Municipalidad debe restituir la posesión de los lotes a la actora quien se vio perjudicada por un error de terceros.

vendo_lotes_para_construir_vivienda_campestre_giron_5720095439066857715Partes: Recalde Cuestas María José c/ Municipalidad de Roldán s/ acción de reivindicación

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario

Sala/Juzgado: Tercera

Fecha: 5-feb-2016

Cita: MJ-JU-M-98109-AR | MJJ98109 | MJJ98109

Se condena a la Municipalidad a restituir la posesión de los lotes a la actora, quien se vio perjudicada por un error de terceros y se difiere la determinación de la pretensión resarcitoria al resultado del juicio sumarísimo que tramitará ante la primera instancia a fin de determinar el quantum.

Sumario:

1.-Se condena a la demandada a restituir a la actora la posesión de los lotes en cuestión y se difiere el contenido de la pretensión resarcitoria articulada por la actora al resultado del juicio sumarísimo que tramitará ante la primera instancia a fin de determinar el quantum, ello en tanto la misma Municipalidad que inició el juicio de ejecución fiscal en el cual se efectuó la primera subasta de los bienes no pudo haber ignorado que el fallido era el titular ya desposeído, no por la quiebra sino desde antes, por la ejecución en juicio de apremio, al terminar adquiriendo bienes ya subastados en juicio iniciado por ella, por ello la actora se vio perjudicada por un error de terceros y, en consecuencia, no puede hacérsele cargar con las consecuencias del mismo.

2.-El titular de la acción real de reivindicación es el propietario de la cosa y el sujeto pasivo el actual poseedor, la misma tiene por objeto que el accionado restituya la posesión al actor y constituye un medio eficaz para la defensa del derecho de dominio.

3.-En la acción real de reivindicación, corresponde la carga probatoria al actor de la calidad de propietario del inmueble que reclama, pues tiende a aniquilar la presunción de dueño que ampara al poseedor material colocándolo en situación de incluso prescribir adquisitivamente el inmueble.

4.-La acción reivindicatoria está dirigida, entre otras cosas, a preservar al propietario de la aniquilación de su derecho, mediante la obtención de la restitución de la posesión.

5.-Cuando el dueño de un bien se vea despojado de la posesión por otra persona ha de dirigir la acción reivindicatoria en contra del actual poseedor pretendido por ser el único con actitud jurídica y material para disputarle al demandante el derecho de dominio alegado, es decir que el demandante ha de ser el titular de derecho de dominio, y el demandado ostentar la posesión material sobre el bien objeto de reivindicación.

7.-El pedido de la actora refiere al resarcimiento por la desposesión e incluye la obtención y apropiación de frutos derivados de la realización de las cosechas realizadas, rubros que son de difícil determinación cuantitativa y también resultan para la actora una cuestión descubierta en un tiempo en que no puede saber por sí y a ciencia cierta qué era lo sembrado y durante qué tiempo se prolongó tal actividad, por ello se resuelve diferir el contenido del resarcimiento al resultado del juicio sumarísimo que tramitará ante la primera instancia.

Fallo:

En la ciudad de Rosario, a los 05 días del mes de febrero de 2016, se reunieron en Acuerdo los Sres. Jueces de la Sala Tercera Integrada de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Dres. Mario E. Chaumet, Darío L. Cúneo y Avelino J. Rodil, para dictar sentencia en los caratulados: “RECALDE CUESTAS, MARÍA JOSÉ C/ MUNICIPALIDAD DE ROLDAN S/ ACCIÓN DE REIVINDICACIÓN” – Expte. N° 47/15, venidos del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 5a. Nominación de Rosario, en apelación de la sentencia N° 1923 de fecha 29 de octubre de 2013 obrante a fs. 177/182 y su aclaratoria N° 2062 de fecha 04 de noviembre de 2013 de fs. 204/205, y habiéndose efectuado el estudio de la causa, se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿Es nula la sentencia recurrida?

SEGUNDA: ¿Es ella justa?

TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? Efectuado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: Dres. Cúneo, Chaumet y Rodil.

A la primera cuestión, dijo el DE Cúneo:

Ninguna de las partes sostuvo argumentalmente el recurso de nulidad y analizadas las constancias de autos no encuentro que el acto sentencial esté viciado en modo tal que se justifique una declaración oficiosa que lo prive de efectos o situaciones que no puedan ser resueltas en la vía apelatoria, mi respuesta es negativa.

A la misma cuestión, dijo el Dr. Chaumet: De conformidad con lo expuesto por el Sr. vocal preopinante, voto por la negativa.

A la segunda cuestión, dijo el Dr. Cúneo:1 Síntesis del caso.

11 La actora inició demanda en la que solicita la reivindicación de los lotes inmuebles sitos en jurisdicción de la Municipalidad de Roldán, departamento de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, correspondientes a la Manzana 8, Lotes 6 al 10 y 31 al 35, y a la Manzana 10, Lotes 3, 4, 5, 36 y 37 que dice inscriptos en el Registro General de Propiedades al tomo 256 , folio 297 N° 3QL364 , como adquiridos por subasta pública realizada en los autos caratulados “COMUNA DE ROLDÁN C/ ENRIQUE M. GRASSIS Y/U OTROS S/ APREMIO” (EXPTE. N° 1078/82) y al haber advertido que los campos se encontraban cultivados y no por ella, procedió a instar los caratulados “RECALDE CUESTAS, MARÍA JOSÉ C/ TERCEROS OCUPANTES S/ MEDIDA CAUTELAR DE ASEGURAMIENTO DE PRUEBAS” (EXPTE. N° 583/10).

De este aseguramiento dice, surge que la Municipalidad actora en los autos anteriormente mencionados, pretende la propiedad de los inmuebles en cuestión.

También demanda el pago de resarcimiento por los frutos que habría obtenido la demandada de dichos inmuebles, aunque hubiera dispuesto de ellos con gratuidad de los mismos, puesto que no puede hacerlo respecto de bienes ajenos.

Afirma que la Municipalidad de Roldán estaba en conocimiento de que los anteriores habían sido desposeídos en un juicio universal de quiebra (Expte.N° 3D/85), lo que implica que cualquier transmisión sin intervención del titular de dominio transmitente es a non domino por no inter venir en el acto el titular del derecho que se pretende transmitir.

Por faltar en la inscripción como titular el transmitente no per mite, sostiene, que el adquirente pueda invocar buena fe.

La litis en anterior instancia se cierra al contestar demanda la Municipalidad de Roldán.

1121 La accionada manifiesta que la actora no es titular registral de los inmuebles, conforme constancias del Registro General de Rosario, acompaña entonces copia de extractos de dominio en que dice, constaría “.que el E de enero de 1976, parte de los lotes en cuestión, fueron vendidos por el Sr Eduardo Ernesto Mackey a los Sres. Enrique Norberto Grassis y Miguel Ángel Garrone, dominio inscripto al Tomo 1957 folio 3187 N° 1082867 departamento de San Lorenzo. (que) “.en fecha 19 de enero de 19787 el Sr. Enrique Norberto Grassis vende su parte al Sr. Miguel Ángel Garrone, cuyo dominio consta al Tomo 280, folio 320 , N° 22090, y que en la hoja de anexos del registro, N° 100752 , folio 330 bis, consta la inscripción registral aclaratoria respecto de los lotes reclamados por la actora, la cual expresa: “no surge expresamente del patrimonio como se manifiesta.En consecuencia no debe tenerse como parte integrante del presente extracto, Rosario, 19/06/10”, firmado por el Dr Miguel Luverá.

Sostiene que la actora, supuestamente, adquiere un dominio sobre los inmuebles que ya habían sido vendidos, y lo hace al Tomo 195, folio 318, N° 108286 , de fecha 16 de enero de 1976 y no sobre el tomo 280 , folio 320 , N° 2209D, de fecha 19 de enero de 1978 , según planilla para juicios acompañada por la actora.

Afirma que cuando la actora, supuestamente, adquiere el dominio de los lotes, lo hace sobre un dominio cuyos inmuebles ya habían sido vendidos, debiendo haberlos adquirido sobre el tomo 280 , folio 320 , N° 22090, que le correspondía a otra persona, por lo que entiende que mal puede haber mala fe de su parte, cuando la misma lo adquiere mediante cesión de derechos y acciones que le hace el Dr. Dutto, de la compra que éste hiciera mediante licitación privada, dentro de los autos caratulados “GARRONE, MIGUEL ÁNGEL S/ QUIEBRA” (Expte. N° 30/85).

Apunta a que es el Registro General quien no le informa a la misma dentro del juicio de apremio que los lotes habían sido vendidos, siendo éste responsable de la publicidad de las ventas que se efectúan.

Conforme su posición procesal, la Municipalidad de Roldán se encuentra en posesión de los inmuebles mencionados en forma correcta, con justo título y a título oneroso.

Bajo estos argumentos pide al sentenciante anterior que se rechace la demanda planteada con costas.

.3. El sentenciante de anterior instancia resuelve: “1) Condenando a la demandada a restituir a la actora la posesión de los lotes N° 6, 7 8, 9, 10 y 31 de la Manzana 8; y de los lotes 3, 4, 5, 36 y 37 de la Manzana 10, sitos en la localidad de Roldán, Departamento San Lorenzo, Provincia de Santa Fe con dominio inscripto al Tomo 256, Eolio 297 N° 301364, Departamento San Lorenzo y sus accesorios. 2) Imponiendo las Costas a la demandada vencida. 3) Honorarios, oportunamente.Insértese y hágase sabe.’

Todo ello por sentencia N° 1923 dictada en Rosario, el 29 de octubre de 2013 (obrante a fs. 177/182) y su aclaratoria N° 20 62 de fecha 04 de noviembre de 2013 (v. fs. 204/205), en la que, asimismo, se declara que la pretensión resarcitoria articulada por la actora resultaba absolutamente improcedente atento a la carencia probatoria tanto de la existencia de perjuicio como del quantum resarcitorio.

Para así hacerlo desarrolla toda una serie de consideraciones fácticas y encuadramiento jurídico con citas de doctrina y jurisprudencia que corren de fs. 78 vta., al pie, en adelante hasta su parte resolutiva obrante a fs. 182. Haciendo una análisis del material convictivo obrante en la causa y al que refiere en su localización por referencia a la respectiva foja.

2. Contra dicho pronunciamiento se alzó la actora.

2 1 La accionante, expresa agravios contra la sentencia obrante a fs. 7777 / 182 ; presenta memorial solicitando se haga lugar al recurso de apelación y se revoque la sentencia en los aspectos objetados, con costas.

En su primer agravio dice que el a-quo no considera de mala fe la posesión que detentaba la Municipalidad de Roldán sobre los inmuebles objeto de la acción reivindicatoria y en consecuencia no hace lugar al reclamo indemnizatorio solicitado por su parte por supuesta falta de prueba.

Considera acreditada la adquisición de los inmuebles objeto de esta acción por subasta judicial efectuada por la actora dentro de los caratulados “Comuna de Roldán c/ Enrique N Grassis y/u otros s/ Apremio”, Expte. N° 1078/82, y remite a fs. 43 (Oficio librado al Registro General de la Propiedad Rosario), donde consta también la fecha de la toma de posesión de los mismos el día 11 de junio de 19 84.En base a ello dice la actora haber cumplido las exigencias que impone el Código de rito, perfeccionando la adquisición de los inmuebles.

Afirma que la demandada adquirió la posesión de los inmuebles el 5 de octubre de 2007 mediante un contrato de cesión onerosa de derechos, que celebró con el Sr Oscar Luis Dutto (remite a fs. 108/109); éste los había adquirido dentro de la venta directa dispuesta en los caratulados “Garrone Miguel A s/ Quiebra” – (Expte. N° 30/85), siéndole adjudicados los lotes mediante resolución N° 1244 de fecha 20 de octubre de 1997 dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 2da. Nominación de Rosario (remite ahora a fs. 44).

Enfatiza que existe defecto del “justo” título por parte de la accionada y que su raíz está en que le ha sido otorgado por quien no era en verdad señor de la cosa.

Añade que faltaría buena fe en la posesión de la demandada porque adquirió terrenos de Miguel Angel Garrone (demandado en el juicio de ejecución fiscal en el cual se efectuó una primera subasta en el año 1982, por la misma Municipalidad de Roldán, y también fallido ejecutado en la causa en la que ter mina, esa misma Municipalidad, adquiriendo el inmueble por cesión).

Señala destacadamente que la actora gozaba de un dominio correcto e incuestionable que la Municipalidad no podía desconocer, con lo cual la mala fe de la accionada luciría inobjetable, remite a fs. . (contestación de demanda), donde se reconoce explícitamente que “la actora ha sido perjudicada”, pero pretende endilgarle tal responsabilidad de la demandada a la Provincia de Santa Fe a través del Registro General.

Dice que, acreditada la mala fe en la posesión de los inmuebles por parte de la Municipalidad de Roldán y el perjuicio ocasionado a la actora, procede la condena completa a la misma:es decir no solo debe entregar los inmuebles objeto de esta disputa sino también debe los frutos de que se vio privada la actora con el accionar de la demandada.

Se apoya en doctrina (Bueres – Highton, Código Civil. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Hammurabi, 1997 Bs. As, Tomo 5, págs. 887 y 888) para sostener que la reivindi cación es una acción completa y deberán liquidarse en esa oportunidad todas las cuestiones relativas a frutos, productos, etc., experimentados por la cosa: todo ello de conformidad con las reglas contenidas en los arts. 2422 C.C. y sgtes. Es decir, los del capítulo IV del título II del C.C, entre los cuales se encuentran el art. 2438 y el art. 2439 C.C. Recuerda la amplitud del art. 2330 C.C. al indicar que son cosas accesorias los frutos civiles, las que provienen del uso o del goce de la cosa que se ha concedido a otro y también, las que provienen de la privación del uso de la cosa.

Queda claro para la actora que la accionada la privó del uso de los lotes desde su posesión ilegítima ocurrida en

el año 2007 y señala que, tratándose los inmuebles en cuestión de un predio rústico, la sola privación de uso supone la existencia de frutos (cita: C.C.C. de San Isidro, Sala II, 22 / 3/19 94, “Pol, Eduardo E. c/ Secches, Rodolfo s/ reivindicación”, 6104. R.S.D., base Juba 70a. y S.C.B.A., 6/12/1998 , D.J.B.A, 136-8 y A.S. 1988-IV 495 citado por Salas-Trigo Represas-Mesa, Código Civil Anotado. Legislación argentina vigente. Actualización, Depalma, 1999, Tomo 4B, pág. 24)

Afirma que autorizada doctrina entiende, conforme lo preceptuado por el 2443 C1C17 que la mala fe no se discute a partir de la notificación de la demanda de reivindicación.

Cita a la Sala D de la Cámara Nacional Civil7 en “Pérez y García, Antonio y ots.c/ Manara, Alberto” en que dice se afirmó que, entablada la acción reivindicatoria, que es in rem, aunque fuera de buena fe, sin duda el poseedor se convierte en poseedor de mala fe.

Señala que, eventualmente en los presentes, es indiscutible la mala fe de la accionada a partir de /9/2011 y conforme el art. 2443 C1C17 desde que comenzó su posesión.

Cita: “No es el resistirse sin derecho a devolver el predio lo que confiere derecho al resarcimiento sino la ocupación ilegítima, detentada por el perdidoso en acción reivindicatoria” y concluye diciendo que estando probado el daño (aun no siendo necesaria su prueba), el a-q uo debió haber recurrido a cualquiera de los arbitrios que otorga el art. 245 C11PC1 para establecer su monto.

Solicita se haga lugar al recurso de apelación impetrado por su parte contra el decisorio N° 1923 de fecha 29/10/2013, modificando la sentencia en los aspectos objetados, con costas.

2121 La accionada contesta el traslado para expresar agravios, respecto de la Sentencia N° 1923 de fecha 29 de octubre de 2013, obrante a fs. 777/182, dictada por el juez de primera instancia, solicitando se rechace la misma. Pese a que el mismo decreto en que se le corre dicho traslado también ordena el respectivo para contestar los agravios expresados por la parte actora, no contesta los mismos.

En primer lugar, se agravia de la sentencia recaída en autos atento que la Municipalidad de Roldán Afirma que es la única dueña de los terrenos reclamados por la parte actora, por haberlos adquirido sobre base de títulos correctos, legítimos, y sin ningún tipo de equivocación por parte del Registro General y sus inscripciones, siendo estos válidos y oponibles frente a terceros y además cuenta con la posesión legitima (art. 2355 C1C1) por la tradición de los mismos, cosa que dice, jamás ha ejercido la parte actora físicamente sobre los terrenos en cuestión.Que podría haberlos cercado, edificado, cuidado, plantado, y demás actos posesorios desde el año que dice haberlos adquirido si los hubiera poseído.

Dice de la nulidad del título sobre el que la actora hubiera ejercido, en su caso, la posesión que niega la demandada. Dice que esa posesión hubiera sido ilegítima.

Recuerda que la acción de reivindicación se interpone recién en el año 2011 (allí manifiesta la actora ser dueña de los terrenos), por lo que la demandada dice que desde el año 1982 no ha ejercido el animus domini que correspondería por ser la supuesta dueña de los mismos, no realizado acto alguno de posesión, dejando a la buena suerte los terrenos que demanda.

Afirma que la actora, a los fines de intentar desplazar la posesión que tiene y le corresponde a la Municipalidad de Roldán, debería haber demostrado un mejor título que el que ostenta la Municipalidad, cosa que no entiende haya ocurrido en autos (Art. 2363 C1C1)1

Destaca la supuesta desidia e indiferencia por parte de quien se dice adquirente en subasta sobre los bienes pretendidos, por invocar haberlos adquirido recién 28 años después.Ese plazo, dice, le habría hecho perder su derecho por el simple paso del tiempo.

Señala que ello es así dado que los bienes en cuestión se encontraban desapoderados desde la fecha de la sentencia declarativa de quiebra, conforme surge del Auto N° 1248 de fecha 18 de diciembre de 1985, declaratorio de la misma, con lo que puede probarse acabadamente que la actora jamás ejercitó la posesión de los mismos, y mucho menos el animus domini que debe ejercerse sobre bienes que sean de su supuesta propiedad.

Enfatiza que la acción que intenta hoy la actora, debe ser rechazada sin más, en primer lugar por no ser la propietaria de los mismos y en segundo lugar por haber perdido su derecho por el mero transcurso del tiempo, pretender los bienes sobre base de títulos imperfectos, donde no está configurada la titularidad de su parte sobre los mismos, ya que el dominio inscripto en el registro general Rosario le pertenece al Sr Miguel Ángel Garrone (Dominio inscripto al Tomo 280 , Folio 320 , N° 220.90 de fecha 19 de enero de 1978).

Para que pueda entenderse como entiende la demandada que se sucedió en los títulos y quien es hoy el titular registral, hace una reseña:

“El 6 de enero de 1976 parte de los lotes en cuestión fueron vendidos por el Sr EDUARDO ERNESTO MACKEY a los Sres.ENRIQUE NORBERTO GRASSIS y MIGUEL ANGEL GARRONE, dominio inscripto al Tomo 195, Folio 38, N° 108.286, departamento San Lorenzo.

Posteriormente el Sr ENRIQUE NORBERTO GRASSIS VENDE Y TRANSFIERE AL SR MIGUEL ANGEL GARRONE los lotes y estos se inscriben al Dominio Tomo 280, Eolio 320, N° 220.90 de fecha 19 de enero de 1978.

El 18 de diciembre de 1985 se DECLARA LA QUIEBRA DEL MISMO y SE ORDENA LA LIQUIDACIÓN DE SUS BIENES, sobre el mencionado dominio (Tomo 280 , Eolio 320 , N° 220.9D de fecha 19 de enero de 1978), se llevan a cabo todas las acciones referentes a la liquidación de dichos bienes y los mismos son adquiridos por el Sr OSCAR LUIS DUTTO, QUIEN ESTE A SU VEZ SE LOS VENDE A LA MUNICIPALIDAD DE ROLDÁN (mediante cesión de derechos y acciones), Y ESTA LOS ADQUIERE SOBRE LA BASE DE TÍTULOS PERFECTOS Y CORRECTOS”.

Reitera que la actora ha dejado abandonados los lotes, no manteniéndolos y no acordándose de la atención y mantenimiento de sus supuestos dueños.

Destaca que la Municipalidad de Roldán jamás privó a la actora del uso de los terrenos porque era quien siempre tuvo la posesión legítima de los mismos.

Insiste: Del informe del Registro General Rosario sobre el titular del dominio acompañado por la actora dice, que versa sobre Tomo, Eolio y Numero que no cuenta con vigencia respecto a los terrenos que hoy reclama; añade que no es real y que carece de oponibilidad a terceros porque dicho dominio es nulo.

Remite a fs. 61 vta.para decir que surge claramente que los lotes en cuestión están inscriptos a nombre de Miguel Ángel Garrone, según Tomo 286 , Eolio 320 , N° 220.90, departamento San Lorenzo, que es el dominio actual, vigente y correcto, con las inscripciones marginales correspondientes, por todos los actos que se fueron sucediendo, además de la legitimación que gozan todos los actos que se llevaron adelante en virtud de la quiebra, que son órdenes judiciales, las cuales hoy no pueden desconocerse.

En lo que llama un Segundo agravio dice que el sentenciante omitió considerar los elementos probatorios que se produjeron, (fs. £1), en que el Registro General Rosario declara que los inmuebles se encuentran a nombre del Sr Miguel Ángel Garrone, y no a nombre de María José Rescalde de Cuestas; tampoco los extractos de fs. 61 a 107 dominio sobre el que se fundamenta la compra directa del Sr Dutto y la posterior cesión del mismo a la Municipalidad de Roldán, la posesión de la Municipalidad se basa en el título de adquisición sobre la persona correcta y que tenía el dominio inscripto ante el registro general.

El juez de grado, dice la demandada, no tomó en consideración las inscripciones realizadas por el Registro cuando en el extracto que se acompaña a fs. 6 en la hoja de anexos del Registro N° 100.752 , folio 330 bis, consta la inscripción registral aclaratoria de que los lotes reclamados por la Sra. Recalde “No surge expresamente del patrimonio como se manifiesta. En consecuencia no debe tenerse como parte integrante del presente extracto, Rosario, 1906/1)”. Firmado por el Dr Miguel Luverá.

Repasa lo mencionado y Afirma que las inscripciones que se hicieron sobre el Tomo 286 , Folio 320 , N° 220.90, inscripción efectuada a nombre de la Sra. Recalde, el mismo Registro manifestó que no debe tenerse en cuenta.

Todo ello cuenta con su fundamento legal en el art. 2792 del C.C. vigente, el cual reza lo siguiente:”Cuando el demandado y el demandante presenten cada uno títulos de adquisición que ellos hubiesen hecho de diferentes personas, sin que se pueda establecer cuál de ellos era el verdadero propietario, se presume serlo el que tiene la posesión”7 por lo que considera demostrado que la resolución apelada es contraria a derecho tal como surge del mismo articulado del código civil vigente y añade que las actuaciones y pruebas recabadas se basaron en informes registrales y oponibles a terceros.

Dice que con ello queda claro que la Municipalidad de Roldán nunca obró de mala fe, ya que registralmente la Sra. María José Recalde Cuestas no surge como titular del dominio actualizado del Registro General Rosario.

La Sra. Recalde dice haber adquirido el dominio sobre los inmuebles pero la accionada sostiene que estos ya habían sido vendidos, lo hizo sobre el Tomo 195, Folio 38, N° 108.286 de fecha 6 de enero de 1976 , tal como surge de la planilla para juicios acompañada por la parte actora y obrante a fs. 43/43 vta., y no sobre el Tomo 280 , Folio 320 , N° 220.90, de fecha 19 de enero de 1978 , que era el correcto, actual y oponible a terceras personas, es decir que todo su trámite lo fundó sobre el antelado del dominio válido, lo que hace que el dominio de la actora sea inconsistente y no le asista el derecho.

La Municipalidad de Roldán dice que adquiere los inmuebles mediante cesión de derechos y acciones que le hace el Dr Dutto a la misma y este último los adquirió mediante licitación privada en la quiebra caratulada: “GARRONE, MIGUEL ÁNGEL S/ QUIEBRA” – EXPTE. N° 30/85, la cual tramitó por ante el Juzgado de 1 ° Instancia de Distrito Civil y Comercial de la 2° Nominación de Rosario. El Dr Dutto en carácter de adjudicatario depositó el saldo correspondiente a la Oferta realizada y solicitó se inscriba marginalmente la adjudicación de dichos lotes, librándose el respectivo oficio al Registro General.En la mencionada quiebra, los distintos profesionales inter vinientes y el mismo Juzgado velaron para que los informes del registro estuvieran correctos, desconocer esto hoy sería desconocer el propio criterio y trabajo del mismo poder judicial, los magistrados y los colegas.

La Municipalidad niega su mala fe, ya que la compra la hace efectiva sobre el extracto de dominio correcto, sobre los informes correspondientes a la quiebra y a título oneroso. La Municipalidad de Roldán se encuentra en posesión de los inmuebles mencionados en la forma correcta, con justo título y a título oneroso, insiste.

Destaca que la actora no es propietaria de dichos inmuebles, ya que todo su trámite se basó sobre el antelado del dominio válido, conforme surge de las probanzas de autos. Por lo expuesto es que la actora no puede exigir la reivindicación de los mismos, ya que estos no le pertenecen.

La Municipalidad de Roldán celebró con el adquirente en subasta (Dr Oscar Luis Dutto) una cesión de derechos y acciones, ante el Juzgado de Distrito Civil y Comercial de la 2° Nominación de Rosario, (y ante el Secretario – en aquel momento Dr Néstor Osvaldo García), sobre los bienes realizados dentro de la quiebra de mención y tomó posesión de los mismos, y propuso escribana, la cual ha aceptado el cargo dentro de los caratulados: “GARRONE, MIGUEL ÁNGEL S/ QUIEBRA” – EXPTE. N° 30/85. Es por ello que se encontraría en condiciones de escriturar, ya que el dominio vigente es el que se encuentra a nombre de MIGUEL ÁNGEL GARRONE, y no lo ha hecho al solo efecto de no entorpecer más las presentes actuaciones.

Concluye que se ha probado dentro de los presentes la titularidad de dominio del Sr Garrone y el derecho que le asiste sobre los inmuebles reclamados por la actora ya que la demandada tendría la posesión de los mismos; todo ello conforme lo establece el actual código civil de la Nación en su art.2792 y manifiesta que la actora no ha probado nada de lo invocado, únicamente se ha limitado a decir que tiene un dominio inscripto en el registro general, pero el mismo contiene vicios que han quedado absolutamente probados a lo largo de todo el proceso, siendo su dominio nulo e insuficiente para exigir la reivindicación de los inmuebles.

Solicita se rechace la sentencia dictada por el a-quo y los agravios planteados por la actora con costas.

2.3. Ante esta situación la actora procede a contestar los agravios de la demandada y a recalcar que los propios no han sido objeto de contestación.

Destaca en primer lugar que una expresión de agravios debe constituir una crítica lógica y racional de los considerandos de la sentencia, para ser considerada como tal.

Niega que la demandada haya cumplido correctamente con dicha carga.

La recurrente, destaca la actora, comienza su exposición alegando, sin más, que su mandante es la única “dueña” de los terrenos olvidando criticar, analizar y refutar los considerandos en que el juez de grado basó su resolución. Resalta que tampoco cumple con esa carga con respecto a la Afirmación sobre que la actora habría perdido por el transcurso del tiempo su derecho a inter poner esta reivindicación.

Insiste en que la recurrente no explica por qué, ni qué lapso de tiempo considera se requiere para ello, es decir que no da puntos de análisis para viabilizar su reclamo.

Recuerda el art.250 del Código Civil, afirmando que el dominio es perpetuo y no se pierde por no ejercitarlo y tampoco por el transcurso del tiempo, a no ser que el propietario haya dejado poseer la cosa por otro durante el lapso requerido para adquirir la propiedad por usucapión.

Esto ni ha ocurrido, dice, porque la demandada adquirió los inmuebles en el año 2007 y además, no puede unir su posesión a la de su predecesor que era un quebrado y la demandada fue quien posibilitó al desapoderado la adquisición dominial por ejecución judicial y subasta promovidas por la hoy recurrente.

Destaca la actora que la contraria, en su reseña de cómo se fue transfiriendo el dominio (fs. 246), omite mencionar esa ejecución judicial de su representada contra Miguel Ángel Garrone y la adquisición en subasta judicial y la toma de posesión por la hoy accionante.

A la postulación de agravios referidos a la validez de las inscripciones en el Registro General de Propiedades, remite la actora formulando las mimas objeciones en cuanto a la falta de una verdadera expresión de agravios.

Destaca que la recurrente no efectúa siquiera referencia ni tampoco crítica de las mencionadas doctrinas y jurisprudencia que contiene la sentencia sosteniendo sus conclusiones en este punto.

El a-q uo ha fundamentado sus conclusiones sobre la validez del dominio adquirido en subasta judicial, aunque el mismo no se hubiere inscripto en el Registro General, con citas de sentencias, al respecto, no solo de las Cámaras de Apelaciones, sino también de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia. La actora enfatiza la falta de ataque al razonamiento judicial también en este punto.

Pide se declare desierto el recurso por no constituir el escrito de expresión de agravios una crítica razonada de la sentencia o, en su defecto, lisa y llanamente se rechace el recurso deducido.Finalmente solicita que teniendo en cuenta que la contraria no contestó los agravios deducidos por la actora, se de por decaído el derecho dejado de usar.

Finaliza pidiendo de esta alzada pronunciamiento confirmatorio de la sentencia, rechazando el recurso de su contraria y haciendo lugar a la apelación deducida por su parte, fijando el monto de la indemnización o las bases para establecerlo, con costas en ambas instancias a la demandada.

3. Cabe adelantar que el recurso interpuesto no ha de prosperar.

El juez a quo habla en su sentencia de que se encuentra con la paradoja por la cual dos sujetos aducen, y acreditan, titularizar el derecho real de dominio sobre los mismos bienes; pero invocando diferentes títulos de adquisición y modos de otorgamiento de dicho dominio y que ello lo obliga a analizar y determinar quién posee un mejor título para dirimir la procedencia, o improcedencia, de la acción reivindicatoria intentada.

Señala que no hay disenso en cuanto a que la actora pagó el precio por el cual se subastaron los terrenos, y se la colocó en posesión de ellos, remitiéndose además el oficio correspondiente a los fines de la inscripción de la subasta en el Registro, conforme a lo preceptuado en el citado artículo 505 del C. PC.C. Remite el sentenciante a que en los autos caratulados “COMUNA DE ROLDÁN C/ ENRIQUE N GRASSIS Y/U OTROS S/ APREMIO” – (Expte. N° 1073/82), de los inmuebles mencionados por parte de la actora, con la copia obrante a fs. 43 del oficio librado al Registro General de la Propiedad por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 4 ° Nominación de Rosario, donde también consta la fecha de la toma de posesión el día 11 de junio de 19 84 (fs.43) y concluye, con cita doctrinaria, que en tales condiciones puede considerarse que la accionante cumplimentó las exigencias contenidas en nuestro código ritual a los efectos de perfeccionar la adquisición del dominio de los inmuebles en disputa y no empece a ello lo sostenido por la Municipalidad en cuanto a que la actora habría comprado judicialmente sobre una nota de dominio errónea (T 195, Folio 38, N° 108286), adquiriendo bienes que ya habían sido vendidos con anterioridad. Tal Afirmación pasa por alto la relevante circunstancia de que Miguel Ángel Garrone (demandado en el juicio de ejecución fiscal en el cual se efectuó la primera subasta y promovido por la misma Municipalidad) y también fallido ejecutado (Garrone) en la causa falencial, ter mina en una supuesta adquisición que deriva en un título en cabeza de la misma Municipalidad por cesión.

Ello significa que la compra efectuada en subasta judicial por la Sra. Recalde Cuestas lo fue sobre un dominio correcto, aunque incompleto.

Pero, lo aclara el sentenciante anterior, tal problema es susceptible de reparación o subsanación en cualquier momento dentro del respectivo expediente judicial y no afecta la legitimidad de la operación ni, mucho menos, tiene entidad como para tornar inexistente al derecho de dominio que la actora titulariza sobre los inmuebles en discusión.

Así el juez de grado tuvo por acreditada por parte de la actora, la adquisición por subasta judicial efectuada en los autos caratulados “COMUNA DE ROLDÁN C/ ENRIQUE NT GRASSIS Y/U OTROS S/ APREMIO” – (ExpteT N° 1078/82) y con la copia obrante a fs. 43 del oficio librado al Registro General de la Propiedad por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 4° Nominación de Rosario, la toma de posesión el día 11 de junio de 1984 (fs. 43). La demandada adquirió la posesión de los inmuebles el 5 de octubre de 2007 mediante un contrato de cesión onerosa de derechos, que celebró con el Sr Oscar Luis Dutto (fs.108/109), quien los había adquirido dentro de la venta directa dispuesta en los caratulados “Garrone Miguel A s/ Quiebra” (Expte. N° 30/85), siéndole adjudicados los lotes mediante resolución N° 1244 de fecha 20 de octubre de 19 97 dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 2daT Nominación de Rosario (fs.44).

Luego de cotejar las distintas fechas y modos de transmisión que colocaran a las partes en la situación litigiosa, el a-quo encuadra dichos antecedentes en doctrina y jurisprudencia que cita y concluye: “que la situación jurídica subjetiva invocada por la actora (derecho de dominio adquirido en subasta judicial) es perfecta, legítima y anterior a la invocada por la demandada debiendo, por tal motivo, prevalecer por sobre el derecho esgrimido por esta última”. Cita luego derecho positivo (arts. 276, 2790 2794 y concordantes del Código Civil) y se inclina por hacer lugar a la demanda, condenando a la demandada a restituir a la actora la posesión del inmueble en cuestión con todos los accesorios adheridos físicamente al mismo (cita en doctrina a Borda, T°. II, pág. 512) e le impone los gastos causídicos a la vencida en función del principio objetivo consagrado en el artículo 251 del C.PC.C.

La argumentación que sustenta el razonamiento jurisdiccional del sentenciante recurrido es clara y fundada en doctrina y jurisprudencia y no contradice el derecho positivo.Podrá haber entrado en un campo doctrinario de naturaleza opinable pero no ha razonado arbitrariamente al explicar motivos y fundamentos de su conclusión, los que no resultan ni absurdos, ni caprichosos, o fundados en su sola voluntad.

Por expresión de agravios se entiende el escrito en el cual el apelante examina los fundamentos de la sentencia y concreta los errores que a su juicio ella contiene, de los cuales derivan los agravios de que reclama, por lo que debe considerarse desierto el recurso si se ha configurado la hipótesis de deserción por carencia de los agravios, no habiéndose aportado ningún elemento nuevo de convicción y otras razones que justifiquen una solución distinta de la adoptada por el “a quo” (C.Civ y Com. Rosario, Sala IV 26/9/94; “Guastavino, Deolindo e. Aldo Cirilo Barichelo s. Juicio ejecutivo”. Juris, 94-578 , N° 978 ).

Solo tendrá entidad procesal para obtener la apertura de la jurisdicción del ad quem la expresión de agravios que contenga una verdadera y clara crítica -razonada y concreta- de la resolución recurrida; un minucioso y preciso estudio de la sentencia y condense los argumentos y motivos que tienden a demostrar la existencia de errores cometidos por el juez inferior.

Debe estar efectuada de tal manera que el tribunal de alzada pueda apreciar, de su lectura, en qué puntos y por qué motivos el apelante se considera perjudicado en sus derechos.

No podrá abrirse debidamente esta instancia revisiva cuando únicamente existe en dicho memorial una referencia a meras discrepancias parciales o totales con las conclusiones del inferior, ya que el ad quem habrá de considerar a la parte como conformando todos aquellos aspectos de la sentencia inferior de los que no haya concretado agravio contundente y específico.

La expresión de agravios no se agota en la formulación de términos de disconformidad. Constituye una verdadera carga procesal. No se trata de ajustarse a fórmulas sacramentales rígidas o inmutables.Debe contener un minucioso y preciso estudio de la sentencia y especialmente justificar la condena que hace de los fundamentos y motivos que demuestran los errores que se atribuyen al juez a quo al estructurar el pronunciamiento objeto de análisis. Es decir, no puede valerse de una óptica parcializada de los fundamentos y motivos del decisorio recurrido, sino que debe hacer una crítica que evidencie la fortaleza de la argumentación que intenta oponerse a la del sentenciante criticado.

Es fundamental que estos errores estén no solo sustentados en cuanto a su calificación con disfavor, sino que deberá también relacionárselos directamente con específicos puntos y razones por los que cabe considerar perjudicados los derechos del recurrente en el marco del decisorio tomado en integridad.

“Se ha definido a la expresión de agravios como el escrito en el cual el apelante examina los fundamentos de la sentencia y concreta los errores que a su juicio ella contiene, de los cuales derivan los agravios que reclama. Expresar agravios, en su estricta acepción, significa refutar y poner de manifiesto los errores (de hecho o de derecho) que contenga la sentencia y que la impugnación que se intente contra ella debe hacerse de modo tal que rebata todos los fundamentos esenciales que le sir van de apoyo. La expresión de agravios no requiere formulaciones sacramentales, bastando que se articulen impugnaciones razonadas, concretas y objetivas, sobre los errores que se atribuyen a la sentencia y la descalifiquen como verdad conclusiva, pero en el escrito en consideración no se siguen los razonamientos del juez exteriorizados en los considerandos. Al no haber una crítica razonada del fallo, no se demuestran los motivos de disconformidad con los argumentos que contiene; no se determina el error de la sentenciante que avale la revocación por injusta, de su decisión de alzada.” (CvCivv y Comv Sala III, 15/3/06; “San Cristóbal Caja Mutual el Boyovich, Elbio y Otros s/ Ejecutivo”, D.J.J., Juris, Rosario, miércoles 11 de abril de 2007, p.2).

Si no hubiera expresión de agravios o esta resultara insuficiente el recurso deberá ser declarado desierto.

Expresados los argumentos fundantes de la sentencia bajo recurso se verá que la parte demandada al agraviarse simplemente señala otro modo de razonamiento posible y de interpretación de la situación fáctica que se extrae de la documentación analizada por el a-quo.

En principio se trata de una expresión de disconformidad con lo resuelto pero sin que los motivos y fundamentos del sentenciante se pongan en verdadera crisis por falta de sustentación.

El titular de la acción real de reivindicación es el propietario de la cosa y el sujeto pasivo el actual poseedor, la misma tiene por objeto que el accionado restituya la posesión al actor y constituye un medio eficaz para la defensa del derecho de dominio. Cierto es que corresponde la carga probatoria al actor de la calidad de propietario del inmueble que reclama, pues tiende a aniquilar la presunción de dueño que ampara al poseedor material colocándolo en situación de incluso prescribir adquisitivamente el inmueble.

Cierto es que el dominio es perpetuo y no se pierde por no ejercitarlo y tampoco por el transcurso del tiempo, a no ser que el propietario haya dejado poseer la cosa por otro durante el lapso requerido para adquirir la propiedad por usucapión.

La acción reivindicatoria está dirigida, entre otras cosas, a preservar al propietario de la aniquilación de su derecho, mediante la obtención de la restitución de la posesión.

Cuando el dueño de un bien se vea despojado de la posesión por otra persona ha de dirigir la acción reivindicatoria en contra del actual poseedor, conforme lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Córdoba (Sala de Casación Civil y Agraria), en sentencia de 12 de diciembre de 2002.

Allí se dijo que esta acción debe dirigirse contra el actual poseedor del inmueble pretendido por ser el único con actitud jurídica y material para disputarle al demandante el derecho de dominioalegado.

El demandante ha de ser el titular de derecho de dominio, y el demandado ostentar la posesión material sobre el bien objeto de reivindicación.

Si la actora adquirió la posesión en fecha 11 de junio de 1984 y la posesión por parte de la Municipalidad comenzó en 5 de octubre de 200, al tiempo de iniciación del proceso reivindicatorio y del aseguramiento probatorio, no había transcurrido el plazo necesario para esgrimir la defensa de usucapión por parte de la Municipalidad.

Así esta defensa resulta improcedente aunque hubiera habido abandono por parte de la actora, pues nadie reclamó el dominio dentro del plazo de ley.

La forma y modo en que se analizara la prueba en anterior instancia resulta adecuada y correcta; se dirigió el razonamiento a establecer cuál de las partes tenía u ostentaba mejor título que la otra.

Si el 18 de diciembre de 1985 se declara la quiebra del Sr Garrone y se ordena la liquidación de sus bienes, el Dr Dutto no podría haberlos adquirido sino después de esa fecha y la demandada adquirió la posesión de los inmuebles el 5 de octubre de 2007; pero ocurre que, más allá de los defectos registrales que puedan mencionarse y que el a-quo ha señalado como perfectamente subsanables en cualquier tiempo, la hoy actora había cumplido con los recaudos necesarios para incorporar los terrenos a su patrimonio con anterioridad.

Se coincide en que no hay disenso en cuanto a que la actora pagó el precio por el cual se subastaron los terrenos, y se la colocó en posesión de ellos, remitiéndose además, el oficio correspondiente a los fines de la inscripción de la subasta en el Registro, conforme a lo preceptuado en el artículo 505 del C.PC.C. en base a las actuaciones y resoluciones adoptadas en los caratulados “COMUNA DE ROLDÁN C/ ENRIQUE N GRASSIS Y/U OTROS S/ APREMIO” – (Expte. N° 178 / 82), respecto de los inmuebles (fs.43) oficio librado al Registro General de la Propiedad por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 4 ° Nominación de Rosario, donde también consta la fecha de la toma de posesión por la actora en el día 11 de junio de 19 84 (fs. 43), agotándose la ejecución de las exigencias requeribles a la adquirente.

Tal Afirmación pasa por alto la relevante circunstancia de que Miguel Ángel Garrone es la misma persona ejecutada primero por la Municipalidad y luego declarada en estado falencial, ordenándose la subasta de sus bienes, previamente desapoderados por el juez de la quiebra, quien ordenó la liquidación vía la ejecución de los bienes del fallido.

Es por ello que la misma Municipalidad que inició e l juicio de ejecución fiscal en el cual se efectuó la primera subasta de estos bienes no pudo haber ignorado que el fallido era el titular ya desposeído, no por la quiebra sino desde antes, por la ejecución en juicio de apremio, al ter minar adquiriendo bienes ya subastados en juicio iniciado por ella.

Así si la actora se vio perjudicada por un error de terceros no puede hacérsele cargar con las consecuencias del mismo; aun cuando ese error la habría llevado a adquirir una parte indivisa del dominio mediante la operación registrada al Tomo 195, Eolio 38, N° 108286 y la parte indivisa restante la obtuvo mediante la compra inscripta al Tomo 286, Folio 320, N° 220910 y este error resultaría para ella subsanable en los términos y tiempos en que señalara el juez de primera instancia.

Todas cuestiones reparables sin límite de tiempo en la forma y modo expuestos por el sentenciante anterior.

Para que un título resulte dotado de suficiencia debe ser verdadero y aplicarse a la cosa transmitida, y ser perfectamente válido; cuando haya sido obtenido con “mala fe” no lo será; y en el caso no puede decirse que la Municipalidad poseyó sin que, actuando con la debida prudencia, atención y dedicación esperables de su rolsocial dentro de la comunidad, no tuviera razones suficientes para considerar que el error en que incurriera fuera excusable.

La diligencia socialmente esperable era exactamente la contraria que estuviera en pleno conocimiento que había ejecutado ya en otro juicio los terrenos que estaba adquiriendo del comprador directo en la quiebra del Sr. Garrone, oportunamente desposeído a tenor del trámite falencial.

La municipalidad demandada en autos no puede escudarse en un actuar de buena fe para justificar su desconocimiento sobre el dominio de los terrenos cuya administración, para el cobro de ingresos públicos, le son confiados.

Es por ello que la Municipalidad si bien pudo alegar como lo hizo, fallas registrales; no puede eximirse de su parte de responsabilidad, dado el mayor grado de compromiso que es dable exigir de los órganos públicos en las funciones que el pueblo les delega.

En cuanto al pedido de la parte demandada los agravios no habrán de prosperar en cuanto se ordena la reivindicación de los inmuebles, con costas.

Además cabe considerar los agravios de la parte actora en cuanto al pedido de resarcimiento denegado por el a-quo.

Que resulta cierto que la demandada al contestar la demanda admite que la actora se ha visto perjudicada; lo que discute es la titularidad de la responsabilidad.

Con lo referenciado a la inexistencia de una posible “buena fe” de parte de la demandada que le per mitiera alegar error excusable y sin perjuicio que pudiere eventualmente reclamar con éxito (y según la prueba en juicio pertinente), de otro responsable el reintegro de lo que abonare a la actora en los presentes, no puede esquivar el reconocimiento de la existencia de un perjuicio para la demandante por raz ón de haber estado usando en su propio beneficio los lotes en cuestión.

Así como ha reconocido que la actora fue perjudicada, tampoco negó en su conteste la explotación de los lotes mediante sembradíos, con la consiguiente obtención y apropiación de frutos derivados de esa actividad y mediando una posesión técnicamente detentada, todos hechos afirmados por la actora en su demanda.

Nohabiéndose acreditado por la actora la existencia de una intimación a la demandada en tiempo anterior a la notificación de la demanda, corresponde tener por intimación a la cédula notificatoria de la demanda. Pero a falta de esta, habrá de tomarse la de comparendo de la demandada de fs. 54; esto es, el D de Septiembre de 2011.

El pedido de la actora refiere al resarcimiento por la desposesión e incluye la obtención y apropiación de frutos derivados de la realización de las cosechas realizadas.

Estos rubros son de difícil determinación cuantitativa y también resultan para la actora una cuestión descubierta en un tiempo en que no puede saber por sí y a ciencia cierta qué era lo sembrado y durante qué tiempo se prolongó tal actividad, por lo que su desconocimiento no deriva de una actitud propia; tampoco se conoce los registros que de dichos cultivos pudo o no haber realizado la demandada, (nótese que la parte actora incluso habla de la posibilidad de que haya dispuesto gratuitamente del resultado de la explotación)1 El desconocimiento es total tanto sobre lo plantado, cosechado, vendido, regalado, o que de cualquier otra manera se pudo haber dispuesto de los frutos derivados de su propiedad.

Entiendo que lo explicado en el párrafo anterior torna posible derivar la cuestión determinativa del perjuicio (si bien reconocido pero no en su extensión) y su reparación ameritan recurrir a las soluciones propuestas por el legislador en el artículo 245 del C.PC.C.S.F, tal como ha sido aceptado en otros casos por nuestro máximo tribunal provincial.

A modo de ejemplos: C.S.J.S.F PRO-AR S.R.L. c/Sociedad de Beneficencia Hospital Italiano Garibaldi s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Juicio ordinario (Expte. CSJ N° £5-99), sentencia del 18 de abril de 2QQL:”Aún cuando el artículo 245 del Código Procesal Civil y Comercial inserto en la sección destinada a la sentencia, aparece como el conducto procedimental para determinar el quantum de un rubro incierto, no se advierten reparos ni forzamientos hermenéuticos que impidan regular también la determinación del objeto de una condena” o mejor ajustado al caso, C.S.J.S.F 11/09/96 , Bartolotta, José Antonio c/ S.a.d.a.i.c. -Rosario- s/ Nulidad de Despido. Recurso de Inconstitucionalidad: “Los juzgadores cuentan dentro de sus facultades, en pos de remediar deficiencias probatorias, con la posibilidad de acudir al procedimiento establecido en el artículo 245 del Código Procesal Civil y Comercial (aplicable por remisión del artículo 128 del Código Procesal Laboral), el que dispone que, en caso de que la sentencia contenga condenación al pago de determinados rubros y no sea posible determinar su importe en cantidad líquida, o las bases sobre las que haya de hacerse la liquidación, se proceda al nombramiento de árbitros o se establezca prudencialmente su monto, siempre que, en ambos casos estuviera probada la existencia de aquéllos”.

En el caso considero probado el perjuicio (explotación vía sembrado, obtención y apropiación de frutos derivados de un lote rural o rustico ajeno); todo por admisión o silencio en la contestación de demanda (artículo 43 C.PC.C.C.S.F), de muy difícil estimación el quantum de los rubros no desmentidos; lo que torna posible recurrir al juicio sumarísimo previsto por el artículo 245 del mismo cuer po ritual mencionado para su determinación.

Voto pues parcialmente por la afirmativa.

A la misma cuestión, dijo el Dr. Chaumet Compartiendo los argumentos expuestos por el Dr. Cúneo, adhiero a su voto.

A la tercera cuestión, dijo el Dr Cúneo:

Corresponde: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, con costas a la vencida (art.25L C11PC1) 2) Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la actora, con costas a la demandada vencida (art. 25L C.PC.). 3) Diferir el contenido del resarcimiento reconocido en el punto 2° al resultado del juicio sumarísimo que tramitará ante la primera instancia. 4) Regular los honorarios en esta instancia en el 50% de los que en definitiva corresponda en la instancia anterior.

A la misma cuestión, dijo el Dr. Chaumet El pronunciamiento que corresponde dictar en los presentes autos, es el que formula el Dr. Cúneo. En tal sentido voto.

Seguidamente, dijo el Dr. Rodil: Habiendo tomado conocimiento de los autos, y advirtiendo la existencia de dos votos coincidentes en lo sustancial que hacen sentencia válida, me abstengo de emitir opinión (art. 26, ley 10.160).

Con lo que terminó el Acuerdo, y atento sus fundamentos y conclusiones, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, integrada;

RESUELVE 1 Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, con costas a la vencida (art. 25L C. PC.) 2. Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la actora, con costas a la demandada vencida (art. 25L C.PC.). 3. Diferir el contenido del resarcimiento reconocido en el punto 2° al resultado del juicio sumarísimo que tramitará ante la primera instancia. 4. Regular los honorarios en esta instancia en el 50% de los que en definitiva corresponda en la instancia anterior.

Insértese, hágase saber bajen y déjese nota marginal de esta resolución en el protocolo del juzgado de origen. (“RECALDE CUESTAS, MARÍA JOSÉ C/ MUNICIPALIDAD DE ROLDAN S/ ACCIÓN DE REIVINDICACIÓN” – Expte. N° 47/15).

CÚNEO

CHAUMET

RODIL (Art. 26 L.O.P.J.)