Nulidad absoluta del poder especial de venta, y la posterior compraventa, pues la titular dominial fue sustituida por una persona que estampó una firma que se demostró falsa.

EscribaniaPartes: Maculan Nora Cándida c/ B. L. I. y otro s/ daños y perjuicios y Maculan Nora Cándida c/ Coop. de Vivienda de Crédito y Consu Ltda. y otros; s/ nulidad de acto jurídico

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 2-dic-2015

Cita: MJ-JU-M-96699-AR | MJJ96699 | MJJ96699

Se declara la nulidad absoluta del poder especial de venta, y la posterior compraventa, pues la titular dominial fue sustituida por una persona que estampó una firma que se demostró falsa, eximiéndose de responsabilidad al escribano interviniente.

Sumario:

1.-Corresponde declarar la nulidad absoluta y manifiesta del poder general de disposición a favor de la cooperativa codemandada, que permitió la posterior transmisión del dominio del inmueble por escritura pública, toda vez que la titular dominial al momento de otorgarse el instrumento de venta no firmó la escritura, sino que fue sustituida un tercero desconocido, debiendo liberarse de responsabilidad a la escribana, pues la existencia de dolo por parte de quienes cometieron la defraudación, la exime de responsabilidad puesto que interrumpe el nexo causal.

2.-No puede la cooperativa pretender el rechazo de la demanda, cuando tal pretensión vulnera el principio de intercadencia o autocontradicción basado en los principios procesales de lealtad y buena fe que debe primar en el proceso, toda vez que el acuerdo parcial transaccional firmado con la actora, cuya no homologación fue consentida y está firme para todos los contendientes, y en el cual se acordó que la coaccionada otorgaría un poder especial de venta a la demandante para que suscribiera a su favor la escritura traslativa de dominio del inmueble, en los hechos implicó el reconocimientode la situación irregular que dio origen el conflicto, como es la suscripción del poder por interpósita persona celebrado ante la escribana.

3.-Se trata de un acto inoponible al verdadero propietario del inmueble, que se celebró en fraude a sus derechos, y por lo tanto, no lo puede comprometer en su eficacia, siendo el acto inoponible, inexistente, o nulo de nulidad absoluta.

4.-Se le exige al notario que constituya un juicio de certeza respecto de la identidad del otorgante, siendo la identificación conocida como fe de conocimiento, un acto de ciencia propia del notario, que exige la realización de un juicio de certeza basado en un prudente análisis acerca de la identidad de los otorgantes del acto, por ello, cuando el escribano autorizante no conoce a las partes por conocimiento personal o directo debe asegurarse previamente sobre su identidad, lo que puede hacer, sin necesidad de recurrir a los testigos de conocimiento, mediante todos los medios adecuados que le permitan llegar a la convicción racional de que quien firma ante él es la misma persona que dice ser, y de este modo, ante la duda la sola exhibición del documento de identidad es insuficiente para la dación de fe de la identidad de los contratantes.

5.-La existencia de dolo por parte de quienes cometieron la defraudación, exime de responsabilidad al escribano ya que interrumpe el nexo causal derivado de su intervención, limitada a la gestión que realizó, máxime considerando que las circunstancias no ameritaban tomar otras medidas de seguridad.

6.-La identificación mediante la exhibición de documentos de identidad que el Estado emite con cese destino es el procedimiento que resulta habitual en todos los ámbitos, resultando una novedad la supresión de los testigos de conocimiento, pues la idoneidad del documento se vincula con su materialidad: debe estar íntegro, bien conservado, ser legible, la fotografía contenida en él debe coincidir con la apariencia actual de la persona en un grado que permita aseverar su coincidencia.

7.-Atento la vigencia del CCivCom., de acuerdo a la norma contenida en el art.7 , el presente caso será analizado bajo las directivas del Código de Vélez.

Fallo:

En Buenos Aires, a 2 días del mes de diciembre del año 2015, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala “H” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos: “Maculan, Nora Cándida c/ B., L. I. y otro s/ daños y perjuicios” y “Maculan, Nora Cándida c/ Coop. de Vivienda de Crédito y Consu Ltda. y otros; s/ nulidad de acto jurídico” y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, la Dra. Abreut de Begherdijo:

I- a) Expte.117.786/2002

Vienen los autos a este Tribunal con motivo de los recursos de apelaciones interpuestos por los codemandados L. I. B., la Cooperativa de Vivienda de Crédito y Consumo AmigalLtda, y O. C. contra la sentencia de fs. 1068/1076 que hizo lugar a la demanda de nulidad de dos actos jurídicos entablada por la actora Maculan. A fs. 1145/46 expresa agravios B.; a fs. 1149/1158 lo hace la Cooperativa; mientras que a fs. 1168 se declara desierto el recurso interpuesto por C.

La codemandada B. se agravia por la imposición de costas. Sostiene que su actuación como escribana en el cuestionado otorgamiento de un poder especial de disposición de Maculan a favor de la codemandada Cooperativa, Eduardo Almirante y Jorge Galitis, para que éstos en su nombre y representación, actuando individualmente o en forma conjunta vendieran a favor de terceros o de sí mismos el departamento sito en Mar del Plata, fue diligente aun cuando no pudo advertir que fue firmado por interpósita persona. Indica que no le cabe responsabilidad alguna, de lo que deriva la incorrecta decisión del a quo sobre tal aspecto. Así, acepta la decisión sobre la nulidad de la escritura, y focaliza su críticasobre la imposición de costas; para ello hace hincapié en que no era necesario tomar huellas dactilares a la persona que se hizo pasar por la actora, como tampoco la presencia de dos testigos (conf.art.1002 CC), más aun cuando el documento de identidad no tenía alteraciones, y coincidían sus datos con la AFIP y con el título de propiedad.

La Cooperativa de Vivienda de Crédito y Consumo Amigal Ltda. postula que la sentencia es injusta y arbitraria. Indica que existieron cuestiones no tratadas por el Magistrado, quien las rechazó por entender que recién fueron introducidas en el alegato. Esgrime que el departamento había sido comprado por Lucio Arena, ex conviviente de la actora Maculan, y que ésta revistió la calidad de testaferro o prestanombre cuando se lo inscribió en cabeza de ella como titular dominial. Dice que nunca tuvo ella la posesión del bien, y que la transferencia de la titularidad del departamento a favor de la Cooperativa fue en parte de pago de deudas que había contraído Arena con la institución accionada.

Argumenta que el adquirente por boleto de compraventa fue Arena, mientras que la escrituración a favor de Maculan fue un acto simulado o por mandato oculto. Explica que la enajenación a favor de la Cooperativa por medio de un poder especial de fecha 29 de noviembre de 2000 autorizado por B., fue realizado con una firma falsa por medio de interpósita persona, según se acreditó pericialmente tanto en sede represiva, como en civil, en tanto no le pertenecía a la actora. La intervención poco diligente de la escribana B. al momento de otorgarse el poder especial de disposición fue lo que permitió la posterior transmisión del dominio del bien por medio de la escritura celebrada el 4 de diciembre de 2000 a través del escribano C. Pide eximición de costas y su imposición a la escribana B.; sin embargo en el petitorio también solicita que se revoque el decisorio de grado, y subsidiariamente en el supuesto de su confirmación, exige que se le reintegren los gastos efectuados en beneficio de la propiedad, aun cuando reconoce que el inmueble estaba habitado por Arena y los hijos de la pareja.

b) Expte.nº108.508/2002.Vienen los autos a este Tribunal con motivo de los recursos de apelación interpuestos por M., B., la citada en garantía y el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.

A fs. 673 expresa agravios la actora por considerar exiguos los montos indemnizatorios en concepto de daño moral y lucro cesante.

A fs.676/682 expresa agravios la escribana B. y pide que se revoque el decisorio de grado. Cuestiona la responsabilidad que le fue atribuida derivada del acto ilícito efectuado por un tercero. Se explaya sobre la naturaleza jurídica de la obligación del notario de dar fe de conocimiento, como una obligación de medios y no de resultado. Dice que solicitó el título original al momento de otorgarse el poder especial de disposición, y que agregó copia del mismo a la escritura. Que la presentante había acreditado si identidad con un documento, y que verificó la copia de la clave de identificación tributaria que correspondiese a Maculan, desplegando medios supletorios para asegurar la fe de conocimiento de la actora. Se agravia por el acogimiento del daño material, por cuanto el inmueble estaba ocupado por su ex pareja, Arena y sus hijos, según denunció la accionante en el escrito postulatorio del proceso, por lo que nunca se desprendió de la posesión del bien. También se queja por la receptación favorable del daño moral. Dice que debió tenerse en consideración que hasta noviembre de 2000 vivía en aparente matrimonio con Arena, quien tenía deudas con la Cooperativa, institución que resultó adquirente del inmueble en el año 2001 a través del poder de disposición cuya nulidad se solicitó en el expediente acumulado. Postula que Maculan entregó el título -escritura de antecedente dominial- para que se autorizara la venta por medio del escribano C., por lo que deduce que la actora tenía conocimiento de la operación inmobiliaria realizada, a pesar que en la causa penal dijo que nunca se desprendió de esa documentación.Señala a la actora como partícipe de la maniobra dolosa. La suma de $70.000 fijada en concepto de daño moral también la considera tanto excesiva e injustificada, como improcedente.

La citada en garantía expresa agravios a fs.689, y pide que se revoque la sentencia. Entiende que la escribana no puede ser responsable de los daños y perjuicios causados por la frustración de una operación inmobiliaria debido al ardid doloso tramado y ejecutado por terceros, el que no pudo ser evitado. Insiste que el accionar de la notaria fue diligente, y pone de resalto que Arena fue concubino de la actora por 6 años en el inmueble de Mar del Plata, donde vive con sus hijos. Que al momento de encargarse el poder de venta, intervino un abogado de su conocimiento, Dr. Yahni, y el mismo Arena, de lo que se desprende que fue una maniobra orquestada por ellos junto a la actora, lo que torna reprochable su conducta. A todo evento, dice que el daño en definitiva fue causado por el escribano Ceseratti cuando otorgó la escritura traslativa de dominio sobre la base del poder de disposición firmado por interpósita persona. Se agravia por la receptación favorable del daño moral al considerarlo improcedente, como la aplicación de intereses sobre el capital por cuanto no habían sido reclamados oportunamente.

La codemandada B. y la citada en garantía contestan respectivamente los agravios a fs. 695 y 697.

A fs. 694, no habiendo expresado agravios el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, se declara desierto el recurso.

c) De acuerdo a lo dispuesto en el auto de fs.662 del expte. nº 108.508/2002, se dictará una única sentencia en esta Alzada, en forma conjunta con el expte. Nº 117.786/2002, en razón que los hechos debatidos reconocen su origen en un mismo antecedente y se encuentran acumulados (ver auto de fs.1096, expte.117.786/2002).

II- En primer término debo aclarar atento la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, que de acuerdo a la norma contenida en el art.7, el presente caso será analizado bajo las directivas del Código de Vélez; ello sin perjuicio de indicar que la normativa actual tiene su correspondencia con la anterior.

La decisión del a quo de declarar la nulidad absoluta y manifiesta de la escritura pública nº 385 otorgada por la escribana B., que contiene un poder general de administración y disposición, con firma falsa de la actora, a favor de la Cooperativa, Almirante y Galitis, es justa y se corresponde con los antecedentes de la causa (Expte. nº 117.786/2002).

Me remito a la causa penal desgranada por el Magistrado en su sólida sentencia. Luego, cae bajo las mismas circunstancias la compraventa del departamento efectuado con ese poder firmado por interpósita persona, que era atribuido a la actora.

En las piezas procesales recursivas del expte. nº 117.786/2002 ambas codemandadas coinciden con la decisión de grado que declaró la nulidad de ambas escrituras, pero se quejan de la imposición de costas, de modo que piden la modificación de ese aspecto del decisorio. Por lo tanto, para aclarar las dudas que pueden albergarse en torno a este tópico analizaré por separado la postura de los dos accionados.

III- Agravios sobre las costas del proceso en el expte.117.687/2002

a-Cabe indicar que sorprenden los manifestaciones de la Cooperativa en su pieza recursiva, por cuanto se da de bruces con el acta de “Acuerdo Transaccional” presentado al expediente a fs.1034/6, cuyas firmas se encuentran certificadas ante escribano.

Debemos tomar el Acta de Acuerdo Transaccional como un acto jurídico bilateral que extingue obligaciones litigiosas o dudosas (conf. art.832; 944 CC); y en esencia, como una convención liberatoria, que de ella se siguen efectos jurídicos (ver sobre este tópico las distintas posturas que detalla Cazeaux-Trigo Represas, Derecho de las Obligaciones, Ed. Platense, 3ra.ed.1991, T III, pág.505).

Siguiendo esa línea argumental, se observa que en el instrumento de fs.1034/6 las partes acordaron poner punto final a su conflicto judicial, de modo que la actora desistió del recurso ante la Cámara de Casación para dejar firme la sentencia que tuvo por prescripta la acción penal, y se acordó que la codemandada Cooperativa otorgaría un poder especial de venta a la actora para que suscribiera a su favor la escritura traslativa de dominio del inmueble objeto de litis ubicado en Mar del Plata.

Si bien es cierto que el Juez de grado tuvo por presentado el Acuerdo, no lo es menos que también solicitó varias aclaraciones, como fue el acuerdo respecto de la imposición de costas en el proceso civil a cargo de dos personas que no eran parte en este juicio (vgr. Almirante y Galitis), y la acreditación de la personaría invocada por Orlinsky, en representación de la Cooperativa accionada, lo que no permitió sellar la suerte del proceso en torno a ese convenio; decisión que fue consentida por todas las partes firmantes del “Acuerdo” (conf. art.308 CPCC).

Más allá que no se hizo valer en este proceso los efectos de ese acuerdo parcial transaccional -cuya no homologación fue consentida y está firme para todos los contendientes-, y en atención a que no todas las partes de este juicio intervinieron en ese convenio -vgr. faltaron los escribanos B. y C.-, lo sustancial es que en los hechos ello implicó el reconocimiento por la Cooperativa de la situación irregular que dio origen el conflicto, como es la suscripción de un poder especial de venta por interpósita persona celebrado ante la escribana B., que permitió días más tarde la celebración de la escritura traslativa de dominio del departamento de Mar del Plata a favor de la Cooperativa (conf. art.163 inc.5 CPCC).

Recuerdo que la autocontradicción o intercadencia ha sido definida como la versatilidad, inconstancia en la conducta o en los afectos.”Se da en el derecho procesal, cuando una de las partes litigantes no es constante en el tenor de sus dichos, y ello sucede muchas veces dentro de la peripecia procesal. Como versatilidad, puede tenerse en cuenta en el proceso tomando de las varias versiones de la parte autocontradictoria la que más favorece a la posición de su ocasional contraria” (conf. Peyrano, Jorge W. y Chiappini O., El proceso atípico, t. II., p. 77). Mal puede ahora la codemandada Cooperativa pretender el rechazo de la demanda, cuando tal pretensión vulnera el principio de intercadencia basado en los principios procesales de lealtad y buena fe que debe primar en el proceso, y por los que el Juez debe también velar.

b-En resumen, la escritura atacada de nulidad n° 385 autorizada por la escribana B. es nula, y a consecuencia de ella, la posterior transmisión de dominio de Maculan a favor de la Cooperativa demandada, tal como lo decidió el a quo.

Según se desprende de la causa penal (fs.174, dictamen del Cuerpo de Peritos Calígrafos de la CSJN), corroborado con las probanzas de sede civil (fs.688/693 dictamen pericial), las pericias son contundentes en el sentido que las firmas insertas en los documentos no le pertenecen a la actora, de lo que se desprende que existió una sustitución de persona, o sea, una falta de autoría por parte de Maculan, quien se enteró de esta peculiar situación tiempo después de la inscripción registral a favor de la codemandada. La actora, como titular dominial no participó en el acto de otorgamiento del poder especial de venta, lo que dio luego sustento a la transmisión a non domino a favor de la Cooperativa. Se trata de un acto inoponible al verdadero propietario del inmueble (vgr.Maculan), que se celebró en fraude a sus derechos, y por lo tanto, no lo puede comprometer en su eficacia (conf.art.3270 CC; art.18 CN). Opino que resulta innecesario desarrollar las diferentes posturas que existen sobre la categorización de esta clases de acto como inoponible, inexistente, o nulo de nulidad absoluta (ver Lilian Gurfinkel de Wendy, Derechos Reales, AbeledoPerrot, 2010, T II, pág.1544), por cuanto en este caso el resultado final es idéntico.

De este modo, encontrándose comprobado que la actora no firmó el poder especial de venta contenido en la escritura pública n° 385 celebrado por ante la escribana B. en la ciudad de Mar del Plata el 29 de noviembre de 2000, cabe entonces confirmar la sentencia en tanto declara la nulidad de ese acto jurídico, y la posterior compraventa instrumentada en la escritura pública n° 251 otorgada en la Capital Federal el 4 de diciembre de 2000 por ante el escribano C., por ser ambos actos nulos, de nulidad absoluta.

c- Cabe indicar que resulta ajeno a la litis la circunstancia si la actora fue conviviente de Arena, y si éste habría celebrado un boleto de compraventa antes de suscribirse la escritura traslativa de dominio a favor de Maculan en el año 1997. Pues, lo central en este juicio es que la titular dominial al momento de otorgarse el poder especial de venta era la actora, quien no firmó la escritura, sino que fue sustituida por una persona que estampó una firma que se demostró falsa.

Coincido con ela quo que no merece detenerse sobre la posesión de la actora negada por la accionada, cuando el resultado del juicio impone la nulidad del acto de transmisión de dominio. Aquí no se debate el hecho de la posesión (conf. art. 577; 2384 CC), sino el derecho de la actora conforme su título.Tampoco cabe considerar las negociaciones que habrían existido frente a la accionada para pagar las deudas del ex conviviente de la actora, en tanto aquél no era el titular dominial cuya firma fue falsificada.

Asimismo, concuerdo con el juez de grado que no cabe atender los planteos de la Cooperativa en tanto pide la repetición de los pagos efectuados en concepto de expensas, servicios, etc. debido a que ello no fue motivo de reclamo mediante reconvención alguna en este proceso (conf. art.357 CPCC), ni en otro juicio entre las partes.

Por los argumentos brindados anteriormente, y en atención a que la institución accionada tenía una particular relación con Arena -ex conviviente de Maculan-, la cual no puede ser ignorada por esta Alzada a la luz de las pruebas colectadas en este proceso y en el juicio penal, corresponde mantener la imposición de costas a la Cooperativa perdidosa, quien se resistió al reclamo actor e hizo que la actora debiera transitar este largo juicio para que su derecho fuera reconocido (conf. art. 68 CPCC).

d- En cuanto al planteo de la codemandada B. para que se modifique la imposición de costas por considerar que su obrar fue diligente, ello merece una consideración aparte.

Una corriente de opinión, muy prestigiosa, sostenida entre otros por Jorge Mosset Iturraspe y Elena Highton de Nolasco, establece que el escribano es un funcionario público. En el otro extremo del segmento se encuentra Bustamante Alsina, quien sostiene que el escribano es un profesional liberal y que el hecho que su actividad esté ligada a un interés social no lo convierte en funcionario público; es una posición minoritaria. Hay una mayoría doctrinaria, sin embargo, que es intermedia y establece que el notario es un profesional del derecho que desempeña una función pública. Son varios los autores que lo sostienen: Adriano De Cupis, Couture, Trigo Represas, Sabransky, Bueres, Kemelmajer de Carlucci, Parellada, Blasetti, Zago y Jorge Alterini, entre otros, entre los que me incluyo. Bajo esta óptica continuaré el estudio del caso.Indica la apelante que el documento de identidad presentado por la persona que firmó el poder especial no tenía alteraciones; que sus datos coincidían con la AFIP; que eran a su vez coincidentes con el título de propiedad; y que no correspondía tomar las huellas dactilares de la presentante, como tampoco era imprescindible la presencia de dos testigos para dar fe de conocimiento en los términos del art.1002 CC.

Recuerdo que la identificación conocida como fe de conocimiento, acto de ciencia propia del notario, exige la realización de un juicio de certeza basado en un prudente análisis acerca de la identidad de los otorgantes del acto. La obligación a cargo del escribano en esta actividad es de resultado (conf. Rodríguez Adrados, “Formación del instrumento público” en Revista del Notariado, nº 761, pág. 1549; ver CNCivil, sala M, in re “S., M. A. c/ V., R. E. s/daños y perjuicios” del 16/05/2012, elDial.com – AA77DE).

En una obligación de resultado, el interés no es aleatorio y por lo tanto solamente cumplirá con la obligación el deudor si obtiene efectivamente el fin perseguido por el acreedor. Por ende, la responsabilidad es objetiva y el deudor es responsable a través de un factor de atribución objetivo, que se puede basar, en un crédito a la seguridad emanado de los artículos 1197 y 1198 del Código Civil.

Una actividad específica del escribano es la cuestión de la fe de conocimiento.Aún cuando tomásemos como factor de atribución de responsabilidad la causal subjetiva, ello no cambiará el rumbo de las cosas, por cuanto es uniforme la doctrina clásica que sostiene que en materia contractual es suficiente la prueba del resultado desacertado para inferir que el deudor no adoptó las previsiones apropiadas que las circunstancias requerían (ver CNCivil Sala A, libre n° 253.931 del 21/4/1999; ídem Sala A, in re “P.,S.A.c/ P.,S.O.; s/ daños” y “P.,S.A.c/ P.,S.O.s/ nulidad de escritura” del 6/3/2007; ver nota a fallo de Gustavo Romero Duffau, Revista del Notariado, 2007, n°888, pág.129), debiendo recurrir para liberarse con la prueba del casus.

La fe notarial obviamente es una especie de fe pública, por lo cual, sin fe notarial, el notariado carece de razón de existir. Esto lo sostienen muchos autores y ha sido también sostenido en la “XXI Jornada Notarial Argentina”, celebrada en Rosario, del 17 al 19 de octubre de 1991. ¿En qué consiste la fe de conocimiento? En la convicción del escribano respecto a la entidad de las partes comparecientes al acto que él autoriza.

El art.1001 del Código Civil vigente al momento del hecho -sin la modificación dispuesta por la ley 26.140- establece que el escribano debe dar fe de que conoce a los otorgantes, y el artículo el 1002CC determina que si el escribano no conociere a las partes, éstas pueden jus tificar ante él su identidad mediante dos testigos que el escribano también conozca, poniendo en la escritura sus nombres y residencia y dando fe que los conoce. La función fedataria de los escribanos reclama de éstos un juicio de certeza cuya inobservancia genera responsabilidad.En las “Primeras Jornadas de Derecho Civil”, celebradas en Mercedes, en agosto de 1981, se estableció que la fe de conocimiento de identidad o de identificación, aun cuando sea tortuoso o angustiante para la labor cotidiana del escribano, resulta ser un pilar fundamental de la función notarial.

Se le exige al notario que constituya un juicio de certeza respecto de la identidad del otorgante. Y, cuando el escribano no está convencido de la identidad del otorgante o de las partes, y tiene algún tipo de duda, puede abstenerse a autorizar el acto hasta tanto no adquiera este conocimiento.

Cuando el escribano autorizante no conoce a las partes por conocimiento personal o directo debe asegurarse previamente sobre su identidad, lo que puede hacer, sin necesidad de recurrir a los testigos de conocimiento, mediante todos los medios adecuados que le permitan llegar a la convicción racional de que quien firma ante él es la misma persona que dice ser, a cuyo efecto debe analizar las circunstancias que rodean la operación y que contribuyen a formar convicción respecto de la identidad de los intervinientes. De este modo, ante la duda la sola exhibición del documento de identidad es insuficiente para la dación de fe de la identidad de los contratantes. Por ello, los jueces debemos valorar cuidadosamente la conducta desempeñada por el notario (conf. art.512, 902 y cc C. Civil).

Se ha entendido que los arts. 1001 y 1002 del Código Civil exigen al escribano dar fe de que conoce a los otorgantes y si no fuere así podrán “justificar ante él su identidad personal con dos testigos que el escribano conozca, poniendo en la escritura sus nombres y residencia, y dando fe que los conoce” (conf. art.1002). En la actualidad, en razón del anonimato que han generado las grandes ciudades, resulta cierto que el escribano toma contacto por primera vez con el interesado en el momento mismo de la celebración de un acto determinado.De modo tal que, en la práctica, la fe de conocimiento se ha transformado en “fe de identidad” o “fe de individualización”.

Ahora bien, la jurisprudencia se ha inclinado para establecer que la existencia de dolo, por parte de quienes cometieron la defraudación, exime de responsabilidad al escribano ya que interrumpe el nexo causal derivado de su intervención, limitada a la gestión que realizó (conf. CNCivil Sala C, in re “Edificio Olazabal SRL c/ Craviotto, Augusto Mario; s/ daños y perjuicios” del 13/04/2000, elDial.com – AA432).

En esa línea debemos ver la reforma que introdujo la ley 26.140 sobre los arts. 1001 y 1002 CC.; y la actual redacción del art.306 del Código Civil y Comercial de la Nación, que no resultan aplicables a este caso. Actualmente se ha establecido que la identificación mediante la exhibición de documentos que el Estado emite con ese destino es el procedimiento que resulta habitual en todos los ámbitos, resultando una novedad la supresión de los testigos de conocimiento (ver José M.Curá, Código Civil y Comercial comentado, La Ley 2015, T 1, pág.615). Así, la idoneidad del documento se vincula con su materialidad: el documento debe estar íntegro, bien conservado, ser legible, la fotografía contenida en él debe coincidir con la apariencia actual de la persona en un grado que permita aseverar su coincidencia (ver Ricardo Lorenzettidir), Código Civil y Comercial de la Nación, Rubinzal-Culzoni, 2015, T II, pág.197; AngelCerávolo, “La identidad de los otorgantes de las escrituras. Artículos 1001 y 1002 del Código Civil” en Revista del Notariado n° 887, pág.159; conf.ley 17.671, art.13).

De acuerdo a los hechos reseñados, en principio era innecesario realizar otras diligencias tendientes a constatar la identidad de los comparecientes ya que la exhibición del documento de identidad sobre el cual no pesaba una duda razonable y objetiva, en concordancia con el resto de las diligencias efectuadas por la escribana, era suficiente para acreditar la identidad del otorgante (Conf. Mónica Giordano-Carlos Alberto Ghersi “La tendencia Jurisprudencial en la Responsabilidad de los Escribanos·”, Revista Notarial año 1993, nº895, p.1060; dictamen de fs.190/196; LL. 1984-D, CNCivilSala “F”, mayo 31-1984 “Anaeróbicos Argentinos S.R.L. c/Detry, Amaro” voto del Dr.Bossert, pág.8/14; CNCivil, Sala D,in re “Chorbajian de Kasabian, Lucía c/ Enriquez, Susana Teresa s/ ordinario”, del 16 de abril de 2004, publicado en la Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, año VII, número 2, de Editorial La Ley, del mes de febrero de 2005, página 43).

Si bien se estima que la obligación de dar fe de conocimiento es una obligación de resultado, hay determinadas circunstancias en que el hecho del impostor permite liberar al profesional, como vemos que sucedió en este caso.Esto tiene su fundamento en una teoría italiana que habla de inexigibilidad de la obligación elaborada a partir de los pensamientos de Luigi Mengoni y Mosco, quienes sostenían que cuando se le exige al deudor medios anormales a los corrientes ordinarios, para poder cumplir con la obligación, es susceptible de que el deudor sea liberado de cumplimiento basándose en la inexigibilidad de la obligación (ver Carlos Alberto Calvo Costa, Responsabilidad civil del escribano, Conferencias “Responsabilidad Civil”, que se desarrolló el 13 de junio de 2005 en el Salón Auditorio del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal).

Por eso entiendo que en este caso, la existencia de dolo por parte de quien cometió el ilícito, exime de responsabilidad al escribano yaque interrumpe el nexo causal derivado de su intervención limitada a la gestión que realizó (conf.art.513 y 514 CC, vgr. casus; ver Piñón, Benjamín, “Instrumentos públicos y escrituras públicas”, Instituto de Derecho Civil de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 1987, pág.89; mismo autor, “Responsabilidad de los escribanos públicos” en Derecho de Daños-Primera Parte, Directores Félix A.Trigo Represas-Rubén Stiglitz, Cap.XXII, apartado 6, pág.503/505; Conf.CNCivilSala C, L. 284640, in re “Edificio Olazabal SRL c/ Craviotto, Augusto M.; s/daños y perjuicios” del 13/04/2000).

Asimismo, aún cuando al escribano le pidamos que tome las huellas dactilares, ello no da seguridad jurídica al acto, porque un impostor puede tranquilamente fijar su huella dactilar e igual el acto es nulo. Después uno podrá rastrear quién fue el impostor; pero al acto jurídico en sí no le da seguridad.

Adviértase que la escribana dejó sentado que daba fé de conocimiento de la presentante en los términos del art.1001 CC; o sea, en definitiva dijo que conocía a la otorgante; por lo que no debía recurrir a la aplicación del art.1002 C.C.La presencia del abogado Yahni en el momento de otorgamiento del poder ante la escribana B., como la de Arena, quien le presentó a su pareja, una mujer que se hizo pasar por Maculan, crearon un clima de confianza que llevó al desenlace no deseado aquí debatido (ver fs. 858 y sgtes. en su declaración en sede civil).

Si bien hubiera sido preferible, a las resultas de los hechos, que la notaria solicitara dos testigos para resguardar la veracidad de la identidad (conf. art.1002 CC), las circunstancias del caso no ameritaban tomar otras medidas de seguridad debido a que varias personas se conocían y había un referente abogado también de conocimiento de la escribana (CNCivil Sala J, E. 22359/92 in re “Milesi, Marta Susana c/ Merovich, Ricardo y otros s/ daños y perjuicios” del 28/08/1998, elDial.com – AA19A8 ).

En efecto, las personas involucradas eran conocidas entre sí, me refiero a Arena y el abogado Yahni, y estaba presente la pareja del primero, presentada en tal calidad en ese acto (fs. 257 declaración de Arena, causa penal que concluyó por extinción de la acción conf. resolución de fs.1576). Además, recuérdese que el letrado era conocido de la escribana B., y fue quien asesoró a Arena para la dación en pago del inmueble por una deuda contraída con la Cooperativa. Ya en las primeras declaraciones en sede criminal tanto B. como la actora coincidieron en sostener que en el medio de las tratativas había un abogado Yahni, quien lo corroboró cuando declaró en sede civil mediante oficio ley 22.172 en Mar del Plata (ver fs.858/861).

En la causa penal la escribana B. acompañó conjuntamente con la copia del poder especial, una copia que obraba en su poder del DNI de la actora (ver fs.151/2).

Opino que frente a estas circunstancias corresponde liberar de responsabilidad a la escribana B. (conf. art.512, 902, 513 y 514 C.Civil). Sin embargo, encuentra mérito para apartarme del principio objetivo de la derrota, por lo que considero que no corresponde liberarla de las costas del juicio de nulidad de acto jurídico por cuanto a lo largo del proceso mostró una actitud contraria a la pretensión actora, de modo que propicio su confirmación.

IV-Análisis de los agravios en el expte. nº 108.508/2002.

a-De acuerdo a la pieza procesal obrante a fs.673, corresponde declarar la deserción del recurso interpuesto por la actora, en tanto no reúne ni en su mínima expresión los requisitos fijados por el ordenamiento adjetivo en los art.265 y 266 CPCC. No hay en ella una crítica concreta y razonada que se dirija a mostrar el error in iudicando, sino tan solo una mera disconformidad con ciertos aspectos del decisorio relativos a los rubros indemnizatorios.

La expresión de agravios no es una simple fórmula carente de sentido, sino que constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga una “crítica concreta y razonada de la partes del fallo que el apelante considere equivocadas” (Morello-Sosa-Berisonce, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Prov. de Bs. As. y de la Nación, AbeledoPerrot, Tomo III, pág.351). Por tal motivo, la crítica razonada no se sustituye con una mera discrepancia sino que debe implicar el estudio de los razonamientos del juzgador, demostrando a la Cámara las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas (Fenochietto-Arazi, Código Procesal y Comercial de la Nación, Astrea, Tomo 1, pág. 941; Falcón, Enrique, “Cuestiones especiales de los recursos”, en Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, Ed.Rubinzal-Culzoni, 2009, t VIII, pág.106 y sgtes.; Kielmanovich, Jorge, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado y anotado, AbeledoPerrot, 2013, T I, pág.731).

Toda vez que el contenido de la pieza recursiva actora no cumple con los requisitos mencionados, debe ser declarada desierta su apelación.

b- Distinta es la suerte que correrán los agravios de los restantes apelantes. Veamos.

Ya me he expedido en los considerandos precedentes sobre la actuación de la notaria B. y las consecuencias del accionar doloso de un tercero desconocido sobre la responsabilidad que le fue atribuida por el ilícito. Se analizó largamente la obligación de dar fe de conocimiento por parte de la notaria.

Ya indiqué que el Código Civil no prevé tan solo la fe de identidad, sino además, la de conocimiento, conforme las exigencias previstas en el art. 1001 de dicho cuerpo legal. Ello implica que la conducta del profesional no puede limitarse a verificar si la persona que concurre a su escribanía tiene un documento a su nombre, sino que además deben extremarse ciertos recaudos a fin de acreditarse lo que el notario asienta en la escritura como cierto. Justamente, los escribanos deben protocolizar copia del documento de identidad que les es exhibido; establecer si el otorgante reside en el lugar asiento de la escribanía o dejar algún tipo de constancia de la persona a través de la cual se contactó con el otorgante (conf. CNCRIM Y CORREC. Sala I, c. 27.060, Trinchitella, M.T. y otros, del 17/11/2005, ver elDial.com – AI230B).

c- Los presupuestos básicos de la responsabilidad civil están dados por la acción, la antijuridicidad, el daño, la relación causal y la presencia de un factor de atribución (Bueres, Responsabilidad Civil de los Médicos, Ed. Hammurabi, Bs. As., 1992, pág. 123). Recuerdo que, en la esfera civil, la procedencia de la acción indemnizatoria no se conforma con la verosimilitud del daño sufrido.Se requiere, además, que medie relación de causalidad entre el hecho que se le atribuye al demandado y el daño padecido por quien reclama la indemnización. De otro modo, si el juzgador no puede arribar a un razonable grado de convicción respecto de la existencia de un adecuado nexo causal entre ambos extremos, la pretensión del actor no hallará favorable acogida.

En el sub judice, no observo responsabilidad de la escribana por la fractura del nexo causal -culpa de un tercero por el que no tiene que responder, conf. casusdel art.513 y 514 CC-. Me remito a los fundamentos brindados anteriormente.

La actora hasta fines de 2000 era conviviente del Sr. Arena, quien tenía deudas con la “Cooperativa”. El inmueble de Mar del Plata fue escriturado a favor de la actora en el año 1997, a pesar que había sido comprado por su pareja. Todos esos años vivieron allí Arena y sus hijos, y nunca perdió la posesión de la cosa. En el medio de unas negociaciones por la cancelación de una deuda de su conviviente con la “Cooperativa”, es otorgado un poder de disposición a favor de esa institución por un tercero desconocido quien firmó en lugar de Maculan, quien era la única legitimada para hacerlo al revestir la calidad de titular dominial. La intervención de un abogado que acompañaba a las partes daba seriedad al pedido de esa persona para el otorgamiento de un poder, y conforme a las probanzas de la litis, el Dr. Yahni no era un desconocido de la escribana y tampoco de la pareja Maculan-Arena, sino por el contrario, referente como abogado en la industria del calzado a la que se encontraba vinculado Arena, y que asistió jurídicamente a este último en esa oportunidad. En ese enredo quedó atrapada la escribana B.

Tampoco encuentro que exista daño. No observo daño moral que deba resarcirse, a poco que se observan las características especiales que tuvieron los hechos acontecidos y analizados en este proceso; menos aún lucro cesante (conf.art.377, 386 y cc CPCC).

Considero que en la especie, de acuerdo a los argumentos desarrollados en los apartados precedentes, corresponde hacer lugar a los agravios de la codemandada B. y los de la citada en garantía, y por ende, revocar el decisorio de grado, rechazando la demanda por daños y perjuicios interpuesta por Maculan contra B., La Meridional y el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, por no haberse acreditado los daños que invocó en su libelo inicial, con costas de primera instancia por su orden, y las de Alzada a cargo de la actora perdidosa (conf.art.68 CPCC).

V-Colofón

Por las consideraciones precedentes, propongo al Acuerdo de Sala de mis distinguidos colegas: 1) Expte.nº 117.786/2002: modificar la sentencia, liberando de responsabilidad a la escribana B., sin perjuicio que cargue con las costas, y confirmar el resto que decide y fuera materia de agravios, con costas de Alzada a cargo de los demandados (conf.art.68CPCC).2) Expte.nº 108.508/2002: revocar el decisorio de grado, y rechazar la demanda de daños y perjuicios interpuesta por Nora Cándida Maculan contra Laura I. B., la citada en garantía La Meridional Cía Argentina de Seguros Generales S.A. y el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, con costas de primera instancia por su orden, en tanto pudo creerse con derecho a interponer la demanda, y las de segunda instancia a cargo de la actora perdidosa (conf.art.68 CPCC).

El Dr. Fajre y el Dr. Kiper, por las consideraciones expuestas por la Dra. Abreut de Begher, adhieren al voto que antecede.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores Jueces por ante mí, que doy fe.

FDO.

José Benito Fajre.

Liliana E. Abreut de Begher.

Claudio M. Kiper.

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015.

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide: 1) Expte.nº 117.786/2002:modificar la sentencia, liberando de responsabilidad a la escribana B., sin perjuicio que cargue con las costas, y confirmar el resto que decide y fuera materia de agravios, con costas de Alzada a cargo de los demandados (conf.art.68CPCC). 2) Expte.nº 108.508/2002: revocar el decisorio de grado, y rechazar la demanda de daños y perjuicios interpuesta por Nora Cándida Maculan contra L. I. B., la citada en garantía La Meridional Cía Argentina de Seguros Generales S.A. y el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, con costas de primera instancia por su orden, en tanto pudo creerse con derecho a interponer la demanda, y las de segunda instancia a cargo de la actora perdidosa (conf.art.68 CPCC).

Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública, dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y, oportunamente, archívese.

FDO. José Benito Fajre, Liliana E. Abreut de Begher y Claudio M. Kiper.