La Corte solicitó informes de represas que podrían causar un grave impacto al Lago Argentino, los glaciares Perito Moreno, Spegazzini y Upsala y al Parque Nacional Los Glaciares.

parque-nacionalPartes: Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia c/ Santa Cruz, Provincia de y otro s/ amparo ambiental

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 26-abr-2016

Cita: MJ-JU-M-97993-AR | MJJ97993 | MJJ97993

La Corte solicitó informes respecto de las obras de dos represas que podrían causar un grave impacto al Lago Argentino, los glaciares Perito Moreno, Spegazzini y Upsala y al Parque Nacional Los Glaciares.

Sumario:

1.-Toda vez que las obras de construcción de dos represas en el territorio de Santa Cruz, tienen el potencial para alterar un amplio ecosistema, pudiendo afectar bienes de gran valor ambiental, económico y social no solo para sus vecinos, sino para toda la población argentina y del continente, corresponde previo a definir la competencia de la Corte, requerir al Estado Nacional que informe, en el plazo de treinta días, si han comenzado las obras cuestionadas, si es así, cuál es el estado de avance en ambos proyectos; si se han realizado estudios de impacto ambiental, acompañando copias certificadas en su caso; y si se han producido consultas o audiencias públicas, todo ello en el carácter que este Tribunal ostenta de custodio de las garantías constitucionales, y con fundamento en el art. 32 de la Ley 25.675 -Ley General del Ambiente-, en cuanto establece que el juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general.

2.-La adopción de medidas preliminares no implica definición sobre la decisión que pueda recaer en el momento que el Tribunal se expida sobre su competencia para entender en el caso por vía de la instancia prevista en el art. 117 de la CN.

Fallo:

Procuración General de la Nación

-I-

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia promueve una acción de amparo ambiental contra el Estado Nacional (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable) y la provincia de Santa Cruz (Subsecretaría de Medio Ambiente) a fin de que esa Corte ordene investigar y, en su caso, impida el comienzo de la construcción, en el rio Santa Cruz, de las represas ‘Néstor Kirclmer” y “Jorge Cepernic” situadas en la estancia Cóndor Cliff y en La Barrancosa, respectivamente, ambas en la provincia demandada.

Señala que inicia la presente acción por entender que no se han efectuado los estudios ambientales a los efectos de determinar cuál seria el impacto que dichos emprendirnientos podrian causarle al ecosistema, en particular, al Lago Argentino, a los glaciares Perito Moreno -declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco Spegazzini y Upsala, y al Parque Nacional Los Glaciares. Asimismo destaca que tampoco se efectuaron las consultas que, en atención a la envergadura de las obras, correspondia realizar.

Funda la acción en los articulos 41 y 43 de la Constitución Nacional, 11, 12, 13, 19,290 y 21 de la ley 25.675, y 1, 6 y 7 de la Ley de Protección de Glaciares (ley 26.639).

Asegura que la acción corresponde a la competencia originaria de ese Tribunal por su potencial incidencia interjurisdiccional en tanto el proyecto de las represas afecta al Parque Nacional Los Glaciares, a la provincia de Santa Cruz y al Estado Nacional.Agrega que no se puede descartar la existencia de dicha interjurisdiccionalidad por no haberse producido el daño, puesto que “es inminente que una obra del tamaño de la que se trata tiene para sí un efecto devastador que de ninguna manera puede ser soslayado”.

Peticiona el dictado de una medida precautelar y una cautelar en protección de los derechos ambientales invocados.

En ese estado, el Tribunal confirió vista por la competencia a este Ministerio Público.

-II-

En primer lugar, cabe recordar que el Tribunal ha reconocido la posibilidad de que la acción de amparo, de manera general, tramite en esta instancia, siempre que se verifiquen las hipótesis que surtan la competencia originaria prevista en los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional (reglamentados por el artículo 24, inciso 1, del decreto-ley 1285/58) porque, de otro modo, en tales controversias, quedarían sin protección los derechos de las partes en los supuestos contemplados por el artículo 43 de la Constitución Nacional y por la ley 16.986 (Fallos: 312:640).

Sentado 10 expuesto, entiendo que el asunto radica en determinar si en el sub examine se configuran dichos requisitos.

Al respecto, corresponde señalar que para que una provincia pueda ser tenida como parte y proceda, en consecuencia, la competencia originaria de la Corte prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional, es necesario que ella participe nominalmente en el pleito -ya sea como actora, demandada o tercero- y sustancialmente, es decir, que tenga en el litigio un interés directo, de tal manera que la sentencia que se dicte le resulte obligatoria (Fallos:312:1227; 330:103 ,173,1271,4804; 329:780,4390,4811).

Esa calidad de parte conlleva la necesidad de que sea titular de la relación jurídica sustancial en que se sustenta la pretensión, lo que debe surgir, en forma manifiesta, de la realidad jurídica más allá de la voluntad de los litigantes en sus expresiones formales, pues 10 contrario importaría dejar librado al resorte de éstos la determinación de tal instancia (Fallos: 326:1530 y sentencia in re C.1611. XLIII, Originario “Central Térmica Sorrento S.A. cl Santa Fe, Provincia de y otros si acción meramente declarativa de certeza”, del 24 de junio de 2008).

En mérito de ello, entiendo, prima facie y dentro del limitado marco cognoscitivo propio de la cuestión de competencia en examen, que dicho requisito no se verifica en autos.

En efecto, según se desprende de los términos de la demanda -a cuya exposición de los hechos se debe atender de modo principal para determinar la competencia, según los articulos 4 Y 5 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- la actora pretende que se produzca el estudio de impacto ambiental y las consultas que estima pertinentes antes del inicio de las obras referidas.

En ese marco, el alcance de dicha pretensión no permite atribuirle a la provincia de Santa Cruz el carácter de parte adversa, pues el objeto de1litigio demuestra que es el Estado Nacional el sujeto pasivo legitimado que integra la relación juridica sustancial, en tanto es el único que resultaria obligado, al ser el comitente de las obras para la construcción de las represas, y con posibilidades de cumplir con el mandato restitutorio del derecho que se denuncia como violado, en el supuesto de admitirse la demanda (v. Fallos: 330:555 , considerando 7°; 333:479 ) En circunstancias fácticas similares, esa Corte Suprema ha adoptado esta misma solución en el caso registrado en Fallos: 334:1342, remitiéndose al dictamen de esta Procuración General.

-III-

Por otra parte, para el caso de que se considerare que la actora esgrime alguna pretensión contra la provincia, la que, a mi entender, no está debidamente delineada en la demanda, cabe señalar que, como regla general, las causas referidas a cuestiones ambientales, en principio, corresponden a la competencia de los jueces locales, según lo dispone el articulo 41, tercer párrafo, de la Constitución Nacional, que establece que le cabe a la Nación “dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección” y reconoce expresamente que aquéllas no pueden alterar las jurisdicciones locales en la materia. Dicho texto constitucional se complementa con el articulo 32 de la Ley General del Ambiente (ley 25.675), que prescribe que la competencia judicial será la que corresponda a las reglas ordinarias de la competencia (v. también Fallos: 318:992 ).

Sentado lo anterior, y tal como lo ha resuelto el Tribunal, los procesos ambientales sólo tramitarán ante la competencia originaria de la Corte si, además de ser parte una provincia, la materia del pleito reviste naturaleza exclusivamente federal, para lo cual es necesario que se configure la inteIjurisdiccionalidad prevista en el artículo 7 de la ley 25.675. Esa norma dispone que la competencia corresponderá a los tribunales federales cuando “el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales”. Tal circunstancia, a mi modo de ver, no se cumple en autos, ya que no demostró la existencia de un daño inteIjurisdiccional concreto o, al menos, posible.

En este orden de ideas, la Corte, a través de distintos precedentes, ha delineado los criterios que deben tenerse en cuenta para determinar la procedencia de la competencia federal en razón de la materia ambiental, estableciendo que, en primer término, hay que delimitar el ámbito territorial afectado, pues, como lo ha previsto el legislador nacional, corresponde que el debate se refiera a un recurso ambiental inteIjurisdiccional (Fallos:327:3880 y 329:2316 ) o a un área geográfica que se extienda más allá de la frontera provincial (Fallos: 330:4234 ; 331 :1679 ).

Asimismo, es preciso recordar que la definición de la naturaleza federal del pleito debe ser realizada con especial estrictez, por lo que resulta necesario demostrar, con alguna evaluación científica, la efectiva contaminación o degradación según los términos de la Ley General del Ambiente- de un recurso ambiental inteIjurisdiccional, o, en su defecto, alguna evidencia que pruebe que resulta verosímil la afectación en las jurisdicciones involucradas (Fallos: 329:2469 y 330:4234).

En el sub lite, a mi modo de ver, la actora no logra demostrar este extremo pues, como ella misma lo señala, las obras se realizarán sobre un curso de agua, el rio Santa Cruz, que no traspasaria los limites de la provincia, por Jo que no ha conseguido encuadrar la cuestión debatida en los términos del artículo 7 de la Ley General del Ambiente (conf. artículo 330, incisos 3 y 6 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

En virtud de 10 expuesto y dada la indo1e taxativa de la competencia prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional y su imposibilidad de ser extendida, por persona o poder alguno, según el criterio adoptado por el Tribunal en el precedente “Sojo”, publicado en Fallos: 32:120, y reiterado en Fallos: 270:78; 285:209; 302:63; 322:1514 ; 323:1854 ; 326:3642, entre muchos otros, opino que este proceso de amparo resulta aj eno a la instancia originaria de la Corte. Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014.

ES COPIA

IRMA ADRIANA GARCIA NETTO

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 26 de abril de 2016

Autos y Vistos; Considerando:

1°) Que a fs.90/103, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia promueve acción de amparo ambiental contra el Estado Nacional (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable) y la Provincia de Santa Cruz, a fin de que se ordene investigar y, en su caso, se impida el comienzo de la obra correspondiente a las represas denominadas “Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic”, ambas localizadas en la provincia demandada, cuya construcción fue proyectada en el marco de la ejecución de los Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz, Cóndor Cliffo y La Barrancosao Señala que el motivo por el cual inicia la presente acción, es que no se habrían efectuado los estudios ambientales previos, a fin de establecer cuál sería el impacto que dichos emprendimientos podrían causarle al ecosistema, en particular al Lago Argentino, los glaciares Perito Moreno, Spegazzini y Upsala y al Parque Nacional Los Glaciares.Asimismo, destaca que tampoco se efectuaron las consultas c iudadanas que, en función de la envergadura de las obras, correspondía realizar.

Sostiene que la causa corresponde a la competencia originaria de este Tribunal por su potencial incidencia interjurisdiccional, en tanto el proyecto de las represas afecta al Parque Nacional Los Glaciares y a la Provincia de Santa Cruz y es el Estado Nacional el que programa las obras y dispone de los fondos respectivos.

Solicita que en forma previa a la apertura del amparo, se oficie a ambas demandadas a los efectos de que informen si han cumplido con la reali zación del estudio de impacto ambiental en los términos de los artículos 11, 12 Y 13 de la ley 25.675; y, asimismo, que se expida sobre el cumplimiento de las consultas y audiencias públicas previstas en los artículos 19, 20 Y 21 de la citada ley.

Para el caso de que la respuesta al punto anterior fuese negativa, peticiona el dictado de una medida cautelar mediante la cual se disponga la suspensión del inicio de la obra, hasta tanto se realice un estudio de impacto ambiental sobre toda la zona, como así también la consulta pública respectiva.

Aclara que la realización del estudio previo no significa, de ninguna manera, una prohibición del emprendimiento, sino que se trata de que el proceso de autorización no se funde solamente en la decisión basada en un informe de la propia empresa.Agrega que la magnitud del proyecto requiere una reflexión profunda, científicamente probada, socialmente partici-‘ pativa y valorativamente equilibrada.

Funda la acción en los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional, 11, 12, 13, 19, 20 y 21 de la ley 25.675, y 1, 6 y 7 de la Ley de Protección de Glaciares 26.639.

2°) Que las represas mencionadas significan un importante beneficio para el desarrollo de la región en la que están planificadas, pero es necesario asegurar que se haya evaluado de modo serio, científico y participativo su impacto ambiental.

Que esa necesidad surge porque se trata de obras de una magnitud considerable, con un gran potencial para modificar el ecosistema de toda la zona y esas consecuencias deben ser adecuadamente medidas teniendo en cuenta las alteraciones que puedan producir tanto en el agua, en la flora, en la fauna, en el paisaje, como en la salud de la población actual y de las generaciones futuras.

Que ello es más evidente aun si se tiene en cuenta la riqueza de la zona en la que están ubicadas, en cuanto a los recursos naturales disponibles.En las cercanías se ubican el Lago Argentino, los glaciares Perito Moreno, Spegazzini y Upsala y el Parque Nacional Los Glaciares, que constituyen bienes de un gran valor ambiental, económico y social no solo para quienes viven en el vecindario, sino para toda la población argentina y del continente.

Que, en consecuencia, existe evidencia de obras con suficiente relevancia como para alterar un amplio ecosistema, por lo que se hace necesario asegurar la sustentabilidad del desarrollo que se pretende.

3o) Que ello exige de esta Corte el ejercicio del control encomendado a la justicia sobre las actividades de los otros poderes del Estado.

La Constitución Nacional tutela al ambiente de modo claro y contundente y esta Corte Suprema ha desarrollado esa cláusula de un modo que permite admitir la existencia de un componente ambiental del estado de derecho.

Por esta razón, cabe señalar que la efectividad que se reclama para todos los derechos fundamentales, también debe ser predicada respecto de los de incidencia colectiva y en particular del ambiente.

Ello es así, pues le corresponde al Poder Judicial de la Nación buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que estos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y de tomar decisiones en los procesos que se someten a su conocimiento. No debe verse en ello una intromisión indebida del Poder Judicial cuando lo único que hace es tender a tutelar derechos, o suplir omisiones en la medida en que dichos derechos pueden estar lesionados (Fallos: 328:1146 ) .

Que de tal manera, el Tribunal como custodio que es de las garantías constitucionales, y con fundamento en la Ley General del Ambiente, en cuanto establece que “el juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general” (artículo 32, ley 25.675), ordenará las medidas que se disponen en la parte dispositiva de este pronunciamiento.

4º) Que esta Corte ha señalado la pertinencia de la adopción de medidas preliminares previas a la definición de su competencia, cuando los hechos de la causa lo justifican. Es que la adopción de esas medidas no implica definición sobre la decisión que pueda recaer en el momento que el Tribunal se expida sobre su competencia para entender en el caso por vía de la instancia prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional (conf. causas “Lavado, Diego Jorge y otros cl Mendoza, Provincia de y otro” , Fallos: 330:111; “Salas, Dino y otros cl Salta, Provincia de y Estado Nacional” , Fallos: 331:2797; CSJ 175/2007 (43-V)/CS1 “Vargas, Ricardo Marcelo c/ San Juan, Provincia de y otros si daño ambiental” , sentencia del 24 de abril de 2012)

Por ello, oída en esta instancia la señora Procuradora Fiscal subrogante, sin perjuicio de lo que en definitiva se decida, se ,resuelve requerir al Estado Nacional, que en el plazo de treinta (30) días informe al Tribunal: (I) si han ,comenzado las obras correspondientes a los “Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz Presidente Dr.Néstor Carlos Kirchner – Gobernador Jorge Cepernic”. En su caso, deberá informar el estado de avance en ambos proyectos; (II) si se han realizado estudios de impacto ambiental en los términos de los artículos 1, 2 Y 3 de la ley 23.879 (Obras Hidráulicas), artículos 11, 12 Y 13 de la Ley General del Ambiente (25.675) y artículo 7 del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (ley 26.639). En su caso, deberá acompañar copias certificadas de los mismos; y, (III) si se han producido consultas o audiencias públicas en los términos de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley General del Ambiente (25.675). Para su comunicación al Estado Nacional, líbrese oficio al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Notifíquese a la parte actora mediante cédula, y comuníquese a la Procuración General de la Nación.

RICARDO LUIS LORENZETTI – JUAN CARLOS MAQUEDA – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO

VOTO DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA l. HIGHTON de NOLASCO Considerando:

1°) Que a fs. 90/103, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia promueve una acción de amparo ambiental contra el Estado Nacional (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable) y la Provincia de Santa Cruz, a fin de que se ordene investigar y, en su caso, se impida el comienzo de la obra correspondiente a las represas. denominadas “Presidente Dr.Néstor Carlos Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic”, localizadas en la provincia demandada, cuya construcción fue proyectada en el marco de la ejecución de los Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz, Cóndor Cliff y La Barrancosa.

Señala que inicia la presente acción por cuanto no se .habrían efectuado los estudios ambientales previos a los efectos de determinar cuál sería el impacto que dichos emprendimientos podrían causar al ecosistema, en particular, al Lago Argentino, a los glaciares Perito Moreno, Spegazzini y Upsala, y al Parque Nacional Los Glaciares. Asimismo destaca que tampoco se efectuaron las consultas ciudadanas que, en atención a la envergadura de las obras, correspondía realizar.

Sostiene que la acción corresponde a la competencia originaria de este Tribunal por su potencial incidencia interjurisdiccional, en tanto el proyecto de las represas afecta al Parque Nacional Los Glaciares y a la Provincia de Santa Cruz y es el Estado Nacional el que programa la obra y dispone de los fondos respectivos.

Solicita que en forma previa a la apertura del amparo, se oficie a ambos demandados a los efectos de que informen si han cumplido con la realización del estudio de impacto ambiental en los términos de los artículos 11, 12 Y 13 de la ley 25.675; y, asimismo, que se expidan sobre el cumplimiento de las consultas y audiencias póblicas previstas en los artículos 19, 20 y 21 de la citada Ley General del Ambiente.

En el caso de que la respuesta al punto anterior fuese negativa, peticiona .el dictado de una medida cautelar mediante la cual se disponga la suspensión del inicio de la obra, hasta tanto se realice un estudio de impacto ambiental sobre toda la zona, como así también la consulta póblica respectiva.

Funda la acción en los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional, 11, 12, 13, 19, 20 y 21 de la ley 25.675, y 1, 6 y 7 de la Ley de Protección de Glaciares 26.639.

2º) Que frente a la envergadura de lasobras hidroeléctricas que describe la actor a y a la posible incidencia que -segón denuncia- estas podrían proyectar en los cursos del agua, glaciares y ecosistemas de la zona de influencia, esta Corte -con fundamento en los principios precautorio y de cooperación (artículo 40 de la Ley General del Ambiente)-, considera necesario disponer las siguientes medidas: (I) si han comenzado las obras correspondientes a los “Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner – Gobernador Jorge Cepernicu” En su caso, deberá informar el estado de avance en ambos proyectos; (II) si se han realizado estudios de impacto ambiental en los términos de los artículos 1, 2 y 3 de la ley 23.879 (Obras Hidráulicas), artículos 11, 12 y 13 de la Ley General del Ambiente (25.675) y artículo 7 del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (ley 26.639). En su caso, deber á acompañar copias certificadas de los mismos; y, (III) si se han producido consultas o audiencias públicas en los términos de los artículos 19, 20 Y 21 de la Ley General del Ambiente (25.675)

3°) Que cabe señalar que estas medidas se adoptan en el marco de las facultades instructorias del juez en el proceso ambiental (artículo 32 de la Ley General del Ambiente) y sin perjuicio de lo que, en definitiva, se decida respecto de la competencia.

Para su comunicación al Estado Nacional, líbrese oficio al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Notifíquese a la parte actora mediante cédula y comuníquese a la Procuración General de la Nación.

ELENA I. HIGHTON de NOLASCO