fbpx

Suspensión provisoria del acuerdo asambleario que aprobó los estados contables de la sociedad demandada, al reconocer ésta la existencia de atrasos contables y la pérdida de información social.

CalculadoraImpuestosPartes: Geuna Edgardo Daniel c/ Ranchos S.A. s/ medida precautoria

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: D

Fecha: 29-oct-2015

Cita: MJ-JU-M-95569-AR | MJJ95569 | MJJ95569

Suspensión provisoria del acuerdo asambleario que aprobó los estados contables de la sociedad demandada, al reconocer ésta la existencia de atrasos contables y la pérdida de información social.

Sumario:

1.-La suspensión de las decisiones asamblearias se condiciona a la existencia de motivos graves y a la posibilidad de que se consumen hechos que causen perjuicios irreparables y tales motivos deben ponderarse en función no sólo del perjuicio que podría ocasionarse a terceros, sino fundamentalmente al interés societario, que predomina sobre el particular del impugnante.

2.-Aún cuando las irregularidades denunciadas por el actor como fundamento de su demanda nulificatoria consistieron en: (i) la existencia de irregularidades en la consideración de los balances -los cuales además contienen errores y omisiones-, (ii) se violó su derecho de información, como así también el de la interventora judicial designada en la sociedad, (iii) se aprobaron balances falsos y sin mediar suficiente debate sobre su contenido, (iv) se confeccionó la contabilidad de manera ilegal y, (v) se transgredieron normas atinentes a la gestión del directorio y la distribución de dividendos, entre otros aspectos, si bien tales afirmaciones deban ser debidamente acreditadas en la oportunidad legal correspondiente, ellas pueden ser consideradas para analizar la eventual procedencia de la medida solicitada.

3.-Los hechos tenidos como prima facie acreditados por el juez de primera instancia deben ser desvirtuados por quien apela. Mas ello, como hemos visto hasta aquí, no sucedió.

4.-Corresponde declarar procedente la suspensión provisoria del acuerdo asambleario que aprobó los estados contables de la sociedad demandada, cuando ésta reconoció la existencia de atrasos contables y la pérdida de información social y, además, admitió que existieron ciertas (aunque a su criterio irrelevantes) demoras en la confección y presentación de algunos balances. Ello, independientemente de la justificación ensayada por la recurrente (alusiva a la actividad en competencia del actor y al escaso retraso contable), resulta suficiente para confirmar el decisorio apelado, en tanto los presupuestos de hecho tenidos en cuenta por la Jueza a quo para fallar como lo hizo, se encuentran prima facie acreditados (art. 386 , CPCCN.). N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 29 de octubre de 2015.

1. Ranchos S.A. apeló el pronunciamiento dictado en fs. 177/186, por el que la Jueza a quo admitió la pretensión cautelar de fs. 151/176 y suspendió provisoriamente ciertas decisiones sociales adoptadas en la asamblea celebrada el día 19.5.15 (puntos 2°, 3°, 4°, 5° y 6° del orden del día).

El memorial obrante en fs. 207/214 fue contestado en fs. 231/246 por el pretensor.

En prieta síntesis, la recurrente se agravia porque considera que: (i) la magistrada anterior entendió equivocadamente que el derecho de información del actor fue menoscabado, (ii) los balances aprobados en el acto asambleario no son falsos ni contienen irregularidades, (iii) ciertos hechos en los que la Jueza a quo basó su decisión son falaces e irrelevantes, (iv) no se acreditó la verosimilitud del derecho ni el peligro grave para la sociedad y, (v) algunas decisiones suspendidas provisoriamente ya fueron ejecutadas.

2. Por las razones que a continuación se expondrán, la pretensión recursiva sub examine no será admitida.

(a) Las decisiones asamblearias cuya suspensión preventiva se pretende conciernen a la aprobación de la contabilidad prevista en el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550 (ejercicios cerrados el 31.12.13 y 31.12.14), a la distribución de dividendos, a la remuneración del directorio en exceso de las previsiones del art. 261 de aquella ley, a la convalidación de la gestión del directorio y a la

consideración de la tardanza en la convocatoria a asamblea (v. acta copiada en fs. 37/47).

(b) Sentado ello, corresponde recordar que la suspensión de las decisiones asamblearias se condiciona a la existencia de motivos graves y a la posibilidad de que se consumen hechos que causen perjuicios irreparables (esta Sala, 8.4.08, «Maya, Antonio José c/Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento S.A. s/medida precautoria»; Sala B, 31.10.83, «Milrud, Mario c/The American Rubber Co.S.R.L.»; entre muchos otros).

Tales motivos deben ponderarse en función no sólo del perjuicio que podría ocasionarse a terceros, sino fundamentalmente al interés societario, que predomina sobre el particular del impugnante (esta Sala, 6.11.13, «Matu, Gabriela Rosana c/Inworx Argentina S.A. s/ordinario s/incidente de apelación art. 250 Cpr.»; Sala C, 12.6.92, «Mues, Cesario c/Rin Riv s/sumario»).

(c) De acuerdo con lo anterior cabe precisar que, como fundamento de su pretensión, el actor adujo -suscintamente- que: (i) existieron irregularidades en la consideración de los balances -los cuales además contienen errores y omisiones-, (ii) se violó su derecho de información, como así también el de la interventora judicial designada en la sociedad, (iii) se aprobaron balances falsos y sin mediar suficiente debate sobre su contenido, (iv) se confeccionó la contabilidad de manera ilegal y, (v) se transgredieron normas atinentes a la gestión del directorio y la distribución de dividendos, entre otros aspectos.

Ahora bien: aunque tales afirmaciones deban ser debidamente acreditadas en la oportunidad legal correspondiente, ellas pueden ser consideradas para analizar la eventual procedencia de la medida solicitada (art. 252, ley 19.550; esta Sala, 18.3.13, «Faggioni, Rubén B. y otro c/Uniquim

S.R.L. s/ordinario s/inc. de apelación art. 250 Cpr.» ).

Así, cabe poner de relieve que varios de los fundamentos expuestos por la Jueza a quo para admitir la pretensión cautelar no han sido objeto de reproches conducentes.

Nótese por ejemplo que la magistrada anterior valoró especialmente el hecho de que existe un serio y prolongado conflicto societario entre las partes (fs. 180/181) y que, además, ello motivió la intervención judicial de la socidad en diversos grados, marco en el cual se denunció reiteradamente que a la interventora designada no se le entregó íntegra y tempestivamente la información requerida (fs.181/183).

Y si a ello se suma que la mayor parte del sustento argumental de los agravios de la apelante finca en las mendacidades y errores que atribuye a los informes de la interventora judicial (v. fs. 63/73), parece claro que la versión del pretensor -en tanto alude a que se cercenó su derecho de información y acceso a los libros contables y se abusó de su condición de socio minoritario reiteradamente- guarda un apriorístico (pero adecuado) respaldo fáctico en la causa. Ello, desde luego, teniendo en cuenta el estado incipiente de las actuaciones y al margen de lo que pueda resolverse con ulterioridad.

(d) Cabe recordar entonces que, tal como se expresó en la causa iniciada por el aquí actor contra la misma demandada («Geuna, Edgardo Daniel c/Ranchos S.A. y otros s/medida precautoria s/incidente art. 250», con fallo de esta Sala del 26.2.15) los hechos tenidos como prima facie acreditados por el juez de primera instancia deben ser desvirtuados por quien apela. Mas ello, como hemos visto hasta aquí, no sucedió (esta Sala, 25.8.15, «Geuna, Edgardo Daniel c/Ranchos S.A. y otros s/ordinario s/incidente art. 250 Cpr.» ).

En efecto: la sociedad demandada reconoció la existencia de atrasos contables y la pérdida de información social (v. fs. 46/47) y, además, admitió que existieron ciertas (aunque a su criterio irrelevantes) demoras en la confección y presentación de algunos balances. Ello, independientemente de la justificación ensayada por la recurrente (alusiva a la actividad en competencia del actor y al escaso retraso contable), resulta suficiente para confirmar el decisorio apelado, en tanto los presupuestos de hecho tenidos en cuenta por la Jueza a quo para fallar como lo hizo, se encuentran prima facie acreditados (art.386, Cpr.).

(e) Situados en tal escenario, y más allá de la decisión que pueda tomarse si las circunstancias de hecho o derecho varían con posterioridad, es claro que el temperamento adoptado por la magistrada de primer grado resultó atinado; sin que quepa, por ende, indagar acerca de la supuestamente consumada ejecución de ciertas decisiones adoptadas en la asamblea cuestionada, pues ello no guarda específica relación con el recurso sub examine y podrá ser, en su caso y demostrado el gravamen pertinente, planteado ante la jueza de primera instancia en la oportunidad correspondiente (esta Sala, 26.2.15, «Geuna, Edgardo Daniel c/Ranchos S.A. y otros s/medida precautoria s/incidente art. 250»; 25.8.15, «Geuna, Edgardo Daniel c/Ranchos S.A. y otros s/ordinario s/incidente art. 250 Cpr.»).

(f) Por lo hasta aquí expuesto, analizada la plataforma fáctica del caso con la estrechez propia de todo conocimiento cautelar y sin que este pronunciamiento signifique en modo alguno anticipar opinión sobre las pretensiones de fondo, corresponde confirmar la resolución recurrida.

3. Por lo anteriormente expuesto, se RESUELVE:

Desestimar la pretensión recursiva de fs. 207/214 y confirmar el pronunciamiento apelado en cuanto fue materia de agravios, con costas a la vencida (arts. 68/69, Cpr.).

4. Cúmplase con la comunicación ordenada por la Corte Suprema (ley 26.856 y Acordadas 15 y 24/13) y devuélvase el expediente, confiándose a la Jueza a quo las diligencias ulteriores (art. 36:1°, Cpr.) y las notificaciones pertinentes. Es copia fiel de fs. 251/252.

Gerardo G. Vassallo

Pablo D. Heredia

Juan José Dieuzeide

Pablo D. Frick

Prosecretario de Cámara

A %d blogueros les gusta esto: