¿Se aplica la movilidad de ANSeS a las rentas vitalicias previsionales?

logo-anses-720x5761Fecha: 8-mar-2016

Cita: MJ-MJN-91547-AR

De acuerdo con la legislación aún vigente y las sucesivas reglamentaciones (Ley 26.425 y Resoluciones Conjuntas SSN y SAFJP), las rentas vitalicias previsionales son abonadas por las compañías de seguros de retiro y no tienen la movilidad de las jubilaciones y pensiones que paga la ANSeS, sino que se actualizan mediante una renta garantizada -porcentaje anual- que puede aumentar según una tasa testigo que emite la Superintendencia de Seguros de la Nación, más los ajustes mensuales según la rentabilidad por inversiones de la compañía de seguros de retiro que se hizo cargo de la prestación.

La Corte Suprema de Justicia ha dictado recientemente un importante fallo modificando este esquema legal, otorgando la movilidad general de ANSeS a las rentas vitalicias previsionales.

La causa se caratula «Deprati, Adrián Francisco c/ ANSeS s/ amparos y sumarísimos» (4/2/2016). Previamente reseñamos los datos y antecedentes esenciales, para una mayor comprensión de la doctrina que establece el precedente:

1) El actor obtuvo retiro transitorio por invalidez (RTI) el 1/2/2002 bajo el régimen de capitalización, abonado por Siembra AFJP y luego por su continuadora Met Life AFJP.

2) El RTI se hizo definitivo en el año 2007, cuando el actor contrata una renta vitalicia previsional con Unidos Seguros de Retiro S. A. (sin componente público), por la suma de $ 772.753,59 transferidos desde la mencionada AFJP.

3) El haber del actor siempre superó el haber mínimo garantizado.

4) El reclamo consiste en que le sea abonada la diferencia entre la «rentabilidad anual -o tasa testigo- que percibe por la renta vitalicia contratada con la aseguradora», y la «movilidad del artículo 32 de la Ley 24.241», o sea la movilidad general que establece la Ley 26.417 para las jubilaciones y pensiones de ANSeS.

5) La renta vitalicia del actor tuvo un incremento del 87,86% entre febrero/2008 y agosto/2015, y en el mismo lapso los jubilados del sistema público (Ley 26.417 ) experimentaron una variación del 495,40%.

Sobre la base de este sustrato fáctico, el Tribunal recuerda que la Ley 24.241 «consagró la naturaleza previsional de la renta vitalicia al definirla como una modalidad de acceder y percibir la jubilación ordinaria o el retiro definitivo por invalidez (arts. 46 , 100 y 101 ), lo cual implica, necesariamente, que le son aplicables todas las garantías mediante las cuales las normas de rango constitucional protegen a los jubilados» (consid. 8°).

También se destaca que las diversas regulaciones por parte de la SSN (Superintendencia de Seguros de la Nación) y la SAFJP (Superintendencia de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) contemplaron cambios que mejoraban las prestaciones de los beneficiarios, mediante el reconocimiento de rentabilidades que excedieran la tasa testigo (mínimo garantizado que no podía dar resultado negativo). Considera la Corte «que tales previsiones se hallan inequívocamente dirigidas a sostener o incrementar el valor de las prestaciones a través del tiempo, finalidad primordial que la Corte ha atribuido, desde antiguo, al instituto de la movilidad. Corresponde, en consecuencia, examinar si el resultado de su aplicación satisface el contenido concreto de dicha garantía. Una respuesta negativa a dicho análisis implicaría transformar la opción que la ley jubilatoria ofrecía -percibir el beneficio bajo la forma de renta vitalicia-, en un abandono de la movilidad, a la cual la Ley fundamental considera un derecho irrenunciable» (consid. 13).

Luego de hacer referencia a los porcentajes que consignamos «ut supra» en 5), el Tribunal consideró que «este porcentaje, cotejado con el consignado en el considerando que antecede, basta para tener por acreditado que el actor ha sufrido en su retiro por invalidez una pérdida de valor de magnitud confiscatoria» (consid. 15).

Concluye el superior Tribunal: «Que, en consecuencia, corresponde al Estado que es, como ya se ha dicho, a quien va dirigido el mandato constitucional de otorgar movilidad a las jubilaciones y quien ha diseñado, regulado y controlado el sistema que, en el caso, ha producido resultados disvaliosos, garantizar el cumplimiento de aquel precepto e integrar las sumas necesarias para cubrir las diferencias existentes entre los montos percibidos por el actor y los que hubiera debido percibir si se hubieran aplicado las leyes, decretos y resoluciones antes citados» (consid. 17).

En consecuencia con los fundamentos de esta doctrina, la sentencia dispone en los artículos 3.° y 4.° de su parte resolutiva «que la ANSeS efectúe un cotejo, mes a mes, entre las sumas efectivamente percibidas por el actor en concepto de renta vitalicia previsional y las que hubiera percibido por aplicación al nivel inicial de dicha renta de los porcentajes previstos por el Decreto 279/08 y las resoluciones dictadas en cumplimiento de la Ley 26.417 … que la demandada abone al demandante las diferencias no prescriptas que surjan de ese cálculo».

———-

Consulta a cargo del Dr. Rafael E. Toledo Ríos.