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Responsabilidad del administrador quien alquiló a terceros el inmueble propiedad de la sociedad.

contrato-alquiler-o-ventaPartes: Kevican S.A. c/ Toscani Carlos Antonio s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: A

Fecha: 10-nov-2015

Cita: MJ-JU-M-95757-AR | MJJ95757 | MJJ95757

Si la sociedad actora tenía según su estatuto social la posibilidad de alquilar a terceros el inmueble que el demandado dio ilícitamente en pago de una deuda propia, debe interpretarse que corresponde hacer lugar a la indemnización pretendida.

Sumario:

1.-El administrador societario que abusa de los bienes sociales está obligado a indemnizar a la sociedad víctima la privación de los beneficios que la explotación de aquellos le pudo haber deparado.

2.-El administrador societario abusivo es responsable por el lucro cesante representado por la pérdida del valor locativo del inmueble que pertenece a la sociedad.

3.-Si en el caso, la sociedad actora tenía, según su estatuto social, la posibilidad de alquilar a terceros el inmueble que el demandado dio ilícitamente en pago de una deuda propia, por consiguiente, debe interpretarse que corresponde hacer lugar a la indemnización pretendida, pues al reclamarse el lucro cesante, sólo basta la posibilidad cierta y objetiva de que el propietario hubiera obtenido ganancias, las que fueron frustradas por el referido ilícito, no siendo necesaria la prueba de un concreto alquiler, pues la indisponibilidad es suficiente evidencia del perjuicio causado. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a 10 de noviembre de 2015, se reúnen los Señores Jueces de la Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa «KEVICAN S.A. c/ TOSCANI CARLOS ANTONIO s/ ORDINARIO», registro n° 7796/2010, procedente del JUZGADO N° 5 del fuero (SECRETARIA N° 10), en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden, Doctores: Heredia, Dieuzeide, Vassallo.

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara, doctor Heredia dijo:

1º) La sentencia de primera instancia -dictada a fs. 883/894- declaró que, en los términos del art. 1102 del Código Civil de 1869, hacía cosa juzgada en el sub lite la condena a un año de prisión dictada en sede penal respecto del señor Carlos A. Toscani por el delito de defraudación por administración fraudulenta, en concurso ideal con uso de documento privado falso, en perjuicio de Kevican S.A., al haber dado en pago para saldar una deuda personal el único inmueble que pertenecía a dicha sociedad sin el consentimiento de sus órganos de gobierno y/o administración.

A la luz de lo anterior, y considerando el fallo que el señor Carlos A. Toscani había incurrido en la apuntada conducta delictiva valiéndose de su condición de director de Kevican S.A., juzgó comprometida su responsabilidad civil de acuerdo a lo previsto por los arts. 59 y 274 de la ley 19559, condenándolo a indemnizar el valor del inmueble referido (U$S 3.980.000) más intereses a la tasa del 15% anual contabilizados desde la fecha en que se produjo su dación en pago. Rechazó, en cambio, el resarcimiento del lucro cesante que había reclamado la actora en su demanda.Las costas fueron íntegramente impuestas al demandado.

2º) Contra la reseñada decisión apelaron Kevican S.A., el demandado Carlos A. Toscani y la sindicatura designada en la quiebra de este último (fs. 897, 909 y 990).

La actora expresó agravios a fs. 975/979.

El demandado Toscani presentó el memorial de fs. 981/985, cuyo traslado contestó la demandante en fs. 999/1004.

La referida sindicatura fundó su recurso a fs. 1006/1007, recibiendo la respuesta de la actora de fs. 1012/1014.

Existen, además, recursos contra los honorarios profesionales (fs. 895 y 915).

3º) Carlos A. Toscani fue declarado rebelde a fs. 658, decisión que quedó firme al decretarse la caducidad de la instancia del incidente de nulidad que promoviera contra la notificación de la demanda que se le cursó según cédula de fs. 650 (véase decisiones de fs. 737/739 y 755).

De tal suerte, no habiendo el nombrado contestado la demanda en tiempo y forma, su comparecencia posterior no le permite oponer defensas que sólo estuvo facultado para plantear en dicho acto procesal (conf. Morello, A. y otros, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, comentados y anotados, La Plata-Buenos Airesm 1985, t. II-B, p. 42). Ello quiere decir, por cuanto aquí interesa, que el señor Toscani debe asumir el procedimiento, después de su presentación en juicio, en el estado en que se encuentra, in statu et terminis (conf. CNCiv. Sala G, 31/8/89, ED 187-557; Palacio, L., Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, 1972, t. IV, p. 213, texto y nota nº 64; Higthon, E. y Areán, B., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, concordado con los códigos provinciales – análisis doctrinal y jurisprudencial, Buenos Aires, 2004, t. 2, ps. 33/34; Fenochietto, E. y Arazi, R., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, Buenos Aires, 1, p.273; Fassi, S., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado, Buenos Aires, 1978, t. I, p. 263, nº 617, texto y nota nº 1); extremo que, obviamente, se extiende no solo a sus presentaciones efectuadas en primera instancia, sino también ante esta alzada con ocasión del recurso de apelación que se examina (conf. CNCom. Sala D, 20/10/2003, DJ 3004-I, p. 731; íd. Sala D, 30/4/2013, «Gire S.A. c/ Cobilbao S.A. y otros s/ ordinario»).

Bajo ese entendimiento, sus quejas planteadas en el memorial de fs. 981/982 referentes a la no subsistencia -al tiempo de promoverse la demanda- de la representación que por la sociedad actora invocó la señora María de las Victorias Claudia Toscanini en fs. 4 y con ocasión de conferir el poder de fs. 632/633, no pueden ser atendidas por esta alzada.

Admitir otra cosa, implicaría alterar los términos de la relación procesal, extremo que en situaciones como la de autos veda expresamente el art. 64 del Código Procesal, al decir que la comparecencia del rebelde no puede en ningún caso retrogradar el procedimiento (conf. CNCom. Sala D, 30/4/2013, «Gire S.A. c/ Cobilbao S.A. y otros s/ ordinario»; id. Sala A, 29/10/82, «Notabil S.A. c/ Carlos J. Domingo»).

Por ello, la apelación del demandado Carlos A. Toscani, debe ser rechazada, con costas a su cargo (art. 68, primera parte, del Código Procesal).

4º) Los cinco primeros agravios de la parte actora se refieren, en realidad, a un mismo aspecto: el rechazo de la indemnización por lucro cesante.

Los examinaré, pues, como uno sólo.

En su demanda la parte actora dijo reclamar el lucro cesante derivado del acto ilícito de su adversario (fs. 4 y 14) y refirió que el inmueble dado en pago era el único bien social que poseía y explotaba (fs.14 y 19). No precisó en el escrito inaugural el alcance específico de lo pretendido, limitándose a señalar que estaría a lo que resultase de la prueba (fs. 14). Fue recién al alegar que, finalmente, precisó su reclamo en la renta anual devengada a partir del 20/11/2003 (fs. 875 vta.).

A diferencia de lo que entendió el respetado juez de primera instancia, considero que este pretensión indemnizatoria debe admitirse.

Ello es así, pues el administrador societario que abusa de los bienes sociales está obligado a indemnizar a la sociedad víctima la privación de los beneficios que la explotación de aquellos le pudo haber deparado (conf. Médina, Annie, Abus de biens sociaux, Dalloz, Paris, 2001, p. 335, nº 8.212).

En tal sentido, este tribunal ha admitido que el administrador societario abusivo es responsable por el lucro cesante representado por la pérdida del valor locativo del inmueble que pertenece a la sociedad (conf. esta Sala, 5/11/2008, «Simancas, María Angélica c/ Crosby, Ronald y otros s/ ordinario», considerando 8º, voto del suscripto).

En el caso, la sociedad actora tenía, según su estatuto social, la posibilidad de alquilar a terceros el inmueble que el demandado dio ilícitamente en pago de una deuda propia (fs. 614).

Por consiguiente, interpreto que corresponde admitir el agravio y hacer lugar a la indemnización pretendida, pues al reclamarse el lucro cesante, sólo basta la posibilidad cierta y objetiva de que el propietario hubiera obtenido ganancias, las que fueron frustradas por el referido ilícito, no siendo necesaria la prueba de un concreto alquiler, pues la indisponibilidad es suficiente evidencia del perjuicio causado (esta Sala, 14/12/12, «Consorcio de Copropietarios de la calle Alsina 1290 c/ Telecom Personal S.A. y otros s/ ordinario» , voto del juez Vassallo y su cita de la CNEsp. Civil y Com., Sala III, 12.2.1981, «Mantykow, José c/ Lamattina, Francisco»).

Respecto del quantum de la reparación, entiendo que el valor locativo indicado por la recurrente (fs.975), si bien constituye un elemento a ser merituado, no representa sin embargo un parámetro rígido, puesto que el lucro cesante real es hipótetico y sujeto a que en el periodo de indisponibilidad se hubiera obtenido en forma inmediata y constante la rentabilidad del bien, lo que bien pudo no ser así (conf. CNCom. Sala E, 12/2/1987, «Gobur S.R.L., Burak, L. y Gottlieb, L. s/ quiebra s/ incidente de verificación por Rosenman»).

Así pues, ponderando las constancias de fs. 815/849 y 858/861, pero teniendo especialmente en cuenta un valor locativo estimado del 1% anual calculado sobre la tasación del inmueble admitida por la sentencia recurrida, así como la ubicación del bien, su destino comercial, y el lapso que corre entre la fecha de la dación en pago (27/11/2003, fs. 130) hasta la de la sentencia de quiebra del demandado (14/5/2009, fs. 714; arg. art. 125 de la ley 24.522), juzgo adecuado fijar prudencialmente el resarcimiento por lucro cesante en la suma de U$S 150.000 (art. 165, tercer párrafo, del Código Procesal).

Esta última cantidad devengará intereses entre las fechas precedentemente indicadas a la tasa que se indica en el considerando siguiente, debiendo aplicarse a partir de la sentencia de quiebra del demandado las normas de la ley 24.522 que fueran pertinentes.

5º) Agravia a la sindicatura designada en el juicio de quiebra del demandado, que el juez a quo hubiera fijado una tasa de interés del 15% anual. Sostiene que tal tasa es excesiva tratándose de sumas expresadas en dólares estadounidenses y que, por ello, corresponde su reducción a la del 6% anual.

La queja es procedente pero no con el alcance pretendido.

En efecto, tratándose de una deuda en dólares estadounidenses esta Sala ha juzgado prudente fijar esos réditos en una tasa pura anual del 8 % por todo concepto (9/11/10, «Calandrelli, Haydee Celina c/ Tarulla, Jorge s/ ejecutivo «; 25/6/2013, «Astilleros Vicente Forte S.A.M.C.I.c/ Padilla, Ángel Cruz s/ ejecutivo»).

6º) Como sexto agravio, la apoderada de la parte actora funda el recurso que, en el mismo carácter, interpuso a fs. 895 contra los honorarios regulados, por considerarlo bajos.

En rigor, la citada apoderada, en cuanto tal, solamente puede apelar el monto de los estipendios por altos, pudiendo hacerlo por bajo solamente por derecho propio.

Sin perjuicio de ello, no es ocioso recordar que el recurso por el monto de los honorari os, aun cuando estos últimos formen parte de la sentencia definitiva, se encuentra regulado por el art. 244, segundo párrafo, del Código Procesal. Tal norma establece, en efecto, un recurso referente a los estipendios profesionales de características singulares, tanto por el trámite a seguir como por sus modalidades (conf. Rivas, A., Tratado de los recursos ordinarios, Buenos Aires, 1991, t. 2, ps. 603/604, n° 273), el que para tenerlo por interpuesto, es suficiente manifestar que se apela el honorario por alto o por bajo (conf. CNFed. Cont. Adm. Sala I, 12/6/79, «Gobierno Nacional c/ Sudar, Alejandro», LL 1979-C, p. 317; Rivas, A., ob. cit., t. 2, p. 604). En su caso, de conformidad con lo expresamente normado por tal precepto introducido por la reforma aprobada por la ley 22.434, aunque la fundamentación de los recursos concedidos contra las regulaciones de honorarios resulta facultativa para el recurrente, si decide presentarla deberá ella necesariamente tener lugar dentro del plazo establecido en la norma legal citada (conf. CNCom. Sala D, 9/3/83, «Cabaña El Sosiego S.A.»; íd. Sala D, 23/5/08, «Lagarcue S.A. c/ Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. s/ inc. de medidas cautelares s/ inc. transitorio» ; íd. sala D 31/3/2008, «Cablevision S.A. s/ acuerdo preventivo extrajudicial»; íd. Sala E, 28/8/05, «Julián Migueles S.A. c/ Sánchez, Raúl s/ ordinario!; íd.Sala E, 5/7/01, «Osella, Julio Argentino c/ Osella, Luis y otro s/ beneficio de litigar sin gastos»). Adviértase, al respecto, que el plazo de cinco días está previsto tanto para la interposición del recurso como para la formulación de las razones que sustentan los agravios, de modo que la impugnación y su fundamentación pueden realizarse en un solo escrito o en dos, a condición de que todo ello se verifique inexorablemente dentro de los cinco días contados desde la notificación de la regulación (conf. Fenochietto, E. y Arazi, R., ob. cit., t. 1, p. 874, n° 3; Highton, E. y Areán, B., ob. cit., t. 4, ps. 851/852, n° 5; CNFed. Cont. Adm., Sala I, 6/10/98, «Ford Carlos Enrique y otro c/ Estado Nacional – Ministerio de Salud y Acción Social- s/ contrato administrativo»; íd. Sala I, 10/9/99, «Zimmerman Alberto y otros c/ Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación s/ empleo público»). En la especie, sin embargo, los agravios contra los honorarios regulados recién se presentaron en la oportunidad regulada por el art. 259 del Código Procesal (fs. 978 y vta.), esto es, cuando ya había largamente vencido el plazo del art. 244, segunda parte, del mismo cuerpo legal, contado desde la notificación de fs. 908 vta.

Así las cosas, no corresponde examinar el agravio de que se trata, sin perjuicio de que al finalizar el acuerdo se proceda de acuerdo a lo previsto por el art. 279 del Código Procesal.

7º) Solicita la actora que se sancione al demandado y a su letrado de acuerdo a lo previsto por el art. 45 del Código Procesal, en razón de haber invocado institutos jurídicos que ninguna relación tenían con el caso (fs, 1003 vta.).

El requerimiento no puede prosperar pues la conducta que sanciona el art. 45 de la ley adjetiva no se configura por el hecho de haber interpuesto el contendiente defensas que, en definitiva, resultan rechazadas (conf. Highton, E. y Areán, B., ob.cit., t. 1, p. 767).

8º) Por lo expuesto, propongo al acuerdo: a) confirmar la sentencia recurrida en lo principal que resolvió; b) revocarla en cuanto negó el resarcimiento del lucro cesante, el que debe admitirse por la suma de U$S 150.000, con más los intereses fijados en el considerando 4º; c) modificar el fallo apelado estableciendo como tasa de interés aplicable la del 8% anual, con el alcance definido en el considerando 5º. Las costas de la instancia de revisión se imponen: a) en el recurso de la actora, al demandado pues si bien guardó silencio frente al traslado de fs. 989, la apelación de aquella fue necesaria hacer reconocer su derecho de manera integral; b) en el recurso del demandado a él; y c) en el recurso de la sindicatura, por su orden pues lo atinente a la fijación de la tasa de interés en obligaciones en moneda que no es de curso legal tiene respuestas encontradas en la jurisprudencia (arts. 68 y 279 del Código Procesal).

Así voto.

El señor Juez de Cámara, doctor Dieuzeide dice:

Que adhiere a los fundamentos y conclusión del señor juez preopinante, excepto en el punto sexto de sus considerandos, puesto que considera que el recurso de apelación concedido libremente contra una sentencia que impone costas y regula honorarios incluye su importe, y que es válido fundarlo de acuerdo con el trámite impreso al recurso (conf. mi voto en «Servibroker S.A. c/ Interdonet Argentina S.A.» , CNCom.esta Sala, 6.2.2012).

El señor Juez de Cámara, doctor Vassallo adhiere al voto del doctor Heredia.

Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan:

(a) Confirmar la sentencia recurrida en lo principal que resolvió; revocarla en cuanto negó el resarcimiento del lucro cesante, el que se admite por la suma de U$S 150.000, con más los intereses fijados en el considerando 4º; y modificar el fallo apelado estableciendo como tasa de interés aplicable la del 8% anual, con el alcance definido en el considerando 5º.

(b) Imponer las costas de la instancia de revisión del siguiente modo:

i) en el recurso de la actora, al demandado pues si bien guardó silencio frente al traslado de fs. 989, la apelación de aquella fue necesaria hacer reconocer su derecho de manera integral; ii) en el recurso del demandado a él; y iii) en el recurso de la sindicatura, por su orden pues lo atinente a la fijación de la tasa de interés en obligaciones en moneda que no es de curso legal tiene respuestas encontradas en la jurisprudencia (arts. 68 y 279 del Código Procesal).

(c) En base a lo resuelto, corresponde en virtud del art. 279 del Código Procesal fijar los estipendios por las labores desarrolladas en el marco de este proceso.

Para ello, resulta pertinente recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso «Provincia de Santa Cruz c/ Nación Argentina» (Fallos, 320:495), sostuvo que la retribución profesional no debe calcularse con una mecánica aplicación sobre la base patrimonial considerada de los porcentajes arancelarios, pues cuando el caso exhibe una significación patrimonial genuinamente de excepción no es constitucionalmente válido estimar los emolumentos con una mera remisión a las fórmulas aritméticas de los aranceles; y que, tratándose de trabajos profesionales, debe verificarse una inescindible compatibilización entre los montos de las retribuciones y el mérito, novedad, eficacia e, inclusive, implicancia institucional, del aporte realizado por esas labores.Agregando, más adelante en dicho precedente, que si bien los honorarios están dados por el Fecha de firmap: r10in/1c1/i2p01i5o de onerosidad, esa condición no admite apegarse a las escalas de los aranceles, pues para alcanzar la justa retribución que reconoce la Carta Magna deben conciliarse el interés del profesional con el derecho (de igual grado) que asiste al deudor de no ser privado ilegítimamente de su propiedad al verse obligados a afrontar -con su patrimonio- honorarios exorbitantes.

En definitiva, concluye la Corte (con cita de otros precedentes, Fallos: 257:142; 296:126; y 302:534) que cuando el monto del juicio sea de una magnitud excepcional debe ponderarse también la índole y extensión de la labor profesional cumplida en la causa, para así acordar una solución justa y mesurada, pues la regulación no depende exclusivamente de esa base -o, en su caso, de las escalas pertinentes- sino de todo un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos, que puedan ser evaluadas por los jueces -en situaciones extremas- con un razonable margen de discrecionalidad, entre las que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, el mérito de la causa, la calidad, eficacia y extensión del trabajo. Vale señalar, además, que -en lo que constituye una de sus originalidades – la ley 24.432 impuso como deber normativo a los magistrados de verificar, en oportunidad de estimar la retribución profesional y en función de los parámetros enunciados en su preceptiva (vgr., monto del proceso; aplicación de los porcentajes legales; y naturaleza, tiempo calidad y resultado de las tareas desarrolladas), que los honorarios siempre sean proporcionales (art. 13).

Es que según el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo Nacional, el proyecto estaba destinado a «. propender una disminución general del costo de los procesos judiciales, moderando prudentemente los niveles de retribuciones tanto de los letrados como de los restantes auxiliares de la justicia.» («Antecedentes Parlamentarios», LL, t. 1995, p.212).

Sentado ello -y en función de las premisas reseñadas- entiende la Sala que en el sub examine concurren circunstancias excepcionales que autorizan la aplicación al caso del criterio ut supra expuesto por la Corte Suprema y del mecanismo previsto en el art. 13 de la ley 24.432.

En esas condiciones, interpreta este Tribunal que deben utilizarse

parámetros que permitan alcanzar una decisión justa y equilibrada, esto es, una solución que contemple -por un lado- una adecuada retribución de los servicios prestados por los profesionales intervinientes, atendiendo al carácter alimentario que ostentan los honorarios; y -por el otro- el impacto patrimonial que traería aparejado una exorbitante condena en costas, pues – como se indicó- los jueces no pueden desentenderse de las consecuencias que tienen sus actos jurisdiccionales en la situación económica de las partes.

Sobre tales bases, ponderando las tareas realizadas, el interés económico comprometido en la totalidad de la litis, calidad de los trabajos y éxito obtenido, así como las etapas procesales efectivamente cumplidas, fíjanse -en los términos del art. 279 del Código Procesal- los honorarios de los distintos profesionales en las siguientes suma s: en ($.) el de la letrada apoderada de la parte actora demandada, Claudia Esther Raisberg; en ($.), el del letrado patrocinante de la demandada, Valentín Enrique Fiocca; y en ($.) el del perito tasador, Guido Friz (arts. 6, 7, 9, 19, 37 y 38 de la ley 21.839 y art. 13 de la ley 24.432; art. 478 del Código Procesal).

Notifíquese y una vez vencido el plazo del art. 257 del Código Procesal, devuélvase la causa al Juzgado de origen.

Cúmplase con la comunicación ordenada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15/13 y 24/13).

Gerardo G. Vassallo

Pablo D. Heredia

Juan José Dieuzeide

Julio Federico Passarón

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