Competencia territorial en relaciones de consumo de servicios financieros

sentenciaAutor: Arruiz, Sebastián G.

Fecha: 2-feb-2016

Cita: MJ-DOC-7576-AR | MJD7576

Sumario:

  1. Introducción. II. La decisión de litigar. III. Improrrogabilidad de competencia territorial en contra del consumidor. IV. Incompetencia a pedido de parte y no de oficio. V. Conclusiones.

 

Doctrina:

Por Sebastián G. Arruiz (*)

 

ABSTRACT

Las cláusulas de prórroga de competencia territorial en contra del consumidor son nulas de nulidad relativa, porque se establece en beneficio del consumidor y no puede hacerse valer en su contra.

 

La nulidad de dichas cláusulas puede ser declarada incluso en juicios ejecutivos.

 

El consumidor puede invocar válidamente la prórroga de competencia territorial para demandar al proveedor y también puede aceptarla cuando es demandado por el proveedor.

 

La declaración de incompetencia territorial cuando el consumidor es demandado, no procede de oficio sino que debe ser requerida por el consumidor.

 

El consumidor puede requerir la declaración de incompetencia territorial por vía de declinatoria ante el juez donde fue promovida la demanda o por vía de inhibitoria ante el juez de su propio domicilio.

 

  1. INTRODUCCIÓN

 

En este trabajo analizaremos la protección que brinda la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 modificada por Ley 26.361 (de ahora en más LDC) al consumidor de servicios financieros, en cuanto atribuye competencia territorial al juez del domicilio del consumidor y prohíbe las cláusulas de prórroga de esa competencia territorial (1). Explicaremos la importancia de esa prohibición como instrumento útil para reducir los costos de litigación del consumidor y así facilitar su acceso a la justicia. Afirmaremos que la existencia de relación de consumo puede ser acreditada incluso en juicio ejecutivo de títulos abstractos, para declarar la nulidad de la cláusula abusiva de prórroga de competencia territorial. Pero señalaremos que esa incompetencia no puede ser decretada de oficio sino que resulta imprescindible el pedido de parte del consumidor, ya sea por vía de declinatoria o de inhibitoria.

 

  1. LA DECISIÓN DE LITIGAR

 

El Análisis Económico del Derecho tradicional asume que los individuos toman sus decisiones de una manera racional.Este tipo de decisión, según la teoría de la elección racional clásica, es aquella que prefiere la conducta o el estado de cosas que maximizará los beneficios del individuo que decide (2).

 

Cuando un individuo tiene que elegir entre litigar o no hacerlo (3), debe tomar una decisión en estado de incertidumbre sobre el resultado de su opción. Su decisión de litigar o no, dependerá: por un lado, del valor de los beneficios que podría llegar a obtener (B) (4) multiplicado por la probabilidad de obtenerlo (P) (5); y por el otro lado, de los costos que insumirá litigar en ese juicio (C). La variable descripta en el primer término constituye el valor esperado de los beneficios (PB).

 

Asumiremos por razones de simplicidad que el individuo es un agente neutral al riesgo (6), entonces decidirá litigar en la medida que el costo de demandar sea inferior a los beneficios esperados, es decir, litigará si C es menor que PB (7).

 

III. IMPRORROGABILIDAD DE COMPETENCIA TERRITORIAL EN CONTRA DEL CONSUMIDOR

 

La competencia territorial es una variable crucial para un adecuado ejercicio del derecho de defensa por los justiciables ya que, generalmente, una jurisdicción alejada de la residencia habitual de una de las partes incrementa sus costos para litigar.Cuando las partes residen en lugares distantes, la regla que atribuye competencia territorial al juez del domicilio de una de ellas, beneficia a esa parte (reduce sus costos) y perjudica a la otra (incrementa sus costos).

 

El impacto de la misma regla para cada parte no tiene por qué ser equivalente (8) y, cuando están involucrados ciertas clases de sujetos, es posible predecir con cierto grado de aproximación cuál de las partes se verá afectada con más intensidad (ya sea positiva o negativamente). Precisamente, en el caso del consumidor de servicios financieros, el costo de litigar en extraña jurisdicción suele ser mayor para el consumidor que para el proveedor porque es probable que este último sea un litigante más frecuente, con mayores posibilidades para contratar profesionales que lleven adelante un juicio en otra ciudad (9).

 

De todos modos, también es esperable que el proveedor intente tramitar los juicios en su propio domicilio porque allí su costo será menor. Por ello, es usual que el proveedor obtenga la firma de cláusulas de prórroga de competencia territorial hacia su propio domicilio, lo que profundiza aún más la brecha entre los incentivos para demandar por parte del proveedor y de defenderse por parte del consumidor.

 

  1. Juez del domicilio del consumidor, incluso en juicios ejecutivos

 

El actual art. 36 LDC morigera los efectos del problema descripto ya que establece la competencia territorial del domicilio del consumidor y priva de efectos a las cláusulas que prorroguen la competencia a otro lugar.Esta norma es uno de los tantos límites a la autonomía de la voluntad del consumidor, como forma de protección frente a los abusos de proveedores tentados de aprovecharse de la situación de inferioridad del consumidor (10). De ese modo, se consagra el régimen de orden público del consumo (11), que habilita al consumidor a solicitar la nulidad de las cláusulas abusivas que lo perjudiquen.

 

Así, la cláusula que modifica la competencia territorial legalmente establecida, inserta en el acto que motiva la demanda (12), se debe tener por no escrita en virtud del art. 36 LDC. La norma citada constituye una regla especial que encuadra perfectamente dentro del principio general del art. 37, inc. b , LDC (13). Ambas normas importan una redundancia total-parcial (de género a especie) (14), que despejan todo tipo de dudas acerca del carácter abusivo de este tipo de cláusulas luego de la reforma de la Ley 26.361.

 

La circunstancia de que el crédito esté instrumentado en un título abstracto y sea reclamado en juicio ejecutivo, no impide tener por acreditada la relación de consumo, con la consiguiente nulidad de la cláusula de prórroga de competencia territorial en contra del consumidor (15). Otra solución vaciaría de contenido a la regla expresa del art. 36 LDC, ya que es habitual la práctica (muchas veces abusiva) de exigir la firma de pagarés como garantía del crédito del consumidor, con lo que fácilmente se burlaría la protección legal en esos casos (16). En tal sentido, debemos señalar que la limitación cognoscitiva legalmente impuesta al juez para ventilar la causa de la obligación en el juicio ejecutivo, implica la imposibilidad de enervar el pago del ejecutado con defensas causales que deberán ser esgrimidas en el juicio de conocimiento ordinario posterior. Pero eso no impide analizar la causa para cumplir con la regla de competencia aplicable y ordenar litigar en el lugar que por derecho les corresponde a las partes (17).

 

2.Prórroga de competencia sobreviniente a la demanda

 

Entendemos que resulta diferente la situación de la prórroga de competencia convencional previa a la demanda (cuya nulidad ya fue explicada anteriormente) y la que ocurre por decisión del consumidor en la demanda (cuando el consumidor es actor) o luego de que la demanda fue promovida (cuando el consumidor es demandado).

 

Existe una contradicción entre el art. 36 LDC y los códigos procesales que admiten la prórroga de competencia territorial en casos de índole patrimonial como ocurre en el art.1 CPCCN (18). Esta contradicción debe ser superada a favor del art. 36 LDC, pero se trata de una contradicción total-parcial y es posible una solución armónica que mantiene cierto ámbito de aplicación propio a cada norma, de lo que resulta en una interpretación más favorable para el consumidor (19).

 

La redacción actual del art. 36 LDC dispone la nulidad, sin duda alguna, de las cláusulas de prórroga de competencia territorial pactadas en el acto jurídico que origina la demanda, con lo que se modifica la regla procesal que admite la validez de esos pactos en asuntos patrimoniales disponibles.En cambio, nada impide que el consumidor se valga de la prórroga de competencia territorial convencional a su favor cuando promueve una demanda contra el proveedor, ya que el carácter relativo y tuitivo del orden público de los derechos del consumidor implica que debe ser interpretado en su propio beneficio y no en su perjuicio (20). Lo que no queda claro y ha generado importantes controversias, es si la prohibición de prórroga de competencia alcanza a la que podría operar, sin cláusula contractual alguna y sin declarar nulidad alguna, luego de promovida la demanda y aceptada por el consumidor, tal como admiten las reglas procesales (21).

 

Entendemos que la situación en que se encuentra el consumidor en los dos momentos mencionados (es decir, al iniciar una demanda contra el proveedor y luego de ser notificado de la demanda promovida por el proveedor), amerita respetar la autonomía de la voluntad del consumidor, ya que la decisión que adopte en esas circunstancias puede redundar en su propio beneficio. Ya señalamos que, en general, la prórroga de competencia territorial resulta inconveniente para el consumidor porque incrementará sus costos de litigación. Por eso, atento a la debilidad del consumidor frente al proveedor, es conveniente protegerlo contra su propia decisión de aceptar contratar en esos términos.

 

No obstante, una vez que ya fue celebrado el contrato y al momento de promover la demanda o contestarla, el consumidor cuenta con información y libertad suficiente como para decidir dejar sin efecto la prórroga de competencia territorial o aprovecharse de ella. Las razones para adoptar esa decisión, de acuerdo al modelo básico de decisión expuesto anteriormente, podrían relacionarse con una reducción de los costos del consumidor para litigar en esa jurisdicción (22) o también con un incremento del beneficio esperado del consumidor para litigar en esa jurisdicción. Esto último es lo verdaderamente relevante que quisiéramos destacar.Los criterios jurisprudenciales, la existencia de un fallo plenario, la legislación provincial aplicable, entre otras circunstancias propias de una determinada jurisdicción territorial, pueden resultar más o menos favorables para el consumidor y eso incrementa los incentivos para litigar en una jurisdicción y no en otra (23). Esa variable es importante para proteger al consumidor frente a los intentos de alejarlo de su jurisdicción por parte del proveedor, pero también es importante valorar ese mismo aspecto para admitir que el consumidor decida alejarse deliberadamente de la jurisdicción de su domicilio cuando ya no sufre la misma debilidad que justificaba su protección tuitiva (24).

 

  1. INCOMPETENCIA A PEDIDO DE PARTE Y NO DE OFICIO

 

De lo expuesto en el apartado anterior, se sigue que el juez no puede declarar su incompetencia de oficio en los casos de demanda (25) promovida por un proveedor contra un consumidor en jurisdicción distinta a la del domicilio del consumidor.

 

Sobre este aspecto existe un arduo debate doctrinario y jurisprudencial. La CSJN se pronunció en contra de esta declaración oficiosa (26). La SCBA (27), la Cámara Nacional Comercial en pleno (28) y otras Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires (29) se pronunciaron a favor de la declaración oficiosa, incluso después del fallo citado de la CSJN.

 

A favor de la declaración oficiosa se sostuvo doctrinariamente, entre otros argumentos, que la LDC es de orden público, que implicaría admitir un pacto tácito de prórroga (30) y que exigir el pedido de incompetencia de parte del consumidor sería un contrasentido porque el acceso a la justicia se vería limitado incluso para ese pedido (31).

 

  1. Pedido de parte

 

Entendemos que el pedido de parte del consumidor resulta imprescindible para declarar la incompetencia territorial del juez distinto al del domicilio del consumidor. Creemos que no existe contradicción entre el art. 36 LDC y el art. 4 CPCCN (32) y que pueden convivir armónicamente.En efecto, el orden público del consumidor se justifica por la protección que merece frente al proveedor que puede aprovecharse de la mejor situación preferente en que se encuentra. Pero la materia involucrada no es indisponible en forma absoluta, por lo que no deben desecharse las modificaciones del régimen imperativo cuando favorezcan al consumidor para cumplir el principio que prescribe aplicar la norma más favorable al consumidor (ya sea de origen legal o convencional).

 

La solución que proponemos no compromete a quien la defienda con una concepción garantista del derecho procesal, ni con una concepción activista del rol del juez (33). Simplemente sostenemos que, de acuerdo a la legislación común y procesal vigente, no procede la declaración de incompetencia de oficio en estos casos. Pero nada impediría que la ley impusiera expresamente el deber del juez de declarar de oficio esa incompetencia (34), lo que evidentemente tendría que cumplir el juez en virtud del principio «iura novit curia».

 

Así las cosas, en el caso de demanda promovida por el consumidor contra el proveedor ante el juez pactado en la relación de consumo, no podría el proveedor alegar la existencia de cláusula abusiva alguna porque estaría haciendo valer en contra del consumidor, precisamente el instrumento que lo protege. Es decir, debería atenerse al contrato y no podría cuestionar la prórroga de competencia que, en ese sentido favorable al consumidor, debería interpretarse como perfectamente válida.

 

Del mismo modo, si el consumidor consiente la competencia territorial luego de ser notificado de la demanda promovida, el juez tampoco puede objetar esa competencia ya que, insisto, la materia es disponible por las partes. La competencia puede ser consentida en forma expresa al contestar la demanda o también en forma tácita en virtud del silencio del consumidor demandado. Esta segunda alternativa es la que genera grandes preocupaciones por parte de la doctrina y jurisprudencia de la materia.Esa inquietud se relaciona con el riesgo de que el consumidor no se presente en el juicio por las dificultades propias de su naturaleza para acceder a la justicia, pero creemos que existen remedios procesales idóneos para solucionar esas dificultades (35).

 

  1. Declinatoria

 

La primera vía procesal para que el consumidor solicite la declaración de incompetencia es la declinatoria. El consumidor puede solicitar directamente al juez ante el que fue promovida la demanda, que decline su competencia y así se declare incompetente.

 

La dificultad que genera esta solución es que, tal como señala la doctrina ya citada anteriormente, la sola presentación ante el juez ajeno a su domicilio para pedir la declaración de incompetencia puede ser demasiado costosa para el consumidor que se vería impedido de ejercer ese derecho. El problema mencionado es real, pero no es la única solución que brindan los ordenamientos para requerir la declaración de incompetencia.

 

  1. Inhibitoria

 

La segunda alternativa procesal para que el consumidor solicite la declaración de incompetencia es la inhibitoria. El consumidor puede solicitar ante el juez que él considera competente, para que se declare a sí mismo competente e inhiba la competencia del juez ante quien fue promovida la demanda.

 

Esa opción puede utilizarse precisamente cuando el juez ante el que fue promovida la demanda es de distinta jurisdicción a la del demandado. De ese modo, el costo para oponer la competencia es exactamente el mismo que tendría que afrontar el consumidor si hubiera sido demandado en su propio domicilio.

 

De este modo es posible compatibilizar el derecho del consumidor para optar por la jurisdicción en la que fue siendo demandado o rechazarla, sin tener que afrontar mayores costos que los que tendría que afrontar si hubiera sido demandado en su propio domicilio. Entendemos que ese sería un equilibrio razonable de los intereses en juego de los propios consumidores.

 

V.CONCLUSIONES

 

– Las cláusulas de prórroga de competencia territorial en contra del consumidor son nulas de nulidad relativa, porque se establece en beneficio del consumidor y no puede hacerse valer en su contra.

 

– La nulidad de dichas cláusulas puede ser declarada incluso en juicios ejecutivos.

 

– El consumidor puede invocar válidamente la prórroga de competencia territorial para demandar al proveedor y también puede aceptarla cuando es demandado por el proveedor.

 

– La declaración de incompetencia territorial cuando el consumidor es demandado, no procede de oficio sino que debe ser requerida por el consumidor.

 

– El consumidor puede requerir la declaración de incompetencia territorial por vía de declinatoria ante el juez donde fue promovida la demanda o por vía de inhibitoria ante el juez de su propio domicilio.

 

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(1) Art. 36 , Ley 24.240 (texto según Ley 26.993 ): «En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito […] Será competente […] en los casos en que las acciones sean iniciadas por el consumidor o usuario, a elección de éste, el juez del lugar del consumo o uso, el del lugar de celebración del contrato, el del domicilio del consumidor o usuario, el del domicilio del demandado, o el de la citada en garantía. En los casos en que las acciones sean iniciadas por el proveedor o prestador, será competente el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor, siendo nulo cualquier pacto en contrario».

 

(2) Para un estudio profundo de la teoría de la elección racional, ver: ULEN, Thomas S.: «Rational Choice Theory in Law and Economics», Enciclopedia of Law and Economics, vol. I, paper nº 710, pp. 790-818, http://encyclo.findlaw.com/tablebib.html.

 

(3) Ej.: demandar o no demandar; defenderse o no defenderse.

 

(4) Ej.: demandar para cobrar un crédito; contestar la demanda para evitar pagar una deuda.

 

(5) Es decir, la probabilidad de ganar el juicio.

 

(6) El Análisis Económico del Derecho distingue agentes amantes del riesgo, adversos al riesgo y neutrales al riesgo.A igual valor esperado del perjuicio o del beneficio, los amantes del riesgo preferirán la situación más aleatoria, los adversos al riesgo preferirán la situación más segura y los neutrales al riesgo serán indiferentes respecto de esa variable. Por ejemplo, si ofrecemos regalar $ 100 o un billete de lotería en que hay 10% de probabilidades de ganar $ 1000, los amantes del riesgo elegirán el boleto de lotería, los adversos al riesgo elegirán el dinero y los neutrales al riesgo elegirán cualquiera de las dos opciones.

 

(7) SHAVELL, Steven: Foundations of Economic Analysis of Law, Harvard University Press, Cambridge, 2004, p. 390.

 

(8) Por ejemplo: el actor tiene un costo de 5 para demandar en su propio domicilio y de 7 en el domicilio del demandado; en cambio, el demandado tiene un costo de 8 para defenderse en su propio domicilio y de 15 en el domicilio del actor; el beneficio esperado del actor es 10 y el del demandado es de 9. Entonces, el actor va a decidir iniciar el juicio ya sea en su propio domicilio o en el domicilio del demandado; pero el demandado solamente va a defenderse si lo demandan en su domicilio porque en el domicilio del actor, el costo es mayor que el beneficio esperado.

 

(9) El ejemplo citado en la nota anterior podría representar el caso de una entidad financiera que gestiona una gran cartera de créditos de escaso monto. Puede ocurrir que cada asunto individualmente considerado no justifique el esfuerzo del consumidor para defenderse, pero que sí valga la pena para la entidad financiera llevar adelante esas ejecuciones en la jurisdicción que sea.

 

(10) Principalmente, por problemas de información asimétrica e imperfecta, por el limitado poder de negociación, por las externalidades, entre otros aspectos, que justifican la protección especial del consumidor derivada del art. 42 CN. Al respecto, ver: ACCIARRI Hugo A. y TOLOSA Pamela: «La Ley de Defensa del Consumidor y el Análisis Económico del Derecho», en PICASSO, Sebastián y VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto A.(dirs.): Ley de Defensa del Consumidor comentada y anotada, La Ley , Buenos Aires, 2009, t.II, p. 5 y ss.

 

(11) Al que refiere el art.65 LDC: «La presente ley es de orden público».

 

(12) Contrato de mutuo, contrato de emisión de tarjeta de crédito, hipoteca, prenda, cheque, letra de cambio, pagaré, fianza, etc.

 

(13) Art. 37, inc. b , LDC: «Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas: […] b) Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte».

 

(14) Este sería un ejemplo, entre tantos otros, de redundancias normativas saludables. Para un estudio que combate la mala prensa generalizada de las redundancias normativas, ver: ACCIARRI, Hugo A. y TOHMÉ, Fernando: «Redundancy of legal rules and efficiency», en I Annual Conference of the Spanish Association of Law & Economics, Madrid, Julio de 2010, http://works.bepress.com/hugo_alejandro_acciarri/34/.

 

(15) Este es el criterio actualmente mayoritario en la doctrina y jurisprudencia nacional.

 

(16) «Cám. Nac. Com. en pleno s/Autoconvocatoria a plenario» , 29/06/13, voto del Dr. Heredia, considerando 5º. «Lo que en definitiva estaría viabilizando la excepción ex causa sería la denuncia misma del fraude a la ley, o de una causa ilícita, consistente en valerse de la abstracción cambiaria, como medio de cobertura para lograr el resultado práctico prohibido por el art.36 in fine de la ley 24240».

 

(17) ÁLVAREZ LARRONDO Federico M., «Juicio ejecutivo de consumo y las últimas resistencias del «Ancien Régime»», La Ley, 2009-F, p.708.

 

(18) El art. 1 CPCCN admite la prórroga de competencia territorial en casos de índole patrimonial disponibles, y en sentido muy similar lo hacen los restantes códigos procesales provinciales argentinos.

 

(19) Art. 3 LDC:«En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable al consumidor».

 

(20) En este sentido, MOLINA SANDOVAL Carlos A., «Reformas sustanciales», en Suplemento Especial sobre la Reforma de la ley de defensa del consumidor, La Ley, 2008, p. 81. «Desde el punto de vista procesal, este dispositivo (art. 36 in fine LDC) autoriza a los consumidores a interponer excepción de incompetencia a los proveedores que demanden en un domicilio distinto del real del consumidor (aun cuando hubieran pactado lo contrario). Paralelamente, el consumidor podrá demandar (v. gr., por repetición, nulidad o aún daños y perjuicios) en su domicilio con las obvias ventajas procesales que esta cuestión tiene. De todas formas se trata de una opción del consumidor, quien puede optar por demandar en otro domicilio (v. gr., domicilio del proveedor demandado o incluso el pactado en el contrato)».

 

(21) CHIAPPINI Julio: «Incompetencia declarada de oficio en base a la ley de defensa del consumidor», La Ley Litoral, abril 2013, p. 260.

 

(22) Si bien es poco probable, podría darse el caso de un sujeto que tiene un amigo abogado de confianza en otra provincia que no le cobrará honorarios para tramitar un juicio en esa provincia.

 

(23) ÁLVAREZ LARRONDO Federico M.: «Nueva doctrina legal de la SCJBA en materia de juicios ejecutivos de consumo», La Ley, 2010-E, p. 227. Explica esta situación para concientizar que los problemas de prórroga de competencia son mucho más profundos que el solo hecho de incrementar los costos de litigación. Coincidimos en ese sentido, pero agregamos que ese mismo argumento puede servir para justificar afincarse en la jurisdicción propia o también para desplazarse hacia la jurisdicción ajena, según cuál de ellas reporte al consumidor mayor beneficio esperado frente al costo de litigación.

 

(24) La diferencia entre el momento previo y posterior a la contratación se puede percibir desde que «en el camino de acceso al bien o al servicio, el empresario suele imponer condiciones que desequilibran el resultado final.Por ejemplo, la prórroga de competencia, o la rescindibilidad unilateral sin contrapartida. No es la sola renuncia, sino el resultado al que ésta lleva, lo que resulta abusivo». LORENZETTI Ricardo L.: Tratado de los contratos, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2006, p.706.

 

(25) Ya sea un juicio ejecutivo o un proceso de conocimiento.

 

(26) CSJN: «Compañía Financiera Argentina SA c/Toledo, Cristian Alberto s/Cobro ejecutivo» , 24/08/10, comp. 231 XLVI.

 

(27) SCBA: «Cuevas, Eduardo Alberto c/Salcedo, Alejandro René s/Cobro ejecutivo» , 01/09/10, JUBA 109305; «BBVA Banco Francés SA c/Ortiz, Miguel Ángel y otro s/Cobro ejecutivo», 16/03/11, JUBA 113770; SCBA, «Illarietti, Luis Rodrigo c/Aguirre, Christian Oscar s/Cobro ejecutivo», 14/09/11, Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, La Ley, 2012-II, p. 189.

 

(28) «Cám. Nac. Com. en pleno s/Autoconvocatoria a plenario», 29/06/13.

 

(29) Cám.Civ.Com. Mar del Plata, sala II: «Carlos Giúdice S.A c/González Berón, Ivana B. s/Cobro ejecutivo», 23/11/10, expte. 146815; Cám.Civ.Com. Azul, sala I: «Naldo Lombardi S.A. c/Lupardo Olga s/Cobro Ejecutivo» , 16/06/11, expte. 55606; Cám.Civ.Com. Bahía Blanca, sala I: «Credifin Azul SRL c/Grezch, Carlos Alberto s/Cobro ejecutivo», 15/12/11, expte. 138450; Cám.Civ.Com. Bahía Blanca, sala II: «Credifin Azul SRL c/Navarro, Gastón Ariel s/Cobro ejecutivo», 22/05/12, expte. 13905; Cám.Civ.Com. Necochea: «F., S. A. c/S., J. F. y otros s/Cobro Ejecutivo», 18/07/14, expte. 9729.

 

(30) MÜLLER Enrique C. y SAUX Edgardo I.: «De las operaciones de venta de créditos (art. 36 LDC)», en PICASSO, Sebastián y VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto A. (dirs.): Ley de Defensa del Consumidor comentada y anotada, La Ley, Buenos Aires, 2009, t. I, p. 438.

 

(31) TERZAGA, Patricia y MASTAI, Sebastián: «El derecho del consumidor frente a la suscripción de títulos de crédito», Abeledo Perrot Córdoba, 2011-II, p.123 y ss.

 

(32) Art. 4 CPCCN: «En los asuntos exclusivamente patrimoniales no procederá la declaración de incompetencia de oficio, fundada en razón del territorio». Esta aclaración deriva lógicamente del derecho del demandado a aceptar la prórroga de competencia en forma sobreviniente a la demanda, ya que de otro modo se estaría eliminando esa posibilidad. De hecho, otros códigos procesales provinciales prescinden de esa aclaración y la solución es igual.

 

(33) El debate entre el garantismo procesal y el activismo judicial penetra en profundas raíces constitucionales acerca de la razón de ser del proceso. Para una aproximación de los puntos centrales de este debate puede verse la obra colectiva en la que participaron los principales exponentes de ambas escuelas, los garantistas liderados por Adolfo Alvarado Velloso y los activistas liderados por Jorge W. Peyrano, titulada: Activismo y Garantismo Procesal, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba, 2009.

 

(34) De hecho, el garantismo procesal acepta sin reparos constitucionales la posibilidad de que se imponga al juez el deber de declarar de oficio su incompetencia en todos los casos que la ley así lo establezca. ALVARADO VELLOSO, Adolfo: Sistema procesal. Garantía de la libertad, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, t. I, p. 292.

 

(35) Regulados en los artS. 7 a 13 CPCCN y semejantes en los restantes códigos procesales provinciales.

 

(*) Profesor Adjunto, Departamento de Derecho, Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca).

 

  1. de la R.: Ponencia presentada en las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, organizadas por el Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca el 1, 2 y 3 de octubre de 2015.
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