Rechazo de la demanda contra establecimientos de juegos de azar, toda vez que no se probó la relación de causalidad entre la supuesta infracción y el aumento de la ludopatía en la población.

4798c7c9b7c2b_565_319!Partes: Proconsumer y otro c/ CIRSA y otros s/ proceso de conocimiento

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 1-dic-2015

Cita: MJ-JU-M-96725-AR | MJJ96725 | MJJ96725

Rechazo de la demanda contra los establecimientos que explotan las máquinas electrónicas de juegos de azar, toda vez que no se probó que los mismos se encontrasen operando en infracción a la resolución 97/2004 de Lotería Nacional, ni la relación de causalidad entre la supuesta infracción y el aumento de la ludopatía en la población.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la demanda intentada por la asociación civil contra las empresas explotadoras de casinos, con el objeto de que se dispusiese el cese inmediato de funcionamiento de las máquinas electrónicas de juegos de azar ubicadas en las salas de dichos establecimientos, por cuanto las máquinas tragamonedas se encuentran en un idioma distinto al castellano sin la correspondiente traducción que exige el marco legal, toda vez que las demandadas han tomado las medidas necesarias para asegurar un estándar mínimo de términos traducidos que permitan orientar al consumidor en su uso.

2.-Las normas vigentes en la materia no exigen una traducción integral de todos los términos y vocablos contenidos en la máquina, sino sólo la de aquéllos necesarios para que un consumidor medio pueda comprender su funcionamiento. Las encartadas han implementado una serie de medidas similares en todas aquellas máquinas de juego que se encuentran en un idioma distinto al castellano, con el objeto de asegurar que el usuario pueda conocer de manera suficiente su funcionamiento y características básicas, pues se desprende del acta de reconocimiento llevado a cabo en los establecimientos, que un porcentaje del parque de máquinas de juegos de azar se encuentra en idioma nacional mientras que otro tanto posee leyendas o se encuentra en un idioma distinto al castellano; y dentro de este último grupo se advierte, por un lado, la existencia de máquinas que si bien se hallan identificadas por leyendas en idioma inglés, sus respectivas reglas de juego se hallan en idioma castellano, y por el otro, la presencia de máquinas de juego cuyo gabinete y pantalla contienen términos y consignas mayoritariamente en idioma inglés.

3.-Se ha asegurado al público apostador un estándar de traducción y de información suficiente sobre las condiciones de funcionamiento de las máquinas de juego que se encuentran en un idioma distinto al castellano. No han sido incorporados elementos que permitan refutar la prueba que sí ha sido aportada, relativa a la ausencia de reclamos administrativos cuestionando el idioma o la ausencia de traducciones al castellano de las máquinas tragamonedas.

4.-El potencial apostador tiene la obligación de actuar con una diligencia mínima, examinanando y comprendiendo el funcionamiento de las máquinas. Teniendo en cuenta las constancias incorporadas a la causa se aprecia que el despliegue del ícono de las reglas de juego se puede realizar sin la necesidad de introducir dinero, y en caso de que un consumidor medio no pudiera comprenderlas, se brinda la posibilidad de acudir a los puestos de atención al cliente o al personal en sala encargado de asistir al público, por lo cual el supuesto perjuicio económico que se les ocasionaría a los consumidores no está probado.

5.-Pretender endilgar responsabilidad a las demandadas ante la posibilidad de que un consumidor medio pueda perder su apuesta por haber jugado aun sin comprender las reglas de juego ni arbitrar los medios puestos a su disposición para ello, implicaría aceptar la prevalencia en derecho de la candidez, de la falta de diligencia, hasta de la torpeza máxime cuando es sabido, con carácter de principio general, que nadie puede invocar la suya propia.

6.-Cada parte soporta la prueba de los hechos a los que atribuye la producción del efecto jurídico que pretende; y ello es así, porque la actividad probatoria constituye, como toda carga procesal, un imperativo del propio interés.

Fallo:

En Buenos Aires, a 1º de diciembre de 2015, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a efectos de conocer de los recursos interpuestos en los autos caratulados “PROCONSUMER y otro c/ CIRSA y otros s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO”, contra la sentencia de fs. 650/657, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor juez de Cámara Marcelo Daniel Duffy dijo:

1º) Que, la Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur (PROCONSUMER) promovió la presente demanda contra Hipódromo Argentino de Palermo S.A. y/o Hipódromo Argentino de Palermo S.A. Casino Club S.A. UT y/o quien resultara explotador de las máquinas electrónicas de juegos de azar situadas en el Hipódromo Argentino de Palermo, y contra CIRSA Internacional Gaming Corporation S.A. y/o quien resultara explotador del Casino Puerto Madero, con el objeto de que se dispusiese el cese inmediato de funcionamiento de las máquinas electrónicas y/o electromecánicas de juegos de azar ubicadas en las salas de juegos de dichos establecimientos, en caso de encontrarse operando en infracción a las prescripciones de la resolución 97/04 de Lotería Nacional y de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Requirió también que se aplicara a las demandadas el máximo legal de la multa civil prevista en el art. 52bis de la citada ley 24.240.

2º) Que, a fs. 650/657, y cumplido el trámite de ley, la señora jueza de la anterior instancia desestimó la excepción de falta de legitimación activa opuesta por las co-demandadas Hipódromo Argentino de Palermo S.A. y CIRSA Internacional Gaming Corporation S.A.; desechó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por ésta última y rechazó la demanda, con costas por su orden (cfr. art.68, segundo párrafo, del CPCCN).

Para descartar la primera defensa, la magistrado de grado señaló que la actora “es una asociación civil cuyo objeto social consiste … en la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios…”

Asimismo, siguiendo el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Consumidores Financieros Asociación Civil p/ su defensa c/ La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.”, fallada el 24 de junio de 2014, indicó que en autos existía “un hecho único susceptible de ocasionar una lesión a los derechos de una pluralidad de sujetos: futuros jugadores de las máquinas electrónicas de juegos de azar … la pretensión de la actora está concentrada en los efectos comunes para toda esa clase involucrada, en tanto la conducta cuestionada perjudicaría por igual a todos los afectados que se intenta proteger y los fundamentos jurídicos son uniformes respecto de la totalidad del colectivo que intenta representar”.

En esas condiciones, consideró que se encontraban reunidos los requisitos necesarios para reconocer legitimación procesal a la actora.

En cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por CIRSA S.A., recordó que el fundamento de la defensa había consistido en que ésta no era la entidad que operaba o explotaba el casino emplazado en Puerto Madero, sino que tal actividad era llevada a cabo por una unión transitoria de empresas “conformada por entidades jurídicamente distintas e independientes de CIRSA”. Sin embargo, la a quo indicó que del informe producido por Lotería Nacional S.E. obrante a fs. 552/558 no se advertía la existencia de la unión transitoria de empresas alegada.A ello agregó que CIRSA no había acompañado instrumento alguno que acreditara tal circunstancia.

A continuación, la jueza precisó que el fondo de la cuestión consistía en determinar si las máquinas electrónicas de juegos de azar situadas en el Hipódromo Argentino de Palermo y en el Casino de Puerto Madero se encontraban operando en infracción a la resolución 97/2004 de Lotería Nacional Sociedad del Estado y, en caso afirmativo, si dicha circunstancia afectaba la salud de los usuarios.

Sobre tal base, señaló que “la parte actora no ha aportado elementos que demostraran que las máquinas tragamonedas ubicadas en los establecimientos de las demandadas funcionaran en contravención a la Resolución 97/04 de la Lotería Nacional, ni la relación de causalidad entre la supuesta infracción y el aumento de la ludopatía en la población”.

En este orden de ideas, puntualizó que los artículos periodísticos agregados a fs. 30/32 “nada refieren respecto del funcionamiento y/o falta de traducción de las instrucciones de uso de las máquinas tragamonedas”.

Por otro lado, indicó que del informe de Lotería Nacional S.E. surgía que la normativa vigente no había previsto que ese organismo aprobara o desaprobara el contenido de los “stickers” colocados en cada una de las máquinas tragamonedas que funcionan en los establecimientos autorizados; y que las demandadas no habían sido objeto de sanciones o apercibimientos por incumplimiento de lo dispuesto en la resolución 97/04. Asimismo, señaló que el referido organismo había destacado que, hasta la fecha de iniciación de la demanda, no obraban registros de reclamos administrativos que cuestionasen el idioma y/o ausencia de traducciones al castellano respecto de las máquinas instaladas en el Hipódromo Argentino de Palermo S.A.

Respecto de los testimonios prestados extrajudicialmente obrante a fs.59/65, concluyó que no resultaban suficientes a los fines de demostrar los extremos invocados por la actora.

Agregó que de la prueba testifical producida por Hipódromo Argentino de Palermo S.A., surgía que en el libro de quejas no existían “constancias de reclamo, queja ni planteo alguno sobre el idioma en el que se encuentran las instrucciones de las máquinas electromagnéticas ni al contenido de las traducciones que se encuentran ubicadas en las mismas”; que todo el personal de juego “está capacitado para poder evacuar cualquier inquietud que surja de algún cliente”; y que existían stands de atención al cliente en cada sala con un libro maestro con la descripción de todos los juegos que requerían traducción.

En función de todo lo expuesto, concluyó que “queda a cargo de quien lo alegue, la prueba del hecho en que se funde el derecho cuyo reconocimiento pretende … circunstancia que no ha acontecido en autos”.

Finalmente, impuso las costas por su orden atento a la existencia de vencimientos parciales y mutuos (cfr. art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).

3º) Que, contra ese pronunciamiento, la actora y la co-demandada CIRSA SA dedujeron recurso de apelación a fs. 660 y fs. 675, respectivamente, que fueron concedidos libremente a fs. 676.

Puestos los autos en la Oficina, la primera expresó sus agravios a fs. 692/699, que fueron contestados únicamente por CIRSA S.A. a fs. 747/750vta., y a fs. 689/691 hizo lo propio la co-demandada, que fueron replicados a fs. 741/743vta.

4º) Que, en esta instancia, la demandante solicitó también el replanteo de la prueba de reconocimiento judicial, en los términos de los arts. 260, inc. 2º, 379 y 385 in fine del CPCCN (v. fs. 680/685), planteo al que se hizo lugar a fs.701/703.

5º) Que, en su presentación, la demandante esboza la siguiente crítica:

Por un lado, se agravia de “la forma y fundamentos arbitrarios en base a los cuales se rechazó la demanda”. Agrega que “la resolución apelada contiene prejuzgamiento, porque en mérito al mismo se nos impidió sustanciar pruebas” (fs. 693).

Cita doctrina y jurisprudencia en respaldo de su pretensión y asevera que violar el “derecho a probar” restringe ilegalmente el derecho de defensa.

Sostiene que la a quo realizó una “interpretación sesgada … al analizar otros medios probatorios”.

Aduce que la sentencia recurrida deviene en arbitraria en tanto no fueron tenidos en cuenta los testimonios de testigos presenciales y consumidores de los servicios brindados por las accionadas.

Asimismo, cuestiona la valoración que la jueza de la anterior instancia hizo del contenido de las declaraciones testimoniales ofrecidas por los co-demandados. En este sentido, sostiene que “los supuestos tópicos ‘capacitación de personal’, ‘stands de atención al cliente’ y ‘libro maestro con descripción de todos los juegos’ no fueron corroborados in situ ni por otros medios probatorios, precisamente, porque NO EXISTEN” (fs. 696).

Asevera que las medidas adoptadas (adhesivos traductores, carpetas con las traducciones de los juegos en los centros de atención al cliente, etc.) resultan insuficientes en términos de la información que exigen las normas vigentes.

Por otro lado, sostiene, en contraposición a lo argüido por la sentenciante de grado, que la ausencia de quejas o sanciones de ningún modo significa la inexistencia de la infracción “sino simplemente que la misma no ha sido denunciada”.

Estima que la resolución apelada no consideró ninguna de las pruebas por ella ofrecidas, relativas a las infracciones denunciadas. Agrega que “tampoco consideró los perjuicios derivados de la conducta reprochada en la salud de los usuarios” (fs. 698, in fine).

Concluye que ha quedado acreditado en autos, especialmente a través de las pruebas testimoniales rendidas, que las co-demandadas no dieron cumplimiento con lo dispuesto en la resolución 97/04.

Por su parte CIRSA S.A.se agravia del rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva planteada.

Al respecto, manifiesta que la a quo “realizó una inexplicable interpretación de los presupuestos de procedencia de la defensa planteada, pretendiendo imponerle al excepcionante cargas que el propio ordenamiento ritual no exige y que, en el mejor de los casos, serían más propias de quien acciona en un proceso (conf. art. 330 inc. 2 y 3 y 377 del CPCCN)” (fs. 690).

Entiende que, mediante la prueba informativa librada a Lotería Nacional, su parte “cumplió con el presupuesto fáctico de procedencia de la excepción planteada, ya que demostró … que la explotación del Casino de Puerto Madero la llevaba a cabo una empresa d istinta e independiente de mi mandante” (fs. 690vta.).

Por ello, solicita que se haga lugar al recurso interpuesto, se revoque la resolución apelada y se admita la excepción opuesta.

6º) Que, en cuanto a la arbitrariedad y prejuzgamiento denunciados respecto de la sentencia apelada, el Tribunal estima menester recordar que hizo mérito del replanteo de prueba en esta instancia, mediante resolución obrante a fs. 701/703. Ello asentado, y con base en la constatación judicial producida a fs. 772/773 y a fs. 781/782, y los alegatos presentados por las partes a fs. 785/792vta., 793/803vta. y 804/806, corresponderá examinar, a continuación, los términos en que la sentencia apelada fue dictada y, en su caso, la procedencia o no de la pretensión deducida.

7º) Que, tal como lo puso de manifiesto la a quo, el fondo del asunto consiste en determinar si las máquinas electrónicas de juegos de azar situadas en el Hipódromo Argentino de Palermo y en el Casino de Buenos Aires se encuentran operando en infracción a la resolución 97/04 de la Lotería Nacional S.E.

8º) Que, a los fines de resolver tal cuestión, cabe recordar que el artículo 1º, inc.4º, del Capítulo I, del Anexo I de la mencionada resolución 97/04, de Lotería Nacional Sociedad del Estado, dictada en virtud de las facultades conferidas por el decreto PEN 598/90, establece que: “Las MAQUINAS ELECTRONICAS Y/O ELECTROMECANICAS DE JUEGOS DE AZAR deberán estar en idioma castellano. Para los casos en que el idioma sea diferente al castellano, por falta de regionalización (traducción), el adjudicatario deberá realizar la traducción de por lo menos las formas gráficas que se encuentra en los acrílicos, tales como tabla de premios, premio máximo, descripción del juego, etc.

Como mínimo, las MAQUINAS ELECTRONICAS Y/O ELECTROMECANICAS DE JUEGOS DE AZAR deberán informar en forma gráfica y en idioma castellano la siguiente información:

4.1. Descripción de las posibles apuestas;

4.2. Indicación del valor de la apuesta o crédito que el equipo o máquina acepta;

4.3. Descripción de las combinaciones ganadoras:

4.4. Importe de los premios, o descripción del premio en especie, según el programa de premios correspondiente a cada combinación ganadora, expresada en cantidad de créditos a devolver o premio en especie, y

4.5. Importe de los créditos que disponga el apostador y todos los cargos producidos por su participación.”.

9º) Que, sintetizado de este modo el marco normativo, corresponde ingresar en el estudio de los agravios de la recurrente.En primer lugar, no cabe soslayar que tanto el escrito de demanda como el memorial de agravios versan, en última instancia, sobre una cuestión eminentemente fáctica -cuál es el supuesto incumplimiento de las normas vigentes por parte de las codemandadas, por cuanto las máquinas tragamonedas que se encuentran en un idioma distinto al castellano no contarían con las traducciones que el marco legal exige.

Sobre tal base, cabe poner de resalto que de las constancias fotográficas reservadas en Secretaría y de las actas de los reconocimientos judiciales correspondientes a las diligencias practicadas en las instalaciones del Hipódromo Argentino de Palermo S.A.y del Casino de Puerto Madero/Casino Buenos Aires, obrantes a fs. 772/773 y a fs. 781/782, respectivamente, se advierte lo siguiente:

Respecto de las máquinas situadas en el Hipódromo Argentino de Palermo S.A.

– La existencia de “algunas máquinas donde la gráfica de sus gabinetes y pantallas está acompañada de nombres e inscripciones mayormente en idioma castellano como también, en el mismo idioma, sus reglas de juego contenidas en su tablero y/o pantalla”.

– Asimismo, se observa la existencia de tantas otras máquinas de juego “cuyo gabinete y pantalla propiamente dichos contienen gráfica acompañada de nombres, inscripciones y consignas cortas mayoritariamente en idioma inglés, como así también la descripción de las reglas del juego en pantalla en ese mismo idioma”.

– Respecto de éstas últimas, se indica que “cuentan con una lámina impresa en papel, en general adherida sobre alguno de los laterales de cada máquina … mediante un plástico transparente … con la descripción de características del juego, como así también con una etiqueta engomada -pegatina o sticker-, generalmente ubicada en la parte inferior del gabinete de cada máquina o en un costado de su tablero, con la traducción del ‘inglés’ al ‘castellano’ de una serie de términos relevantes -veinticinco en total- para el desarrollo de los juegos en general”.

– Por último, se señala que “En el caso de las máquinas electromagnéticas, es frecuentela existencia de una pequeña pantalla digital que replica, de modo intercalado con publicidad, las traducciones de los veinticinco términos ya aludidos” (v. fs. 772/vta.).

Respecto de las máquinas situadas en el Casino de Puerto Madero/Casino Buenos Aires

Toda vez “… que las máquinas electromecánicas de juego y sus indicaciones guardan similitud con las observadas en las instalaciones del Hipódromo Argentino de Palermo SA” (v. fs. 781), por razones de brevedad y a fin de evitar repeticiones innecesarias, corresponde estar a lo ya expuesto.

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que en el acta del mentado procedimiento se advirtió que, como complemento de las medidas antes enunciadas, “Algunas máquinas contienen, además, otra pequeña etiqueta con la traducción de otros términos propios de cada juego” (v. fs. 781vta.).

10) Que, de la reseña efectuada ut supra se desprende que un porcentaje del parque de máquinas de juegos de azar explotado por las co-demandadas se encuentra en idioma nacional mientras que otro tanto posee leyendas o se encuentra en un idioma distinto al castellano. Dentro de este último grupo se advierte, por un lado, la existencia de máquinas que si bien se hallan identificadas por leyendas en idioma inglés, sus respectivas reglas de juego se hallan en idioma castellano, y por el otro, la presencia de máquinas de juego cuyo gabinete y pantalla contienen términos y consignas mayoritariamente en idioma inglés.

Sin embargo, de las probanzas arrimadas a esta causa, surge también que las encartadas han implementado una serie de medidas similares en todas aquellas máquinas de juego que se encuentran en un idioma distinto al castellano, con el objeto de asegurar que el usuario pueda conocer de manera suficiente su funcionamiento y características básicas.Tales medidas pueden resumirse en:

– Carteles informativos en la forma de láminas impresas en papel adheridas a las máquinas mediante un acrílico transparente con la descripción de las características del juego.

– Stickers con traducciones de las palabras más relevantes del juego (25 términos en total).

– Traducción de los términos incluidos en las teclas o comandos.

Asimismo, en algunas máquinas en particular se advierte la adopción de otras medidas, como complemento de las anteriores, a saber:

– Display o pantalla “led” con la misma traducción que la contenida en los stickers descriptos en el punto anterior.

– Modificación de las leyendas contenidas en las gráficas que se encuentran en los acrílicos de cada juego.

– Modificación del software para incluir la traducción al castellano de algunos de los términos o palabras clave del juego que estuvieran en un idioma distinto al nacional.

Teniendo en cuenta que las normas vigentes en la materia no exigen una traducción integral de todos los términos y vocablos contenidos en la máquina, sino sólo la de aquéllos necesarios para que un “consumidor medio” pueda comprender su funcionamiento, se colige, en base a las constancias incorporadas a la causa, que las demandadas han tomado las medidas necesarias para asegurar un estándar mínimo de términos traducidos que permitan orientar al consumidor en el uso de las referidas máquinas de juego, en su obrar diario de llevar adelante la explotación de las instalaciones en que las diligencias probatorias se llevaron a cabo.

Nótese además que si bien en su memorial la recurrente niega la adopción de medidas adicionales tales como la colocación de “stands” de atención al cliente, de la prueba documental por ella acompañada a fs. 30 y 31 no sólo se desprende la existencia de tales puestos (cfr. artículo periodístico obrante a fs. 30), sino que también se aprecia la presencia de personal destinado a asistir al público apostador en las salas de juego (cfr. nota periodística de fs.31/vta.).

Frente a todas estas circunstancias, no puede válidamente sostenerse que las máquinas objeto de reconocimiento judicial incumplan la normativa de LNSE. Por el contrario, se observa la implementación de medidas suficientes para garantizar un estándar mínimo de información y para dotar a los potenciales usuarios o apostadores de las herramientas necesarias para la comprensión de las condiciones de funcionamiento de las máquinas de juego.

11) Que lo antedicho sella la suerte de la pretensión traída a conocimiento de esta alzada, considerando los términos en que ella fue originalmente propuesta y mantenida durante todo el trámite del proceso.

Sin embargo, y sólo a mayor abundamiento, el Tribunal procederá a examinar los agravios relativos a que “la ausencia de ‘quejas’ o ‘sanciones’ no significa que no exista la infracción, sino simplemente que la misma no ha sido denunciada” y al “temor de los consumidores damnificados para reclamar por las posibles represalias del prestador del servicio”, los que -se adelanta- tampoco pueden prosperar.

En lo que respecta al primer punto, y sin perjuicio de las dudas que genera en cuanto a su debida fundamentación (arg. art. 265 CPCCN), cabe señalar que la crítica carece de asidero alguno. Ello es así porque, más allá de la probabilidad de que tal hipótesis haya sucedido, no han sido incorporados elementos a la causa que permitan sustentar semejante conclusión, así como tampoco refutar la prueba que sí ha sido aportada, relativa a la ausencia de reclamos administrativos efectuados ante Lotería Nacional S .E. cuestionando el idioma o la ausencia de traducciones al castellano de las máquinas tragamonedas.

En igual sentido procede rechazar el agravio restante, toda vez que tal conclusión, dada la generalidad de su planteo y la ausencia de elementos que permitan inferir esa circunstancia, queda limitada al ámbito de las conjeturas y no al de las certezas, propio de un proceso judicial, máxime si se tiene en consideración que el Sistema de Gestión de Reclamos previsto por Lotería Nacional S.E.establece que la totalidad de los datos requeridos para el diligenciamiento de las respectivas denuncias será reservada bajo estricto criterio de confidencialidad.

12) Que tampoco asiste razón a la demandante en lo que refiere al alegado incumplimiento de las obligaciones emergentes de la Ley de Defensa del Consumidor toda vez que, tal como se ha puesto de manifiesto anteriormente, este Tribunal estima -del análisis de la prueba producida y de las normas supuestamente transgredidas- que se ha asegurado al público apostador un estándar de traducción y de información suficiente sobre las condiciones de funcionamiento de las máquinas de juego que se encuentran en un idioma distinto al castellano.

Por lo demás, cabe tener en cuenta que el principio protectorio consagrado por la Constitución Nacional y la ley 24.240, si bien está constituido por un marco normativo cuyo fin último es el de tutelar los derechos de los usuarios y consumidores, movido pues por un fin loable y altruista como es la defensa de tales sujetos, de ningún modo supone la ausencia de ciertos deberes y responsabilidades en cabeza de estos últimos.

En el caso, y sin perjuicio de las obligaciones propias que les competen a las demandadas por ser oferentes de un determinado bien o servicio, ello se traduce en la obligación del potencial apostador de actuar con una diligencia mínima consistente en examinar y comprender el funcionamiento de las máquinas, máxime teniendo en cuenta que de las constancias incorporadas a la causa se aprecia que el despliegue del ícono de las reglas de juego se puede realizar sin la necesidad de introducir dinero o medio de pago alguno; y, en caso de que un consumidor medio no pudiera comprenderlas, se brinda la posibilidad de acudir a los puestos de atención al cliente o al personal en sala encargado de asistir al público.En definitiva, hacer lugar a la pretensión de la actora en los términos en que el recurso fue planteado supondría validar aquel extremo -inaceptable por cierto- en que no se podría exigir al potencial apostador un actuar mínimamente prudente; con lo cual, pretender endilgar responsabilidad a las demandadas ante la posibilidad de que un consumidor medio pueda perder su apuesta por haber jugado aun sin comprender las reglas de juego ni arbitrar los medios puestos a su disposición para ello, implicaría “… aceptar la prevalencia en derecho de la candidez, de la falta de diligencia, hasta de la torpeza” (http://listas.juschubut.gov.ar/Eureka/Sentencias/Buscar/P%20N%20B%20E/Fallos#, sent. 062/2008); máxime cuando es sabido, con carácter de principio general, que nadie puede invocar la suya propia.

En consecuencia, procede rechazar los argumentos referidos al supuesto perjuicio económico que se les ocasionaría a los consumidores.

13) Que, a estas alturas, cabe recordar el principio general que establece el art. 377 del CPCCN: cada parte soporta la prueba de los hechos a los que atribuye la producción del efecto jurídico que pretende. Ello es así, porque la actividad probatoria constituye, como toda carga procesal, un imperativo del propio interés. Esa actividad procesal es la encargada de producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos y supone un imperativo del propio interés del litigante quien a su vez puede llegar a obtener una decisión desfavorable en el caso de adoptar una actitud omisiva (Fallos 318:2555 , 321:1117 ; 331:881 , entre muchos otros). Por otra parte, también es preciso señalar que las facultades ordenatorias e instructorias que los jueces pueden adoptar en uso de la atribución que les confiere el Código Procesal, no reemplazan las obligaciones de las partes de probar los hechos que afirman. En efecto, esas medidas sólo pueden complementar, dentro de ciertos límites, el material probatorio incorporado por aquéllas al proceso (conf. arts. 36, incs. 2°, 4°, 5° y 6°; 415; 438; 448; 452; 461, inc.2°; 473; 475, ap. 1° y 3°; y 479, cnfr. esta Sala, Recurso de queja en autos “Orsi, Guillermo José c/Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, sent. del 6/2/92). La aplicación de tales pautas al sub lite conduce a desestimar el recurso interpuesto, porque receptar la postura que propicia el recurrente implicaría suplir la inactividad de la parte afectando el equilibrio procesal de los litigantes en desmedro de su contraria.

Por lo demás -y desde otra perspectiva-, las críticas en examen trasuntan, en definitiva, la discrepancia del apelante con la valoración que efectuó la primera juzgadora de la prueba incorporada al expediente, cuando es bien sabido que “la circunstancia de que el juez haya dado preferencia a determinados elementos probatorios respecto de los invocados por el apelante no configura arbitrariedad, pues la mera divergencia con el criterio del a quo en la selección y valoración de la prueba, excluye dicha tacha, aun cuando se haya prescindido de alguna de las pruebas aportadas” (Fallos: 323:4028 ; 330:2639, entre otros).

Por todo lo expuesto, y atento a la ausencia de elementos que sustenten las manifestaciones vertidas por la actora, corresponde rechazar el recurso interpuesto.

14) Que, atento al modo en que se resuelve, deviene inoficioso pronunciarse respecto de las cuestiones planteadas por la co-demandada CIRSA SA. Las costas correspondientes se distribuyen por su orden, en atención al modo en que se resuelve (art. 68, 2º parte, CPCCN).

15) Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde desestimar el recurso interpuesto por PROCONSUMER y confirmar la resolución de fs. 650/657, en cuanto fue materia de agravios. Las costas de esta Alzada se imponen a la actora vencida, al no existir motivos que justifiquen apartarse del principio general de la derrota (art. 68 del CPCCN).

El señor juez de Cámara Jorge Eduardo Morán adhirió al voto precedente.

En virtud del resultado que informa el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE:

1) Desestimar el recurso interpuesto por PROCONSUMER y confirmar la resolución de fs. 650/657, en cuanto fue materia de agravios. Las costas de esta Alzada se imponen a la actora vencida, al no existir motivos que justifiquen apartarse del principio general de la derrota (art. 68 del CPCCN).

2) Declarar inoficioso un pronunciamiento sobre el recurso de CIRSA S.A. Con costas por su orden (art. 68, 2º parte, CPCCN).

Se deja constancia que el Dr. Rogelio W. Vincenti no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Jorge Eduardo Morán

Marcelo Daniel Duffy