Responde la concesionaria vial, en calidad de proveedora del servicio, por las lesiones producidas al usuario por el impacto de una piedra en el automóvil cuando se desplazaba por la autopista.

AutopistaPartes: D. M. c/ C.E.A.M.S.E y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: A

Fecha: 1-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-97868-AR | MJJ97868 | MJJ97868

Responde la concesionaria vial, en calidad de proveedora del servicio, por las lesiones producidas al usuario por el impacto de una piedra en el automóvil cuando se desplazaba por la autopista. Cuadro de rubros indemnizatorios.

GHH

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia y hacer lugar a la demanda entablada contra la concesionaria vial, con motivo del accidente de tránsito provocado por el impacto de una piedra, cuando la actora y su acompañante transitaban por una autopista, toda vez que se tiene por acreditada la existencia del hecho, sin que la emplazada haya probado eximente alguna como proveedora del servicio.

2.-Mal podrían hacerse prevalecer frente al usuario disposiciones del marco regulatorio de la concesión que le otorguen una protección menor a la que dimana de la propia Ley 24.240 , pues el vínculo que liga al usuario con el concesionario es de derecho privado, y constituye una relación de consumo en los términos de los arts. 1 y 2 de la Ley 24.240.

3.-Fue el dependiente de la demandada- operador de turno- quien constató en la casilla de peaje, que los ocupantes del vehículo sufrieron la rotura de una de sus ventanillas, como así también corroboró que había una persona herida, no desconociendo la accionada que mantuvo una vinculación laboral con aquel, ni propuso citarlo a prestar declaración testimonial; por lo tanto, la falta de declaración de los dependientes que trabajaban esa madrugada en la estación de peaje y la falta de presentación de los libros obligatorios que reportan las incidencias diarias, no pueden sino redundar en contra de su postura defensiva, pues de conformidad con el art. 53 de la Ley 24.240 si esas pruebas no son acompañadas por el proveedor, dicha circunstancia constituye un indicio en su contra, que permitirá presumir los hechos alegados por la contraria.

4.-La responsabilidad de la concesionaria de rutas por el daño que sufra el usuario es de carácter objetivo, ya que asume un carácter de seguridad por resultado, consistente en que aquél debe llegar sano y salvo al final del recorrido, en consonancia con el principio de buena fe que integra la convención y permite interpretarla, al igual que el deber de custodia que sobre aquella recae.

5.-Aun cuando el accidente ha afectado la estética de su rostro dejando una pequeña cicatriz, lo cierto es que para el tipo de actividades que realiza la actora no es relevante su aspecto estético, mientras que las molestias y disgustos derivados de la propia fealdad resultante de las mismas, deberá ser valorado al momento de analizar la partida relativa al daño moral.

6.-En la especie los intereses se devengan desde el día en que se produjo cada perjuicio objeto de resarcimiento, vale decir, a partir del momento que se hubiere concretado el menoscabo económico o el desembolso (conforme fallo plenario in re Gómez, Esteban c/ Empresa de Transportes s/ daños y Perjuicios pub. en L.L. 93-668). Sin embargo, la tasa activa debe regir recién a partir del pronunciamiento, ya que de imponerse esos intereses desde el origen de la mora, se consagraría una alteración del capital establecido en la sentencia, configurando un enriquecimiento indebido; por ello, desde el momento de la mora y hasta el presente pronunciamiento, los intereses serán calculados a la tasa de interés del 8% anual, que representan los réditos puros y, desde entonces y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general.

7.-El art. 1746 del nuevo código CivCom. resulta directamente aplicable al caso, en tanto no se refiere a la constitución de la relación jurídica – obligación de reparar-, sino solo a las consecuencias de ella – art. 7 , del citado código-, y si bien conduce necesariamente al empleo de fórmulas matemáticas para evaluar la cuantía del resarcimiento por incapacidad, no corresponde otorgar a la víctima, sin más, la suma que en cada caso resulte de la aplicación de la fórmula mencionada, sino que ella servirá simplemente como pauta orientadora para, a partir de allí, arribar a un justo resarcimiento según las circunstancias de la causa (del voto del Dr. Sebastián Picasso por sus fundamentos- mayoría).

8.-Debe fijarse la tasa activa desde el momento en que se causó cada perjuicio, pues la sola circunstancia de haberse fijado las partidas indemnizatorias a valores actuales no configura la excepción contemplada en el último párrafo de la parte dispositiva de sentencia plenaria Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S. A. s/ daños y perjuicios , del 20/4/2009 (del votoen disidencia del Dr. Sebastián Picasso).

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala «A» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados: «D, M c/ C.E.A.M.S.E y otros s/ Daños yPerjuicios», respecto de la sentencia de fs. 248/251 el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿SE AJUSTA A DERECHO LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: señores jueces de cámara doctores: HUGO MOLTENI – SEBASTIÁN PICASSO -RICARDO LI ROSI –

A la cuest ión propuesta el Dr. HUGO MOLTENI dijo:

1º.- La sentencia dictada a fs. 248/251 rechazó la acción resarcitoria entablada por M D contra C.E.A.M.S.E, con motivo del accidente de tránsito provocado por el impacto de una piedra, el día 19 de diciembre de 2009, aproximadamente a las 04:00 horas, cuando transitaba por la autopista Camino del Buen Ayre, de la localidad de José León Suárez, Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires.-

A fin de consagrar tal desestimatorio temperamento, el Sr. Juez de grado consideró que, frente a la orfandad probatoria, el accidente, tal como fuera narrado por el accionante, no había sido probado en autos.-

Contra este adverso pronunciamiento se alzaen queja la demandante vencida, quien expresó agravios a fs. 284/294 con el objeto que se revoque el decisorio apelado y se haga lugar a la demanda, por cuanto considera que, contrariamente a lo expuesto por el Sr. Juez «a quo», en autos se encuentra acreditado el acaecimiento del hecho. Tales críticas fueron replicadas por la demandada a fs. 301/311, donde solicitó la deserción del recurso.-

La parte actora se queja de la valoración probatoria efectuada por el Sr. Juez de grado a fin de rechazar el reclamo.Entiende que la veracidad del hecho y la existencia del nexo causal quedaron fehacientemente probadas.-

Al respecto, señala que el parte de avería fue confeccionado por el personal de la demandada, en momentos en que la actora se encontraba con una herida cortante y en estado de shock, por lo que mal podría advertir los errores consignados en el mismo.-

Asimismo se queja que se haya desestimado la relevancia que posee la atención médica recibida el mismo día del accidente, porque la misma carece de la hora y los motivos de la atención, como así también que no se hayan acompañado los certificados de primeros auxilios, ni se haya oficiado al servicio médico de ambulancia.-

Del mismo modo, se queja que a fin de desestimar el reclamo, el juez haya valorado que no se realizó la denuncia policial del hecho ni la denuncia de daños frente a la aseguradora del rodado, como así tampoco se acompañaron fotografías del parabrisas del automóvil.-

Finalmente, resalta que la sentencia de grado no hizo mención a las experticias realizadas por los profesionales.-

2°.- Previo a todo aclaro que, al cumplir los agravios de la demandante con la crítica concreta y razonada que prescribe el art. 265 del CPCCN, en aras de la amplitud del derecho constitucional de defensa en juicio, y conforme al criterio restrictivo que rige en esta materia (Gozaini, Osvaldo A., Código Procesal Civily Comercial de la Nación. Comentado y Anotado, La Ley, Buenos Aires, 2006, t. II, p. 101/102; Kielmanovich, Jorge L., CódigoProcesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado, LexisNexis, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, t. I, p. 426), no propiciaré la sanción de deserción que postula la demandada en su contestación de fs.301/311.-

3°.- Sentado lo expuesto, cabe destacar que en su libelo de inicio, la actora relató que viajaba en el tramo comprendido entre la ruta n° 8 y Benedetti junto a su esposo, a bordo de la Renault Express, cuando una persona arrojó una piedra sobre el vehículo, que ingresó por la ventanilla del acompañante e impactó sobre su frente, produciéndole una herida cortante. Asimismo, refirió que una vez arribado al peaje formuló la denuncia correspondiente, la cual fue instrumentada como «Parte de avería» y que luego fue trasladada en ambulancia al «Hospital Interzonal de Agudos Eva Perón» del Partido de General de San Martín, donde ingresó por guardia y recibió los primeros auxilios (ver. fs. 18vta/19).-

4°.- Creo menester poner liminarmente de resalto que, si bien a partir del 1 de agosto de 2015 ha entrado en vigor el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, los hechos ventilados en el sub lite (y por ende, la constitución de la obligación de reparar), han acaecido durante la vigencia del anterior Código Civil. Por consiguiente, la cuestión debe juzgarse a la luz de la legislación derogada, que mantiene ultractividad en este supuesto (art. 7, Código Civil y Comercial de la Nación; voto del Dr. Picasso in re «Trillo Leonel c/ Vila Silvia Liliana y otros s/ daños y perjuicios» del 11/8/2015, con cita de Roubier, Paul, Le droittransitoire. Conflit desloisdans le temps, Dalloz, Paris, 2008, p. 188/190; Kemelmajer de Carlucci, Aída, La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, p. 158).-

Antes de entrar a analizar las quejas vertidas por la demandante, cabe destacar que en materia de responsabilidad civil de la concesionaria vial, esta Sala ha mantenido un criterio coincidente al plasmado por la Corte Suprema de Justicia en el caso Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra de c/ Provincia de Buenos Aires y otros» ( 7-11-06 public.en DJ 29-11-06, 950; DJ 28-2-07 con nota deCarlos Ghersi y Celia Weingarten y en L. L. 13-3-07 con nota de Jorge Mario Galdós), donde sentó el criterio que entre el concesionario de la ruta y el usuario existe una relación contractual,donde aquél no asume una obligación de dar el uso y goce de la cosa,sino de prestar un servicio, lo cual cobra relevancia porque hay una obligación nuclear en el contrato, constituida por la prestación encaminada al mantenimiento de la ruta en todos sus aspectos y también deberes colaterales con fundamento en la buena fe, entre los cuales se encuentra el deber de seguridad, que obliga al prestador a adoptar las medidas de prevención adecuadas a los concretos riesgosexistentes en la ruta concesionada, en tanto resulten previsibles. La previsibilidad de los riesgos que adjetiva la obligación de seguridad a cargo del concesionario de rutas, puede variar de un supuesto a otro,porque no todas las concesiones viales tienen las mismas características operativas, ni idénticos flujos de tránsito, extensión lineal, condiciones geográficas, ni grados de peligrosidad siniestralidad, por lo cual en muchos casos podrá establecerse un deber de previsión -art. 902 del Código Civil- que no puede ser exigido en otros, lo cual vendrá justificado por las circunstancias propias de cada situación (conf. mis votos libres n??469.308 del 23-4-07, n° 613.674 del 4/6/2013 entre otros).-

Según interpretó la Corte Federal en el precedente citado, el deber de seguridad a cargo de las empresas concesionarias es lo suficientemente amplio como para abarcar en su contenido prestaciones tales como la vigilancia permanente del camino, su señalización, la remoción inmediata de elementos extraños que se depositen, el retiro sin demora de animales que transiten por el lugar y toda otra medida que pueda caber dentro del referido deber, a los efectos de resguardar la seguridad y la fluidez de la circulación, asegurando que la carretera se mantenga libre de peligros y obstáculos.Por ende, la responsabilidad de la concesionaria de rutas por el daño que sufra el usuario es de carácter objetivo, ya que asume un carácter de seguridad por resultado, consistente en que aquél debe llegar sano y salvo al final del recorrido, en consonancia con el principio de buena fe que integra la convención y permite interpretarla, al igual que el deber de custodia que sobre aquella recae.-

Desde otro punto de vista, dicho Tribunal Superior se inclinó a reconocerle al vínculo existente entre el concesionario de una ruta y el usuario, naturaleza contractual, en tanto aquél realiza la explotación por su cuenta y riesgo, por lo cual cabe atribuirle responsabilidad directa y personal por las consecuencias derivadas del cumplimiento del contrato. Esa fuente contractual hace nacer una obligación de seguridad, pues se trata de prestar un servicio de carácter continuado, sin que pueda existir una deliberación previa que permita al usuario modificar los términos de la prestación (conf. Ghersi, Carlos A. en La Ley t. 2006-C, 490; Pizarro, Ramón Daniel, La Ley t. 2006-B.451; Correa, José Luis, L.L. 2006-C, 55; Rinesi, Antonio J. DJ 12-04-2006,985).-

Finalmente, en la mencionada causa «Bianchi» el cimero tribunal señaló que el vínculo que liga al usuario con el concesionario es de derecho privado, y constituye una relación de consumo en los términos de los arts. 1 y 2 de la ley 24.240, lo cual, por otra parte, es avalado por numerosa doctrina (entre muchos otros: Lorenzetti, Ricardo L., «Concesionarios viales. ¿En qué casos hay responsabilidad», Revista de Derecho de Daños N°. 3, p. 157; ídem., Consumidores, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003, p. 114, nos. 6 y 487; MossetIturraspe, Jorge, Defensa del Consumidor, Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 2003, p. 20; Galdós, Jorge M., «Peaje, relación de consumo y animales sueltos.Otro trascendente fallo», LL, 2004-C, 919; Rinessi, Antonio J., «Un fallo de la Corte Suprema reivindicador de los derechos del usuario», LL, 2006-C-54; Vázquez Ferreyra, Roberto A., «La demanda contra los concesionarios de autopistas», Revista de Derecho de Daños n° 1° -Accidentes de Tránsito- p. 157; Idem., «La responsabilidad de los concesionarios viales por los animales sueltos en las rutas: otra sentencia en la senda correcta», RCyS, 1999-461). Es que, como se ha dicho con acierto, la ley 24.240 incluye en su ámbito los servicios de cualquier naturaleza, con lo que abarca también los que presta la concesionaria a los usuarios (Galdós, op. y loc. cit.), quienes la utilizan para su destino final, toda vez que no incorporan ese servicio en un circuito de producción o comercialización.-

Se ha señalado, al respecto, que la suma de dinero que paga el usuario al concesionario de peaje en contraprestación por el uso del corredor vial no puede tener naturaleza tributaria, dado que es gravada con el I.V.A. Se trata, antes bien, de un verdadero precio que paga quien transita por la ruta o autopista, lo que ratifica el encuadre contractual -con las notas tipificantes de un contrato de consumo- de la relación (CNCom., Sala B, 25/8/2003, «D’Onofrio c/ Caminos del Atlántico», LL, 2004-B-1013).-

Sentado ello, y en función de lo establecido por el art. 3 de la ley 24.240, en caso de que más de una norma resultara aplicable a la misma situación fáctica debe privilegiarse la que resulte ser más favorable para el consumidor, parte débil de la relación jurídica y objeto preferente de la tutela legal (arts. 1 y 65, ley citada). Es claro que, en virtud de lo expuesto, mal podrían hacerse prevalecer frente al usuario disposiciones del marco regulatorio de la concesión que le otorguen una protección menor a la que dimana de la propia ley 24.240.-

Así las cosas, deviene plenamente aplicable al caso el art.5 de esa ley, a tenor del cual «Las cosas y los servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores usuarios».

En ese sentido, en el marco de la ley 24.240, las obligaciones del proveedor, entre las que se encuentra, naturalmente, la obligación de seguridad del art. 5 de esa ley, tienen -por expresa previsión del artículo ya citado- el carácter de un deber de resultado (esta sala, voto del Dr. Picasso L. n° 587.865, «Duvidovich Gallo, Patricia Adriana c/ Valle de Las Leñas S. A. y otro s/ Daños y Perjuicios» , del 19/4/2012; L. 591.873; ídem, «Romano, Fabio y otro c/ Parque de la Costa S.A. y otro s/ Daños y Perjuicios», del 21/11/2912; vid. asimismo mi comentario al art. 10 «bis» de esa ley en Picasso – Vázquez Ferreyra, Ley de Defensa del Consumidor…, cit., t .I, p. 160 y ss. En el mismo sentido: Ariza, Ariel, «Contrato y responsabilidad por daños en el derecho del consumo», en Ariza, Ariel (coord.), La reforma del régimen de defensa del consumidor por ley26.361, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2008, p. 128; Lorenzetti, Ricardo L., Consumidores, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2003, p. 285; Hernández-Frustagli, comentario al art. 5 de la ley 24.240 en Picasso-Vázquez Ferreyra, Ley de defensa del consumidor…, cit., t. I, p. 96).-

Es desde ese enfoque (el de la obligación de seguridad de resultado que pesa sobre el proveedor) que corresponde, entonces, analizar el caso traído a conocimiento de este tribunal.-

Como ya lo ha señalado esta sala (voto del Dr. Picasso en L.581.709, del 25/11/2011, publicado en LL 2011-F- 10, y RCyS 2012-II-156), dado que el objeto de la obligación de seguridad consiste, precisamente, en una garantía de indemnidad, su incumplimiento se produce por la simple existencia del daño en el marco de la relación de consumo, sin necesidad de otra prueba adicional. Al deudor que pretende su liberación compete, entonces, la prueba de que el cumplimiento de la obligación de seguridad se había vuelto imposible como consecuencia de un hecho que reúne los caracteres del caso fortuito o de fuerza mayor.-

5°.- Sentado lo que antecede, corresponde determinar si se encuentra debidamente acreditado el hecho denunciado por la accionante en su escrito de demanda, esto es, las lesiones producidas por un piedrazo, en oportunidad en que se desplazaba por la autopista del Buen Ayre.-

De acuerdo a las consideraciones apuntadas, cabe señalar que obran en autos indicios suficientes como para tener por cierto que los daños padecidos por la Sra. D ocurrieron en ocasión del servicio y dentro de la infraestructura que la emplazada utiliza para la prestación del mismo.-

Del acta acompañada a fs. 8, denominada «Parte de averia» se desprende: «Forma en que ocurrió: Según manifiesta el cliente: «Dirigiéndose de oeste a norte NN arrojan objetos contundentes sobre el vehículo lesionando (sic) a el acompañante Sra. D M…». Asimismo, se consignó como desperfecto la ventanilla lateral izquierda, mientras que en el lugar donde se consignan las víctimas, se marcó el casillero de heridos.-

Al respecto, más allá de que se haya asignado de manera errónea la ventanilla que sufrió la rotura por el piedrazo, lo cierto es que dicho parte fue confeccionado por el operador de turno de la empresa demandada.Por ello, aún cuando se establezca que la forma en que ocurrió el hecho es una manifestación unilateral del cliente, cabe destacar que fue el dependiente del CEAMSE (operador de turno) quien constató en la casilla de peaje, que el día 19 de diciembre de 2009 el Furgón Renault Express con dosocupantes, sufrió la rotura de una de sus ventanillas, como así también corroboró que había una persona herida (ver. fs. 8).-

A partir de ello, llama la atención que la demandada en su contestación se haya limitado a señalar que «los hechos consignados en dicho documento respondan a otra causa más que la declaración unilateral de la parte que los invoca» (cfr. fs. 53vta). Es que, encontrándose debidamente identificada el dependiente de la empresa que suscribió la nota (Operador de turno llamado Astorga), la accionada ni siquiera desconoció mantener una vinculación laboral con aquel, ni propuso citarlo a prestar declaración testimonial, contando para ello con los medios necesarios para lograr su comparecencia ante esta sede y, así, deponer sobre las circunstancias que motivaran la presente litis.- A ello, cabe agregar que a fs. 147 obra la hoja de guardia acompaña por el Hospital Eva Perón, de la localidad de San Martín. Allí se consignó que el día denunciado como accidente, la Sra. D recibió atención médica por parte de la médica cirujana M R. G V, quien le realizó una sutura por presentar herida contuso cortante en región globular.-

Al iniciar su reclamo, la actora manifestó que el día del hecho recibió los primeros auxilios por parte de los dependientes del peaje y desde allí fue trasladada en ambulancia haciael nosocomio. Sin embargo, cabe destacar que la concesionaria vial tampoco ofreció ni acompañó el libro de parte diario que acredite la inexistente atención por parte de sus empleados o de algún servicio médico.-

Sobre estos puntos, debo destacar que según lo prescripto por el art.53 de la ley 24.240, los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio. Por lo tanto, la falta de declaración de los dependientes que trabajaban esa madrugada en la estación de peaje y la falta de presentación de los libros obligatorios que reportan las incidencias diarias, no pueden sino que redundar en contra de la postura defensiva planteada en autos.-

Este tribunal ya ha señalado que el mencionado artículo no debe interpretarse como una consagración de la denominada «doctrina de las cargas probatorias dinámicas» -que carece de asidero normativo en el derecho positivo, en atención a los claros términos del art. 377 del CPCCN-, sino que se trata de una aplicación expresa, en materia de relaciones de consumo, del deber de colaboración de las partes en el proceso (esta sala, L. 593.116, 25/9/2012, «A., N. A. c/ B., A. y otro s/ daños y perjuicios»; íd., L.b577.068, 5/9/2011, «Pérez, Lidia c/ Supermercados Ekono S.A. s/daños y perjuicios»). Cabe recordar, en este sentido, que ambas partes tienen el deber de colaborar de buena fe en la aportación de las pruebas que se encuentran en su poder y que podrían conducir al juez a arribar al conocimiento de la verdad material de los hechos

debatidos en el proceso. Este deber proviene de los principios generales que rigen en materia probatoria, tales como el de probidad y buena fe, que impone a los litigantes no solo coadyuvar en la dilucidación de la verdad jurídica objetiva, sino también no utilizar el procedimiento para ocultar o deformar la realidad, o tratar de inducir al magistrado a un engaño (Devis Echandía, Hernando, Compendio dela prueba judicial, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2000, t. I, p.35 y ss.).

Si bien ese deber de conducta de las partes se refiere principalmente a la actividad desarrollada por ellas a lo largo del litigio, lo cierto es que, especialmente en materia de derecho del consumo, su importancia no se limita a ese ámbito, sino que también resulta de especial relevancia el análisis de la conducta desplegada por el proveedor de bienes y servicios con anterioridad a aquel. En efecto, es sabido que, en estos casos, los elementos probatorios de mayor relevancia se encontrarán, por lo general, en poder del demandado, quien cuenta con mejores condiciones técnicas para resguardarlos. Así, si estas pruebas no son acompañadas por el proveedor, dicha circunstancia constituirá un indicio en su contra, que permitirá -valorado en consonancia con los demás elementos de la causa- presumir los hechos alegados por la contraria.-

En otras palabras, y de conformidad con lo dispuesto por el art. 53 de la ley 24.240, cuando el proveedor no aporte al juicio las pruebas que se encuentren en su poder cuya preservación se encontraba razonablemente a su cargo, este extremo constituirá un indicio en su contra, que permitirá, según las circunstancias, presumir el hecho invocado por el consumidor (Sáenz, Luis R. J. – Silva, Rodrigo, en Picasso, Sebastián – Vázquez Ferreyra, Roberto A., Ley de defensa del consumidor. Comentada y anotada, La Ley, Buenos Aires, 2009, t. I, p. 664 y ss.).-

Así las cosas, el «parte de averia» de la demandada y la hoja de guardia (ambos del día 19 de diciembre de 2009) resultan ser suficientes para tener por acreditada la existencia del hecho.Bajo estos términos, no se advierte ningún elemento aportado por la parte emplazada para fundamentar la eximente legal esgrimida, no habiendo esta última cumplido con la carga probatoria que sobre ella recaía, tal como fuera anteriormente desarrollado.-

Por todo ello, debo concluir que existen suficientes indicios que me permiten tener por cierto el relato de los hechos vertido por la actora, y configurado el supuesto que da lugar a la responsabilidad de la emplazada en su condición de proveedora del servicio.-

En virtud de las razones hasta aquí expuestas, los agravios en análisis serán admitidos, por lo que propondré que se modifique la sentencia recurrida en este medular aspecto del debate.-

En consecuencia, procederá la acción entablada por M D contra C.E.A.M.S.E.-

6°.- Resuelta como fuera la cuestión relativa a la responsabilidad, debo ahora abocarme al tratamiento de los rubros reclamados en el libelo de inicio.-

La accionante reclamó la suma de $14.000 de daño físico, $20.000 de daño psicológico y $10.000 de daño estético.-

De modo preliminar, creo necesario destacar que esta Sala reiteradamente ha expresado que, mas allá de lo que pueda sostenerse sobre la independencia del daño psíquico, dicho rubro debe analizarse conjuntamente con la incapacidad física, pues ambos perjuicios repercuten unitariamente en el patrimonio del damnificado (conf. L. n??503.228 del 20/11/2008; n??509.508 del 31/03/2008, n??527.936 del 24/06/09; n??533.546 del 24/09/09; n° 599.183 del 26/12/12, entre muchos otros).-

La «incapacidad sobreviniente», pericialmente comprobada, conforma un antecedente que tiene aptitud para configurar un daño resarcible, ya que las lesiones de carácter permanente, aunque no ocasionen un inmediato daño respecto de los ingresos, debe ser indemnizada como potencial valor del que la víctima se ve privada, puesto que la indemnización no se circunscribe al aspecto laborativo, sino también a todas las consecuencias que afectan la personalidad y que tienen aptitud para inferir un menoscabo material.No cabe sin embargo entender que esa doctrina tiene un valor absoluto, entendido como que siempre el déficit físico se traduce en un perjuicio patrimonial, porque si bien ello ocurre de ordinario, en la medida que con la indemnización se compensa el riesgo actual de la inseguridad económica en que el inválido queda frente a la vida, de ese riesgo sólo está exento quien por su situación patrimonial está cubierto de cualquier contingencia, como la hipótesis de aquel que por la opulencia de su fortuna no practica actividad lucrativa alguna y tampoco tiene la perspectiva de utilizar su capacidad de trabajo (conf. Llambías, J. J. «Tratado de Derecho Civil – Obligaciones», t. IV-A, n???2373, pág. 119/120, nota 217 y jurisprudencia allí citada).-

La indemnización concedida debe tender acubrir todas las erogaciones de la incapacidad generada, atendiendo a la actividad impedida, sea o no productiva, ya que la reparación comprende no sólo el aspecto laboral, sino también todas las consecuencias que afecten la personalidad y que se traduzcan, aún de manera indirecta, en un menoscabo patrimonial futuro y cierto (conf.esta Sala, mis votos en libres n??111.114 del 19/6/92; n??107.308 del23/8/92; n??154.792 del 17/2/95; n??207.781 del 3/3/97 y n??208.494del 17/3/97, entre otros).-

Con respecto al daño estético, creo oportuno señalar que para que sea valorada en forma autónoma, debe tratarse de una desfiguración física que tenga la cierta posibilidad de repercutir patrimonialmente, capaz de incidir en las posibilidades económicas del lesionado, en función de la importancia de la afección y de la naturaleza de la actividad desarrollada por dicho damnificado.

Si no se brindan tales extremos, dicha lesión podrá a lo sumo conformar un agravio moral, por los sufrimientos y mortificaciones que la fealdad incorporada pueda provocar en la víctima, pero no un renglón donde se procure enjugar un inexistente daño material, referido a las chances perdidas por ese irrelevante menoscabo (conf. Zannoni, E. «El daño en la responsabilidad civil», p. 160, nº 45; Llambías, J. J. op. cit., t. II-B, p. 364, n??5; Kemelmajer de Carlucci en Belluscio – Zannoni, op. cit., t. 5, p. 221; esta Sala L. n??227.862 del 30-3-98 y L. n??264.982 del 15-9-99).-

De tal suerte, entiendo que aun cuando el accidente ha afectado la estética de su rostro dejando una pequeña cicatriz, lo cierto es que para el tipo de actividades que realiza la actora no es relevante su aspecto estético, mientras que las molestias y disgustos derivados de la propia fealdad resultante de las mismas, deberá ser valorado al momento de analizar la partida relativa al «daño moral».-

Adoptados estos principios, deben ponderarse las pericias médicas elaboradas por los expertos designados en autos.-

De la pericia médica de fs. 203/207, surge que el impacto del elemento contundente a nivel frontal le ocasionó en forma secundaria traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento y traumatismo cervical dinámico. Asimismo, al establecer el grado de incapacidad generado como consecuencia del accidente, aseveró que por la cervicalgia post-traumática 3,72% y por el síndrome postconmocionalde Pierre-Marie 2,67%, de acuerdo al cálculo de la capacidad residual, el valor absoluto de las mismas es de 4% y 3% (ver. fs. 206).-

A fs. 214/216 la apoderada de la emplazada impugnó la pericia en tanto entiende que la misma se basa en los dichos de la víctima que sucedieron hace cinco años. Al contestar a fs. 218 aseveró que la actora no requirió permanecer internada luego del accidente y no tuvo lesiones que comprometan estructuras óseas, pero si existe el antecedente traumático de suficiente envergadura para ocasionar efecto mecánico y producir patología en el segmento referido.También estableció que si bien es difícil establecer una conexidad luego de cinco años, no se puede descartar que el efecto traumático puede haber actuado tanto en forma causal como concausal para producir y/o mantener la sintomatología.-

A estos antecedentes, se suma el detrimento psíquico generado por dichas lesiones, el cual se manifiesta en síntomas de nerviosismo, inquietud, preocupación y malestar. Al respecto, el experto especialista designado de oficio señaló en sus consideraciones medicolegales que la actora presenta un cuadro compatible con DSMIV, trastorno adaptativo de ansiedad clínicamente

cronificado. Al calcular la incapacidad la estimó en un 10% (ver. fs. 182vta).-

Esta pericia resultó impugnada por la demandada a fs. 187/188, siendo contestada a fs. 200, donde ratificó – a partir del estado de la actora- el cuadro detectado y la incapacidad generada.-

Sin perjuicio de ello, cabe apuntar que es sabido que la plena facultad del Juzgador para apreciar el valor probatorio del dictamen pericial no es discrecional ya que, si bien es cierto que las normas procesales no le otorgan el carácter de prueba legal, para desvirtuarlo es imprescindible arrimar elementos de juicio que permitan concluir en el error o en el inadecuado uso que el experto hubiere hecho de los conocimientos científicos de los que ha de suponérselo dotado. En este sentido, las subjetivas apreciaciones de las partes, no alcanzan a crear convicción para lograr un apartamiento de las conclusiones del especialista por cuanto se limitan a objetarlas teorizando sobre técnicas interpretativas en una materia tan compleja sin aportar fundamento alguno que demuestre que la opinión del experto se halle reñida con los principios que invoca o que existan en el proceso elementos probatorios de mayor eficacia que contradigan el dictamen, al margen que las impugnaciones se dedujeron sin el respaldo de consultores técnicos, y derivan, por tanto, de meras apreciaciones subjetivas que carecen de análoga relevancia técnica, insuficientes para conmover las conclusiones que arroja el informe pericial (conf. art. 477 del Código Procesal; esta Sala, voto de la Dra.Ana María Luaces en Libre n??430.042 del 24/4/06, y mi votos en Libres n° 586.911 del 20/12/11 y n° 605.825 del 17/12/12, entreotros).-

El perito ha ilustrado así el criterio del órgano jurisdiccional, brindando conclusiones que en modo alguno aparecen como infundadas o arbitrarias, sino derivadas de la aplicación de los principios y conocimientos de la profesión, cuya claridad y adecuación al caso justifican la fuerza de convicción del dictamen.-

Por ello, al encontrarse las pericias debidamente fundadas, habré de otorgarle la fuerza probatoria del art. 477 del Código Procesal, en consonancia con lo dispuesto por el artículo 386 del mismo cuerpo legal.-

Por otro lado, si bien la presente partida debe analizarse a la luz del Código Civil derogado, en razón de que los hechos ventilados en el sub lite (y por ende, la constitución de la obligación de reparar) han acaecido durante su vigencia, las pautas de valoración establecidas en el art. 1746 del Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado por la ley 26.994 que comenzó a regir el 1° de agosto de 2015 (según la ley 27.077), son coincidentes con las que tengo en cuenta por aplicación de la referida legislación derogada. Así, «para evaluar el resarcimiento no es necesario recurrir a criterios matemáticos ni tampoco son aplicables los porcentajes fijados por la Ley de Accidentes de Trabajo, aunque puedan resultar útiles para pautas de referencia, sino que deben tenerse en cuentas las circunstancias personales del damnificado, la gravedad de las secuelas, los efectos que éstas puedan tener en su vida laboral y de relación» (conf. Lorenzetti, Ricardo Luis «Código Civil y Comercial de la Nación, anotado, concordado y comentado», T VIII pág. 528, comentario del Dr. Jorge Mario Galdós al art.1746).-

Al respecto cabe destacar que en la interpretación de la nueva norma sancionada, se caracteriza a la incapacidad sobrev iniente como la «alteración a la plenitud humana,o a la integridad corporal, o daño a la salud, entre otras denominaciones equivalentes con las que se la identifica. Se trata, en definitiva, de la integridad de la persona que tiene valor económico en sí misma y por la aptitud potencial o concreta para producir ganancias. La incolumnidad humana tiene valor indemnizable per se ya que no sólo comprende las efectivas y concretas ganancias dejadas de percibir, sino que además incluye la afectación vital de la persona en su [mismidad], individual y social, por lo que a la víctima se le debe resarcir el daño a la salud que repercute en su significación vital. Reiteradamente la Corte nacional viene enfatizando que [la integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable] que comprende no sólo el aspecto laboral, sino las demás consecuencias que afectan a la víctima tanto desde el punto de vista individual como desde el social» (conf. Lorenzetti, op y t. cit., p. 522/524, comentario al art. 1746).-

Para ello resulta de vital importancia analizar las características personales de la víctima, quien al momento del accidente contaba con 59 años de edad, se encontraba desempleada, que es jubilada y que percibe la suma de $1.823 y que vive junto a su marido en un inmueble alquilado por el cual abonan la suma de $2.000 (conf. constancias obrantes en Beneficio de Litigar sin gastos que solicitara la actora, expte. 43.310/2012).-

De acuerdo a todo lo hasta aquí expuesto, teniendo en cuenta las facultades permisivas otorgadas por el artículo 165 del Código Procesal, y justipreciando el monto indemnizatorio a valores actuales, entiendo prudente otorgar la suma de Pesos Sesenta Mil ($ 60.000) en concepto de incapacidad sobreviniente (integrada por los desmedros físicos y psíquicos), sin que ello implique violar el principio de congruencia sentado por el art. 163, inc.6??del Código Procesal, por otorgarse algo más de lo pedido («ultra petita»), toda vez que la parte demandante en su libelo de inicio de fs. 18 reclamó las sumas en más o menos de lo que resulte de la prueba a producirse.-.-

7°.- Seguidamente, habré de de ponderar la procedencia del reclamo resarcitorio en concepto de daño moral, que fuera cuantificado por la actora en la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000).-

Este perjuicio puede ser definido como la privación y disminución de aquellos bienes que tienen un valor precio en la vida del hombre, que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más grandes afectos, a lo que se puede agregar que, ya sea que se caracterice como la lesión sufrida en los derechos extrapatrimoniales o como el que no menoscaba al patrimonio, pero hace sufrir a la persona en sus intereses morales tutelados por la ley o el que se infiere a los sentimientos, a la integridad física o intelectual, o a las

afecciones legítimas, es decir que se causa a los bienes ideales de las personas, es condición esencial para esa indemnización que él exista o se haya producido (conf. Llambías, Jorge Joaquín ob. cit. t º I, pág. 271, núm. 243; Cazeaux en Cazeaux-Trigo Represas, ob. cit. tº I, pág. 215; Mayo en Belluscio-Zannoni ob. cit. Tº II, pág. 230; Zannoni, Eduardo «El daño en la responsabilidad civil», pág. 287, núm. 85; Bustamante Alsina, «Teoría General de la Responsabilidad Civil», pág. 179, núm. 556/7; Orgaz, Alfredo «El daño resarcible», pág. 223, núm. 55).-

Si bien pertenece al sagrado mundo subjetivo de los damnificados, para su reparación económica debe traducirse en una suma dineraria y no resulta sencillo determinar su quantum; para ello debe tenerse en consideración las circunstancias del hecho, la persona de la víctima y el daño sufrido en los valores mencionados.Corresponde, pues, concluir que el daño no puede medirse en razón de las secuelas que denuncia la víctima, pues debe tenerse en cuenta en qué medida los padecimientos ocasionados pudieron haber significado un grado de afectación y quebrantamiento espiritual (conf. esta Sala, mi voto en Libres n??466.988 del 19-3-07, n??464.517 del 03-11-08 y n° 586.773 del 02-12-2011, entre otros).-

Pueden destacarse dos cualidades en el daño moral: primera, que él supone, no sólo el dolor de afección, sino también el que resulta de cualquier atentado a la integridad de la persona humana: dolor físico, perjuicio estético. Segunda, que el daño moral debe ser el resultado de un ataque a los derechos de la personalidad, a su patrimonio moral, sea directa o indirectamente, sin que obste a ello la circunstancia de que a la par de él se produzca un perjuicio material para la víctima (conf. Acuña Anzorena, Arturo, «La reparación del agravio moral en el Código civil», La Ley, t. 16, n?? 532).-

En la especie, debe considerarse la asistencia recibida en la guardia del Hospital de San Martín, donde le realizaron sutura y curaciones, le indicaron tratamiento con analgésicos y antibióticos, recibiendo el alta hospitalaria ese mismo día (cfr. fs. 147).-

Se tiene también en consideración la cicatriz en zona lateral izquierda de nariz de 1,5 cm de longitud en sentido del eje corporal (ver. fs. 204vta y fotografías de fs. 13/14).-

En virtud de ello, teniendo en cuenta las dolencias que debió soportar el actor (a nivel físico, espiritual y estético), los precedentes de esta Sala en casos análogos, y fijando el monto indemnizatorio a valores actuales, estimo adecuado otorgar la suma de Pesos Treinta Mil ($ 30.000).-

8°.- En relación al momento a partir del cual deberían devengarse estos accesorios, en la especie resulta de aplicación el Fallo Plenario in re «Gómez, Esteban c/ Empresa de Transportes s/ daños y Perjuicios» (pub.en L.L. 93-668) conforme al cual los intereses se devengan desde el día en que se produjo cada perjuicio objeto de resarcimiento, vale decir, a partir del momento que se hubiere concretado el menoscabo económico o el desembolso (conf. esta Sala voto de la Dra. Luaces en L. nº 75.848 del 16/9/91,voto del Dr. Escuti Pizarro en L. nº 104.339 del 15/4/92, entre otros); esto es, desde la fecha del accidente.-

En cuanto a la tasa de interés a aplicar, de acuerdo a lo establecido por la doctrina plenaria sentada por esta Cámara Civil en los autos «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios» del 20/04/09, sobre el capital reconocido corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. Empero, toda vez que en la especie se fijan los valores indemnizatorios al momento del dictado del presente acuerdo, la indicada tasa debe regir recién a partir de este pronunciamiento, ya que de imponerse esos intereses desde el origen de la mora, se consagraría una alteración del capital establecido en la sentencia, configurando un enriquecimiento indebido, tal como puntualmente prevé la parte final de la referida doctrina plenaria, al contemplar una excepción a la vigencia de la tasa moratoria legal.Ello así, en la medida de que uno de los factores que consagran la entidad de la referida tasa, lo constituye la paulatina pérdida de valor de la moneda, extremo que en la especie ya fuera ponderado al definir el capital a los valores vigentes.

Por ello, corresponde que desde el momento de la mora y hasta el presente pronunciamiento, se calculen los intereses a la tasa de interés del 8% anual, que representan los réditos puros y, desde entonces y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.-

9°.- Voto, en definitiva, para que se revoque la sentencia apelada, haciendo lugar a la demanda entablada por Mabel Dotta contra CEAMSE y se condene a éste a pagar, en el plazo de diez días, la suma de Pesos Noventa Mil ($ 90.000) (monto total integrado por la suma de Pesos Sesenta Mil $ 60.000 en concepto de incapacidad sobreviniente y la de Pesos Treinta Mil $ 30.000 por daño moral), con más los intereses que se liquidarán en la forma establecida en el punto 8° del presente voto.-

De conformidad con lo establecido por el art. 279 del Código Procesal, debería también adecuarse la imposición de costas dispuesta en la anterior instancia, las que de acuerdo al principio objetivo de la derrota deberían quedar a cargo de la accionada vencida (art. 68 del Código Procesal).-

EL DR. SEBASTIÁN PICASSO DIJO:

I. Coincido en líneas generales con el voto de mi distinguido colega el Dr. Molteni, con una aclaración y una excepción en lo atinente a la tasa de interés a aplicar.-

II.En reiteradas oportunidades he dicho que para valorar la incapacidad sobreviniente resulta aconsejable el empleo de criterios matemáticos que, partiendo de los ingresos acreditados por la víctima (o de la valuación de las tareas no remuneradas que ella llevaba a cabo y se vio total o parcialmente imposibilitada de continuar desarrollando en el futuro), y computando asimismo sus posibilidades de incrementos futuros, lleguen a una suma tal que, invertida en alguna actividad productiva, permita a la víctima obtener mensualmente (entre ese margen de beneficios y el retiro de una porción del capital) una cantidad equivalente a aquellos ingresos frustrados por el hecho ilícito, de modo tal que ese capital se agote al término del período de vida económicamente activa que restaba al damnificado.-

Este es el criterio que ahora sigue expresamente el art. 1746 del flamante Código Civil y Comercial de la Nación, cuyo texto reza: «Indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica. En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modoque sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, yque se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar re alizando tales actividades. Se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función de la índole de las lesiones o la incapacidad. En el supuesto de incapacidad permanente se debe indemnizar el daño aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada. Esta indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado».-

No cabe ninguna duda de que esa redacción conduce necesariamente al empleo de fórmulas matemáticas para evaluar la cuantía del resarcimiento por incapacidad (y, por analogía, también por muerte), pues únicamente por medio de ese instrumento puede mensurarse el capital al que alude la norma (en esa línea interpretativa vid. López Herrera, Edgardo, comentario al art.1746 en Rivera, Julio C. (dir.) – Medina, Graciela (dir.) – Esper, Mariano (coord.), Código Civil y Comercial de la Nación comentado, La Ley, Buenos Aires, 2014, t. IV, p. 1088/1089).-

Al respecto se ha señalado: «Frente a la claridad de la directiva (del art. 1746 recién citado), parecería exótico -al menos- sostener que se cumplen las exigencias constitucionales de fundamentación de las sentencias sin exponer, en una fórmula estándar, las bases cuantitativas (valores de las variables previstas por la norma) y las relaciones que se tuvieron en cuenta para arribar al resultado que se determine. La cuestión no merece mayor esfuerzo, ni desarrollo» (Acciarri, Hugo A., «Fórmulasy herramientas para cuantificar indemnizaciones por incapacidad en el nuevo Código», LL, 15/7/2015, p. 1).-

Por añadidura, destaco que -a diferencia de lo que sucede con el grueso de las disposiciones referidas a la responsabilidad civil- el mencionado art. 1746 del nuevo código sí resulta directamente aplicable al sub lite, en tanto no se refiere a la constitución de la relación jurídica (obligación de reparar), sino solo a las consecuencias de ella (art. 7, Código Civil y Comercial de la Nación). En efecto, la regla no varía la naturaleza ni la extensión de la indemnización que tiene derecho a percibir la víctima; únicamente sienta una pauta para su liquidación.Por lo demás, el empleo de fórmulas matemáticas para cuantificar la reparación era ya el método más adecuado bajo la vigencia del Código Civil derogado, aunque -a diferencia de lo que sucede actualmente- la ley no estableciese expresamente la necesidad de su empleo.-

Sin embargo, también he sostenido que estas pautas de cálculo no tienen por qué atar al juzgador, por lo que no corresponde otorgar a la víctima, sin más, la suma que en cada caso resulte de la aplicación de la fórmula mencionada, sino que ella servirá simplemente como pauta orientadora para, a partir de allí, arribar a un justo resarcimiento según las circunstancias de la causa.-

Así las cosas, y dado que los importes que propone el Dr. Molteni para enjugar este rubro lucen equitativos a la luz de las pautas descriptas, votaré con él también en este aspecto.-

III. En lo que atañe a los intereses, y como lo he expuesto en el precedente de esta sala «Piñeiro, Gabriel Alberto c/ Ausilli, José Luis y otros s/ Daños y Perjuicios», del 10/11/2011 (libre n° 574.847), soy de la opinión de que, por aplicación de la doctrina sentada por esta cámara en el fallo plenario dictado en los autos «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S. A. s/ daños y perjuicios», del 20/4/2009, debe fijarse la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde el momento en que se causó cada perjuicio, y estimo -por los argumentos que expuse en mi voto en la causa ya citada, a la que me remito- que la sola circunstancia de haberse fijado las partidas indemnizatorias a valores actuales no configura la excepción contemplada en el último párrafo de la parte dispositiva de la mentada sentencia plenaria.-

IV. Sentado lo que antecede, adhiero al voto del Dr.Molteni, con la salvedad que acabo de efectuar en punto a la tasa de interés a aplicar en el caso.-

El Dr. Ricardo Li Rosi votó en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Dr. Hugo Molteni.-

Con lo que terminó el acto.-

Es copia fiel de su original que obra a fs. del Libro de Acuerdos de la Sala «A» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.-

Buenos Aires, marzo de 2016.

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, se revoca la sentencia apelada, haciendo lugar a la demanda entablada por M D contra CEAMSE y se condena a éste a pagar, en el plazo de diez días, la suma de Pesos Noventa Mil($ 90.000), con más los intereses que se liquidarán en la forma establecida en el punto 8° del presente acuerdo.-

Costas de ambas instancias a cargo de la accionada vencida.-

Atento el modo como se decidiera precedentemente, corresponde adecuar las regulaciones de honorarios practicadas a fs. 251, a tenor de lo preceptuado por el artículo 279 del Código Procesal.- Ello así, valorando la extensión e importancia de los trabajos realizados dentro de las tres etapas en las que se dividen los juicios ordinario, monto por el cual prosperó la acción incluídos los intereses conforme el actual criterio de la Sala, lo dispuesto por el decreto 1467/2011, lo establecido por los arts.1, 6, 7, 13, 19, 37 y 38 de la ley 21.839 y concordantes de la ley 24.432, como así lo resuelto por este Tribunal en forma reiterada con relación a la forma de retribuir los trabajos de los peritos médicos y psicólogos quienes carecen de arancel propio (conf. H.585.629 del 24/11/11, entre muchas otras), fíjanse los honorarios de la letrada patrocinante de la parte actora, Dra. P F P, en ($.); los del letrado de la misma parte, Dr. M M P, en ($.); los de la letrada de la parte demandada, Dra.D M S, en ($.) y los de la Dra. T A Y E, en ($.); los del perito médico psiquiatra, Dr. R A C,en ($.); los de la médicalegista, Dra. V I S, en ($.) y los de la mediadora, Dra. M C M, en ($.).-

Por la labor en la Alzada que diera lugar al presente fallo, fíjanse los emolumentos de la Dra. P F P, en ($.) y los de la Dra. D M S, en ($.) (arts. l, 6, 7 y 14 de la ley 21.839 y concordantes de la ley 24.432), importes éstos que deberán ser abonados en la forma establecida en la sentencia y en el plazo de diez días.-

Notifíquese en los términos de las Acordadas 31/11, 38/13 y concordantes, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la C.S.J.N. en la forma de práctica y devuélvase.-

HUGO MOLTENI

SEBASTIÁN PICASSO

(EN DISIDENCIA PARCIAL)

RICARDO LI ROSI

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