Condena al demandado a abonar una indemnización por el daño provocado por la falsa acusación de un delito- imputó a su hermano haber privado de su libertad al padre de ambos que falleció durante el proceso- y cuya mendacidad fue comprobada en sede represiva.

False-Accusation-by-Anonymous-Accuser-2Partes: P. C. N. c/ P. F. H. s/ daños y perjuicios y acumulado V. S. M. c/ P. F. H. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: I

Fecha: 28-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-98123-AR | MJJ98123 | MJJ98123

Indemnización por el daño provocado por la falsa acusación de un delito a su hermano y cuya mendacidad fue comprobada en sede represiva. Cuadro de rubros indemnizatorios.

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Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que condena al demandado a abonar una indemnización por el daño provocado por la falsa acusación de un delito- imputó a su hermano haber privado de su libertad al padre de ambos que falleció durante el proceso- y cuya mendacidad fue comprobada en sede represiva, siendo insusceptible de rectificación en sede civil lo decidido sobre la culpabilidad del condenado, que actuó con el dolo exigido por el tipo penal.

2.-El demandado no puede discutir en sede civil si actuó o no con dolo ya que la cuestión ha sido zanjada en sede penal, siendo la verificación de la existencia del hecho constitutivo efectuada por el juez penal, definitiva.

3.-No basta para la configuración del delito de calumnias previsto en art. 109 del CPen. la falsedad objetiva, entendida esta como el resultado de omisiones o de falsas o incompletas informaciones; además se requiere la falsedad subjetiva, es decir que el autor de la imputación haya mentido a sabiendas, teniendo por acreditada su configuración en el caso con las constancias de esas actuaciones.

4.-Si bien es admitido jurisprudencial y doctrinariamente que la declaración de culpabilidad del imputado no le impide invocar en sede civil la culpa concurrente de la víctima, admitir esa posibilidad equivaldría poner en discusión las causas que llevaron al demandado a formular la falsa denuncia, circunstancias que han sido evaluadas y entendidas como configurativas del tipo penal en la sede represiva.

5.-No le asiste razón al apelante en cuanto sostiene que los intereses deben correr a partir de la sentencia, toda vez que esta se limita a reconocer un daño que ya se había producido.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil dieciseis, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala «I» de la Cámara Civil, para conocer de los recursos interpuestos en los autos: «P, CN C/ P F H S/ DAÑOS Y PERJUICIOS» y V, S M C/ P F H S/ DAÑOS Y PERJUICIOS respecto de la sentencia corriente a fs. 165/183 y 253/270 respectivamente de estos autos, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el orden siguiente: Dras. GUISADO, CASTRO y UBIEDO.

Sobre la cuestión propuesta la Dra. GUISADO dijo:

I.- Que contra la sentencia dictada a fs. 165/185 de estas actuaciones se alza el demandado quien expresa agravios a fs. 223/228, los que fueron contestados a fs. 230/231.

En el expediente acumulado n°, la sentencia reproducida a fs. 253/270 fue apelada por ambas partes. La actora expresó agravios a fs. 302/306, los que fueron respondidos a fs.

325/327. El demandado presentó su memorial a fs. 308/315 que fue contestado a fs. 317/327.

La sentencia recurrida condenó a F H P a abonar a CN P la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000) y a S M V la de Pesos Cincuenta y Cinco Mil ($55.000) como indemnización por el daño que les provocó la acusación que aquél efectuara el día 29 de septiembre de 2006 en la comisaría 17 de esta Ciudad cuya mendacidad fue comprobada en sede represiva.

El demandado, en ambos expedientes, cuestiona la responsabilidad que se le atribuyera, los montos indemnizatorios y los intereses fijados.En el expediente n° 113.138/2009 la actora también se queja de las sumas otorgadas que considera exiguas.

Liminarmente, cabe recordar que la expresión de agravios es un acto de impugnación destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal (conf. Art. 265 del ritual), pues tiene la trascendencia de una demanda destinada a abrir la segunda instancia, al punto tal que sin expresión de agravios aquélla se halla imposibilitada de entrar a verificar la justicia o injusticia del acto apelado (conf. Fenochietto-Arazi, «Código Procesal Civil y Comercial comentado», T I, pág. 939).- Por el ello el contenido de la impugnación se relaciona con la carga que incumbe al apelante de motivar y fundar su queja como acto posterior a la concesión del recurso, constituyendo una crítica razonada que no se sustituye con una mera discrepancia, sino que implique el estudio de los razonamientos del Juzgador, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas. La ausencia de dichos requisitos trae aparejada la deserción del recurso en cuestión (conf. Art. 266 del mismo cuerpo legal).- Desde esta perspectiva entiendo que el agravio aludido no cumple acabadamente con dichas prerrogativas pues no constituye una crítica concreta y razonada que permita evaluar la sinrazón de la decisión adoptada por el Sr. Magistrado en tanto no explica acabadamente las razones que sustentarían, a su criterio, el apartamiento de lo decidido en la sede represiva.-

Sin embargo, dado el tenor de los hechos y derechos que se encentran en juego, intentaré dar respuesta a las inquietudes planteadas.- II.- Ante todo cabe destacar que por imperio del art. 7 del nuevo Código, la normativa aplicable para el tratamiento de las quejas relativas a la responsabilidad y monto de las indemnizaciones resulta aquella vigente al tiempo de la ocurrencia del hecho. Ello es así porque es en esa ocasión en la que se reúnen los presupuestos de la responsabilidad civil, discutidos en esta instancia (conf.Aída Kemelmajer de Carlucci, «La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes», ed. Rubinzal Culzoni, doctrina y jurisprudencia allí citada).Sentado ello por un orden metodológico se tratarán primeramente los agravios relativos a la responsabilidad.

El juez de grado encuadró la cuestión en la órbita de los artículos 1089 y 1090 del Código Civil. Asimismo, en virtud de las constancias y pronunciamientos dictados en la causa n° 34.663/35.230 «P, F H s/ art. 109 del Código Penal» entendió que son de aplicación en la especie los art. 1101 a 1103 del mismo Código.

En el marco de tales actuaciones el demandado fue condenado por el delito de calumnias en virtud de la falsedad de la denuncia que da sustento fáctico a estas actuaciones y que tramitó en la causa n° 13.477/2010. La Sala de Casación Penal confirmó la sentencia de la anterior instancia que tuvo por acreditado que el Sr. F H P actuó con el dolo exigido por el tipo penal.

En dicha oportunidad el juez correccional Dr. Candela entendió que la mera lectura de cómo se fueron desarrollando los acontecimientos que comprendieron la lógica de la causa donde se generó la supuesta falsa imputación consistió en probar que el padre del aquí demandado estaba siendo víctima de un intento defraudatorio que atentaba contra su patrimonio y que tenía como base el engaño, todo ello aprovechándose de su deterioro psicofísico a causa de su enfermedad provocando en forma maliciosa su involución médica dado que ésta resultaba una cuestión secundaria a la material. (ver fs. 178/87 de la citada causa) Continuó diciendo en base a la valoración del material probatorio que tales parámetros sumados a las falsedades que además se desprende, permiten afirmar con la certeza exigida que los hechos se hallan probados y que el demandado actuó con el dolo directo requerido en el tipo previsto en el art.109 del Código Penal.

Concluyó que no existen dudas que el querellado realizó un imputación de un delito que nunca existió y que estaba al tanto de la falsedad de la imputación. Tal fue el fundamento de la condena penal.

El demandado no discute el encuadre jurídico, sin embargo, afirma que no se trata de un supuesto de responsabilidad objetiva y que le asiste derecho a discutir en este proceso su culpabilidad. Adelanto desde ya que no le asiste razón alguna en su planteo.

En efecto los límites de la autoridad de cosa juzgada que tiene la sentencia penal firme, condenatoria del acusado, están indicados en el art. 1102 del Código Civil. Esta disposición rige tanto para quienes fueron parte en el proceso penal, como respecto de los terceros, dado que la cosa juzgada puede ser invocada inclusive de oficio (conf. Salas A. E. «Código Civil anotado», t. 1, p. 567, coment. art. 1102 y jurisprudencia cit.en nota 7 y 8).

El precepto, por lo demás, define dos cuestiones que tienen un carácter irreversible.

En primer lugar, la verificación de la existencia del hecho constitutivo efectuada por el Juez penal, es definitiva, por cuanto no cabe discutir en la instancia civil que el mismo no existió o que el condenado no fue su autor, si sobre esos rubros existe un pronunciamiento de los tribunales represivos que no admite revisión.

En este sentido, la calificación del hecho principal sobre la cual se funda la condena, hace cosa juzgada y no puede rectificarse por el juez civil, tal como ocurre con la verificación de las circunstancias referentes al hecho principal, como lugar y tiempo en el que se produjo o el modo en el que el mismo aconteció.

En segundo lugar, resulta insusceptible de rectificación en sede civil lo decidido sobre la culpa del condenado, asunto que ya no es materia de prueba ni cae bajo la apreciación del juez civil, quien debe aceptar la calificación de culpabilidad dada por los tribunales represivos y tenerse por juzgada la ilicitud en que se funda dicha condena (conf. Llambías J.J., «Límite de la cosa juzgada penal en materia de responsabilidad civil», E.D. 84-771, y citas de Mosset Iturraspe, «Responsabilidad por daños», t. I, n° 108, p. 297; Acuña Anzorena en Salvat, «Fuentes de las obligaciones», t. IV, n° 2952, nota 26 a); Borda, «Obligaciones», t. II, n° 1616, entre otros, en esta Sala I expte. n° 9033/2009 del -8-2015).

En el caso, el Tribunal de Casación entendió que no basta para la configuración del delito de calumnias previsto en art. 109 del Código Penal la falsedad objetiva, entendida esta como el resultado de omisiones o de falsas o incompletas informaciones.

Dispuso que se requiere la falsedad subjetiva, es decir que el autor de la imputación haya mentido a sabiendas.Ello, explicó aquel Tribunal, se trata de un aspecto del dolo que debe ser directo y no eventual y tuvo entonces por acreditada su configuración en el caso con las constancias de esas actuaciones (ver fs. 238 vta./239 de la causa 34.663 /35.230).

Por lo tanto, entiendo que el demandado no puede discutir en esta sede si actuó o no con dolo ya que la cuestión ha sido zanjada en sede penal, resultando en este aspecto aquella decisión vinculante para los magistrados de este fuero.

Los argumentos que expone relativos a las circunstancias fácticas refieren a las que se tuvieron en cuenta en la causa 13477/2010 en la que se desestimó la denuncia efectuada por su parte, pero no son aplicables a la causa n° 34.663/35.230 en base a cuya condena -y en virtud de lo dispuesto en el art. 1102 del Código Civil- se determinó la responsabilidad del emplazado también en esta sede.- En otro orden de ideas el recurrente también alega que existió un hecho de la víctima (su hermano) que motivó la realización de la denuncia al no informarle el paradero de su padre. Si bien es admitido jurisprudencial y doctrinariamente que la declaración de culpabilidad del imputado no le impide invocar en sede civil la culpa concurrente de la víctima (Kemelmajer de Carlucci. A. Comentario al art. 1102 en Belusccio (dir) Zanonni (coor) «Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado», Ed. Astrea, 1994, pág. 306), en el caso, admitir esa posibilidad implicaría permitir que el imputado cuestione su propia culpabilidad, dada la forma en ya fue resuelta la cuestión. Admitir tal postura equivaldría poner en discusión las causas que llevaron al demandado a formular la falsa denuncia, circunstancias que han sido evaluadas y entendidas como configurativas del tipo penal en la sede represiva,.

Como ya se ha dicho, el conflicto no admite ser reeditado en esta instancia por los fundamentos aludidos.

Por lo expuesto, y compartiendo el criterio y decisión adoptada por el Sr.Magistrado que ha dado adecuado tratamiento a la controversia, es que desestimaré las quejas bajo estudio, proponiendo confirme este punto disidente.

III.- Corresponde entonces evaluar las partidas indeminizatorias otorgadas, comenzando por las presentes actuaciones (expte. n° 108.086/2009).-

El juez de grado estableció en Pesos ciento Mil ( $100.000) el resarcimiento en concepto de daño moral a favor del Sr. CN P.-

Al respecto es dable destacar que el daño moral es un daño jurídico, en la medida que lesiona los bienes más preciados de la persona humana. Es compartible que el daño moral es la lesión de razonable envergadura producida al equilibrio espiritual cuya existencia la ley presume y tutela y que atañe a una persona. (conf. CNCiv Sala B, 6-12-99 «Mesa Gladys c/ La Cabaña s/ daños y perjuicios»).- La evaluación del perjuicio moral es tarea delicada pues no se puede pretender dar un equivalente y reponer las cosas a su estado anterior, como en principio debe hacerse de acuerdo a lo dispuesto por el art. 1083 del Código Civil. El dinero cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede mediarse ni tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. La dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible las angustias, inquietudes, miedo, dolor físico y padecimientos propios de las curaciones (conf. CNCiv Sala F, 17-4-95 «Piromalti Jerónimo c/ Codesimo Gustavo s/ sumario»).- No obstante ello entiendo que sin perjuicio del daño antes aludido debe también en este caso tenerse en cuenta que el honor es un derecho personalísimo que puede definirse como la dignidad personal reflejada en la consideración de terceros y en el sentimiento de la persona misma (conf. Rivera Julio «Instituciones de Derecho Civil-Parte general», Abeledo Perrot, 2 da. Ed. Buenos Aires, 2000, t I p.109).

Teniendo en cuenta estos dos extremos invocados entiendo que debe valorarse con precisión cada caso en particular y de acuerdo con las circunstancias que lo han rodeado.

En la especie, el demandado imputó a su hermano haber privado de su libertad al padre de ambos que falleció durante el proceso. El actor fue detenido por personal policial. Luego, el demandado se constituyó como querellante acusándolo de intentar realizar una maniobra fraudulenta para perjudicarlo patrimonialmente.

Recién en diciembre de 2007 fue confirmado el sobreseimiento del actor (fs. 1, 85, 145/147, fs. 506/508 de la causa 13.477).- Así entonces considerando las constancias de la causa penal, que el actor tenía 61 años al momento de interponer la demanda, era soltero, empresario, (fs. 19) y lo establecido por el art. 165 del ritual, considero adecuada la suma otorgada en la instancia de grado y propongo su confirmación, desestimando así la queja del demandado.-

IV.- Corresponde ahora analizar las partidas otorgadas en el expte. n° 113.138/2009 en cuanto han sido materia de agravio,. a) El juez de grado estableció en Pesos Cincuenta Mil ($50.000) la indemnización en concepto de daño moral a favor de S M Vs.- La actora se queja porque considera que el monto es exiguo, y pretende sea valorado en forma independiente al daño psicológico, sin advertir que así lo hizo el juez de grado y que además, la suma que otorgó en este concepto fue la reclamada en la demanda.- El demandado, por su parte, cuestiona la procedencia del rubro, soslayando que en caso de hechos ilícitos procede «in re ipsa» y solicita, en su caso, la disminución del monto reconocido.-

Consideraré para la cuantificación, que la Sra. Vs era allegada a la familia y fue acusada de haber privado a F F P de su libertad, habiendo ayudado a sacarlo de su casa contra su voluntad. Por ello, padeció secuelas psicológicas que se analizaran seguidamente, pero que repercuten en su subjetividad. Su sobreseimiento fue confirmado en diciembre de 2007.Teniendo en cuenta, además, que al momento de interposición de la demanda, ella tenía 60 años era soltera y ejercía la profesión de abogada, en uso de las facultades que me confiere el art. 165 del rito, consideró adecuada la suma fijada en la otra instancia y propongo su confirmación.- b) Respecto del daño psicológico, se ha dicho que supone una perturbación patológica de la personalidad de la víctima, que altera su equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente. (conf. Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, t. 2a, Ed. Hammurabi, p. 189) y que se configura mediante la alteración de la personalidad, es decir, la perturbación profunda del equilibrio emocional de la víctima, que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso y que entrañe una significativa descompensación que perturbe su integración en el medio social. (conf. CNEsp. Civ. y Com., sala V, 15/11/82, citado por Daray, Accidentes de tránsito, p. 481, n° 15).

La prueba más idónea y eficaz a los fines de acreditar los daños psicológicos y la consiguiente incapacidad, es la prueba pericial que debe llevarse a cabo en las actuaciones, no sólo por tratarse de una materia técnica que torna relevante la opinión de los expertos a fin de conmensurar la índole de las secuelas y su gravitación negativa en la capacidad de los sujetos, sino también en función de las garantías de contralor en que se produce dicha prueba, esto es en el marco de un proceso judicial (esta Sala en libre n° 92.229/2005 en autos «Reynoso Marcela y otros c/ Herrera Valdez Félix Nicolás s/ daños y perjuicios», del 5/11/2013, entre otros).

En el informe obrante a fs.199/206 el médico psiquiatra expresó que la actora padece como consecuencia del ilícito una incapacidad parcial y permanente del 5% debido al desarrollo vivencial anormal neurótico postraumático con manifestación depresiva/obsesivo compulsiva de grado I/II que presenta y que no cuenta con recursos para su remisión total. (fs. 202 vta. 203). Ello sin perjuicio de su personalidad de base (fs. 205). En nada incide la impugnación de fs. 208/209 en la que el demandado solicitó nuevos estudios cuya realización no impulsó oportunamente.

Por lo expuesto hasta aquí, y considerando también las circunstancias personales de la víctima que detalle, entiendo que la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5000) reconocida en la instancia de grado es adecuada a los fines que se persigue, por lo que propongo su confirmación. Desestimo, por lo tanto, las críticas de ambas partes. c) Finalmente, la parte actora solicita se haga lugar a la reparación del rubro tratamiento psicológico rechazado en la otra instancia. El juez para decidir como lo hizo, consideró que su necesidad fue desestimada por el perito, quien explicó que no se advertía posibilidad de mejoría. Lo cierto es que no obra en el memorial argumento alguno tendente a desvirtuar esa conclusión.

En este sentido cabe recordar que la expresión de agravios es un acto de impugnación destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal (conf. Art. 265 del ritual), pues tiene la trascendencia de una demanda destinada a abrir la segunda instancia, al punto tal que sin expresión de agravios aquélla se halla imposibilitada de entrar a verificar la justicia o injusticia del acto apelado (conf. Fenochietto-Arazi, «Código Procesal Civil y Comercial comentado», T I, pág.939).-

Por el ello el contenido de la impugnación se relaciona con la carga que incumbe al apelante de motivar y fundar su queja como acto posterior a la concesión del recurso, constituyendo una crítica razonada que no se sustituye con una mera discrepancia, sino que implique el estudio de los razonamientos del Juzgador, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas. La ausencia de dichos requisitos trae aparejada la deserción del recurso en cuestión (conf. Art. 266 del mismo cuerpo legal).-

Desde esta perspectiva entiendo que la mención de esta solicitud en el petitorio del memorial y las consideraciones sobre el daño psicológico en el cuerpo del mismo, son insuficientes y no cumplen acabadamente con dichas prerrogativas pues no constituyen una crítica concreta y razonada que permita evaluar la sinrazón de la decisión adoptada por el Sr. Magistrado, propongo en consecuencia, confirmar el rechazo del rubro en cuestión.- V.- Abordaré para finalizar la queja efectuada en ambos expedientes sobre los intereses estipulados. El juez de grado dispuso la aplicación de la tasa activa cartera general préstamos nominal anual vencida a treinta días del Banco del Nación Argentina desde la fecha de interposición de cada una de las demandas (15/12/2015 en las presentes actuaciones y 29/12/2009 en las conexas) hasta el efectivo pago.

El demandado sostiene que no es de aplicación el plenario «Samudio» y que la mora no se produce sino hasta el dictado de la sentencia por lo tanto, no corresponde la aplicación de un interés moratorio antes de la misma.Asimismo, argumenta que la tasa implica una indexación prohibida en tanto los valores fijados son actuales.- Lo cierto es que el juez de grado mandó a correr los intereses desde las fechas antes señaladas y que claramente indicó que las partidas fueron cuantificadas a valores de esa misma fecha, circunstancias estas sobre las que no se ha producido agravio.- Por lo tanto, sin perjuicio del criterio sostenido por esta Sala (autos Aguirre Lourdes Antonia c/ Transporte Automotores Lanús Este S.A. s/ daños y perjuicios» del 17 de marzo de 2009 y sus citas; «Martínez, Eladio Felipe c/Díaz, Hernán Reinaldo s/ daños y perjuicios» del 15 de marzo del año 2013, entre otros) y la alegada falta de imperatividad de la doctrina plenaria – que el juez de grado especialmente contempló- dada la limitación jurisdiccional contenida en el art. 277 del ritual, no cabe sino desestimar la queja, toda vez que al no tratarse de valores actuales la argumentación del quejoso carece de sustento.- A igual solución cabe arribar, en cuanto al cómputo del «dies a quo». No le asiste razón al apelante en cuanto sostiene que los intereses deben correr a partir de la sentencia, toda vez que esta se limita a reconocer un daño que ya se había producido.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta también la limitación a la que antes aludí, corresponde confirmar también el fallo en este aspecto.- De acuerdo a las consideraciones que expuse, voto porque. 1°) Se confirme la sentencia de grado en todo lo que decide, manda y fue motivo de no atendibles agravios; 2°) Se impongan las costas de alzada en este expediente n° 108.086/2009 al demandado vencido (art. 68 CPCC); 3°) Se impongan las costas de alzada en el expediente acumulado n° 113.138/2009 al demandado en un 70% y a la actora en un 30% en orden la incidencia de los agravios que fueron rechazados en su totalidad.- Por razones análogas, las Dras.CASTRO y UBIEDO adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto.

Se deja constancia de que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Informática Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 24/13 de la C.S.J.N.-

MARIA LAURA RAGONI

Secretaria

Buenos Aires, 28 de marzo de 2016.

Por lo que resulta de la votación sobre la que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: 1°) Confirmar la sentencia de grado en todo lo que decide, manda y fue motivo de no atendibles agravios; 2°) Imponer las costas de alzada en este expediente n° 108.086/2009 al demandado vencido (art. 68 CPCC); 3°) Imponer las costas de alzada en el expediente acumulado n° 113.138/2009 al demandado en un 70% y a la actora en un 30% en orden la incidencia de los agravios que fueron rechazados en su totalidad; 4°) Para conocer en los recursos de apelación interpuestos a fs.187 y 188 bis., contra las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia de fs. 168/185 respecto de lo actuado en estas actuaciones, cabe ponderar las constancias de autos, la labor profesional apreciada en su calidad, eficacia y extensión, la naturaleza del asunto, el monto comprometido, las etapas cumplidas, el resultado obtenido y las demás pautas establecidas en los arts. 1, 6, 7, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432.

Teniendo ello en cuenta, los honorarios regulados a los letrados patrocinantes de la parte actora Dres. Catalina Rombola y CAlberto Tagliaferri no resultan reducidos, por lo que se los confirma.

Por la actuación en la alzada, atento el interés debatido en ella y las pautas del art. 14 de la ley 21.839, regúlense los honorarios del Dr.Mario Cecilio Pizzoni en la suma de ($.).

Asimismo para conocer en los recursos interpuestos a fs.272, 274 y 296 contra las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia dictada a fs.168/1185 respecto de la actuación profesional desarrollada en los autos caratulados «V S c/ P F s/ ds y ps» n° 113.138/09 conexos con estos, cabe ponderar las constancias de esas actuaciones, la labor profesional apreciada en su calidad, eficacia y extensión, la naturaleza del asunto, el monto comprometido, las etapas cumplidas, el resultado obtenido y las demás pautas establecidas en los arts.1, 6, 7, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432. Teniendo ello en cuenta, los honorarios regulados a los letrados patrocinantes de la parte actora Dres. Catalina Rombola y CAlberto Tagliaferri resultan reducidos, por lo que se los eleva a la suma de ($.) para cada uno de ellos.

Considerando los trabajos efectuados por el experto, su incidencia en el resultado del proceso, el art.478 del código procesal y la ley de arancel para abogados de aplicación supletoria, los honorarios regulados al perito F Hugo Macer resultan reducidos, por lo que se los eleva a la suma de ($.).

Por la actuación en la alzada, atento el interés debatido en ella y las pautas del art. 14 de la ley 21.839, regúlense en forma conjunta los honorarios de los Dres. Catalina Rombola y Rosendo Piñol y Sala en la suma de ($.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

PAOLA M. GUISADO

P ATRICIA E. CASTRO

CARMEN N. UBIEDO

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