Rechazo de la recusación del perito pues no se acreditó que entre el mencionado auxiliar y el letrado del actor media una enemistad manifiesta.

ImpuestosIIPartes: Centro Comercial e Industrial de Arroyito c/ AFIP s/ impugnación de acto administrativo

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

Sala/Juzgado: B

Fecha: 21-dic-2015

Cita: MJ-JU-M-98066-AR | MJJ98066 | MJJ98066

Se confirmó el rechazo de un pedido de exención de impuesto a las ganancias, en virtud de la ausencia de bien público en los fines estatutarios de la entidad solicitante del beneficio.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar el rechazo de la acción contenciosa tendiente a impugnar la denegación de la exención del impuesto a las ganancias decidida por AFIP, habida cuenta que los objetivos estatutarios de la solicitante no están dirigidos a la sociedad en su conjunto sino solo a los intereses particulares de un grupo de asociados, pues este extremo impide la concesión del beneficio perseguido en los términos del art. 20 inc. f de la Ley 20.628.

2.-A los efectos de que las asociaciones, fundaciones y entidades civiles enunciadas en el art. 20, inc. f de la Ley 20.628 gocen del beneficio de exención deben concurrir determinados requisitos en cuanto a su forma social, objeto y actividades que realiza, como así también respecto al destino de las ganancias obtenidas.

3.-Para ser beneficiado o poder acceder a la exención impositiva no alcanza con la mera enunciación de objetivos o postulados que, aparentemente, resultan socialmente útiles y benefician a la sociedad en su conjunto pero que, en los hechos, sólo tienen aplicación concreta en relación al grupo de aquellos que se encuentran asociados o afiliados a la entidad.

4.-El incumplimiento de uno solo de los requisitos previstos en la normativa aplicable resulta, en mi opinión, motivo o justificación suficiente para proceder al rechazo del reconocimiento de la exención.

Fallo:

En la Ciudad de Córdoba a veintiún días del mes de diciembre del año dos mil quince, reunida en Acuerdo la Sala “B” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos caratulados: “CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ARROYITO c/ AFIP – IMPUGNACION de ACTO ADMINISTRATIVO” (Expte. N° FCB 43030029/2011/CA1), venidos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación jurídica de la parte actora en contra de la Resolución de fecha 12 de febrero de 2015 dictada por el señor Juez Subrogante del Juzgado Federal de Bell Ville que, en lo pertinente, dispuso rechazar la demanda intentada por el Centro Comercial e Industrial de Arroyito, con costas a la perdidosa.

Puestos los autos a resolución de la Sala los señores Jueces emiten sus votos en el siguiente orden: LILIANA NAVARRO – LUIS ROBERTO RUEDA – ABEL G. SANCHEZ TORRES.

La señora Jueza de Cámara, doctora LILIANA NAVARRO, dice:

I.- Llegan los presentes autos a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación jurídica de la parte actora en contra de la Resolución de fecha 12 de febrero de 2015 dictada por el señor Juez Subrogante del Juzgado Federal de Bell Ville, obrante a fs. 176/181vta. que, en lo pertinente, dispuso rechazar la demanda intentada por el Centro Comercial e Industrial de Arroyito, con costas a la perdidosa. El escrito de expresión de agravios corre agregado a fs. 242/252.-

II.- Luego de efectuar una extensa introducción, la parte recurrente expresa agravios, los cuales pueden sintetizarse de la siguiente forma: en primer lugar, recurre el decisorio porque el a quo entendió que el accionar del Centro Comercial e Industrial de Arroyito se encuentra orientado, entre otros aspectos, a la obtención de ventajas económicas o lucrativas en favor de sus asociados, lo que torna improcedente la dispensa del tributo.Afirma que el Sentenciante de la instancia anterior hizo suyas las constancias de la Resolución 163/09, de la que surge clara que la actividad que realiza su parte lo es sin fines de lucro, extremo consignado por la propia Administración, por lo que si su parte no consigue lucro, no se configura hecho imponible alguno al respecto.

Destaca, en relación a sus afiliados, que no obtienen ninguna ventaja económica como no sea la comodidad y concentración geográfica de los servicios que presta el mencionado Centro, por lo que la exención debe proceder.- En segundo término se queja porque el Magistrado interviniente consideró que no se advierte la existencia de un beneficio público que torne viable la exención del impuesto a las ganancias.

Al respecto pone de manifiesto que su parte constituye una entidad señera en la localidad de Arroyito y su zona de influencia por cuanto nuclea tanto a industriales como a comerciantes, grandes y pequeños, cuyo objetivo primero es defender los intereses de sus afiliados, efectuando asimismo tareas de capacitación e instalando valores entre los mismos, tales la libertad, igualdad, justicia, práctica comercial leal y honesta, entre otros, entendiendo ello como una actividad insoslayable para el desarrollo y prosperidad de cualquier sociedad.Agrega que presta algunos servicios, todo lo cual se realiza porque es una necesidad de los comerciantes e industriales que tales servicios se encuentren centralizados físicamente, por lo cual obtienen un beneficio que si bien no es monetario, se traduce en comodidad.- A continuación cuestiona el decisorio porque el Juzgador consideró que la entidad actora no sería de beneficio público, conclusión ésta forzada y torcida, agregando que dicha interpretación, en la práctica, llevaría lisa y llanamente a la inexistencia e inoperatividad de la exención aquí tratada y, en consecuencia, a la desaparición de actividades de este tipo, que se llevan a cabo fundamentalmente por fines altruistas y filántropos.- Asimismo se agravia porque considera que de modo deliberado se omitió el tratamiento de prueba dirimente para la resolución de la causa, puesto que su parte ha acreditado en forma total, absoluta y definitiva que su objetivo es de bien común, que no obtiene lucro de su actividad y que, como corolario de ello, no distribuye ganancias entre sus afiliados ni directa ni indirectamente, por la sencilla razón que no las posee y porque de los estatutos surge que tiene prohibido distribuir ganancias, lo cual es coincidente tanto con su formato asociativo como con su diario accionar.Al respecto destaca que la eventual realización de alguna actividad lucrativa no desvirtuaría el derecho a la exención, porque el destino del producido sigue siendo el mismo, no se distribuye y se afecta el objeto propio de la actividad que es el bien común y para el caso de liquidación o disolución, el destino es la educación pública.- Por último cuestiona el decisorio por la imposición de las costas a su parte, entendiendo que la aplicación del principio objetivo de la derrota conduce, en el presente caso, a un disvalor, desde que no se ha tenido en cuenta que la decisión de iniciar la presente acción se llevó a cabo con prudencia y reflexión y en la seguridad que les asiste el derecho y las garantías constitucionales aplicables, solicitando por tanto y de modo subsidiario -para el supuesto que se rechace el presente recurso- que las costas sean impuestas por su orden. Cita jurisprudencia que, entiende, respalda su postura, ofrece prueba documental cuya existencia alega bajo juramento que no existía o bien se desconocía al momento de la interposición de la presente demanda y, en síntesis, pide a esta Alzada que acoja la apelación, con costas.- Corrido el traslado de ley, la parte accionada lo evacua a fs. 254/259 y solicita el rechazo de la apelación intentada, con costas, por los fundamentos que expone y a los que me remito por elementales razones de brevedad. Respecto a la incorporación de prueba documental, destaca expresamente que la misma ha sido ofrecida en fotocopia simple y, por ende, carece de eficacia jurídica, negando por ello su autenticidad y/o validez probatoria. Asimismo también procede a ofrecer prueba instrumental y documental.-

III.- Tal como ha quedado planteado el asunto, la cuestión a resolver se circunscribe a determinar lo siguiente: 1) procedencia o no, en su caso, del beneficio de exención establecido por la ley de impuesto a las ganancias, contenido en el artículo 20 inc.f) requerido por el Centro Comercial e Industrial de Arroyito, el que fuera denegado por acto administrativo emanado de la Resolución nº 87/11 emitida por la AFIP. que en esta causa se impugna y 2) las costas del juicio.-

IV.- Ingresando al estudio de los agravios de la recurrente, cabe recordar que la actora “Centro Comercial e Industrial de Arroyito” entabla demanda contenciosa solicitando la nulidad de la Resolución N° 87/11 (DI RCOR) emitida con fecha 31 de mayo de 2011 por el Director Regional Córdoba de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que rechaza el recurso de apelación interpuesto por la citada entidad en contra de la Resolución Nº 163/09 (DV RRCO), dictada el 31 de julio de 2009 por la División Revisión y Recursos, mediante la cual se le denegó la solicitud de reconocimiento de la exención del impuesto a las ganancias.- Sostuvo la accionante que el día 28 de mayo de 1986 -ratificado el 9 de marzo de 1991- presentó un escrito ante la Dirección General Impositiva mediante el cual solicitó la exención prevista en el artículo 20, inc. f) de la Ley de Impuesto a las Ganancias Nº 20.628 (t.o.1986 y sus modif.), agregando que por Resolución del Jefe de la División Revisión y Recursos de la Región Córdoba de la DGI, notificada el 20 de mayo de 2005, se declaró que el Centro Comercial e Industrial de Arroyito se encuentra comprendida en la exención prevista por la normativa referida, ello desde el 1/1/84.- Continúa exponiendo que con fecha 23 de mayo de 2005, en cumplimiento de la Resolución General nº 1815/05 (AFIP.) presentó las formalidades exigidas a fin de mantener dicha exención impositiva, hasta que el día 31 de julio de 2009, por medio de la Resolución Nº 163/09 (DV RRCO) se le denegó el certificado de reconocimiento provisional de exención en trámite (Formulario 411, nuevo modelo). Es por ello que el 28 de agosto de 2009 dedujo recurso de apelación contra la aludida Resolución 163/09, resolviendo la AFIP. no hacer lugar a dicho recurso, ello a través de la ya citada Resolución Nº 87/11 de fecha 31/5/11, todo lo cual motivó la interposición de la presente acción.- Corrido el traslado de ley, la AFIP contesta la demanda (escrito de fs. 155/166), solicitando su rechazo, con costas. En apretada síntesis, entiende que no resulta cierto lo alegado por la entidad accionante en cuanto a que las resoluciones dictadas carecen de motivación y adolecen de nulidad relativa al objeto y a la causa, decisión impugnada reúne la totalidad de los requisitos exigidos por el art. 7 de la ley 19.549 y sus modificatorias, puesto que emana de autoridad competente, se sustentó en los hechos y antecedentes que le sirven de causa, habiéndose expresado en forma concreta las razones que indujeron a su dictado.Asimismo se individualiza la normativa infringida, de modo tal que no se ha violado el debido proceso ni el derecho de propiedad de la actora, motivos éstos que autorizan a concluir que la demanda resulta formal y sustancialmente improcedente y así lo pide.- Con fecha 6 de septiembre de 2013 el Sentenciante declara la cuestión de puro derecho (fs. 170).-

El día 12 de febrero de 2015 el Juez Subrogante, Dr. Roque Ramón Rebak, emite pronunciamiento de fondo, rechazando la acción incoada por el Centro Comercial e Industrial de Arroyito en contra de los Actos Administrativos Nº 163/2009 (DIR RRCO) y Nº 87/2011 (DI COR), dictados por la AFIP, con costas a la actora perdidosa, decisión que no es aceptada por dicha parte y motiva el recurso de apelación que en esta instan cia se analiza.-

V.- A fin de resolver la cuestión sometida a decisión de este Tribunal, cabe recordar que la exención peticionada por la entidad actora se encuentra prevista en el inc. f) del art. 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias N° 20.628 (t.o. 1997 y sus modificaciones), el cual exime del gravamen “.Las ganancias que obtengan las asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia, educación e instrucción, científicas, literarias, artísticas, gremiales y las de cultura física o intelectual , siempre que tales ganancias y el patrimonio social se destinen a los fines de su creación y en ningún caso se distribuyan, directa o indirectamente, entre los socios.” .- Al respecto, la doctrina ha expresado que “. En cuanto a la exención dispuesta por el inciso f), para que sea procedente, la ley requiere el cumplimiento de cuatro condiciones: a) FORMA SOCIAL: debe tratarse exclusivamente de asociaciones, fundaciones u otro tipo de entidades civiles., b) ACTIVIDAD: deben dedicarse exclusivamente a una o más de las siguientes actividades: asistencia social; salud beneficencia; educación e instrucción; científicas; literarias; artísticas; gremiales; cultura física; cultura intelectual., c) DESTINO DE LAS GANANCIAS Y DEL PATRIMONIO SOCIAL:debe ser el de cumplir los fines de la creación de la entidad, y en ningún caso deben ser repartidos, directa ni indirectamente entre los socios., d) no explotar juegos ni espectáculos .” (conf. Raimondi, Carlos A., Atchabahian, Adolfo; “El Impuesto a las Ganancias”; Ed. Depalma, 3ª edición, Buenos Aires, 2000, págs. 302/303). Es decir que a los efectos de que las asociaciones, fundaciones y entidades civiles enunciadas en la norma parcialmente transcripta gocen del beneficio de exención previsto en el artículo 20, inciso f) de la ley del tributo que se analiza, deben concurrir determinados requisitos en cuanto a su forma social, objeto y actividades que realiza, como así también respecto al destino de las ganancias obtenidas.- Asimismo cabe recordar lo sostenido por nuestro más Alto Tribunal de Justicia de la Nación en el sentido que “.de acuerdo con una constante jurisprudencia del Tribunal, las exenciones impositivas deben resultar de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador o de la necesaria implicancia de las normas que las establezcan, y que fuera de esos supuestos corresponde la interpretación estricta de las cláusulas respectivas, la que ha de efectuarse teniendo en cuenta el contexto general de las leyes y los fines que las informan, ya que la primera regla de interpretación es dar pleno efecto a la intención del legislador.” (Fallos 321:1660).-

VI.- Este es el marco normativo y conceptual dentro del cual corresponde resolver el pleito que nos ocupa.- Al respecto, cabe destacar que con fecha 31 de julio de 2009 la Administración Federal de Ingresos Públicos dispuso denegar la solicitud de exención en cuestión. A tal fin sostuvo que es criterio formado que para que proceda dicha exención, es requisito esencial que la entidad realice fundamentalmente actividades destinadas al beneficio público y no a coadyuvar en el desenvolvimiento de actividades comerciales de sus asociados, es decir, que el fin perseguido y las actividades efectivamente desarrolladas deben caracterizarse por una vocación fundamental de beneficio a la comunidad. Es por ello que la AFIP.procedió a evaluar los antecedentes aportados, como así también los informes producidos con motivo de la fiscalización practicada, entidad solicitante desarrolla, entre otras, las siguientes actividades: ofrecimiento de planes de salud a los afiliados para lo cual efectúa convenios; servicios de informes a los asociados, a quienes cobra una cuota de mantenimiento del sistema, más un importe adicional por cada informe solicitado; posee un Departamento de selección de personal, en el que lleva el registro de los datos de las personas que solicitan trabajo, asesorando a sus afiliados en relación al punto; servicio de receptoría, mediante convenio firmado con Tarjeta Naranja, por el cual realizan tareas de aperturas de cuentas a favor de los asociados, por lo que se cobra un canon fijo por mes aparte del cobro por la realización de las tareas resultantes; servicio de cobranzas, utilizando el sistema de Rapi-Pago mediante convenio con la empresa Gire S.A.; cobro de facturas a las empresas asociadas por los servicios de agua corriente, luz, gas, internet, impuestos, etc. por parte de la Municipalidad local y la Cooperativa de Servicios Públicos de Arroyito Limitada, mediante convenios celebrados con las mencionadas Instituciones; venta de sellos postales. En consecuencia, advierte el Organismo Recaudador que “.existen actividades desarrolladas por la entidad que son parte de los negocios de sus asociados, que son empresas comerciales e industriales de la localidad, a las cuales se les está proveyendo de un servicio administrativo.” agregando que “.por la realización de la tarea administrativa, la entidad percibe ingresos en concepto de cuotas de mantenimiento del sistema y canon fijos por mes más importes adicionales por cada tarea realizada y/o informe suministrado a las asociadas.” , concluyendo con el rechazo de la solicitud de exención aludido en párrafos anteriores.-

Frente a ello el Centro Comercial e Industrial de Arroyito dedujo recurso de apelación en los términos del art. 74 del Dto. 1497/79 en contra de la Resolución referida precedentemente.Analizado dicho planteo, el Director Interino de la Dirección Regional Córdoba de la DGI resolvió, con fecha 31 de mayo de 2011, no hacer lugar al recurso de apelación tratado. Para así concluir, valoró que tal decisión reúne los requisitos esenciales del acto administrativo previsto en la normativa aplicable, por lo que rechaza el planteo de nulidad formulado. En cuanto al fondo, consideró que cuando la ley previó la exención, lo hizo con el propósito de sacrificar el ingreso del tributo a las arcas fiscales a los fines de obtener como contrapartida que las asociaciones beneficiarias vuelquen a la sociedad valores traducidos en ayuda social, salud, enseñanza, etc., todo lo cual no se advierte en el caso -sostienepuesto que del análisis de los antecedentes glosados en las actuaciones administrativas, se observa que la entidad actora centró su actuación en tareas inherentes al giro empresarial de los comercios e industrias asociadas -las que fueran reseñadas en párrafos anteriores- esto es, actividades que exceden la incumbencia de una cámara gremial empresaria, en tanto hacen al interés individual de cada asociado que podría llevar a cabo por sí mismo, de modo tal que los comercios e industrias asociados obtienen un ahorro en sus costos al encomendar la realización de aquéllas a la entidad actora.Ello -entiende la AFIP- importa el ejercicio directo de una actividad económica o comercial, complementaria o integradora, que resulta incompatible con el fin de una entidad gremial, aclarando que con respecto a los servicios de informes comerciales y laborales, el objeto inmediato y principal consiste en proteger y fomentar los intereses económicos de los asociados en las tareas concretas de ventas a crédito e incorporación de personal, lo que implica traslado de beneficios a los mismos.-

Así, concluye el Organismo Recaudador que el recurrente no ha cumplido con uno de los requisitos esenciales para la procedencia de la exención impositiva en cuestión, cual es que la entidad realice principalmente actividades destinadas al beneficio público, es decir, que se caractericen por una vocación fundamental de beneficiar a la comunidad y no a coadyuvar en el desenvolvimiento de actividades comerciales de sus asociados, todo lo cual obsta a su reconocimiento y concesión. Por ello resuelve -lo reitero- no hacer lugar al recurso de apelación deducido por la entidad actora en contra de la Resolución Nº 163/09 mediante la cual se le denegó la solicitud de reconocimiento de exención al impuesto a las ganancias, resolución ésta que reviste el carácter de definitiva.-

VII.- Analizado el material probatorio arrimado al proceso, en especial las pruebas instrumental y documental que se encuentran reservadas en Secretaría y tuve ante mi vista -fs. 64/94, entre otras- soy de opinión que la recurrente no ha logrado desvirtuar las conclusiones que dan fundamento a la decisión del Organismo Fiscal que en esta sede judicial cuestiona. Ello así, por cuanto el Centro Comercial e Industrial de Arroyito no ha negado la descripción de las actividades que la AFIP meritó y tuvo en cuenta a fin de arribar a sus conclusiones, les niega el “carácter comercial” atribuido por la AFIP. Para ello se remitió a los términos que surgen del art. 2 del Estatuto Social, en orden a los objetivos propuestos, tales:a) propender a la afiliación orgánica de los comerciantes y empresarios; b) asociar a los empresarios privados del comercio, la industria y los servicios; c) ejercer la representación de los afiliados en sus intereses y aspiraciones; d) cuidar principios de libertad, equidad y justicia; e) propender armonía en aquellos servicios que interesan a los asociados; f) velar por la permanencia de principios éticos en las prácticas comerciales e industriales, entre otros.-

Sin embargo, ello en nada desvirtúa los argumentos en que se basa la AFIP para decidir como lo hizo, por cuanto fácil es advertir, en primer término, que todos los objetivos señalados tienden a beneficiar pura y exclusivamente a sus asociados y no al bien común de la comunidad toda, como lo requiere la normativa específica aplicable al caso. Dicho en otros términos, cuando los objetivos estatutarios están dirigidos no a la sociedad en su conjunto sino sólo a los intereses particulares de un grupo de asociados -esto es, sus afiliados- dicho extremo claramente impide la concesión del beneficio de exención impositiva perseguido.- Concordantemente c on lo expuesto en orden al concepto de beneficio público aquí analizado, el Tribunal Fiscal de la Nación sostuvo que no puede considerarse encuadrada dentro de los términos descriptos a una entidad “.que tiende a proteger o fomentar los intereses económicos de sus asociados, buscando proteger los intereses del sector. Justamente ese objetivo constituye un claro y concreto fin lucrativo (por lo menos indirecto).no percibiéndose el beneficio público que sirve a la comunidad, requisito esencial que deben cumplir las entidades que persigan ser excluidas del gravamen.” (Tribunal Fiscal de la Nación, Sala “A”, “Transportadores Rurales Argentinos de Rosario s/apelación – IVA”, 1/10/2001).-

Dicho de otro modo, puede concluirse que las actividades desplegadas por la quejosa no se ajustan a la descripción detallada en la normativa aplicable; por el contrario, las mismas constituyen claramente labores y actividades que tienden a beneficiar el interés puramente individual de cada uno de sus asociados punto quiero ser muy clara:en mi opinión, para ser beneficiado o poder acceder a la exención impositiva que nos ocupa, no basta o no alcanza con la mera enunciación de objetivos o postulados que, aparentemente, resultan socialmente útiles y benefician a la sociedad en su conjunto pero que, en los hechos, sólo tienen aplicación concreta en relación al grupo de aquellos que se encuentran asociados o afiliados a la entidad que nos ocupa. De este modo, objetivos estatutarios tales como “.cuidar principios de libertad, equidad y justicia.”; “.propender armonía en aquellos servicios que interesan a los asociados.” o “.velar por la permanencia de principios éticos en las prácticas comerciales e industriales.” -por citar algunos- sólo constituyen declamaciones sumamente loables, a no dudarlo, pero que se traducen en afirmaciones meramente dogmáticas, carentes de contenido concreto y práctico y, por ende, insuficientes a los fines aquí perseguidos.- Conforme lo expuesto precedentemente, debe desestimarse el fundamento recursivo relativo a que la entidad que nos ocupa sí cumple con el requisito fundamental de que las actividades desarrolladas estén destinadas al beneficio público, desde que ha quedado debidamente acreditado que ello no es así, puesto que sólo favorecen o crean beneficios, ya sea de forma inmediata o mediata, que alcanzan únicamente a sus asociados. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo sobre la temática aquí analizada, entendió que una correcta interpretación del art. 20, inc.f, de la ley del impuesto a las ganancias la lleva a concluir que una exégesis o interpretación que afirme “.que el concepto de beneficio público no se altera si la finalidad de la asociación se circunscribe al beneficio exclusivo de los socios de la entidad, haciendo de tal manera que los réditos o recursos logrados por el esfuerzo común sean destinados únicamente al beneficio de los socios.es palmariamente contradictoria con la noción de entidad de “beneficio público” que justifica el otorgamiento de la exención del impuesto a las ganancias, en tanto implicaría admitir la dispensa del tributo aunque el único fin perseguido por el ente sea el beneficio de sus propios integrantes.” (C.S.J.N., “Asociación Rosarina de Anestesiología c/ Fisco Nacional (DGI)”, Expte. A. 91. XLII, sentencia de fecha 16 de noviembre de 2009 – ver considerando Nº 10, el destacado me pertenece).- Continuando con el análisis del caso y ya desde otro punto de vista, esta Juzgadora no puede soslayar que tampoco cumplen con los requisitos normativos exigidos, a saber, salud pública; caridad; beneficencia; educación e instrucción; científicas; literarias; artísticas; gremiales; cultura física; cultura intelectual, tal como expresamente lo requiere el inc. f) del artículo 20 de la ley Nº 20.628 y sus modificatorias. En efecto, las actividades que realiza en modo alguno tienen por finalidad la salud pública, la caridad, beneficencia o la cultura en sus distintas expresiones (educación, instrucción, artística, literaria, entre otras), ni tampoco poseen carácter científico, gremial, etc.sino que claramente son de índole comercial destinadas a los distintos giros empresariales de sus afiliados, supliendo parte de las actividades inherentes a cada comercio o industria y coadyuvando así a su desenvolvimiento económico, todo lo cual también constituye un obstáculo para alcanzar el beneficio tributario que persigue.-

VIII.- Conforme todo lo expuesto, considero que le asiste razón al Fisco cuando sostiene que la actora no ha acreditado el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que establece el artículo 20 inc. f) de la Ley 20.628 para hacer lugar al reconocimiento de la exención impositiva oportunamente solicitada, no pudiéndose extender indebidamente los alcances de un precepto de derecho tributario sustantivo a un supuesto que, repito, no reúne todos los extremos legales requeridos a tales efectos.-

IX.- A mayor abundamiento, y respaldando la postura que propicio en este decisorio, cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en similar sentido al aquí expuesto, sosteniendo en la causa “Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la Provincia de Salta c/ Dirección General Impositiva s/ Ordinario” que “.la actora centró su actuación en tareas inherentes al giro empresarial de clínicas y sanatorios, tales como la negociación y contratación de servicios en nombre y representación de ellos, y en gestiones tendientes al cumplimiento de esos convenios.Es decir, en actividades que -como adecuadamente lo señala el a quo respecto de las gestiones encaminadas al cumplimiento de los convenios, cobros de facturas, etc. exceden la incumbencia de una cámara gremial empresaria, en tanto hacen al interés individual de cada clínica o sanatorio que podría llevar a cabo por sí mismo tales tareas.De tal manera, obtienen un ahorro en sus costos al encomendar la realización de aquéllas a Al ser ello así, la finalidad de ésta -juzgada de acuerdo con la actividad que concretamente lleva a cabo- no tiene cabida en los supuestos contemplados por el legislador en la norma que establece la exención tributaria, lo que obsta a su reconocimiento y determina, en consecuencia, que resulte inoficiosa la consideración de otras cuestiones.” (CSJN, decisorio A. 930.XXXVII de fecha 14/11/04). La similitud con el presente caso sometido a decisión de esta Alzada me exime de mayores consideraciones en relación a la aplicación de la doctrina sentada al respecto por nuestro más Alto Tribunal de Justicia de la Nación.- Asimismo y en el mismo sentido al aquí expuesto se pronunció esta Alzada -con integración anterior a la actual- en autos: “COLEGIO MEDICO DE RIO CUARTO C/ ENA – AFIP (D.G.I.) – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”, sentencia nº 353 de fecha 27 de agosto de 2012 (Pº 571-B-Fº 138/142), supuesto éste de características similares al aquí tratado y a cuya lectura y fundamentos me remito a fin de no ser reiterativa.-

X.- La conclusión antes arribada hace innecesario en este caso particular y concreto, el análisis de los restantes requisitos que debe cumplimentar una asociación, fundación o entidad para ser declarada exenta del impuesto a las ganancias en los términos del artículo 20 inc. f) de la normativa antes transcripta, por cuanto el incumplimiento de uno solo de los requisitos previstos en la normativa aplicable resulta, en mi opinión, motivo o justificación suficiente para proceder al rechazo del reconocimiento de la exención aquí tratada, siendo éste, precisamente, el supuesto que se da en autos.-

XI.- Finalmente pongo de manifiesto que el agravio relativo a que el Sentenciante de la instancia anterior “deliberadamente” omitió el tratamiento de prueba que entiende dirimente para la resolución de la causa, debe desestimarse.Ello así, a poco que se repare que el quejoso no ha señalado, concretamente, qué probanza el Juzgador omitió valorar “deliberadamente”. Lejos de ello, sólo invoca afirmaciones genéricas tales como que “.El decisorio atacado torciendo interpretaciones, soslayando prueba contundente rendida en la causa.” o “.la entidad actora ha acreditado en forma total, absoluta y definitiva que su objeto es de bien común.”, ello sin efectuar precisión alguna en torno al medio probatorio a que alude, sólo constituyen afirmaciones carentes de respaldo que autorizan a rechazar el fundamento recursivo intentado, sin más consideraciones.- Por todo lo expuesto propugno la desestimación de las quejas aquí tratadas, confirmándose el decisorio objeto de recurso en relación a las cuestiones valoradas.-

XII.- Consecuentemente con lo decidido, el agravio relativo a la imposición de costas a cargo del quejoso tampoco debe prosperar. Ello así por cuanto entiendo correcto lo resuelto en la instancia de grado, puesto que no advierto motivo o razón válida que autorice un apartamiento del principio objetivo de la derrota previsto en el artículo 68, 1ª parte, del CPCCN., liberando así de las costas del juicio al perdidoso, como lo pretende. En síntesis, esta queja también debe desestimarse, confirmándose el criterio del a quo en relación a este punto.-

XIII.- Atento el resultado arribado, las costas originadas en esta Alzada se imponen en su totalidad a la actora recurrente (art. 68, 1ª parte citado precedentemente), estimándose los honorarios del apoderado de la demandada, Dr. Juan Miguel Gianotti, en el 30% de lo regulado en la instancia anterior y los del letrado-apoderado de la parte actora, Dr. Ricardo Gabriel Raimo, en el 25% de igual base, sumas éstas que, cabe destacar, no fueron motivo de cuestionamiento u objeción por parte de los interesados. ASI VOTO.- Los señores Jueces de Cámara, doctores LUIS ROBERTO RUEDA y ABEL G.SANCHEZ TORRES, dicen:

Que por análogas razones a las expresadas por la señora Jueza preopinante, doctora LILIANA NAVARRO, votan en idéntico sentido.

Por el resultado d el Acuerdo que antecede; SE RESUELVE:

1) Confirmar la Resolución de fecha 12 de febrero de 2015, dictada por el señor Juez Subrogante del Juzgado Federal de Bell Ville, en todo lo que decide y ha sido materia de agravios.- 2) Imponer las costas originadas esta Alzada a la actora perdidosa (conf. arts. 68, 1° párrafo del C.P.C.C.N.), estimándose los honorarios del apoderado de la demandada, Dr. Juan Miguel Gianotti, en el 30% de lo regulado en la instancia anterior y los del letrado-apoderado de la parte actora, Dr. Ricardo Gabriel Raimo, en el 25% de igual base.- 3) Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y bajen.- ABEL G. SÁNCHEZ TORRES

LUIS ROBERTO RUEDA LILIANA NAVARRO

MIGUEL H. VILLANUEVA

SECRETARIO DE CÁMARA