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Responsabilidad de la ART por el accidente sufrido por un empleado municipal, al ser golpeado por un manifestante mientras desempeñaba tareas de prevención.

ARTPartes: R. J. O. c/ La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A s/ enfermedad accidente

Tribunal: Cámara del Trabajo de Mendoza

Sala/Juzgado: Unipersonal

Fecha: 30-sep-2015

Cita: MJ-JU-M-94980-AR | MJJ94980 | MJJ94980

Responsabilidad de la ART por el accidente sufrido por un empleado municipal, al ser golpeado por un manifestante mientras desempeñaba tareas de prevención. Cuadro de rubros indemnizatorios.

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Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda por accidente deducida por quien presta servicios de preventor para la Municipalidad empleadora, pues surge probado que fue asignado a cumplir funciones en la comuna impidiendo el ingreso al edificio de personas que se encontraban en una manifestación, y que en dicha ocasión uno de los manifestantes le da un golpe en la cabeza con un palo, motivo por el cual pierde el conocimiento en ese instante.

2.-El conocimiento del juez no puede ser soberano sino cuando se trate de aprehender y de apreciar cosas comunes y pertenecientes a la esfera de sus conocimientos jurídicos particulares, como que su simple convencimiento, determinado por criterios naturales o jurídicos, no puede formarse cuando se trata de cosas técnicas; por esta razón el libre convencimiento se encuentra en el aire, sin punto de apoyo, y de ese modo llega a ser fin en sí mismo, se agota, se esteriliza en el vacío.

Fallo:

En la Ciudad de Mendoza a los treinta días del mes de septiembre de dos mil quince se constituye esta Sala Unipersonal de esta Primera Cámara del Trabajo (ley 7062) a cargo de su titular el Dr. Alfredo Milutin, a los efectos de dictar sentencia en autos n° 49488, caratulados «R.J. O. c/ La Segunda ART SA, p/ accidente», de los cuales:

Resulta:

Que a fs. 31 comparece el Sr. R.J. O. por medio de apoderado e interpone formal demanda contra La Segunda ART SA por la suma de $57.723,36 o lo que en más o en menos resulte de la prueba a sustanciarse en autos, con más sus costas e intereses.

Señala que su representado hace diecisiete años que presta servicios de preventor para la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Que el día 13 de diciembre de 2012, fue asignado a cumplir funciones en la Municipalidad impidiendo el ingreso al edificio de personas que se encontraban en una manifestación. Que en dicha ocasión uno de los manifestantes le da un golpe en la cabeza con un palo, motivo por el cual pierde el conocimiento en ese instante. Que fue atendido por la demandada, quien le otorga el alta sin incapacidad el 2 de febrero de 2013. Que el Dr. José Aníbal Soto diagnostica cervicobraquialgias, contracturas en masas musculares paravertebrales cervicales, dolor a la palpación superficial y profunda en dicha región, limitación funcional a la movilidad activa y pasiva de cuello, acúfenos e hipoacusia izquierda, incapacidad del 16% de la TO de carácter definitivo.

Plantea la inconstitucionalidad de los arts. 6, 8 inc. 3, 21, 22 y 46 de la LRT.

Funda en derecho y ofrece prueba.

Corrido el traslado correspondiente, comparece a fs. 53 la parte demandada por medio de apoderado y contesta demanda solicitando su rechazo con costas. Plantea excepción de falta de legitimación sustancial pasiva, negando la existencia del accidente y su naturaleza laboral.Formula negativas genéricas y en especial niega el accidente y su naturaleza laboral, la incapacidad, las dolencias y el ingreso base mensual. Impugna el certificado médico, en especial su contenido al no mencionar los motivos por los que asigna un 16% de IPP y por no fundarse en estudio alguno.

Sostiene que la aseguradora otorgó las prestaciones correspondientes y luego le da de alta sin incapacidad por presentar lesiones de escasa envergadura. Denuncia la existencia de una incapacidad anterior denunciada ante Provincia ART SA y en la que se determinó que el actor presentaba un 13,86%. Solicita la designación de consultor técnico y la aplicación de la teoría de los actos propios.

Funda en derecho y ofrece prueba.

A fs. 64 el actor contesta traslado del art. 47 del CPL, rechaza la designación del consultor técnico y ratifica los términos de su demanda.

A fs. 66 se dicta el auto de sustanciación de la causa.

A fs. 79 rinde su informe la Sra. Perito Médica, el que es impugnado por la demandad a fs. 87.

A fs. 93 se incorpora informe remitido por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

A fs. 189 se fija audiencia de vista de causa.

A fs. 197 se celebra la audiencia de vista de causa, se desiste de la prueba testimonial y se acuerda la presentación de alegatos por escrito.

A fs. 199 la parte actora formula sus alegatos y solicita se declare la inconstitucionalidad del decreto 472/14.

A fs. 205 presenta sus alegatos la parte demandada.

A fs. 213 se agrega el dictamen del Sr. Fiscal de Cámaras.

A fs. 214 se llaman AUTOS PARA SENTENCIA.

Se tratan las siguientes cuestiones a resolver por ante esta Sala Unipersonal del Tribunal (ley 7062):

Primera cuestión: Existencia del contrato de trabajo.

Segunda cuestión: Accidente. Incapacidad y relación causal. Indemnización y aplicación de la ley 26773.

Tercera cuestión: Intereses y costas.

Considerando:

A la primera cuestión el Dr.Alfredo Milutin dijo:

Que el actor invoca como fundamento por su reclamo indemnizatorio la existencia de un contrato y relación de trabajo con la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, como preventor seguridad ciudadana. Por su parte la demandada no niega la existencia del contrato y relación de trabajo. El vínculo de trabajo se encuentra debidamente acreditado con el legajo remitido por el empleador del actor a fs. 93.

Por lo expuesto, es mi convicción que entre el Sr. R.J. O. y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza existe un contrato de trabajo, iniciado el día 10 de octubre de 2011, como preventor seguridad ciudadana, asegurado por La Segunda ART SA y regido por el derecho administrativo. Así voto.

A la segunda cuestión el Dr. Alfredo Milutin dijo:

1.- Accidente

La actora funda su reclamo en la existencia de un accidente de trabajo ocurrido el día 13 de diciembre de 2012, al ser golpeado en la cabeza durante una manifestación y que le genera una incapacidad parcial y permanente del 16% por cefaleas, cervicobraquialgia, contracturas en masas musculares paravertebrales cervicales, dolor a la palpación superficial y profunda en dicha región, limitación funcional a la movilidad activa y pasiva del cuello, acufeno e hipoacusia izquierda. Tanto el accidente como el resto de los hechos detallados por el actor son negados por la accionada.

El accidente y la aceptación del siniestro por la accionada La Segunda ART SA surge de fs. 28, donde expresamente se reconoce el mismo. Lo que es confirmado con la prueba informativa obrante a fs. 150. Por lo tanto, advierto que el accidente y su naturaleza se encuentran debidamente acreditados en autos.

2.- Incapacidad y relación causal.

Demostrado el accidente y su naturaleza laboral, quedan por determinar las consecuencias del mismo, es decir, el grado de incapacidad y relación causal con el accidente.

Según la teoría «clásica» del «onus probandi» (art. 179 C.P.C. – art.108 C.P.L.) sobre la distribución de las cargas probatorias, el actor debe acreditar los hechos constitutivos en los que funda su pretensión, así como el demandado debe demostrar los hechos impeditivos o extintivos en que argumenta su defensa o resistencia. Ello, sin perjuicio de aplicar, también, la «teoría de las cargas dinámicas de las pruebas» a la que adhiere esta Sala en determinadas cuestiones controvertidas del pleito judicial.

Formuladas estas aclaraciones, paso a analizar la prueba rendida en autos, deteniéndome solo en aquella que considere útil, pertinente y relevante para dirimir las cuestiones contenciosas de este juicio, siguiendo con ello la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia (Expte.: 56.893, «Portillo Héctor C. y otro en J. Lledo Raúl Vicente c. Héctor S. Portillo y otro p/ Ord. s/ Inc.», 15-12-95, LS. 262 – 158 y Expte.: 53.573, «Cerda Héctor E. en J. Cerda H.E. c. Jockey Club Mendoza p/ Ord. s/ Inc.», 26-05-94, LS. 245 – 397).

a.- Prueba instrumental: Constancia de denuncia policial (fs. 3), constancia de asistencia médica brindada por La Segunda ART SA (fs. 5), bonos de sueldo (fs. 7 a 11 y de fs. 13 a 23), notificación de la recepción de la denuncia (fs. 12), atención en la guardia del Hospital Central (fs. 24), informe médico (fs. 25), aceptación del siniestro por La Segunda ART SA (fs. 28), historial de siniestralidad emitido por la SRT.

b.- Prueba Pericial Médica (fs. 79): «Se realiza denuncia a la ART derivándolo a la Clínica Francesa donde nuevamente realizan RX efectuándole luego FKT. Se piden interconsulta neurológica, oftalmológica y ORL por presentar dolor en el oído izquierdo y zumbido. Continuando con cervico cefalgia mareado, aturdido presentando náuseas y vómitos, el alta se le da el 02-01-13. Actualmente presenta cervicocefalalgias, no aguanta los ruidos. Retoma su puesto de trabajo.Hay clara relación de causalidad entre las lesiones sufridas por el accidente y la incapacidad.Las dolencias que son soportadas por el actor son Síndrome de latigazo cervical con cervicocefalalgia dolor y contractura de trapecio y músculo paraespinales cervicales. Cervicobraquialgias irradiada a hombros impotencia funcional. Limitación funcional y dolor.Herida cortante y/o contusa en zona pilosa de cuero cabelludo con cicatriz descubierta 1%, cervicobraquialgia postraumática y cervicocefalalgia 10%, factores de ponderación.incapacidad total 13,50%»

c.- Informativa: Oficio de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza (fs. 92)

Apreciación de la prueba y conclusiones:

El informe médico de parte ofrecido por la actora a fs.25 presenta un valor probatorio relativo, requiriendo otros medios para poder generar convicción. Se trata de un instrumento en que la contraria no ha tenido intervención, ni participación en su elaboración, ni en sus conclusiones y, tampoco, ha ejercido, ni ha podido ejercer acto alguno de contralor en su confección, reduciendo su valor probatorio en el proceso.

Respecto de la prueba pericial, el juez es libre de tomar o no el dictamen pericial, para valorarlo conforme a la sana crítica, pero sólo podrá apartarse de él dando sólidos fundamentos y basándose en el resto del material probatorio. El Dr. Echandía, al tratar la eficacia de la prueba pericial, afirma: «Pero, si por el contrario, el juez considera que los fundamentos y las conclusiones del dictamen reúnen todos los requisitos de lógica, de técnica, de ciencia, que para el caso pueden exigirse, por lo cual queda convencido de la certeza de esas conclusiones, no puede rechazarlas sin incurrir en arbitrariedad» (Hernando Devis Echandía, «Compendio de la prueba Judicial», ed. Rubinzal Culzoni, año 28/12/2000, T II, pág. 113).

Nuestra SCJ avala esta postura respecto de la prueba pericial:»En otras palabras, así como el perito no sustituye al juez en la función de juzgar, el juez tampoco puede reemplazar al perito en la labor pericial que requiere de conocimientos y prácticas científicas o técnicas determinadas (periciología, medicina laboral e higiene y seguridad en este caso), que exceden los conocimientos judiciales por muy vastos e interdisciplinarios que éstos sean y que, precisamente, por su especialidad requieren de la colaboración de los expertos en la función de juzgar». «El conocimiento del juez no puede ser soberano sino cuando se trate de aprehender y de apreciar cosas comunes y pertenecientes a la esfera de sus conocimientos jurídicos particulares, como que su simple convencimiento, determinado por criterios naturales o jurídicos, no puede formarse cuando se trata de cosas técnicas. Por esta razón el libre convencimiento se encuentra en el aire, sin punto de apoyo, y de ese modo llega a ser fin en sí mismo, se agota, se esteriliza en el vacío» (Expte. N° 88.899, caratulados «Liberty ART S.A. en J. Fioretti c/ Liberty ART S.A.», 28-11-07).

El perito médico ha fundado su informe en el examen físico del actor, denuncia del accidente, constancias de asistencia médica, ficha de guardia del hospital central, constancia de fin de tratamiento, certificado médico, informe del médico de la ART, examen oftalmológico, audiometría y rx de columna cervical, fijando la incapacidad conforme lo dispone el decreto 659/96. En virtud de ello, entiendo que la impugnación formulada por la accionada no puede prosperar al tratarse de un mero disenso con el informe presentado. La pericia reúne las condiciones necesarias (art. 192 del CPC) para generar convicción al Tribunal sobre las dolencias e incapacidad sufrida por la actora.

Previo a determinar la incapacidad padecida por la actora, cabe realizar la siguiente aclaración previa a determinar la incapacidad.La accionada en su responde afirma que el actor ya habría cobrado las prestaciones dinerarias por una incapacidad del 13,86% derivada de un accidente ocurrido el 24 de septiembre de 2001. Si bien dicho accidente surge informado por la SRT (según siniestralidad informada por dicho organismo y que incluyo en ejercicio de las facultades del art. 19 del CPL) no advierto que exista determinación de incapacidad, ni tampoco puedo corroborar el pago de la indemnización correspondiente. Por lo tanto, dicha incapacidad no puede ser tenida en cuenta para la disminución de la aptitud total del trabajador.

Paso a determinar el porcentaje final de incapacidad conforme lo establece el decreto 659/96 y la pericia médica: «herida cortante y/o contusa en zona pilosa de cuero cabelludo con cicatriz descubierta 1% y cervicobraquialgia postraumática y cervicocefalalgias 10%, sumando los factores de ponderación el actor padece de un 13,50% de IPP.

3.- Aplicación de la ley 26773 e inconstitucionalidad del decreto 472/14.

El accidente del Sr. R.tuvo lugar el 13 de diciembre de 2012, siendo ésta la primera manifestación invalidante, la ley 26773 resulta plenamente aplicable (vigente a partir del 26 de octubre de 2012). No por esta circunstancia debo considerar que el decreto reglamentario 472/14 resulte inconstitucional, puesto que no comparto dicha tesitura.

La resoluciones 34/2013, 3/2014, 22/2014 y 6/2015 dictadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación determinan el modo de aplicar esta actualización, la que debe hacerse sobre la base y no sobre las fórmulas previstas en los arts. 14 y 15 de la LRT. Entre los considerandos de la resolución se destaca que: «Que en cumplimiento de lo normado por la ley 26773, corresponde a esta Secretaría actualizar los valores de las compensaciones dinerarias de pago único determinadas en el art.11 de la ley 24557 y sus modificatorias, y los pisos mínimos establecidos en el decreto n° 1694/09, inicialmente de acuerdo a la variaciones del RIPTE producidas desde el 1 de enero de 2010 hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 26773.». Las resoluciones no hacen más que cumplir con lo ordenado en el art. 8 de la ley, no tratándose de reglamentaciones excesivas. En este sentido establece «los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de Trabajadores Estables), publicado por la Secretaria de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyos efectos dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia».

El Dr. Ramírez, al tiempo de sancionarse la ley N°26.773, expresaba: «no obstante para ser sincero, no creo que la intención del legislador haya sido que el ajuste alcance también las prestaciones (indemnizaciones) de los arts. 14.2 y 15.2 de la LRT, referidos a la incapacidad permanente y definitiva, cuya fórmula ya contiene un elemento actualizador y dinámico, como es el ingreso base la víctima (pese a las falencias que detallado anteriormente). Se supone que el RIPTE viene a ajustar «importes» congelados, estáticos, como el piso de $180.000 y el adicional de pago único» (Ramírez Luis Enrique, Riesgos del Trabajo, Comentarios a la ley de reforma 26773, Ed. B def, Buenos Aires, año 2013, ISBN 978-9974-708-05-1, pág. 48). Coincido en esta interpretación lógica y sistemática de las normas, pues si no fuera aplicable sobre la base del decreto 1694/09, ¿qué sentido tendría una actualización semestral de las fórmulas? ¿Cómo sería esta actualización sobre las fórmulas?, la actualización solo puede hacerse sobre aquello que es estático e inamovible.El legislador ha querido establecer una forma automática de mantener actuales los pisos y los pagos adicionales, los que en caso de seguir sujetos a un decreto del PEN, sufrirían un retraso incompatible con las necesidades del trabajador incapacitado.

La parte actora plantea la inconstitucionalidad del decreto reglamentario, afirmando que el PEN ha excedido sus facultades constitucionales. El decreto 472/14, reglamentario de la ley 26773 expresamente dispone: «Determínase que sólo las compensaciones adicionales de pago único, incorporadas al art. 11 de la ley N° 24557, sus modificatorias, y los pisos mínimos establecidos en el decreto N° 1694/09, se deben incrementar conforme la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), desde el 1° de enero de 2010 hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley n° 26773.».

La potestad reglamentaria es la facultad constitucional que se le atribuye al PEN de manera permanente para expedir un conjunto de disposiciones jurídicas de carácter general y abstracto para la debida ejecución de la ley, a través de las cuales desarrolla las reglas y principios en ella fijados y la completa en aquellos detalles y pormenores necesarios que permiten su aplicación, pero que en ningún caso puede modificar, ampliar o restringir en cuanto a su contenido o alcance. Es decir, que existe exceso reglamentario cuando el PEN intenta de modificar la ley o alterar su espíritu al reglamentarla, arrogándose funciones legislativas de las que carece (art. 99 inc. 3 de la CN). La constitución sanciona este exceso con la nulidad absoluta e insalvable de norma haciéndose efectivo a través el control difuso de constitucionalidad ejercido por el Poder Judicial.

En este caso concreto, el decreto no peca de excesivo, muy por el contrario, en lo referido a las indemnizaciones, no hace más que aplicar lo que la norma ya decía en su art. 8. En virtud de ello, no advierto que exista la inconstitucionalidad sostenida por la actora, debiendo rechazarse la misma.4.- Cálculo de la indemnización

Respecto del monto de condena este debe calcularse teniendo en cuenta resolución N°34/2013 dictada por la Secretaria de Seguridad Social del MTESS de la Nación y comparar si la base supera o no la fórmula del art. 14 de la LRT.

El art. 4 de la resolución mencionada dispone:

«Establécese que la indemnización que corresponda por aplicación del artículo 14, inciso 2, apartados a) y b), de la Ley Nº 24.557 y sus modificatorias, no podrá ser inferior a lo siguiente:. a) Para el período comprendido entre el 26/10/2012 y el 28/02/2013 inclusive, al monto que resulte de multiplicar PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA ($ 369.630) por el porcentaje de incapacidad.».

Fórmula art. 14 de la LRT: 53 x 13,50% x 1,25 (65/51) x $4.642,85= $41.524,48. (IBM se agrega su cálculo como anexo).

Base mínima según resolución vigente al momento de la primera manifestación invalidante (34/2013): $49.900 ($369.630 x 13.5%)

Conforme surge de esta comparación debe tomarse la base fijada por la resolución sumándose el 20% previsto por el art. 3 de la ley 26773, al tratarse de un accidente ocurrido en ocasión del trabajo y no in itinere (20% x 49.900= $9.980,01).

Por lo tanto, corresponde admitir la demanda condenando a La Segunda ART SA a pagar al Sr. R.J. O. la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE OCHOCIENTOS OCHENTA CON 01/100 ($59.880,01) en concepto de herida cortante y/o contusa en zona pilosa de cuero cabelludo con cicatriz descubierta 1% y cervicobraquialgia postraumática y cervicocefalalgias 10%, sumando los factores de ponderación el actor padece de un 13,50% de IPP.Así voto.

A la tercera cuestión el Dr. Alfredo Milutin dijo:

Intereses.

Conforme lo dispone el art. 82 del CPL la sentencia debe contener expresa mención de los intereses aplicables al capital de condena.Los intereses legales correrán a partir del 13 de diciembre de 2012, aplicándose la tasa prevista por resolución de la SRT 414/99.

Las costas del proceso.

Las costas se imponen a la demandada vencida en autos (artículos 31 del C.P.L. y arts. 35 y 36 del C.P.C. -de aplicación supletoria en el proceso laboral en virtud de lo dispuesto por el artículo 108 del CPL). Así voto.

Con lo que se da por terminado el acto, pasando a dictar sentencia, la que a continuación se inserta.

Mendoza, 30 de septiembre de 2015.

Y vistos: Esta Sala Unipersonal del Tribunal (ley 7062)

Resuelve:

I.- Rechazar el planteo de inconstitucionalidad del decreto 472/14.

II.- Admitir la demanda condenando a La Segunda ART SA a pagar al Sr. R.J. O. la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE OCHOCIENTOS OCHENTA CON 01/100 ($59.880,01) en concepto de herida co rtante y/o contusa en zona pilosa de cuero cabelludo con cicatriz descubierta 1% y cervicobraquialgia postraumática y cervicocefalalgias 10%, sumando los factores de ponderación el actor padece de un 13,50% de IPP

III.- Pase a Contaduría de Cámaras a fin que se practique liquidación y diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad, teniendo presente lo dispuesto por el art. 277 de la LCT respecto de la limitación de las costas.

IV.- Emplazar a la condenada en costas para que dentro del término de DIEZ DIAS de quedar firme la presente sentencia, abone en autos los aportes correspondientes a DERECHO FIJO Y APORTES LEY 5059 y en TREINTA DÍAS para que abone la TASA DE JUSTICIA bajo apercibimiento de ley.

V.- Notifíquese a la Dirección General de Rentas de la Provincia, Colegio de Abogados y Caja Forense.

REGISTRESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

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