La concesionaria es responsable por el choque del automóvil con el caballo suelto en la ruta pues deriva de la ausencia de un apropiado ejercicio del deber de previsión.

caballo-rutaPartes: Torres Daniel Eduardo c/ Autopistas Urbanas S.A. Y otro s/ daños y perjuicios (acc. tran. c/les. O muerte)

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 26-nov-2015

Cita: MJ-JU-M-96612-AR | MJJ96612 | MJJ96612

La concesionaria es responsable por el choque del automóvil con el caballo suelto en la ruta pues deriva de la ausencia de previsión. Cuadro de rubros indemnizatorios.

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Sumario:

1.-Corresponde admitir que la responsabilidad por el accidente recae sobre la empresa concesionaria ante el análisis de la relación causal, -por revelar la autoría del daño y permitiendo individualizar al sujeto que debe responder-, pues en el sector de la ruta donde se cruzó el caballo, no existe alambrado perimetral, ni muros de hormigón, ni rejas metálicas, resultando posible que un equino ingrese a la calzada.

2.-Corresponde mantener la responsabilidad indudable de la demandada pues la misma deriva de la ausencia de un apropiado ejercicio del deber de previsión y de disponer lo necesario para evitar accidentes, verificado en virtud de la ocurrencia misma del evento dañoso y de la falta de prueba de la demandada respecto a la adopción de medidas eficaces de carácter preventivo.

3.-Corresponde la aplicación del CCiv. anterior por tratarse de una relación o situación jurídica que ha quedado constituida conforme aquella ley, y también, -por tanto-, las consecuencias que emanan de ella; por eso, la mayoría de las reglas establecidas en los arts. 1708 y ss. del CCivCom. se aplican sólo a los daños producidos a partir de agosto de 2015.

4.-La preexistencia de una vinculación jurídica anudada entre el usuario que reclama y utiliza el servicio de autopistas y la empresa que lo brinda, torna aceptable la aplicabilidad del régimen inherente a la órbita contractual, y más aun teniendo cuenta que el deber de seguridad es lo suficientemente amplio como para abarcar prestaciones tales como la vigilancia permanente de las rutas, la detección de obstáculos, el retiro inmediato de animales que transiten en las rutas, la detección de irregularidades, la subsanación de dificultades que se crean en el tránsito por la gravitación de hechos que ocurren en las mismas rutas o en zonas colindantes.

5.-Corresponde juzgar que el vínculo jurídico que une a las partes tiene fundamento en lo dispuesto por la ley 24.240 pues la relación entre el concesionario de las rutas y los usuarios es una relación de consumo en el derecho vigente y, consecuentemente, su protección encuentra sustento en el art. 33 de la Norma Fundamental.

6.-Debe confirmarse el monto fijado para resarcir la incapacidad sobreviniente habida cuenta que el actor ha experimentado una vivencia traumática que ha dejado una impronta en su psiquismo, de la que deriva además una incapacidad parcial y permanente, sumado a su edad y a la información proveniente del beneficio de litigar sin gastos.

7.-Se confirma la suma establecida por el rubro privación de uso del automóvil teniendo en consideración el tiempo durante el cual el vehículo quedará en el taller para su reparación.

8.-Procede la indemnización del daño moral pues a la hora de precisar el resarcimiento, debe examinarse el resultado de la lesión , es decir, de qué manera y con qué intensidad el agravio contra la persona le ha causado un perjuicio; y para fijarlo, rige el principio de individualización del daño , pues existen muchos casos en los que el daño moral es mucho más importante que el daño material.

9.-Corresponde confirmar la extensión de condena a la aseguradora en los términos del art. 118 de la ley 17.418 y en la medida del contrato de seguro que la vincula con la empresa demandada, pues las cláusulas que limitan el riesgo asegurable no pueden ser ignoradas, en tanto el seguro de responsabilidad civil se instituye en beneficio del asegurado y los terceros sólo pueden aprovechar sus efectos en la medida en que el contrato así lo permita.

Fallo:

Buenos Aires, a los 26 días del mes de noviembre de 2015, reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: “TORRES DANIEL EDUARDO c/ AUTOPISTAS URBANAS SA Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE)”

La Dra. Beatriz A. Verón dijo:

La sentencia de grado (fs. 802/809) hace lugar a la demanda, en consecuencia, condena a “Autopistas Urbanas SA” y a “La Nación Seguros SA” -en los términos del art. 118 de la ley 17.418 y en la medida del contrato de seguros que la vincula a la empresa demandada- a abonar a D.E.T., una suma de dinero con intereses y las costas del proceso.

Apelan, la actora, la citada en garantía y la empresa demandada, quienes expresan agravios a fs.824/836, fs.842/847 y fs.848/853, respectivamente. Corridos los traslados pertinentes, fuero contestados por la empresa demandada a fs.861/863, por la aseguradora a fs. 864/868 y la actora a fs. 870/874vta.

Ante la requisitoria efectuada a fs. 837, pto. II, contesta la actora a fs. 855/856, donde peticiona la aplicación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

1.- Los extremos fácticos son los siguientes:

El 17 de julio de 2009, aproximadamente a las 16,45 horas, el actor al comando del Renault Trafic SYC-266 se desplazaba por el carril derecho de la Autopista AU 7 “Presidente Héctor J. Cámpora” de esta ciudad. Al llegar, aproximadamente a la Av.Castañares, imprevistamente detrás de una tapia ubicada la derecha de la autopista, un caballo de gran porte comenzó a cruzar impactando con la parte delantera del rodado, provocando daños por cuya reparación acciona.

Ahora bien, con carácter previo a todo análisis, cabe señalar por lo pronto que el Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por ley 26.994, contempla de manera expresa lo tocante a la “temporalidad” de la ley.

Es menester interpretar coherentemente lo dispuesto por su art. 7° sobre la base de la irretroactividad de la ley respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas, y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia, así como a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

Por ello, corresponde ponderar que en el caso sub examine se trata de una relación o situación jurídica que ha quedado constituida conforme a la ley anterior, y también -por tanto- las consecuencias que emanan de ella, por lo que al haber nacido al amparo de tal legislación, es en definitiva la que se aplica.

En el Código vigente a partir del 1° de agosto de este año, las reglas básicas de la responsabilidad civil no han cambiado en su esencia. El art. 1716 establece que la violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado. La antijuridicidad se define en el art. 1717: cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Se admiten factores de atribución del daño tanto objetivos o subjetivos, y, en ausencia de normativa, el factor de atribución es la culpa (art. 1721), definiéndose sus alcances en los arts. 1722, 1723 (objetivos), 1724 y 1725 (subjetivos).

El art.1726 se refiere a la relación causal, disponiendo que son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. Excepto disposición legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. El daño resarcible se conceptualiza en el art. 1737: hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva.

Como fue adelantado, la ley que rige la relación generada por el hecho ilícito dañoso es la vigente al momento de producción del daño. Por eso, la mayoría de las reglas establecidas en los arts. 1708 y siguientes se aplican sólo a los daños producidos a partir de agosto de 2015. Igual conclusión cabe respecto de otros artículos referidos a la responsabilidad distribuidos en el resto del articulado (Kemelmajer de Carlucci, Aida-“La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, ED. Rubinzal-Culzoni- Santa Fe, 2015, págs.158-159).

2.- Responsabilidad

2.1.- Antes de adentrarme sobre este tópico, indico que analizaré las argumentaciones conducentes y relevantes para decidir el conflicto (CSJN, Fallos. 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 274:113, 305:537, 307:1121, entre otros y remarcado por destacada doctrina: Fassi, S.-Yáñez, C. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado”, t.1, pág. 825; Fenochietto, C.-Arazi, R. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Anotado” T.1, pág. 620).

Asimismo, en sentido análogo, ponderaré las pruebas agregadas, que estime apropiadas para resolver el caso (CSJN, Fallos:274:113; 278:271; 291:390, entre otros), razón por la cual, me inclinaré por las que produzcan mayor convicción, en concordancia con los demás elementos de mérito de la causa (conf. Aragoneses Alonso “Proceso y Derecho Procesal”, Aguilar, Madrid, 1960, pág. 971, párrafo 1527, Calamandrei, P.”La génesis lógica de la sentencia civil”, en “Estudios sobre el proceso civil”, págs. 369 y ss.).

2.2.- La empresa demanda y la aseguradora reprochan la responsabilidad atribuida. Mientras que la primera indica, que el cruce de animales no es una situación previsible en una autopista, invoca la Ordenanza Nº 12.867 por la cual la utilización de animales de tiro está vedada en el ámbito de esta ciudad, que las estadísticas no arrojan la aparición de animales en la zona de traza y que no puede más que considerarse un caso fortuito. La aseguradora, indica que la relación concesionario-usuario es extracontractual y que de su parte no hubo culpa.

La doctrina ha estudiado con detenimiento y particular interés el tema de la atribución de la responsabilidad civil de las empresas concesionarias viales.

En esta materia es posible reconocer dos corrientes de opinión:

La primera considera que la responsabilidad del concesionario frente al usuario es de naturaleza extracontractual, básicamente por entender que el peaje que abona este último tiene carácter tributario. Esta es la postura que sostiene la citada en garantía.

En este caso la relación concesionario-usuario es indirecta y se rige por el contrato administrativo celebrado entre el Estado y la empresa, la que sólo es una delegación específica de la gestión encomendada.

Se entiende que la concesionaria no es dueña del camino y la red vial no es -en principio- una cosa de riesgo, de modo que -siempre según este criterio- responde en caso de incumplimiento por acción u omisión de las acciones impuestas por el marco regulatorio vigente (Pilar Venegas, Patricia, Compiani, María Fabiana, “Responsabilidad por los daños generados por el mal estado de conservación de los corredores viales”, L.L. 1992-E-1209; López del Carril, Gonzalo, “Animales sueltos en ruta y responsabilidad civil”, L.L. 1996-A- 1329; Sarmiento Güemes, Manuel, “Concesionarios Viales. Relaciones Jurídicas”, L.L. 1995-E-1164; CNCiv. Sala I, “Steven, Alberto R.c/ Caminos del Río Uruguay S.A. de Const. Conces. Viales s/ Ds. y Ps.”, del 26/4/2001, L.L. del 8/11/01).

Para otra corriente de opinión, hoy día claramente mayoritaria y que la suscripta comparte, esta responsabilidad se encuentra enmarcada dentro del ámbito contractual, encuadre que desarrollara en enjundioso fallo la integrante de esta Sala Dra. Marta del Rosario Mattera in re Expte. n° 12.779/2003, “Macen, Agustín c/ Autopistas Urbanas S.A. s/ Daños y Perjuicios”, del 03/11/2009, también esta Sala, Expte. n° 40.499/07, “De Carlos, Nereo Nazareno c/ Empresa Concesionaria Vial S.A. s/ Daños y Perjuicios” del 23/3/2010, Expte. N° 108.043/2.002, “Lencina, Teresita Amelia c/ Autopista del Sol S.A. s/ Daños y Perjuicios” del 04/5/2011).

En efecto, es menester diferenciar las relaciones jurídicas que se entablan entre Estado – concesionario, las que se rigen por el derecho administrativo, y las que tienen lugar entre concesionario – usuario, en las que se aplica el derecho común.

El usuario paga el peaje como contraprestación de las obligaciones asumidas por la concesionaria a su favor. La mayoría de quienes postulan esta tesis catalogan la relación como “de consumo” (ley 24.240 y sus modificatorias).

A su vez, cabe señalar que más allá de los distintos fundamentos en que se sostiene la atribución de la responsabilidad en casos como el sub examine, lo cierto es que todos consideran que la empresa, de acuerdo al principio de buena fe contemplado en el artículo 1.198 del Código Civil, asume una clara “obligación de seguridad” consistente en que el usuario pueda llegar sano y salvo al lugar de destino (cfr. Boragina, Juan C. y Meza, Jorge A., “Responsabilidad Civil de las empresas concesionarias de peaje en relación a los daños padecidos por le usuario” J.A. 1997-IV-858; Vázquez Ferreyra, Roberto “La demanda contra los concesionarios de autopistas”, Revista de Derecho de Daños N° 1, Accidentes de Tránsito, I, 1998, Ed.Rubinzal-Culzoni; Bustamante Alsina, Jorge, “Responsabilidad por el daño que el estado de una autopista provoca al vehículo al circular por ella”, LL 1992-D-194; CNCiv., Sala D in re “Di Gregorio, Roque Vitale c/ De Godos, Julio s/ Daños y Perjuicios”, del 08/10/1999, Sec. Jurisprudencia, sumario 13.432; asimismo, quizá el precedente más valioso sea el fallo dictado por nuestra C.S.J.N. en autos “Colavita, Salvador c/ Pcia. de Buenos Aires” , del 07/3/2000, destacándose allí el fundado voto del Dr. Adolfo Vázquez).

El deber de seguridad, de origen legal e integrado virtualmente en la relación contractual y que amplía su marco, obliga al prestador a la adopción de medidas de prevención ade cuadas a los concretos riesgos existentes en la ruta concesionada, en tanto resulten “previsibles” (cfr. Ubiría, Fernando, “Piedras arrojadas a automóviles que circulan por rutas concesionadas”, LL del 14/10/2008, págs. 1/3; ídem, “La consolidación de una saludable jurisprudencia en materia de accidentes viales en rutas concesionadas a la luz del Derecho del Consumidor”, ED del 11/6/2008, págs. 1/4).

Como adelantara, la preexistencia de una vinculación jurídica anudada entre el usuario que reclama y utiliza el servicio y la empresa que lo brinda, torna más aceptable la aplicabilidad del régimen inherente a la órbita contractual.

El deber de seguridad es lo suficientemente amplio como para abarcar prestaciones tales como la vigilancia permanente de las rutas, la detección de obstáculos, el retiro inmediato de animales que transiten en las rutas, la detección de irregularidades, la subsanación de dificultades que se crean en el tránsito por la gravitación de hechos que ocurren en las mismas rutas o en zonas colindantes (conf. Rinessi, Antonio “La desprotección de los usuarios viales”, en Revista de Derecho de Daños, Accidentes de Tránsito III, pág.131).

No cabe duda que el vínculo jurídico que une a las partes tiene fundamento en lo dispuesto por la ley 24.240 conforme criterio sustentado por nuestro más Alto Tribunal in re “Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra de c/ Provincia de Buenos Aires y/u otros” (del 07/11/2006, publicado en DJ, 29/11/2006, 950).

En tal oportunidad, el máximo Tribunal sostuvo que la relación entre el concesionario de las rutas y los usuarios es una “relación de consumo” en el derecho vigente y, consecuentemente, su protección encuentra sustento en el artículo 33 de la Norma Fundamental.

En su mérito, puede concluirse que el primero asume la obligación de prestar un servicio y que ello importa una obligación nuclear del contrato, constituida por la prestación encaminada al mantenimiento adecuado (profesional) de la ruta en todos sus aspectos y, también, deberes colaterales con fundamento en el principio angular de la “buena fe” (art. 1198 del Código Civil).

Sentado todo lo expuesto hasta aquí, analizaré concretamente si el evento dañoso se produjo por un incumplimiento imputable a la demandada (extensible a la tercera citada) de sus obligaciones o, si por el contrario, promedió alguna causal eximitoria.

Recuerdo que en la tarea de formar su convicción los jueces no tienen el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren esenciales y decisivas para considerar las cuestiones conducentes (conf. art. 386 del Código Procesal; Fenochietto-Arazi, Código Procesal.comentado y concordado, T:II, pág.357 y sus citas).

El material probatorio debe apreciarse en su conjunto (principio de unidad de la prueba), ponderando la concordancia o discordancia que pudiesen ofrecer las diversas aportadas a los autos, pues, muchas veces, la certeza no se obtiene con una evaluación aislada de los elementos probatorios, o sea, tomados uno por uno, sino en su totalidad, ya que bien podría suceder que probanzas individualmente estudiadas fuesen débiles o imprecisas se complementaran entre sí, de tal modo que unidas llevasen al ánimo del juez la convicción de la verdad de los hechos (cfr. Peyrano, J. W., Chiappini, J.O. “Apreciación conjunta de la prueba en materia civil y comercial”, J.A. 1984-III-799; Díaz de Guijarro, E. “La unidad integral de la prueba¼”, J.A. 1985-I-784; Falcón, Enrique, Código Procesal¼, T.III, pág. 190; esta Sala, Expte. N° 2.819/2007, “Gioncardo, María c/ Acosta Flores, Eri y otros s/ Ds.yPs.”del 26/8/2010; Expte. N° 29.078/2004, “Avellaneda, Ramón c/ Central de San Vicente s/ Ds. y Ps.” del 17/8/2010, Expte. Nº 27.677. “Flores Rosel c/ Colman Mabel s/ Cobro de sumas de dinero” del 27/02/2007, entre otros).

El testigo presencial Amarante (fs.390/391) expresa que “.un caballo se cruzó, y la camioneta embistió al caballo” (preg. segunda), “.el caballo sale del costado derecho de la autopista” (preg. séptima).

La experticia adunada a fs.460/463 y fs.522, la apruebo en los términos del art.477 del rito. Indica que de acuerdo al relevamiento efectuado en el lugar del accidente, daños que se observan en las fotografías, presupuesto, etc., puede indicarse que la mecánica del accidente expuesta en la demanda resulta verosímil (fs.461vta., 1). A ello agrega “Circulando hacia el sur aproximadamente 400 metros mas, existe hacia el oeste un barrio de emergencia con viviendas precarias construidas muy próximas al guard rail de chapa.En dicho sector no existe alambrado perimetral, ni muros de hormigón, ni rejas metálicas, resultando posible que un equino ingrese a la calzada para el caso que pueda atravesar el guard rail de chapa. (fs. 522 in fine/523vta.).

Como he tenido oportunidad de resolver reiteradamente (ver mis votos in re, Expte. N° 31.234/2.005.”Cal, Paola Fernanda y otro c/ Amondarain, Juan José y otros s/ Daños y Perjuicios” del 11/11/2.010; Expte. N° 116.720/2001. “Stachuk, Teresa c/ MJ Materiales y otros s/ Ds. y Ps.”del 20/5/2010; Expte. n° 38.250/2002.”Avila, Jorge y otros c/ Couto, Juan Manuel y otros s/ Daños y Perjuicios” del 04/9/07) es necesario distinguir adecuadamente lo que constituye “causa adecuada” de un siniestro (el “efecto”), de lo que solamente pudo haber revestido carácter de “condición” u “ocasión”, pues sólo la causa produce el efecto, mientras que tanto la condición como la ocasión sólo permiten o favorecen su operatividad (Alterini, Atilio, Ameal, Oscar, López Cabana, Roberto, Derecho de obligaciones civiles y comerciales, Ed. AbeledoPerrot, 1998, pág. 231).

El análisis de la relación causal es determinante pues revela la “autoría” del daño y permite individualizar al sujeto que debe responder, y no dudo que en el caso de autos la responsabilidad recae en la empresa demandada.

Recuerdo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo en el citado caso “Bianchi” que la apuntada “previsibilidad de los riesgos” que adjetiva a la obligación de seguridad a cargo del concesionario, puede variar de un supuesto a otro, pues no todas las concesiones viales tienen las mismas características operativas, ni idénticos flujos de tránsito, extensión lineal, condiciones geográficas, grados de peligrosidad o siniestralidad conocidos y ponderados, etc. Es posible establecer el deber de previsión en atención al art. 902 del Código Civil, lo que refuerza la entidad del “deber prestacional” a cargo de la empresa concesionaria demandada (cfr.Ubiría, Fernando A., “Piedras arrojadas a automóviles que circulan por rutas concesionadas”, “La ley” del 14/1/2.008, pág. 3; ídem, “La consolidación de una saludable jurisprudencia en materia de accidentes viales en rutas concesionadas a la luz de la ley 24.240”, “El Derecho” del 11/6/2008, pág. 1 y ss.).

Es indudable la responsabilidad de la concesionaria que deriva “.de la ausencia de un apropiado ejercicio del deber de previsión y de disponer lo necesario para evitar accidentes se deriva de la ocurrencia misma del evento dañoso y de la falta de prueba de la demandada respecto a la adopción de medidas eficaces de carácter preventivo” (Pita, Enrique Máximo “Animales sueltos: Responsabilidad de la concesionaria vial y del estado. Cómputo de los intereses”, pub. en La Ley del 10/4/2015, págs. 5/7).

Todos estos extremos, me persuaden a mantener la responsabilidad impuesta en la instancia de grado. Es mi propuesta.

3.- Rubros

3.1.- Incapacidad sobreviniente

La instancia de grado fijó la suma de $48.000 para satisfacer este concepto.

La aseguradora tilda de exagerada la suma, que la juez de grado no hace referencia a las efectivas limitaciones física y psíquicas, la empresa demandada peticiona su reducción.

La incapacidad sobreviniente está representada por las secuelas o disminución física o psíquica que queda luego de completado el período de recuperación o restablecimiento; produciéndose entonces para la misma un quebranto patrimonial indirecto, derivado de las limitaciones que presenta al reanudar sus actividades habituales y al establecerse su imposibilidad -total o parcial- de asumirlas y cumplirlas adecuadamente. La incapacidad económica -o laborativa- sobreviniente se refiere a una merma de aptitudes que sufre el individuo para obtener lucros futuros, sea en las tareas que habitualmente suele desempeñar o en otras, es decir, una chance frustrada de percepción de ganancias.” (conf. Represas, Félix A. – López Mesa, Marcelo J.; “Tratado de la responsabilidad civil”, La Ley, 2006, vol. “Cuantificación del Daño”, p.231 y ss.).

La Corte Suprema ha sostenido que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende, a más de aquella actividad económica, diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (CSJN, Fallos: 308:1109; 312:2412; 315:834; 318:1715 ; 326:1673 ; Ídem., 08/04/2008, “Arostegui, Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía” , LL. 2008-C, 247).

Así, ha sostenido este tribunal que a los fines de establecer el monto que debe resarcirse por este concepto, deben tenerse en cuenta las condiciones personales de la víctima, así como las familiares y socio-económicas, sin que el grado de incapacidad comprobado científicamente por el perito médico, traduzca, matemáticamente, una cierta cuantía indemnizatoria. Sólo constituye un parámetro de aproximación económica que debe ser conjugado con las múltiples circunstancias vitales que contribuyen a definir razonablemente el m onto de la reparación (Sala, Expte. nº76.151/94 “Taboada, Carlos David c/ Lizarraga, Luis Martín s/daños y perjuicios” del 10/12/09; Ídem, 27/8/2010 Expte. n°34.290/2006 “Fridman, Hernando c/Escalada, Héctor Daniel y otro s/ daños y perjuicios” Ídem Id, 9/9/2010, Expte. n°24068/2006, “Agüero, Fernán Gonzalo y otro c/Arriola, Fernando Luis y otros s/daños y perjuicios”,Expte. n° 14.661/2006, “Olguin, Ruth Yolanda y otros c/ Trenes de Buenos Aires S.A. y otro s/Daños y perjuicios”, del 05/7/2012, Expte.N° 47.756/2010, “Fernández, Víctor Hugo c/Carrizo, Francisco Antonio y otro s/daños y perjuicios”, del 11/7/2013, expte. n°84.023/2008, “Lucero, Marcelo Santiago y otro c/ Lorda, Luis María y otros s/ Daños y perjuicios”, del 30/12/2013, entre otros).

Todos estos extremos fueron tenidos en cuenta en forma acabada y ajustada por la juez de grado, al analizar las experticias adunadas a fs. 627/640 y fs. 682/683.

El experto refiere que la actora ha experimentado una vivencia traumática que ha dejado una impronta en su psiquismo, que resulta una incapacidad parcial y permanente del 10% (fs.633) y en cuanto a lo físico del 10%, correspondiendo un 50% a factores concausales (fs.683).

En base alo expuesto, a lo cual agrego, la edad del actor al tiempo del siniestro (46 años) y datos que obtengo del pronunciamiento dictado a fs.61/vta. del beneficio de litigar sin gastos, propongo, mantener la suma presupuestada ala fecha el dictado de la sentencia de grado (art.165 del rito).

3.2.- Gastos médicos y de farmacia

La juez a quo justipreció este rubro en la suma de $500.

La aseguradora remarca la falta de respaldo probatorio, por ende, reclama la desestimación de este concepto.

Se ha sostenido reiteradamente que en materia de atención médica, traslado y gastos de medicamentos, el aspecto probatorio debe ser valorado con criterio amplio, sin que sea necesaria la prueba acabada de todos los gastos realizados, toda vez que la asistencia médica, sanatorial y de farmacia provoca desembolsos de dinero que no siempre resultan fáciles de acreditar o no son reconocidos por la obra social y, además, porque lo apremiante en tales circunstancias para la víctima o sus familiares no reside en colectar pruebas para un futuro juicio sino en la atención del paciente.

Lo propio acontece aún en el caso de que el damnificado haya sido atendido en hospitales públicos o que cuente con cobertura social, toda vez que siempre existen erogaciones que no son completamente cubiertas (CNCiv., esta Sala, Expte. n° 114.707/2004, “Valdez, José Marcelino c/ Miño, Luis Alberto” del 11/03/2010, Expte. n° 89.107/2006, “Ivanoff, Doris Verónica c/ Campos, Walter Alfredo” del 23/03/2010, Expte. n° 114.354/2003, “Rendón, Juan Carlos c/ Mazzoconi, Laura Edith” del 15/04/ 2010; Expte.nº 42.075, “Vara, María del Carmen c/Metrovías SA s/daños y perjuicios” del 25/10/2012, entre otros). En igual sentido se expidió muestro Máximo Tribunal, “Atento a la necesidad de salvaguardar el principio de la reparación integral del daño causado, debe integrar el resarcimiento, aunque no hayan sido materia de prueba, los gastos médicos y de farmacia que guarden razonable proporción con la naturaleza de las lesiones sufrida por el actor (CSJN, Fallos 288:139).

Por ello, siempre que se haya probado la existencia del daño, tal como acontece en la especie, donde se demostraron las lesiones y su atención hospitalaria, aún cuando no se haya probado específicamente el desembolso efectuado para cada uno de los gastos realizados, tiene el deber el magistrado de fijar el importe de los perjuicios reclamados efectuando razonablemente la determinación de los montos sobre la base de un juicio moderado y sensato (art.165 del Código Procesal).

A la luz de estas consideraciones, propicio, la confirmación de la suma presupuestada a la data de la sentencia de grado.

3.3.- Privación del uso.

Se fijó para su indemnización la suma de $1.000.

La citada en garantía remarca la improcedencia del rubro, “Autopista” agrega que el vehículo es utilizado laboralmente, lo cual obtuvo indemnización mediante el daño emergente y que ésta se duplicaría con la admisión de este concepto.

La privación de uso del vehículo constituye un daño emergente que debe mensurarse a través del costo del empleo de medios de traslación que reemplacen la función del automotor siniestrado. En este sentido, cabe señalar que en general, se considera que la sola privación del uso de un automóvil comporta “per se” un daño indemnizable (Zavala de González, Matilde “Daños a los Automotores” T.1. Ed. Hammurabi, pág.119 y 127 y jurisprudencia allí citada) entendiéndose razonable que ante el impedimento de uso del rodado en razón del accidente sufrido el damnificado no se vea limitado en el ejercicio de sus actividades cotidianas. Vale decir, es justo que el dinero desembolsado en el uso de transportes sustitutos deba ser reintegrado.

Por tanto, ocurrido un hecho que daña al automotor y determinada su indisponibilidad actual, cuando la refacción se ha efectuado o el auto ha quedado detenido; o bien, como daño futuro, cuando la unidad ha podido ser utilizada, pero es necesaria enviarla al taller (Zavala de González, M., ob. cit., pág. 98, esta Sala expte. nº 16.193/206, “Durante, Cristian Gabriel c/Silva, María Antonia y otros s/daños y perjuicios”, del 21/3/2013, entre otros).

No se encuentra acreditado la utilización exclusivamente laboral del rodado. Tengo en cuenta, la experticia mencionada en 2.2.que hace mérito del tiempo de consulta de presupuestos, obtención de turnos de taller, días no favorables para ejecutar tareas de pintura, etc., estimando en diez días el tiempo de la reparación del rodado.

A la luz de estos conceptos, propongo, desestimar los agravios y confirmar la suma presupuestada a la fecha de la sentencia de grado (art. 165 del Código Procesal).

3.4.- Daño emergente.

Prosperó en la suma de $4.490.

La aseguradora peticiona la desestimación de este rubro por la falta de prueba que lo respalde.

Ajustadamente la juez de grado se basó en la documentación acompañada a fs.10 y en la declaración testimonial aportada a fs. 392, donde aquélla fue reconocida.

Ello, permite sin hesitación hacer lugar a este concepto.Esta es mi propuesta.

3.5.- Daño moral

Se hizo lugar a este concepto en $9.000

La aseguradora, entiende que el monto es elevado e injustificado, la empresa demandada peticiona su reducción, atendiendo que fue un accidente con consecuencias dañosas leves.

El daño moral, no queda reducido al clásico Premium doloris (sufrimiento, dolor, desesperanza, aflicción, etc.) sino que, a más de ello, apunta a toda lesión e intereses (jurídicos) del espíritu (Bueres, Alberto J., “El daño moral y su conexión con las lesiones a la estética, a la sique, a la vida de relación y a la persona en general”, en” Revista de Derecho Privado y Comunitario”, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, nº 1, 1992, p. 237 a 259; Pizarro, Ramón Daniel, “Reflexiones en torno al daño moral y su reparación”, en J.A. 1986-111-902 y 903; Zavala de González Matilde, “El concepto de daño moral”, J.A., 985-I-727 a 732).

El daño moral importa una minoración en la subjetividad de la persona de existencia visible derivada de la lesión a un interés no patrimonial, o con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquél en el que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste, y anímicamente perjudicial (Pizarro, Ramón, Vallespinos, Carlos, Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones, t. 2, pág. 641).

A la hora de precisar el resarcimiento, debe examinarse el “resultado de la lesión”, es decir, de qué manera y con qué intensidad el agravio contra la persona le ha causado un perjuicio.Los bienes personalísimos no pueden ser cuantificados en más o menos, pero el sujeto puede sufrir más o menos a consecuencia de la lesión, y también el juez tiene que graduar de la misma manera la indemnización ya que no siempre es igual el daño moral derivado de actividades lesivas análogas. Por tanto, rige el principio de “individualización del daño” y las circunstancias de la víctima suelen dimensionar de distinta manera, inclusive en el ámbito espiritual, las derivaciones de una lesión similar debe quedar librada al prudente arbitrio judicial, habiendo muchos casos en los que el daño moral es mucho más importante que el daño material (Borda, Guillermo, “Tratado de Derecho Civil. Obligaciones”, t. I, pág. 175; Zavala de González, Matilde, Código Civil y Normas Complementarias, Bueres- Highton, Hammurabi, t. 3A, págs. 171-2; v. interesante alusión en “Revista de Derecho de Daños” 2009-3 “Daño a la Persona”: Rey de Rinessi, Rosa Nélida-Rinessi, Antonio Juan, “La Ubicación del Daño Moral”, pág.27; Ritto, Graciela “Cuantificación de daño moral-Un abordaje novedoso y ejemplificador”, publicado en la LL del 26/03/2008).

Esta Sala ha resuelto que la fijación del resarcimiento por daño moral en una cierta proporción con respecto a los daños patrimoniales es improcedente. Ninguna relación media entre la existencia, magnitud de esos perjuicios, a lo cual debe agregarse, que tienen una naturaleza jurídica distinta en razón de que tutelan distintos bienes jurídicos (se ha explayado mi distinguida colega Dra. Marta del Rosario Mattera: Expte. nº89.021/2003.”Procopio, Fernando Antonio y otro c/ Piñero, Ernesto Emir y otros s/daños y perjuicios” del 11/02/2010; Expte. nº 89.107/2006, “Ivanoff, Doris Verónica c/Campos, Walter Alfredo s/daños y perjuicios del 22/03/2010 y que tiene el aval de numerosos fallos de nuestro Máximo Tribunal (me remito a las menciones efectuadas por la Dra. Mattera en las referidas causas); id. Expte.nº 95.582/2.006.”Álvarez, Martín Hugo c/Línea 22 SA y otros s/daños y perjuicios” del 25/06/2010; Expte. nº29.511 “Galarza, Diego Nicolá s c/ Figueroa, Marta s/daños y perjuicios del 20/05/2010; Expte. nº 30.726/2004, “Gibelli, Beatriz Amalia y otro c/Vega, Alejandro Humberto y otros s/daños y perjuicios” del 31 /08 /2010; Expte. nº 95.392, “Lión, Fernando Javier c/ Vaccaro, Gustavo y otros s/daños y perjuicios”, del 02/3/2011, entre otros).

A la luz de estos conceptos, propicio confirmar la justipreciación a la fecha de la sentencia apelada (art. 165 del rito).

4.- Intereses.

La sentencia en crisis fija los intereses para las sumas que resultan de: incapacidad sobreviniente, gastos médicos – farmacia, daño moral y privación del uso; a una tasa del 6% anual desde la feha en que se produjeron los perjuicios hasta el dictado de la sentencia apelada y hasta el efectivo pago conforme a la tasa activa cartera general (préstamos)nominal anual vencida a treinta días del Banco e la Nación Argentina. Y la imposición de la última tasa con respecto a las indemnizaciones que derivan de la reparación del rodado y daño emergente.

La actora, reprocha la aplicación exclusiva de la tasa activa, mientras que la aseguradora invoca jurisprudencia y doctrina para sustentar la improcedencia de la aplicación de la tasa activa para los dos últimos conceptos mencionados en el párrafo anterior.

Propicio confirmar la decisión de la primera instancia.

En efecto, para arribar a tal solución por lo pronto observo que en la sentencia objeto de apelación se han fijado indemnizaciones a “valores actuales”, produciéndose en tal oportunidad la cristalización de un quid (no el reconocimiento de un quantum).

Entiendo que en el caso de autos retrotraer la aplicación de la tasa activa “a partir de cada daño objeto de reparación” importaría incurrir en un desplazamiento patrimonial injustificado:se estaría computando dos veces la “desvalorización” o “depreciación” monetaria: una en oportunidad de fijar montos en la sentencia de grado (cristalización) y otra a través de la aplicación de una tasa de interés (la activa) que ya registra ese componente en su misma formulación.

En el caso sub examine se verifica el supuesto fáctico que este Excmo. Tribunal en pleno tuvo en cuenta en la última parte de “Samudio” , es decir, que la tasa activa no debe computarse cuando su aplicación en todo el período transcurrido “implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”.

Distinta, es la situación con respecto a las sumas de los dos últimos conceptos, que fueron aprobadas a valores históricos.

Por ello, reitero, la confirmación del fallo recurrido.

5.- Extensión de la condena a la aseguradora.

La sentencia en crisis hace extensiva la condena a la aseguradora en los términos del art. 118 de la ley 17.418 y en la medida del contrato de seguro que la vincula con la empresa demandada.

La actora, a lo largo de su agravio, expone, entre otros conceptos, que al declararse la inoponibilidad de la franquicia estipulada en la póliza, veía violado su derecho de obtener una reparación integral. Abona sus reproches con fallos jurisprudenciales de diferentes fueros, doctrina, que lo encamina a reclamar la revocatoria de lo decidido al respecto.

Los reiterados pronunciamientos dictados por la Corte Suprema, han consolidado la doctrina que establece que en el seguro de responsabilidad civil la franquicia pactada en la póliza es oponible al tercero damnificado, decidiendo en consecuencia que las respectivas sentencias no podrían ser ejecutadas contra la aseguradora sino en los límites de la contratación (C. S. J. N., “Estigarribia, Rubén Jesús c. Transporte América SACI y otros” del 10/11/2009; “Bonzi, Lucía Elena c. Almada, Oscar Raúl y otros” del 01/12/2009; “Martínez de Costa, María Ester c.Vallejos, Hugo Manuel y otros” del 09/12/2009; “López, Ana Karina c. Empresa La Independencia SA de Transportes y otros”, del 09/12/2009; “Mendoza Villordo, Elvira c. La Primera de San Isidro SACEI”, del 09/03/2010; “Medina, José Antonio y otros c. c. La Isleña S.R.L. y otros, y su acumulado Islas, Luis Miguel c. Compañía La Isleña S.R.L. y otros”, del 09/03/2010; “Rigtina, Carlos Alberto c. Transporte de Pasajeros Pilar Bus S.A. y otros”, del 27/04/2010; “Rodríguez, Gastón Ariel c. La Cabaña S.A. y otros s/ daños y perjuicios (acc. tran. c/ les. o muerte), del 08/06/2010; “Wiggenhauser, Catalina c. Segovia, Enrique David”, del 15/06/2010; “Ianni, Flora Elsa c. García, Diego Ricardo y otros s/ daños y perjuicios”, del 22/06/2010; “Sotelo, Sergio Enrique c. Maidana, Gustavo Gastón y otros”, del 03/08/2010; “Puebla, Benigna Ester c. Vázquez, Juan Carlos y otros”, del 03/08/2010; “Repetto, Juan Manuel c. Ortiz, Alejandro Daniel y otros s/ daños y perjuicios (acc. tran. c/ les. o muerte)”, del 17/08/2010; “Carballo, Nora Yolanda c. Transportes Automotores La Estrella S.A. y otros s/daños y perjuicios”, del 07/02/2012; “Valdez, Pedro Nolazco c. Medina, Norberto Ariel y otros s/daños y perjuicios”, del 27/12/2012, entre otros).

Esta interpretación no se vio modificada por nuevos argumentos introducidos en sentencias de segunda instancia que decretaron la nulidad de la cláusula que estipulaba la franquicia (C. S. J. N., “Aquino Pereira, Elvio César c. Otranto, Marcelo y otros s/daños y perjuicios”, del 12/03/2013, A. 1323. XLVII. RHE), o la aplicación al caso de la ley de Defensa del Consumidor, según la modificación de la ley 26.361, que fueron considerados insuficientes para modificar el criterio respecto del alcance de tal estipulación contractual a franquicia estipulada en el contrato de seguro del transporte público de pasajeros (conf.causas “Martínez de Costa, María Ester c/ Vallejos, Hugo Manuel y otros s/daños y perjuicios acc. trán. c. les. o muerte”, del 9/12/2009; “De Marco, Nicolás c. Línea 71 SA y otro s/daños y perjuicios (acc. trán c. les. o muerte)”, del 12/7/2011; C. S. J. N., “Calderón, Andrea Fabiana y otros c. Marchesi, Luis Esteban y otros”, del 21/02/2013 C. 375. XLVIII. REX, L. L. 06/03/2013, 11 y D. J. 10/04/2013, 30).

La doctrina del Máximo Tribunal subraya que las cláusulas que limitan el riesgo asegurable no pueden ser ignoradas, en tanto el seguro de responsabilidad civil se instituye en beneficio del asegurado y los terceros sólo pueden aprovechar sus efectos en la medida en que el contrato así lo permita.

Como hemos sostenido, en otras oportunidades, no puede soslayarse la trascendencia moral e institucional de los fallos del Máximo Tribunal, así como la afectación que su falta de acatamiento provoca en la certidumbre de los derechos litigiosos y en la celeridad y economía procesal.

Ello no importa la imposición de un puro y simple acatamiento de la jurisprudencia de la Corte, sino el reconocimiento de la autoridad que la inviste, de donde deriva la necesidad de controvertir sus argumentos cuando se aparten de la jurisprudencia al resolver las causas sometidas a su juzgamiento (doctrina de Fallos: 312:2007,L. L. 1990-B, 421, LLC, 1990, 584) (C. S. J. N. 18/12/2007, “Cornejo, Alberto c. Estado Nacional – Ministerio de Defensa”, La Ley Online AR/JUR/10899/2007).

El apartamiento la jurisprudencia de la Corte Suprema constituye cuestión federal que deja expedita la vía del art. 14 de la ley 48, tal criterio es el que rige respecto de aquellos asuntos en los cuales el Tribunal ha establecido realmente una “doctrina”. Esto es, que haya fijado claras pautas interpretativas de las normas en juego de las que dependa en exclusividad la resolución del pleito.Por tanto, los alcances del deber de acatamiento dependerán de si el debate en torno a la inteligencia de alguna disposición normativa está o no inescindiblemente ligado a un juicio sobre materias fácticas, probatorias o procesales, cuestiones estas últimas a cuyo examen la Corte no ingresa de ordinario. De ahí que no existirá apartamiento en tanto el nuevo tribunal interviniente no desconozca la esencia de la decisión de la Corte en orden al tema federal por ella tratado aunque una prudente valoración de las restantes circunstancias motive una nueva solución semejante a la que el Alto Tribunal había descalificado (Navarro, Marcelo Julio, “Actualidad de jurisprudencia de la Corte Suprema acerca del acatamiento de su propia doctrina”, L. L. 1997-C, 1137).

Por todo lo expuesto, y en consonancia a lo resuelto en otras actuaciones (conf. esta Sala, Expte. n° 94.400/07, “Lucero Idizarri, Roberto Abel c/Modo SA y otros s/daños y perjuicios”, del 29/8/2013; Expte. n° 69.479/2006, “Mujica, Jorge Ignacio c/ Juan B. Justo SATCI s/ Daños y Perjuicios”, del 11/9/2013; Expte. n° 100.671/09, “Palacios Laura Verónica c/ La Primera de San Isidro SACEI y otros s/daños y perjuicios”, del 23/9/2013; Expte. n° 48.306/2.012, “Eisele, Enrique Roberto c/Empresa Tandilense SACIFIS Línea 152 y otros s/daños y perjuicios”, del 07/7/2.015), propongo, desestimar los agravios y confirmar la decisión alcanzada en la instancia de grado.

A tenor de las consideraciones desarrolladas, doy mi voto para :

a)Confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue motivo de agravios.

b)Imponer las costas de Alzada, a la empresa demandada y citada en garantía (art. 68 del rito).

Las Dras. Marta del Rosario Mattera y Zulema Wilde adhieren al voto precedente.

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.-

Buenos Aires, noviembre de 2015.-

Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

a)Confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue motivo de agravios.

b)Imponer las costas de Alzada, a la empresa demandada y citada en garantía (art. 68 del rito).

c)Difiérase la regulación de los honorarios para su oportunidad.

Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.-