Se juzga arbitraria la sentencia que basada en testimonios tomó parte de ellos para acreditar el vínculo pero los desechó en materia de antigüedad.

sentencia juezPartes: Gómez Juan Marcelo c/ Francisco Alfredo Velardo y/o q.r.r. s/ indemnización laboral

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes

Fecha: 13-abr-2016

Cita: MJ-JU-M-98082-AR | MJJ98082 | MJJ98082

Es arbitraria la sentencia que establece como fecha de ingreso una diferente a la manifestada por los testigos, si aquellos testimonios tuvieron valor para tener por acreditado el vínculo.

Sumario:

1.-Debe revocarse el fallo recurrido en relación a la determinación de la antigüedad del actor, pues incurrió en clara contradicción al ponderar las testimoniales y tener por acreditada la relación laboral del actor para con el demandado, para luego apartarse de ellas al evaluar la fecha de ingreso denunciada al demandar, siendo que sus dichos dieron cuenta suficiente del comienzo del vínculo denunciado en el escrito inicial.

2.-Resulta arbitrario fijar como fecha de inicio del vínculo aquella que coincide con el informe de la Municipalidad, donde el actor tendría a su nombre la habilitación comercial de la zapatería en la que laboró e inscripción de ingresos brutos, ya que ello resulta abiertamente incongruente con los otros fundamentos mediante los cuales se concluyó en la existencia del fraude laboral por parte de la empleadora, quien con su conducta intentó encubrir el vínculo.

Fallo:

En la ciudad de Corrientes, a los trece días del mes de abril de dos mil dieciséis, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Fernando Augusto Niz, Alejandro Alberto Chaín, Eduardo Gilberto Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez, con la Presidencia del Dr. Guillermo Horacio Semhan, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en consideración el Expediente Nº BXP – 2476/12, caratulado: “GOMEZ JUAN MARCELO C/ FRANCISCO ALFREDO VELARDO Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LA RELACION LABORAL S/ INDEMNIZACION LABORAL”. Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Doctores Fernando Augusto Niz, Eduardo Gilberto Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez, Alejandro Alberto Chaín y Guillermo Horacio Semhan.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SE PLANTEA LA SIGUIENTE:

C U E S T I O N

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice:

I.- Contra la sentencia pronunciada por la Excma. Cámara de Apelaciones Laboral de esta ciudad (fs.377/381) que, en lo concerniente a esta instancia y en lo relativo a la antigüedad del trabajador relacionada con la fecha de ingreso, rechaza el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirma la decisión de primera instancia; ésta -por intermedio de su apoderada- interpone el recurso de inaplicabilidad de ley en análisis (fs.383/387).

II.- Satisfechos los recaudos formales previstos en el art. 102 y c.c. de la ley 3540, no estando obligada a cumplir con el depósito de ley, corresponde analizar los agravios que motivan el alzamiento en esta sede extraordinaria local.

III.- Para decidir como lo hizo -entre otros fundamentos- y luego de confirmar la sentencia de origen, la Excma Cámara estimó que no considera desacertado el modo de la valoración efectuada por la sentenciante de primera instancia respecto de la prueba testimonial rendida por el actor, toda vez que ella se muestra fruto de un análisis razonado por parte del juzgador en cuestión ( según el principio de la sana crítica exigido por el art.386 del C.P.C C , aplicable por remisión del art. 109 de la ley 3.540). Que ante la insuficiencia de la prueba testimonial producida por el demandante para tener por acreditada la real fecha de ingreso, el tibunal ” a quo” coincidió con la juez de primera instancia y consideró que conforme a la documentación presentada (liquidaciones, remitos, facturas, etc), la relación laboral dataría del año 2005 en adelante, coincidentemente con la habilitación comercial de la zapatería a nombre del actor e inscripción de ingresos brutos, no siendo factible tomar la fecha de alta a nombre del demandado. Concluye finalmente que la pretendida aplicación del art. 55 pasa de ser una presunción” iuris tantum”, no disponiéndose que la prueba en contrario deba juzgarse con mayor severidad que la derivada de la sana crítica (art. 386 Cód. Procesal).

IV.- Critica el recurrente el pronunciamiento impugnado ya que al confirmar la Sentencia de Primera instancia, se hizo una errónea y absurda valoración de las pruebas rendidas en el proceso. Reprocha la contradicción incurrida por ambos jueces de grado al tomar las declaraciones testimoniales rendidas por él y estimar las mismas como conducentes para tener por acreditada la relación laboral mientras calificó de insuficientes para probar la fecha de ingreso denunciada en el inicio. Aduce que el inferior realizó una absurda valoración de la prueba testimonial (testigos producidos por el actor a fs. 127, 130, 131, 147 y 148 respectivamente), y violó las reglas de la sana crítica, para concluír pronunciándose por su insuficiencia para acreditar fecha de ingreso sin dar fundamentos claros y precisos que expliquen por qué arribó a esa conclusión, siendo ello notoriamente incongruente con las constancias objetivas de la causa.Concretamente endilga al decisorio incurrir en la figura del absurdo al tomar como fecha de ingreso del actor, la de habilitación de la zapatería a nombre del mismo cuando se ha demostrado en autos que el accionante era empleado dependiente del demandado, indicando que tal habilitación se trato de una actitud fraudulenta del accionado, extremo que se acreditó en el expediente. Sin perjuicio de todo lo expuesto, el recurrente alega que la presunción del art. 55 LCT, ante la omisión del demandado a exhibir los libros exigidos por ley, queda afianzada por las declaraciones testimoniales citadas y que estando aquél en mejores condiciones de producir pruebas, no lo hizo; por ello y en virtud del principio protectorio que debió tenerse en cuenta (art. 9 LCT modif. segundo párrafo Ley N° 26.248) la Excma. Cámara dictó un fallo arbitrario e injusto que le ocasiona un perjuicio económico y moral irreparable.

V- Luego de analizar los fundamentos del decisorio de Cámara y confrontarlos con la argumentación expuesta por el recurrente a la luz de la excepcionalidad del recurso de inaplicabilidad de ley en tratamiento, considero que la impugnación en caso concreto debe prosperar. A la hora de evaluar planteos similares a los analizados en autos, este Superior Tribunal tiene dicho que temas como los propuestos no habilitan esta instancia de excepción, siendo principio general -desde larga data sostenido- que los reproches acerca de la determinación de la fecha de ingreso al trabajo quedan normalmente detraídos del conocimiento del Superior Tribunal de Justicia, en tanto importa volver sobre temas de hecho y prueba definitivamente analizados y dirimidos por los jueces de grado ordinario, no susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria (Cfr: Expte N° 24.884, “Tomasella”, Fuero Laboral, Sentencia N°36/2.007 y sus cita, más recientemente Sentencias Laborales N°44/2.011 y 76/2.011). Ello así pues el magistrado tiene amplia libertad acerca de su ponderación, autónoma y soberana, elaborada sobre las pruebas y hechos producidos y asumidos a través de sus percepciones (CFR:Ferreirós Estela Milagros de Buenos Aires”, p. 384). Sin embargo, tampoco corresponde quedar impasible frente a casos en los que se denuncia y acredita la existencia de un vicio de legalidad o absurdidad en la valoración de pruebas, habiendo intervenido este Cuerpo cuantas veces fue requerido el control de legalidad para corregir un desvío notorio de la norma legal aplicable o revertir una conclusión sentencial producto de la ponderación arbitraria de la prueba, sea porque se omita valorar una conducente a los fines de la dilucidación de la cuestión o porque se lo haga mal o se incurra en una grosera desinterpretación.

VI- En el sub-lite, el vicio denunciado por el recurrente se configura cuando a la hora de evaluar las testimoniales rendidas a fs. 127, 130, 131,147 y 148 respectivamente, el Tribunal “a quo” incurrió en clara contradicción, en tanto y en cuanto ponderó dichas testimoniales y tuvo por acreditada la relación laboral del actor para con el demandado y se apartó de ellas al evaluar la fecha de ingreso denunciada al demandar, siendo que sus dichos, más allá de algunas objeciones o reparos que la Cámara encontró, dieron cuenta suficiente del comienzo del vínculo denunciado en el escrito inicial. Aún cuando pudiera coincidirse con la apreciación del juzgador que, a la hora de analizar la fecha de ingreso, se avocó a verificar la edad de los testigos de fs. 127, 131 y 148 respectivamente en el año 1995- fecha que los mismos denuncian como fecha de ingreso del actor para el demandado- y a partir de allí restarles valor de convicción; no menos cierto es que soslayó arbitrariamente el testimonio conducente obrante a fs. 130 el cual dio suficiente razón de sus dichos. En efecto, un nuevo examen de este último me lleva a concluír que la testigo Alba María Ramirez (fs. 130), no solo se expidió expresamente respecto a la fecha de ingreso al afirmar que “. más o menos en el 95 o 96 el actor ya estaba trabajando allí” (respta.N° 5); y “. yo de que me dí cuenta los 12 años trabajó para el Sr. Velardo, fue secretario de él” (respta N°3), sino que al ser interrogada respecto a la razón de sus dichos, manifiesta conocer por haber visto y estado allí, expresando”. Y él siempre estaba allí, con el hombre, cebándole mate al patrón”. Tampoco puede soslayarse que los deponentes Manuel Cano y Juan Carlos Zarate, cuyos testimonios fueron rendidos a fs. 127 y 148 respectivamente, y que también habrían visto al actor trabajar para el demandado más o menos desde el año 1995, ( resptas N°6) tendrían a esa fecha la edad de 12 y 13 años, siendo absolutamente verosimil que personas de esa edad pudieran recordar haber visto en el pasado al actor trabajando en el lugar para el demandado, más aún cuando ambos testigos, al ser valorados globalmente dieron suficiente razón de sus dichos, afirmando el primero “. sé por que lo ví y muchas personas también lo veían”, mientras el segundo”.porque yo lo he visto siempre ahí en la zapatería, que laburaba ahí, toda su vida trabajo ahí, de muy pequeño y es de conocimiento público y notorio”. Que, esas declaraciones no hacen sino ratificar la fecha de ingreso que surge del informe rendido a fs. 118 pto. 4) y fs.289 pto. 5), donde se desprende que el Sr. Francisco Alfredo Velardo- demandado en autos – poseía habilitación comercial para la explotación del rubro Venta de Calzados en General – con Fecha de Alta 18.10.1995, fecha ésta que se tendrá como fecha de ingreso del actor. Constancia que también se ratifica con la presunción favorable al actor emergente del art. 55 de la LCT.VII- Además, resulta sorprendente que el fallo en crisis tomó como ingreso del actor la fecha de habilitación de la zapatería “a nombre del propio accionante”, razonamiento abiertamente contradictorio con las constancias objetivas rendidas en la causa, en las que se acreditó que el actor fue empleado dependiente del demandado y que éste último actúo de manera fraudulenta al inscribirlo como Monotributista. El “yer ro” de la Cámara es evidente, notoriamente disvalioso si se aprecia que tuvo por probada la relación laboral de subordinación. Ponderó la documentación presentada y agregada a la causa (facturas de comercio consistentes en la compra de mercaderías, facturas de transportes de bultos adquiridos, liquidaciones de tarjetas de crédito etc ) todas a nombre del actor apareciendo este último como titular de la explotación, lo cual fue considerado por los jueces anteriores como pautas mediante las que se intentó enmascarar la relación laboral, entre otras figuras, como la de trabajo autónomo del empleado, en el afán de eludir responsabilidades laborales. De allí que fijar como fecha de inicio del vínculo aquella que coincide con el informe de la Municipalidad de la Ciudad Bella Vista ( fs. 118), donde el actor tendría a su nombre la habilitación comercial de la zapatería e inscripción de ingresos brutos, resulta abiertamente incongruente con los otros fundamentos mediante los cuales se concluyó en la existencia del fraude laboral.

VIII Por otra parte, de la prueba informativa rendida por la Municipalidad de la Ciudad de Bella Vista a fs. 118 y la ampliación de fs. 289, se desprende que el Sr. Francisco Alfredo Velardo- demandado en autos- es titular de la Habilitación Comercial N° 23-155, con fecha de Alta el 18.10.1995 en el comercio en calle Salta N° 1.083, esto es, que desde el año 1995 el demandado de autos explota el rubro “Venta de Calzados en General”, no teniendo a la fecha del citado informe Fecha de Baja de la explotación porque no fue solicitado el cese de la actividad del demandado.Por lo tanto, conforme los dichos de los testigos y teniendo en cuenta que ya en aquel año el accionado ejercía la actividad denunciada en la demanda, será aquella fecha de Alta la que se tomará como fecha de ingreso del actor. Esta interpretación es la que más se ajusta al desenvolvimiento de los hechos y a la prueba rendida en autos, siendo a mi juicio acorde a la realidad reflejada en el “sub examine”, que puede admitir varias lecturas pero a la hora de desentrañarla y brindar una solución, me inclino por decidirla a favor del trabajador. Ello importa el ejercicio y aplicación del principio del “in dubio pro operario” que resulta plenamente aplicable al caso, como derivación del principio protectorio, pues en caso de duda razonable sobre cómo sucedieron las cosas, debe fallarse por la versión del trabajador (14 bis de la C.N. y art. 9 de la Ley 26.428). A mayor abundamiento, y al respecto, así lo tiene dicho el Superior Tribunal de Justicia, en los autos caratulados:” MAYER SILVIA BEATRIZ C/COOPERATIVA EXPORTADORA CITRICOLA DE CORRIENTES LTDA. (COOPECICOR) S/ LABORAL” Expediente Nº MXP – 2596/11-Sentencia N° 74 del 13.12.13 “. Es que la duda que debe favorecer al trabajador y la protección que debe recibir por su estado de hiposuficiencia, no es producto de la ausencia total de pruebas, al menos debe existir una prueba (de cualquiera de las partes) que conduzca a presumir que las cosas ocurrieron de acuerdo con los dichos del trabajador, o un estado de situación que genere un indicio de esto, es decir, debe haber algún motivo capaz de volcar la decisión del juez a favor del trabajador (Cfr: Capón Filas, Rodolfo, “Derecho del Trabajo”,Ed. Platense, La Plata, 1998, p.255; Rubinstein, Santiago, “El principio in dubio pro operario en materia probatoria y la justicia social; DT 1992 -B- 2407, ver sentencia N° 20 de 2010 de este Superior Tribunal).-. Me persuado de esta manera que al analizar el plexo probatorio rendido en este proceso, la Cámara incurrió -a la hora de juzgar acerca del inicio de la vinculación- en una valoración que no se ajustó a las reglas de la sana crítica racional, apartándose de las prescripciones que consagra el art. 386 del C.P.C y C. De ahí que cabe revocar ambas sentencias de grado, tener como fecha de inicio de la relación laboral- de acuerdo a los informes rendidos y constancias de autos – la fecha de habilitación comercial a nombre del demandado- Fecha de alta 18.10.95- año denunciado en la demanda; en consecuencia la extensión de la relación laboral acreditada, data desde el 18.10.95 al 13.12.11 (16 períodos). Atento al resultado señalado, corresponde reenviar estos autos a primera instancia a fin de que se analicen los rubros reclamados en función de esa fecha de ingreso reconocida en este decisorio (antigüedad del trabajador) y de conformidad a las pautas dadas. Por todo lo expuesto, de compartir mis pares el voto que propicio corresponderá hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar las sentencias de primera y segunda instancia y estar a lo expuesto en los Considerandos del presente, reenviando estos autos a primera instancia para que proceda a practicar planilla conforme a la antigüedad reconocida al trabajador en este decisorio, con costas en esta instancia a cargo de la vencida. Regular los honorarios profesionales de la DRA.MELINA LUCIA FERRI, como vencedora, en la calidad de Monotributista frente al IVA, en el 30% de la cantidad que quede establecida en primera instancia (art. 14, ley N° 5822).

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice: Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ, dice: Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice: Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice: ue adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos. En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente:

SENTENCIA Nº 24

1°) Hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar las sentencias de primera y segunda instancia y estar a lo expuesto en los Considerandos del presente, reenviando estos autos a primera instancia para que proceda a practicar planilla conforme a la antigüedad reconocida al trabajador en este decisorio, con costas en esta instancia a cargo de la vencida.

2°) Regular los honorarios profesionales de la DRA. MELINA LUCIA FERRI, como vencedora, en la calidad de Monotributista frente al IVA, en el 30% de la cantidad que quede establecida en primera instancia (art. 14, ley N° 5822).

3°) Insértese y notifíquese.

Fdo.: Dres. Fernando Níz-Eduardo Panseri-Eduardo Rey Vázquez-Alejandro Chaín -Guillermo Semhan