No responde la empresa de suministro eléctrico por la muerte del menor a raíz de la descarga eléctrica sufrida, siendo su conducta el factor esencial y determinante para que ocurriera el infortunio.

Torre de energíaPartes: A. P. D. c/ Edelap S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: B

Fecha: 9-dic-2015

Cita: MJ-JU-M-96307-AR | MJJ96307 | MJJ96307

No es responsable la empresa de suministro por la muerte un joven a raíz de la descarga eléctrica sufrida, pues el infortunio se debió a la negligencia de la víctima, quien se encontraba descalzo, y no a problemas técnicos o de otro orden relacionados con el accionar de la demandada.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia y rechazar la demanda que condena a indemnizar a la empresa de suministro eléctrico a raíz de la descarga eléctrica sufrida por el hijo menor de la actora en ocasión en que se encontraba en el fondo de su domicilio, causándole la muerte, toda vez que no se encuentran puntos de conexión jurídica causal entre el accionar o las eventuales omisiones de la empresa eléctrica con el hecho, siendo la conducta de la víctima un factor esencial y determinante para que ocurriera el infortunio, pues se encontraba descalzo, en un lugar con agua en el piso y manipulando elementos eléctricos.

2.-La relación jurídica, al haberse consumado antes del advenimiento del actual Código Civil y Comercial de la Nación por aplicación del principio consagrado en el art. 7 del mismo cuerpo legal, debe ser juzgada en sus elementos constitutivos y con excepción de sus consecuencias no agotadas de acuerdo al sistema del anterior Código Civil.

3.-La manipulación de artefactos eléctricos se debe realizar con una extrema prudencia. En el caso a pesar de no conocer por completo el modo exacto en que acontecieron los hechos, se encuentra acreditado que el joven manipuló cables eléctricos encontrándose descalzo, y lo hizo en un lugar con abundante agua, que es agente transmisor por excelencia de la corriente eléctrica. También se desprende que los cables en cuestión no tenían el aislamiento correspondiente y que el alargue se apoyaba sobre charcos de agua, y tales extremos han sido afirmados por la propia accionante en su escrito inaugural.

4.-Son indudables los deberes que competen a los padres en lo que hace a la educación y cuidado de sus hijos; y la consiguiente responsabilidad que acarrea desatender estos compromisos. En el caso parece obvio las severas fallas de los progenitores en la educación de su hijo en cuanto al deber de impartir a éste las directivas adecuadas para manipular elementos eléctricos; más aún si, como señalara la madre, el joven expresó su intención de reparar el mentado motor eléctrico.

5.-El nexo causal queda destruido con el hecho de la víctima, y éste obra como una causal de exoneración de responsabilidad, y la razón de dicha eximente se encuentra indudablemente en el propósito de fomentar el comportamiento prudente y diligente de las personas: no parece razonable condenar a otra persona, cuando el daño obedece al hecho antijurídico de la víctima. No pueden los padres pretender trasladar las consecuencias de sus propias omisiones a los demandados, cuando ha sido el mismo menor quien ha procedido de forma por demás imprudente y que, con su propio accionar, ha encontrado la muerte, ya que de haber actuado el joven de otro modo, como es de esperar en un sujeto medianamente cuidadoso, el accidente muy probablemente no habría sucedido.

6.-Conforme a lo establecido en el artículo 2°, inciso c), del Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica para los servicios prestados por las empresas Edenor S.A., Edesur S.A. y Edelap. S.A., aprobado por Resolución 82/2002 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, es obligación del titular y/o usuario colocar y mantener en condiciones de eficiencia a la salida de la medición y en el tablero principal los dispositivos de protección y maniobra adecuados a la capacidad y/o características del suministro, conforme a los requisitos establecidos en la reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de Inmuebles, que especifica que todo tablero principal deberá poseer un dispositivo en su cabecera que actúe como corte y protección general, citándose a continuación una serie de interruptores requeridos. El perito designado afirma que la instalación eléctrica en el domicilio en el que sucedió el hecho se encontraba fuera de la reglamentación normativa, no existiendo tablero principal con los dispositivos de seguridad eléctrica; es decir que, a partir del tablero principal, la instalación eléctrica es responsabilidad del titular y/o usuario, quien debe procurar colocar y mantener los dispositivos de seguridad, y tales obligaciones fueron totalmente ignoradas por los usuarios de la vivienda donde ocurrió el accidente.

7.-Recae en el personal de la empresa la atención, conservación, lectura, cambio, etc. de medidores, equipos de medición, conexiones y otros; pero el deber de la emplazada se extiende a las instalaciones comprendidas entre la toma y el primer seccionamiento (tablero), lo que significa, entonces, que no se comprenden los interiores donde se encuentran los ocupantes, por lo tanto es inadmisible que se confunda las facultades de inspección, conferidas a la empresa para que no se dificulte la eficaz prestación del servicio, con los deberes y obligaciones que están a su cargo; y que excluyen el control de las instalaciones que se realizan en el interior de las viviendas o locales, pues del propio informe pericial, se deduce que las irregularidades de las instalaciones en el inmueble de la actora no eran en la realidad verificables a simple vista, toda vez que el lugar en el que debía encontrarse el tablero eléctrico, inexistente en la realidad, era dentro de aquella vivienda; interiores a los cuales regularmente no acceden los empleados de la empresa

8.-Corresponde al magistrado, y no al perito, efectuar un juicio de valor acerca de la relación de causalidad jurídica. En el caso, se deben desechar las imputaciones realizadas por el perito a la empresa demandada, pues no es válido afirmar que las supuestas inadecuadas medidas adoptadas por la demandada hayan sido el antecedente necesario que ocasionó la muerte del menor, pues el límite entre la red pública y la del cliente se encuentra en la conexión domiciliaria; y la responsabilidad de la empresa eléctrica se verifica en los casos de falla de alguna de sus propias instalaciones y no por deficiencias de las realizadas en los interiores de los inmuebles.

9.-Existe una atenuación al principio del hecho objetivo de la derrota, acordándole a los jueces un margen de arbitrio que debe ejercerse restrictivamente para eximir total o parcialmente de las costas al litigante vencido, sobre la base de circunstancias cuya existencia, en cada caso, torne manifiestamente injusta la aplicación del principio. En autos, la contienda encuadra claramente en la norma excepcional; y ello teniendo en cuenta la situación, la naturaleza de los planteos y el modo en que se resuelve, además, que la actora pudo considerarse objetivamente con derecho a litigar como lo hizo; sobre todo por estar ante una muerte inesperada, debiendo las costas de ambas instancias imponerse por su orden, y las ocasionadas por los peritos intervinientes y la mediadora se afrontarán por mitades.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los días del mes de diciembre de dos mil quince, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: “A., P. D. c/Edelap S.A. s/daños y perjuicios” respecto de la sentencia de fs. 568/581 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: MAURICIO LUIS MIZRAHI.- ROBERTO PARRILLI.- CLAUDIO RAMOS FEIJOO.-

A la cuestión planteada el Dr. Mizrahi, dijo:

I. Antecedentes

La sentencia de primera instancia, obrante a fs. 568/581, hizo lugar -parcialmente- a la demanda interpuesta por P. D. A. y, en consecuencia, condenó a Edelap S.A. al pago de una suma de dinero, con más sus intereses y costas, por considerar a dicha empresa responsable en un 33% por el fallecimiento de Alí Matías Esteban Samir. Asimismo, hizo extensivo el fallo a ACE Seguros S.A. y La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A., con el alcance y límite de sus respectivas pólizas.

Destácase que la presente litis tuvo su origen en el hecho ocurrido con fecha 20/02/2007, cuando el joven Alí Matías Samir sufrió, en ocasión de encontrarse en el fondo de su domicilio, una descarga eléctrica que le causó la muerte. Tal lamentable suceso, precisamente, fue el que le habría provocado a la actora los diversos daños y perjuicios que reclama en estos actuados.

II. Los agravios

Contra el referido fallo se agravian las partes. La actora expresa sus quejas en la pieza que corre agregada a fs. 568/581, la que ha merecido respuesta de la ACE Seguros S.A. a fs. 722/723. Por su lado, dicha empresa de seguros impugna el pronunciamiento de grado con las argumentaciones vertidas en el escrito de fs. 699/702, replicado por la contraria a fs.710/718.

La accionante reclama que no se haya endilgado a los emplazados la responsabilidad total por el fallecimiento del joven Matías. Asimismo, cuestiona los montos otorgados por la jueza de la anterior instancia en concepto de valor vida, daño psíquico, tratamiento psicológico, daño moral y gastos de sepelio.

La compañía aseguradora mencionada, por su parte, cuestiona la sentencia en crisis por considerar que el infortunio se debió a la negligencia de la víctima y postula que se ha producido en autos la ruptura total del nexo causal. De modo subsidiario, impugna la cuantía de las indemnizaciones reconocidas en la sentencia en recurso por los rubros valor vida, daño psíquico, tratamiento psicológico, daño moral y gastos de sepelio. Finalmente, se agravia de la tasa de interés impuesta en la condena.

III. Cuestiones a dilucidar. Límites en su análisis

El thema decidendum de esta Alzada quedó circunscripto a determinar: a) la atribución de responsabilidad por los hechos acaecidos; b) si correspondiere, la procedencia y cuantía de los diversos rubros indemnizatorios que fueran materia de agravio; c) en su caso, la tasa de interés aplicable al monto de condena.

Antes de ingresar a la cuestión de fondo, es menester efectuar una advertencia preliminar: en el estudio y análisis de los agravios he de seguir el rumbo de la Corte Federal y de la buena doctrina interpretativa. En efecto, claro está que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, “Fallos”: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yañez, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado”, T° I, pág. 825; Fenocchieto Arazi. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado”, T 1, pág.620). Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del ritual; CSJN, “Fallos”: 274:113; 280:3201; 144:611).

IV. La sanción del Código Civil y Comercial de la Nación

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la ley 27.077 (B.O n° 33.034 del 19-12-2014), que modificó el art. 7 de la ley 26.994, el Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por esta última, que fuera promulgada por decreto 1795/2014 (B.O. n° 32.985 del 8-10-2014), ha entrado en vigencia el 1 de agosto pasado por lo que, dada la cuestión relativa a la vigencia de las normas sucesivas en el tiempo, se hace necesario determinar los alcances del nuevo texto legal en el presente caso.

Al respecto el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación fija en su artículo 7° las reglas a seguir en estos casos estableciendo que: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. La leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales.

Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo”.

Como se aprecia, en materia de derecho intertemporal, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo y salvedad hecha de la evidente omisión incurrida en el primer párrafo del adverbio “aún”, el nuevo cuerpo legal ha decidido mantener el mismo texto y sistema que el derogado art.3° del Código Civil, según reforma de la ley 17.711.

De este modo, con las aclaraciones ya realizadas en materia contractual, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación es aplicable a las relaciones y situaciones jurídicas futuras; a las existentes a la fecha de su entrada en vigencia, tomándolas en el estado en que se encuentren -en este caso regirá los tramos de su desarrollo no cumplidos- y también, a las consecuencias no agotadas de relaciones y situaciones jurídicas constituidas bajo el amparo de la antigua ley.

Pues bien, al ser el daño un presupuesto constitutivo de la responsabilidad (cfr. arts. 1716 y 1717 del Código Civil y Comercial de la Nación y art. 1067 del anterior Código Civil), aquél que diera origen a este proceso constituyó, en el mismo instante en que se produjo, la obligación jurídica de repararlo.

En consecuencia, dicha relación jurídica, al haberse consumado antes del advenimiento del actual Código Civil y Comercial de la Nación, debe ser juzgada -en sus elementos constitutivos y con excepción de sus consecuencias no agotadas-de acuerdo al sistema del anterior Código Civil – ley 17.711 (ver en este sentido, Luis Moisset de Espanes, “Irretroactividad de la ley”, Universidad de Córdoba, 1975, en especial p. 22 y 42/43, p. IV, apartado “b”).

Esta es la solución que siguió este Tribunal en pleno, in re, Rey, José J. c. Viñedos y Bodegas Arizu S.A.” del 21/12/1971, publicado en La Ley on line, AR/JUR/123/1971, cuando luego de sancionarse la reforma de la ley 17.711 se produjeron resoluciones contradictorias respecto de la aplicación temporal de ésta.Allí, la mayoría entendió que el hecho ilícito se produce instantáneamente, no quedando sometido a acción alguna del tiempo, por lo cual corresponde atribuir a la ley antigua la regulación de los presupuestos de existencia de la obligación de reparar el daño causado, así como su contenido, inclusive la extensión del daño y su avaluación (cfr. Belluscio Augusto C.- Zannoni Eduardo A., “Código Civil y leyes complementarias-“, Buenos Aires, 1979, tomo 1, p. 28).

Lo expuesto no significa que no participemos de la opinión de que todo lo atinente a la aplicación temporal del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación debe seguirse una hermenéutica que no limite su efectiva vigencia. Es que, como con acierto lo recordaba Vélez Sarsfield en su nota al viejo art. 4044 -luego derogado por la ley 17.711- “el interés general de la sociedad exige que las leyes puedan ser modificadas y mejoradas, y que las leyes nuevas, que necesariamente se presumen mejores, reemplacen cuanto antes a las antiguas, cuyos defectos van a corregir”. Sin embargo, por las razones antes expuestas, en este caso puntual ha de regir la limitación ya señalada por aplicación del principio consagrado en el art. 7 del mismo cuerpo legal.

De todos modos, con Código viejo o nuevo, la interpretación que guíe esta decisión, y cualquier otra, no puede desconocer la supremacía de la Constitución Nacional, ni los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte, no ya solo porque lo recuerde el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (art. 1º y 2º), sino porque así lo manda la Constitución Nacional (cfr. art 31 y art 75 inciso 22°). Sin duda, tampoco pueden soslayarse los valores que inspiran nuestro ordenamiento jurídico; los que se sintetizan en el mandato de “afianzar la justicia”, contenido en el Preámbulo de nuestra Constitución, que no es letra vana.Sin embargo, reitero, ha de ser la normativa del Código Civil derogado la que se ha de aplicar en el caso.

V. La atribución de la responsabilidad.

V.a. Para comenzar, me referiré brevemente a las constancias que nos indicarían, parcialmente, el modo en que se habrían sucedido los hechos en el caso bajo estudio. A tal fin, resulta imprescindible recurrir a las acreditaciones obrantes en la causa penal “Alí, Matías Esteban Samir s/muerte por accidente”, nro. 59.491/2007, que tramitara por ante el Juzgado de garantías Nº 2 del Departamento Judicial de La Plata, Provincia de Buenos Aires, cuyas fotocopias certificadas se encuentran en sobre reservado en Secretaría.

En efecto, del acta que surge en el primer folio de dichas actuaciones se desprende que personal policial se apersonó en la finca sita en la calle nº23 2044, de la Ciudad de La Plata, donde se observó la presencia de médicos realizando tareas de resucitación sobre una persona identificada como Alí Matías Esteban Samir, de 15 años de edad. Los referidos galenos informaron a la prevención el deceso del joven, y los uniformados procedieron a realizar un relevamiento del lugar, notando que “inmediatamente después de egresar de la vivienda propiamente dicha continúa un tinglado que se extiende a lo ancho de la propiedad, galería donde se encuentra una pequeña mesa utilizada como sector de trabajo y junto a este un alargue eléctrico desenrollado”.

Las mentadas piezas también indicaron que el cuerpo sin vida del joven se encontraba “boca arriba, con el torso descubierto”; señalaron la presencia de una abundante humedad en el suelo, “incluso pequeños charcos de agua”; notaron asimismo que en las inmediaciones del cadáver se encontraba -apoyada sobre la pared medianera-una pileta de lona; y puntualizaron que en una zona del fondo sin piso de cemento, sobre la vegetación, se apreciaba un pequeño motor eléctrico (ver fº1 de las actuaciones represivas señaladas).

Asimismo, obra en el expediente penal la declaración testimonial brindada por P.A., madre de la víctima. Allí, la aquí actora indicó que el día en cuestión se retiró del domicilio aproximadamente a las 17hs., quedando en la casa su hijo de quince años de edad; y que al regresar, alrededor de las 19.15hs., lo encontró tendido en el piso del patio trasero, en el sector donde predomina la vegetación, y junto a su cuerpo observó un alargue eléctrico que se extendía hasta el interior de la finca; notando que éste se encontraba enchufado en una de las cajas de la cocina, y que junto a su hijo había un motor eléctrico. Afirmó también en su deposición que, según comentarios posteriores de su esposo, “Matías tenía deseos de refaccionar el motor eléctrico referido, y que habían convenido realizar dicha tarea luego de la siesta” (ver folio 16 de las actuaciones represivas).

A su vez, de la autopsia practicada en sede penal, surge que el joven sufrió una lesión por quemadura eléctrica ubicada en la cara palmar de las dos últimas falanges de los dedos pulgar e índice de la mano izquierda, que es señalada como puerta de entrada del paso de la corriente eléctrica. La conclusión a la que allí se arribó fue que la muerte se debió a electrocución, que ocasionó el deceso de forma fulminante (ver folio 23/vta.de la causa penal ya referenciada).

Por lo demás, se aprecia de las fotos anejadas al expediente criminal que junto al cuerpo se encontraba el extremo de un cable “pelado” que en otro extremo poseía una toma “macho” y continuaba en una caja eléctrica apoyada sobre una maceta cuya identificación no es posible (ver fotografías 5, 6 y 7, 12, 13, 14, 17, 19, 20). En las inmediaciones, en fin, se halló un cable de “alargue” y una mesa con el referido motor, aparentemente desarmado.

Tal como podrá percibirse, la forma en que se sucedieron los hechos del caso materia de debate no resulta totalmente clara y, en algún aspecto, parece enigmática; más allá de las constancias arriba relacionadas y de las conjeturas que se explicitan en la demanda. En cambio, lo que sí parece definitorio es que el joven Matías se encontraba descalzo, en un lugar con agua en el piso (abundante humedad en el suelo y pequeños charcos de agua, dice el informe antes indicado), manipulando elementos eléctricos y que, aparentemente, fue el contacto de su mano izquierda con el cable existente en el lugar lo que ocasionó su lamentable fallecimiento.

V.b. Sin perjuicio de que -como lo anticipé- no podemos conocer con exactitud todo lo que sucedió ese lamentable día, no cabe ninguna duda de que se trata de un hecho ocurrido con la intervención de la energía eléctrica.

Al respecto, es prácticamente uniforme la doctrina y jurisprudencia de que en supuestos como el de autos nos encontraríamos ante un caso de responsabilidad objetiva por el riesgo de la cosa, siendo el art. 1113, segundo párrafo, segundo apartado, del Código Civil (hoy derogado), el que resultaría aplicable; pues se encuentra fuera de discusión el carácter riesgoso que representa la energía eléctrica que es potencialmente peligrosa.Precisamente, ésta ha sido la normativa a la que ha echado mano la sentencia en recurso y no ha sido cuestionada por los apelantes.

Ahora bien, partiendo del apuntado esquema de análisis, claro está que en el presente caso será la parte demandada la que debe probar las circunstancias eximentes para liberarse de responsabilidad; y así lo alega la citada en garantía recurrente, invocando la culpa de la víctima (art. 1111 del anterior Código).

Por su parte, la madre de la víctima fallecida hace hincapié en sus quejas en las obligaciones que pesan sobre la empresa de electricidad y en las medidas de seguridad que ésta debería adoptar para evitar que sucedan hechos dañosos con consecuencias desfavorables para las personas; responsabilizando pues a la demandada de que la instalación eléctrica en su propiedad no se hallaba en las condiciones reglamentarias.

A esta altura del estudio que estoy realizando, debo anticipar mi criterio de que– a la luz de las probanzas reseñadas en el acápite anterior– no caben dudas de que la conducta de la víctima ha sido un factor esencial y determinante para que ocurriera este accidente fatal. En efecto, a pesar de no conocer por completo el modo exacto en que acontecieron los hechos, se encuentra acreditado que el joven Alí Matías manipuló cables eléctricos encontrándose descalzo, y que -para colmo– lo hizo en un lugar con abundante agua, que es agente transmisor por excelencia de la corriente eléctrica.

También se desprende, de las reseñadas acreditaciones, que se apreciaba a simple vista que los cables en cuestión no tenían el aislamiento correspondiente y que el alargue se apoyaba sobre charcos de agua. Debo asimismo puntualizar que tales extremos han sido afirmados por la propia accionante en su escrito inaugural (ver f.22 vta.).

Puede verificarse, asimismo, de las fotografías tomadas por personal policial, que el tomacorriente al que se encontraba conectado el cable no se hallaba en condiciones adecuadas de uso, y que el motor presente en el lugar -que la pretensora sostiene había utilizado su hijo según el relato de la ponencia inaugural-presentaba una alimentación eléctrica precaria.

En virtud de todo lo expuesto, no cabe sino concluir que fue la conducta harto imprudente del joven la que ha tenido una incidencia causal en lo lamentables sucesos acaecidos. Es que, tomando al menos el parámetro de un adulto, puede colegirse que no se hizo lo que en iguales circunstancias de tiempo y lugar habría hecho alguien normalmente prudente y diligente (arts. 512 y 909, Código Civil derogado); pues sin hesitación la manipulación de artefactos eléctricos se debe realizar con una extrema prudencia, la que estuvo totalmente ausente en el caso. En tal sentido, cabe insistir que de haber actuado el joven de otro modo -como es de esperar en un sujeto medianamente cuidadoso- el accidente muy probablemente no habría sucedido.

No se me escapa que en el caso no se trataba de un adulto sino de un adolescente menor de edad. Sin embargo, el mencionado aserto no cambia las cosas en relación a los terceros. Es que, en esta situación, parece obvio las severas fallas de los progenitores en la educación de su hijo en cuanto al deber de impartir a éste las directivas adecuadas para manipular elementos eléctricos; más aún si-como señalara la madre-el joven expresó su intención de reparar el mentado motor eléctrico. En lo atinente a este punto, son indudables los deberes que competen a los padres en lo que hace a la educación y cuidado de sus hijos; y la consiguiente responsabilidad que acarrea desatender estos compromisos.Empero, lo que sí está claro, es que no pueden los progenitores pretender trasladar las consecuencias de sus propias omisiones a los demandados, cuando ha sido el mismo hijo de aquéllos quien ha procedido de forma por demás imprudente y que, por su propio accionar, ha encontrado la muerte. La ruptura del nexo causal, entonces, la entiendo de una manera evidente (art. 1111 Código Civil).

Al respecto, bien se precisó que “el nexo causal queda destruido con el hecho de la víctima, y éste obra como una causal de exoneración de responsabilidad, la razón de dicha eximente se encuentra indudablemente en el propósito de fomentar el comportamiento prudente y diligente de las personas: no parece razonable condenar a otra persona, cuando el daño obedece al hecho antijurídico de la víctima” (Trigo Represas, Félix A. y López Mesa, Marcelo J., “Tratado de la responsabilidad civil”, t. I, Ed. La Ley, p., 879).

Arribada a la conclusión referida, queda por ver si el accionar de Alí Matías Samir configura el único agente causal del infortunio; o, por el contrario, si cabe asignarle algún tipo de responsabilidad a la empresa distribuidora eléctrica por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo. Veamos.

Sobre la cuestión, cabe decir que en la experticia técnica de autos el perito designado afirma que la instalación eléctrica en el domicilio en el que sucedió el lamentable hecho de marras se encontraba fuera de la reglamentación normativa, no existiendo tablero principal con los dispositivos de seguridad eléctrica requeridos por el reglamento de la Asociación Eléctrica Argentina. Tales medidas de seguridad “incluyen la protección contra contactos directos, indirectos, fallas a tierra, sobrecorrientes, llave interruptora electromagnética y disyuntor diferencial” (ver experticia glosada a f. 209 vta.). En tal sentido, afirmó que “de poseer la instalación eléctrica (domiciliaria) elementos de protección para la seguridad eléctrica de las personas no hubiese ocurrido el hecho o sus consecuencias hubiesen sido distintas” (ver f.211 vta).

En cuanto a las obligaciones de las partes, sostuvo el experto que el usuario “no cumplió con el art. 2 inc. c) y d) del Reglamento de Suministro al no poseer tablero principal” y que la instala ción eléctrica de la distribuidora “llega hasta el tablero principal”. Para arrojar luz sobre tal extremo, aportó un gráfico esquematizando la conexión eléctrica de la casa en cuestión e indicando que el mentado tablero principal debía encontrarse en el interior de la vivienda (ver f. 249 y 250).

Acerca del tema referido, obsérvese que — conforme a lo establecido en el artículo 2°, inciso c), del Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica para los servicios prestados por las empresas Edenor S.A., Edesur S.A. y Edelap. S.A., aprobado por Resolución 82/2002 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad– es obligación del titular y/o usuario “colocar y mantener en condiciones de eficiencia a la salida de la medición y en el tablero principal los dispositivos de protección y maniobra adecuados a la capacidad y/o características del suministro, conforme a los requisitos establecidos en la “Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de Inmuebles” emitida por la Asociación Electrotécnica Argentina-” (ver norma glosada a fs. 441/451). A su vez, la reglamentación a la que se remite establece que “todo tablero principal deberá poseer un dispositivo en su cabecera que actúe como corte y protección general”, citándose a continuación una serie de interruptores requeridos (ver f. 420).

Así las cosas, entiendo que la normativa es precisa respecto de a quién correspondía colocar y mantener la seguridad eléctrica de las casas particulares; que no es otro que el mismo usuario. Por otra parte, el inciso e), del citado art.2 de la Resolución 82/2002, determina claramente que “las instalaciones de la distribuidora (incluyendo el medidor)”, están “comprendidas entre la conexión domiciliaria y el primer seccionamiento posterior (tablero del usuario) a la salida del medidor”. Es decir que, a partir del tablero principal, la instalación eléctrica es responsabilidad del titular y/o usuario, quien debe procurar colocar y mantener los dispositivos de seguridad señalados por el experto en la causa. Tales obligaciones, como señalé, fueron totalmente ignoradas por los usuarios de la vivienda donde ocurrió el accidente.

Ahora bien. El idóneo de autos sostiene, en otra parte de su informe, que al no verificarse el mentado tablero “existe una continuidad de la instalación eléctrica proveniente de la distribuidora hacia el interior de la vivienda”; por lo que no habría un “límite físico” entre la instalación eléctrica de Edelap y la del usuario (ver respuesta 2. d), de f. 209). Con esta afirmación el perito parece insinuar que la ausencia del referido tablero implica que el deber de la encartada de vigilar las instalaciones iría más allá de lo dispuesto en las normas precedentemente transcriptas. En otras palabras, el perito nos esbozaría que de un incumplimiento del usuario podría derivarse una ampliación de responsabilidad de la empresa de energía, pues -diríamos aún sin saberlo- de algún modo se prolongaron sus compromisos; los cuales se extenderían, incluso, a las instalaciones existentes en el interior de la vivienda en cuestión. Obviamente, no seguiré ese errático camino.

Es que no puedo sino discrepar radicalmente con el transcripto esquema de análisis que trasluce la experticia de autos; a mérito de que lo que allí se señala representa un razonamiento que no encuentra ningún amparo no solo en los dispositivos vigentes, sino también en la misma lógica de las cosas.Agregaré que, sin perjuicio que no es misión del perito atribuir responsabilidades, la realidad es que la claridad de las antes citadas normas reglamentarias vendría a colisionar de frente con las relacionadas conclusiones del experto. No es posible alegremente transferir a la demandada lo que constituyen medidas que únicamente le compete adoptar el titular del servicio o usuario.

El experto también imputaría responsabilidad a Edelap argumentando que el personal que concurría bimestralmente a efectuar las mediciones podía, a simple vista, verificar la inexistencia del tablero principal y -consecuentemente-la falta reglamentaria de la instalación eléctrica particular. Para avalar su posición, cita la facultad de inspeccionar las conexiones domiciliarias o las instalaciones internas que otorga a la empresa el reglamento de suministro ya citado.

Es inadmisible que se confunda las facultades de inspección, conferidas a la empresa para que no se dificulte la eficaz prestación del servicio (ver art. 5, inc. d), de la Res. ENRE 82/2002), con los deberes y obligaciones que están a su cargo; establecidos estos últimos con precisión en las regulaciones apuntadas y que excluyen el control de las instalaciones que se realizan en el interior de las viviendas o locales. De todas maneras, en cualquier caso, se advertirá que, del propio informe pericial, se deduce que las irregularidades de las instalaciones en el inmueble de la actora no eran en la realidad verificables “a simple vista”. Obsérvese que el lugar en el que debía encontrarse el tablero eléctrico (inexistente en la realidad), era dentro de aquella vivienda; interiores a los cuales regularmente no acceden los empleados de Edelap.

Es verdad que recae en el personal de la empresa la “atención, conservación, lectura, cambio, etc. de medidores, equipos de medición, conexiones y otros”; pero no es menos veraz -y este aserto en crucial para la resolución de esta litis-que aquel deber de la emplazada se extiende a las instalaciones comprendidas “entre la toma y el primer seccionamiento (tablero)” (conf. art. 4 inc. d) Res.82/2002). Quiere decir, entonces, que no se comprenden los interiores donde se encuentran los ocupantes.

A mayor abundamiento, diré que sí es obligación del usuario informar a la empresa en cuestión cuando las instalaciones de la distribuidora comprendidas entre la conexión domiciliaria y el primer seccionamiento presenten anormalidades (art. 2 inc. e) de la misma norma). Repárese, por ejemplo, que en el caso analizado por la resolución administrativa del ente de supervisión -ENRE- que el propio idóneo transcribe a f. 212vta./213, se determina con claridad que la actuación de la accionada se inició a raíz de un reclamo del propio usuario respecto de la falta de seguridad de su conexión. Sin embargo, no consta en autos que una denuncia de este tipo se haya realizado en el particular; y ello a pesar que de ningún modo puede suponerse que los ocupantes de la vivienda donde ocurrió el evento ignoraran la precariedad en la que se hallaban las instalaciones domiciliarias; lo cual se corrobora sin dubitación teniendo a la vista la fotografía de fs. 217.

No olvidemos que lo que resulta terminante para responsabilizar es la causalidad jurídica. Sucede que, en casos como los de autos, entran en juego dos cuestiones que deben deslindarse cuidadosamente: la causalidad material, por un lado, y la causalidad jurídica, por el otro. La relación de causalidad puramente material -la imputatio facti- se presenta cuando un determinado daño puede ser imputado objetivamente a una persona; sencillamente se verifica una relación causal entre un antecedente y un consecuente y, en función de ella, se determina entonces que el daño acontecido es consecuencia de un hecho determinado (ver Carranza Latrubesse, Gustavo, “Responsabilidad médica y causalidad”, LL, 2003-E-1031; Orgaz, Alfredo, “La relación de causalidad entre el acto ilícito y el daño”, LL, “Páginas de Ayer”, Nº 4-2003, p.23 y sigtes.).

No obstante lo dicho, desde un enfoque legal, es indudable que no alcanza la mera verificación de la causalidad material para responsabilizar a un sujeto pues, de lo contrario, la serie progresiva de los daños podría prolongarse en forma ilimitada. Por tal motivo, es necesario que intervenga la causalidad jurídica -la imputatio iuris-, lo que significa decir que aparecerá en escena una valoración del magistrado, como la es el juicio de previsibilidad y el principio de normalidad, lo cual implicará recortar aquella causalidad fáctica para arribar finalmente a una causalidad que estará impregnada de una impronta propiamente jurídica; y ello tras una depuración que hay que efectuar con un prisma humano.

Y bien. Es precisamente la distinción mencionada la que me conduce a desechar la imputaciones que el perito pareciera realizar a la empresa demandada; ello dicho más allá de repetir que corresponde al magistrado, y no al perito, efectuar un juicio de valor acerca de la relación de causalidad jurídica (ver López Mesa, Marcelo, “Causalidad virtual, concausas, resultados desproporcionados y daños en cascada”, La Ley, ejemplar del 12-8-2013, p. 1 (2013-D).

En el sentido expuesto, a los fines de decidir la presente causa, no creo que sea válido afirmar– como lo hacen los apelantes en su memorial– que las supuestas inadecuadas medidas adoptadas por Edelap S.A. hayan sido el antecedente necesario que le ocasionó la muerte a su hijo. Este antecedente, de existir, es solo material y no jurídico. Ello es así pues el límite entre la red pública y la del cliente se encuentra en la conexión domiciliaria; y la responsabilidad de la empresa eléctrica se verifica en los casos de falla de alguna de sus propias instalaciones y no por deficiencias de las realizadas en los interiores de los inmuebles.

La jurisprudencia se ha pronunciado en la misma línea que orienta el presente voto.Véase que, en casos similares al presente, se ha decidido que la interrupción del nexo causal es total cuando el accidente tuvo su causa “no sólo en la precaria instalación eléctrica de la vivienda de los actores, sino más precisamente en las condiciones que presentaba la víctima, quien descalzo y con ropa húmeda pretendía enchufar el alargue de un ventilador que presentaba la unión de un extremo sin aislante, siendo sumamente peligroso para el que lo tocara, pues existió culpa exclusiva de la víctima-” (ver esta Cámara, Sala F, “Herrera, Abelardo c/Edenor S.A. , del 03/11/2009, publicado en AR/JUR/47085/2009). En la misma línea, la Sa la F, con voto del vocal Mayo, afirmó que “debe desestimarse la acción de daños y perjuicios deducida contra una empresa prestadora del servicio de energía eléctrica con motivo del fallecimiento de una persona por electrocución pues el evento se produjo por la grave negligencia de ésta al enrollar, con el cuerpo mojado, un cable de alargue-lo que constituye un hecho arriesgado y temerario” (ver esta Cámara, Sala H, “Benítez, Eloísa y otro c/Edenor S.A.”, del 17/02/2010, publicado en AR/JUR/45099/2010).

En definitiva, al no haberse comprobado que el accidente se debiera a problemas técnicos o de otro orden relacionados con el accionar de la emplazada, la energía eléctrica por sí sola, si bien es condición sin la cual no se habría producido el daño, no tendrá la aptitud suficiente para imputarle a su dueño o guardián el resultado nocivo; lo cual es así por la falta de una relación de causalidad adecuada (conf.Prevot, Juan Manuel, “Electricidad, riesgo, eximentes y responsabilidad”, nota a fallo, pub en LLLitoral 2006 (noviembre), 1274; y en La Ley Online).

En resumidas cuentas, no observo puntos de conexión jurídica causal entre el accionar o las eventuales omisiones de la empresa eléctrica con el lamentable fallecimiento de autos; ya que ningún incumplimiento podemos atribuir a la demandada, sin perjuicio de su facultad de inspeccionar. Insistimos que no parece adecuado a un sentido de justicia que asimilemos lo que es facultativo de una empresa con lo que significa un deber (ausente en la especie).

Por lo expuesto, en conclusión, se impone revocar la sentencia de primera instancia y, por ende, rechazar la demanda promovida; y ello en atención a que entiendo configurada en esta causa la ruptura total del nexo de causalidad. Por supuesto, esta decisión no implica desconocer, desde la perspectiva humana, el profundo dolor que ha causado a sus familiares más directos el deceso de un joven de 15 años.

VI. Las erogaciones causídicas

Reiteradamente se ha decidido que las erogaciones causídicas son un corolario del vencimiento y tienden a resarcir al vencedor de los gastos de justicia en que incurrió para obtener ante el órgano jurisdiccional la satisfacción de su derecho. De ahí que deban ser reembolsadas por el vencido con prescindencia de toda idea de culpa, negligencia, imprudencia o riesgo, como así también de la eventual malicia o temeridad de su contrario (cfr. CNCiv, Sala A, ED 90-504; íd., Sala D, LL, 1977-A-433; íd., Sala F, JA, 1982-I-173; íd., Sala H, 14/06/1994, “Arena María c/ Empresa Línea de Microómnibus 47 s/ daños y perjuicios”).

Sin embargo, sin perjuicio de lo precisado, he de resaltar que el art.68, segunda parte, del ritual, prescribe que “el juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad (de las costas) al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad”. Tal disposición importa una sensible atenuación al principio del hecho objetivo de la derrota (art. 68 del CPCCN, 1era. parte) y acuerda a los jueces un margen de arbitrio que debe ejercerse restrictivamente y sobre la base de circunstancias cuya existencia, en cada caso, torne manifiestamente injusta la aplicación del mencionado principio (ver Palacio, Lino, Derecho Procesal Civil, T. III, pág. 373).

Soy de la opinión que la contienda que nos exhibe la presente causa encuadra claramente en la norma excepcional transcripta; y ello teniendo en cuenta la situación de autos, la naturaleza de los planteos y el modo en que se resuelven. Es que entiendo, además, que la actora pudo considerarse objetivamente con derecho a litigar como lo hizo; sobre todo porque en el caso nos hallamos ante una muerte inesperada.

Las reflexiones precedentes me persuaden que las erogaciones causídicas de ambas instancias se deben distribuir por su orden; y que los emolumentos que demanden la intervención de los peritos de autos y de la mediadora se afronten por mitades.

VII. Conclusión

A tenor de las consideraciones fácticas y jurídicas desplegadas a lo largo del presente voto, propongo al Acuerdo revocar la sentencia de grado y, consecuentemente, rechazar la demanda impetrada en todas sus partes. Las costas de ambas instancias se imponen por su orden, y las ocasionadas por los peritos intervinientes y la mediadora se afrontarán por mitades (art. 68, 2da. parte, del CPCCN).

Los Dres. Parrilli y Ramos Feijóo, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Mizrahi, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto:

MAURICIO LUIS MIZRAHI –

ROBERTO PARRILLI -.

CLAUDIO RAMOS FEIJOO -.

Es copia fiel del Acuerdo que obra en la Pág. n° a n° del Libro de Acuerdos de esta Sala B de la Excma.Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, Diciembre de 2015.

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: revocar la sentencia de grado y, consecuentemente, rechazar la demanda impetrada en todas sus partes. Las costas de ambas instancias se imponen por su orden, y las ocasionadas por los peritos intervinientes y la mediadora se afrontarán por mitades (art. 68, 2da. parte, del CPCCN).

Tiene resuelto esta Sala que, en los casos en que ha sido rechazada la demanda, la base regulatoria se halla configurada por el monto reclamado en el escrito de inicio con más sus intereses (conf. Plenario “Multiflex S.A. c/ Consorcio Bartolomé Mitre 2257 s/ sumario” del 30/9/75, E.D. 64-250; id., C.N.Civ., esta Sala, RN° 18.557/00 del 20.09.10; id., HN° 38.971/08 del 22.06.11; id., HN° 62.872/08 del 05.07.11, entre otros).

Sin embargo, en orden a las constancias que surgen de estas actuaciones, habrá de tomarse el quantum reclamado en el escrito de inicio (conf. C.N.Civ., esta Sala, HN° 29.360/06 del 10.08.11; id., HN° 8.320/07 del 14.09.11; id., LHN° 40.323/06 del 15.09.11; id., LHN° 30.951/07 del 30.11.11; id., LHN° 64.733/04 del 30.12.11; id., LHN° 116.771/03 del 09.03.12, entre otros).

En consecuencia, teniendo en cuenta el interés económico comprometido; labor desarrollada, apreciada por su naturaleza, importancia, extensión, eficacia y calidad; etapas cumplidas; resultado obtenido; que a efectos de meritar los trabajos desarrollados por los expertos se aplicará el criterio de la debida proporción que los emolumentos de los peritos deben guardar con los de los demás profesionales que llevaron la causa (conf. C.S.J.N., Fallos 236:127; 239:123; 242:519; 253:96; 261:223; 282:361; CNCiv., esta Sala H.N.? 11.051/93, in re:”Hernández c/ Jaramal s/ daños y perjuicios” , del 17/12/97; id., H.N.? 44.972/99, in re: “Alvarez c/ Sayago s/ daños y perjuicios”, del 20/3/02; id., H.N.? 363.134 in re: “Patri c/ Los Constituyentes s/ daños y perjuicios”, del 23/6/04; id., H.N.? 5810/05, in re: “Morandini c/ TUM S.A. s/ daños y perjuicios”, del 28/12/07; id., H.N.? 42.689/05, in re: “Godoy c/ Kañevsky s/ ordinario”, del 6/3/08; id., H.N.? 87.303/04, in re: “Barrios Escobar c/ Transportes s/ daños y perjuicios”, del 24/9/08; id. H.N.° 40.649/02, in re: “Mazzeo c/ Romero s/ daños y perjuicios”, del 9/6/10; id. H.N.° 108.802/04, del 21/2/11, entre otros), así como la incidencia que las mismas han tenido en el resultado del pleito y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6, 7, 9, 10, 19, 37, 38 y cc. de la ley de arancel N° 21.839, con las modificaciones introducidas en lo pertinente por la ley 24.432, arts. 279 y 478 del Código Procesal y Anexo III del Decreto 1467/2011, reglamentario de la ley 26.589, corresponde adecuar las regulaciones de honorarios practicadas a fs. 581 de la siguiente manera: los correspondientes a los letrados apoderados de la parte actora, en conjunto, Dr. G.C.R. y Dr. H.F.A., se fijan en la suma de ($.); los de las letradas apoderadas de la parte demandada, en conjunto, Dra. M.P., Dra. N.E.G. y Dra. M.F.A., en ($.); los de los letrados apoderados de la citada en garantía Ace Seguros S.A., en conjunto, Dr. E.M.B y Dr. J.L.M., en ($.); los del letrado apoderado de la citada en garantía La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A., Dr. A.M.A., en ($.); los de la perito psicóloga Licenciada A.N.S., en ($.); los del perito ingeniero electricista L.A.C., en ($.) y los de la mediadora, Dra. R.D.C., en ($.).

Por su labor en la Alzada (conf. fs. 291/292) se fijan en ($.) los honorarios del letrado apoderado de la citada en garantía La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. , Dr. A.M.A. y en ($.) los correspondientes al letrado apoderado de la parte actora, Dr. G.C.R. y por la labor en esta Alzada se fijan en ($.) los honorarios de la letrada apoderada de la parte demandada, Dra. G.P.; en ($.) los del letrado apoderado de la citada en garantía Ace Seguros S.A., Dr. A.M. y en ($.) los correspondientes al letrado apoderado de la parte actora, Dr. H.F.A. (conf. arts. 14, 33, 49 y cc. de la ley de arancel) los que deberán abonarse en el plazo de diez días.

Regístrese, protocolícese y notifíquese. Oportunamente publíquese (conf. C.S.J.N. Acordada 24/2013). Fecho, devuélvase.