No son válidas las grabaciones llevadas a cabo por los querellantes en las que la empleada doméstica imputada reconoce la comisión del hurto atribuido.

camara seguridadPartes: P. S. N. s/ sobreseimiento – hurto calificado. Inst. 11/133

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 26-oct-2015

Cita: MJ-JU-M-95629-AR | MJJ95629 | MJJ95629

Imposibilidad de considerar como prueba válida las filmaciones y grabaciones llevadas a cabo por los querellantes en las que la empleada doméstica imputada reconoce la comisión del hurto atribuido, en tanto el interrogatorio fue llevado a cabo en forma hostil.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar el sobreseimiento dispuesto respecto de quien fuera procesada por el delito de hurto presuntamente cometido por la sustracción de bienes mientras se encontraba trabajando como empleada doméstica en la vivienda de los querellantes, pues, en su descargo la imputada expuso que la relación cordial que había mantenido con sus empleadores empeoró cuando éstos se enteraron que estaba embarazada y los registros fílmicos y sonoros obtenidos por los damnificados dejan al descubierto que las manifestaciones de la encartada no han sido realizadas en un marco de libertad o de manera espontánea y por el contrario, fue sometida a un interrogatorio hostil (del voto del Dr. Divito).

2.-Acreditado que el interrogatorio al que fue sometido la imputada por parte de sus empleadores se llevó a cabo en un marco hostil es dable sostener que el reconocimiento que realizó aquella en relación con la comisión del hurto atribuido, no fue formulado de manera libre sino como producto de las conminaciones que en la ocasión le dirigieron los damnificados, cuyo proceder no puede considerarse justificado por el ordenamiento jurídico, de allí que por aplicación de la garantía del debido proceso, se impone excluir del catálogo probatorio a ponderar por el Tribunal las manifestación autoincriminatorias, en aras de resguardar la garantía que contempla el art. 18 de la CN. (del voto del Dr. Divito).

3.-Si bien la realización e incorporación a una causa de grabaciones realizadas por las partes privadas no se encuentran vedadas por el ordenamiento legal vigente, en el caso se advierte la presión que fue ejercida sobre la imputada mientras era grabada y filmada por los damnificados, lo que impide considerar que sus dichos fueron realizados libremente, dado que el interrogatorio dirigido a P. con el objetivo de lograr el reconocimiento de su autoría en el hurto que le fuera imputado, fue además hostil, lo cual, sumado al estado de embarazo que presentaba la nombrada le generó temor y llanto por el carácter intimidante del interrogatorio que se le dirigía, circunstancias todas estas que impiden considerarlo como prueba válida (del voto del Dr. Scotto).

4.-Si bien las grabaciones y filmaciones aportadas por la querella en las que la encartada confesaba haber sustraído los bienes del domicilio de aquellos no pueden ser consideradascomo prueba válida, pues se comprobó que el interrogatorio se llevó a cabo en un marco de cierta hostilidad, corresponde dejar sin efecto el sobreseimiento decretado, pues, de la ampliación de uno de los damnificados surge que antes de efectuarse las grabaciones hubo de mantener una conversación con la imputada en la que le confesó la sustracción y no se cuenta con elementos que lleven a pensar quetal conversación transitó en un plano de hostilidad, completándose el cuadro probatorio con lo dicho por uno de los querellantes en cuanto a la ausencia de los bienes, el dato objetivo de que la imputada trabajaba en la vivienda de los denunciantes, y el aporte de la boleta que acredita el cambio de cerradura de la caja donde aquéllos bienes se guardaban, extremos todos que justifican el llamado a prestar declaración indagatoria de la imputada (del voto en disidencia del Dr. Cicciaro).

Fallo:

Buenos Aires, 23 de octubre de 2015.

Y VISTOS: Se celebró la audiencia prevista por el art. 454 del Código Procesal Penal, a la que concurrieron el Dr. J. J. S. A. por la querella y el Dr. Juan Carlos Seco Pon por la defensa oficial, con motivo de la apelación interpuesta por el primero contra el auto de fs. 113/117, mediante el que se dispuso el sobreseimiento de S. N. P. El juez Mauro A. Divito dijo: Si bien el nombrado S. A. (fs. 1 y 84/85) y su esposa C. B. M. (fs. 5/6, 21 y 79/83) han atribuido a la aquí imputada, que fue su empleada doméstica, la sustracción de bienes que los damnificara -advertida en julio de 2014- y aportaron -en aval de sus dichos- el telegrama de renuncia que P. les envió (fs. 8) y sendas grabaciones (fs. 10 y 59 vta.), tales elementos, bajo las particulares circunstancias que se extraen del sumario, no bastan para tener por conformado el marco de sospecha que contempla el artículo 294 del CPPN. Cabe recordar que P., al presentar su descargo (artículos 73 y 279 del código ritual), expuso que la relación cordial que había mantenido con sus empleadores empeoró cuando éstos se enteraron de su embarazo. Agregó que el 7 de octubre de 2014 la señora M. la interceptó y la conminó a decir que le había sustraído pertenencias, y que luego, junto con S. A., la llevaron hasta el correo, donde le dictaron los términos de la renuncia. Aclaró que su supuesta confesión fue realizada bajo una situación de violencia y que accedió por temor a que algo le pasara a su bebé. Finalmente sostuvo que fue injustamente despedida (fs. 39).

Frente a dichas versiones, decididamente contrapuestas, debe señalarse -ante todo- que al momento del distracto P. se encontraba embarazada, extremo que, en principio, impide desechar la hipótesis que aquélla ensayara.Por otra parte, resulta claro que, en el caso, los elementos de cargo remiten, exclusivamente, a la admisión de responsabilidad que la propia imputada efectuara ante quienes fueran sus empleadores -según éstos lo manifestaron y lo reflejan las grabaciones incorporadas a la causa- y en el telegrama de renuncia que les enviara (cfr. fs. 8).

En ese marco cabe apuntar que si bien, en principio, nada obsta a la incorporación al proceso de registros fílmicos y sonoros obtenidos por los damnificados (cfr., en este sentido, Cámara Federal de Casación Penal, sala IV, “P., D.”, del 7 de septiembre de 1999), en el caso el examen de esas constancias, lejos de robustecer la imputación, no hace más que desdibujarla, pues deja al descubierto que las manifestaciones de P. de ningún modo han sido realizadas en un marco de libertad o de manera espontánea. Por el contrario, de las grabaciones aportadas se extrae que la nombrada fue sometida a un interrogatorio hostil, cuyas características conducen a descartar que hubiera contado, al brindar sus respuestas, con un mínimo margen de autodeterminación. En ese sentido, se advierte claramente en la filmación que P. se hallaba asustada y angustiada, a tal punto que en un momento expuso “me duele mucho la panza” (fs. 27 vta. y 96) -recuérdese que estaba embarazadae incluso lloraba persistentemente (ver las imágenes de fs. 88 y las numerosas menciones al “llanto de S.” en las transcripciones de fs. 97/101). Entre tanto, se aprecia que los denunciantes no solamente la habrían engañado al aseverarle que no la estaban grabando (fs. 27 y 95) y que no harían una denuncia penal (fs. 28, 29, 86, 98 y 101), sino que, principalmente, le dirigieron distintas manifestaciones orientadas, cuanto menos, a atemorizarla (“vamos a hacer una cosa para que no te pase nada” – fs. 86 y 101-; “no me mientas eh! . ¿vos tenés derecho a algo? Yo no te voy a tocar” -fs. 95-; “o uno va preso. o uno va y cuenta.” -fs.96-). Además, dichas grabaciones (“vamos a ir al correo. vas a reconocer en esa carta.” -fs. 86-) y el propio texto del telegrama de renuncia permiten inferir que éste no fue escrito libremente por P., sino que -tal como ésta lo sostuvo- se la obligó a ir al correo y redactarlo. Así se extrae, singularmente, del encabezamiento (“atento el robo ocasionado el mes de junio del año 2014, habiendo sustraído las joyas de la señora.”) y de la mención de que desistía “.de cualquier indipnisación [sic], derecho y acción” -recuérdese que el denunciante es abogado-.

A partir de lo expuesto es dable sostener que el reconocimiento que realizó P. -tanto de manera verbal como por escrito- en relación con la comisión del hurto atribuido, no fue formulado de manera libre sino como producto de las conminaciones que en la ocasión le dirigieron los aquí damnificados, cuyo proceder no puede considerarse justificado por el ordenamiento jurídico. Desde esa perspectiva, parece claro que, pese a que el artículo 18 de la Constitución Nacional establece que “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”, los elementos que la querella pretende hacer valer como prueba de cargo remiten, en definitiva, a las manifestaciones que esa parte logró recabar de la imputada por fuera de la citada garantía. Sobre el punto, la doctrina ha sostenido -con criterio que, en este aspecto, comparto- que un imputado “está protegido por el derecho a no declarar contra sí mismo respecto de todo ingreso de información que él, como sujeto, pueda realizar”, de modo que “nadie puede obligarlo a ingresar información que lo perjudica” (Binder, Alberto M., “Introducción al derecho procesal penal”, 2ª edición actualizada y ampliada, Ad hoc, Buenos Aires, 2005, p.183). Por otra parte, entre los precedentes jurisprudenciales de esta Cámara se registra un supuesto similar al del sub examen en el que la Sala VI confirmó, con invocación de la citada garantía, el sobreseimiento decretado en primera instancia (causa nº 38524, “A., M.”, del 10 de diciembre de 2009). Estas consideraciones me inclinan a considerar que, en el caso, por aplicación de la garantía del debido proceso, se impone excluir del catálogo probatorio a ponderar por el Tribunal las manifestaciones autoincriminatorias -verbales y escritas- que, bajo las circunstancias apuntadas, efectuara P. Tal criterio se ajusta a los lineamientos que, en torno de la garantía que proscribe la autoincriminación forzada, fijara la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al afirmar que el mandato constitucional impide a los jueces apoyar sobre su transgresión una sentencia judicial, pues ello no sólo resultaría contradictorio con el reproche formulado, sino que comprometería la administración de justicia al pretender constituirla en beneficiaria de un ilícito (Fallos, 303:1938; “M., L. B.”). Con independencia de que en ese precedente se trató de un indebido interrogatorio efectuado por personal policial, es dable entender que el fundamento citado resulta aplicable al supuesto del sub examen -en el que las manifestaciones cuestionadas han sido recabadas por particulares-, máxime si se pondera mutatis mutandis que la propia Corte ha interpretado, aunque en relación con la garantía de la inviolabilidad del domicilio, que ésta resulta “oponible a cualquier extraño, sea particular o funcionario público” (Fallos, 306:1752; “F., D.”), afirmación que ha llevado a la doctrina a estimar que la denominada “regla de exclusión” no queda limitada a las hipótesis de abusos por parte de agentes estatales (Carrió, Alejandro D., en “Garantías constitucionales en el proceso penal”, 6ª edición actualizada y ampliada -con colaboración de Guillermo Garay-, Hammurabi, Buenos Aires, 2014, ps.351/352). En esa misma senda, el Alto Tribunal ha sostenido que si bien es dable presumir que “las garantías constitucionales tuvieron como inmediata finalidad la protección de los derechos esenciales del individuo contra los excesos de la autoridad pública”, no es posible afirmar que tal protección quede “circunscripta a los ataques que provengan sólo de la autoridad” (Fallos, 241:291; “S. R. L. S. K.”). A partir de lo expuesto, puede decirse que si bien la acusación particular ha presentado evidencias de la confesión extrajudicial que obtuvo, en el caso existen razones para sostener que P. fue compelida a efectuarla, extremo que impone excluirla como elemento de cargo, en aras de resguardar la garantía que contempla el art. 18 de la Constitución Nacional en relación con las manifestaciones autoincriminatorias.

Por lo demás, el tenor de las conversaciones que -según se expuso- han quedado registradas en los soportes examinados me lleva, por aplicación de las reglas de la sana crítica, a desechar la posibilidad de que, instantes antes, hubiera mediado una admisión de responsabilidad libre o espontánea por parte de la imputada frente a su empleadora, razón por la cual, en este aspecto, estimo que no es dable sostener la existencia de un cauce independiente de investigación. Así, dado que el recurrente no ha ofrecido otras medidas que pudieran ser de utilidad para la pesquisa y -como se dijo- debe quedar excluida de la valoración del tribunal la admisión de responsabilidad que, en las condiciones explicadas, realizó la propia P., corresponde homologar la resolución recurrida, pues con los elementos restantes no resulta factible tener por conformado un cuadro de cargo que avale, mínimamente, las imputaciones que contra la nombrada dirige la parte querellante.

El juez Mariano A. Scotto dijo:A mi criterio, la realización e incorporación a una causa de grabaciones realizadas por las partes privadas no se encuentran vedadas por el ordenamiento legal vigente, ni se exige para ello una orden judicial previa, en la medida en que no puede asimilarse la calidad de particulares de quienes intervinieron en las conversaciones, con la calidad de funcionarios públicos que es a quienes está dirigida la prohibición de llevar a cabo medidas sin la intervención de un juez competente.

En tal sentido la Sala VI de esta Cámara ha sostenido que “la simple grabación de voz realizada por el querellante de manifestaciones voluntarias provenientes de la imputada, que constituían de por sí un principio de ejecución de un delito de acción pública que directamente lo damnificaba, no es una acción prohibida por el derecho vigente y por lo tanto, ese medio de prueba no ha violado el derecho de intimidad o expectativa de privacidad.” (causa 39.799, resuelta el 12/8/2010). También ha señalado la Cámara Federal de Casación Penal que “Las grabaciones ‘caseras’ al igual que cualquier otra prueba producida por particulares, no pueden considerarse genéricamente ilegítimas o inadmisibles, sino que su valor probatorio debe ser ponderado junto a los restantes elementos de cargo y su incorporación no puede ser tachada de ilegítima toda vez que se trata de elementos de prueba aportados por particulares a fin de acreditar los hechos materia de investigación.” ( Sala III, causa nº 8446 “R., G. A.; N., A. C. y V., G. s/recurso de casación”, Registro n° 83.08.3). No obstante, comparto con el juez Divito que en el caso se advierte la presión que fue ejercida sobre la imputada mientras era grabada y filmada por los damnificados, lo que impide considerar que sus dichos fueron realizados libremente. Como se describe en el voto referido, el interrogatorio dirigido a P.con el objetivo de lograr el reconocimiento de su autoría en la sustracción, fue además hostil, lo cual, sumado al estado de embarazo que presentaba la nombrada -tuvo dolor en su panza-, le generó temor y llanto por el carácter intimidante del interrogatorio que se le dirigía, circunstancias todas estas que impiden considerarlo como prueba válida. Igual observación merece el telegrama laboral de renuncia, que por su texto, también lleva a descartar un carácter voluntario en su redacción, y consiguientemente, el reconocimiento que en su contenido efectúa P., no puede ser valorado legalmente. La exclusión de tales pruebas como elementos convictivos, importa valorar el resto del plexo probatorio. En esa senda, en autos solo se cuenta con los dichos de las víctimas (fs. 1, 5/6 y 21) a los que se opone la negativa de la denunciada P. al efectuar su descargo en forma escrita al ser intimada a tenor de los arts. 73 y 279 del código de rito, en el que refirió que desde que los querellantes tomaron conocimiento de su embarazo, la relación empeoró hasta que finalmente fue “conminada a decir que había sustraído sus pertenencias” (fs. 39). Así, no existiendo otras probanzas para dar mayor crédito a una u otra versión, y no habiéndose propuesto otras medidas que permitan esclarecer lo sucedido, estimo que corresponde confirmar el auto apelado.

Así voto.

El juez Juan Esteban Cicciaro dijo:

Apelado por la querella el sobreseimiento de S. N. P. -el Ministerio Público Fiscal no ha recurrido las dos resoluciones dictadas en esa misma dirección-, debe establecerse si los elementos de convicción reunidos autorizan la continuación de la investigación o justifican la solución remisoria que se ha cuestionado. En el caso, J. J. S. A. y su cónyuge C. B. M. han avalado sus dichos con sendas grabaciones y un telegrama de renuncia, cuyas singularidades han sido puntualizadas en los votos de los jueces Divito y Scotto.Al respecto, cabe puntualizar en primer lugar que las grabaciones obtenidas por particulares bien pueden constituir prueba de los hechos investigados, de suyo válida, en la medida en que se trata de la instrumentación de un soporte auditivo o audiovisual de un hecho histórico acontecido, en el marco de no taxatividad de los medios de prueba. Así lo ha reconocido la Cámara Federal de Casación Penal en supuestos análogos al presente, siempre que “la exclusión como prueba de toda grabación furtiva de una conversación, sin atender a las particularidades del caso concreto, tratándose de conductas de particulares con las que se pretende corroborar con los medios que la ciencia y la técnica ponen a sus alcances aquello que denuncian ante la autoridad pública, comporta una demasía en la inteligencia que cabe asignar a normas de grado constitucional a la vez que resulta incompatible con una razonable aplicación de los principios constitucionales y legales que gobiernan la prueba, en tanto que es deber de los magistrados extremar los recaudos en la búsqueda de la verdad conforme a principios de justicia que deben primar en todo el procedimiento judicial” (Sala I, causa “S., J.”, del 6-9-1996; en igual sentido, Sala IV, causas números 847, “W., C.”, del 30-10-1998 y 1390, “P., D.”, del 7-9-1999).

Sin embargo y sin que sea éste el caso de una actuación cumplida por funcionarios, dable es verificar cada situación fáctica en la actividad de los propios ciudadanos que aportan pruebas, en tanto que aun así, como se destaca en el voto del juez Divito, debe formularse un juicio encaminado a establecer si tal aporte aparece reñido con valores que no pueden quedar neutralizados, pues no sólo se vedan los comportamientos ilegítimos de los funcionarios, sino eventualmente ciertos aportes de las personas que no ejercen la función pública (Maier, Julio B. J., Derecho Procesal Penal. II. Parte general. Sujetos procesales, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2003, p.141). Es que el conocimiento de la verdad resulta condicionado por las respectivas reglas procesales, con arreglo a los lineamientos que suministra la propia constitución política del Estado, limitación que abarca a los medios a los que se recurre en orden a tal objetivo, que encuentran dique, al cabo, en el respeto de la dignidad humana. En el caso, luego de una primera conversación mantenida entre M. y P., aquélla convocó a su marido y así resultó que, con posterioridad, se concretaron las grabaciones aportadas y la redacción del mentado telegrama de renuncia. Como puede verse, no es estrictamente determinante el hecho de que las grabaciones se hayan obtenido de modo subrepticio, pues los casos reportados de la jurisprudencia citada es claro que contienen esa particularidad, en tanto el interlocutor, naturalmente, no sabe que se está registrando lo que dice.

Por el contrario, sí oficia como determinante, en el contexto que surte cada situación imaginable de la praxis, el dato que implica el ejercicio de libertad en la producción de manifestaciones que podrían resultar incriminantes (art. 18 de la Constitución Nacional). Dicho de otro modo, el examen que corresponde formular estriba en establecer si ha quedado resentida la libre y consciente expresión de la voluntad de quien resulta sospechoso de la comisión de un delito. En ese sentido, no creo que, en el puntual caso de autos, el hecho de que P. se encontrara embarazada o que llorara durante la conversación obre decisivamente en la cuestión. M. es médica y se ha ocupado de cuidar la gestación de P., además de proporcionarle un lugar donde vivir -le cedió transitoriamente la vivienda de su madre-, tal como surge a fs. 21 y 79/83. El llanto, a su vez, bien podría obedecer al hecho de que sus empleadores, finalmente, se aleccionaron acerca de la sustracción. Nótese el contexto del llanto que ilustra la transcripción obtenida a fs.100, verosímilmente compatible con un arrepentimiento o con la circunstancia de perder el empleo o de tener que dejar la vivienda que se le facilitara. Empero, como se adelantó, en aquel trance de ausencia de libertad cabe ubicar el tramo que surge a partir de la concurrencia de S. A. ante el llamado de su esposa y que coincide con la grabación de las manifestaciones de P., aun cuando los damnificados aluden a que tal registración no fue planeada (fs. 56). Como surge de los votos que preceden, se está en presencia no sólo de un interrogatorio, sino que las respuestas se han suministrado en un marco de cierta hostilidad y por cierto admonitorio. Frases del tenor de “vamos a ir al correo.vas a reconocer en esa carta.no me mientas eh.uno va preso.o uno va y cuenta y nosotros vamos al correo y vos renuncias.lo que tenés que decir es eso nada más.yo te cuento una cosa nada más yo recién acá hablé con la policía de esto, porque acá iba a venir la policía recién.vengo a renunciar a mi puesto de trabajo desistiendo la acción del derecho.y nosotros no te vamos a hacer ninguna denuncia penal S.”, entre otras (fs. 94/102), dirigidas a que narre lo sucedido para que constituya un aporte probatorio y a diseñar los pasos a seguir, con intervención de quien, a la sazón, es abogado, importan un condicionamiento que bien puede retraer el ámbito de libertad del interlocutor. Al igual que en otros órdenes de la convivencia humana, no es dable recurrir a cualquier método para alcanzar la verdad, de ahí que el proceso penal deba atemperar la meta que implica buscar esa verdad material, conforme a las limitaciones que derivan no sólo de las leyes de procedimiento, sino de los derechos fundamentales de las personas (Muñoz Conde, Francisco, La búsqueda de la verdad en el proceso penal, Hammurabi, Buenos Aires, 2003, p.107). Se está en presencia, en definitiva, de un supuesto de prohibición de valoración probatoria, en tanto en el caso deben excluirse los aportes surgidos a partir de la actividad de particulares (Guariglia, Fabricio, Concepto, fin y alcance de las prohibiciones de valoración probatoria en el procedimiento penal. Una propuesta de fundamentación, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2005, pp. 21-23.), sin que pudiere adquirir gravitación la denominada excepción de buena fe, que consiste en la posibilidad de valorar pruebas que contravienen principios constitucionales si fueron obtenidas sin intención de quebrar la ley, generalmente por error o ignorancia de hecho, que ha sido afín a la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, si se repara puntualmente en la condición de abogado del querellante (ver Hairabedian, Maximiliano, “La admisión de prueba ilícita en delitos graves”, en La Ley, Suplemento Penal y Procesal Penal, junio de 2015, número 5, pp. 29-36). Ello superado, de todos modos, debe recordarse que en la anterior intervención de esta Sala, documentada a fs. 74, se había destacado la necesidad de establecer si la imputada P. ya había puntualizado alguna versión de lo ocurrido antes de que fuera grabada y de que redactara el telegrama de renuncia. En torno a ello, de la ampliación de M. surge que antes de la llegada de su cónyuge hubo de mantener una conversación a solas con aquélla, en la que le confesó la sustracción. No se cuenta con elementos que lleven a pensar que, en ese tramo, tal conversación transitó en un plano de hostilidad o de disminución de la autodeterminación de P. Precisamente, según el relato de M., el diálogo con P. transitaba originalmente por lo que surgía de una factura telefónica, conversación que derivó en la cuestión ahora debatida (ver fs. 5 vta. y 79). De hecho, se habría configurado cierta solución de continuidad, pues a partir de ese relato M.avisó que no podía constituirse en su trabajo y, como se dijo, llamó a su marido, de suerte tal que sólo con su llegada se produjo la secuencia ya narrada. El cuadro probatorio se completa con lo dicho por S. A., en cuanto a la ausencia de los bienes; el dato objetivo de que la imputada trabajaba en la vivienda; y el aporte de la boleta que acredita el cambio de cerradura de la caja donde aquéllos bienes se guardaban (fs. 9). Tales extremos conforman, entonces, un cauce probatorio independiente de los elementos cuestionados que justifica el llamado a prestar declaración indagatoria de S. N. P. (art. 294 del Código Procesal Penal). Nótese que en la misma resolución apelada se distinguen los dos momentos señalados: “antes de grabarla, la imputada ante su empleadora, a estar a sus dichos, había dado una versión al respecto.justamente esas evidencias grabadas fueron posteriores a la presunta admisión de los hechos por parte de P.” (fs. 115 vta./116). Sin perjuicio de ello, en tanto P. manifestó que la denuncia obedecía a la intención de evitar la respectiva indemnización (fs. 39), sería útil establecer si se ha formalizado algún reclamo en tal sentido.

Por estos fundamentos, voto entonces por revocar lo resuelto. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto documentado a fs. 113/117, en cuanto fue materia de recurso. Notifíquese, devuélvase y sirva lo proveído de atenta nota.-

Mauro A. Divito