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Obligación de la obra social de brindar cobertura integral del tratamiento en comunidad terapéutica para la adicción a las drogas que padece el afiliado.

TerapiaPartes: N.H.M.A. s/ medida cautelar

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 7-sep-2015

Cita: MJ-JU-M-95259-AR | MJJ95259 | MJJ95259

Obligación de la obra social de brindar cobertura integral del tratamiento en comunidad terapéutica para la adicción a las drogas que padece el afiliado.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la medida cautelar solicitada debiendo mantenerse lo resuelto, en tanto obligó a la obra social a brindar cobertura y reintegro de montos facturados y a facturarse por una comunidad terapéutica para el tratamiento de adicción a las drogas que lleva actualmente a cabo la actora.

2.-La cobertura dispuesta en sentencia por el tratamiento que realiza por adicción a las drogas la actora, debe persistir hasta la terminación y/o alta médica y/o graduación del residente, al tiempo que debe cubrirse el costo total y el reintegro de los pasajes para el traslado de los familiares, en forma alternada, a las reuniones de padres obligatorias y/o el traslado del residente hasta la total terminación del tratamiento, pues se acreditó su condición de adicto a las drogas y la necesidad de incorporarse a un tratamiento acorde a la patología.

3.-Debe mantenerse la medida cautelar innovativa concedida por el a quo, toda vez que el derecho cuya tutela judicial se reclama a través de esta medida cautelar posee raigambre constitucional, en tanto concierne a la salud psíquica y física del accionante, que responde a un supuesto singular de hecho (relacionado con las drogas y su dependencia), que demanda una solución también propia, a fin de brindar el pleno goce del ejercicio del derecho involucrado.

Fallo:

En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los siete días del mes de septiembre del año dos mil quince, reunidos en Acuerdo los señores integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral, del Superior Tribunal de Justicia, ROLANDO IGNACIO TOLEDO y MARÍA LUISA LUCAS, asistidos por el Secretario Autorizante, tomaron en consideración para resolver el presente expediente:

N° 898/1 5-1 -C, año 2015, venido en apelación extraordinaria en virtud del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora a fs. 110/115, contra la resolución dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 87/92 vta.

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en autos?

Iº) Relato de la causa. El remedio de marras se declaró admisible a fs. 116/117, corriéndose el respectivo traslado fue contestado, por la contraria a fs. 124/133 vta., por lo que a fs. 134 y vta. se lo concedió. Elevadas las actuaciones, se radicaron ante esta Sala Primera Civil, Comercial y del Trabajo a fs. 137 y luego a fs. 140 se llamó autos, quedando la causa en estado de resolver.

2º) Recaudos de admisibilidad. En el análisis de la concurrencia de los extremos que hacen a la viabilidad formal del recurso en trato, constatamos que se encuentran reunidos los de interposición en término, legitimación para recurrir y oportuno planteo de la cuestión constitucional. Respecto al requisito de definitividad, si bien la resolución atacada por esta vía -en principio- carecería del mismo dado que por su naturaleza cautelar no cuenta con dicho carácter, lo cierto es que sin duda, es susceptible de ocasionar un agravio de insuficiente o imposible reparación ulterior, atento a la índole de la materia sometida a debate, circunstancia que autoriza la equiparación a definitiva y consecuentemente habilita la apertura de esta instancia extraordinaria.

De esta manera, queda agotado el análisis del aspecto formal del recurso, por lo que seguidamente ingresamos a su faz sustancial.

3º) El caso.El Sr. N.H.M.A. promovió medida cautelar innovativa contra la empresa Mutual Cosecha Salud, a fin de que asuma el costo total de su tratamiento por adicciones a las drogas en la Comunidad Terapéutica «Darse Cuenta» de la ciudad de La Plata, hasta la terminación del mismo, el alta médica y/o graduación del residente, como así también todos los gastos de pasajes para traslado de alguno de los familiares, en forma alternada, para asistir a las reuniones de padres que son obligatorias. Asimismo solicitó el reintegro de los montos facturados por erogados en virtud de su internación ocurrida el 18/11/2014 y los derivados de los pasajes ya ocupados.

En apoyo a su reclamo adujo que el 20/11/14 comunicó la internación a la accionada y el 26/11/14 adjuntó presupuesto del costo del tratamiento expedido por la Comunidad Terapéutica. Luego el 01/12/2014 intimó para que se expidan sobre si afrontarían o no los gastos reclamados, lo que fue aceptado el 10/12/2014 respecto de la internación no así los gastos de traslados. Argüyó que la Mutual no puede de modo arbitrario eludir su responsabilidad dado que implica un serio y grave perjuicio a la salud del actor, más aún tratándose de una afectación de los derechos a la vida y a la preservación de la salud reconocidos por Tratados Internacionales con jerarquía constitucional.

Expresó que los padres, hermanos y pareja deben concurrir con carácter obligatorio a las reuniones familiares, las que se celebran todos los sábados junto con la visita a los pacientes residentes en el establecimiento que se encuentra en la ciudad de La Plata (a más de 1000 km), circunstancia que justifica la solicitud de cobertura de gastos de traslados, en forma alternada para algún familiar. .

4º) La sentencia de primera instancia.El juez a-quo, en base a la documental acompañada y los hechos alegados y con un criterio amplio de interpretación, resolvió; a) hacer lugar a la medida cautelar de innovar, ordenando a la empresa Mutual Cosecha Salud a que asuma el pago por el tratamiento de rehabilitación con modalidad de internación del Sr. N.H.M.A. en la Comunidad Terapéutica «Darse Cuenta», hasta la total terminación del tratamiento y/o alta médica y/o graduación del residente; b) ordenar que la accionada reintegre los montos erogados por lós gastos realizados (tratamientos y pasajes) conforme los comprobantes anexados como prueba en el expediente principal, que ascienden a la suma de $38.129,40, y también cubra a futuro los gastos de los pasajes para el traslado de alguno de los familiares, en forma alternada, a las reuniones de padres obligatorias celebradas los días sábados, hasta la total terminación del tratamiento del actor. .

Este fallo fue apelado por la accionada. .

5o) La sentencia de Alzada. La Cámara confirmó la resolución de primera instancia, pero con diferente alcance, en tanto: a) acotó la suma determinada en origen (por reintegro de gastos de tratamiento) hasta la concurrencia de los valores vigentes que tiene la demandada para los prestadores de la Provincia del Chaco, con expresa acreditación del tiempo de internación del actor. Lo primero a cargo de la Mutual Cosecha Salud y lo segundo a cargo del Sr. N.H.M.A.; y b) hasta que recaiga sentencia, restringió el reintegro de pasajes a un máximo de dos pasajes de ida y dos de vuelta por mes desde Resistencia a la ciudad de La Plata y viceversa, los que deberán ser debidamente acreditados.

Contra dicho pronunciamiento la parte actora dedujo el recurso de inconstitucionalidad en trato.

6º) Los agravios extraordinarios. Básicamente el impugnante ataca de arbitraria la decisión adoptada por la Alzada, exponiendo que adolece de errores fundamentales, violatorios del derecho de propiedad y el derecho a la salud, centrando sus protestas en que:a) siendo que el actor no puede trabajar mientras está internado, no puede procurarse medios económicos para cubrir las supuestas diferencias que erogarían entre el precio de su tratamiento actual y el que supuestamente se encuentra vigente y que tiene la demandada con prestadores de la Provincial del Chaco; b) no se garantiza el resguardo a la salud por problemas de adicción, pues no obstante la falta de reglamentación, ello no es óbice para que el Estado no proteja tal derecho, reconocido por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, como por el art. 36° de fa Constitución Provincial; c) la demandada no planteó como defensa lo resuelto por el Tribunal «ad-quem», quien «extra petita» dispuso una medida ajena a lo pedido y a la realidad, desde que en la Provincia del Chaco no existen comunidades terapéuticas para el tratamiento de adicciones a la droga y el alcohol, patología que padece su parte; tornándose de imposible aplicación.

7º) La solución propiciada. Planteada en estos términos la cuestión traída a conocimiento de esta Sala, cabe precisar que el examen del presente remedio permite visualizar que concurre el supuesto de excepción a la regla general, que autoriza la apertura de la instancia extraordinaria, toda vez que lo decidido por el Tribunal de segunda instancia luce arbitrario por haberse apartado de las concretas constancias de la causa y de la prueba rendida en el sub-lite, en relación al derecho constitucional en juego:la salud psíquica y física del actor, desentendiéndose de las particularidades que reviste el caso.

Ello así, por cuanto la Cámara, tras reseñar extensamente los agravios del demandado -involucrados en la apreciación del material probatorio y de su postura en orden a la calificación de la patología, su falta de denuncia y certeza del tratamiento, gastos y facturaciones, como de todas aquellas que refieren a la materia de fondo-, si bien entiende que en el sub-discussio se encuentra acreditado «prima facie» los requisitos de la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora exigidos para este tipo de medidas, de manera contradictoria se despoja de ponderar la singular situación en que se encuentra el reclamante, donde lo que justamente está en riesgo es su salud, dadas las características que presenta la adicción que padece.

De este modo aparece antagónico lo resuelto por la Alzada, ya que mientras señala que no puede perderse de vista la relevancia que adquiere la gravedad del cuadro de salud que presenta el peticionante (drogadicción), ni los daños irreparables que se producirán de mantenerse la situación de hecho existente hasta el dictado de la sentencia, termina . por adoptar una medida que no se compadece con lo que surge del plexo probatorio arribado a la causa.

En efecto, repárese que de los elementos de prueba se constata que el Sr. N.H.M.A., a partir de su internación se encuentra bajo tra tamiento de rehabilitación y que de consuno con el informe evolutivo mensual efectuado por el Centro de Rehabilitación para el Drogapendien te Comunidad Terapéutica «Darse Cuenta», se halla en la Fase 2a, se lo observa estable, adaptado, muy motivado. Que comenzó terapia, trabaja infancia de sus padres, recibiendo el acompañamiento de sus padres y hermana, lo cual arroja un pronóstico favorable (v. fs.91).

A partir de allí viene el desacierto del fallo impugnado, ya que las magistradas de segundo grado no obstante reconocer que el mencionado tratamiento en el referido Centro Terapéutico estaría dando resultados positivos, a renglón seguido limitan el derecho primordial a la salud (consagrado por los Tratados Internacionales en el art. 75, inciso 22° de la Constitución Nacional, en igual sentido que el art. 36° de la Constitución Provincial), en tanto disponen que, a fin de evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de la prestación, se acote la suma determinada en origen (por reintegro de gastos de tratamiento) hasta la concurrencia de los valores vigentes que tiene la demandada para los prestadores de la Provincia del Chaco, con expresa acreditación del tiempo de internación del actor (v. fs. 91 vta.).

8º) Lo expuesto en los hechos implica cercenar la aludida garantía, pues lo importante en casos especiales como el sub-lite, es valorar particularmente los intereses en juego y la trascendencia que proyecta la medida que se adopta sobre la persona, que es en definitiva el objeto de custodia y tutela judicial.

Por ello, carece de fundamentación suficiente la solución brindada por el Tribunal de Apelaciones, porque pretender que el Sr. N.H.M.A.que está internado y privado de su voluntad física y personal de trabajar -y por tanto en un estado de indefensión-, asuma a su costo y riesgo la diferencia de dinero que resulta entre el tratamiento que recibe en el Centro Terapéutico de la ciudad La Plata y uno posiblemente similar que podría llevarse a cabo en esta provincia (del cual además no hay prueba aportada ni de su existencia ni de convenio de seguro con la mutual), se traduce en obstáculo imposible de superar -por lo menos en el marco limitado de esta cautelar-, toda vez que a la postre podría repercutir y afectar su derecho a la salud.

Es que, hasta tanto se resuelvan los autos principales -en este marco provisional, reiteramos-, la naturaleza propia y singular del caso reclama también una solución particular en tal sentido, pues se trata de someter los derechos en juego a un análisis de razonabilidad, o dicho en otras palabras, establecer el legítimo alcance de los mismos a fin de arribar a una respuesta ajustada a los datos del caso concreto, parámetros que han sido inobservados por la Alzada.

9º) Idéntica conclusión merece la decisión tomada contradictoriamente y sin fundamento comprensible, en orden a la limitación del reintegro de pasajes a un máximo de dos de ida y dos de vuelta por mes desde Resistencia a la ciudad de La Plata y viceversa.Ello, ya que además más de todos las puntualizaciones efectuadas en los considerandos anteriores, cabe señalar que el Tribunal «ad-quem» no brinda argumentos suficientes para haber adoptado ese criterio, ni se apoya en prueba alguna que justifique cercenar el derecho de los familiares (padres y hermana) de acompañar al actor en su tratamiento psicoterapéutico.

Por lo tanto, aquí también se evidencia una interpretación que desvirtúa las normas y derechos que están en juego, en tanto se omite la consideración de extremos conducentes para esta decisión cautelar, circunstancia que justifica su descalificación como acto jurisdiccional válido.

10°) Como corolario, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inconstitucionalidad deducido por la parte actora a fs. 110/115, y por ende, declarar la nulidad de la resolución dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 87/92 vta.

11°) La jurisdicción positiva. En atención a la forma en que se resuelve el remedio intentado, consideramos que en el caso procede dictar sentencia sobre el fondo de la cuestión debatida en esta cautelar y ejercer jurisdicción positiva, de conformidad con lo previsto por el art, 29 de la ley N° 6997. Ello, en virtud de la naturaleza que exhibe la medida provisional intentada y la protección cautelar del derecho a la salud; extremos que justifican expedirnos en esta oportunidad.

12º) La apelación. Sentado lo anterior, cabe analizar el recurso de apelación deducido por la demandada a fs. 37/44 vta.

En prieta síntesis, la parte apelante niega en general la existencia de la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora y se queja porque: a) no existe prueba alguna que demuestre la fecha exacta de internación del Sr.N.H.M.A., ni los gastos debidamente facturados conforme las boletas oficiales, ni la historia clínica evolutiva diaria del paciente; b) se violaron los protocolos de salud e integración médica, en tanto no se comunicó a la Mutual Cosecha Salud la fecha de internación, no se respetó el sistema de derivación, ni se realizó la solicitud de tratamiento o medicamentos; c) los gastos de pasajes reclamados fueron pedidos sin acreditarse quiénes eran las personas que viajaban y la filiación que tienen con el actor, no siendo posible reconocerse gastos anteriores al 01/01/2015; d) hay centros asistenciales en la Provincia del Chaco, con los cuales su parte tiene la posibilidad de cobertura con coseguros, evitando innecesarios gastos e incomodidades por traslados de 2.500 km. semanales; e) la patología y tratamiento elegido se encuentran excluidos de la cobertura del plan médico al cual la madre del actor es titular, como también ajenos a los servicios de salud dispuesto por Ley N° 26.682.

13°) La solución propiciada. Para resolver los agravios deducidos por la accionada, debemos liminarmente señalar que el marco cognoscitivo restringido de la medida cautelar impetrada, se ciñe a dar una solución fundada en correlato con las constancias de la causa y del material probatorio producido que logre acreditar «prima facie» la verosimilitud del derecho reclamado y la existencia de un peligro en la demora manifestado a través de un perjuicio inminente o irreparable para asegurar provisionalmente el cumplimiento de una sentencia, sin ingresar al análisis de las cuestiones de fondo, que deberán ser examinadas con unmayor margen de debate y discusión en la acción principal de amparo, donde se requiere un grado de certeza sobre el derecho pretendido.

Bajo esa directriz, constatamos que del libelo inicial (v. fs. 3/7) surge que el Sr. N.H.M.A.promovió medida cautelar innovativa contra la Mutual Cosecha Salud, a fin de obtener la cobertura total y el reintegro de los montos facturados y a facturarse por la Comunidad Terapéutica «Darse Cuenta», por el tratamiento que realiza por adicción a las drogas, hasta la terminación y/o alta médica y/o graduación del residente. Asimismo solicita que la demandada asuma el costo total y el reintegro de los pasajes para el traslado de alguno de los familiares, en forma alternada, a las reuniones de padres obligatorias y/o el traslado del residente hasta la total terminación del tratamiento.

A tal fin, acompañó prueba que acredita: a) su condición de adicto a las drogas y la necesidad de incorporarse a un tratamiento acorde a la patología; b) su internación en el mencionado instituto; c) las denuncias e intimaciones efectuadas ante Mutual Cosecha Salud para que se haga cargo de los gastos que involucra dicho tratamiento y las respuestas dadas en forma negativa; d) los comprobantes de pasajes a la ciudad de La Plata; e) su proceso evolutivo mensual dentro de la fase de rehabilitación que lleva a cabo en el citado centro, detallando su estado de salud, que está motivado, estable y con pronóstico favorable.

14°) Frente a este panorama, no podemos dejar de ponderar que el derecho cuya tutela judicial se reclama a través de esta medida cautelar posee raigambre constitucional, en tanto concierne a la salud psíquica y física del accionante, que responde a un supuesto singular de hecho (relacionado con las drogas y su dependencia), que demanda una solución también propia, a fin de brindar el pleno goce del ejercicio del derecho involucrado.

Es que, la importancia y trascendencia que reviste el citado derecho a la salud, reconocido en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (art. 75° inc. 22° de la Constitución Nacional y en el art.36° de la Constitución Provincial), goza de operatividad, más allá de la ausencia de reglamentación particular, tal como acontece en la especie; pues su reconocimiento cobra sentido, en la medida que frente a situaciones concretas de la vida de los/as ciudadanos/as, tal derecho pueda ser plenamente gozado y tenga una incidencia práctica convirtiendo en eficaz su aplicación. De nada sirve contar en la letra con derechos, si no es posible su ejercicio efectivo.

En el sentido expuesto se ha expresado: «.los tratados de derechos humanos son operativos y sus normas se presumen operativas, salvo aquellas que por su redacción son programáticas. Esta definición implica que para el Estado signatario del tratado éste es operativo, es decir, debe garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos reconocidos como autoejecutorios,.,» (Juan Carlos Vega – Marisa Adriana Graham, «Jerarquía Constitucional de los Tratados Internacionales», editorial Astrea, Buenos Aires, 1996, pág. 43).

Asimismo, se ha dicho: «La jerarquía o rango constitucional de los tratados sobre derechos humanos incorporados en el art. 75, inciso 22, de la Constitución Nacional ha sido reconocido por la Corte Suprema en diversos, precedentes: en materia de derecho a la salud (.) Resulta útil recordar que, respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Suprema ha puesto de relieve que lá jurisprudencia de o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las directivas de la Comisión Interamericana, constituyen una imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la Corte Suprema debe subordinar el contenido de sus decisiones a las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los términos del artículo 68.1 de la Convención.» (Ricardo Luis Lorenzetti, «Teoría de la decisión judicial», Rubinzal – Culzoni Editores, pág.90). .

15°) En el marco mencionado, aparece configurada «prima fecie» la verosimilitud del derecho alegado por el actor, desde que el cuadro de salud que presenta (drogadicción) reclama una tutela previsional urgente que torne operativo y eficaz, en este momento y durante la tramitación de la acción principal de amparo para asegurar provisionalmente hasta el dictado de la sentencia, el tratamiento de rehabilitación * que necesita conforme su estado. . .

En efecto, no podemos dejar de valorar y sopesar todos los matices específicos que presenta el caso y que se relaciona íntimamente con el derecho a la vida; primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional. El hombre es el eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascedente su persona es inviolable y constituye un valor fundamental a custodiar, con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (v. doctrina de Fallos 323:3229; 324:3569, entre otros).

Por eso, surge evidente la urgencia del derecho del accionante a recibir un procedimiento adecuado y específico para proteger su vida misma, habida cuenta que las medidas cautelares innovativas deben acordarse siempre que al titular de un derecho subjetivo le asista un interés serio y legítimo, menoscabado por la conducta de la contraparte, debiendo imperar un criterio de flexibilidad en supuestos particulares.

En este sentido se ha dicho «.admite una flexibilidad en el otorgamiento de las previstas mediante su adaptación a las particulares situaciones de hecho que se tienen en mira, o en la combinación de dos o más medidas» (confr. Di lorio, A., «Temas de Derecho Procesal», editorial Depalma, pág. 118, citado por Jorge L. Kielmanovich «Medidas Cautelares», Rubinzal – Culzoni Editores, Santa Fe, 2000, pág. 414).

16°) No empece a lo expuesto, los agravios esgrimidos por la demandada en el sentido que no existe prueba contundente que demuestre la fecha exacta de internación del Sr.N.H.M.A., ni los gastos debidamente facturados conforme las boletas oficiales, ni la historia clínica evolutiva diaria del paciente, pues tal como se precisó anteriormente: a) el derecho a la salud emerge de la calidad de persona humana; b) no se requiere en este proceso cautelar una certeza total y absoluta sobre los aspectos que remarca el quejoso, sino tan solo se exige como recaudo nuclear la sumaria acreditación a primera vista de la verosimilitud del derecho argüido (art. 232 del Código Procesal Civil y Comercial del Chaco).

En ese contexto, dable es advertir que en autos indudablemente se encuentra comprobada la real apariencia del derecho invocado en la demanda, con independencia de las objeciones formuladas en orden a la valoración de los elementos de prueba acompañados que deberán ser examinados con mayor amplitud y debate en la acción principal de amparo, ya que no cabe pronunciarse en este proceso sobre el fondo de la cuestión.

Por lo demás, se remarca que aquí la apreciación del plexo probatorio sólo consiste en verificar la existencia de elementos de juicio bastantes para tener por sustentada dicha verosimilitud, tarea privativa del juzgador, quien selecciona y da preferencia conforme las reglas de la sana crítica (S.C.B.A., Ac. y Sent. 1977, v. 1, p.344; 1977, v. 111, p. 991; 1978, v. III, p. 78; 1987, v. I, p. 62, entre muchas otras), la que por otra parte no luce arbitraria.

17°) Idéntica suerte corren los agravios relacionados a que se violaron los protocolos de salud e integración médica, que no se comunicó a la Mutual Cosecha Salud la fecha de internación, no se respetó el sistema de derivación, ni se realizó la solicitud de tratamiento o medicamentos. Ello así, toda vez que tales planteos son ajenos a este proceso cautelar y por lo tanto, escapan de la esfera de conocimiento en esta instancia, ya que deberán ser objeto de estudio y respuesta en la demanda principal de amparo.Se ha dicho «Las medidas cautelares no exigen un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo en grado de una aceptable verosimilitud, como la probabilidad de que éste exista y no como una incuestionable realidad que sólo se logrará al agotarse el trámite, si bien aquélla debe resultar de los elementos incorporados al proceso que objetivamente y, prima facie, lo demuestren» (Jorge L. Kielmanovich, obra citada, pág. 416).

18°) Lo propio ocurre con la queja vertida en el sentido que la patología y tratamiento elegido se encuentran excluidos de la cobertura dél plan médico al cual la madre del actor es titular, como también ajenos a los servicios de salud dispuesto por Ley N° 26.682, desde que tales sugerencias deberán ser abordadas en la acción de amparo propiamente dicha, ya que excede el marco de lo hipotético dentro del cual esta medida cautelar agota su virtualidad (C.S.J.N., 30/05/1995, E.D, 14/07/1997).

19°) Seguidamente, corresponde analizar el presupuesto del peligro en la demora, entendido bajo las características del perjuicio inminente o irreparable.

En ese cometido, reparamos que el Sr. N.H.M.A. alegó que la falta de reintegro de las sumas abonadas y aquellas que faltan todavía pagar, como así también los gastos de traslados, atentan directamente con el éxito del tratamiento que recibe en el centro terapéutico, toda vez que el rol que cumple la familia en este tipo de casos es de suma importancia, ya que se relaciona directamente con la problemática interna que lo condujo a consumir sustancias tóxicas.

Frente a este panorama fáctico y relacionándolo con el derecho constitucional a la salud que se encuentra en juego, en correlato con el plexo probatorio arrimado al sub-lite, se advierte la concurrencia del requisito establecido por el art.232° del Código Procesal Civil y Comercial del Chaco, toda vez que resulta necesario en este caso en particular acordar tutela judicial urgente al paciente que se encuentra con un diagnóstico médico de carácter delicado por drogadicción, asegurándose con ello el derecho a su salud y por ende, a la vida misma. Lo contrario acarrearía un daño irreparable para el peticionante.

Supeditar el tratamiento de rehabilitación del actor hasta la oportunidad en que se dicte sentencia judicial sobre el fondo de la cuestión, irrogaría -sin dudas-, un menoscabo a los mencionados derechos constitucionales, cuya consagración internacional no puede ser pasada por alto. Se trata pues de custodiar los derechos litigiosos haciendo operativos concretamente sus efectos, a fin de evitar un perjuicio inminente.

En el orden expuesto se ha dicho «A propósito de este último recaudo cabe recalcar que se valora especialmente que de las constancias de autos surja el perjuicio inminente o irreparable, ya que cuando se advierte tal situación se declara la procedencia de esta medida (Cám. Nac. Federal, sala II, cont. adm., 1 1/09/75, Der., V. 65, pág. 410, citado en Morello, Sosa, Berizonce, «Códigos Procesales.», editorial Platense- Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1996, tomo II-C, pág. 1027).

Todas las singularidades que exhibe el sub-discussio fueron examinadas y valoradas por el juez a-quo, quien remarcó que la totalidad de los argumentos esbozados en el escrito de demanda justifican el auxilio de la justicia a fin de proteger de manera urgente al accionado, atento a la clara lesión que conlleva a los derechos constitucionales en disputa (v. fs. 12/13), circunstancia que revela la razonabilidad de lo decidido en origen.En otras palabras, en la disyuntiva entre mantener la medida cautelar que protege el derecho a la salud -hasta tanto se resuelva la acción expedita de amparo-, y rechazarla por las circunstancias alegadas por la destinataria, en el balanceo de las garantías enjuego, en esta causa en concreto, nos persuaden de inclinarnos por la primera opción.

20°) Ahora bien, desde la perspectiva señalada, que básicamente tiene su centro en el resguardo de la garantía constitucional a la

salud -entendida como complemento físico, mental y social-, también lucen insuficientes las protestas esgrimidas en torno a que en esta provincia podría realizarse el tratamiento que se lleva a cabo en la ciudad de La Plata, con menos costos tanto de internación como de traslado de viaje para los familiares. Ello así, toda vez que -como ya lo dijimos reiteradamente-, tales planteos deberán ser examinados por la vía del amparo, en tanto el limitado marco de esta cautelar anticipada no lo permite.

Por otra parte, no podemos desentendemos de los informes evolutivos que mensualmente confecciona el centro terapéutico «Darse Cuenta», donde se detalla que el paciente se encuentra en la Fase 2a del tratamiento de rehabilitación, observándoselo estable, motivado y adaptado, habiendo comenzado la etapa de terapia familiar, donde es acompañado por sus padres y hermana (v. sobre N° 898/15-A), todo lo cual indica un pronóstico favorable en su evolución.

Precisamente esta evolución beneficiosa en la salud del Sr.

Aranda no puede acotarse, ni alterarse durante este período hasta el dictado de la sentencia en la causa principal, desde que ello implicaría cercenar el derecho a su recuperación por los mecanismos ya iniciados y que conforme la prueba examinada son satisfactorios -por lo menos por ahora-, para lograr restablecerse de su adicción a las drogas.Lo contrario importaría no considerar la gravedad, intensidad o irreversibilidad de los efectos que otra medida podría producir con graves implicancias en la salud del solicitante.

21°) Finalmente lo expuesto pone en evidencia además, que son endebles las quejas relativas a que falta constancia de que son los familiares los que viajaron hasta la ciudad de La Plata, pues el citado informe revela el acompañamiento de los padres y hermana a la terapia y él resultado que ello arroja dentro del proceso de rehabilitación, circunstancia que exime de mayores comentarios.

22°) Por lo demás, no podemos dejar de resaltar la responsa

bilidad que le cabría al Estado frente a esta situación particular, tanto por la falta de regulación específica sobre la materia en trato, como por la ausencia de establecimientos públicos específicos que amparen patologías propias de la drogadicción y sus efectos colaterales, pues es el primer encargado de garantizar el derecho a la vida y la salud de los ciudadanos, brindando asistencia concreta ante situaciones como la del sub-lite, pudiendo la recurrente eventualmente reclamar la repetición de los pagos efectuados por la atención ahora a su cargo .

23°) En virtud de los argumentos señalados, entendemos que lo resuelto por el juez de primera instancia luce una solución razonable y ajustada al derecho constitucional de la salud involucrado, en tanto se compadece con las con cretas constancias de la causa, el plexo probatorio incorporado a la misma y la normativa procesal aplicable, circunstancia que autoriza a desestimar el recurso de apelación incoado por la demandada a fs. 37/44 y consecuentemente, confirmar el fallo atacado.

24°) Sin. perjuicio de ello, atento a la problemática de estas actuaciones y a fin de no causar daños irreparables para ninguna de las partes intervinientes, deberá exhortarse al juez a-quo para que adopte todas las medidas necesarias para otorgar el pronto despacho del expediente principal de amparo y dictar sentencia, a la brevedad posible, a efectos de no prorrogar sine die la medida dispuesta por esta cautelar (conf.criterio de Sala en Sent. N° 210/14).

25°) Costas y honorarios de Alzada. Atento al resultado a que se arriba las costas se imponen al demandado-apelante, en su calidad de vencido, de consuno con el principio del hecho objetivo de la derrota previsto en el art. 68° del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia. La regulación de los emolumentos de los profesionales intervinientes en segunda instancia se efectúan conforme las pautas previstas en los arts. 3o, 5o, 6o, 7o, 11° y 20° de la ley 2011 (t.o.) y su modificatoria ley 5532, en concordancia con el salario mínimo vital y móvil vigente en la provincia. Realizados los cálculos de rigor, se estiman en las sumas que se establecen en la parte resolutiva.

26°) Costas y honorarios de esta instancia extraordinaria.

Dado la forma en que se resuelve la cuestión y el resultado que se propicia, se imponen en el orden causado. Los aranceles de los abogados que actúan en la presente instancia, deberán regularse bajo idéntica base y pautas que las señaladas en el considerando N° 25°). Efectuados los pertinentes cálculos, se estiman en los montos que se consignan en la parte dispositiva.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA N°

I. – HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora a fs. 110/1 15, y por ende, declarar la nulidad de

la resolución dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 87/92 vta.

II. – EJERCER JURISDICCION POSITIVA y en consecuen

cia, CONFIRMAR el interlocutorio de primera instancia que obra a fs. 9/14.

III. – EXHORTAR al Sr, Juez de primera instancia a fin de que adopte todas las medidas necesarias para otorgar el pronto despacho del expediente principal de amparo y dictar sentencia, a la brevedad posible, a efectos de no prorrogar sine die la medida dispuesta por esta cautelar, en virtud de los fundamentos expuestos en el considerando N° 23°) del Acuerdo que antecede.

IV.- IMPONER las costas de Alzada a la parte demandada apelante, en calidad de vencida.

V. – REGULAR los estipendios de los profesionales intervinientes en segunda instancia como sigue: para el abogado Rogelio Orbez (M.P. N° 813) en el carácter de patrocinante en la suma de ($.) y como apoderado en la suma de ($.) y al abogado Darío Martín Strugó (M.P. N° 4341) como patrocinante en la suma de ($.) y como apoderado en ($.). Todo con más IVA si correspondiere.

VI. – IMPONER las costas de esta instancia extraordinaria én el orden causado.

VIL- REGULAR los honorarios de los abogados que actuaron en esta sede como sigue: para el abogado Rogelio Orbez (M.P. N° 813) en el carácter de patrocinante en la suma de ($.) y como apoderado en la suma de ($.) y al abogado Darío Martín Strugo (M.P. N° 4341) como patrocinante en la suma de ($.) y como apoderado en la suma de ($.). Todo con más IVA si correspondiere.

VIII.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Remítase

oportunamente la presente, por correo electrónico, a la señora Presidente de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad y a la señora Presidente de dicha Cámara, dejándose por Secretaría la respectiva constancia. Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.

Presidenta Sala Ira. Civ., Com. y Lab. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

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