Reincorporación del actor al curso de Actualización General Básica y Adiestramiento Policial para Suboficiales quien fuera excluido por registrar antecedentes por un delito menor.

Partesshutterstock_153586082: O. P. G. c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso contencioso adminsitrativo

Tribunal: Cámara de lo Contencioso Administrativo de Santa Fe

Fecha: 2-dic-2015

Cita: MJ-JU-M-97283-AR | MJJ97283 | MJJ97283

Se ordena reincorporar al actor al curso de Actualización General Básica y Adiestramiento Policial para Suboficiales, quien fuera excluido por registrar antecedentes por un delito menor, con condena cumplida y agotada.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar al recurso interpuesto y anular el acto administrativo impugnado, ordenando la reincorporación del actor al curso de Actualización General Básica y Adiestramiento Policial para Suboficiales, ello en tanto la Administración aplicó irrazonablemente el art. 8, inc. d, de la Ley 12.333, según el cual es requisito para el ingreso a la carrera no haber sido condenado por la justicia nacional o provincial, por delitos o contravenciones, haya o no cumplido la pena impuesta, lo que consagró una manifiesta inequidad.

2.-No resulta admisible que cualquier antecedente por la comisión de un delito se transforme en un impedimento automático para ingresar al curso de Actualización General Básica y Adiestramiento Policial para Suboficiales, pues en el caso bajo análisis, se trata de un delito menor -con condena cumplida y agotada- desvinculado de la Administración Pública, y del que tampoco se extrae -ni se advierte- cuál podría ser la relación con el curso y la función policial, y al que el actor ingresara satisfactoriamente.

3.-No podría prescindirse que el actor fue condenado por el delito de lesiones culposas, y que desde la fecha de la sentencia y la de la resolución impugnada -que dispuso su exclusión del curso de Actualización General Básica y Adiestramiento Policial para Suboficiales- transcurrieron más de nueve años, debiendo aplicarse lo dispuesto por el art. 51 CPen., que dispone la caducidad del registro de las sentencias condenatorias que opera a los cinco años.

Fallo:

En la ciudad de Santa Fe, a los 2 dias del mes de diciembre del año dos mil quince, se reunió la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 1, integrada a estos efectos por los doctores Federico José Lisa y Aidilio Gustavo Fabiano, con la presidencia del titular doctor Alfredo Gabriel Palacios, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “O., P. G. contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO” (Expte. C.C.A.1 n° 345, año 2012). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea doctores Palacios, Lisa y Fabiano.

A la primera cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Palacios dijo:

El señor P. G. O. interpone recurso contencioso administrativo contra la Provincia de Santa Fe tendente a obtener la anulación de la resolución 574/10 del Instituto de Seguridad Pública de la Provincia, y en consecuencia, se disponga su incorporación como miembro efectivo de la

fuerza policial de la Provincia de Santa Fe.

Asimismo solicita la declaración de inconstitucionalidad del artículos 8, inciso d) de la ley 12.521 y articulo 33, inciso b) de la ley 12.333.

Luego de referir a la admisibilidad formal del recurso, relata que en fecha 29.5.2009 se inscribió como aspirante al curso de Suboficiales de la Policía de la Provincia de Santa Fe presentando una carpeta con todos sus antecedentes personales y demás requisitos exigidos para el trámite de inscripción; que aprobó los exámenes médicos, psicológicos, físicos e intelectuales a los cuales fue sometido.

Indica que se le notificó que debía presentarse en el I.Se.P.el día 16.11.2009 por encontrarse en condiciones de ser incorporado a cursar en la delegación de la Unidad Regional 1, y que “. una vez finalizado y aprobado el curso de Capacitación General Básico y Adiestramiento Técnico Policial, con una duración de cuatro meses, prestará servicios en la citada Unidad Regional o en la que disponga la Jefatura de Policía de la provincia.”.

Precisa que del cupo inicial de trescientos diez aspirantes (310) para comenzar el curso de Adiestramiento Policial, obtuvo el orden de mérito número sesenta y ocho (68), con un puntaje de 8,75 puntos.

Explica que el 5.1.2010 -previa notificación de la fecha de inicio del curso- se presentó a cursar y suscribió el contrato de beca según resolución 289/08 del Ministerio de Seguridad de la Provincia, con vencimiento el día 5.5.2010 -fecha de finalización del curso-.

Señala que el día 18.3.2010 fue notificado de la resolución 574/10, cuyo artículo 2 dispuso su exclusión del curso de adiestramiento policial por no cumplir el requisito establecido en el artículo 8, inciso d) de la ley 12.333.

Dice que interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio; que se rechazó la revocatoria y no se resolvió la apelación; que interpuso recurso jerárquico y pronto despacho ante el silencio de la Administración.

Aduce que, en paralelo a los remedios administrativos intentados, realizó una denuncia ante el INADI, Delegación Santa Fe.

Indica que en los considerandos de la resolución 574/10 se argumenta que a fue condenado y que tal circunstancia encuadra en lo dispuesto por el artículo 8, inciso d) de la ley 12.333 y por el artículo 33, inciso b) de la ley 12.521.

Señala que la previsión de ambas normas -en cuanto establecen como requisito para el ingreso a la

fuerza policial el no haber sido condenado-, “luce desprovisto de toda lógica jurídica, y sus efectos devienen injustos y arbitrarios al vapulear sin remedioprincipios y garantías reconocidos por las cartas magnas de la Provincia y de la Nación, como también por innumerables tratados internacionales que gozan de idéntico rango”.

Agrega que ambos artículos son arbitrarios e injustos porque no distinguen entre delitos dolosos o culposos; que dicha omisión tuvo como consecuencia el dictado de una resolución injusta y arbitraria que perjudica gravemente sus intereses, en tanto aspiraba legítimamente a acceder a un empleo público cometido que le implicó “desatender y/o abandonar su anterior ocupación y/o empleo”.

Refiere que al momento de inscribirse al curso de suboficiales acompañó un certificado de antecedentes penales; que la demandada permitió su ingreso al curso y luego lo excluyó faltando poco más de un mes para su egreso.

Arguye que dado que la ley 12.333 distinguió entre delitos doloso y culposo al regular las casuales de remoción del Director del I.Se.P. -exigiendo la condena firme por delito doloso para remover al Director (art. 29, inc. c)-, el mismo criterio debe ser seguido al aplicar el artículo 8 de

dicho cuerpo normativo, pues de lo contrario se vulnera el principio de igualdad ante la ley.

Entiende que el artículo 16 de la Constitución nacional es claro y no admite interpretaciones en cuanto a que la idoneidad es la pauta primordial a considerar para el ingreso al empleo.

Cita y transcribe los artículos 8 y 14 de la Constitución provincial, el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica y el artículo 2 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y argumenta en torno al principio de igualdad y prohibición de discriminación.

Aduce que no puede admitirse que la reglamentación provincial considere sin distinción alguna aquello que la ley penal de fondo distingue tan categóricamente, pues la culpa no puede ser asimilada a una causal de inidoneidad para el empleo público.Cita jurisprudencia.

Considera que lo dicho conlleva “. la declaración de inconstitucionalidad y la inmediata derogación y/o reglamentación” del artículo 8, inciso d) de la ley 12.333 y del artículo 33, inciso b) de la ley 12.521; que ello queda de manifiesto con lo dicho en el dictamen de la asesoría letrada del I.Se.P. de fecha 31.5.2010, en cuanto, ante su planteo, solicitó “reglamentación y/o lineamientos

rectores que clarifiquen los pasos a seguir”. Agrega que el dictamen de Fiscalía de Estado número 1162 también contiene una recomendación respecto a la reglamentación del artículo 8 de la ley 12.333.

Estima que no puede ser considerado como una persona sin aptitud o idoneidad para el ingreso a las fuerzas de seguridad, en tanto superó satisfactoriamente las restantes instancias de evaluación (examen físico, asistencia perfecta al curso, exámenes teóricos, trabajos prácticos, etc.).

Destaca que no registra antecedentes penales en el Registro Nacional de Reincidencia; y que en el año 2000 fue condenado por el delito de lesiones culposas como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en 1998; que se le aplicó una multa de mil pesos y se lo inhabilitó para conducir por un año.

Explica que cumplió con la pena que le fue impuesta y que se archivó el expediente correccional en el año 2006; que la resolución 574/10 contradice el principio del derecho procesal penal “non bis in idem”.

Cita casos en los que el Ministerio de Seguridad ordenó la reincoporación de agentes por considerar que las resoluciones fundadas en el articulo 8, inciso d) de la ley 12.333 incurrían en excesivo rigorismo formal.

Ofrece prueba y solicita, en suma, se haga lugar al recurso intentado, con costas.

2. Declarada la admisibilidad parcial del recurso (fs. 34/35), comparece la Provincia de Santa Fe (f. 52) y contesta la demanda (fs.60/64 vto.).

Luego de negar los hechos alegados en la demanda, refiere a la pretensión del actor y a los antecedentes del caso, argumenta en torno a la improcedencia del recurso.

Al respecto señala que el artículo 8, inciso d) de la ley 12.333 es claro y no admite otro tipo de lectura; que si hubiera sido intención del legislador hacer alguna diferencia, así lo hubiera hecho.

Precisa que la normativa cuestionada excluye al recurrente de la posibilidad de realizar el curso de capacitación en tanto fue condenado en sede penal por la comisión de un delito culposo.

Aduce que el actor, ante la claridad de la causal obstativa para el ingreso o continuidad del cursado, intenta realizar una “relectura o reinterpretación de la norma”, tachándola de inconstitucional por violación al principio de igualdad y la omisión en diferenciar entre delitos dolosos y culposos.

Reitera que la normativa cuestionada es clara y los antecedentes penales del actor lo dejan fuera de

cualquier discusión.

Entiende que no puede tolerarse la comparación que efectúa el señor O.entre los requisitos que debe cumplir un aspirante al curso de capacitación y las causales de remoción del director del I.Se.P., por cuanto los alumnos de la Carrera de Auxiliar de Seguridad no tienen estado policial no siendo adecuada dicha comparación, y porque en un caso se trata del ingreso a un curso de capacitación con aspiraciones a ingresar a las fuerzas policiales, mientras que en el otro se trata de las formas de remoción del cargo del Director del I.Se.P.

Refiere a que el control de constitucionalidad de una norma constituye la última ratio a la que debe acudir el órgano jurisdiccional, y que la gravedad que implica dicha labor se repotencia cuando está en juego el ingreso a las fuerzas policiales no pudiendo quedar librado a una interpretación tibia la capacidad, idoneidad y moralidad de quienes ingresaran a esas fuerzas.

Considera que no es posible incorporar al actor como miembro efectivo de la Policía de la Provincia de Santa Fe, por cuanto nunca revistió dicho carácter; que el artículo 11 de la ley 12.333 establece que los alumnos de la Carrera Auxiliar de Seguridad no tienen estado policial.

Agrega que de no haber existido la causal obstativa por la cual se excluyó al recurrente del curso de Capacitación y Adiestramiento policial éste sólo habría tenido derecho a continuar el curso y aprobarlo para luego tener la posibilidad de aspirar al ingreso a la Policía.

Recuerda que el título que otorga el curso de Auxiliar en Segurida d habilita al graduado a postularse para el ingreso al cuerpo policial según el orden de mérito y el cupo que se establezca, como así también para trabajar en el ámbito privado.

Agrega que el ingreso a las fuerzas policiales no es automático siendo necesario reunir los requisitos establecidos en la ley 12.521.

Concluye que, aún considerándose la inconstitucionalidad solicitada por el recurrente, su pretensión no puede ser atendida.

Ofrece pruebas, hace reserva del caso constitucional y solicita, en definitiva, se rechace el recurso intentado,con costas.

Abierta la causa a prueba (f. 71) y producida la que consta en el expediente, alegan las partes sobre su mérito (fs. 96/101 y 103/108 vto.).

Dictada (f. 116) y consentida la providencia de autos, se encuentra la presente causa en estado de ser resuelta.

3. De conformidad a lo establecido en el artículo 23, inciso a), de la ley 11.330, corresponde emitir pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso.

Al respecto, no se han invocado, ni se advierten, razones que justifiquen apartarse del auto obrante a fojas 34/35 (A. y S. T. 32, pág. 455).

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Lisa coincidió con lo expresado por el señor Juez de Cámara doctor Palacios y votó en igual sentido.

A la misma cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Fabiano dijo:

Habiendo tomado conocimiento de los autos y existiendo votos totalmente concordantes de dos Jueces, de conformidad al artículo 26 de la ley 10.160 y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, me abstengo de emitir opinión.

A la segunda cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Palacios dijo:

II. En los términos en que ha quedado trabada la litis, la pretensión ejercida por el recurrente se encuentra limitada a la anulación de la resolución 574/10 y, consecuentemente, a su reincorporación al

“Curso de Capacitación y Adiestramiento Técnico Policial Básico para Suboficiales”.

En virtud de la resolución impugnada, la Dirección del Instituto de Seguridad Pública excluyó al actor como aspirante al curso en cuestión “por contar con causales obstativas para el ingreso y/o permanencia” (fs. 3/4).

En efecto, según consta, el recurrente registra un antecedente penal por el delito de “lesiones culposas”, en el que, por sentencia de fecha 29.12.2000, resultó condenado “a la pena de mil pesos de multa e inhabilitación para conducir por un año” (f.13).

En las circunstancias del caso, la Administración aplicó el artículo 8, inciso d, de la ley 12.333, según el cual es requisito para el ingreso a la carrera “no haber sido condenado por la justicia nacional o provincial, por delitos o contravenciones, haya o no cumplido la pena impuesta”.

Al respecto, la aplicación e interpretación que la Administración hace de la norma resulta, en el caso, irrazonable consagrando una manifiesta inequidad.

En primer lugar, observo que la disposición en cuestión no hace distinción alguna, según se trate de

delitos dolosos o culposos, o que afecten a la Administración Pública o lesionen el orden constitucional -como lo establecen otros regímenes del sector público provincial (art. 12, incisos a, b, c, e y h, ley 8525; art. 11, incisos a, b, d, ley 9286; art. 10, incisos a y b, ley 10.023; art. 4, incisos d y e, ley 10.290)-; y, en segundo lugar, median principios y normas jurídicas cuya aplicación no puede soslayarse en la solución de la causa.

En las condiciones normadas, no parece jurídicamente razonable que, en supuestos como el de autos, el impedimento para el ingreso se prolongue sine die sin atender la naturaleza del antecedente considerado.

En efecto, no podría prescindirse que el actor fue condenado por el delito de lesiones culposas, y que desde la fecha de la sentencia -29.12.2000- y la de la resolución impugnada -16.3.2010-, transcurrieron más de nueve años.

En tales condiciones, no podría soslayarse para la solución del caso lo normado en el artículo 51 del Código Penal, el que, entre otros aspectos, dispone la caducidad del registro de las sentencias condenatorias que, para hipótesis como la de autos, se opera “después de transcurridos cinco años desde su extinción para las condenas a pena de multa o

inhabilitación” (inciso 3).

En el caso, conforme se encuentra acreditado, desde la fecha que la sentencia de condena quedó firme -23.4.2001-, transcurrió largamente elplazo de cinco años a que refiere el citado artículo 51, produciéndose la caducidad del registro “a todos sus efectos”, de lo que también da cuenta la constancia del “certificado de antecedentes penales” acompañada, según la cual el recurrente no registraba antecedentes penales al 29.8.2008 (f. 6).

Distintas opiniones doctrinarias y jurisprudenciales avalan los fundamentos y efectos de la caducidad del registro de antecedentes penales.

Al respecto, la doctora Carina Lurati refiere a que “Hasta la sanción de la ley 23.057, la condena perseguía al condenado por el resto de su vida”, de lo que da cuenta el mensaje del ex Presidente de la Nación, doctor Ricardo Alfonsín, al elevar el proyecto de ley, en cuanto a que “‘se introduce, a pesar de lo limitada de esta reforma, un nuevo texto del artículo 51, destinado a evitar uno de los males característicos de nuestra vida jurídica en los últimos años: el ‘etiquetamiento’ de las personas.'”, concluyendo que “esta norma no sólo buscó evitar efectos perpetuos de las condenas penales, sino superar la estigmatización generada por

el registro. ” (“El sistema de pena única en el Código Penal Argentino”, 2008, Rubinzal Culzoni, pág.

121/122).

Igualmente, se dijo que la caducidad del registro “se produce respecto de todos los posibles efectos que puedan derivar de la sentencia condenatoria, sean penales, civiles, administrativos o laborales” (Grisetti, Ricardo Alberto, Código Penal Comentado, concordado y anotado, T. II., dirigido por Carlos A. Chiara Díaz, 2011, Nova Tesis, págs.

716/717).

Así también lo ha considerado la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el sentido que el “impedimento para el ingreso no se prolonga sine die, sino por un plazo relacionado con la permanencia de la condena en los registros respectivos, que se ve reflejado en los informes que expide el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal.Si sucediera lo contrario, es decir si la Administración no aplicara algún tope en el tiempo, se configuraría una restricción excesiva y por tanto irrazonable, en la medida en que supondría descartar en absoluto la posibilidad de una recuperación ética de la persona” (“M., E.D. c/GCBA s/ Amparo”, Expte. n° 965/13; fallo del 26.11.2013).

En el mismo sentido se ha expedido con anterioridad el Alto Tribunal nacional, al entender que, en casos como el presente, “en el que el hecho que dio origen a la condena de ocho meses de prisión, de ejecución condicional fue cometido hace dieciocho años -17 de agosto de 1959- y la sentencia final que lea impuso fue dictada hace quince -del 12 de junio de 1962-, la prolongación sine die del impedimento que constituye esa condena, en virtud del art. 5, inc. 1, de la ley 10.996, configura una restricción al derecho de trabajar, que, como medio tendiente a salvaguardar los valores antes mencionados, resulta excesivo y por tanto irrazonable. Este impedimento supone, en efecto, descartar en absoluto la posibilidad de una recuperación ética de la persona, lo cual no es acorde con la naturaleza de las cosas ni es, en consecuencia, justo. En tal sentido y a modo de dato concordante cabe recordar, como lo hace el recurrente, que dicha posibilidad de recuperación es uno de los principios que sustentan el sistema del Código Penal” (Fallos: 299:428).

Así también lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido que “La decisión de mantener la prisión preventiva del señor Giménez como resultado de sus condenas previas vulnera claramente este principio establecido, así como el

concepto de la rehabilitacióin en el derecho penal. Fundar en estas condenas previas la culpabilidad de un individuo o la decisión de retenerlo en prisión preventiva es, en esencia, una perpetuación del castigo.Una vez que la persona condenada ha cumplido su sentencia o ha transcurrido el período de condicionalidad, debe restablecerse a dicho personal en el goce pleno de todos sus derechos civiles” (caso “Giménez”, n° 11.245 del 1.3.1996, punto 97).

A su vez, considero que tampoco es admisible que cualquier antecedente por la comisión de un delito se transforme en un impedimento automático para ingresar. En ese sentido, destaco que en el caso se trata de un delito menor -con condena cumplida y agotada- desvinculado de la Administración Pública, y del que tampoco se extrae -ni se advierte- cuál podría ser la relación con el curso y la función policial, y al que, según consta, el actor ingresara satisfactoriamente (f. 9).

Por lo demás, comparto el dictamen de la Asesoría Legal del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo -INADI-, en cuanto a que -en el subjudice- la restricción impuesta involucra “el derecho a la educación, que se encuentra consagrado en el artículo 14 de la Constitución nacional siendo actualmente un derecho

que se encuentra reforzado por la incorporación a nuestra C.N. de Convenciones y Tratados Internacionales, plasmados en el art. 75 inc. 22, que hacen al Sistema Internacional de Derechos Humanos. Asimismo y dadas las particularidades del ISEP como instituto preparatorio a los agentes que pasarán a integrar una fuerza policial, se encuentra en juego el derecho al trabajo” (f. 44, expediente Actu n° 0115604/2013).

Por todo lo expuesto, corresponde anular el acto administrativo impugnado, reconociendo que el recurrente tiene derecho a su reincorporación al Curso de Ingreso del Instituto de Seguridad Pública En cuanto a las costas, las mismas se impondrán en el orden causado, en tanto la demandada pudo considerar que ten ía razón bastante para litigar.

Voto, pues, por la afirmativa.A la misma cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Lisa expresó similares fundamentos a los expuestos por el señor Juez de Cámara doctor Palacios y votó en igual sentido.

A la misma cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Fabiano dijo:

Conforme el criterio sustentado al tratar la cuestión anterior, me abstengo de emitir opinión A la tercera cuestión el señor Juez de Cámara

doctor Palacios dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto y anular el acto administrativo impugnado, ordenando la reincorporación del actor al curso de Actualización General Básica y Adiestramiento Policial para Suboficiales, con costas por su orden.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Lisa dijo que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Juez de Cámara doctor Palacios, y así votó.

A la misma cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Fabiano dijo:

Por las razones expresadas al tratar las cuestiones anteriores, me abstengo de emitir opinión.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 1 integrada RESOLVIÓ: Hacer lugar al recurso interpuesto y anular el acto administrativo impugnado, ordenando la reincorporación del actor al curso de Actualización General Básica y Adiestramiento Policial para Suboficiales. Costas por su orden.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando los señores Jueces de Cámara por ante mí, doy fe.