Se condena a los periodistas de un programa televisivo y al canal codemandado a resarcir al actor por divulgar información falsa, y difundir su imagen relacionándola con la supuesta venta de efedrina, toda vez que ha mediado violación de su derecho a la imagen y al honor.

Carcel 3Partes: M. F. E. c/ A. T.V. S.A. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 5-nov-2015

Cita: MJ-JU-M-96003-AR | MJJ96003 | MJJ96003

Se condena a los periodistas de un programa televisivo y al canal codemandado a resarcir al actor por divulgar información falsa, y difundir su imagen relacionándola con la supuesta venta de efedrina, toda vez que ha mediado violación de su derecho a la imagen y al honor.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda entablada por el actor a raíz de considerarse calumniado por endilgársele el delito de vender efedrina por Internet, debiendo los demandados resarcir los daños causados por las ofensas inferidas, toda vez que queda patentizado el culpable proceder de los periodistas, al lanzar una noticia con una significativa potencialidad para lesionar la integridad moral del accionante, sin adoptar el más mínimo recaudo para averiguar si ella era verdadera en relación a éste.

2.-El Código Civil y Comercial que rige en la actualidad ha traído una expresa disposición respecto a la temporalidad de la ley, y a fin de interpretar coherentemente las normas contenidas en su art. 7 , sobre la base de la irretroactividad de la ley respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas o extinguidas, y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia, y a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, ha de tenerse en consideración en este caso, que la situación de que se trata, ha quedado constituida, con sus consecuencias devengadas, conforme a la ley anterior.

3.-Se responsabiliza a los medios de comunicación cuando se ha trasgredido en forma franca el derecho a informar. En autos,calificar a una persona como vendedor de droga, diler de efedrina o vendedor de efedrina, y relacionarlo con un famoso triple crimen ocurrido en la localidad de General Rodríguez con carteles de drogas internacionales, a través de un medio masivo de comunicación, sin adoptar algún razonable recaudo para averiguar si el sujeto estaba realmente involucrado, constituye una conducta culpable que justifica plenamente la condena, toda vez que involucraron al actor en el desarrollo de una actividad delictiva, pese a que de la mencionada causa penal surge la inexistencia de elemento de juicio alguno apto para siquiera sospechar que el actor integraba esa banda, liderada por quien era su jefe inmediato en la empresa para la que trabajaba.

4.-Debe declararse desierto el recurso, por no cumplir con los presupuestos exigidos en el Código de forma, en tanto, el contrato suscripto entre la apelante y la productora, no le es oponible al actor, elemento del cual pretendió valerse la codemandada, para eximirse de responsabilidad, y justificar su falta al deber de reparar.

5.-La Ley 26.522 y su reglamentación le resta al licenciatario de una estación de TV abierta la posibilidad de tener a su cargo la totalidad de la programación, pues debe otorgar parte de ella, quitándole la responsabilidad objetiva sobre ese total, limitándola a la producción propia y asignando responsabilidad por sus propios actos a los productores independientes que contraten con la licenciataria de TV abierta y se encuentren previamente registrados. En el caso de autos, el programa televisivo ocurrió en una fecha anterior a la sanción de la Ley 26.522 y sus consecuencias dañinas para la dignidad, honor, intimidad, pues la exhibición de imágenes del actor concluyeron definitivamente en ese momento, que es cuando se causó el daño, siendo bajo el amparo de la legislación anterior.

6.-Ante el propio reconocimiento de la parte, cabe el relevo de prueba. En el caso, el propio reconocimiento de la parte en cuanto a que la Ley 22.285 tenía un sistema estructurado en cabeza de los titulares de licencia, e indelegable, prescribiendo para ellos lo que se denominó responsabilidad objetiva de los titulares de los servicios de radiodifusión, nada cabe modificar, correspondiendo rechazar lo pretendido, y hacer notar que el propio apelante aporta fundamentos para rebatir lo expuesto en su primer agravio, lo que demuestra la inconsistencia de aquel.

7.-La indemnización por daño moral no configura una sanción al ofensor sino la satisfacción de legítimos intereses de contenido extrapatrimonial que hacen a derechos inherentes a la persona, debiendo evaluársela con la apreciación objetiva del padecimiento, sin que configure fuente de indebido lucro, presumiéndose su existencia por la solacomisión de actos antijurídicos; es una prueba in re ipsa, surge inmediatamente de los hechos mismos. En el caso concreto de autos, el actor además de ser víctima de la difusión de su imagen sin haber prestado consentimiento expreso para ello, se lo relaciono con el desarrollo de la historia que se informaba, la del asesinato de tres personas, constituyendo una difamación, debiendo confirmarse el monto concedido por dicha partida.

8.-El estándar que emana de la doctrina de la real malicia no es aplicable por que el actor no reviste la calidad de funcionario público, ni tampoco es figura pública, ni se ha involucrado voluntariamente en el tema.

Fallo:

Buenos Aires, a los 5 días del mes de noviembre de 2015, reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: “M., F. E. c/ A. T.V. S.A. y otros s/ daños y perjuicios”

La Dra. Zulema Wilde dijo:

Contra la sentencia de fs. 409/424, se alza la parte actora, quien expresó agravios en primera instancia a fs. 430/435; la codemandada A. T.V. S.A. apela a fs. 445 y expresa agravios a fs. 492/497 y por último, El G. P. S.R.L. y el Sr. R. G. interponen su queja a fs. 461, quienes omiten cumplir con lo ordenado a fs. 489, declarándoseles desierto el recurso a fs. 520. Corridos los traslados de ley pertinentes los mismos fueron evacuados a fs. 500/504 por el actor y a fs. 450/451 por la codemandada A.T.V. S.A. Con el consentimiento del auto de fs. 545 quedaron los presentes en estado de resolver.

I. La presente demanda fue interpuesta por el actor al considerarse calumniado al endilgársele el delito de vender efedrina por Internet. Además, apareció su imagen al relatarse el caso, sosteniendo que se denosta su persona, se dañaba su imagen y se perturbaba su intimidad; afectando su honor.

II. La sentencia en crisis sostiene que el “contenido del programa periodístico en cuestión que muestran los DVD acompañados a la causa tiene una indudable entidad para lesionar el honor del demandante y para sembrar la duda y la inquina acerca de sus cualidades personales y morales, lo cual es corroborado por lo que declaran los testigos M., S. y M., que depusieron a fs. 185/7. Se le enrostran en dicho programa los mencionados calificativos, que lo colocan en el ámbito del crimen organizado, pese a que en la causa penal no existe decisión alguna que permita siquiera sospechar la incursión del accionante en la actividad delictiva que los periodistas le atribuyeron.En esta senda, vale traer a colación, por su importancia, los argumentos que nutren el sobreseimiento dictado a favor de M. en la causa penal (fs. 2259/60vta.). Primero se explica que el expediente penal 638/11 iniciado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 4, Sec. N° 7, a raíz del programa mencionado, fue acumulado a la causa madre n° 12.710/08, s/infracción ley 23.737, actualmente 3001 del Tribunal Oral en lo Criminal de San Martín, que para este acto tengo a la vista, donde después de una serie de diligencias se logró secuestrar tanto en el domicilio del matrimonio investigado compuesto por C. O. Á. y M. G. R., como en la otra vivienda que se menciona, gran cantidad de sustancias medicinales, frascos, etiquetas y dinero en efectivo” (fs. 416).

“También se tuvo por acreditado que al tiempo de la entrega de la encomienda, M. trabajaba para “E. M. A. S.A.” bajo las órdenes de Á. y se agrega: “Por otra parte, a fs. 1727/1824, se encuentran agregadas la imágenes emitidas por el programa GPS el día 11 de septiembre de 2008, donde se pudo observar que el sobre en cuestión se encuentra cerrado. En esa misma filmación, aparece reflejada una bandeja de entradas de un correo electrónico en el que se recibe un mensaje desde la casilla-con usuario de conexión-, cuya cuenta le correspondía a nombre de la esposa del encartado Á.-.”.

También se destaca que desde el día del suceso enrostrado a M. y la oportunidad en que este prestara declaración indagatoria, “transcurrieron casi tres años sin que en ese lapso se haya incorporado, más allá de la imagen del video obtenida por el periodista televisivo, prueba alguna que lo vincule con C. O. Á. en torno a la actividad ilícita investigada-“.

Finalmente, se concluye: “-agotada la investigación sin Finalmente, se concluye:”-agotada la investigación sin que prueba alguna impida sostener que media certeza negativa de responsabilidad con relación a M., corresponderá adoptar un pronunciamiento que una vez y para siempre, establezca su situación frente a la ley penal a través de su sobreseimiento”.

A la luz de estas pautas, considero que la demanda deberá tener favorable acogida, y que los accionados deberán resarcir los daños causados por las ofensas inferidas, que se hallen en una relación de causalidad adecuada. Razono así, porque con los elementos de juicio incorporados a la causa queda patentizado el culpable proceder de los periodistas, si se aprecia que lanzaron una noticia con una significativa potencialidad para lesionar la integridad moral del accionante, sin adoptar el más mínimo recaudo para averiguar si ella era verdadera en relación a éste.

Lo involucraron en el desarrollo de una actividad delictiva, pese a que de la mencionada causa penal surge la inexistencia de elemento de juicio alguno apto para siquiera sospechar que el actor integraba esa banda, liderada por quien era su jefe inmediato en la empresa para la que trabajaba.

Calificar a una persona como “vendedor de droga”, “diler de efedrina” o “vendedor de efedrina”, y relacionarlo con el famoso triple crimen de General Rodríguez o con los Narcos Mexicanos, a través de un medio masivo de comunicación, sin adoptar algún razonable recaudo para averiguar si el sujeto estaba realmente involucrado, constituye una conducta culpable que justifica plenamente la condena. (fs. 417/417vta)

De allí que se encuadre la difusión de la imagen en las normas contenidas en el art. 33 de la Constitución Nacional e inclusive el 19.-

II.- El Código que nos rige ha traído una expresa disposición respecto a la temporalidad de la ley. A fin de interpretar coherentemente las normas contenidas en el art.7, sobre la base de la irretroactividad de la ley respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas o extinguidas, y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia, y a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, ha de tenerse en consideración en este caso, que la situación de que se trata, ha quedado constituida, con sus consecuencias devengadas, conforme a la ley anterior.

Las consecuencias son los efectos, -de hecho o de derecho- que reconocen como causa, una situación ya existente, en este caso, el hecho ilícito imputado. Por lo que al haber nacido al amparo de la legislación anterior, ella es la que regula el presente.

III.- A. TV S.A. entiende que la sentencia dictada ha hecho aplicación de un factor de atribución objetivo de responsabilidad a su parte por los daños invocados por el actor.

La responsabilidad que origina el deber de indemnizar de los medios de comunicación deriva de la difusión de noticias inexactas, agraviantes que afectan el honor, dignidad, intimidad de las personas, cuando acontece la concurrencia de los cuatro presupuestos clásicos: el incumplimiento objetivo al deber genérico de no dañar; el factor de atribución, en este caso subjetivo; el daño, a un derecho subjetivo o interés de la victima y la relación de causalidad adecuada entre el hecho que es causa fuente de ese daño.

Se ha imputado responsabilidad al entenderse que ha habido una nítida trasgresión, en los términos del art. 1066 del Código de Vélez.Ya desde hace muchos años nuestro Máximo Tribunal ha responsabilizado a los medios de comunicación cuando se ha trasgredido en forma franca el derecho a informar (CSJN, LL 1986-C-406 y IV Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil, 1989).

En los presentes, se ha considerado que la información sino fue falsa al menos fue errónea, de allí el daño causado y la relación de causalidad relevante.

Si bien al concluir se hace mención a un deber de garantía que se imputa a A. TV S.A., con anterioridad se hizo alusión al principio efectivo de los contratos, que se extiende sólo a las partes y a quienes se asimilan a ellas, por lo que el suscripto entre la apelante y la productora, no le es oponible al actor. Elemento del cual pretendió valerse la codemandada, para eximirse de responsabilidad, por lo acontecido en el espacio donde se desarrollaba el programa y que le había sido concedido.

De allí que en ese orden de ideas, y ante la falta de cuestionamiento del fundamento principal vertido para justificar el deber de reparar, debe declararse desierto el recurso en este aspecto, por no cumplir con los presupuestos exigidos en el art. 265 del Código de forma.IV.- El segundo rezongo está referido a que de conformidad con la ley 26.522 y su reglamentación le resta al licenciatario de una estación de TV abierta la posibilidad de tener a su cargo la totalidad de la programación, porque debe otorgar parte de ella, que puede llegar hasta el 70%, también le quita la responsabilidad objetiva sobre ese total, limitándola a la “producción propia” y asignando responsabilidad por sus propios actos a los “productores independientes que contraten con la licenciataria de TV abierta y se encuentren previamente registrados en AFSCA”

La ley 26.522 fue sancionada y promulgada el 10 de octubre de 2009, mientras el programa televisivo por el cual se demanda aconteció el 11 de septiembre de 2008.

El Derecho no es estático, ni invariable en el tiempo, a menos que se trate de un derecho como es el Romano.

“La fijeza de las legislaciones -escribe Picard- está constantemente sometida al reactivo de las costumbres que trabajan sin descanso y acaban en todo caso por tener la razón de su parte en la obra lenta de descomposición restauradora” (Edmundo Picard. El Derecho Puro, traducción castellana de Alfredo Serrano Jover, Madrid, 1911, &135, pág. 240 citado por Arturo Acuña Anzorena en El Divorcio en la Ley 2393 LL 78-674)

La sanción de nuevas leyes, en principio, rigen para el futuro como consecuencia de su irretroactividad (art. 3 del Cód. Civil y art. 7 del C.C.C. de la Nación).

Esas nuevas leyes regirán las situaciones jurídicas que se originen con posterioridad a su vigencia, y sobre aquellas consecuencias o aspectos de las situaciones jurídicas que nacidas con anterioridad, aun no han concluido definitiva mente.

En nuestro caso, el programa televisivo ocurrió en una fecha anterior a la sanción de la ley 26.522 y sus consecuencias dañinas para la dignidad, honor, intimidad.La exhibición de imágenes del actor concluyeron definitivamente en ese momento, que es cuando se causó el daño, siendo bajo el amparo de la legislación anterior; la sustituida (11 de septiembre de 2008).

No se da en el caso ninguna de las excepciones a la regla de la irretroactividad.

Aquí la creación o nacimiento de la situación jurídica así como su extinción ocurrió en el mismo momento, no se extendió en el tiempo, de allí que la ley nueva no pueda modificarla, volviendo sobre ella.

Debe apuntarse que el derecho transitorio es arduo, mas finalmente en este punto no hay controversia doctrinaria ni jurisprudencial.

De modo que ante el propio reconocimiento de la parte en cuanto a que la ley 22.285 tenía un sistema estructurado en cabeza de los titulares de licencia, e indelegable, prescribiendo para ellos lo que se denominó “responsabilidad objetiva” de los titulares de los servicios de radiodifusión, nada cabe modificar.

Ante el propio reconocimiento de la parte (art. 718 C. Civil), cabe el relevo de prueba y el rechazo de lo pretendido, haciéndose notar que el propio apelante aporta fundamentos en esta ocasión, para rebatir lo expuesto en su primer agravio, lo que demuestra la inconsistencia de aquel.

V.- La empresa televisiva cuestiona el quantum indemnizatorio, sosteniendo que no se han acreditado los extremos necesarios para tener probada la existencia del daño moral y que el actor haya incurrido en los supuestos gastos mencionados.En primer lugar, debe decirse que el daño moral se define como la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas, y en general, toda clase de padecimientos, comprendiendo también las molestias en la seguridad personal de la víctima o en el goce de sus bienes.

Es dable recordar que la indemnización por daño moral no configura una sanción al ofensor sino la satisfacción de legítimos intereses de contenido extrapatrimonial que hacen a derechos inherentes a la persona, debiendo evaluársela con la apreciación objetiva del padecimiento, sin que configure fuente de indebido lucro.

Como ya sostuviera este Tribunal “si por reparación se entiende el restablecimiento del desequilibrio patrimonial y es de contenido pecuniario, los intereses que carezcan de ese contenido deben ser satisfechos, puesto que según el diccionario de la Real Academia, “satisfacer”, en una de sus acepciones, significa sosegar o aquietar una queja o un sentimiento, expresión acorde con el sentido de nuestra ley al otorgar a la víctima el derecho a reclamar la reparación, cualquiera sea el grado de reproche que genere la conducta del agente del daño, sin perjuicio de valorar a ésta como un elemento más para determinar la cuantía indemnizatoria” ( autos “Corzo de Torres, C.P. c/ Lumicot S.A. y otros s/sum” del 31.03.81).

En el caso concreto de autos, el actor además fue víctima de la difusión de su imagen sin haber prestado consentimiento expreso para ello; con su relacionamiento con el desarrollo de la historia que se informaba (la del asesinato de tres personas), se lo difama con el episodio acaecido con el.

El carácter agraviante de una información o denuncia deriva de la afección a la dignidad, reputación, honor, fama o decoro que goza el sujeto ante la comunidad, faltándose a los deberes que impone una conducta prudente y diligente, violándose el principio legal del “alterum non laedere” (arts.1109 del Código Civil). (“Neustadt, Bernardo c/ Cavallo, Domingo Felipe s/ daños y perjuicios” – CNCIV – Sala D – Nro. de Recurso: D084589 – Fecha: 3-6-1998 .El Dial, CNCIV: 10093).

La persona es un proyecto de vida -según Fernández Sessarego- y todo aquello que impida su desarrollo o lo afecte, es un daño a la persona.

La reforma constitucional del año 1994 al conceder jerarquía superior a los tratados y convenciones (art. 75 inc. 22) ha elevado la noción de persona. En este caso la protección a su honra, su reputación, su vida privada, su salud tanto física, psíquica como moral.

El daño moral se caracteriza por referir a los padecimientos o molestias que hieren las afecciones legítimas de quienes lo sufren; la comisión de actos antijurídicos como el sucedido en la especie permite, por sí sola, presumir su existencia. Es una prueba in re ipsa, surge inmediatamente de los hechos mismos” (CFed., San Martín, Noviembre 8-1991, ED, 145-376). Del mismo tenor: “El daño moral no requiere prueba de su existencia y se acredita por el solo hecho de la acción antijurídica y la titularidad del derecho de la accionante. El art. 1078 del Cód.Civil de Vélez habla de la obligación de resarcir y de reparación del agravio moral, de lo que se deduce su naturaleza resarcitoria incompatible con el concepto de pena o sanción ejemplar”. (Juzgado Nacional de Primera Instancia, en lo Civil, N 52, abril 10-1990, ED, 142-437); (CApel.CC, Mercedes, Sala I, Abril 26-1990, ED, 140-471).

En igual sentido se ha sostenido que a los fines de acreditar el daño moral resulta prácticamente imposible utilizar una prueba directa.

Ello por la índole espiritual y subjetiva del menoscabo, resultando apropiado el sistema de la prueba presuncional indiciaria como idóneo a fin de evidenciar el daño, resultando necesario probar indefectiblemente la existencia del hecho que origina el daño debiendo darse entre aquel y este último una relación de causalidad que “conforme el curso normal y ordinario” permita en virtud de presunciones hóminis evidenciar el perjuicio.(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala K, “O., H. A. y otros c. Edesur s/ daños y perjuicios”, 23/10/2014).

Ahora bien, teniendo en cuenta las consideraciones precedentemente reseñadas, dolores y sufrimientos que el hecho pudo haber provocado, la enunciación de jurisprudencia de años anteriores, e inclusive una del año 2020, tiempo al cual no hemos arribado, que no reflejan el valor actual de la moneda, considero fruto de una prudente estimación, confirmar el monto concedido (art. 165 CPCCN).-

VI.- Respecto de los rubros concedidos por gastos por tratamiento psicológico y en concepto de compensación por los acaecidos por el patrocinio en la causa penal, sólo cabe destacar que se disiente, sosteniendo que “no hay fundamentos de peso alguno en la sentencia, que justifique el quantum indemnizatorio” (ver fs.485 vta).

La transcripción textual muestra la inconsistencia de lo expresado y es dable recordar que la formulación de simples apreciaciones personales sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista, omitiendo concretar punto por punto los errores u omisiones en los que habría incurrido el “a-quo” respecto de la apreciación y valoración de los elementos de convicción a los que arriba en la aplicación del derecho, no constituye fundamento suficiente para la expresión de agravios.-

La misma para poder ser considerada como tal, debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas.-

Por ello, en aquélla se deberá indicar puntualmente las deficiencias de la sentencia recurrida sin que las afirmaciones genéricas, las impugnaciones en general, la remisión a escritos anteriores o el mero desacuerdo con lo resuelto puedan considerarse agravios en los términos exigidos por el art. 265 y 266 del Código procesal Civil y Comercial de la Nación.-

Por lo que sólo cabe declarar desierto el recurso y firme la sentencia a este respecto.

VII.- Por último, A. TV S.A. vuelva a cuestionar su responsabilidad, invocando la doctrina de la real malicia y disintiendo con lo decidido en autos, con el argumento que si bien el actor no reviste personalidad pública, este se encontraba vinculado con hechos de interés general y no se ha demostrado la existencia de culpa grave p malicia a fin de responsabilizarla por los hechos alegados.

Bastaría remitirse a la sentencia en la parte pertinente cuando sostiene “que los simples particulares” estarían incluidos en ese estándar disminuido por el tipo de noticias, “siempre y cuando se involucren voluntariamente en asuntos de interés público” (ver fs.415).

Además expresamente se consigna que ese estándar no es aplicable en la especie por que el actor no reviste la calidad de funcionario público, ni tampoco es figura pública, ni se ha involucrado voluntariamente en el tema en cuestión (idem)

El escrito analizado no constituye una expresión de agravios en los términos de los arts. 265 y 266 del Código de Forma, reseñando un mero desacuerdo con lo decidido por el Sr. Magistrado.

Lo consignado con anterioridad que no mereció critica alguna debe se interpretado como el cumplimiento de lo ordenado por la norma contenida en el art. 266 del CPCCN.

De modo que sólo cabe declarar desierto el recurso en este aspecto y firme la sentencia en consecuencia.

VIII.- La actora apela la sentencia dictada en lo referente al rubro lucro cesante, peticionando se conceda por la suma de $ 82.500, para ello cuestiona la causa de su despido, sosteniendo que la empresa empleadora no lo hizo por su accionar culposo, sino que la causa fue la afectación del buen nombre y prestigio comercial de aquella.

A poco que se relea lo decidido, se percibirá que lo sostenido por el Sr. juez de la anterior instancia, apunta a la falta de relación causal adecuada entre el supuesto perjuicio esgrimido y su origen.

A ello se suma que en la carta documento fotocopiada a fs. 225 se consigna que la entrega de sobres que realizó era ajena a las mercaderías producidas por M. A. S.A. De modo que disentir no es cumplir con la carga legal impuesta por el art. 265 del Código de forma.

Basta leer el escrito de inicio para comprobar que el actor era plenamente conciente que su tarea consistía en entrega de etiquetas, realizar cobranzas, y otra entrega de mercaderías para la empr esa que trabajaba y que excediéndose, ya fuera por cortesía o por evitar conflictos con su jefe inmediato, entregaba sobres u otros paquetes ajenos a la prestación laboral (ver fs.8, 11vta, 12vta, 14, 15/15vta, 16vta, entre otras).

A ello se suma que no mereció critica o señalamiento alguno respecto a la orfandad de prueba que se indica “que demuestre la temporaria imposibilidad de acceder al mercado laboral a raíz del mencionado programa periodístico” (ver fs. 419 vta).

La expresión de agravios constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su finalidad debe contener una exposición jurídica que contenga una “crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas”. Lo concreto se refiere a lo preciso, indicando, determinando, cuál es el agravio. Deben precisar así, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones. Es decir, que deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del a quo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales setacha de erróneo el pronunciamiento (conf. Morello, Augusto “Códigos Procesal en lo Civil y Comercial de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación. Comentado y Anotado”, t. III, p. 351, AbeledoPerrot, 1988; C. N. Civ., esta Sala, Expte. Nº 2.575/2004, “Cugliari, Antonio Carlos Humberto c/ BankBoston N.A. s/ cancelación de hipoteca” del 1/10/09)

Una adecuada fundamentación en la expresión de agravios es, indudablemente, una carga para el apelante, por cuanto si las consideraciones o quejas traídas carecen de entidad jurídica como agravios en el sentido que exige la ley de forma, o importan discutir el criterio judicial sin apoyar la oposición en basamento idóneo o sin dar razones jurídicas a un distinto punto de vista, tal insuficiencia en la técnica recursiva torna operativa la norma del art.266 de la ley adjetiva.

Por ende, no conteniendo la pieza en análisis una crítica concreta, objetiva y razonada a través de la cual se ponga de manifiesto el error en que supuestamente se ha incurrido y las consideraciones o fundamentos en que se sustenta para, de esta manera, descalificarla por la injusticia de lo decidido (art. 265 del Código Procesal) corresponde, en este aspecto, declarar la deserción del recurso.

Lo señalado con anterioridad debe ser entendido como el cumplimiento de la manda contenida en el art. 266 del CPCCN).

Declarar desierto el agravio analizado y firme la sentencia en consecuencia.

En consecuencia, se propone al Acuerdo:

I. Se declare desierto el primer agravio de la codemandada A. TV S.A. II. Se rechace el segundo agravio de la empresa televisiva, así como el referido al rubro daño moral-

III.- Se declare desierto el resto de los cuestionamientos introducidos por A. TV S.A.

IV. Se declare desierto la queja esgrimida por la parte actora en lo que respecta al lucro cesante.

V. Se confirme la sentencia recurrida en todo lo demás que decide y ha sido materia de apelación y de agravios.

VI. Se impongan las costas de esta instancia a la codemandada America TV S.A. atento el cuestionamiento formulado.

Las Dras. Beatriz A.Verón y Marta del Rosario Mattera adhieren al voto precedente.-

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Jueces ante mí que doy fe.-

Buenos Aires, noviembre 5 de 2015.-

Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

I. Declarar desierto el primer agravio de la codemandada A. TV S.A.

II. Rechazar el segundo agravio de la empresa televisiva, así como el referido al rubro daño moral-

III.- Declarar desierto el resto de los cuestionamientos introducidos por A. TV S.A.

IV. Declarar desierto la queja esgrimida por la parte actora en lo que respecta al lucro cesante.

V. Confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que decide y ha sido materia de apelación y de agravios.

VI. Imponer las costas de esta instancia a la codemandada A. TV S.A. atento el cuestionamiento formulado.

VII. Difiérase la regulación de los honorarios para su oportunidad.

Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4° ) y oportunamente devuélvase.-

Fdo. Dra. Zulema Wilde-

Dra. Beatriz Verón-

Dra. Marta del Rosario Mattera.-