Es nula la claúsula de prórroga de jurisdicción convenida entre las partes, pues en el proceso en el que subyace una relación de consumo es competente el juez del domicilio del consumidor.

Cotratro
Partes:
Concretar S. R. L. c/ Blanda Norah del Huerto s/ ejecutivo

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela

Fecha: 3-dic-2015

Cita: MJ-JU-M-97046-AR | MJJ97046 | MJJ97046

Es nula la cláusula de prórroga de jurisdicción convenida entre las partes, pues en el proceso en el que subyace una relación de consumo es competente el juez del domicilio del consumidor.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la declaración de incompetencia del juez en el proceso ejecutivo desde que en las ejecuciones de títulos cambiarios dirigidas contra deudores residentes fuera de la jurisdicción del tribunal cabe inferir de la sola calidad de las partes que subyace una relación de consumo en los términos previstos en el estatuto que tutela a los consumidores y usuarios (Ley 24.240 y sus concordantes), prescindiendo de la naturaleza cambiaria del título en ejecución, resultando así la competencia del juez del domicilio del consumidor.

2.-Toda vez que las sentencias deben atender a las circunstancias existentes al momento de su dictado y cuando, como en el caso, en el transcurso del proceso han sido adoptadas nuevas normas sobre la materia objeto de la litis, la decisión debe atender también a las modificaciones introducidas por esos preceptos en tanto configuran circunstancias sobrevinientes de las que no es posible prescindir, así el rango de orden público de la legislación consumerista, caracterizable como de dirección y de protección, torna prevalente la preceptiva vigente del art. 2654 (3er. y 4to. párrafos) del CCivCom. por sobre las reglas procesales locales.

3.-La cláusula de prórroga de jurisdicción convenida entre la firma actora y la demandada, por la cual ambos aceptaban someterse a la competencia de los tribunales ordinarios, es nula desde que en dicho aspecto de las relaciones de consumo debe entenderse como irrenunciable.

Fallo:

Rafaela, 3 de diciembre de 2.015.

VISTOS: Estos caratulados «Expte. N° 191 – Año 2.014 – «CONCRETAR S.R.L.» c/ BLANDA, Norah del Huerto s/ EJECUTIVO», venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 3a. Nominación de esta ciudad (Distrito Judicial N° 5), de los queRESULTA: 1. Que, la parte actora interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el auto en el cual el A quo se declara incompetente para entender en la presente causa (fs. 25). El Juez de grado, rechaza la revocatoria y concede la apelación interpuesta (fs. 28).

Radicados los presentes ante este Tribunal (fs. 30, céd. fs. 31), la recurrente presenta sus agravios (fs. 33/34) en los que postula que no se aplique la normativa de la Ley de Defensa del Consumidor a los títulos ejecutivos. Expresa que las normas que regulan la competencia surgen claramente de lo dispuesto en el Decreto 5965/63 y remarca que no corresponde presumir una relación de consumo donde no se puede deducir por ley y donde no existe la figura jurídica que tutela el artículo.

Por último, subraya que, si bien el Juez tiene la facultad de efectuar un examen minucioso del título, tal análisis debe ceñirse a verificar si el mismo reviste el carácter de título ejecutivo y si se encuentran cumplidos los requisitos formales establecidos por la ley que los regula, pero ir más allá de esto implica inmiscuirse en los derechos reservados al deudor.

Quedan los autos en condición de ser resueltos.

Y, CONSIDERANDO: 2. Que, la actora critica que el Juez de grado presuma una relación de consumo entre las partes y se aparte del Decreto 5965/63.Sin embargo, se debe tener presente que en las ejecuciones de títulos cambiarios dirigidas contra deudores residentes fuera de la jurisdicción del tribunal cabe inferir de la sola calidad de las partes que subyace una relación de consumo en los términos previstos en el estatuto que tutela a los consumidores y usuarios (Ley N° 24.240 y sus concordantes), prescindiendo de la naturaleza cambiaria del título en ejecución. Es que el óbice impuesto por la abstracción cambiaria encuentra su excepción cuando se da prevalencia a un derecho constitucionalmente protegido de modo expreso por encima del que tiene fundamento en el derecho común.

En la relación consumerista, el sujeto típico en torno al cual se estructura todo el andamiaje de la protección legal es la figura del consumidor directo. Es la persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes a título oneroso o gratuito, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, vinculándose directamente con el sujeto proveedor.

Y, en punto a la actividad de las mutuales y cooperativas de consumo, es menester atender a la función real que cumplen en el mercado y la significación que alcanza dicha intervención, y ello más allá de las finalidades que le son asignadas por la propia normativa que fomenta su formación, como así también lo determinado por sus estatutos.

3. Que, encontrándose la causa a estudio del Tribunal, desde el 1° de agosto de 2.015 rige el Código Civil y Comercial de la Nación, cuyo art. 2654 (3er. y 4to. párrafos) expresa que «.la acción entablada contra el consumidor por la otra parte contratante solo puede interponerse ante los jueces del Estado del domicilio del consumidor.En esta materia no se admite el acuerdo de elección de foro.».

Y, siguiendo el principio rector de que las sentencias deben atender a las circunstancias existentes al momento de su dictado y si en el transcurso del proceso han sido adoptadas nuevas normas sobre la materia objeto de la litis, la decisión debe atender también a las modificaciones introducidas por esos preceptos en tanto configuran circunstancias sobrevinientes de las que no es posible prescindir (cfr. Fallos: 306:1160; 318:2438; 325:28 y 2275; 327:2476; 331:2628; 333:1474; 335:905).

Así, se observa que el rango de orden público que caracteriza a la legislación que regula las situaciones de consumo, impone que deba prevalecer aquel precepto (art. 12, primera parte, CCC).

El rango de orden público que informa la legislación consumerista, caracterizable como de dirección y de protección, torna prevalente la preceptiva vigente del art. 2654 (3er. y 4to. párrafos) del Código Civil y Comercial por sobre las reglas procesales locales. Esa norma expresa que «.la acción entablada contra el consumidor por la otra parte contratante solo puede interponerse ante los jueces del Estado del domicilio del consumidor. En esta materia no se admite el acuerdo de elección de foro».

En un sentido análogo, en el art. 36 in fine de la Ley 24.240 (t.o. según Leyes 26.361 y 27.077) se regula sobre la competencia para entender en los litigios relativos a contratos de consumo. Así, en dicho estatuto no se prevé aquella alternativa otorgada al actor por el art. 4to.del Código Procesal Civil Comercial Santafesino, resultando así obligatorio demandar solo ante el domicilio real del consumidor.

Al aplicar dichas pautas al caso en estudio, se advierte que más allá del pacto de prórroga de jurisdicción convenido entre la firma «Concretar S.R.L.» y la demandada, por la cual ambos aceptaban someterse a la competencia de los tribunales ordinarios de Rafaela, lo cierto es que dicha cláusula es nula pues en dicho aspecto de las relaciones de consumo debe entenderse como «irrenunciable».

4. Que, en suma, corresponde ratificar la decisión venida en revisión.

Por ello, la CAMARA DE APELACION CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL, RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el decreto de fecha 25.04.2014 (fs. 25). En consecuencia, se confirma, el proveído impugnado, en cuanto ha sido materia de revisión. Con costas.

Regístrese, notifíquese y bajen.

Alejandro A. Román

Beatriz A. Abele

Lorenzo J. M. Macagno

SE ABSTIENE.

Héctor R. Albrecht

Secretario

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