Culpa concurrente de la menor que cruzó las vias sin un adulto, y de la empresa por el deterioro del paso a nivel.

Trenes 1Partes: A. R. B. y otro c/ Ferrocarril Metropolitanos S.A., Ramal Belgrano s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 6-oct-2015

Cita: MJ-JU-M-95592-AR | MJJ95592 | MJJ95592

Culpa concurrente en accidente ferroviario del cual resultó la muerte de una menor, pues si bien esta emprendió el cruce sin la compañía de un adulto, el extremo deterioro del paso a nivel es una falta imputable a la empresa demandada. Cuadro de rubros indemnizatorios.
nnn
Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda entablada por los progenitores de la menor, y establecer la culpa concurrente en el accidente de ferroviario sucedido en virtud del cual falleció una niña de 9 años, en ocasión en que se encontraba cruzando el paso peatonal, sin barreras, acompañada por su hermana, de 14 años, toda vez que más allá del incumplimiento del deber de vigilancia que le incumbía a sus padres, el cual ha obrado como nexo concausal del hecho, el estado de extremo abandono en que se encontraba el paso a nivel, da cuenta de la inobservancia por parte de la empresa demandada de la obligación impuesta por la legislación respecto de las medidas de seguridad y señalamiento apropiado de los cruces.

2.-El art. 7 del CCivCom. alude a situación y relación jurídica. Si la situación jurídica constituida ya está extinguida, no hay problema, ya que no le afecta la nueva ley. La relación jurídica es un vínculo jurídico entre dos o más personas, del cual emanan deberes y derechos; hay relaciones que se extinguen inmediatamente después de producidos los efectos, pero otras producen sus efectos durante un cierto período de tiempo. Las consecuencias son los efectos, de hecho o de derecho que reconocen como causa, una situación o relación jurídica. En los presentes, la situación de que se trata, ha quedado constituida, con sus consecuencias devengadas, conforme a la ley anterior, por ende corresponde analizar la cuestión a la luz de la legislación anterior, así como la doctrina y jurisprudencia a ella aplicable.

3.-No se cumple con las exigencias que impone la ley ritual en su art. 265 CPCCN., cuando los agravios de los recurrentes se limitan a reiterar los mismos argumentos que fueron expuestos ante el a quo en el escrito de inicio, sin hacerse cargo de las consideraciones que aquél expresó al fundar su sentencia, por cuanto se pone en evidencia la falta de un agravio específico respecto de las apreciaciones efectuadas por el magistrado. Esto es lo que ocurre en el caso de autos, donde el memorial de agravios no contiene una refutación jurídica ni técnica, mucho menos una indicación clara y concreta contra los argumentos y las pruebas en los que se sustentó el fallo recurrido.

4.-No mediando relación contractual, los accidentes ferroviarios cualquiera sea la forma y modo en que se produzcan, caen bajo la órbita de la teoría del riesgo creado, siendo la actividad ferroviaria una actividad riesgosa, y tratándose de una responsabilidad objetiva, la demandada debe probar una causa ajena para exonerarse total o parcialmente del deber de responder, debiendo acreditar, no sólo invocar, la culpa de la víctima con aptitud para cortar el nexo de causalidad entre el hecho y el perjuicio, la de un tercero por el cual no debe responder.

5.-A raíz del riesgo y potencialidad peligrosidad que genera un tren que se desplaza por las vías férreas, existen normas específicas como son las que hacen recaer sobre la empresa de ferrocarriles la obligación de proteger el cruce con medidas de seguridad especiales y, con respecto al personal de conducción, establecen su obligación de conducir con plena observancia a la normativa vigente. En la causa de arras, las constancias fotográficas acompañadas son la prueba más elocuente de peligrosidad y estado de abandono que revestía el paso peatonal, circunstancia que no podía ser desconocido por la empresa demandada, por lo que el cruce en cuestión a todas luces requería adoptar medidas de seguridad y prevención como un control y vigilancia especial adecuadas al transito y al lugar.

6.-Lo que se llama la valoración de una vida humana no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos que el extinto producía, desde el instante en que esta fuente de ingresos se extingue, constituyendo la muerte de un hijo, para los padres, la perdida de una chance económica cierta de ser apoyados en el futuro. En el caso de autos, si bien se trató de una menor de muy corta edad, 9 años, la contribución económica que pudo haber realizado en vida, a favor de sus padres debe ser considerado a efectos de la determinación de la cuantía indemnizatoria.

7.-La existencia del daño moral por la lesión a las legítimas afecciones de las accionantes, derivada del fallecimiento traumático de la menor, no puede discutirse como tampoco el enorme sufrimiento que sin duda causó en sus padres y hermanos, toda vez que el triste evento debió afectar definitivamente la forma de vida de cada uno de ellos quienes seguramente, debieron y deberán, seguir afrontando su ausencia.

8.-Al resarcir el daño psicológico, no se trata de comprender ni de identificarse empáticamente o moralmente con el damnificado, sino de objetivar un diagnóstico clínico que tenga entidad psicopatológica. En autos, se encuentra acreditada la incapacidad de orden psíquico de carácter parcial y permanente con características de daño cierto y perdurable que amerita resarcimiento con respecto a los coactores

9.-La eficacia probatoria del informe del perito no se ve disminuida por las impugnaciones que formularan las partes cuando los argumentos vertidos por los impugnantes, no aportan al expediente probanzas de similar o mayor rigor técnico o científico que desmerezcan las conclusiones alcanzadas en el peritaje.

10.-Si se determinaron los distintos montos indemnizatorios a la fecha de ocurrencia del hecho ilícito, corresponde directamente la aplicación de la tasa activa desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia. En el presente, no se advierte se hayan fijado los montos de condena a valores actuales, siendo práctica habitual el aclarar debidamente tal circunstancia, precisamente para no inducir a error a las partes, debiendo por lo tanto aplicarse la tasa activa.

Fallo:

Buenos Aires, a 6 días del mes de octubre 2015, reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: “A R B y otro c/ Ferrocarril Metropolitanos S.A., Ramal Belgrano s/daños y perjuicios”

La Dra. Marta del Rosario Mattera dijo:

I.La sentencia obrante a fs. 781/791 hizo lugar la demanda entablada por FM , R B, A V, J M, C M I, C G y A RA con costas, condenado a Transportes Belgrano Sur S.A. a abonar la suma resultante de la liquidación a practicarse, de conformidad a la proporción establecida en el considerando V., esto en un 50% a la víctima y un 50% a la demandada.

La presente causa se origina en el accidente que le costara la vida a la menor M I V A, cuando el día 19 de Abril de 2000. siendo aproximadamente las 10.50 hrs, se encontraba cruzando el paso peatonal, sin barreras, de la calle Montiel, de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, siendo acompañada en la ocasión por su hermana, C M I, de 14 años. Como consecuencia del impacto la menor fue derivada al Hospital Nacional de Pediatría Dr. Garraham, donde falleciera al día siguiente como consecuencia de las lesiones sufridas.

La sentencia fue apelada por las partes, la parte demandada expresa agravios a fs. 810/816 y la actora a fs. 818/825. Corridos los pertinentes traslados de ley obran a fs. 828/843 y fs.847/848 los respectivos respondes de las contrarias.

A fs.851 se dicta el llamamiento de autos providencia que se encuentra firme, encontrándose entonces los presentes obrados en estado de dictar sentencia.

II.Los agravios de la parte demandada se centran fundamentalmente la distribución de responsabilidad atribuida por el sentenciante de grado en el lamentable suceso de autos, entendiendo que la demanda debió ser rechazada por el hecho de la propia víctima, ya que en virtud de tratarse de una menor de corta edad, que emprendió un cruce tan peligroso, sin la compañía de ningún adulto, siendo esta última circunstancia el factor necesario en la producción de hecho. Asimismo cuestiona la indemnización otorgada en concepto de valor vida, daño psicológica y daño moral, como la tasa de interés activa fijada en el decisorio de grado.

Por su parte la actora en su libelo de agravios cuestiona la atribución de responsabilidad.

III.Como previo y antes de entrar en el tratamiento de los agravios deducidos, cabe precisar que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que entró en vigencia el 1 de agosto de 2015 aprobado por la ley 26.994, ha traído una expresa disposición respecto a la temporalidad de la ley. A fin de interpretar coherentemente las normas contenidas en el art. 7, sobre la base de la irretroactividad de la ley, respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas o extinguidas, y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia, y a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

El citado art. 7 alude a situación y relación jurídica, al igual que lo hacía el art. 3 Cod. Civil. La teoría de la situación jurídica y el principio inmediato de la ley nueva fue desarrollada por el jurista francés Roubier en 1929, fecha en que publicó su artículo sobre la ley con relación al tiempo.Esta doctrina se construye sobre la base de las ideas de irretroactividad de la ley respecto de los hechos cumplidos y efecto inmediato de la ley sobre las situaciones jurídicas. Situación jurídica es la posición que ocupa un individuo frente a una norma de derecho o a una institución jurídica determinada, concepto claramente superior al de derecho adquirido, por cuanto está desprovisto de todo subjetivismo y carácter patrimonial. La situación jurídica se puede encontrar: 1) constituida, 2) extinguida 3) en curso, o sea, en el momento de producir sus efectos.

Roubier recurrió a la idea de “situación jurídica” estableciendo que ésta tiene una faz estática y una faz dinámica, en esta última se aplica el principio del efecto inmediato de la ley nueva. Para esta teoría los aspectos dinámicos son los de la creación o constitución y de la extinción; cuando una de estas fases está concluida es un hecho cumplido y la ley nueva no puede volver sobre ella. Pero la situación jurídica no se agota en su aspecto dinámico, sino que tiene una fase estática, durante la cual ella produce sus efectos: los efectos posteriores a la entrada en vigor de la nueva ley son regulados por ella (principio del efecto inmediato de la ley nueva). (Roubier, Paul, “Le Droit transitoire (conflits des loisdans le temps)”, Paris, 1960, citado por Medina, Graciela, “Efectos de la ley con relación al tiempo en el Proyecto de Código”, LA LEY 2012E, 1302 DFyP 2013 (marzo), 01/03/2013, 3, Cita Online: AR/DOC/5150/2012).

Si la situación jurídica constituida ya está extinguida, como ocurre en el caso de autos, no hay problema, ya que no le afecta la nueva ley. Si la nueva ley dispusiera expresamente que estas situaciones queden bajo su imperio, tal ley tendría carácter retroactivo. Respecto de las situaciones en curso, van a quedar sometidas a la nueva ley producto de su efecto inmediato.Si la nueva ley ordena que las nuevas situaciones sigan bajo el imperio de la antigua ley, se estaría derogando el efecto inmediato y aplicando el efecto diferido o ultraactividad de la ley.

Por su parte, la doctrina de la relación jurídica distingue etapas: 1) la constitución (momento de creación); 2) los efectos de una relación jurídica anteriores a la entrada en vigencia de una nueva ley, 3) los efectos posteriores a esa entrada en vigencia; y 4) la extinción de la relación jurídica. La relación jurídica es un vínculo jurídico entre dos o más personas, del cual emanan deberes y derechos. Hay relaciones que se extinguen inmediatamente después de producidos los efectos, pero otras producen sus efectos durante un cierto período de tiempo (en general los contratos de duración).

La doctrina de la relación jurídica establece criterios especialmente útiles para las relaciones de larga duración, distinguiendo su constitución, sus efectos; y su extinción:

1) En cuanto a su constitución: las relaciones jurídicas constituidas bajo una ley persisten bajo la ley nueva aunque ésta fije nuevas condiciones para dicha constitución;

2) En cuanto a los efectos, se rigen por la ley vigente al momento en que estos efectos se producen, de modo que los efectos pasados se rigen por la ley antigua y los futuros por la ley nueva;3) En cuanto a la extinción, se rige por la ley vigente al momento en que ésta ocurre.

En los presentes la situación de que se trata, ha quedado constituida, con sus consecuencias devengadas, conforme a la ley anterior. Las consecuencias son los efectos, de hecho o de derechoque reconocen como causa, una situación o relación jurídica por ende corresponde analizar la cuestión a la luz de la legislación anterior, así como la doctrina y jurisprudencia a ella aplicable.

IV.- A continuación corresponde, establecer si resulta procedente la declaración de deserción del recurso por incumplimiento de los requisitos contenidos en el art.265 del Código Procesal, solicitada por la parte demandada en su responde.

La expresión de agravios supone la existencia de dos elementos: el perjuicio que se infiere a la parte quejosa, aspecto endógeno con sus consecuencias, y que dicho perjuicio, para llegar al ámbito conceptual de agravio, provenga de errores de la sentencia, los que deben ser indicados claramente.

Por ello, resulta inviable la apelación en mérito a lo establecido por el art. 265 del Código Procesal, cuando los agravios de los recurrentes se limitan a reiterar los mismos argumentos que fueron expuestos ante el a quo en el escrito de inicio, sin hacerse cargo de las consideraciones que aquél expresó al fundar su sentencia, por cuanto se pone en evidencia la falta de un agravio específico respecto de las apreciaciones efectuadas por el magistrado de la instancia previa.(Conf. CNCiv. esta Sala, 15/7/2010, Expte. Nº 72.250/2002 “Celi, Walter Benjamín y otro c/ Salvador M. Pestelli Sociedad Anónima s/ daños y perjuicios”; Idem., id., 23/6/2011, Expte. 90.579/2003 “Rivera Cofre José Alejandro y otros c/ Clínica Gral. de Obstetricia y Cirugía Nstra. Sra. de Fátima y otros s/ daños y perjuicios”, entre otros).

Hemos sostenido reiteradamente que es imprescindible a los efectos de abrir la posibilidad revisora de la Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que tornan injusta la solución adoptada por el magistrado de la instancia anterior, para lo cual debe aportar consistentes razonamientos contrapuestos a los invocados en la sentencia, que demuestren argumentalmente el error de juzgamiento que se le atribuye. La expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, ya que ésta no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales o las quejas que no dedujo (Conf. CNCiv., esta Sala, 24/9/09, Expte. Nº 89.532/2006, “M. R. E c/ F, R A”; Idem, 18/2/2010 expte. Nº 100.658/2000 “Coronel, Juan Carlos y otros c/ Cerzosimo, Claudio Fabián y otros s/ daños y perjuicios” Ídem. Id, 15/7/2010, expte.Nº 72.250/2002 “Celi, Walter Benjamín y otro c/ Salvador M. Pestelli Sociedad Anónima s/ daños y perjuicios” entre muchos otros).

La expresión de agravios constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su finalidad debe contener una exposición jurídica que contenga una “crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas”. Lo concreto se refiere a lo preciso, indicando, determinando, cuál es el agravio. Deben precisar así, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones. Es decir, que deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del a quo, a través de la exp osición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento (conf. Morello, Augusto “Códigos Procesal en lo Civil y Comercial de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación. Comentado y Anotado”, t. III, p. 351, Abeledo Perrot, 1988; CNCiv., esta Sala, Expte. Nº 2.575/2004, “Cugliari, Antonio Carlos Humberto c/ BankBoston N.A. s/ cancelación de hipoteca” del 1/10/09).

Este Tribunal se ha guiado siempre por un criterio de amplia tolerancia para ponderar la suficiencia de la técnica recursiva exigida por el art.265 de la ley adjetiva, por entender que tal directiva es la que más adecuadamente armoniza el cumplimiento de los requisitos legales impuestos por la antes citada norma con la garantía de defensa en juicio, de raigambre constitucional.

De allí entonces, que el criterio de apreciación al respecto debe ser amplio, atendiendo a que, por lo demás, los agravios no requieren formulaciones sacramentales, alcanzando así la suficiencia requerida por la ley procesal cuando contienen en alguna medida, aunque sea precaria, una crítica concreta, objetiva y razonada a través de la cual se ponga de manifiesto el error en que se ha incurrido o que se atribuye a la sentencia y se refuten las consideraciones o fundamentos en que se sustenta para, de esta manera, descalificarla por la injusticia de lo resuelto. (Conf. C.N.Civ. esta sala, 11/5/2010, expte. Nº 75.058/2000,”Peralta, Carlos Raúl y otros c/ Coronel Vega, Carlos Javier y otros s/ daños y perjuicios” Ídem 21/12/2010, expte 108.705/2005, “Comte Olivares Juan Carlos c/ Rekz Miguel Omar y otros s/ daños y perjuicios” entre otros muchos).

Ahora bien, no obstante tal amplitud en la apreciación de la técnica recursiva, existe un mínimo por debajo del cual las consideraciones o quejas traídas carecen de entidad jurídica como agravios en el sentido que exige la ley de forma, no resultando legalmente viable discutir el criterio judicial sin apoyar la oposición en basamento idóneo o sin dar razones jurídicas a un distinto punto de vista (conf. C. N. Civ., esta Sala, 17/12/2009, expte. Nº 62.375/2006 “Enser, Luis Alberto c/ Empresa de Transporte General Tomás Guido S.A.C.I.F. y otros”; id; 14/08/2009, expte. Nº 70.098/98 “Agrozonda S. A. c/ Jara de Perazzo, Susana Ventura y otros s/ escrituración” y expte. Nº 60.974/99,”Agrozonda S. A. c/ Santurbide S. A. y otros s/ daños y perjuicios”; id; 21/12/2009, Expte.Nº 43.055/99, “Vivanco, Ángela Beatriz c/ Erguy, Marisa Beatriz y otros”).

Esto es -a mi criteriolo que ocurre en el caso de autos, donde el memorial de agravios no contiene una refutación jurídica ni técnica, mucho menos una indicación clara y concreta contra los argumentos y las pruebas en los que se sustentó el fallo recurrido.

Lo concreto se refiere a lo preciso, indicando, determinando, cuál es el agravio. Deben precisar así, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones. Es decir, que deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del a quo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento (conf. Morello, Augusto “Códigos Procesal en lo Civil y Comercial de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación. Comentado y Anotado”, t. III, p. 351, Abeledo Perrot, 1988; C) no configurándose en la especie, los extremos requeridos propiciaré se declare desierto el recurso interpuesto por la parte actora.

En efecto, para arribar a tal solución recuerdo que la expresión de agravios constituye la carga que tiene el apelante a quien se le concedió un recurso libre, de fundamentarlo. Sostenía Podetti con su proverbial agudezaque no puede menos de exigirse a quien intenta que se revise un fallo, que diga por que esa decisión judicial no lo conforma, poniendo de manifiesto lo que considera errores de hecho o de derecho, omisiones, defectos, vicios o excesos. Procediendo así, cumple con los deberes de colaboración y de respeto a la justicia y al adversario, facilitando al Tribunal de Alzada el examen de la sentencia sometida a recurso y al adversario su contestación, y limita el ámbito de su reclamo (aut. cit., Tratado de los Recursos, Ed. Ediar, pág. 164; ver esta Sala in re “Rosas, Héctor Omar c/ Transporte Automotor Plaza S.A. s/ Ds. y Ps.”, Expte.N° 16.947/2.008, del 17/5/ 2011; ídem, “Albarenque, Hugo c/ Navarro, Juan s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 76.409/2.007, del 23/02/2010, entre otros).

No se cumple con las exigencias que impone la ley ritual en su art. 265 cuando, como en el caso de autos, los apelantes solo ensayan magros argumentos sin dar sólidos fundamentos que avalen sus requerimientos.

V.Responsabilidad Transportes Belgrano Sur S.A.

Se agravia la accionada por entender que debió rechazarse la demanda por culpa de la víctima, o al menos solicita en esta instancia que se otorgue un porcentaje mucho menor de responsabilidad a la luz de la prueba producida.

En primer lugar, cabe señalar que tratándose de daños a terceros no transportados la cuestión debe encuadrarse en el entonces vigente, art. 1113 del Código Civil, segunda parte, conforme lo sostiene pacíficamente la doctrina y jurisprudencia absolutamente dominantes en nuestro país, incluida la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los accidentes ferroviarios, no mediando relación contractual, cualquiera sea la forma y modo en que se produzcan, caen bajo la órbita de la teoría del riesgo creado (C.S.J.N., 20/12/92, “Coria c. Ferrocarriles Argentinos”, Fallos, 312:2412).

La actividad ferroviaria configura una actividad riesgosa, que torna aplicable dicha norma, vale decir que tratándose de una responsabilidad objetiva, la demandada debe probar una causa ajena para exonerarse total o parcialmente del deber de responder. Tiene que acreditar, no sólo invocar, la culpa de la víctima con aptitud para cortar el nexo de causalidad entre el hecho y el perjuicio, la de un tercero por el cual no debe responder.

Los trenes, a diferencia de otro tipo de vehículos, circulan únicamente por las vías ferroviarias sin posibilidad de realizar maniobras y salirse de dichos carriles para evitar colisiones.Más aún, incluso advirtiendo con antelación la presencia de una persona o de un rodado en las vías, la capacidad de frenado es muy limitada, aunque se desplace a baja velocidad.

Por otro lado, las especiales características que reviste el transporte ferroviario, no impiden que dicho régimen legal sea aplicado a este tipo de hechos en forma razonable y adecuada, desde que, a su vez, la conducta de quienes cruzan o se internan en las vías ferroviarias ha de ser juzgada con rigurosidad, pues el peligro eminente del ferrocarril que ellos no pueden desconocer los obliga a obrar con especialísima prudencia.

Asimismo se ha dicho que “No cabe duda sobre el riesgo externo que genera un tren que se desplaza por las vías férreas arrastrando velozmente varias toneladas de peso, con dificultad de frenaje en poca distancia por la complicada maniobra de detener la locomotora y por el empuje de la inercia de los vagones en movimiento, sin posibilidad además de efectuar maniobras que le permitan salirse de los carriles a fin de evitar colisiones” (Conf. Bustamante Alsina, Jorge, “Determinación de la responsabilidad por colisión en un paso a nivel”, LL, 1997B, 431, CNCiv, Sala G, 26/4/2010, expte Nº 71.908/2004 “Medina, Fernando Rubén c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A. Línea Belgrano s/ Daños y perjuicios).

Ese riesgo o potencial peligrosidad impone a la empresa ferroviaria la obligación de extremar las medidas y arbitrar todas aquéllas que sean aptas para preservar debidamente la seguridad para quienes deban cruzar las vías.-

De allí que se cuente con normas específicas como son las que hacen recaer sobre la empresa de ferrocarriles la obligación de proteger el cruce con medidas de seguridad especiales y, con respecto al personal de conducción, establecen su obligación de conducir con plena observancia a la normativa vigente (cfr.Messineo, “Manual de Derecho Civil y Comercial”, t. VI, p.537; íd., Mosset Iturraspe, “responsabiidad por Daños”, t. IIB, ps. 75/76).

A fs.11 de la causa penal instruida con motivo del hecho consta la declaración del oficial que se constituyó en el lugar del hecho señalando que la arteria Montiel se encuentra cortada a la altura de la vía, siendo nulo el acceso vehicular, pero si es posible el acceso de peatones debido a las escalinatas que posee, que se halla sin ningún tipo de alambrado u otro impedimento para el paso peatonal y tampoco señalización visual o sonora que alerte sobre la circulación de ferrocarriles.

De la declaración testimonial de fs. 80, el maquinista Astudillo manifestó haber visto “subir por el terraplén dos chicas quienes comenzaron a correr de frente hacia la marcha del tren”, que pudo observar que la niña mas grande a escasos dos metros antes de la trompa de la maquina desciende rápidamente por el terraplén y la mas chiquita prácticamente choca contra la maquina, que las niñas comenzaron a correr subiendo por el terraplén desde la derecha y que muy cerca del terraplén de la empresa se hallan muchas viviendas precarias habiendo en el lugar muchos niños.

A ello se suma las constancias fotográficas acompañadas a la causa que son la prueba más elocuente de peligrosidad y estado de abandono que revestía el paso peatonal, circunstancia que no podía ser desconocido por la empresa demandada, por lo que el cruce en cuestión a todas luces requería adoptar medidas de seguridad, prevención como un control y vigilancia especial.

Mas allá de las argumentaciones efectuadas respecto al deber de vigilancia de los padres, analizadas por el sentenciante de grado y que ha obrado como nexo concausal en la producción del lamentable accidente, ello no es óbice para ponderar la negligencia en la que ha incurrido la accionada, ya que el estado de extremo abandon o del paso a nivel, da cuenta de la inobservancia por parte de aquella de la obligación impuesta por la legislación vigente respecto de las medidas de seguridad y señalamiento apropiado de los cruces a nivelque se encuentran a su cargo.

Bien se ha dicho que la empresa ferroviaria debe reducir la peligrosidad propia del cruce en la medida necesaria, implementando las señales de prevención adecuadas al tránsito y al lugar (Conf CNCiv, Sala Sala H, 29/4/1998 “Sosa c. Ferrocarriles Metropolitanos s/ daños y perjucios” Ídem Sala B, 17/12/99, “Dos Santos c. Transporte Metropolitanos Gral. Roca s/ daños y perjucios”; Idem id, esta sala 15/9/2011, Expte Nº 101.159/2001 “Juan Isabel c/Benítez Juan Carlos y otro s/daños y perjuicios”) como que “la actividad ferroviaria genera un riesgo potencial respecto de quienes deben trasponer su medio de circulación, cuya peligrosidad exige a la empresa la obligación de extremar las medidas de todo tipo que sean aptas para preservar la seguridad” (Conf CNCiv. Sala F, 23/3/2004, L. 367.472 “Cerza, Fortunato Antonio y otroc./ Trenes De Buenos Aires S.A. s./ Daños y Perjuicios” ).

La Corte Suprema de Justicia de La Nación adhiriendo al dictamen del Procurador Nacional en autos “Pachilla, Hugo A. y otros c. Transportes Metropolitanos General Roca S.A.”, c.”,. LA LEY 25/07/2005, 8 DJ 20051, 1021 señaló “Cabe recordar que sobre el tema de accidentes ferroviarios, V.E. ha dicho que aunque pudiera mantenerse eventualmente la admisión de una cierta culpabilidad de la víctima, como en el casoes menester ponderar no sólo las circunstancias verosímiles que inciden en el menoscabo de todo derecho sino también aquellas que, partiendo de lo establecido por la ley para garantizar la plena seguridad de terceros no transportadospeatones y ocupantes de vehículosy de la índole de la obligación asumida por la empresa y su proyección en el campo del procedimiento, se evalúen la verosimilitud del derecho con criterio que pondere en forma adecuada la relación causal o concausal existente entre el daño y los hechos planteados (doctrina de Fallos:308:72).

En el caso la demandada ha permanecido inactiva ante un factor de riesgo perfectamente individualizado habiendo omitido adoptar las debidas precauciones de alerta aconsejables por el buen sentido de la experiencia y las reglas del arte ferroviario.

Por todo lo expuesto, entiendo que se debe desestimar la queja y confirmarse la sentencia de grado y la correlativa atribución de responsabilidad, para dar surgimiento a la obligación resarcitoria reclamada, lo que así propondré al Acuerdo.

VI.- Dilucidada la atribución de responsabilidad y atento como ha sido resuelta la cuestión he de abocarme al cuestionamiento de las partidas indemnizatorias cuestionadas por la accionada.

A) Valor Vida.

Motiva el agravio de la demandada la suma de $ 50.000 concedida a cada uno de los padres de la víctima, monto que estima a todas luces excesivo.

Se ha dicho reiteradamente que la vida humana no tiene valor económico per se, sino en consideración a lo que produce o puede producir. Pero la supresión de una vida, aparte del desgarramiento del mundo afectivo en que se produce, ocasiona indudables efectos de orden patrimonial como proyección secundaria de aquel hecho trascendental, y lo que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes.

En ese orden de ideas, lo que se llama elípticamente la valoración de una vida humana no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos que el extinto producía, desde el instante en que esta fuente de ingresos se extingue” (C. S. J. N., Fallos:316:912; 317:728, 1006, 1921; 320:536 y 322:1393 ; 323:3614 ; 324:1253 y 2972; 325:1156 ; 329:4944 ).

Tal criterio fue ampliado por nuestro máximo Tribunal, al sostener que “tal concepción materialista debe ceder frente a una comprensión integral de los valores materiales y espirituales, unidos inescindiblemente en la vida humana y a cuya reparación debe, al menos, tender la justicia. No se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia distributiva de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo. Resulta incuestionable que en tales aspectos no se agota la significación de la vida de las personas, pues las manifestaciones del espíritu insusceptibles de medida económica integran también aquel valor vital de los hombres” (“Aquino” , 21/09/2004, “Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A.” Fallos, 327:3753).

Asimismo, más recientemente se ha señalado que “la doctrina constitucional de esta Corte tiene dicho y reiterado que “el valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales”, ya que no se trata “de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres” (“Aquino”, votos de los jueces Petracchi y Zaffaroni, Maqueda y Belluscio, y Highton de Nolasco, Fallos: 327:3753; 3765/3766;3765/3766; 3787/3788 ; 3797/3798 y sus citas; y “Díaz”, voto de la jueza Argibay, Fallos: 329:473 , 479/480, y sus citas) (C.S.J.N. 08/04/2008, “Arostegui Pablo Martín c.Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía” , L. L. 2008C, 247).

Es criterio de este Tribunal que en cuanto al monto a asignar, equiparar en dinero los perjuicios materiales inherentes a la muerte de un ser querido es tarea ardua y delicada, que exige al juzgador afinar el criterio para no caer por un lado en el desamparo o por el otro en un beneficio incausado.

Por ello, al fijar la indemnización deben valorarse todas las manifestaciones de la actividad del occiso que pueden ser económicamente apreciadas, tanto las actuales como las futuras, así como también las circunstancias relativas a quien efectúa el reclamo de la indemnización, debiéndose calcular el monto en función de la edad, y demás características particulares de la víctima, sexo, grado de cultura, posición social, tareas que desempeñaba y aporte al hogar entre otras consideraciones (Conf. CNCiv., esta sala, 14/6/2005, Expte. Nº 32.122/00, “Estigarribia, Dionicio y otros c/ Línea 22 S.A. y otros s/ daños y perjuicios” Ídem, 27/8/2010, Expte. Nº 116281/1998 “Ayala, Daniel A. c/ Veraye Ómnibus s/ daños y perjuicios” Ídem Id 3/3/2011 Expte. N° 114.787/06. “Machado, Roque Miguel y otro c/ González, Ariel Alejandro y otros s/ daños y perjuicios”).

Asimismo la doctrina y la jurisprudencia mayoritarias de nuestro país admiten que la muerte del hijo puede constituir para sus padres la pérdida de una chance económica, que se traduce en la frustración de una expectativa de asistencia y apoyo futuro, en la ancianidad (Cfr: Zavala de González, Matilde, “Resarcimiento de daños. Daños a las personas”, t. 2 b, Bs. As., Ed. Hammurabi, 1990).

La muerte de un hijo importa para los padres la frustración de la legítima esperanza de ayuda, una “chance” cierta de ser apoyados en el futuro, lo cual encuentra sustento en el art. 277 C. Civil, que impone a los hijos el deber de prestar servicios a sus padres, y los arts.367 y 372 del mismo cuerpo legal, el de darles alimentos. Tal acción es a título propio, no en calidad hereditaria, gravitando más intensamente en supuestos en que el grupo familiar es de escasos recursos (Conf. CNCiv., Sala B, 30/6/2005, “Pérez José Antonio c/ Ferrocarriles Argentinos s/ sumario” ).

En el caso de autos si bien se trató de una menor de muy corta edad ( 9 años) cabe señalar que la contribución económica que pudo haber realizado en vida, a favor de sus padres y que debe ser considerado a efectos de la determinación de la cuantía indemnizatoria, caracterizándose como la desaparición de una chance, la cual se concreta en la pérdida de las esperanzas, a que los progenitores tenía legítimo interés, de que esa hija algún día pudiera prestarle auxilio o ayuda personal y económica, expectativa legítima y verosímil según el curso ordinario de las cosas, particularmente en medios familiares de condición humilde (conf. Fallos: 303:820; 308:1160, 322:1393) como en el caso de autos.

En función de las consideraciones expuestas en cuanto al guarismo asignado en el decisorio, teniendo en cuenta la corta edad de la víctima a la fecha de su traumática desaparición física (9 años), ponderando que a la fecha del hecho, R A contaba con 46 años de edad, desocupado, que se desempeña vendiendo comida que prepara la familia (ver fs. 486 vta) y F M de 47 años, ama de casa, prepara comida para vender (ver fs.487 vta) padres de cinco hijos menores como las constancias que surgen del beneficio de litigar sin gastos, estimo que el guarismo asignado en la instancia de grado luce ajustado a derecho y constancias probatorias de autos por lo que propiciaré al acuerdo su confirmación (Art 165 del CPCC).

B) Daño Moral.

La sentencia de grado otorgó por este concepto $ 183.000, para los padres y hermanos de la víctima conforme lo dispuesto en el considerando VII del pronunciamiento apelado.

Conocido es el concepto del daño moral y los factores que lo configuran, como asimismo, que la determinación de su cuantía queda librada al juzgador más que en cualquier otro rubro y que la fijación del monto no tiene como exigencia guardar proporción con la de los daños materiales. Así, la determinación de su c uantía se encuentra librada al prudente arbitrio judicial, no dependiendo de la existencia o extensión de los perjuicios patrimoniales, pues no media interdependencia entre tales rubros en tanto cada uno tiene su propia configuración.

Por otra parte, cabe señalar que su procedencia no requiere más prueba que la del hecho principal habida cuenta que se trata de un daño “in re ipsa” (cf . Llambías, Jorge J., Código Civil Anotado, t. II B, p.329; CNCiv, Sala H, JA 1993 II72).

En el caso, la existencia del daño moral por la lesión a las legítimas afecciones de las accionantes, derivada del fallecimiento traumático de la menor, no puede discutirse como tampoco el enorme sufrimiento que sin duda causó en sus padres y hermanos.

La certeza de su existencia y la medida de la reparación es sólo fruto de un juicio de razonable probabilidad, basado en reglas de experiencia emergentes de la reacción emocional que es suponible en la víctima y de la aptitud que ha tenido la agresión para producirla.

Considero que en los presentes no pueda caber dudas respecto a la gravedad y proyección del luctuoso acontecimiento el debió provocar en cada uno de los accionantes, angustias y dolores en su estado espiritual ante la pérdida de la pequeña, generando una situacion de duelo y desamparo y más que presumiblemente, el triste evento debió afectar definitivamente la forma de vida de cada uno de ellos quienes seguramente, debieron y deberán, seguir afrontando su ausencia.

Asimismo y teniendo en cuenta el informe pericial que da cuenta sobre los padecimientos sufridos por los co actores a raiz del luctuso accidente, son razones que justifican las sumas otorgadas considerando entonces, ajustado y razonalbe su importe, corresponde desestimar los agravios de las partes en este sentido (art 165 del CPC).

C) Daño Psicológico

Se agrava la demanda por la suma de $ 155.000 fijados en la instancia de grado, conforme lo dispuesto en el considerando IX, para el resarcimiento del rubro en análisis, lo considera elevado ya que entiende que no se trata de un rubro autónomo y que se omitió considerar las impugnaciones al examen pericial.

La Corte Suprema ha sostenido que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física tiene por sí misma un valorindemnizable y su lesión comprende, a más de aquella actividad económica, diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (C.S.J.N. Fallos: 308:1109; 312:2412; 315:2834; 318:1715; 326:1673; Ídem., 08/04/2008, “Arostegui, Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía”, L. L. 2008C, 247).

Siguiendo la posición de Risso, el daño psíquico es un “síndrome psiquiátrico coherente (enfermedad psíquica), novedoso en la biografía, relacionado causal o concausalmente con el evento de autos (accidente, enfermedad, delito), que ha ocasionado una disminución de las aptitudes psíquicas previas (incapacidad), que tiene carácter irreversible (cronicidad) o al menos jurídicamente consolidado (dos años). La enfermedad psíquica que el perito diagnostique debe dañar de manera perdurable una o varias de las siguientes funciones del sujeto: 1) incapacidad para desempeñar sus tareas habituales; 2) incapacidad para acceder al trabajo; 3) incapacidad para ganar dinero y 4) incapacidad para relacionarse”.

Sostiene el mismo autor que en medicina legal, la incapacidad indemnizable es tributaria de la cronicidad, en tanto que el sufrimiento psíquico normal (no incapacitante), que no ha ocasionado un desmedro de las aptitudes mentales previas, si es detectado e informado por el perito, es uno de los elementos que el juez podrá incluir en el daño moral. Todo aquello que no sea estrictamente incapacitante no tiene por qué quedar afuera de la indemnización. Será indemnizado, pero no como daño psíquico, sino como daño moral, indemnización sujeta a las reglas de la sana crítica y la razonable prudencia (conf. Risso, Ricardo Ernesto, “Daño Psíquico Delimitación y diagnóstico. Fundamento teórico y clínico del dictamen pericial”, E. D. 188985; C.N.Civ., esta Sala, 11/02/2010, expte.Nº 89.021/2003, “Procopio, Fernando Antonio y otro c/ Piñero, Ernesto Emir y otros s/ daños y perjuicios”, Ídem., id., 27/4/2010, “Bertagni, Alberto Eugenio c/ Barón, Martín s/ daños y perjuicios”).

Ambos territorios -psique y somaaunque no sean isomórficos, son especializaciones de la organización biológica que están dotados de funciones idóneas para obtener la restitutio ad integrum, y también tienen en común que a veces fracasan en el intento y permanecen con secuelas discapacitantes (Conf. Risso, Ricardo E. “Daño Psíquico – Delimitación y diagnóstico. Fundamento teórico y clínico del dictamen pericial”, E. D. 188985). El daño psiquico que se configura mediante una alteración patológica de la personalidad, una perturbación del equilibrio emocional que afecta toda el área del comportamiento, traduciéndose en una disminución de las aptitudes para el trabajo y la vida de relación y que, como toda incapacidad, debe ser probada en cuanto a su existencia y magnitud. Se trata de una alteración o modificación patológica del aparato psíquico como consecuencia de un trauma que desborda toda posibilidad de elaboración verbal o simbólica.

Al resarcir este tipo de daño no se trata de comprender ni de identificarse empáticamente o moralmente con el damnificado, sino de objetivar un diagnóstico clínico que tenga entidad psicopatológica.

El dictamen pericial también en el terreno psicológicoes básicamente un informe técnico, con apoyatura científica demostrable, conocida y de amplia aceptación. Pese a la intrínseca insuficiencia de los esquemas diagnósticos para dar cuenta de la complejidad humana, debemos recurrir a baremos consensuados y nosografías consagradas, y valernos de ellos obligatoriamente.Restringir el daño psíquico a enfermedades mentales, novedosas, incapacitantes y permanentes o consolidadas permite mayor rigor científico en el diagnóstico, otorgamiento de incapacidad y graduación de esa incapacidad.

Sabido es que el perito es un auxiliar de la justicia y su misión consiste en contribuir a formar la convicción del juez, razón por la cual la labor pericial no tiene, en principio, efecto vinculante (conf. art. 477, Cód. Procesal), la circunstancia de que el dictamen no tenga carácter de prueba legal, no obligue al juez, salvo en los casos en que así lo exige la ley, no importa que éste pueda apartarse arbitrariamente de la opinión fundada del idóneo.(Conf. CNCiv, esta sala, 6/7/2010 expte. 93261/2007 “Godoy Muñoz Pedro c/ Villegas Víctor Hugo y otros s/ daños y perjuicios” id, 24/6/2010, expte. Nº 34.099/2001 “Ruiz Díaz, Secundino y otro c/ Guanco, Víctor Manuel y otros s/ daños y perjuicios”).

La pericia psicológica efectuada en autos a los accionantes luce a fs. 485/494 la cual fue impugnada a fs. 535 por la demandada.

Cabe señalar que la eficacia probatoria del informe no se ve disminuido por las impugnaciones que formularan las partes cuando los argumentos vertidos por los impugnantes, no aportan al expediente probanzas de similar o mayor rigor técnico o científico que desmerezcan las conclusiones alcanzadas en el peritaje (conf. arts.386 y 477 del Código Procesal; Palacio, Lino “Derecho Procesal Civil”, t. IV, pág. 720) (conf CNCiv., esta Sala, 10/12/09, “Taboada, Carlos David c/Lizarraga, Luis Martín s/ daños y perjuicios” 27/5/2010, expte.n°53.007/2005 “Tronconi Martín Fernando c/ Maciel Vanina Alejandra y otros s/ ds y perj”). Por ende, no configurándose en los presentes tales requisitos, corresponde atenerse a los datos aportados por el experto.

Esta Sala ha sostenido en forma reiterada que aun cuando las normas procesales no acuerdan al dictamen pericial el carácter de prueba legal, si el informe comporta la necesidad de una apreciación específica en el campo del saber del perito -conocimiento ajeno al hombre de derecho- para desvirtuarla es imprescindible contar con elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente en el error o inadecuado uso que el experto hubiera hecho de sus conocimientos científicos, de los que por su profesión o título habilitante ha de suponérselo dotado. Por consiguiente, para que las observaciones que pudiesen formular las partes logren favorable acogida, es menester aportar al expediente probanzas de similar o mayor rigor técnico o científico que desmerezcan las conclusiones alcanzadas en el peritaje (conf. arts. 386 y 477 del Código Procesal; Palacio, “Derecho Procesal Civil”, t. IV, pág. 720), ello sin perjuicio de la valoración que cabe en los términos de los arts. 386 y 477 (Ver esta misma Sala, Expte. nº 32.650/05, “Sánchez, Romina Mabel c/La Mediterránea S.A. y otro s/ daños y perjuicios”, del 10/09/2009; Expte. Nº115.605, “Elefteriu Zonca, Eduardo y otro c/Consorcio de Propietarios Bolivar 1867/69/75/87 s/daños y perjuicios”, del 24/08/09; Expte. nº114.916/03, “Ghiorso, Elsa N. c/Pérez, Héctor Oscar y otros s/ daños y perjuicios”, del 17/02/2010, entre otros).

En virtud de lo dispuesto en el dictamen pericial y acreditada la incapacidad de orden psíquico de carácter parcial y permanente con características de daño cierto y perdurable que amerita resarcimiento en este sentido, porcentajes de incapacidad asignados a los coactores:con respecto a R A y F M quienes presentan un desarrollo reactivo muy severo, determinante de un 50% y 45 % de daño psíquico respectivamente, con respecto a C M. I, J M y A V A, presentan daño psíquico del 35%, y con respecto a C G de un 30% y A R quien presenta un desarrollo reactivo moderado le asigna un 20% de daño psíquico, estimo adecuado a las constancias de la causa, los montos concedidos de conformi dad a lo dispuesto en el considerando IX, por lo que propongo al acuerdo su confirmación, desestimando los agravios intentados al respecto.

VI.Tasa de interés.

Caber señalar que según la doctrina y jurisprudencia mayoritaria vigente en el Fuero, corresponde aplicar desde el inicio de la mora y hasta el efectivo pago del capital de condena la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

La tasa de interés fijada debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación, en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia, implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido.

Por ello, ninguna duda cabe que si se determinaron los distintos montos indemnizatorios a la fecha de ocurrencia del hecho ilícito, corresponde directamente la aplicación de la tasa activa desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia (C. N. Civ., esta Sala, 28/09/2009 Expte. Nº 101.903/2005 “Ochoa, Raúl Vladimiro c/ Recoletos Argentina S. A.”; Idem., id.,19/11/2009, Expte. Nº 115.969/2003 “Rodríguez Ayoroa, Hilda Mabel c/ Deconti S.A. y otros”; Id., id., 4/5/2010 Expte. Nº 28.910/2003, “Colombo, Aquilino Manuel c. De Rosso, Héctor Eduardo”; entre otros).

Sin embargo, distinto criterio sostenemos cuando todos los rubros han sido estimados a la fecha de la sentencia de primera instancia (C. N. Civ., esta Sala, 11/02/2010, Expte.Nº 52.629/2005, “Solimo, Héctor Marcelo c/ Trenes de Buenos Aires y otro” ; Idem. Id., 25/02/2010, Expte. Nº 87.802/2000, “Valdez Sandra Noelia c/ Urbano Alberto Daniel y otro”; Id., id., 15/3/2010, Expte. Nº 40.230/2006 “Benzadon, Ricardo José c. Guillermo Dietrich S. A. y otro” ; Id. Id.,21/12/09 Expte. Nº 43.055/99 “Vivanco, Ángela Beatriz c/ Erguy, Marisa Beatriz y otros”; Id., id., 17/11/2009, “Pierigh, Fabiana Claudia c/ Radetch, Laura Virginia y otros”), o al menos algunos de ellos han sido determinados tomando valores vigentes a la fecha del pronunciamiento de grado o de otro momento procesal como, por ejemplo, la fecha del dictamen pericial (C. N. Civ., esta Sala, 11/03/2010, Expte 114.707/2004, “Valdez, José Marcelino c/ Miño, Luis Alberto del 11/3/2010; Idem., id., 27/4/2010, Expte. Nº 92838/2001, “Bertagni, Alberto Eugenio c/ Baron, Martín”, entre otros).

Ello así, por cuanto tal como sostuvimos las tres integrantes de esta Sala en oportunidad de pronunciarnos con la mayoría a la cuarta cuestión propuesta en el plenario “Samudio”, la aplicación de la tasa activa, que tiene por objeto mantener incólume la significación económica de la condena, puede implicar como un efecto no querido un resultado contrario y objetivamente injusto, produciendo una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido.(Conf. CNCIv, esta Sala,10/8/2010, expte.Nº 69.941/2005 “Gutiérrez, Luis Alfredo y otro c/ Luciani, Daniela Cyntia y otros s/ daños y perjuicios”).

En el presente no se advierte en párrafo alguno del pronunciamiento que el sentenciante haya fijado los montos de condena a valores actuales, siendo práctica habitual el aclarar debidamente tal circunstancia, precisamente para no inducir a error a las partes.

En este contexto para aplicar una tasa de interés diferente, debiera explicarse de qué modo, la aplicación de la tasa activa establecida por el juzgador sobre valores estimados a la fecha del siniestro pueda conducir a una alteración sustancial del significado económico del capital de condena, que configure un enriquecimiento indebido, único supuesto fáctico que justificaría apartarse del principio general (Conf. C. N. Civ., esta Sala, 15/04/2010, Expte. 114.354/2003 “Rendon, Juan Carlos c/ Mazzoconi, Laura Edith”, entre otros).

En virtud de ello estimo que en el caso sub examine no se verifica el supuesto fáctico que en el precedente “Samudio” , la mayoría de este Excmo. Tribunal tuvo en cuenta (última parte) por lo que corresponde desestimar el agravio planteado por la accionada, confirmando en este aspecto el decisorio recurrido.

VII.Conclusión.

A tenor de las consideraciones fácticas y jurídicas desplegadas a lo largo del presente si mi voto fuera compartido, propongo al Acuerdo :

1.Declarar desierto el recurso interpuesto por la parte actora a fs.797 concedido a fs. 798.

2.Confirmar el fallo apelado en todo lo que decide y ha sido materia de apelación y de agravios.

3) Costas de Alzada a las demandadas vencidas (art. 68 del Código Procesal).

Tal es mi voto.

Las Dras. Zulema Wilde y Beatriz A.Verón adhieren al voto precedente.

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.

Buenos Aires, octubre 6 de 2015.

Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

1.Declarar desierto el recurso interpuesto por la parte actora a fs.797 concedido a fs. 798.

2.Confirmar el fallo apelado en todo lo que decide y ha sido materia de apelación y de agravios.

3) Costas de Alzada a las demandadas vencidas (art. 68 del Código Procesal).

4.Difiérase la regulación de los honorarios para su oportunidad.

Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.