Rechazan demanda por mala práxis, pues se probó la diligencia del médico y se valoraron los antecedentes de salud de la paciente.

Medicina PrepagaPartes: R. L. c/ M. R. G. y otros s/ daños y perjuicios – resp. prof. médicos y aux.

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: L

Fecha: 3-dic-2015

Cita: MJ-JU-M-97001-AR | MJJ97001 | MJJ97001

Atento los antecedentes de salud de la actora y probada la previsión del galeno demandado, se rechaza la demanda por mala práxis médica tras la intervención quirúrgica en la prótesis de cadera.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia apelada en tanto no existió mala práxis médica en torno a la intervención quirúrgica realizada, pues afirma el perito que el procedimiento médico fue adecuado y que las complicaciones sufridas por la actora tuvieron por causa factores preexistentes al acto llevado a cabo por el galeno demandado.

2.-Deja entrever el tribunal que no obstante la insistencia de la actora, es cierto que la misma contaba una luxación congénita de ambas caderas y antecedentes desfavorables en materia de hipotiroidismo y sobrepeso, con afectaciones traumatológicas en sus miembros inferiores, lo cual a todas luces torna dificultosa la determinación de daño a causa del obrar del demandado.

3.-Es menester aclarar, ante el cuestionamiento de la responsabilidad inserta en el caso, que la entrada en vigencia de la Ley 26.994 , no modifica las bases jurídicas del análisis toda vez que, en materia de reparación de daños emergentes de un acto ilícito es la ley del día en que el daño fue causado la que fija las condiciones de la responsabilidad civil .

Fallo:

En Buenos Aires, a los 3 días del mes de diciembre del año dos mil quince, encontrándose reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala “L” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil a fin de pronunciarse en el expediente caratulado “R., L. c/ M., R. G. y otros s/ daños y perjuicios” de acuerdo al orden del sorteo el Dr. Liberman dijo:

I.- El caso trata el reclamo iniciado por L. R. contra R. G. M., el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Sanatorio Colegiales S.A (hoy desarrollos de Salud S.A.), Paraná Seguros S.A. y Celso SRL Federación de Círculos Católicos de Obreros – Desarrollo en Salud S.A (UTE), por la mala praxis que dice haber sufrido en oportunidad de la intervención quirúrgica llevada a cabo en enero de 2004.

El juez, en la sentencia dictada a fs. 937/952, rechazó la demanda entablada, lo que causó el agravio de la parte actora mediante presentación de fs. 1008/1010, cuyo traslado mereció la respuesta de fs. 1013/1017 de las co-demandadas Desarrollos en Salud S.A. (Sanatorio Colegiales) y Celso SRL.

II.- Habiendo sido cuestionada la responsabilidad, aclaro liminarmente que la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, ley 26.994, no modifica las bases jurídicas del análisis toda vez que, en materia de reparación de daños emergentes de un acto ilícito, ” ‘es la ley del día en que el daño fue causado la que fija las condiciones de la responsabilidad civil’, como también ‘la extensión del derecho a la reparación, es decir, los límites del crédito'” (Roubier, citado por Nieto Blanc, Ernesto E., en L.L. 146- 289). O, dicho en los términos de la mayoría en el plenario de esta Cámara ‘in re’ “Rey c. Viñedos y Bodegas Arizu”, cabe someter la regulación de los hechos ilícitos a la ley vigente al tiempo de producirse (CNCiv., en pleno, 21-12-71, L.L.146-284, y sus citas).

En realidad no se observan cambios legislativos que pudiesen influir en la decisión.

Analizados los términos que conforman la expresión de agravios vertidos por R., podría afirmarse que apenas superan el umbral mínimo que exige el art. 265 del CPCC. Más bien reflejan una mera disconformidad con la solución dada al caso.

Nótese que el meollo de la crítica se centra -una vez más- en las conclusiones a las que arribara el perito médico traumatólogo en su informe de fs. 692/695, y la valoración que el primer juzgador otorgara a éstas en la sentencia en crisis.

Lo cierto es que el perito fue claro al dictaminar que, de lo observado y objetivado mediante examen físico de la actora y constancias de la HC, se desprende que el procedimiento, cuyo defecto se achaca al demandado M., fue adecuado y que las complicaciones sufridas por la actora tuvieron por causa factores preexistentes al acto quirúrgico llevado a cabo por el galeno demandado.

Razón por la cual insistir en que al momento de la intervención existía infección en la prótesis de cadera derecha cuando ninguna mención se hace siquiera en la HC, o alegar que no se le realizaron la totalidad de estudios prequirúrgicos necesarios a los fines de descartar posibles complicaciones, o en la circunstancia de que el perito no evacuó determinados puntos de pericia por ella planteados, no parecen argumentos viables a estas alturas.

Los mismos planteos objeto de impugnación a fs. 706/ 709, ahora reeditados por la quejosa en los agravios, fueron ya contestados por el perito en oportunidad de la presentación de fs. 742 vta. y tenidos en cuenta en la prolija sentencia en análisis. El informe, como sostiene el primer sentenciante, resultó categórico.Y no halló mala praxis en el actuar médico.

Por otra parte, no puedo dejar de destacar que llama poderosamente la atención la insistencia argumental por parte de quien cargaba con una luxación congénita de ambas caderas y antecedentes tales como hipotiroidismo, fumadora, sobrepeso, y serios antecedentes traumatológicos en sus miembros inferiores; sumado a la circunstancia de que no era una paciente ignota en temas médicos, en tanto era y ejercía hacía varios años su profesión como médica emergentóloga. Además, había sufrido un accidente de tránsito en forma previa, con consecuencias en la ya inestable estructura por la incorporación anterior de prótesis.

Desafortunadamente, a las causas preexistentes antes descriptas, se sumó la fractura intraoperatoria del fémur, de lamentable alto porcentaje de probabilidad en las cirugías de revisión de prótesis de cadera como la efectuada en la persona de la actora. A lo que ha de adicionarse una infección intrahospitalaria, sin que se haya podido determinar que esta última haya sido provocada por el obrar culposo de M. Por el contrario, las partes estuvieron

contestes en el hecho que el demandado, ante la detección de una falla de esterilización en la intervención originariamente programada, decidió posponer la misma. No aparece en ningún momento obrar imprudente del demandado.

Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo rechazar los agravios planteados y confirmar la sentencia en todo aquello que ha sido materia de agravios, con costas de alzada a cargo de la actora vencida.

Por razones análogas a las expuestas por el Dr. Liberman, los Dras. Iturbide y Pérez Pardo votan en el mismo sentido.

Con lo que terminó el acto.

Víctor Fernando Liberman

Gabriela Alejandra Iturbide Marcela Pérez Pardo

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2015.

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada, con costas de alzada a cargo de la actora. Por su actuación en alzada, fíjanse los emolumentos de la Dra.Álvarez Castaño en siete mil trescientos pesos ($7.300) y los de la Dra. Rizzi en la de quince mil trescientos pesos ($15.300), de conformidad con el art. 14 de la ley 21.839.

Conociendo en los recursos deducidos a fs. 958, 960, 961, 967, 976 y 980 con relación a las regulaciones de honorarios practicadas a fs. 951 vta./952, teniendo en consideración el monto reclamado, labor profesional desarrollada, etapas procesales cumplidas, resultado obtenido y lo preceptuado por los arts. 6, 7, 9, 10, 19, 37, 38 y ccs. De la ley 21.839, arts 11 y 13 de la norma legal citada, por reducidos se elevan los de la Dra. Susana Marta Mancinelli a ($.); y los del Dr. R. Alberto Nabias a la suma de ($.). Por ser algo reducidos, elévanse a ($.) los del perito médico Dr. Ottogalli y a($.) los de la perito médica Dra. Garibotti.

Asimismo, por no ser elevados los emolumentos regulados a los restantes profesionales, incluyendo los de la perito psicóloga y consultora de parte, se los confirma.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Hácese saber que la eventual difusión de la presente sentencia está sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo, del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional.

Firmado: Víctor Fernando Liberman, Gabriela Alejandra Iturbide y

Marcela Pérez Pardo.

Jorge A. Cebeiro

Secretario de Cámara