Edenor es responsable de forma objetiva por los daños que genere a los usuarios la falta de servicio.

Torre de energíaPartes: Achilli Diego Roberto y otro c/ Edenor S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 21-sep-2015

Cita: MJ-JU-M-96164-AR | MJJ96164 | MJJ96164

La empresa prestadora de un servicio público es responsable de forma objetiva por los daños que genere a los usuarios la falta de dicho servicio. Cuadro de rubros indemnizatorios.

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Sumario:

1.-Se confirma en lo sustancial la sentencia que hizo lugar a la reparación por los daños y perjuicios ocasionados a los actores, en su actividad comercial por la falta de suministro eléctrico, modificando el comienzo del cómputo de los intereses y la distribución de las costas.

2.-El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se hace eco del mandato constitucional del art. 42 en su art. 1094 al establecer que las normas que regulan la relación de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor.

3.-En consecuencia de lo dispuesto por los arts. 42 CN. y 1094 CcivCom. se debe calificar a la obligación a cargo de la empresa prestadora de un servicio público como ‘de resultado’ lo que determina que la atribución de su responsabilidad se base en el factor objetivo.

4.-Para eximirse de responsabilidad por daños derivados del servicio, la empresa prestadora de un servicio público debe demostrar el casus o el hecho del tercero equiparable a él, o la culpa de la víctima como eximente; no bastandole con probar su falta de culpa.

5.-La desatención del usuario cuando el servicio público no es prestado en forma regular produce dos afecciones en su esfera íntima. La primera atañe a su dignidad, que la ley manda preservar (art. 8º bis de la Ley 24.240 y art. 42 de la CN.); la segunda varía según las circunstancias porque tiene que ver con el destino que se le da al servicio. Dicho perjuicio se configura in re ipsa.

6.-El instituto del daño punitivo es excepcional, ya que procede únicamente ante un grave reproche de la conducta del responsable del perjuicio. Lo contrario implicaría que el daño punitivo deba ser automáticamente aplicado cada vez que se pruebe una violación al contrato establecido entre las partes.

7.-Cuando se trata de obligaciones de carácter continuo, la mora se produce a partir de la interrupción del servicio. Consecuente con ello, los accesorios se deben desde ese momento.

8.-En caso de un conflicto derivado de una relación de consumo, es menester amparar al usuario de costos adicionales que encarezcan su acceso a la Justicia.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 21 días del mes de septiembre del año dos mil quince, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “Achilli Diego Roberto y otro c/ Edenor S.A. s/ daños y perjuicios”, y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Antelo dijo:

I. Viviana Eugenia Achilli y Diego Roberto Achilli, por sí y en representación de la sociedad de hecho que conforman, demandaron a la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (“EDENOR” en adelante) por el cobro de $340.000 y de los intereses correspondientes, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del corte del suministro de energía eléctrica ocurrido desde el 27 al 29 de diciembre de 2010 en el establecimiento comercial de su propiedad. También reclamaron el pago del daño punitivo (ver fs. 26/32vta.).

Refirieron los actores que conforman una sociedad de hecho mediante la cual explotan una fábrica y distribuidora de helados bajo el nombre de fantasía “Los Amores”, la cual es provista de energía eléctrica por la demandada. Señalaron que el 27 de diciembre de 2010 a las 10:00 horas se produjo una interrupción total, y sin previo aviso, del suministro eléctrico en dicho comercio que se prolongó hasta las 11:00 horas del 29 de diciembre de ese año. Afirmaron que, a raíz del hecho, perdieron materias primas en stock y en proceso de fabricación, y productos intermedios, además de las erogaciones en que incurrieron por mayores costos laborales como consecuencia de las horas ya pagadas al personal que no pudo trabajar, y de las horas extras abonadas para compensar el quebranto. Agregaron que el estado de incertidumbre e impotencia generado por el maltrato de la distribuidora -no recibieron respuesta por parte de ella a pesar de sus reiterados reclamos- justificaba el resarcimiento del daño moral (fs.26vta., punto 3).

En lo atinente al encuadramiento jurídico del caso los demandantes afirmaron que la obligación de EDENOR era “de resultado” por ser concesionaria de un servicio público, lo que hacía presumir que había obrado con culpa. Por otro lado, invocaron la relación de consumo y la responsabilidad que, respecto de ella, prevén los artículos 30 y 40 de la ley 24.240. Ofrecieron prueba y pidieron el acogimiento de su pretensión, con costas.

II. A fs. 45/56vta. compareció EDENOR contestando el traslado de la demanda. Efectuó las negativas de rigor y, en resumidas cuentas, manifestó que todo servicio público se encuentra expuesto a fallas e interrupciones por razones que no siempre son previsibles o evitables. Le endilgó a la parte actora la falta de adopción de medidas de seguridad, en concreto, de las protecciones eléctricas obligatorias para todo usuario. Consideró que, de haberlas tenido, habrían logrado impedir el daño (fs. 48vta, punto B). Manifestó que cada usuario podía acceder a un nivel de suministro absoluto conviniéndolo adicionalmente con la empresa distribuidora, o adquiriendo un generador propio (fs. 51vta.). Solicitó que no se aplicara al caso de autos la ley de defensa del consumidor (fs. 54). Por último impugnó “todos y cada uno de los montos reclamados por considerarlos improcedentes, infundados, excesivos y arbitrariamente determinados” (fs. 52).

III. El señor juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda condenando a EDENOR al pago de $158.000 con más los intereses desde la notificación del traslado de la demanda hasta el efectivo pago, conforme la tasa que percibe el Banco de la Nación en sus operaciones de descuento a treinta días (ver fs. 205/209vta. y fs. 210). Dicha suma quedó conformada de la siguiente manera: a) daño emergente -pérdida de materias primas $100.000, pérdida de productos intermedios $18.000 y costos laborales $20.000-; b) daño moral $10.000 para cada uno de los actores.En cambio, rechazó el daño punitivo porque juzgó que la conducta de EDENOR no tenía la entidad suficiente para justificarlo (fs. 208vta.).

Para así decidir caracterizó a la prestación de servicio público como “una relación de consumo por antonomasia” (fs. 206vta., último párrafo) y consideró que EDENOR era objetivamente responsable por tratarse de una obligación de resultado.

IV. Contra dicho pronunciamiento apelaron ambas partes (fs. 211 y 220, y autos de concesión de fs. 212 y 221). Los demandantes expresaron agravios a fs. 235/236 y EDENOR hizo lo propio a fs. 237/242. El traslado ordenado por la Sala fue contestado por la demandada a fs. 244/245vta.

Median también recursos contra las regulaciones de honorarios que serán tratados, según sea el resultado al que se arribe, al finalizar el presente Acuerdo.

V. Los actores se agravian del punto de partida fijado para el cómputo de los intereses, pues entienden que ellos deben correr desde la fecha del hecho generador del daño o, en subsidio, desde aquella en que se llevó a cabo la mediación prejudicial obligatoria. Se quejan también de los montos otorgados por los rubros daño moral y pérdida de productos intermedios por considerarlos insuficientes, y del rechazo del daño punitivo.

Por su parte, EDENOR cuestiona el fallo en los siguientes aspecto: a) el factor de atribución objetivo aplicado es incorrecto porque rige el subjetivo; b) el acogimiento del daño emergente y del daño moral, y también las cantidades fijadas por el a quo para cada rubro; y c) la imposición de costas, porque considera que, en el peor de los casos para ella, deben ser distribuidas de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 del Código Procesal en la medida en que hubo vencimiento parcial y mutuo.

VI.Por cuestiones de orden lógico trataré en primer lugar el agravio de EDENOR relativo a su responsabilidad.

La entrada en vigor del Código Civil y Comercial de la Nación obliga a ciertas precisiones sobre la relación habida entre los usuarios y las empresas prestadoras de servicios públicos.

En primer lugar, recuerdo que la reforma constitucional de 1994 introdujo el artículo 42 de la Constitución nacional según el cual: “Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos (se refiere a los de consumidores y usuarios)-al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos-” (norma cit., segundo párrafo). La experiencia indica que la voluntad del constituyente ha merecido una consideración dispar por parte de las autoridades aludidas. La falta de inversión, de control sobre el cumplimiento de las concesiones, y de política en ese ámbito -salvo la de mantener subsidios discutibles y congelar tarifas en un contexto económico adverso para las empresas- producen las consecuencias que son constatadas periódicamente por todos.

El nuevo Código se hace eco del mandato constitucional en su artículo 1094 al establecer que las normas que regulan la relación de consumo -y este es el caso de autos (conf. arts. 1 y 1092 del Código cit.)- “deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor-” (norma cit., primer párrafo).

Obrando en consecuencia de ese precepto, corresponde rectificar el criterio expuesto en algunos fallos de este fuero y calificar a la obligación a cargo de la empresa prestadora de un servicio público como “de resultado” -tal como lo sostuve en mi voto dado en la causa n° 6771/03 del 1/2/07- lo que determina que la atribución de su responsabilidad se base en el factor objetivo (art. 1723 del Código cit.).

Por ende, para eximirse de responsabilidad, la empresa debe demostrar el casus o el hecho del tercero equiparable a él, o la culpa de la víctima como eximentes (arts.1729, 1730, 1731 y 1734 del Código cit.). No le basta con probar su “falta de culpa” tal como implica la apelante (fs. 237, punto 2.1.1.).

Ahora bien, en el sub lite el apelante no acreditó ninguna de las eximentes enunciadas (ver fallo, considerando 2°, fs. 207, último párrafo). En consecuencia corresponde desestimar su agravio sobre este tema (fs. 237, punto 2.1.).

VII. Corresponde abordar las quejas de ambos recurrentes relacionadas con la procedencia y cuantía de los rubros indemnizatorios.

a) Daño emergente.

En su escrito inicial, los accionantes solicitaron la suma de $190.000 compuesta por las pérdidas de materias primas -$100.000-, pérdidas de productos intermedios -$50.000-, y pérdidas por mayores costos laborales -$40.000-.

El juez otorgó las sumas de $100.000 por pérdida de materias primas, $18.000 por pérdida de productos intermedios y $20.000 por costos laborales, arribando a un total de $138.000 por daño emergente.

Una vez establecida la responsabilidad de la demandada, corresponde que ésta indemnice los daños causados (art. 730 inciso c del Código cit.). Este fundamento conduce al rechazo de la queja de EDENOR vinculada a la procedencia de cada capítulo de la reparación.

a.1. Pérdida de materias primas: de acuerdo con las pruebas aportadas a la causa (ver facturas acompañadas a fs. 11/25, contestaciones de oficios de fs.133/144 y fs. 166/178, y pericia contable de fs. 150/152) considero justo el monto reconocido por el a quo por este rubro.

a.2. Pérdida de productos intermedios: en atención a lo manifestado por el perito ingeniero a fs. 129/131, en especial en la respuesta al punto 2, es razonable elevar a la suma por este ítem a $50.000.

a.3. Costos laborales: haciendo mérito nuevamente de la pericia contable de fs. 150/152, en especial lo manifestado a fs.151 puntos e) y f), propongo confirmar la cifra fijada por el juez.

b) Daño moral.

La desatención del usuario cuando el servicio público no es prestado en forma regular produce dos afecciones en su esfera íntima. La primera atañe a su dignidad, que la ley manda preservar (art. 8º bis de la ley 24.240 y art. 42 de la Constitución Nacional); la segunda varía según las circunstancias porque tiene que ver con el destino que se le da al servicio (conf. causa n° 9785/08 del 5/08/2014 y sus citas).

Sobre la base de ese presupuesto, la Sala ha juzgado que, en este tipo de conflictos, el perjuicio se configura in re ipsa. La dimensión del daño moral ha ido ampliándose superando el rígido molde originalmente establecido (conf. causas nº 114/01 del 3/02/2011, nº 13.724/06 del 20/03/2012, y nº 8361/09 del 15/05/2012).

En el sub lite, la provisión del fluido eléctrico constituía una de las condiciones necesarias para que los actores pudieran trabajar durante una época del año particularmente productiva para el rubro como lo es el verano y, especialmente, los últimos días del año.

En virtud de lo expuesto, considero pertinente elevar la suma establecida para enjugar el daño moral fijándola en $ 20.000 para cada actor.

c) Daño punitivo.

Aunque la norma que lo prevé (artículo 52 bis de la ley 24.240, con las modificaciones introducidas por la ley 26.361) alude únicamente a la mera inobservancia de las obligaciones legales o contractuales por parte del proveedor, hay que decir que no cualquier incumplimiento se hace merecedor de este tipo de sanción. En efecto, el instituto en cuestión es excepcional, ya que procede únicamente ante un grave reproche de la conducta del responsable del perjuicio. Lo contrario implicaría que el daño punitivo deba ser automáticamente aplicado cada vez que se pruebe una violación al contrato establecido entre las partes.Considero que en el proceso no hay elementos que ameriten acoger este aspecto del reclamo.

VIII. Los actores critican que el juez haya fijado el hito inicial de los intereses al momento de la notificación de la demanda (considerando 4, fs. 208vta.).

Cuando se trata de obligaciones de carácter continuo -tal el caso que se examina- la mora se produce a partir de la interrupción del servicio. Consecuente con ello, los accesorios se deben desde ese momento (causa N° 12.721/08 del 19/12/13).

Por lo tanto, le asiste razón al actor en este punto y cabe modificar el diez a quo de los intereses fijándolo en el 29 de diciembre de 2010 (fs. 235).

IX Por último, comparto el punto de vista del colega de primera instancia en lo atinente a los gastos causídicos. Sucede, por un lado, que lo actores vencieron en lo sustancial y, por el otro, que sujetaron la entidad económica de la indemnización a “lo que en más o en menos” resultase de la prueba y del juicio del magistrado (fs. 30 y vta. 7°). Por lo demás, al tratarse de una relación de consumo, es menester amparar al usuario de costos adicionales que encarezcan su acceso a la Justicia (art. 1095 del Código cit.)

Por ello, juzgo que la sentencia debe ser modificada en los términos ya señalados y confirmada en lo restante. Las costas del recurso de la actora se le imponen a ella en el 25% y en el 75% a su contraria en virtud de que prosperaron tres de sus cuatro agravios (art. 73 Código Procesal DJA, ley 26.939). Las costas del recurso de la demandada se le imponen a ésta por haber sido vencida (art. 70, primer párrafo, del Código Procesal cit.).

Así voto.

La Dra. Medina, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe.

Buenos Aires, de septiembre de 2015.

Y VISTO:lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: modificar la sentencia apelada en los términos señalados en los considerandos VII y VIII y confirmarla en lo restante. Las costas del recurso de la actora se le imponen a ella en el 25% y en el 75% a su contraria en virtud de que prosperaron tres de sus cuatro agravios (artículo 73 del Código Procesal DJA, ley 26.939). Las costas del recurso de la demandada se le imponen a ésta por haber sido vencida (artículo 70, primer párrafo, del Código Procesal cit.).

Por la manera en que se resuelve corresponde fijar los honorarios de los profesionales intervinientes en ambas instancias (art. 279 del Código Procesal).

Primera instancia: teniendo en cuenta el monto por el que prospera la demanda -$210.000, con más los intereses, calculados prudencialmente a los fines regulatorios-, la naturaleza del proceso (fs. 33), el resultado obtenido, el mérito, la extensión y eficacia de los trabajos realizados por los profesionales, el carácter en el que actuaron y las etapas cumplidas, se establecen los honorarios de los letrados apoderados de la parte actora, doctores Amilcar Sebastián Asseff -primera etapa compartida- y Roberto Antonio Claudio Colonnese -primera etapa compartida y segunda etapa-, en las sumas de ($.) y ($.), respectivamente (arts. 6, 7, 10, 19, 37 y 38 de la ley 21.839 modificada por la 24.432).

En atención a las cuestiones que fueron sometidas a estudio de los expertos designados en autos, a la calidad y extensión de sus dictámenes, así como a la importancia en el esclarecimiento de los hechos, se fijan los honorarios de los peritos: ingeniero Pablo José Corti y contadora María Elena González en la suma de ($.) para cada uno de ellos.

Asimismo, se determinan los honorarios de la mediadora Silvia Alicia Cirmi Obon en la suma de ($.) (artículo 28 de la ley 26.589, y anexo III, artículo 1, inciso g del decreto 1467/2011, B.O. del 28/09/2011).

Segunda instancia:atendiendo al resultado del recurso y a la extensión y eficacia de los trabajos realizados, se establece a favor del letrado apoderado de la parte actora, doctor Amilcar Sebastián Asseff la suma de ($.) (arts. 6, 7 y 14 de la Ley de Arancel).

En lo que concierne a la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes por la demandada corresponde señalar que la relación de dependencia implicada en sus presentaciones conducen a tener por configurada, prima facie, la hipótesis prevista en el art. 2 de la ley 21.839, lo que exime al Tribunal de expedirse sobre el particular, salvo prueba en contrario por parte del interesado (arts. 9, 14 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la 24.432).

El Dr. Recondo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese y devuélvase.

Guillermo Alberto Antelo

Graciela Medina