Se dispone el embargo preventivo de una obra pictórica, propiedad del demandado, a fin de garantizar el pago de las cuotas vencidas, y las que se devenguen en el futuro.

Kristen_Feb2Partes: M. C. C. c/ C. J. R. s/ alimentos

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 20-nov-2015

Cita: MJ-JU-M-96500-AR | MJJ96500 | MJJ96500

Se dispone el embargo preventivo de una obra pictórica, propiedad del demandado, a fin de garantizar el pago de las cuotas vencidas, y las que se devenguen en el futuro.

Fallo:

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015.

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

I. La resolución de fs.1108/1110 admite parcialmente la impugnación efectuada por la demandada contra la liquidación de alimentos de fs.1066/1069 y, en consecuencia, aprueba la misma hasta la suma pesos ochocientos sesenta y tres mil trescientos sesenta y nueve ($863.369), disponiendo que dicha suma se haga efectiva en doce cuotas, iguales, mensuales y consecutivas, que deberán abonarse junto con la cuota alimentaria y devengarán el mismo interés. Desestima los restantes planteos formulados por el demandado e impone las costas de la incidencia en el orden causado. Finalmente, atendiendo a los términos en que se ha formulado la petición y a las particularidades del caso, por el importe de liquidación que se aprueba con más la suma presupuestada provisoriamente para responder a intereses y costas, en orden a lo normado por el artículo 212, inc.3ro, del Código Procesal, decreta el embargo preventivo de una obra pictórica de propiedad del demandado.

II. Disconformes con lo decidido, se alzan las partes a fs.1118 y a fs.1125. Funda sus agravios la parte actora en el memorial que luce a fs.1127/1128, haciendo lo propio la parte demandada a fs.1138/1139. Ambas partes replican los fundamentos de su adversaria, conforme se desprende de fs.1141 y de fs.1142.

III. La accionante endereza sus quejas contra de la imposición de costas decidida por el «a quo», en el entendimiento de que fue el demandado el perdidoso en esta incidencia, aseverando que el error numérico en que aquélla incurriera y diera lugar a la impugnación del accionado, no puede considerarse un factor para compensar costas e imponerlas por su orden.A su turno, el demandado critica la medida cautelar decretada, sosteniendo la falta de concurrencia del recaudo del peligro en la demora, en tanto asevera que no existe circunstancia alguna que permita inferir que no dará cumplimiento a la sentencia dictada, dando cuenta de ello el hecho de haber abonado a la fecha de la interposición de los agravios las dos primeras cuotas fijadas. Destaca, además, que se encuentra sobradamente garantizado el crédito de la actora, cuando existen otros procesos sobre medidas cautelares seguidos entre las partes, donde se han embargado bienes y dispuesto una inhibición general sobre su persona.

IV. En cuanto concierne a las cuestiones que motivan los reproches de las partes, por razones de un adecuado análisis metodológico, habremos de abordar en primer término el análisis de los agravios referidos a la medida cautelar decretada en la resolución bajo recurso.

A efectos de dicho estudio, deviene necesario precisar que la medida cautelar impugnada, encuentra su respaldo en la norma contenida en el artículo 550 del Código Civil y Comercial que, con carácter general, autoriza la traba de medidas cautelares para asegurar el pago de alimentos futuros, provisionales, definitivos o convenidos.

Como en toda sentencia de condena, ante la falta de pago el acreedor está facultado para requerir su cumplimiento y solicitar las medidas de ejecución pertinentes, pero estas medidas no siempre son útiles cuando se trata de alimentos. El Código Civil y Comercial se hace eco de esta problemática y estructura un plexo normativo orientado a la garantía de cumplimiento de la obligación alimentaria (conf. «Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado», Direc: Herrera-Caramelo-Picasso, T.II, Libro Segundo, págs. 266/267).

El artículo 550 integra este sistema y autoriza así la traba de medidas cautelares, a nuestro entender, tanto respecto de deudores alimentarios que hayan incurrido en incumplimientos previos, así como también en la hipótesis de que el deudor alimentario no hubiere -previamente- incumplido con la prestación.En tal sentido, esta norma, que ofrece la posibilidad de adoptar medidas asegurativas del pago de alimentos hacia el futuro, cualquiera sea su naturaleza, se encuadra en el principio constitucional procesal del derecho a la tutela judicial efectiva, que requiere que la sentencia dictada en el juicio de alimentos se cumpla en tiempo oportuno, pues los alimentos son siempre urgentes. Recuérdese que, a la luz de lo que ya era doctrina y jurisprudencia consolidada, antes de la sanción del Código Civil y Comercial, se estructuraron diferentes medios para garantizar al acreedor alimentario la satisfacción de su derecho, tratando de recurrir a vías rápidas y lo menos complicadas posibles, algunas de las cuales han sido recogidas expresamente por la nueva ley fondal.

Desde tal perspectiva, se impone destacar que la medida cautelar de embargo preventivo, dispuesta en orden a lo normado por el artículo 212, inc. 3ro, del Código Procesal, tiene por fin garantizar el íntegro cumplimiento del plan de pagos de los alimentos devengados durante la tramitación del juicio, establecido mediante el sistema previsto por el artículo 645 del Código Procesal. Cuestión ésta no menor, en tanto al momento de dictar sentencia ya se han acumulado -por el solo transcurso del tiempo-, una cantidad de cuotas atrasadas, de considerable monto, por lo que debe procurarse que la sentencia se cumpla en tiempo y forma.

De tal modo, frente a la posibilidad de garantizar no sólo el incumplimiento de cuotas ya devengadas y no percibidas, sino también las modalidades en el adecuado cumplimiento de la prestación sobre cuotas todavía no devengadas, la medida preventiva decretada resulta adecuada para evitar llegar al incumplimiento, a efectos de no diferir el problema a la etapa de ejecución, con todas las implicancias que ello acarrea para el alimentado.En efecto, incluso cuando se verifica que a la fecha de la elevación de estos obrados se han depositado en la cuenta de autos tres de las cuotas suplementarias fijadas por el «a quo», no puede perderse de vista que se trata del pago de los alimentos atrasados devengados durante la sustanciación del juicio, por lo que no puede pasarse por alto que la acumulación producida es fruto, en última instancia, de la claudicación del obligado en el cumplimiento del deber fundamental de asistencia que se le reclama; circunstancia ésta que es, de por sí, motivo suficiente para la viabilidad de la medida cautelar decretada.

A más de ello, no puede dejar de ponderarse en este análisis las particularidades que se han configurado en el caso de autos -patentizadas en los numerosos y diversos incidentes formulados en éste y en los restantes procesos seguidos entre las misas partes-, cuando, singularmente, la falta de pago íntegro y oportuno de la cuota alimentaria responde muchas veces a cuestiones que trascienden el tema económico y reflejan un profundo problema cultural derivado de la falta de conciencia personal y social sobre el real perjuicio que provoca la renuencia al cumplimiento (especialmente cuando los beneficiarios son niños, adolescentes o personas con discapacidad) (ver comentario al art.550, en «Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado», Direc: Herrera-Caramelo-Picasso, T.II, Libro Segundo, págs. 266/267).

Desde esta perspectiva y a fin de no abundar en mayores consideraciones dogmáticas, en cuanto atañe específicamente a los agravios formulados como presupuesto inicial, concluimos en que debe desatenderse la crítica enderezada a cuestionar la falta de apreciación del peligro en la demora y mantenerse la medida cautelar preventiva dispuesta en el grado.Ello, más allá de advertir la posibilidad de solicitar la reducción de su monto (en función de los depósitos que se verifican en el «sub examine») y sin desmedro del derecho con que cuenta el embargado de ofrecer la sustitución de la medida trabada, por otras garantías que resulten suficientes, las que deberán ser valoradas por el juez para evitar que esta sustitución opere en desmedro del derecho alimentario.

V. En lo que atañe a los agravios levantados por la actora contra la imposición de costas decidida en el orden causado, deviene relevante recordar que el principio que guía la imposición de éstas al alimentante en el juicio de alimentos no se extiende a las costas de los incidentes que en su curso se susciten o a aquellos que se decidan en el marco de la ejecución de las cuotas vencidas. Máxime, cuando se ha dirimido un conflicto de índole meramente procesal, pues no existe razón para no aplicar los principios emergentes de los artículos 68 y 69 del Código Procesal (cfr. Gustavo A. Bossert, «Régimen Jurídico de los Alimentos», Ed. Astrea, Bs. As. 2004, p.415).

De otro modo, un trato particularmente favorable al alimentado en este tema conspiraría contra el buen orden procesal -ya que justamente el riesgo de la derrota con costas en el incidente induce a las partes a abstenerse de plantear cuestiones infundadas- y se vería disminuida la posibilidad del alimentista de atender a sus necesidades por la prestación referida.En efecto, cuando no se trata de la declaración correspondiente a la sentencia que fija alimentos, el mantenimiento a ultranza del principio de que las costas deben ser soportadas por el alimentante, a más de irritante a la igualdad de las partes en juicio y de conspirar contra el buen orden procesal, posibilitaría la inmune promoción de planteamientos aventurados o en la libre resistencia caprichosa frente a articulaciones adecuadas a derecho.

Sentado ello, si bien con acierto en la resolución bajo recurso se distribuyen las costas conforme a los principios generales que en la materia contempla la ley adjetiva, advertimos que tal decisión no refleja una adecuada distribución de los gastos causídicos, en función del éxito parcial de la pretensión impugnativa introducida por el demandado contra la liquidación de alimentos de fs.1066/1069. Recuérdese que en todos los casos, de conformidad con la regla contenida en el artículo 71 del Código Procesal, las costas deben compensarse o distribuirse prudencialmente por el juez en proporción al éxito obtenido por cada una de las partes (conf. Palacio, Lino E. , «Derecho Procesal Civil», t.VII, págs. 511/512).

Así, incluso cuando la distibución de las costas según el éxito obtenido por cada uno de los litigantes no implica un exacto balance matemático en el resultado alcanzado respecto de las pretensiones aducidas, la exégesis racional de dicha norma lleva inexorablemente a valorar la trascendencia de lo admitido y lo desestimado, no sólo en el aspecto cuantitativo sino en su conjunto, de modo de apreciar prudencialmente cual será a juicio del juzgador el apropiado y equitativo prorrateo de la admisión del rubro, de acuerdo a las particularidades de la causa.De tal forma, cuando sólo ha prosperado la impugnación de uno sólo de sus rubros (aquel centrado en la impugnación referente a la diferencia en el monto de imputación de las sumas correspondientes al mes de Noviembre de 2013), de entre otros planteos que enderezó contra las cuentas, el incidentista debe aquél afrontar con un mayor alcance el pago de las costas que generara el incidente resuelto, cuando se han desestimado otros las articulaciones que formulara tendientes al descuento, compensación de sumas y devolución de fondos; circunstancia que da cuenta del menor éxito de sus postura.

De tal forma, de ponderarse la entidad de la impugnación del demandado que prospera y confrontarla con la de mayor medida que representan las peticiones de la actora, estimamos equitativo establecer los gastos causídicos generados con la incidencia resuelta en la primera instancia en la proporción del 80% y del 20%, a cargo del demandado y de la actora, respectivamente.

En mérito a lo expuesto y a lo considerado, se RESUELVE: 1) Modificar la resolución apelada, con arreglo a lo dispuesto en el considerando V de la presente; y confirmar todo lo demás que decide y fuera materia de agravios. 2) Imponer las costas de alzada al demandado, por resultar sustancialmente vencido (conf. arts. 68 y 69, Cód. Procesal).

Regístrese. Comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N°15/13, art.4°) y devuélvase a la instancia de grado.

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