Corresponde a la Administración Pública el procedimiento para ocupar cargos de jefatura en hospitales públicos.

HospitalesPartes: Trímboli Jesús Alberto c/ GCBA y otros s/ impugnación actos administrativos

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sala/Juzgado: I

Fecha: 4-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-98402-AR | MJJ98402 | MJJ98402

La determinación de los recaudos para ocupar el cargo de Jefe de División Mental de un Hospital Público, se inscribe dentro del ámbito de actuación atribuido a la Administración Pública.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar los agravios destinados a cuestionar la validez del concurso para revistar como Jefe de División Mental de un hospital público, ya que una sentencia estimatoria del pedido de anularlo afectaría a la persona que habría tomado posesión del cargo y que no formó parte del proceso, y también perturbaría el interés público comprometido en la normal prestación del servicio público de salud que brinda el Hospital.

2.-En tanto se dispuso correspondientemente que el concurso para cubrir el cargo de Jefe de División Mental estaba sujeto al cumplimiento de requisitos determinados, corresponde rechazar la apelación interpuesta en tanto tal potestad se inscribe dentro del ámbito de actuación atribuido a la Administración (art. 80 inc. 2º y 104 inc. 9º de la Constitución de la Ciudad).

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de marzo de dos mil dieciséis, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para conocer en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 489, concedido a fs. 490, contra la sentencia de primera instancia obrante a fs. 485/488, en los autos caratulados: «Trimboli, Jesús Alberto c/ GCBA y otros s/ impugnación actos administrativos» Expte. Nº39.245/0, y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden:

Fernando E. Juan Lima, Mariana Díaz y Fabiana H. Schafrik de Nuñez, resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión:

¿es justa la resolución apelada?

A la cuestión planteada el Sr. juez Fernando E. Juan Lima dijo:

I. Que, a fs. 1/11 vta. se presentó Jesús Alberto Trimboli y promovió demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -Ministerio de Salud- (en adelante, GCBA) solicitando que «.se declare la nulidad de la Resolución 813-MSGCBA-2010 y [se arbitren] los medios necesarios [para que] se me garantice mi derecho a la carrera administrativa y se me permita acceder por concurso a un cargo de conducción en un pie de igualdad con los demás profesionales de la salud» (confr. fs. 1 vta.; el destacado pertenece al original). En este sentido, manifestó que en el año 1987 ingresó al GCBA, en donde se había desempeñado «.en la rama asistencial por más de 23 años.» (confr. fs. 4). Así las cosas, señaló que con motivo del llamado a concurso -por resolución Nº278/HGATA/2007- para cubrir la vacante en el cargo de titular de la Jefatura de División de Salud Mental del Hospital General de Agudos «Dr. Teodoro Álvarez», procedió a inscribirse en el mentado proceso de selección interna.Seguidamente, relató que el llamado fue impugnado tanto por la Asociación de Psicólogos del GCBA -por considerarlo violatorio del artículo 10 inciso 8º de la ordenanza Nº41455- como por la Asociación de Médicos Municipales -al entender que los aspirantes sólo debían ser médicos psiquiatras-. Por su parte, dejó en claro que al recibir duplicado del informe Nº21366/DGDyCPS-DC/2008, por medio del cual se le notificaba que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires había dictaminado que los psicólogos no podrían acceder al cargo concursado, presentó un recurso jerárquico contra tal opinión. Asimismo, sostuvo que con relación a las impugnaciones de las asociaciones de psicólogos y de médicos, se dictó la disposición Nº395/HGATA/2009 en la que se decidió que sólo quienes poseyesen título habilitante de médico en psiquiatría serían considerados a los efectos del concurso. Finalmente, afirmó que por medio de la resolución Nº813/MSGCBA/2010 se rechazaron los recursos jerárquicos interpuestos por la Asociación de Psicólogos del GCBA -contra la disposición Nº395/HGATA/2009- y por su parte -contra el informe de la Procuración-. Por último, llevó adelante una descripción de la normativa que avalaría su pretensión, solicitó la inconstitucionalidad de la ley Nº17132, ofreció prueba, e hizo reserva del caso federal. Conferido el traslado pertinente, el GCBA lo contestó a fs. 194/205, solicitando el rechazo de la demanda, con costas.

II. Que, a fs.485/488, obra la sentencia de primera instancia, en la que se resolvió rechazar la demanda, imponer las costas a la parte actora, y regular los honorarios de los letrados del GCBA -en forma conjunta- en la suma de dos mil quinientos pesos ($2.500) y del letrado de la parte actora en la suma de dos mil pesos ($2.000). Para así decidir, el a quo entendió que «.de los términos de la normas reseñadas no se vislumbra que la Ordenanza Nº 41.445 se encuentre en pugna con la Ley Nº 23.277 y tampoco que los actos administrativos cuestionados (basados en las normas de que se trata) efectúan diferenciaciones personales irrazonables al regular las condiciones para acceder al cargo de Jefe División Psicopatología y Salud mental en el Hospital General de Agudos ‘Dr. Teodoro Álvarez'» (sic., confr. fs. 487/487 vta.). En esa inteligencia, sostuvo que la Corte Suprema de Justicia -en un caso que resultaría sustancialmente análogo al de autos- resolvió que la exigencia del título de médico para ocupar un cargo de jefatura no afectaba la garantía de igualdad. Por último, afirmó que el concurso objeto de autos había finalizado, habiéndose designado otro profesional en el cargo, respecto de quien la sentencia no podría tener efectos atento a no haber sido parte en el proceso.

III. Que, notificada la sentencia a las partes, ésta fue apelada por la parte actora (v. fs. 489). Los agravios articulados (v. fs. 496/515) pueden resumirse en los siguientes puntos: a) se habría omitido resolver su pedido para que se arbitren los medios necesarios para acceder por concurso a un cargo de conducción; b) el análisis normativo efectuado en la sentencia de grado sería incompleto, en tanto «.de la lectura del fallo surge que solo se toma en cuenta la ley nacional de ejercicio de la psicología.» (confr. fs.502); c) el a quo no valoró la prueba producida en autos, la cual demostraría la supuesta discriminación alegada por el actor para concursar; d) se habría utilizado jurisprudencia que no resultaría aplicable al caso de autos; y, e) correspondería que se declarase la nulidad de la resolución Nº645/MSGCyMHGC/2011 -en la que se designó al Dr. Fridman en el cargo en cuestión- en tanto aquella «.es producto de un procedimiento de selección absolutamente viciado de nulidad, atento que las autoridades del Ministerio de Salud han impedido ilegítimamente mi participación.» (confr. fs. 513). Conferido el traslado de ley, la parte demandada lo contestó a fs. 517/520, llamándose los autos al acuerdo a fs. 527.

IV. Que, en este contexto, cabe recordar que los jueces no se encuentran obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a hacer referencia a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren las que sean «conducentes» para la correcta composición del litigio (conf. art. 310 CCAyT y, Fallos: 272:225; 274:486; 276:132 y 287:230 entre otros). Asimismo, debe tenerse presente que todos aquellos puntos que no han sido objeto de agravio se encuentran firmes y por lo tanto no compete a este tribunal su revisión ni estudio.

V. Que, así las cosas, corresponde señalar que los agravios de la parte actora relativos a cuestionar la validez de la resolución Nº813/MSGCBA/10, no tendrán favorable acogida.

V.i. En tal sentido, cabe señalar que, por un lado, el actor alegó -como primer fundamento de la supuesta discriminación e irrazonabilidad de la decisión administrativa- que existirían otros hospitales públicos -Borda y Moyano- en los que el cargo en cuestión habría sido ocupado por psicólogos. Sin embargo, y al igual que lo sostuvo el Sr.Fiscal ante la Cámara, lo afirmado no resulta suficiente como para «.demostrar que las estructuras organizativas de tales nosocomios sean equiparables a la del hospital Álvarez ni que las diferentes posibilidades de avanzar en la carrera administrativa entre los psicólogos que revisten en uno u otro nosocomio obedezcan a una discriminación irrazonable.» (confr. fs. 525/525 vta.). Por otro lado, el Sr. Trimboli también sostuvo que en la ley Nº448 -que regula el régimen de Salud Mental en la Ciudad de Buenos Aires- se permitiría «.a todo profesional del equipo interdisciplinario de la salud mental concursar para una jefatura.» (confr. fs. 507 vta.). No obstante, ello tampoco demuestra la arbitrariedad de la medida. En efecto, en la resolución que aquí se impugna se afirmó que «.no resulta ajustado a derecho designar a un profesional psicólogo en un cargo como el propuesto, atento encontrarse inhabilitado profesionalmente para asumir todas las responsabilidades emergentes del cargo» (confr. fs. 40; el subrayado no pertenece al particular). Ahora bien, esta sala -en un caso similar al presente- sostuvo que la potestad de determinar la profesión y la especialidad del cargo a concursar está relacionada con facultades discrecionales de la Administración, por lo que quién cuestiona tal decisión debe demostrar su ilegalidad o arbitrariedad manifiesta (v. esta sala in re «Restuccia, Adriana Noemí y otro c/ GCBA y otros s/ amparo», Expte. Nº41973, sentencia del 19/10/2012). Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, TSJ) dispuso que «.la valoración de cuál debe ser la profesión y especialidad exigible para asegurar la elección del personal más idóneo para desempeñar los cargos concursados, corresponde a la Administración Pública, y el Poder Judicial no puede revisar los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia tenidos en cuenta para ejercer esa prerrogativa, pues su eventual intervención debe limitarse exclusivamente a ponderar la legalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas.En otras palabras, no corresponde analizar y determinar por la vía judicial si la profesión de odontopediatra u odontóloga (que ostentan las actoras) asegura la misma idoneidad que la de médico para los cargos de autos, porque ello implicaría una invasión del Poder Judicial en atribuciones reservadas a la Administración Pública (conf. art. 104 inc. 9 CCABA).» (confr. TSJ, voto de la jueza Ana María Conde, in re «Restuccia, Adriana Noemí y otro s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Restuccia, Adriana Noemí y otro c/ GCBA y otros s/ amparo» , Expte. Nº9803/13, sentencia del 27/03/2014; y, su voto in re «Pagliari, Aldo Javier s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Pagliari, Aldo Javier c/ GCBA y otros s/ amparo» , Expte. 9867/13, sentencia del 10/10/2014). A su vez, se agregó que «[l]a circunstancia de que las accionantes se encuentren incluidas en la Carrera de Profesionales de Salud y que, consecuentemente, p uedan -en principio- participar en concursos para acceder a cargos de jefatura no obsta a que, en aquellos casos en los que la ordenanza no dispone expresamente la profesión y especialidad que deben revistar los aspirantes, sea la autoridad pertinente quien lo disponga en mérito de las especificidades propias del cargo a cubrir.» (confr. TSJ, voto de la jueza Alicia E.Ruiz, in re «Restuccia» y «Pagliari» ya citados). En ese orden de ideas, no puede dejar de señalarse que en el artículo 10 de la ordenanza Nº41.455 -que regula la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud, y que contempla a los psicólogos y a los licenciados en psicología- se estipuló que la autoridad de aplicación tiene la potestad para «.especificar la profesión y la especialidad del cargo concursado.» y que, en esa línea, en la disposición interna Nº395/HGATA/09 se estableció que el concurso para cubrir el cargo de Jefe de División Mental se encontraba destinado «.a aquellos aspirantes que posean título habilitante de Médico en Psiquiatría.». En definitiva, tomando en cuenta lo que se desprende de la jurisprudencia precitada así como de la normativa reseñada, cabe concluir en que la determinación del recaudo para revistar como Jefe de División Mental del Hospital Teodoro Álvarez aquí cuestionado, se inscribe dentro del ámbito de actuación atribuido a la Administración (art. 80 inc. 2º y 104 inc. 9º de la Constitución de la Ciudad).

V.ii. No obstante lo precedentemente expuesto, tampoco puede pasarse por alto que, tal y como surge de las constancias de la causa, el cargo de Jefe División Psicopatología y Salud Mental en el Hospital General de Agudos «Dr. Teodoro Álvarez» ya se encuentra cubierto. Es decir, el concurso -cuya impugnación resultó uno de los motivos por los que el Sr. Trimboli inició la presente acción- ya concluyó. En efecto, de las contestaciones de oficio que lucen agregadas a fs. 457/460 y a fs. 468/478 surge que el Dr. Pablo Mauricio Fridman habría sido designado por medio de la resolución Nº645/MSGC-MHCG/2011 en el cargo en cuestión. Ello así, y más allá de que la parte actora impugnó las contestaciones aludidas, lo cierto es que el recurrente no negó que la designación se hubiera efectuado.Al respecto, el actor afirmó que «[n]ingún acto administrativo que se asiente sobre estos antecedentes de hecho y de derecho puede reputarse como dictado con causa legítima, atento que la resolución 465 que designa al Dr. Friedman ha sido sustentada en la vulneración de mis derechos como trabajador y como profesional» (sic. confr. fs. 482); es decir, reconoció que la designación se efectuó pero la cuestionó por considerarla contraria a la ley. Al expresar agravios, el actor sostuvo que «.las autoridades de hacienda y salud dispusieron la designación del Dr. Friedman [sic] de manera abreviada creando derechos en cabeza de este agente, cuando se tenía pleno conocimiento de la impugnación judicial del procedimiento» (confr. fs. 514; el subrayado no pertenece al original). Ahora bien, independientemente del inoportuno e improcedente planteo de nulidad de la resolución que designó al agente Fridman, no puede desconocerse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que «.las sentencias deben atender a la situación existente en el momento de la decisión.» (Fallos: 243:146; 244:298; 267:499; 308:1087; 313:701, 3288:4640, entre otros). En sintonía con aquello, el Máximo Tribunal también dejó en claro que las «.sentencias producen efectos solamente respecto de quienes han revestido el carácter de partes en el juicio, y no pueden aprovechar ni perjudicar a los terceros que han permanecido ajenos a él» (Fallos: 310:2063; 321:1252; 332:111, entre otros). En este contexto, resulta indubitable que una sentencia estimatoria del pedido de anular el concurso afectaría a la persona que habría tomado posesión del cargo y que no formó parte del proceso. Es más, una decisión en el sentido señalado también perturbaría el interés público comprometido en la normal prestación del servicio público de salud que brinda el Hospital General de Agudos «Dr.Teodoro Álvarez». En conclusión, por todo lo expuesto en el presente considerando, corresponde rechazar los agravios destinados a cuestionar la validez del concurso dispuesto por la resolución Nº813/MSGCBA/10.

VI. Que, asentado lo antedicho, corresponde examinar el pedido de la parte actora destinado a que se arbitren los medios necesarios para acceder por concurso a un cargo de conducción. En tal sentido, el Sr. Trimboli sostuvo que «.la omisión de la administración local de disponer de estructuras hospitalarias acordes con el ordenamiento jurídico que garantiza el derecho a la carrera de los agentes de salud, como el suscripto, se transforma en una omisión arbitraria e ilegal, ya que la administración no puede escudarse en una situación de hecho que ella misma provoca (falta de niveles de funciones exclusivas de atención psicológica) para negar el ejercicio de un derecho básico de un agente público, como es el derecho al progreso en la carrera administrativa hospitalaria.» (confr. fs. 499 vta.). Ahora bien, no puede soslayarse que, como se dejó en claro en el considerando anterior, la determinación del modo en que se conforma la estructura de los organismos que pertenecen al sector público local configura una competencia que la normativa aplicable ha conferido al GCBA. Sumado a ello, y en concordancia con lo dispuesto por el TSJ -en los precedentes ya citados-, es la autoridad pertinente quien tiene atribuida legalmente la potestad para fijar, por un lado, cuál es el cargo a cubrir y, por el otro, la especialidad que deben revistar los aspirantes. En este contexto, solicitar al tribunal que arbitre los medios necesarios para que se modifique la estructura de los hospitales dependientes del GCBA con el fin de que el Sr. Trimboli pueda acceder a un cargo de conducción, implicaría una clara intromisión del Poder Judicial en la zona de reserva de la Administración. Por lo expuesto, corresponde que el agravio en estudio sea rechazado.

VII.Que, en atención a la forma en que se resuelve, corresponde imponer las costas del proceso a la parte actora por resultar sustancialmente vencida (confr. art. 62 CCAyT).

VIII. Que, finalmente, por la actuación ante esta instancia, regúlense los honorarios de la dirección letrada del GCBA en la suma de setecientos cincuenta pesos ($750.-) (cfr. artículo 30 y concordantes de la ley Nº 5134). En mérito a lo expuesto, propongo al acuerdo que: a) se rechace el recurso de fs. 489; b) se impongan las costas del proceso a la parte actora por resultar sustancialmente vencida (art. 62 CCAyT); y, c) se regulen los honorarios de la dirección letrada del GCBA, por su actuación ante esta instancia, en la suma de setecientos cincuenta pesos ($750.-). Así voto.

A la cuestión planteada, por los fundamentos que anteceden, las juezas Mariana Díaz y Fabiana H. Schafrik de Nuñez, adhieren al voto del juez Fernando E. Juan Lima. En mérito a la votación que antecede, el tribunal RESUELVE: I. Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 489; II. Imponer las costas del proceso a la parte actora por resultar sustancialmente vencida (art. 62 CCAyT); y, III. Regular los honorarios de la dirección letrada del GCBA, por su actuación ante esta instancia, en la suma de setecientos cincuenta pesos ($750.-). Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Dr. Fernando E. Juan Lima;

Dra. Mariana Díaz;

Dra. Fabiana Schafrik.

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