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Responsabilidad de la arquitecta por los defectos de construcción y la demora de la obra, lo que se tradujo en mayores costos para la reclamante.

arquitecturaPartes: M. E. L. c/ R. A. M y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro

Sala/Juzgado: Tercera

Fecha: 5-nov-2015

Cita: MJ-JU-M-95555-AR | MJJ95555 | MJJ95555

Responsabilidad de la arquitecta por los defectos de construcción y la demora de la obra, lo que se tradujo en mayores costos para la reclamante. Cuadro de rubros indemnizatorios.

CUADROS CUANTIFICATORIOS

Datos de la Víctima
Sexo Estado Civil Carácter
F Casado Cliente

 

Datos del Hecho
Fecha Tipo de Accidente Relato de los Hechos Tasa de Interés aplicada
25-ene-2005 Bienes Corresponde resarcir los daños y perjuicios sufridos por la actora por los defectos en la obra realizada. T. pas. BPBA op. desc. 30 días en op. dig.

 

Rubros indemnizatorios
Rubro Divisa Monto
Daño Material $ 11750
Reintegro de Gastos $ 32892

 

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios deducida contra la arquitecta que dirigió la obra, a raíz de las mayores sumas que debió abonar la reclamante por mano de obra y materiales por defectos en la obra, y por el retraso de la misma.

 

2.-Cabe desestimar el lucro cesante reclamado, al no probar siquiera mínimamente ninguna de las circunstancias en que sustentara su reclamo, esto es, que su actividad principal fuera la de piloto comercial invirtiendo el excedente de sus ingresos y ahorros en la adquisición de inmuebles para su posterior refacción y comercialización en el mercado inmobiliario.

 

 

Fallo:

 

En la ciudad de San Isidro, a los 5 días del mes de Noviembre de 2015, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Tercera de la Cámra Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, doctores JUAN IGNACIO KRAUSE y MARIA IRUPE SOLANS, para dictar sentencia definitiva en el juicio: «M. E. L. C/ R. A. M Y/O S/ DAÑOS Y PERJUICIOS» causa nº D-2181-5 y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Krause y Soláns, resolviéndose plantear y votar las siguientes:

 

C U E S T I O N E S

 

1ª ¿Es justa la sentencia apelada?

 

2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

 

V O T A C I O N

 

A la primera cuestión, el señor Juez doctor Krause dijo:

 

1º) La sentencia de fs. 561/5070 hizo lugar a la demanda promovida por E. L. M. contra A. M. R. y D. A. C. condenándolos a pagar la suma de $ 94.562,13 con más los intereses y costas.

 

Apela la demandada A. Marta R. conforme agravios de fs. 622/627 -contestados a fs. 633/637- y la actora que expresara agravios a fs. 628/631 respondidos por su contraria a fs. 638/639.

 

2º) Relató en su demanda la actora, que contrató con la arquitecta R. la refacción y construcción de nuevos espacios en el inmueble sito en el pasaje Stephenson 2271 de Martínez contando ella con la colaboración del demandado C. a quien presentó como el constructor que se haría cargo de la obra la que dio comienzo el 5 de julio de 2004 bajo la supervisión de la arquitecta demandada. Relató que a mediados del mes de diciembre del mismo año la arquitecta dejó de concurrir a la obra en forma efectiva y que el trato continuó con el demandado C.hasta el 10 de enero de 2005 en que los trabajos se interrumpieron a pesar de sus reclamos y llamados de atención por numerosos incumplimientos. Relata también que el 25 de enero, ocasión en que se encontraban quienes habían reemplazado a los demandados en la obra, se produjo el derrumbe de uno de los tanques de agua, colocados por la demandada en forma incorrecta. Mencionó que de de la prueba anticipada llevada a cabo surgen los incumplimientos y la incompetencia por parte de la arquitecta demandada y el constructor que, unido al abandono de la obra, le generaron un perjuicio cuya reparación integral solicita. Reclamó así por los daños producidos, por los trabajos faltantes y percibidos y lucro cesante.

 

En su contestación la arquitecta R., además de negar pormenorizadamente los hechos relatados en la demanda, señala que el actor es amigo de su ex esposo y que, en razón de ello y de sus viajes, le encomendó la compra de materiales para la obra e hizo pagos al codemandado C. que fuera por ella presentado a la actora. Señaló que nunca tuvo a su cargo la obra ni ejerció su dirección y que el sr. C., como constructor, fue contratado y elegido por la actora. Este último no contestó la demanda y fue declarado rebelde.

 

La sentencia apelada tuvo por demostrada la dirección de obra, por parte de la arquitecta R., en virtud de la documental acompañada en la demanda reconocida por ella al contestarla. Considera evidente la sentenciante que en la obra en cuestión intervinieron ambos demandados ejerciendo la arquitecta R. la dirección de obra. Ante el reconocimiento de la demandada de que estaba a su cargo la compra de materiales, a la que se refiere la documental acompañada a la demanda que la accionada ha reconocido, concluye la sentenciante en que la que daba las instrucciones como directora de obra era la demandada, puesto que tales instrucciones no pudieron ser impartidas por la actora como sugiere la demandada al reconocer la documental en cuestión.Hizo la sentenciante especial hincapié en los recibos obrantes a fs. 21 y 26 que fueron otorgados por la demandada en concepto de «proyecto y dirección de obra calle Stephenson 2771, Martínez».

 

3º) Se agravia en primer lugar la demandada arquitecta R. por la responsabilidad que se le endilga como Directora de Obra. Sostiene que la conclusión de la Sra. Juez «aquo» en tal sentido carece de apoyo probatorio y que no existe prueba alguna que acredite que ella actuó en tal condición, siendo insuficiente al efecto el hecho de que recibiera sumas de dinero por parte de la actora, ya que -como afirmara al contestar la demanda- las recibió para la compra de materiales y para pagar al constructor C. codemandado en autos.

 

Expresar agravios es, conceptualmente, ejercitar el control de juridicidad mediante la crítica de los eventuales errores del juez y, por ponerlos en evidencia, obtener una modificación parcial o íntegra del fallo en la medida del gravamen que causara. La labor impugnativa de una sentencia no consiste en denunciar ante el Tribunal de Alzada sus supuestas falencias o injusticias, sino en demostrarlas, con la mención -más o menos específica según las circunstancias del caso- de los elementos de prueba que justifiquen tal impugnación (arts. 260 del C.P.C.; causas 105.538 del 19-5-09, 109.298 del 6-4-10 de esta Sala IIIª; 47.114 del 31-8-88; 54.740 del 25-7-91; 60.252 del 28-6-93 de la Sala IIª).

 

En el caso las argumentaciones de la demanda son meras generalidades desentendiéndose de los fundamentos por el cual la Juzgadora ha tenido por demostrada su condición de directora de obra, esto es, -como ya adelantara- que la que daba las instrucciones como tal era la apelante, puesto que tales instrucciones no pudieron ser impartidas por la actora como sugiere la demandada al reconocer la documental en cuestión. No cuestiona ni se refiere a la conclusión de la sentencia en cuanto hace especial hincapié en que los recibos obrantes a fs.21 y 26 fueron otorgados por la demandada en concepto de «proyecto y dirección de obra calle Stephenson 2771. Martínez». Ha de confirmarse pues la sentencia en el aspecto que se analiza puesto que no basta que el apelante afirme que determinadas pruebas acreditan los hechos controvertidos, porque es su carga probar concreta y razonadamente en qué radica el error que atribuye al juez, en el ejercicio de la sana crítica, al concluir con una solución distinta a la por él propugnada. Es que los agravios deben ser suficientes sobre cada una de las cuestiones debatidas y cuya modificación se pretende. Aquellas sobre las que la impugnación resulta vaga o meramente afirmativa, o traduce una simple discrepancia subjetiva que no configura una crítica razonada, quedan excluidas de la consideración de la Alzada (arts. 260, 261, 266 CPCC; Causa 106.339 del 1-4-09, 106.571 del 21-5-09 de esta Sala IIIª).

 

A mayor abundamiento ha de advertirse que, tal como lo sostiene la actora al contestar los agravios, la prueba merituada en la sentencia se halla corroborada por la declaración del testigo Cardozo quien, dando suficiente razón de sus dichos, señala que la arquitecta R. es quien lo contrató para la carpintería y es la que estaba encargada de la obra tomando las decisiones finales; ella era la responsable y quien tomaba las decisiones fundamentales (fs.290/292, respta.2ª y 3ª, arts. 384 y 456 del C.P.C.)

 

4º) se agravia la demanda por cuanto la sentencia no ha considerado que no ha sido constituida en mora. Señala que siendo la suya una obligación que no poseía plazo debió intimársela conforme el art. 509 del Cód. Civil.

 

No le asiste razón.

 

En efecto, aun cuando se considerara la obligación de la demanda sin plazo, lo cierto es que la sentencia ha determinado la constitución en mora en razón del reclamo formulado en la demanda.Al respecto es dable recordar que la notificación de la demanda constituye la interpelación de la que depende la constitución en mora del deudor (doctr. art. 508 C.Civ.; MAYO en «Código Civil Anotado» cit., II, 589 causa 55.554 del 29-11-91). Por lo demás, tal como lo señala la actora al responder a los agravios, se desentiende la apelante de la conclusión de la sentencia por la que, acreditada la dirección de obra, no era necesaria ninguna intimación ante el abandono de la obra por parte de la obligada (doc. art. 246 del C.P.C.).

 

5º) Reclamó la actora, en concepto de daños y perjuicios por el incumplimiento en que incurrió la demandada, la suma de $ 11.750 que corresponde a los trabajos estimados como necesarios según documental de fs. 79/80.

 

La sentencia concluye en que tal suma, correspondiente a mayores costos de mano de obra y materiales por defectos en la obra, no cuestionada por la perito arquitecta en su dictamen de fs. 303/320, es procedente, como así también la suma de $49.920 por el perjuicio sufrido por el retraso de la obra según prueba pericial de fs. 303/320. Concluye así en que la demandada ha de abonar a la actora la suma de $ 61.670 (49.920+ 11.750).

 

Sostiene la demandada en sus agravios que la suma de $49.920, fijada por la sentencia como el perjuicio sufrido por el retraso de la obra, teniendo en cuenta un plazo de 60 días laborales necesarios para ello, constituye la consideración de una cláusula penal o multa de ninguna manera acordada entre las partes.

 

El cálculo de los $ 49.920 realizado en la sentencia se sustenta en el dictamen pericial de fs. 303/320, que estimó en 60 días laborales los necesarios para ejecutar los trabajos faltantes, calculando en USD 100 por día el perjuicio por ello sufrido por la actora, por ser habitual la inclusión en los contratos de construcción una multa diaria de U$S 100.Asiste pues, razón a la apelante por cuanto las partes no pactaron cláusula penal o multa alguna por el retraso de la obra. Se trata pues, en definitiva de la aplicación de una cláusula penal, inexistente en los términos del contrato celebrado entre las partes y que de manera alguna integrara el objeto de la demanda conforme liquidación efectuada en la demanda (fs.114 vta.).

 

Cabe recordar que las sentencias deben limitarse a los hechos y derechos invocados oportunamente, sin que sea permitido a los jueces apartarse de la relación jurídico procesal trabada y cuyo ejercicio depe nde de la voluntad de los interesados, quienes podrán hacerla valer o no según su libre arbitrio (SCBA, en DJBA, T. 117, p. 284 y 285 y demás fallos citados por Morello, Sosa, Berizonce en «Códigos.» T. II. C. pág. 42; causa 107.258 del 30-6-2009 RSD: 63/09 de esta Sala IIIª). Los hechos no afirmados por los contendientes en los escritos constitutivos de la litis, deben reputarse como inexistentes por el juez; ni éste ni las partes pueden apartarse del marco fijado por la litiscontestación, y éste no puede modificarse a través del material probatorio (art. 362 CPCC.; causas 41.589 del 28-8-86, 46.472 del 31-5-88). No cabe considerar -entonces- otras cuestiones que las afirmadas por las partes, ni pronunciarse sobre peticiones no deducidas o cosas no reclamadas, ni hacer mérito de hechos no invocados, aún cuando resulten de los autos, porque la alteración unilateral de los términos del pleito va en mengua del derecho de defensa. El Tribunal no puede condenar al victimario a enjugar un daño no afirmado, no por puro ritual sino porque cercenaría las atribuciones de la defensa de la parte demandada para elaborar los alcances de su incorporación al proceso contradictorio (arts.34, 163, 330, 358, 457 CPCC; causa 55.126 del 19-9-1991 de la Sala IIª). Se ha recalcado con insistencia que una de las garantías del debido proceso consiste en la restricción que tiene la judicatura de introducir cuestiones sorpresivamente, de manera que las partes no hayan podido ejercer plena y oportunamente el derecho de defensa. Por ello, la conformidad entre la sentencia y la demanda y contestación, en cuanto a las personas, objeto y causa, es ineludible existencia en cumplimiento de principios sustanciales del juicio, relativos a la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal, toda vez que la litis fija los poderes del juez. En cuanto se supera este marco de operatividad se produce el quebrantamiento del principio de congruencia (SCBA, Ac.38513, 5.2.80, Ac.29935 31.3.81, Ac.33721 23.8.8,; causa 106.969 del 21-5-09 de esta Sala IIIª).

 

Ha de excluirse, entonces, de la condena la suma de $ 49.920 fijada por el concepto analizado.

 

6º) La Sra. Juez «aquo» determinó la obligación de la demandada de restituir a la actora la suma de $ 32.892 en razón de los trabajos de obra faltantes cuyo precio fue percibido por la demandada. Tuvo en cuenta para ello que conforme la prueba pericial de autos (fs.303/320) lo percibido por mano de obra alcanzó la suma de $55.286 mientras que lo efectivamente realizado ascendió a la suma de $ 22.393,87.

 

Sostiene la demandada en sus agravios que el cálculo por el cual se estableció que el 59,9% de la obra no ha sido oportunamente ejecutado es desatinado, puesto que según la relación existente entre el presupuesto acompañado en la demanda y la experticia obrante en autos solo restaría realizar el 15% de la obra lo que significa $ 8.292 respecto los $55.286 recibidos oportunamente.

 

No le asiste razón.

 

En efecto; la conclusión de la sentencia se sustenta en la pericia de fs.303/320 en la que la experta, a partir de la planilla identificada con el nº4 (fs.310), establece, teniendo en cuenta el presupuesto del codemandado C. (fs.48), el monto de las tareas faltantes conforme los 19 rubros que integran la referida planilla. Así concluyó que el importe ejecutado por mano de obra asciende a la suma de $22.393,87 mientras que el importe percibido por el mismo concepto asciende a la de $55.286, ambas sumas tenidas en cuenta por la sentenciante para estimar el rubro en análisis. Si bien la apelante impugnó la pericia, sosteniendo que la conclusión es incongruente con la afirmación de la experta de que la obra se halla concluida, no requirió al respecto explicación alguna (fs. 338 vta.). Tampoco es atendible la comparación que efectúa entre el dictamen pericial y el presupuesto realizado por Carlos Alberto Mariani (73/79) y que la actora acompañara en la demanda, ya que la apelante expresamente lo desconoció e impugnó al contestar la demanda. Cabe destacar en este sentido que los fundamentos que aparecen poco claros en el peritaje -de ser así-, deben consolidarse y desecharse cuando hay tiempo para ello, o sea, en la etapa abierta por el art.473 del C.P.C.C., con efectos preclusivos (causas 106.683 y 106.688 del 2.6.09 de esta Sala IIIª). Por ello, si no se utilizó, como en este caso, el pedido de explicaciones respecto de la conclusión de la pericia que ahora se critica, resultan improcedentes los cuestionamientos planteados en los agravios, ya que aquélla oportunidad no es recuperable, pues implicaría una tardía verificación probatoria en etapa ya clausurada, instalando una peculiar situación en que no podría oírse al experto (causa 107.596 del 25-8-09, 109.268 del 13-7-10 de esta Sala IIIª; 95.514 del 11.11.04 de la Sala IIª).

 

Tampoco ha de admitirse la queja de la actora en cuanto sostiene que sólo se ha valorado la diferencia existente entre lo abonado por su parte y lo efectivamente ejecutado puesto que no indica ni explicita -tal como lo sostiene la demandada al responder a los agravios- en qué radica el error que imputa a la sentenciante al acoger los valores que la pericia establece.

 

Ha de confirmarse, pues, en el aspecto analizado la sentencia apelada.

 

7º) Desestimó la sentencia el lucro cesante que demandara el actor al no probar siquiera mínimamente ninguna de las circunstancias en que sustentara su reclamo, esto es: que su actividad principal -como sostuviera en la demanda- fuera la de piloto comercial invirtiendo el excedente de sus ingresos y ahorros en la adquisición de inmuebles para su posterior refacción y comercialización en el mercado inmobiliario.

 

El lucro cesante es la efectiva privación de una ganancia o ventaja esperada de la que ilegítimamente resultó frustrado el damnificado. Su procedencia requiere la prueba razonable de que tal privación ha existido (SCBA., «Ac.y Sent.», 1966-II, 227). Ello así, quien reclama el lucro cesante debe aportar los elementos de prueba que demuestren su alcance o por lo menos, que lleven al ánimo del juzgador la convicción de que una ventaja no se produjo por haberlo impedido la acción del responsable del daño (causa 107.479 del 16-7-09 de esta Sala IIIª; 88.844 del 18-12-01, 56.826 del 18-6-92, 57.008 del 27-8-92, 63.036 del 16-6-94 de la Sala IIª).

 

En el caso, tal como lo ha resuelto la sentencia apelada, no probó ninguno de los hechos en la que sustentó la privación de las ganancias reclamadas. Cabe recordar, en este sentido, que la prueba en el proceso judicial tiene por fin verificar los extremos acerca de los cuales los contendientes han asumido la carga y la responsabilidad jurídica de su categórica aserción o negativa (FASSI, «Código Procesal.», vol. II, núm. 2150). Y pesa sobre el demandante demostrar sus afirmaciones, puesto que la parte cuya pretensión procesal no puede tener éxito sin que se aplique un determinado precepto jurídico, soporta la carga de la afirmación y de la prueba de que las características definidoras de ese precepto están realizadas en los hechos; debe afirmar y probar los presupuestos que condicionan la actuación de esa norma (art. 375 CPCC., causa 106.180, 106.181 y 106.179 del 5-5-09 de esta Sala IIIª; 97.345 del 13-4-05 de esta Sala IIª). No basta pues con afirmar -como lo hace el apelante en sus agravios- que el capital que se invierte en una obra inmobiliaria está destinado a obtener un beneficio.

 

Ha de confirmarse también en esta aspecto la sentencia apelada.

 

8º) Se agravia la actora por haberse fijado la tasa de interés según la que paga el banco de la Provincia de Buenos Aires en depósitos a 30 días.Pide que se aplique la tasa activa.

 

El tipo de interés en análisis constituye la forma específica de indemnización por el atraso en el pago de una obligación pecuniaria (conf. Trigo Represas, Félix A. Compagnucci de Caso, Rubén H. «Código Civil comentado», Obligaciones, T° I, ed. Rubinzal-Culzoni, Sante Fe 2005, pág. 493). El art. 622 del Código Civil establece que el deudor moroso debe los intereses convenidos en la obligación, desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, debe los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Si no se hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que debe abonar (conf. SCBA, Ac. 53.588 del 30-8-94; 53.734 del 23-4-96; Sala I de esta Alzada en autos «Val Hector c/ Avícola S.H s/ ds. y ps., causa 33.752-0 del 19/5/15 RSD 68/15).

 

La sentencia en crisis fijó la tasa que paga el Banco de la Provincia de Bs. As. en sus depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación hasta el efectivo pago, conforme la doctrina legal establecida por el Superior Tribunal (S.C.B.A. Ac. 43.858 del 21-5-91 «Zgonc c/Asociación Atlética»; Ac. 49.987 del 16-6-92, 49.987 del 16-6-92, 38.680 del 28-9-93, 59.059 del 25-3-97, 101.774 y 94.446, C.102.771 del 18-8-2010 «Montenegro, Julio César c/ Díaz, Gustavo Omar s/ ds.y ps.» , y C.94859 del 9-12-2010, Yocco, G.H c/ Narvaez, H.P s/ ds y ps; causas 107.224 del 28-5-09 y 107.327 del 2-6-09, 108.697 del 20-5-2010, 99.736 del 7-9-10 y SI496/2008 del 30-5-13 RSD 55/13 de Sala III).

 

Tal doctrina se ha visto recientemente complementada con el fallo dictado en la causa «Zocaro, Tomás Alberto c/ Provincia ART S.A. y otro s/ ds. y ps.» (SCBA Ac. 118.615 del 11/3/2015), en el sentido que el Superior Tribunal consideró que la tasa que paga el Banco de la Provincia de Bs. As. en las operaciones de depósito a través del sistema Banca Internet Provincia a treinta días vigentes en los distintos períodos de aplicación (la tasa pasiva digital) es un índice que no vulnera la doctrina antes referida.

 

No obstante, dicha tasa (pasiva digital), como medida/índice de cálculo de precio del dinero, no existía a la fecha de mora fijada en autos (4-8-05) y hasta el 19-8-08 (http://www.scba.gov.ar/ vservicios/ ContieneMontos.asp), por lo que tal referencia no puede ser aplicada en los perí odos anteriores a su vigencia.

 

En consecuencia y teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 622 del Código Civil y los índices existentes en el período en análisis, corresponde liquidar los intereses durante el periodo comprendido en el lapso temporal ocurrido entre la fecha de mora (4-8-05) y el 19-8-08, a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días vigente en los distintos períodos de aplicación (S.C.B.A. Ac. 43.858 del 21-5-91 «Zgonc c/Asociación Atlética»; S.C.B.A.49.987 del 16-6-92, 49.987 del 16-6-92, 38.680 del 28-9-93, 59.059 del 25-3-97, 101.774 y 94.446, C.102.771 del 18-8-2010 «Montenegro, Julio César c/ Díaz, Gustavo Omar s/ ds. y ps.», y C.94859 del 9-12-2010, Yocco, G.H c/ Narvaez, H.P s/ ds y ps; Morello y otros, «Códigos.», 2da. ed. vol III, pág. 495, causas 107.224 del 28-5-09 y 107.327 del 2-6-09, 108.697 del 20-5-2010, 99.736 del 7-9-10 y SI496/2008 del 30-5-13 RSD 55/13 de Sala III).

 

Asimismo, por el período temporal que corre desde el 19-08-2008 hasta el efectivo pago corresponde liquidarlos a la tasa pasiva digital; siempre que de la aplicación del referido índice no se advierta un resultado inferior al que produzca en tal momento la tasa pasiva, en cuyo caso se aplicará esta última. (arts. 622 del Código Civil y 163 inc. 5° del C.P.C.C.; causas SI29985/2010 del 18-6-15 RSD 89/15, SI30771-2012 del 14-7-15 RSD 96/15 y SI2530/2010 del 30-9-15 RSD 144/15 de Sala IIIª).

 

Con las modificaciones propuestas voto por la afirmativa.

 

A la misma cuestión, la señora Juez doctora Soláns por iguales consideraciones, votó también por la afirmativa .

 

A la segunda cuestión, el señor Juez doctor Krause dijo:

 

Dada la forma como se ha resuelto la cuestión anterior; corresponde: a) reducir el monto de la condena a la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 13/00 cvos. ($44.642, 13); b) modificar la tasa de interés para el período comprendido entre 19-8-08 y el efectivo pago, fijando la tasa que paga el Banco de la Provincia de Bs. As.en sus operaciones a treinta días respecto a fondos captados en forma digital, es decir a través del sistema «home banking» de la entidad, que se denomina comercialmente como Banca Internet Provincia o BIP en su modalidad tradicional, siempre que de la aplicación del referido índice no se advierta un resultado inferior al que produzca en tal momento la tasa pasiva, en cuyo caso se aplicará esta última; c) confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravio. Las costas devengadas ante esta Alzada se imponen a la demandada sustancialmente vencida (art. 68 del C.P.C.), a cuyo fin se regularán los honorarios de los letrados intervinientes en la oportunidad prevista por el art. 51 de la ley 8904.

 

ASI LO VOTO

 

A la misma cuestión la señora Juez doctora Soláns por iguales motivos votó en el mismo sentido.

 

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:

 

S E N T E N C I A

 

POR ELLO, en virtud de las conclusiones obtenidas en el Acuerdo que antecede y de los fundamentos expuestos en el mismo, a) se reduce el monto de la condena a la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 13/00 cvos. ($44.642, 13); b) se modifica la tasa de interés para el período comprendido entre 19-8-08 y el efectivo pago, fijando la tasa que paga el Banco de la Provincia de Bs. As. en sus operaciones a treinta días respecto a fondos captados en forma digital, es decir a través del sistema «home banking» de la entidad, que se denomina comercialmente como Banca Internet Provincia o BIP en su modalidad tradicional, siempre que de la aplicación del referido índice no se advierta un resultado inferior al que produzca en tal momento la tasa pasiva, en cuyo caso se aplicará esta última; c) confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravio. Las costas devengadas ante esta Alzada se imponen a la demandada sustancialmente vencida (art. 68 del C.P.C.), a cuyo fin se regularán los honorarios de los letrados intervinientes en la oportunidad prevista por el art. 51 de la ley 8904.

 

Reg. not. y dev.

 

Juan Ignacio Krause

 

Juez

 

María Irupé Soláns

 

Juez

 

Claudia Artola

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