1988, T. 2, páginas 140/141; CNCom Sala D, 27.6.2008, «Acuña, Marina Inés y otros c/ Di Donato, Roberto Miguel» , voto Dr. Heredia), sino que afectaría el derecho de defensa de la demandada, tornando también por esta vía nulo el fallo.

Lo hasta aquí expuesto justifica, sin más, la desestimación total del recurso en estudio.

III. Como corolario, propongo al Acuerdo que estamos celebrando rechazar in totum el recurso articulado por los actores con el efecto de confirmar íntegramente la sentencia impugnada.

Sin costas de Alzada por no haber existido contradictorio.

Así voto.

Los señores Jueces de Cámara, doctores Dieuzeide y Heredia adhieren al voto que antecede.

Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan:

(a) Rechazar por completo el recurso de apelación articulado por la parte actora, con el efecto de conformar íntegramente la sentencia impugnada.

(b) No se imponen costas de Alzada por no haber existido contradictorio.

(c) Diferir la consideración de los honorarios hasta tanto sean regulados los correspondientes a la anterior instancia.

Notifíquese y una vez vencido el plazo del art. 257 del Código Procesal, devuélvase la causa al Juzgado de origen.

Pablo D. Heredia

Juan José Dieuzeide

Gerardo G. Vassallo

Julio Federico Passarón

Secretario de Cámara

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