Indemnización a cargo de la compañia de seguro ante el robo sufrido por la actora al no haber funcionado la alarma colocada en el inmueble.

Woman setting burglar alarm --- Image by © Image Source/Corbis

Partes: S.C.D. Distribuidora c/ Prosegur Activa Argentina s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 4-dic-2015

Cita: MJ-JU-M-97078-AR | MJJ97078 | MJJ97078

Acreditado el robo sufrido por la actora en su inmueble y ante el deficiente servicio prestado por la empresa de seguridad al no funcionar la alarma, se hace lugar al reclamo de daños y perjuicios interpuesto.

Sumario:

1.-Si la defendida pretendía que la omisión no había sido debida a ninguna falla del sistema, sino que había sido producto de un hecho fortuito o de fuerza mayor que descartaba la configuración de todo factor de atribución entre ese resultado y su actuación, debió probarlo, y no lo hizo.

2.-Estando las partes contestes en cuanto a cuál fue el modo en que los delincuentes ingresaron en el inmueble de la actora, forzoso es concluir que, si los sensores colocados por la demandada funcionaban adecuadamente, ellos debieron haber detectado la presencia de esas personas, máxime cuando, como fue acreditado en autos, al retirarse del local, el personal de la actora activó la central de alarmas y dicho evento quedó registrado en la cámara de la empresa demandante.

3.-Como surge de lo dispuesto en el art. 107 de la Ley 17.418, la responsabilidad de la compañía de seguros debe entenderse asumida en la medida del seguro y en tales condiciones, y siendo que el importe al que asciende la condena recaída en la especie es menor a dicho monto, forzoso es concluir que la mencionada compañía fue correctamente excluida de la responsabilidad que le había sido atribuida

4.-Más allá de su denominación, el concepto de daño punitivo no conlleva ninguna indemnización de daños, sino la imposición de una sanción, cuya procedencia debe ser interpretada con el criterio restrictivo inherente a la aplicación de toda pena.

5.-Los daños punitivos son sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro. No basta, entonces, con que el proveedor haya incumplido con las obligaciones a su cargo, sino que es necesario también probar la concurrencia de una grave inconducta suya, cuya fisonomía requiere la verificación de dos extremos: un elemento subjetivo dado por el dolo o la culpa grave y un elemento objetivo, representado por el enriquecimiento indebido del dañador. De ello se deriva el carácter excepcional de la figura, a tal punto que tanto en el derecho comparado como en la doctrina nacional que se ocupa del tema, se ha recalcado que sólo procede en casos de particular gravedad.

6.-La multa civil es de aplicación excepcional y requiere de la comprobación de una conducta disvaliosa por la cual el responsable persiga un propósito deliberado de obtener un rédito con total desprecio de la integridad o dignidad del consumidor.

7.-El hecho de que la única vez que fue necesario utilizar el sistema de alarmas él no hubiera funcionado, no implica que ese servicio no haya sido prestado durante el anterior lapso, desde que, como es sabido, los contratos de esta índole conservan su componente conmutativo en razón de que la obligación asumida por el prestador no se limita a pagar la indemnización en caso de siniestro, sino a cubrir -en la medida prevista en el convenio- los riesgos que pesan sobre su contratante. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires a los 4 días del mes de diciembre de dos mil quince, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer en los autos «S.C.D. Distribuidora c/ Prosegur Activa Argentina s/ ordinario»(expte n° 7658/11) en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Julia Villanueva (9), Eduardo R. Machin (7) y Juan Roberto Garibotto (8).

El Dr. Machin no interviene en la presente resolución por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Estudiados los autos, la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 545/556?

La señora juez Julia Villanueva dice:

i. La sentencia.

Mediante el pronunciamiento dictado a fs. 661/670, la señora juez de grado admitió parcialmente la demanda entablada por S.C.D. Distribuidora S.R.L. contra Prosegur Activa Argentina S.A. y, en consecuencia, condenó a esta última a pagar a la actora la suma de $144.644,16, más intereses y costas.

Para así decidir, consideró que se hallaba fuera de cuestión que la demandada se había obligado a prestar a la actora el servicio de «.disuadir acciones de terceros tendientes a ocasionar perjuicios a personas y/o bienes en el domicilio del cliente.» ubicado en Av. Juan de Garay n° 231.

Tras tener por acreditado el robo sufrido por la demandante en ese inmueble el día 3 de diciembre de 2009, concluyó -por las razones que explicó- que dicho servicio había sido deficientemente prestado, dado que el sistema instalado a esos efectos no había funcionado.

Condenó a la demandada, en consecuencia, a indemnizar a la actora los daños que le había causado el aludido siniestro.

En cuanto a Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A.-citada en garantía en su condición de aseguradora de la actora-, a fs. 684 la señora juez hizo lugar a la aclaratoria solicitada por la nombrada y, en ese marco, dejó sin efecto la condena que inicialmente había dictado a su respecto.

En cambio, desestimó la procedencia de la multa solicitada por la pretensora en los términos del artículo 52 bis de la ley 24.240.

II. Los recursos.

1. Ambas partes apelaron la sentencia.

La actora lo hizo a fs. 674, expresando agravios a fs. 708/11, que fueron contestados por su adversaria a fs. 720/722

De su lado, «Prosegur» hizo lo propio a fs. 672, expresando sus quejas a fs.704/707, las que fueron respondidas a fs.716/718, siendo del caso señalar que ambas apelantes dedujeron el mismo recurso contra la referida aclaratoria dictada por la magistrada a fs. 684.

Finalmente, a fs. 685 apeló Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A., fundando su recurso en fs. 712.

2. La demandada solicita que la sentencia sea íntegramente revocada.

Funda su pretensión en el hecho de que, según sostiene, fue probado en

autos que a la fecha del robo, el sistema de alarma instalado en el inmueble de referencia funcionaba perfectamente y en que, si esa alarma no envió la señal, fue porque personas ajenas a su mandante -por quienes no debe responder- destruyeron los equipos.

De ello deduce que el sistema en cuestión no falló, destacando que del contrato suscripto entre las partes surge claramente que habían sido previstas situaciones como la de autos por las que su parte no habría de responder.

Subsidiariamente, se agravia de lo decidido con respecto a Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A., sosteniendo que ésta también debe ser condenada en los términos del artículo 118 de la ley 17.418.

3.De su lado, la actora se queja de que la sentenciante le haya negado el derecho a cobrar lo reclamado en concepto de daño punitivo.

Expresa que los presupuestos que supeditan el reconocimiento de este rubro se encuentran cumplidos, máxime cuando «Prosegur» tiene una fuerte posición en el mercado, obtuvo un importante beneficio a partir de la contratación del servicio, y fue probada su reincidencia en hechos de esta índole.

Se agravia también de que le haya sido negado el derecho a obtener la devolución de las sumas que su parte pagó durante los años de vigencia del contrato; agravio que funda en el hecho de que esos pagos importaron para su adversaria un enriquecimiento sin causa.

Así lo entiende con sustento en que la única vez que el servicio debió haber funcionado, ello no ocurrió, lo cual demuestra que la nombrada cobró durante esos años por un servicio que no prestó.

4. Finalmente, «Zurich» critica -por las razones que expresa- el hecho de que la señora magistrada haya reconocido a la actora el derecho a cobrar el rubro identificado por ésta como «daño emergente».

iii. La solución.

1.Como surge de la reseña que antecede, se demandó en auto el cobro de los daños y perjuicios que la actora alegó haber sufrido a causa del incumplimiento que atribuyó a la demandada en la prestación del servicio de seguridad objeto del contrato celebrado entre ambas.

Varios de los hechos que integran la plataforma fáctica del presente litigio se encuentran reconocidos.

En tal sentido, no es hecho controvertido que las partes efectivamente celebraron el aludido contrato, ni lo es que, en su ejecución, la demandada instaló en el inmueble de la actora el llamado Kit n° 6d2pik3de, el que contenía el Sistema de Comunicación Alternativo GPRS («Global Packet Radio System») a efectos de disuadir acciones de terceros tendientes a ocasionar perjuicios a personas o bienes en el referido inmueble.

Tampoco en controversia se encuentra que la demandante sufrió el siniestro que describió al promover la acción, ni lo está el hecho de que los equipos instalados por Prosegur para dar aviso a su Central de Recepción de Alarmas no se activaron en esa ocasión, razón por la cual la prestadora no se enteró a tiempo acerca del acaecimiento de ese hecho.

El disenso transita, en cambio, por la determinación de cuál fue la causa que impidió que la alarma funcionara.

Así, mientras la actora sostiene -en síntesis- que el sistema que «Prosegur» le había instalado presentó fallas, ésta aduce, por el contrario, que tal sistema no falló sino que fue violentado por los delincuentes en términos tales que eximen a su parte de toda responsabilidad.

Así descriptos los hechos, claro me resulta que era Prosegur S.A. quien debía producir la prueba destinada a obtener esa eximición de responsabilidad que pretendió.

Esto es así por aplicación de los principios que rigen la responsabilidad cuando, como en el caso, ésta es de génesis contractual.

En efecto:en autos se probó -más bien no se controvirtió- que el sistema de alarmas instalado a la actora no dio las señales necesarias para que el robo pudiera ser detectado.

En tales condiciones, lógico es que, si la defendida pretendía que esa omisión no había sido debida a ninguna falla del sistema, sino que había sido producto de un hecho fortuito o de fuerza mayor que descartaba la configuración de todo factor de atribución entre ese resultado y su actuación, debió probarlo, y no lo hizo.

Ocurrió, en cambio, todo lo contrario.

Hago notar, en tal sentido, que las partes están contestes en cuanto a cuál fue el modo en que los delincuentes ingresaron en el inmueble de la actora.

Si esto fue así, forzoso es concluir que, si los sensores colocados por «Prosegur» funcionaban adecuadamente, ellos debieron haber detectado la presencia de esas personas (ver lo informado en el peritaje electrónico producido a fs. 474/479), máxime cuando, como fue acreditado en autos, al retirarse del local el día 2 de diciembre, el personal de la actora activó la central de alarmas y dicho evento quedó registrado en la CRA de la demandante (ver respuesta onceava del peritaje recién citado).

No obstante, esos sensores no produjeron tal reacción, lo cual lleva a una de estas dos forzosas conclusiones: o tales sensores no funcionaban bien, o se encontraban colocados en lugares que, por ser inapropiados, permitieron que los ladrones se acercaran sin ser detectados y pudieran destruirlos antes de que emitieran la señal de alarma que era de esperar.

De la argumentación proporcionada por «Prosegur» al responder la demanda se infiere que su defensa transitó este último carril, pero tampoco en este plano ha sido producida prueba alguna susceptible de otorgar respaldo a los dichos de esa prestadora.

De lo dispuesto en las cláusulas 3.2 y 3.5 del contrato celebrado (ver condiciones generales obrantes a fs.84/87) surge que la ubicación de los equipos es aconsejada por Prosegur.

Surge también que el cliente puede solicitar la modificación de la ubicación de los equipos o que se reduzca la cantidad de sensores o de otros elementos sugeridos por «Prosegur», supuestos en los cuales el personal de Prosegur debe comunicar al cliente las posibles limitaciones del servicio dejándose constancia escrita de tales circunstancias.

En el sub examine, no hay ninguna constancia de esa índole que indique que el cliente haya solicitado tal modificación, sino que, por el contrario, del informe del 15.12.09 brindado por Prosegur (ver fs. 102), surge que el inmueble contaba con 9 sensores y dos pulsadores de pánico distribuidos en el lugar «según el procedimiento habitual de instalación de la empresa».

En tales condiciones, si los ladrones pudieron llegar a la oficina donde se encontraba la central de alarma y destruirla fue por alguna de las dos razones ya señaladas: o los sensores no funcionaron o no habían sido colocados en lugares apropiados para impedir ese resultado.

Cualquiera que haya sido el supuesto, claro resulta que la responsabilidad fue de la demandada, por lo que habré de proponer al Acuerdo el rechazo del agravio examinado.

2. A igual conclusión corresponde arribar, según mi ver, con respecto al restante agravio traído a consideración de la Sala por la demandada.

Así lo juzgo en razón de que, como surge de lo dispuesto en el art. 107 de la ley 17.418, la resp onsabilidad de Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. debe entenderse asumida «en la medida del seguro».

De la póliza obrante a fs. 203/214 surge que la cobertura otorgada por la mencionada aseguradora tenía una franquicia de U$S 84.257 a cargo de la asegurada, información que fue respaldada a fs.561 por el perito contador designado en autos.

En tales condiciones, y siendo que el importe al que asciende la condena recaída en la especie es menor a dicho monto, forzoso es concluir que la mencionada compañía fue correctamente excluida de la responsabilidad que le había sido atribuida, lo cual me lleva, como dije, a proponer también aquí la desestimación de la queja.

3. Así las cosas, paso a ocuparme de tratar los agravios articulados por la actora.

A mi juicio, la pretensión -que constituye el primero de esos agravios- de que sea impuesta a «Prosegur» una condena en concepto de daño punitivo en los términos del art. 52 bis de la ley 24.240 no es procedente.

Sabido es que, más allá de su denominación, ese concepto no conlleva ninguna indemnización de daños, sino la imposición de una sanción, cuya procedencia debe ser interpretada con el criterio restrictivo inherente a la aplicación de toda pena.

Sobre esta cuestión, Lorenzetti explica que los daños punitivos son «sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro» (Lorenzetti, Ricardo, «Consumidores», p. 557).

No basta, entonces, con que el proveedor haya incumplido con las obligaciones a su cargo -como ocurrió en el caso-, sino que es necesario también probar la concurrencia de una grave inconducta suya, cuya fisonomía requiere la verificación de dos extremos: un elemento subjetivo dado por el dolo o la culpa grave y un elemento objetivo, representado por el enriquecimiento indebido del dañador. De ello se deriva el carácter excepcional de la figura, a tal punto que tanto en el derecho comparado como en la doctrina nacional que se ocupa del tema, se ha recalcado que sólo procede en casos de particular gravedad (cfr.Stiglitz, Rubén S., Pizarro, Ramón D., «Reformas a la ley de defensa del consumidor», LL, 2009-B, 949; Nallar, F. «Improcedencia de los daños punitivos en un fallo que los declara procedentes», LL 2009-D, 96, entre otros.).

En el mismo sentido, ha sido dicho -en posición que comparto- que la multa civil es de aplicación excepcional y requiere de la comprobación de una conducta disvaliosa por la cual el responsable persiga un propósito deliberado de obtener un rédito con total desprecio de la integridad o dignidad del consumidor (CNCom., Sala D, «Castañón Alfredo José c/ Caja de Seguros SA s/ ordinario» del 9/04/12).

Por lo demás, y como también se expresó en el fallo recién citado, la norma en cuestión concede al juez una potestad que el magistrado podrá o no utilizar según entienda que la conducta antijurídica previamente demostrada presenta características de excepción que exigen, congruentemente, una condena «extra» que persiga no sólo resarcir a la víctima sino también sancionar al responsable, quitarle todo resabio de rédito económico derivado de la inconducta, y que genere un efecto ejemplarizador que prevenga su reiteración (ver precedente recién citado).

En tales condiciones, y toda vez que nada de lo acreditado en autos habilita a afirmar que la demandada haya procedido del modo más arriba

referido al incumplir el contrato debatido en autos, es mi opinión que este agravio debe ser rechazado.

4.Igual suerte debe correr la queja de la actora vinculada con el rechazo de su pretensión de obtener la devolución de lo que pagó durante la vigencia del contrato de marras.

Así concluyo en razón de que, más allá de que la quejosa no probó siquiera cuáles fueron esos pagos, lo cierto es que, contrariamente a lo que ella sostiene, no es posible afirmar que el servicio en cuestión no haya sido prestado durante ese lapso.

Sin duda, el sistema falló en ocasión del robo que dio origen a este pleito, pero ello no habilita a concluir que igual resultado se hubiera producido ante episodios similares, siendo de todos modos claro que el solo anuncio de que un inmueble se halla protegido por un sistema de alarmas como el aquí visto es, en principio, elemento que cabe presumir disuasivo de la acción de los delincuentes.

Por lo demás, el hecho de que la «única vez» que fue necesario utilizar el sistema él no hubiera funcionado, no implica que ese servicio no haya sido prestado durante el anterior lapso, desde que, como es sabido, los contratos de esta índole conservan su componente conmutativo en razón de que la obligación asumida por el prestador no se limita a pagar la indemnización en caso de siniestro, sino a cubrir -en la medida prevista en el convenio- los riesgos que pesan sobre su contratante.

Por tales razones, es mi conclusión que la sentencia apelada debe también ser confirmada en este aspecto.

5. Finalmente, y en lo que respecta a «Zurich», su recurso debe ser declarado abstracto, toda vez que, si el rechazo de la condena a su respecto fuera confirmada como lo he propuesto, es claro que esa aseguradora no tiene ningún interés que defender en este pleito.

iv. La conclusión.

Por lo expuesto, propongo al Acuerdo confirmar en su integridad la sentencia apelada.Las costas se imponen a la demandada por haber resultado sustancialmente vencida, salvo en lo que respecta al recurso interpuesto por Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A., que se imponen a ésta en atención a su resultado.

Por análogas razones, el Señor Juez de Cámara, el doctor Juan R. Garibotto, adhiere al voto anterior.

Con lo que terminó este acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores: Julia Villanueva, Juan R. Garibotto. Ante mí: Rafael F. Bruno. Es copia de su original que corre a fs. del libro de acuerdos N° Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal Sala «C».

Rafael F. Bruno Secretario

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve confirmar en su integridad la sentencia apelada. Las costas se imponen a la demandada por haber resultado sustancialmente vencida, salvo en lo que respecta al recurso interpuesto por Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A., que se imponen a ésta en atención a su resultado

Notifíquese por Secretaría.

Devueltas que sean las cédulas debidamente notificadas, vuelva el expediente a la Sala a fin de dar cumplimiento a la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

El Dr. Machin no interviene en la presente resolución por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Julia Villanueva

Juan R. Garibotto

Rafael F. Bruno

Secretario

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