Rechazo de la demanda intentada contra la aseguradora por el fallecimiento de una mujer diabética cuya enfermedad era preexistente.

Medicina PrepagaPartes: M. J. R. c/ Sancor Coop. de Seg. LTDA. s/

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 19-oct-2015

Cita: MJ-JU-M-96372-AR | MJJ96372

Rechazo de la demanda intentada contra la aseguradora por el fallecimiento de la asegurada desde que es causa de nulidad del contrato de seguro la reticencia y en el caso se acreditó que la causa de la muerte de la asegurada era una enfermedad -diabetes- que preexistía al momento de la contratación.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia rechazó la demanda intentada contra la aseguradora desde que se acreditó en la causa que la esposa del actor era diabética, cuando menos, desde el momento de la contratación del seguro, y que ésa fue la causa de su muerte, lo que determina la preexistencia de la enfermedad, y que ello no fue declarado ante la aseguradora al momento de contratar -sin entrar a juzgar la buena o mala fe con que lo haya hecho-, todas cuestiones que justifican adoptar la decisión de desestimar el reclamo pretendido.

2.-Es causa de nulidad del contrato de seguro la reticencia -aún de buena fe-, recogiendo en ese precepto el supuesto del puro error consistente en la desarmonía entre la situación real de riesgo y la situación aparente deducida de la declaración del asegurado, aunque éste no hubiese incurrido en culpa ni mala fe y la declaración del asegurado es reticente cuando la circunstancia influyente sobre el riesgo es “omitida”, “declarada de forma incompleta” o “de manera confusa”, siendo falsa cuando la circunstancia es declarada de un modo que no corresponde a la realidad.

3.-Toda vez que la reticencia o falsa declaración (relevante) importa una alteración del riesgo, o sea del objeto o materia sobre la que se contrata y, consiguientemente, se modifica el premio por la contraprestación prometida por el asegurador, el que técnicamente ha sido calculado en consideración al riesgo declarado, resulta evidente, que debe mediar una adecuada relación de causalidad entre los antecedentes omitidos o falsamente declarados y el riesgo realizado para tornar operable el art. 5 de la Ley de Seguros; de lo contrario, dicho precepto resulta inaplicable.

4.-La reticencia que determina la nulidad del contrato de seguro de vida o que habilita el incumplimiento de la cobertura asumida, no requiere solamente de la ocultación de información relevante, sino que también se necesita que se acredite que esta omisión hubiese impedido el contrato o hubiera modificado sus condiciones.

Fallo:

En la ciudad de Santa Fe, a los 19 días del mes de Octubre del año dos mil quince, se reunió en Acuerdo Ordinario la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe, integrada por los Dres. Aidilio G. Fabiano, Abraham L. Vargas y Norah S. Echarte, para resolver el recurso de apelación deducido por el actor (v. fs. 279), contra la sentencia de fecha 13.09.2013 (v. fs. 275/278 vto.), dictada por el titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 11ma. Nominación de esta ciudad, en los autos caratulados “M., J. R. C/ SANCOR COOP. DE SEG. LTDA. S/ ORDINARIO” (Expte. Sala I N° 13 – Año 2014), concedido, libremente y con efecto suspensivo, a fs. 282. Acto seguido el Tribunal estableció el orden de votación conforme con el estudio de los autos -Dres. Fabiano, Vargas y Echarte- y se planteó para resolver las siguientes cuestiones: 1era.: ¿Es ella justa?

2da.: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictarse?

Determinado el orden de votación en cuya virtud éstos pasan a estudio, a la primera cuestión, el Dr. Fabiano dijo:

4.2.5. Antecedentes

Por sentencia de fecha 13.09.2013 (v. fs. 275/278 vto.), el A quo resolvió rechazar la demanda, con costas a la actora. Para así decidir, consideró que se había acreditado en la causa que la señora Broin era diabética, cuando menos, desde el año 1993; que lo era al momento de la contratación; que ésa fue la causa de su muerte, lo que determina la preexistencia de la enfermedad, y que ello no fue declarado ante la aseguradora al momento de contratar -sin entrar a juzgar la buena o mala fe con que lo haya hecho-, todas cuestiones que justifican adoptar la decisión de desestimar el reclamo pretendido.

Contra dicho pronunciamiento, se alza el apoderado del actor a fs. 279, deduciendo recurso de apelación, el que es concedido, libremente y con efecto suspensivo, a fs. 282.

4.2.6.Agravios

Radicados los autos en esta sede, se le corre traslado al apelante (v. fs. 290), quien levanta dicha carga procesal a fs. 292/295 vto., a cuyos términos me remito, brevitatis causae.

4.2.7. Contestación de agravios

Corrido el traslado pertinente para contestar los agravios expresados, la contraria lo hace mediante libelo que corre glosado a fs. 298/299 vto., quedando los presentes en estado de ser resueltos.

4.2.8. Análisis

4.1. Sobre el deber de buena fe y la obligación de informar

La buena fe es factor primordial en la relación de asegurador y asegurado. Si bien dicho principio gravita sobre todo el campo de los negocios jurídicos, respecto del seguro tiene preeminencia traducida en el recordado aforismo “uberrimae bonafidei”.

En este campo, la exigencia de la buena fe se manifiesta de manera extrema y hasta desconocida en los demás contratos, ya que se expresa de modo dominante en el llamado “período pre-contractual” cuando el asegurado todavía no lo es. No se trata de una obligación nacida de contrato que no existe todavía; es, más bien, una carga legal del asegurado y, como tal, no genera a favor del asegurador prestación susceptible de ejecución forzada. La ley establece con precisión el efecto de su incumplimiento: la nulidad “ex tunc” de la relación contractual.

Tal obligación de informar tiene por objeto que se el asegurando transmita a su co-contratante (asegurador) lo que sabe y, a su vez, formule las aclaraciones que sean menester para evitar un consentimiento viciado y la consecuente nulidad del contrato (v. Stiglitz, Rubén, Temas relativos al contrato de seguros, LL, 29.08.2011, p. 1; LL 2011-E-755).

En definitiva, el dolo o error en la inejecución de la obligación de informar constituyen vicios de la voluntad contractual, en los términos de los arts.926 -error inducido por culpa- y 931 -dolo- del Código Civil.

En tal sentido, “el asegurador debe conocer todas las circunstancias que influyen en la apreciación del riesgo” . “y esa información debe ser muy amplia y comprender las circunstancias accesorias que influyan en la justa apreciación del riesgo” (v. CNCiv., Sala C, 25.06.2007, “Silva c/ Ibáñez”, RCyS, 2008-584).

4.2. La reticencia y el seguro de vida

El art. 5 de la Ley Nro. 17.418 sigue el criterio más severo, al considerar causa de nulidad del contrato la reticencia -aún de buena fe-, recogiendo en ese precepto el supuesto del puro error consistente en la desarmonía entre la situación real de riesgo y la situación aparente deducida de la declaración del asegurado, aunque éste no hubiese incurrido en culpa ni mala fe.

En tal sentido, la declaración del asegurado es reticente cuando la circunstancia influyente sobre el riesgo es “omitida”, “declarada de forma incompleta” o “de manera confusa”, siendo falsa cuando la circunstancia es declarada de un modo que no corresponde a la realidad (v. CNCom, Sala A, 13.05.2008, “Farchi c/ HSBC La Buenos Aires”; ídem, 14.08.2007, “Córdoba, Silvia Alicia y otros c/ Nación Seguros de Vida S.A.”; ídem, 31.08.2006, “Farías, Mauro Leonardo c/ Caja de Seguros S. A.”; Sala B, 30.06.1988, “Sucesión de Jorge Risso Patron c/ Círculo Cerrado S. A.”, entre otros).

Es que “[l]a imposibilidad que, en principio, tiene el asegurador de conocer la existencia de circunstancias influyentes en las apreciaciones del riesgo, hace que deba confiar en las declaraciones del asegurable o asegurando. Pero la confianza depositada en la declaración veraz del asegurando puede ser quebrantada. La infracción a la expectativa del asegurador abre un capítulo a la reticencia y a la falsa declaración, que como institutos que vician la voluntad del asegurador, pueden llegar a alcanzar los mismos efectos, aunque conceptualmente se diferencien. En la reticencia, el asegurando silencia la verdad, omitiendo circunstancias relevantes.En cambio, la falsedad en la manifestación implica una declaración distinta de la realidad. Acontece que la información, reticente o falsa, suministrada por el asegurado con abstracción de la mala o buena fe con que haya sido emitida, vicia el consentimiento del asegurador, quien al aceptar la propuesta, motiva que quede perfeccionado un contrato sobre un riesgo -materia u objeto- distinto del verdadero. Es que cuando la información es reticente o falsa, la descripción realizada por el asegurando es desnaturalizada, deformada, con abstracción de la buena o mala fe con que se haya obrado. Es indiferente que la información silencie total o parcialmente las circunstancias o las enuncie erróneamente o hasta ambiguamente. La importancia de la cuestión reside en la circunstancia de que el contrato de seguro habrá de formarse sobre la base de una propuesta del asegurando integrada, además, por ser declaración (información) del estado de riesgo. De allí que quepa afirmar que la reticencia es un capítulo inescindiblemente vinculado a la información suministrada por el asegurando al tiempo del perfeccionamiento del contrato, lo que significa que carece de aplicación a las circunstancias sobrevininentes” (v. Cám. Apel Civ. y Com., Santiago el Estero, 04.08.2003, “Silva, Edgardo R. c/ Caruso Compañía Argentina de Seguros s/ Cumplimiento de Contrato”, Id Infojus: FA03220226).

Al decir de Stiglitz, “la reticencia o falsa declaración (relevante) importa una alteración del riesgo, o sea del objeto o materia sobre la que se contrata y, consiguientemente, se modifica el premio por la contraprestación prometida por el asegurador, el que técnicamente ha sido calculado en consideración al riesgo declarado” (v. Stiglitz, Rubén, ob. cit., p. 11).

Resulta evidente, entonces, que debe mediar una adecuada relación de causalidad entre los antecedentes omitidos o falsamente declarados y el riesgo realizado para tornar operable el art. 5 de la Ley de Seguros; de lo contrario, dicho precepto resulta inaplicable.

4.2.1.La relevancia de lo señalado radica en que si el asegurador es informado sin reticencia o falsedad, ve abierta su posibilidad de elegir libremente entre no contratar o hacerlo sobre la base de otros contenidos contractuales. De ello se desprende la vital importancia de que el asegurado ponga en conocimiento del asegurador, sin reservas, todas las circunstancias que puedan influir en la apreciación del riesgo en cuestión (v., en este sentido, CNCom, Sala C, 30.03.2007, “Salas, María de Carmen c/ Caja de Seguros S. A.”;

19.03.2011, “Boggio, Maximiliano c/ MetLife Seguros de Vida s/ Ordinario”, Id Infojus: FA11130185).

En ese orden de ideas, el asegurador debe conocer todas las circunstancias que sean capaces de influir en la apreciación del riesgo asegurado, si no fuese así, su actividad se haría imposible por excesivamente onerosa y porque no estaría en condiciones de establecer por sus propios medios, por substancial que sea la diligencia aplicada, todos los elementos de hecho que le permitirían apreciar el riesgo, de ahí que las informaciones de antecedentes en este caso, deban ser lo más completas posible para que el asegurador pueda hacer el examen y clasificación del riesgo (v. CNCom, Sala A, 06.04.2010, “Aranda, Oscar Jacinto c/ Mercantil Andina Cía. de Seguros S. A. s/ Ordinario”).

4.2.2. La prueba de la reticencia

Ahora bien, la reticencia que determina la nulidad del contrato de seguro de vida o que habilita el incumplimiento de la cobertura asumida, no requiere solamente de la ocultación de información relevante, sino que también se necesita que se acredite que esta omisión hubiese impedido el contrato o hubiera modificado sus condiciones (v. arg. art. 5 de la Ley Nro. 17.418).

En tal dirección, la prueba de la reticencia pesa sobre el asegurador (v. CNCom, Sala A, 12.11.2009, “Oyarzun Pérez de Cóppola, María C. c/ S. M. G. Cía. Arg. de Seg. S.A. s/ Ordinario”; Sala B, 05.04.1990, “Molina de Rombola, Elisa c/ El Comercio Cía. de Seguros S. A.s/ Ordinario”, Sala C, 26.12.1984, “Soto, Roque c/ San Lorenzo Cía. de Seguros”, Id Infojus: FA90130315), resultando, no obstante, la interpretación de la prueba de tal circunstancia restrictiva, inclinándose, en caso de d uda, a favor del asegurado (v., en este sentido, Cám. Apel. Civ. y Com., Santiago del Estero, 11.03.1999, “Abraham, Edic A. c/ Caruso Compañía de Seguros S. A. s/ Cumplimiento de Contrato”, Id Infojus: FA99220261).

A ello, debe agregarse que, tal circunstancia no puede acreditarse por cualquier medio probatorio, sino que, por mandato legal, tiene que surgir del juicio de peritos (v. art. 5 citado).

En este sentido, el art. 5 de la Ley Nro. 17.518 reproduce la exigencia del antiguo art. 498 del Cód. Com., en cuanto a que la reticencia debe ser previamente apreciada por el “juicio de peritos” que determinen si el contrato se “hubiese impedido” o “modificado sus condiciones, si el asegurador hubiese sido cerciorado del verdadero estado del riesgo”, de lo que se sigue que, en nuestro positivo, ese dictamen pericial es indispensable y no puede ser sustituido por otros medios de prueba (v. Cám. Nac. Apel. Civ. y Com. Fed., Capital Federal, Sala I, 30.03.1990, “Estado Nacional -Ministerio Economía Sec. de Int. Marit.- c/ Prudencia Cía. Argentina de Seguros Generales S. A. s/ Cobro de Australes”, Id Infojus: FA90030150).

Se ha dicho que “la reticencia prevista en el art. 5° de la ley de seguros 17.418 debe ser establecida por ‘juicio de peritos’, el que es esencial para acreditar su importancia y no puede ser suplido por otros medios de prueba” (v. CSJN, “Prichard, John W. c/ Minerva Compañía de Seguros”, LL 1982-D-130; Cám. Nac. Apel. Com., Sala D, 28.02.2001, “M., N. I.c/ Tagle Star Internacional Life Ldt”, LL 2001-D-209; DJ 2001-2-843).

De ello se sigue que nos encontramos frente a una prueba ineludible, irremplazable e insustituible, cuya omisión torna improcedente la nulidad del contrato de seguro, aunque se prueben por otros medios los hechos que la constituyen.

Así, y aún cuando se dé como probado el hecho constitutivo de la reticencia a partir de, por ejemplo, una pericia médica, ella sola es insuficiente para determinar la incidencia o relevancia que ese hecho, en sí mismo, habría tenido en la celebración del contrato de haber sido a ese momento conocido por la aseguradora.

4.2.3. El caso concreto

En los autos de marras, se arrimaron, como medios probatorios relevantes, la confesional de la actora (v. fs. 128/129); la documental acompañada (v. fs. 49; 55/56; 104; 132/140 vto.; 177/212; etc.); las testimoniales recibidas de los profesionales médicos que asistieron a la tomadora del seguro (v. fs. 82/vto.; 84/vto.; 86/vto.; 92/vto.; 130 y 223/vto.); la prueba pericial médica (v. 225/247) y la contable (v. fs. 213/vto.).

De acuerdo a dichas probanzas, se advierte que el actor reconoce la preexistencia de la enfermedad de la tomadora del seguro (v. posiciones 1 y 2) y confiesa que los datos suministrados al momento de la contratación fueron reseñados por él y no por aquélla, quien, luego, firmó la declaración jurada (v. posición 3) [rectius: mandato gratuito]. A su vez, de la historia clínica y el certificado de la clínica Paez Allende (v. fs. 49) surge que, por lo menos, desde el año 1993, la tomadora sufría de diabetes tipo II, circunstancia que es corroborada por la pericial médica obrante a fs. 225/247. En esta última, también se advierte que dicha enfermedad se vincula con el cuadro con el que la fallecida ingresó al nosocomio, lo que luego es afirmado por las distintas testimoniales de los profesional de la salud. Finalmente, en la pericial contable de fs.213/vto., el técnico concluye que “las pólizas se emiten en general, como contratos de adhesión en donde los tomadores se encuentran con pólizas definidas por la aseguradora a las que adhieren conforme sus solicitudes originales” . “en este caso el Anexo ‘G’ de esta póliza bajo el título preexistencias manifiesta ‘No se cubrirán los beneficios que sean consecuencia de condiciones preexistentes a la fecha de inicio de la vigencia de la póliza para cada asegurado. Se entiende por condiciones preexistentes aquellas enfermedades diagnosticadas o tratadas con anterioridad al inicio de la vigencia de la póliza para cada asegurado”.

De la lectura de dichas probanzas se advierte que el actor -hoy apelante-, al responder el cuestionario de declaración jurada de salud -en una suerte de mandato gratuito, en los términos del art. 1946 del CCiv., tal como lo sostuvo el A quo-, omitió comunicar que la

tomadora padecía de una enfermedad preexistente de cierta entidad, y por la que recibía tratamiento desde hacía, mínimamente, 15 años.

En tal dirección, se ha sostenido que “La culpa o negligencia del asegurador no puede invocarse para exculpar la ocultación de antecedentes de importancia, cuando no es verosímil que el asegurado los hubiese olvidado o los ignorase. Aunque medie culpa o negligencia del asegurador, el asegurado no queda liberado de su deber de informar con veracidad el estado de riesgo” (v. Cám. Nac. Apel. Com., Capital Federal, Sala B, 30.06.1988, “Sucesión de Jorge Risso Patrón c/ Círculo Cerrado S. A. de Ahorro para Fines Determinados s/ Ordinario”, Id Infojus: FA88130469).

En cualquier caso, y con sustento en el “onus probandi incumbit actori”, la regla general en materia probatoria establece que el que alega un determinado hecho o acto es quien debe probarlo.

En el sublite, negada por la demandada la actuación de buena fe del actor (v. fs.33 vto.), recaía sobre éste la carga probatoria de acreditar la versión de sus dichos, es decir, que comunicó la existencia de la enfermedad pero que no se consignó en la declaración jurada, lo que impide dar curso a su reclamo.

Y es que la accionada demostró, a partir de la pericial contable, que, de haber declarado el actor la situación que transitaba su madre, hubiese sido procedente la exclusión de la cobertura (v. anexo G de las condiciones generales de contratación y fs. 213 vto.), dando cumplimiento a lo establecido en el art. 5 de la Ley de Seguros.

4.2.9. No resulta trascendente, en el caso, la modalidad de contratación y que se tratase de un contrato de adhesión, toda vez que, como se sostuvo supra, las preguntas formuladas en la declaración jurada de salud de fs. 104 no dan margen a confusión o error de la parte “débil” que amerite una mayor rigurosidad a la hora de evaluarlas.

A partir de ello, también cabe rechazar los agravios sustentados en el principio de buena fe contractual y en la modalidad contractual, corriendo, conforme los argumentos vertidos supra, igual suerte el relativo a las costas.

4.2.10. Por las razones expuestas, y si mi voto es compartido por mis distinguidos colegas, cuanto corresponde es rechazar el recurso de apelación intentado por el apoderado del actor, con costas al vencido, conforme el criterio objetivo de la derrota (v. arg. art. 251

CPCyC).

Así voto.

El Dr. Vargas expresó, a su vez, iguales razones en parecidos términos y votó, por lo tanto, en igual sentido.

A la primera cuestión, la Dra. Echarte dijo:

Habiendo tomado conocimiento de estos autos y existiendo votos totalmente concordantes de dos jueces, de conformidad al art. 26 de la Ley 10.160 y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, me abstengo de emitir opinión.

A la segunda cuestión, los Dres.Fabiano y Vargas manifestaron sucesivamente que, de acuerdo a las consideraciones precedentes, cuanto corresponde es rechazar el recurso de apelación intentado por el apoderado del actor, con costas al vencido, conforme el criterio objetivo de la derrota (v. arg. art. 251 CPCyC).

A la segunda cuestión, la Dra. Echarte dijo:

Conforme al criterio sustentado al tratar la cuestión anterior, me abstengo de emitir opinión.

Por todo ello, la SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACION EN LO

CIVIL Y COMERCIAL DE SANTA FE, RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación intentado por el apoderado del actor, con costas al vencido, conforme el criterio objetivo de la derrota (v. arg. art. 251 CPCyC). 2) Los honorarios de Alzada se liquidarán en la proporción establecida en el artículo 19 de la ley 6.767, modificada por la Ley 12.851, oportunidad en que se correrá vista a la Caja Forense. Insértese, hágase saber, bajen.

Concluido el acuerdo, firmaron los Señores Jueces de Cámara por ante mí, que certifico.

FABIANO VARGAS ECHARTE

(En abstención)

PENNA

(Secretaria)