Ante la destrucción total del vehículo la aseguradora debe abonar el monto estipulado en la póliza, previo cumplimiento por parte del accionante de transferir los restos de la cosa siniestrada a la aseguradora libre de todo gravamen.

accidente choque autoPartes: Guaraz Héctor Manuel c/ Caja de Seguros S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 10-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-97440-AR | MJJ97440 | MJJ97440

Ante la destrucción total del vehículo la aseguradora debe abonar el monto estipulado en la póliza, previo cumplimiento por parte del accionante de transferir los restos de la cosa siniestrada a la aseguradora libre de todo gravamen.

Sumario:

1.-Una decisión judicial adolece de tal vicio cuando omite el examen de alguna cuestión oportunamente propuesta y cuya valoración resulta inexcusable para las circunstancias probadas en la causa y para la posterior aplicación del derecho vigente, cuando se prescinde del claro e imperioso mandato de la ley, siempre que afecte de manera sustancial el derecho del impugnante y, lo silenciado sea conducente para la adecuada solución de la causa, o cuando se falla sobre la base de una mera aserción dogmática.

2.-La tacha de arbitrariedad requiere la invocación y demostración de vicios graves en el pronunciamiento, razonamientos ilógicos, o contradictorios, o aparentes y apartamiento palmario de las circunstancias del proceso; aquí ausentes.

3.-El juzgador tiene la facultad y el deber de analizar los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad fáctica, subsumiéndola en los preceptos jurídicos que la rigen.

4.-La exigencia de la baja registral del automotor resultaba procedente, en tanto se vislumbraba coherente con las previsiones de la Ley 25.761 sobre Desarmado de automotores y venta de autopartes y su dec. reglamentario 744/04 . Así pues es evidente que la télesis de la norma es la de responder a la necesidad de desarrollar políticas de Estado tendientes a enfrentar las prácticas delictivas vinculadas con la sustracción de automotores, que últimamente han afectado gravemente la seguridad de las personas (v. considerandos del dec. 744/04).

5.-El art. 5° del dec. 744/2004, reglamentario de la Ley 25.761, establece en lo pertinente que: …En forma previa al pago de un siniestro calificado como destrucción total , las compañías de seguros, deberán exigir al asegurado la presentación del certificado de baja del automotor por destrucción expedido por el Registro Seccional correspondiente. De igual modo, previo al pago de la indemnización por sustracción, deberán exigir la presentación de la denuncia de robo o hurto del automotor debidamente inscripta en el Registro Seccional correspondiente… y desde esta perspectiva, teniendo en cuenta que la previsión legal en cuestión persigue e impone la inscripción registral de la baja del vehículo siniestrado o de la denuncia por hurto o robo, no encuentro óbice para que ello sea efectuado por el asegurado en los términos de la cláusula del contrato de seguro que alude a la destrucción total y al pago de la indemnización correspondiente.

6.-El art. 51 de la Ley de Seguros establece respecto del pago que cuando la demora obedezca a omisión del asegurado, el término se suspende hasta que éste cumpla las cargas impuestas por la ley o el contrato, o .dicho de otro modo, en tanto el demandante no cumplió con las obligaciones a su cargo (v.gr. baja registral, entrega de rezagos, etc.), no puede endilgarse a la defendida una demora injustificada en el pago de la suma asegurada. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires a los diez días del mes de marzo de dos mil dieciséis, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos “GUARAZ HECTOR MANUEL CONTRA CAJA DE SEGUROS S.A SOBRE ORDINARIO” (COM 9058/2012) en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctora Tevez, Doctor Barreiro y Doctor Ojea Quintana.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 187/206?

La Sra. Juez de Cámara Doctora Alejandra N. Tevez dice:

I. Antecedentes de la causa.

a. Héctor Miguel Guaraz (en adelante, “Guaraz”) promovió el presente juicio ordinario contra Caja de Seguros S.A. (en adelante, “Caja S.A.”) por cumplimiento de contrato de seguro. Reclamó el cobro de la suma de $41.600 y/o lo que en más o menos resultara de la prueba a rendirse, intereses y costas.

Relató que se vinculó con la accionada a través de un contrato de seguro instrumentado bajo póliza nro. 6030-0086967-8, que cubría -entre otros- el riesgo de destrucción total sobre su vehículo marca Chevrolet Blazer dominio BGV-341.

Arguyó que, a consecuencia de un accidente sucedido el 27.8.10, su vehículo presentó daños por un monto superior al asegurado. De allí que se configuró su destrucción total.

Explicó la mecánica del siniestro y señaló que, efectuada la denuncia, la defendida no lo rechazó luego de transcurridos 30 días desde que realizara la primera inspección sobre los restos. Así -prosiguió- quedó configurada la aceptación de la cobertura.

Agregó que dado que la demandada condicionó el pago a la transferencia del vehículo, ofreció realizarla en el marco de la causa penal iniciada a consecuencia del siniestro.Sin embargo, -continuó refiriendo- incumplió aquélla su obligación de abonar la suma asegurada.

Señaló que no se opone a la transferencia de los restos del rodado a favor de Caja S.A.

Ofreció pruebas y fundó en derecho su pretensión.

b. A fs. 67/70 Caja S.A. contestó demanda. Solicitó su rechazo, con costas.

Inicialmente reconoció la vinculación contractual con el accionante, asi como la recepción y aceptación de la denuncia del siniestro.

Negó luego, entre otras cosas: i) las circunstancias del accidente, ii) que el vehículo quedara destruido, iii) que el actor cumpliera con las obligaciones contractuales, iv) que el valor de reparación superara al valor del vehículo siniestrado, v) que Guaraz no se opusiera a la transferencia de los restos, y vi) no haber arbitrado los medios necesarios para hacer efectiva la prestación a su cargo.

Seguidamente pasó a brindar su versión de los hechos.

Explicó que luego de informar al actor la configuración de la destrucción total de su vehículo, le notificó el 27.1.11 que debía ejercer la opción dispuesta en el art. 4, inc. c, de las condiciones generales de la póliza de percibir el 100% de la suma asegurada contra entrega del rezago, o el 80% conservando los restos.

Resaltó que Guaraz no le informó qué alternativa escogería y, en consecuencia, el cumplimiento de la prestación a su cargo quedó condicionado a la decisión de aquél.

Subrayó las obligaciones que emanan de la Ley 25.761 y de las resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación, tendientes a evitar prácticas delictivas vinculadas con la sustracción de automotores.

Ofreció prueba y fundó en derecho su postura.

II. La sentencia de primera instancia.

La sentencia de fs.187/206 rechazó la demanda e impuso las costas al actor.

Para así decidir, el a quo inicialmente encontró incontrovertidas la existencia del contrato de seguro, la ocurrencia del siniestro y su aceptación por la aseguradora y la configuración de la destrucción total.

Seguidamente consideró que el accionante infringió el deber de escoger entre las dos alternativas de cobro ofrecidas por la aseguradora, además de incumplir con los procedimientos registrales previstos en la póliza y la entrega del rodado.

Señaló el juez que la inobservancia de las cargas del accionante operó como causal suspensiva del plazo previsto en el art. 49 de la Ley de Seguros.

Ponderó asimismo que el cumplimiento de la exigencia impuesta por el art. 5 del Decreto 744/04 importó un presupuesto necesario para habilitar el pago de la indemnización, aun cuando la aseguradora no requiriera el formulario de baja registral definitiva y venciera el plazo del art. 56 de la Ley de Seguros sin que pagara.

De otro lado, desestimó que cabía a la aseguradora solicitar los restos del vehículo en el marco de la causa penal.

III. El recurso.

Contra el pronunciamiento apeló la demandante en fs. 208. Su recurso fue concedido en fs. 212.

Los fundamentos lucen expuestos a fs. 228/234 y recibieron respuesta a fs. 236/243.

A fs. 245 se llamaron autos para dictar sentencia y el sorteo previsto en el Cpr. 268 se practicó a fs. 246.

En fs. 247 el Tribunal efectuó un requerimiento a la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de La Matanza, que fue evacuado en fs. 253.

En fs. 263 se celebró audiencia en los términos del Cpr. 36.2 sin que las partes arribaran a acuerdo alguno.

IV. Los agravios:

Las quejas de Guaraz al pronunciamiento de grado transitan por los siguientes carriles: i) resultó arbitrario, ii) se apartó de la normativa consumeril, civil y comercial, iii) valoró erróneamente el objeto de reclamo, y

iv) omitió considerar que ejerció la opción al entablar la demanda.

V. La solución

a.Aclaración preliminar.

Aclaro liminarmente que el análisis de los agravios esbozados por la quejosa no seguirá necesariamente el método expositivo por ella adoptado; y que no atenderé todos los planteos recursivos, sino aquellos que estime esenciales y decisivos para dictar el veredicto en la causa (conf. CSJN: “Altamirano, Ramón c/ Comisión Nacional de Energía Atómica” , del 13.11.1986; íd.,: “Soñes, Raúl c/ Administración Nacional de Aduanas” , del 12.2.87; íd.,: “Pons, María y otro” del 6.10. 87; íd.,: “Stancato, Carmelo”, del 15.9.89; y Fallos, 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros).

b. Inicialmente diré que la sentencia no resulta arbitraria.

En efecto. Una decisión judicial adolece de tal vicio cuando omite el examen de alguna cuestión oportunamente propuesta y cuya valoración resulta inexcusable para las circunstancias probadas en la causa y para la posterior aplicación del derecho vigente, cuando se prescinde del claro e imperioso mandato de la ley, siempre que afecte de manera sustancial el derecho del impugnante y, lo silenciado sea conducente para la adecuada solución de la causa (Conf. CSJN, “Villarruel, Jorge c/ CNA y S s/ Sumario”, 17.11.94), o cuando se falla sobre la base de una mera aserción dogmática; hipótesis éstas que cabe descartar en la especie.

Como sostiene desde antaño la Corte Federal, la tacha de arbitrariedad requiere la invocación y demostración de vicios graves en el pronunciamiento, razonamientos ilógicos, o contradictorios, o aparentes y apartamiento palmario de las circunstancias del proceso; aquí ausentes (cfr.CSJN, 07/04/.92, “De Renzis, Enrique A c/Aerolíneas Argentinas”, 1993-III, Síntesis, JA).

Ciertamente, el juzgador tiene la facultad y el deber de analizar los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad fáctica, subsumiéndola en los preceptos jurídicos que la rigen, con prescindencia de los fundamentos enunciados por las partes.

En este sentido, no se vislumbra -contrariamente a lo sostenido por la agraviada- que la desestimación del reclamo con base en el incumplimiento de ciertas cargas a ella atribuidas vulnere normas jurisprudenciales, legales y doctrinarias aplicables al caso. Tampoco se advierte un análisis parcial y aislado de los elementos de juicio obrantes en la causa, sin integrar debidamente su conjunto.

Juzgo que el fallo en crisis es coherente y concreto, está adecuadamente fundado y expone suficientemente las razones que las circunstancias sustentan. Además, carece de contradicciones y el criterio de análisis empleado se ajusta a las premisas que sirven de antecedente a sus conclusiones.

Todo ello resta razonabilidad y consistencia al agravio en examen (Cpr., 163 inc. 5 y 386).

Ahora bien.

Del estudio de las actuaciones se advierte que las partes son contestes en que: i) se vincularon a través de un contrato de seguro que cubría el riesgo de destrucción total del automotor de Guaraz, ii) el 27.8.10 aquél sufrió un accidente que provocó deterioros al rodado, iii) efectuada la denuncia del siniestro por destrucción total, ello fue aceptado por la aseguradora, y iv) esta informó al asegurado las alternativas de pago.

Cuestionó Guaraz que el a quo juzgara que incumplió con su deber de escoger entre las dos alternativas de cobro ofrecidas por la aseguradora, con los procedimientos registrales previstos en la póliza y la entrega del rodado.

Postuló que el sentenciante equivocó el objeto reclamado en tanto demandó por cumplimiento de contrato, exigiendo el pago de la suma asegurada, y no imputó responsabilidad a su adversaria por incumplimiento (v. fs.230, in fine).

Adelanto que no encuentro que los términos del veredicto de grado importen un apartamiento de la pretensión del actor ni que el a quo equivocara el objeto del reclamo.

Me explico.

Del escrito inaugural surge que Guaraz: i) planteó “formal demanda contra CAJA DE SEGUROS S.A.por la suma de $ 41.600.en concepto de cumplimiento de contrato de seguro” (v. fs. 29); y ii) sostuvo haber cumplido con todas las obligaciones contractuales a su cargo, pese a lo cual la aseguradora no le abonó la suma contractualmente establecida.

De su lado, Caja S.A. rechazó el incumplimiento atribuido y argumentó que, luego de aceptado el siniestro y notificado el asegurado las dos opciones contractualmente previstas, fu e aquél quien omitió comunicar su elección.

Trabado en tales términos el litigio, es dable concluir que en autos planteó la aseguradora la defensa de exceptio non adimpleti contractus, que habilita a la parte cumplidora a suspender la contraprestación a su cargo hasta tanto la otra cumpla u ofrezca cumplirla (en el caso, que Guaraz informara la opción de pago seleccionada). De allí que resultó indispensable al primer sentenciante examinar las obligaciones en cabeza de cada una de las partes para luego evaluar la procedencia del reclamo.

Lo anterior no me llevará, empero, a postular que la sentencia de grado sea confirmada. Es que -por los fundamentos que seguidamente desarrollaré- debe tenerse por efectuada la opción en cabeza de la asegurada.

Me explico.

De la constancia del “ofrecimiento al asegurado por destrucción total” aportada por el accionante (que en copia luce a fs. 5, y fuera reconocida por su contraria a fs. 149) se desprende que Caja S.A. informó las alternativas para el cobro y el procedimiento a seguir. Podía el asegurado, en punto a esto último:1) percibir el 100% del importe de la indemnización, para lo cual debía entregar cierta documentación y depositar el rezago del

automotor en el lugar y momento a indicar por Caja S.A.; o bien 2) percibir el 80% del importe de la indemnización, para lo cual debía entregar cierta documentación, conservando en su poder el rezago.

Esta opción surgía también de lo establecido en la cláusula “4. c”, de las condiciones generales de contratación (v. fs. 46, en copia).

Ahora bien: promovida la presente demanda, puede inferirse que Guaraz ejerció la primera de las opciones contractualmente previstas.

Ello en tanto que: i) demandó por cumplimiento de contrato, ii) cuantificó el valor reclamado en el 100% de la suma asegurada (vgr. $41.600), y iii) informó que no se oponía a la transferencia de los restos.

Tengo en cuenta, por lo demás, que con posterioridad al dictado de la sentencia de grado se dispuso en la causa penal 31210/10, en trámite por ante la UFI N° 6 en lo Criminal y Correccional del departamento Judicial de la Matanza, la liberación del vehículo, lo cual permite a las partes arbitrar los medios administrativos necesarios para el cumplimiento de las disposiciones del Decreto 744/04.

Véase, en efecto, que a fs. 250/253 obra respuesta de la Fiscalía al requerimiento efectuado por este Tribunal a fs. 247, que indica que no existe en la actualidad impedimento alguno para la restitución del vehículo dominio BGV 341 a quien acredite su titularidad.

Con base entonces en la circunstancia novedosa informada en la causa penal -meritada en los términos del Cpr. 163.5, segundo párrafo- propondré la revocación del fallo apelado.

En este sentido, postularé que se condene a La Caja S.A. al pago de la suma asegurada -$41.600- (v. fs.43), debiendo el actor de modo previo

presentar el certificado de baja del automotor por destrucción expedido por el Registro Seccional correspondiente -según lo estipulado en las condiciones generales de la póliza, artículo 4°, “c” (v. fs. 46) y establecidos en la Ley 25.761 y art. 5 del Decreto 744/04.- y transferir los restos de la cosa siniestrada a la aseguradora, libre de todo gravamen.

Ello así, en orden al criterio que esta Sala ha adoptado ya sobre el particular.

En efecto, en distintos precedentes (Cfr., de esta Sala F, las sentencias dictadas en autos: “Galanes Carlos Orlando c/ Mapfre Argentina Seguros S.A. s/ ordinario”, del 6/7/2010; “Cano María Beatriz c/ La Nueva Coop. De Seguros Ltda., s/ Ordinario” , del 24.11.11; “Salvador Jesús Cristian C/ La Economía Comercial SA De Seguros Comerciales, S/ Ordinario” , del 07.07.11; “Echalecu Goyeneche Ignacio Matías C/ Caja De Seguros S.A. S/ Ordinario”, del 9.10.12; “Buzzano, Juan Manuel C/ Orbis Compañía Argentina De Seguros S.A. S/ Ordinario”, del 7.11.13; “Dubourg Marcelo Adrián C/ La Caja De Seguros S.A. S/ Ordinario” , del 18.2.14) díjose que la exigencia de la baja registral resultaba procedente, en tanto se vislumbraba coherente con las previsiones de la ley 25.761 sobre “Desarmado de automotores y venta de autopartes” y su decreto reglamentario 744/04. Así pues es evidente que la télesis de la norma “es la de responder a la necesidad de desarrollar políticas de Estado tendientes a enfrentar las prácticas delictivas vinculadas con la sustracción de automotores, que últimamente han afectado gravemente la seguridad de las personas” (v. considerandos del decreto 744/04).

En efecto, el artículo 5° del Decreto 744/2004, reglamentario de la Ley 25.761, establece en lo pertinente que:”.En forma previa al pago de un siniestro calificado como “destrucción total”, las compañías de seguros, deberán exigir al asegurado la presentación del certificado de baja del automotor por destrucción expedido por el Registro Seccional correspondiente. De igual modo, previo al pago de la indemnización por sustracción, deberán exigir la presentación de la denuncia de robo o hurto del automotor debidamente inscripta en el Registro Seccional correspondiente.”.

Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta que la previsión legal en cuestión persigue e impone la inscripción registral de la baja del vehículo siniestrado o de la denuncia por hurto o robo, no encuentro óbice para que ello sea efectuado por el asegurado en los términos de la cláusula “c” que alude a la destrucción total y al pago de la indemnización correspondiente.

De allí que propondré la revocación del fallo y, en consecuencia, deberá el accionante transferir los restos de la cosa siniestrada a la aseguradora libre de todo gravamen, entregar el certificado de la inscripción registral de la baja del automotor, y depositar los rezagos en el lugar que se le indique.

Subrayo, por lo demás, que la solución que se propicia se adecua a los términos del contrato y a la legislación vigente. Además, no es aceptable que se prescinda de la realidad del contrato exigiendo a la aseguradora el pago de una indemnización sin haber cumplido la contraparte con la obligación estipulada.

Ello, por lo demás, ningún agravio causa a la actora, quien manifestó “que no se opone a la transferencia de los restos a favor de la Cia.” (sic.; v. fs. 30) y que en la causa penal “se dispuso la liberación del vehículo, circunstancia que permite a las partes arbitrar los medios administrativos necesarios para el cumplimiento de las disposiciones del Decreto 744/04” (sic.; v. fs. 233 vta.).

c.Mora.

En tanto que en virtud de los fundamentos precedentes propongo la revocación del fallo haciendo lugar a la demanda -con los alcances supra dispuestos- y que el accionante solicitó además la condena al pago de intereses, de seguido me avocaré a su tratamiento.

Encuentro que dicha pretensión resulta desestimable. Así pues el art. 51 de la Ley de Seguros establece respecto del pago que “cuando la demora obedezca a omisión del asegurado, el término se suspende hasta que éste cumpla las cargas impuestas por la ley o el contrato” (en igual sentido; Halperin-Barbato; “Seguros. Exposición Crítica de las Leyes 17.418, 20.091 y 22.400”, 3° edición, pág. 687, ed. Lexis Nexis. Depalma, Buenos Aires, 2003).

O, dicho de otro modo, en tanto el demandante no cumplió con las obligaciones a su cargo (v.gr. baja registral, entrega de rezagos, etc.), no puede endilgarse a la defendida una demora injustificada en el pago de la suma asegurada.

d. Las costas del proceso.

De conformidad con lo previsto por el Cpr. 279, ponderando la modificación de la sentencia de grado que aquí se propone, procede la readecuación del régimen de costas decidido en la anterior instancia.

En nuestro sistema procesal, las costas deben ser satisfechas -como regla- por la parte que ha resultado vencida (Cpr. 68).

Si bien ese es el principio general, la ley también faculta al juez a eximirlo, en todo o en parte, siempre que encuentre mérito para ello (arts. 68 y ss.). Síguese de lo expuesto, que la imposición de costas en el orden causado o -en su caso- su eximición, procede en los supuestos en que por la naturaleza de la acción deducida, la forma como se trabó la litis, su resultado o en atención a la conducta de las partes su regulación requiere un apartamiento de la regla general.

En el caso de marras, como quedó dicho, no puede endilgarse a Caja S.A. una resistencia injustificada en el cumplimiento de la obligación.Y, por lo demás, la condena propuesta dispuesta queda condicionada al previo cumplimiento de las cargas que se encuentran en cabeza de la parte actora. Ello conllevará a postular -dadas las particularísimas circunstancias acaecidas en autos- la imposición de las costas de ambas instancias en el orden causado.

VI. Conclusión.

Por todo lo expuesto, si mi criterio fuera compartido por mis distinguidos colegas, propongo al Acuerdo: i) acoger los agravios de Guaraz y, consecuentemente, revocar el pronunciamiento de grado, con el alcance de condenar a Caja de Seguros S.A. a abonarle la suma de $ 41.600 (Pesos cuarenta y un mil seiscientos) previo cumplimiento de los recaudos antes señalados, y ii) imponer las costas de ambas instancias en el orden causado.

Así voto.

Con los mismos fundamentos, los doctores Barreiro y Ojea Quintana adhieren al voto que antecede.

Con lo que finalizó este Acuerdo en el que firmaron los Señores Jueces de Cámara Doctores:

Rafael F. Barreiro

Juan Manuel Ojea Quintana

Alejandra N. Tevez

María Florencia Estevarena

Secretaria

Buenos Aires, 10 de marzo de 2016.

Y Vistos:

I. Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, se resuelve: i) revocar el pronunciamiento de grado y condenar a Caja de Seguros S.A. a abonar la suma de $ 41.600 (pesos cuarenta y un mil seiscientos) a la demandada, previo cumplimiento de los recaudos señalados, debiendo por tanto el accionante transferir los restos de la cosa siniestrada a la aseguradora libre de todo gravamen, entregar el certificado de la inscripción regist ral de la baja del automotor, y depositar los rezagos en el lugar que se le indique y ii) imponer las costas de ambas instancias en el orden causado.

II. HONORARIOS: En atención a lo dispuesto por el artículo 279 del Cód.Procesal, corresponde dejar sin efecto las regulaciones efectuadas en la instancia de grado y establecer los honorarios de los profesionales intervinientes adecuándolos a este nuevo pronunciamiento.

Por tanto, atento el mérito de la labor profesional cumplida, apreciada por su calidad, eficacia y extensión, así como la naturaleza y monto del proceso (conf. esta Sala “Vital Nora Angélica c/ Peñaflor S.A. s/ ordinario”, del 01/04/14), se fijan en ($.) los estipendios del letrado apoderado de la parte actora, doctor Pedro Humberto Falkinhoff y ($.) los del letrado apoderado de la demandada, doctor Roberto D.E. Rometti (ley 21.839, t.o. ley 24.432: 6, 7, 9, 19, 37 y 38).

De acuerdo -en lo pertinente- con las pautas ut supra consideradas y ponderando la complejidad e importancia de los trabajos realizados en autos, se regulan en ($.) los emolumentos del perito ingeniero mecánico Omar Francisco Petracco (Dec. Ley 7887/55. art. 88, modificado por la ley 21.165 y Cpr.: 478, 1er. párr.; introducido por ley 24.432).

Por las actuaciones de Alzada que motivaron la sentencia que antecede, se fijan en ($.) los emolumentos del letrado apoderado de la parte actora, doctor Pedro Humberto Falkinhoff, en ($.) los del letrado apoderado de la parte demandada, doctor Roberto D.E. Rometti y en ($.) los del letrado apoderado de la misma parte, doctor Juan Manuel Seillant (art. 14 ley cit.).

III. Notifíquese al domicilio electrónico, en su caso, en los términos del art. 133 CPCC (ley 26.685, Ac. CSJN 31/2011 art. 1º, 38/2013 y R.P. de esta Cámara Nº 71/2014) y devuélvase a la instancia de grado. Hágase saber a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación (cfr. Ley nº 26.856, art. 4 Ac. Nº 15/13 y Ac. Nº 24/13).

Rafael F. Barreiro

Juan Manuel Ojea Quintana

Alejandra N. Tevez

María Florencia Estevarena

Secretaria