Responsabilidad del diario gráfico por la publicación de un aviso clasificado ofreciendo servicios sexuales que contenía los datos personales de la actora.

RevistasPartes: M. L. A. c/ Diario Los Andes Hermanos Calle, S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Sala/Juzgado: Tercera

Fecha: 19-nov-2015

Cita: MJ-JU-M-95702-AR | MJJ95702 | MJJ95702

Responsabilidad del diario gráfico por la publicación de un aviso clasificado ofreciendo servicios sexuales, que contenía los datos personales de la actora, frente a la negligencia de la receptoría al tomar el pedido. Cuadro de rubros indemnizatorios.
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Sumario:

1.-Cabe acoger la demanda de daños deducida contra un diario gráfico por la publicación de un aviso clasificado ofreciendo servicios sexuales, que contenía los datos personales de la actora, pues la violación del derecho a la intimidad y la actitud imprudente, negligente y contraria a las reglas de un buen hombre de negocios incurrida por el encargado de la receptoría, son suficientes entonces para determinar la responsabilidad de la demandada en su calidad de principal de aquél, por los daños sufridos por la accionante.

2.-Aunque se haya probado por parte de la demandada que se obtuvo el DNI y fotocopia de la persona que puso el aviso cuyo nombre de pila coincidía con el de la firma del aviso, lo cierto es que la precaución de exigir la demostración de que la línea de teléfono que se publicaba como único medio de comunicación en el clasificado le pertenecía era más que necesario, más en publicaciones de ofrecimiento de servicios sexuales; tal comprobación era lo que requería la diligencia de un buen hombre de negocios.

3.-Las facultades del diario demandado de dar instrucciones y órdenes a las receptorías, así como de controlar en forma permanente toda la actividad del franquiciado, no pueden sino entenderse en el caso particular como un supuesto de dependencia técnica evidente, que necesariamente genera la responsabilidad del art. 1113(reF:leg1308.1113) primera parte del CCiv.

4.-El contrato de agencia es el contrato por medio del cual una parte denominada comitente encarga a otra llamada agente la promoción de la venta de sus productos con la facultad de concluir operaciones, y esto es en definitiva lo que hace la receptoría que recibía los avisos clasificados para ser publicados por el Diario: concluir tales contratos con las personas que deseaban publicar ofertas o avisos en la sección correspondiente del periódico demandado.

Fallo:

En Mendoza, a los diecinueve días del mes de noviembre de dos mil quince reunidos en la Sala de Acuerdos, los Sres. Jueces de esta Exc-ma. Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas de Paz y Tributario, trajeron a deliberar para resolver en definitiva los autos N° 1459/50871 “M., L. A. c/ Diario Los Andes Hermanos Calle, S.A. p/ d. y p. (con excepción contrato de alquiler.” originarios del Tribunal de Gestión Asociada N°2 en lo Civil, Comer-cial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial, venidos a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs.195 por la parte actora contra la sentencia de fs.186/189.

Llegados los autos al Tribunal se ordenó expresar agravios a la apelante lo que se llevó a cabo a fs.202/209.

Corrido traslado de los fundamentos del recurso interpuesto a la contraparte, contesta a fs.2137216, con lo que queda la causa en esta-do de resolver.

Practicado el sorteo de ley quedó establecido el siguiente orden de estudio: Dres. Mastrascusa, Colotto, Márquez Lamená.

En cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 160 de la Consti-tución Provincial y 141 del CPC, se plantearon las siguientes cuestio-nes a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN:

¿Es justa la sentencia apelada? SEGUNDA CUESTIÓN:

Costas.

A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA MASTRASCUSA DI-JO:

I. La sentencia impugnada rechazó la demanda interpuesta por la Sra. L. A. M. contra el Diario Los Andes Hermanos Calle S.A. por entender esencialmente la Sra. Juez a quo que la de-manda se había entablado contra una persona a la que no se le podía atribuir el hecho dañoso, consistente en la publicación de un aviso cla-sificado injurioso para su persona, toda vez que tal aviso fue publica-do por un tercero no demandado, además de que fue puesto en una re-ceptoría, lo que también afectaba la legitimación pasiva de la acciona-da.Igualmente sostuvo que en el aviso no era claro que se incluyera el nombre y apellido de la actora.

Contra esta resolución se alza la Sra. M. solicitando su revocatoria.

En primer lugar se agravia por cuanto la sentencia luce a su jui-cio arbitraria. Señala que con el aviso -que contenía una oferta sexual- se injurió el honor y la intimidad de su parte, lo que quedó probado con la pericia psicológica, y que dada las especiales cualidades del mismo la propia prueba de la demandada indica que por tratarse de cuestiones delicadas debían existir controles que no se cumplieron pa-ra evitar dañar a otros.

Señala que tales controles deben ejercerse por quien obtiene un lucro con la publicación de esos avisos y que se debe chequear en vir-tud de los arts. 571 y 902 del Código Civil que los mismos no ofendan la moral del inocente. Afirma que una publicación como la de autos que contiene inserto un apellido que no es de la persona que lo puso debió alertar a la demandada.

Se refiere a la relación causal y a las razones que hacen que deba imputarse el resultado dañoso a la demandada.

Se refiere a la posibilidad de prever (con el estándar de un hom-bre medio) que si una persona decide otorgar a una agencia receptora la posibilidad de incorporar publicaciones a un medio masivo de co-municación con es el Diario Los Andes sobre un rubro que contiene oferta sexual no puede esgrimirse irresponsabilidad frente a la falta de control. Señala la previsibilidad de que dichas publicaciones sean usa-das para dañar e insiste en que no se trata de un caso fortuito.

Expresa que es un grave error de la sentencia entender que por estar vinculada la receptoría que recibiera el aviso y el Diario por un contrato de franquicia el demandado se libera de responsabilidad, más aún cuando lo contrario surge de las propias cláusulas del contrato.Señala e interpreta en este sentido las cláusulas segunda, décimocuar-to, y decimo quinta a la que atribuye una enorme importancia por cuanto estima que de ello surge que el Diario asume la responsabili-dad frente a terceros aún cuando se reserve la facultad de repetición y/o sanción respecto de la receptoría.

Analiza el resto de las cláusulas contractuales poniendo especial énfasis en las cláusulas décimo sexta y trigésimo sexta.

Agrega que la demandada no afirmó no ser responsable del hecho sino que se habían ejercido controles, los que queda claro que fueron insuficientes y sin embargo la sentencia decidió su irresponsa-bilidad.

Se queja de que la Sra. Juez no tuvo en cuenta que la demandada no acompañó la solicitud del aviso suscripta por la persona que habría contratado el aviso dañino, ni tampoco reparó en que el ticket adosado a fs. 40 como prueba de la demandada, no puede eludirse leer la ins-cripción de “servicio de gastronomía” que nada tiene que ver con un teléfono móvil, además de que se trata de un simple talón de la com-pañía Claro que no acredita titularidad cuando resulta de la prueba rendida en la causa que el teléfono pertenecía a la empleadora de la actora “Tarjetas cuyanas” y que el número pertenece a la empresa Movistar.

Destaca que de la testimonial de la Sra. Laura Anton surge que el procedimiento que se debía seguir con ese tipo de avisos era solici-tar el DNI y una factura de teléfono de donde debían coincidir los da-tos con la persona que pretendía la publicación.

Destaca que el titular de la receptoría que también declaró en la causa derivó la responsabilidad en la causa.

Cita jurisprudencia.Y señala que el Diario tiene responsabilidad por los hechos de sus dependientes que actuaron con culpa o dolo eventual.

Se refiere luego a la responsabilidad de la demandada y a lo que es necesario probar señalando que basta el daño para que deba presu-mirse que se trata de un hecho antijurídico.

Cita el art. 38 inc. 4 de la ley de protección de los datos persona-les y señala que en él se encuentra claramente descripta la antijuridici-dad del hecho dañoso.

Más adelante se refiere a cómo opera la responsabilidad del co-mitente por los hechos de su dependiente, expresando que en el caso no se verifican ninguna de las excepciones. Destaca que aún cuando no exista dependencia laboral puede existir como ocurre en el caso dependencia civil.

Luego vuelve sobre el contrato de franquicia, explicando por qué razón debe responder el franquiciante y agrega que el contrato acompañado se parece más a un contrato de agencia.

Destaca que los fundamentos de la responsabilidad de la deman-dada se encuentran en las escasas previsiones tomadas a fin de preve-nir el daño que su actividad comercial podía inferir a terceros, en el caso la actora, atacando su derecho a la intimidad y al desenvolvi-miento normal de su vida.

Cita jurisprudencia y la analiza.

Sostiene que en el presente caso quedó probado que las recepto-rías deben atenerse a las instrucciones que les imparte el diario a los fines de recibir los avisos con destino a su publicación. Destaca que a fs. 41/45 se deja constancia de circulares tipo que remite el Diario a sus receptorías que contiene normas para la publicación de los avisos por lo que no resulta justo el traslado de la responsabilidad efectuada por la sentencia.

Pide la revocatoria de la sentencia y el acogimiento de la de-manda.

A fs. 213/216 contesta el recurso la demandada solicitando su rechazo por las razones que doy por reproducidas en mérito a la bre-vedad.

II.Debo aclarar en primer lugar que de ningún modo puede en-tenderse como lo pretende la demandada apelada que el recurso apa-rezca desierto, más allá de su posible desorden pues ha tratado todas las cuestiones relevantes haciendo una crítica adecuada de la senten-cia.

Justamente esas cuestiones relevantes son dos: una la legitima-ción pasiva de la demandada y otra la cuestión referida a si se actuó con la debida diligencia al momento de recibir un aviso clasificado de la índole del que es motivo de esta litis, ya que la sentencia ha señala-do en primer lugar que entre el Diario y la Receptoría no existía rela-ción de principal a dependiente fundándose en el contrato de franqui-cia, pero también ha señalado que aún así la receptoría no tenía ele-mentos suficientes para suponer la existencia de una maniobra para perjudicar a terceros.

En lo que hace a la legitimación pasiva de la demandada, el ar-gumento defensivo que recepta la sentencia es que el contrato que une a las partes es de franquicia y que el Diario Los Andes en base a sus términos no debe responder por los hechos de terceros independientes que actúan por su cuenta y riesgo en la comercialización de avisos y publicidad. La Sra. Juez a quo luego de analizar el concepto del con-trato de franquicia y las cláusulas del mismo concluye que no existe relación jerárquica entre el Diario y la receptoría por lo que estima que no puede aplicarse al caso la responsabilidad refleja por el hecho del dependiente del art. 1113 primera parte del Código Civil.

Si estrictamente debiera atenerme a la calificación del contrato hecha por las partes, esto es a que en realidad se trata de un contrato de franquicia, habría que recordar que antes de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación (el que no resulta aplicable al caso de autos en virtud del art.7 de dicho cuerpo), no existía coincidencia doctrinaria sobre si la responsabilidad del franquiciado podía trasla-darse (imputarse) al franquiciante, frente a reclamos de terceros. Al-gunos autores brindaban una respuesta negativa (MARZORATI, Os-valdo, “Sistemas de distribución comercial”, Astrea, Buenos Aires, 1995, ps. 240/241, nº 61) y otros una respuesta positiva (SOBRINO, Augusto R., “La responsabilidad en el contrato de franchising”, JA 1997-I, p. 836).

Por mi parte, me parece que la respuesta acorde al sistema de responsabilidad por el hecho del dependiente es la que propusiera la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci quien sostiene “…por mi parte, insisto en que el control externo ejercido por el “franchisor” crea ge-neralmente una relación de subordinación técnica muy cercana a la dependencia que justificaría la responsabilidad vicaria. Si se entiende por dependencia el derecho de dar órdenes o instrucciones acerca de la manera como deben cumplirse las funciones; si se traduce en la fa-cultad de dirigir, controlar, vigilar, intervenir en la conducta de otro, etcétera, no hay dudas que, normalmente estos recaudos se dan en el “franchising”…Como se advierte, la regla es la misma que hemos da-do para el locador de obra; no responde si no ha tenido ninguna posi-bilidad de contralor; si este control existe, como seguramente sucede en el “franchising”, habrá responsabilidad.” (Kemelmajer de Carlucci, Aida “Daños Causados por los dependientes”, Hammurabi, 1992, pág. 86 y sigs.).

Si de dirección técnica y órdenes e instrucciones se trata basta con atender a las disposiciones de la cláusula tercera y cuarta inciso segundo para advertir que el franquiciado está obligado a cumplir es-trictamente con las limitaciones y cargas impuestas por el franquician-te, así como que tiene prohibido realizar ningún otro acto fuera de los autorizados taxativamente en el contrato, estando sujeto a penalidades si no cumple con esta cláusula.Igualmente en lo que hace a la lista de precios (clausula decimo séptima) que impone el franquiciante, el horario y calendario de recepción de avisos, impresión de la papelería (cl.27), así como todo lo relativo al know how, y a la prohibición para el franquiciado de instalar o desinstalar ningún tipo de software, hardware o cualquier otro tipo de módulo adicional al equipo otorgado por el franquiciado sin la supervisión fehaciente del servicio técnico contratado por el franquiciante a tal efecto, (cl. 24).

Y si de control se trata me parece que el contenido de las cláusu-las decimo cuarta, vigésima primera, vigésima segunda, vigésima cuarta, vigésima octava punto 6, así como las penalidades estableci-das, dan cuenta del poder de control prácticamente absoluto que el franquiciante tiene otorgado sobre el franquiciado ya que no sólo tiene el derecho a supervisar los locales, las dependencias y el personal, a realizar auditorías al menos una vez al mes, para revisión y control de la contabilidad y documentación del franquiciado, como asimismo de toda la documentación previsional, fiscal, laboral e impositiva del mismo y de sus dependientes, incluida la revisión de facturas, remitos, extractos bancarios, resúmenes de cuenta , no siendo la enumeración taxativa. Además el franquiciante goza del derecho a la inspección, esto es a examinar al dependiente e inspeccionar los locales comercia-les del franquiciado dentro del horario de su funcionamiento en cual-quier momento.

Estas facultades de dar instrucciones y órdenes así como de con-trolar en forma permanente toda la actividad del franquiciado, no pue-den sino entenderse en el caso particular como un supuesto de depen-dencia técnica evidente, que necesariamente genera la responsabilidad del art.1113 primera parte.

Por otro lado, en verdad, aún cuando las partes hayan denomi-nado al contrato como de franquicia, es obvio que se asemeja más bien a un contrato de agencia, o aún a un contrato de franquicia gesto-rio.

Para el Diccionario de la Real Academia Española, agencia (del latín agentia, de agens, entis, el que hace) es una empresa destinada a gestionar negocios ajenos; o también una sucursal o delegación su-bordinada a una empresa madre. Agente, según el mismo diccionario, es la persona que tiene a su cargo una agencia para gestionar negocios ajenos; o también una persona que obra con poder de otro.

El contrato de agencia es el contrato por medio del cual una par-te denominada comitente encarga a otra llamada agente la promoción de la venta de sus productos con la facultad de concluir operaciones.

Y esto es en definitiva lo que hace la receptoría que recibía los avisos clasificados para ser publicados por el Diario: concluir tales contratos con las personas que deseaban publicar ofertas o avisos en la sección correspondiente del periódico demandado.

Obviamente, dado que la distribución comercial se debe atener a ciertos criterios técnicos, el agente, distribuidor o concesionario está en una relación de subordinación técnica respecto del principal. Y también se suele aludir a una subordinación económica que justifica caracterizar al agente, distribuidor o concesionario como la parte más débil del contrato, lo que en el caso también se revela toda vez que la “ganancia” del franquiciado es una comisión del 20% de la factura-ción bruta (cláusula decimo tercera) con el agravante de que debe pa-gar al Diario un derecho de suscripción mensual por adelantado y du-rante tres años.

Es verdad que existe una clausula que establece que el Diario no otorga mandato ni representación al franquiciado.

Pero esta cláusula además de no desdibujar la dependencia téc-nica y económica ya descripta, tampoco resulta “aparente” para los terceros.Basta con ver la factura agregada a fs. 38 en la que se resalta el logo de la demandada.

Es que en definitiva queda claro que el Diario Los Andes obtie-ne los avisos clasificados que se publican en sus páginas principal-mente a través de las agencias autorizadas o “receptorías” que operan como intermediarias entre el diario y el público que requiere su publi-cación.

Eso es lo que percibe el público ya que es indudable que estas receptorías o agencias de publicidad autorizadas actúan como inter-mediarias entre el medio de prensa y quienes pretenden anunciar en él. Ello es así puesto que constituyen las más importantes bocas de re-cepción o ingreso de avisos clasificados que tienen como destino su publicación en el Diario quien a su vez, les imparte directivas acerca del modo de operar. En tal sentido, no pueden sino caracterizarse co-mo dependientes del medio, a los fines de la responsabilidad estable-cida por el art. 1113 del Cód. Civil.

Nótese que tal como lo citara la Sra. Juez de la instancia prece-dente, hasta la posición de Lorenzetti en el sentido de que el franqui-ciante no responde salvo que pueda imputarse la apariencia jurídica de representación, es aplicable al caso en el que justamente, más allá del contrato en sí, las receptorías son justamente eso, receptorías del Dia-rio Los Andes, generando en las personas que las utilizan la apariencia de estar contratando directamente con el Diario, ya que el encargado del local concluye el negocio para aquel.

Se trata, no de dependencia en el sentido laboral, sino más bien, de una situación fáctica “de encargo” realizada en interés de otro, sin perjuicio que la ejecución satisfaga paralelamente un interés propio (conf. Acuña Anzorena, Arturo, Estudios sobre la responsabilidad ci-vil, La Plata, Platense, 1963, pág. 266; Agoglia-Boragina-Mesa, Res-ponsabilidad por el hecho ajeno, Bs. As., Depalma, 1995, pág.44).

Siendo ello así, la defensa de falta de legitimación sustancial pa-siva en el caso no podía prosperar, y en ese sentido el agravio debe ser admitido resultando el Diario responsable de los hechos del franqui-ciado.

Es entonces necesario tratar a continuación si existió un hecho imputable al encargado de la receptoría que produjo el daño invocado y probado por la actora, esto es que se consignara en un aviso de ofer-ta de servicios sexuales, su número telefónico, su nombre de pila en carácter de firma y su apellido inserto en el texto del aviso.

La propia demandada ha sostenido que en este tipo de aviso, por ser de una naturaleza delicada, se toman precauciones especiales co-mo la presentación de un documento y que se deje una copia del DNI al momento de solicitar la publicación.

Sin embargo la testigo Sra. Laura Beatriz Rita Antón, empleada administrativa del Diario, responde a la pregunta sobre los recaudos que se toman para publicar este tipo de avisos que “se pide el DNI de la persona que publica el aviso y una factura telefónica que debe coin-cidir con los datos de la persona que publica el aviso, o sea el DNI, factura telefónica y el n° que sale publicado deben pertenecer todos a la misma persona” (respuesta a la segunda pregunta de fs.100). Esa misma respuesta reitera en la primera ampliación, señalando luego que esa instrucción se daba a todas las receptorías.

El mismo testimonio sobre las precauciones que se tomaban en estos casos lo presta el Sr. Walter Raúl Mestorino, encargado de la receptoría a fs. 104.

Advierto aquí que en la contestación de demanda, el Diario acompañó un talón de pago de pago de la empresa Claro con el núme-ro “261389649” pero sin fecha, sin importe que pueda compararse con el ticket de Rapipago y lo más importante sin referencia alguna a la titularidad de la cuenta (fs.40).

Sin embargo y pese a haberla acompañado junto con el resto de la documentación, ese talón de pago no fue ofrecido como prueba y además en el texto del responde no se hizo referencia alguna a la ne-cesidad de pedir la factura de la línea que coincidiera con la identidad de la persona que ponía el aviso, ni tampoco a que en el caso se hubie-ra hecho.

El auto de sustanciación admitió la prueba ofrecida por las par-tes, por lo que a mi juicio, como esta prueba no fue ofrecida no puede considerarse admitida ni adquirida para el proceso.

Sin perjuicio de ello y si así no se entendiera, tal documento no sirve para probar que en la receptoría se haya cumplido en un asunto “tan delicado” como el tipo de aviso que se publicaba, con los recau-dos especiales que se exigían por las razones que se han enumerado anteriormente. Esto es, por no contener la titularidad de la cuenta, ni fecha, ni importe.

Remarco que también faltan estos dos últimos datos pues estan-do probado que el teléfono celular de la actora tenía el número publi-cado en el aviso y que esa línea correspondía a un teléfono móvil cor-porativo perteneciente a Tarjetas Cuyanas para la que ésta trabajaba, operado por Movistar (ver documentación obrante a fs. 6, 14 a 25, 38, testimoniales de fs.83 y 84 e informe de fs.150 y sigs.), es imposible que el mismo número estuviera siendo operado por Claro, al mismo tiempo.

Aunque se haya probado por parte de la demandada que se ob-tuvo el DNI y fotocopia de la persona que puso el aviso cuyo nombre de pila coincidía con el de la firma del aviso, lo cierto es que la pre-caución de exigir la demostración de que la línea de teléfono que se publicaba como único medio de comunicación en el clasificado le per-tenecía era más que necesario, más en publicaciones de este tipo. Tal comprobación era lo que requería la diligencia de un buen hombre de negocios, siendo por lo demás más que razonables su exigencia, toda vez que el teléfono que figura en el aviso, es el que va a ser objeto de llamadas por todos los interesados en la publicación (sea en un caso especialmente ligado a la intimidad de una persona, o sea en el caso de un ofrecimiento de venta de bienes, de alquileres, etc.) de modo que la persona que recibirá a quienes respondan a la oferta es la que tiene o usa esa línea telefónica publicada.

Es por ello que no habiendo cumplido la receptoría con tal re-caudo, su principal o parte dominante en el contrato debe responder. “En el marco de los contratos de dominación la responsabilidad extra-contractual por los daños causados por el subordinado se extiende al principal con los alcances del art. 1113 del Cód. Civ.” (Ponencia de María Emilia Lloveras de Resk y Norma Juanes presentada a las II Jornadas Mendocinas de Derecho Civil. Con especial relación a la franquicia, ponencia de Susana Da Dalt de Rey y Claudia Silvina Fe-rroni.Ponencias en sentido semejante se han presentado en las II Jor-nadas de Profesores de Derecho Civil, Buenos Aires, 1992).

Es por ello que asiste razón a la apelante en cuanto a las escasas previsiones tomada por la demandada y su receptoría, en orden a pre-venir daños que a terceras personas pudieran ocasionarle con su acti-vidad comercial.

El daño se verifica especialmente en su derecho a la intimidad (art. 1071 bis) “entendido éste como el que “garantiza a su titular el desenvolvimiento de su vida y de su conducta dentro de aquél ámbito privado, sin injerencias ni intromisiones que puedan provenir de la au-toridad o de terceros, y en tanto dicha conducta no ofenda al orden público y al moral pública, ni perjudique a otras personas”. Así lo de-fine Julio César Rivera que, haciéndose eco de distintas expresiones, refiere, entre otras, que éste es el derecho de una persona a ser libre, de llevar su propia existencia como estimase más conveniente y sin interferencias exteriores, a proteger, en fin, su intimidad, considerado como lo más personal y privado, “lo que no se desea dar a conocer ni dejarse ver ni sentir” (“Instituciones de Derecho Civil”, T. II, Ed. Abe-ledo-Perrot, Buenos Aires, 2000, pág. 87).Así, la injerencia pública en la vida privada de los ciudadanos constituye un ataque al derecho de intimidad que merece la protección jurídica, con fundamento en el art. 19 de la Constitución Nacional y en el art. 1071 bis del Código Civil. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala C(CNCiv)(SalaC) 17/12/2009;M., G. C. c. Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. y otro Cita Online:AR/JUR/72381/2009).

La violación de este derecho y la actitud imprudente, negligente y contraria a las reglas de un buen hombre de negocios incurrida por el encargado de la receptoría son suficientes entonces para determinar la responsabilidad de la demandada en su calidad de principal de aquel, por los daños sufridos por la accionante.

En consecuencia este agravio resulta también aceptado, debien-do pasarse a la consideración de los daños reclamados por la actora.

III. La apelante reclamó en su demanda la suma de $ 2.000 en concepto de resarcimiento de gastos pasados y futuros, la suma de $ 30.000 en concepto de daño psicológico y la suma de $20.000 en con-cepto de daño moral.

En cuanto a los gastos terapéuticos, quedó probado por las tes-timoniales y por la prueba documental que se tuvo por reconocida en el auto de admisión de prueba que la actora tuvo ataques de pánico y requirió tratamiento psiquiátrico que seguramente tuvo por indicación medicamentos.

Del mismo modo la pericia psicológica recomendó tratamiento psicoterapéutico una vez por semana a un costo de $100 o $150 por sesión sin indicación de tiempo por cuanto el experto entiende que la actora está sometida a la persecución de una tercera persona que la acosa.

Dado que esta persecución no es producto de la responsabilidad de la demandada estimo adecuado aceptar el rubro por la suma de $2.000 a la fecha de la sentencia de primera instancia con más los in-tereses a la tasa del 5% anual desde la fecha de la publicación y hasta la fecha de la sentencia y de allí en más a la tasa activa hasta la fecha del efectivo pago.

En punto al daño psicológico que la propia actora refiere a una incapacidad del 15% no probada con la pericia producida en autos, estimo que el resarcimiento solicitado debe rechazarse por falta de prueba sobre el punto ya que el perito no ha establecido incapacidad alguna, ni mucho menos derivada exclusivamente dela publicación.

Finalmente en cuanto al daño moral, estimo que el mismo ha quedado más que probado con la documentación que se ha tenido por reconocida por el auto de sustanciación y por las pruebas testimonia-les producidas en la causa, de las que surge que en la época de la pu-blicación del aviso clasificado la actora sufrió ataques de pánico, y to-do tipo de molestias y ansiedades producidas en su vida íntima y tam-bién en su vida profesional.

Dado que la actora reclamó en este concepto aún a la fecha de los alegatos la suma de $20.000 y que ella es la persona que en mejor medida puede estimar el monto de su sufrimiento espiritual, considero ajustado otorgar esa suma a la época de la sentencia, debiendo compu-tarse los intereses a partir de la fecha de la publicación y hasta la sen-tencia de primera instancia a la tasa del 5% anual (ley 4087) y de allí en adelante a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, cartera general hasta el efectivo pago.

En suma voto por la revocatoria de la sentencia impugnada, de-biendo hacerse lugar al resarcimiento por la suma de $22.000 con más los intereses establecidos en los fundamentos.

Sobre la primera cuestión voto entonces por la negativa.

Sobre la primera cuestión los Dres. Colotto y Márquez Lamená adhieren al voto que antecede.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTION LA DRA MAS-TRASCUSA DIJO:

VI. Las costas de Alzada deben ser impuestas a la parte deman-dada apelada en la medida en que el recurso progresa ($22.500) y a la parte actora en lo que no progresa ($30.000).

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. Colotto y Márquez Lamená adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

SENTENCIA:

Mendoza, 19 de noviembre de 2015.

Y VISTOS:

El acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

I.Admitir el recurso de apelación articulado por la parte actora y en consecuencia revocar la sentencia de fs. 186/189, la que en su parte dispositiva queda redactada de la siguiente manera:

“I. Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por la Sra. Lo-rena A. Menegón contra Diario Los Andes Hermanos Calle S.A y en con-secuencia condenar a esta última a pagar a la primera la suma de veintidós mil pesos ($22.000) con más los intereses establecidos en los fundamentos” “II. Imponer las costas a la demandada por la parte en la que la deman-da progresa y a la actora por la parte en que se rechaza.” “III. Regular los honorarios de los Dres. Pablo A. Teixidor, Daniel A. Estrella y Valeria N. Romero en las sumas de dos mil seiscientos cuarenta pesos ($2.640), un mil ochocientos cuarenta y ocho pesos ($1848) y novecientos vein-ticuatro pesos ($924) por la parte en que la demanda prospera y en las sumas dedos mil quinientos veinte pesos ($2.520) tres mil seiscientos pesos ($3.600)y un mil ochocientos pesos ($1.800) respectivamente y sin perjuicio de las regula-ciones complementarias que puedan corresponder (arts.2,3,4 y 31 LA).” “IV. Regular los honorarios del perito Lic. Javier Gustavo Abdala en la suma de ($.).” II. Imponer las costas de Alzada a la demandada apelada por la parte en la que el recurso progresa y a la actora en lo que no progresa.

III. Regular los honorarios de los Dres. Pablo A. Teixidor y Valeria Romero en las sumas de ($.) y ($.) respectivamente por la parte en que el recurso progresa y en las sumas de ($.) y ($.) respectivamente, por la parte en que no progresa y sin perjuicio de las regulaciones complementarias que puedan corresponder (arts. 15 y 31 LA).

Notifíquese y bajen.

Dra. Graciela Mastrascusa

Juez de Cámara

Dr. Gustavo Colotto

Juez de Cámara

Dr. Sebastián Márquez Lamena

Juez de Cámara

Dra. Alejandra Iacobucci

Juez de Cámara