¿Existe jurisprudencia de la Corte Suprema que reconozca a los beneficiarios de renta vitalicia previsional sin componente público el derecho al haber mínimo?

CSJNFecha: 3-feb-2016

Cita: MJ-MJN-91060-ARHay dos fallos de la Corte nacional que tratan directamente el punto.

El primero es «Toloza, Raúl Omar c/ANSeS s/Amparos y sumarísimos» (29/5/2012), donde la Corte no analizó la cuestión de fondo. No obstante ello, y en atención a la naturaleza alimentaria de los derechos que se debaten, dejó sentada la procedencia de la vía del amparo para este tipo de planteos: «tal como señala el señor Procurador Fiscal en su dictamen, el plazo de caducidad establecido por el artículo 2, inciso e) , de la ley 16.986, no puede constituir un obstáculo insalvable cuando, como en el caso, no se enjuicia un único acto de autoridad administrativa sino una infracción continuada» (del consid. 6).

El segundo precedente es reciente y difiere del anterior en que el Alto Tribunal ahora sí se expide sobre el tema de fondo, estableciendo una importante doctrina judicial a favor del reconocimiento del derecho que asiste a los titulares de renta vitalicia sin componente público, a cobrar el haber mínimo jubilatorio que instituye la ley para la generalidad de beneficiarios de la ANSeS.

Efectivamente, en «Etchart, Fernando Martín c/ANSeS s/amparos y sumarísimos» (27/10/2015), la Corte federal decidió confirmar el fallo de Cámara (ratificatorio del de primera instancia) que hacía lugar a la demanda, en un caso que presenta estas circunstancias: el actor es una persona discapacitada y desde septiembre de 2004 percibe retiro definitivo por invalidez según el régimen de capitalización de la Ley 24.241 , liquidado bajo la modalidad «renta vitalicia previsional sin componente público»: «el actor, nacido en 1970, percibe una jubilación íntegramente financiada con fondos privados que, al haber tenido exiguos incrementos, ha quedado por debajo del mínimo legal» (del consid. 13).

En esta sentencia, el Alto Tribunal analiza la evolución legislativa que significó la supresión por medio de la Ley 26.425 del régimen de capitalización, así como las posteriores reglamentaciones, poniendo de resalto aquellos ítems que desembocaron en la actual situación de desigualdad que padecen los titulares de renta vitalicia sin componente público, a saber:

– La Ley 24.241 creó la prestación «renta vitalicia previsional» en el art. 101 , la que podía ser solventada de dos maneras: totalmente con los fondos capitalizados por el afiliado, o parcialmente con dichos fondos y el resto con un componente estatal.

– El Decreto 55/94 (reglamentario del art. 27 , Ley 24.241) regló esta participación estatal, estableciendo que «el Régimen Previsional público concurriría en la integración del capital de los retiros por discapacidad y las pensiones por fallecimiento del afiliado en actividad, en los casos de beneficiarios que, en razón de su edad, hubieran realizado parte de sus aportes en el sistema previsional anterior a la reforma de 1994» (cfr. consid. 9).

– De este modo el Estado Nacional no participó en casos de varones nacidos con posterioridad a 1963 o mujeres nacidas después de 1968.

– La limitación continuó a través de la Ley 26.222 (B.O. 8/3/2007) que dio un nuevo texto al art. 125 de la Ley 24.241: «El Estado nacional garantizará a los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones del Régimen Previsional Público y a los del Régimen de Capitalización que perciban componente público, el haber mínimo establecido en el artículo 17 de la presente ley».

– Al reglamentarse el art. 5 de la Ley 26.425, el Decreto 2104/08 mantiene dichas limitaciones, disponiendo que las rentas vitalicias de componente íntegramente privado se abonen a través de las compañías de seguros, y las que tengan algún componente estatal serán pagadas por ANSeS, a quien se le girarán los fondos.

– El Decreto 279/08 aumentó el monto del haber mínimo garantizado, mejora que alcanzó a las prestaciones con participación del régimen previsional público, «razón por la cual sólo quedaron exceptuados del ingreso mínimo garantizado los beneficiarios de rentas vitalicias previsionales que no tuvieran componente estatal» (cfr. consid. 12).

En su fundamentación, la Corte nacional resalta que el art. 1 de la Ley 26.425 -unificación del sistema previsional- garantiza a los afiliados del régimen de capitalización «idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por el régimen previsional público» (del consid. 10), y que a pesar de ese propósito declarado la reglamentación de la Ley 26.425 «ha reproducido las pautas del ordenamiento jurídico anterior respecto de la participación estatal en los beneficios, que se encuentran superadas por la unificación dispuesta en el actual esquema normativo, lo cual ha provocado una desigualdad irrazonable entre los pasivos, al excluir a algunos de lo que, en similares condiciones, se otorga a los demás» (del consid. 14).

La sentencia concluye sintetizando sus fundamentos:

«toda vez que no resulta razonable privar al actor del mínimo de ingresos garantizado por el Estado Nacional al resto de los pasivos comprendidos en el sistema único de jubilaciones, corresponde reconocer su derecho a percibir de la ANSeS las sumas necesarias para que su prestación alcance dicho mínimo vital».

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Consulta a cargo del Dr. Rafael E. Toledo Ríos.