Se considera ‘actividad riesgosa’ las tareas de telemarketer desarrolladas por la actora en condiciones de mucha presión y estrés.

telemarketer1Partes: Marcellino Daiana Vanesa c/ Citytech S.A. y otro s/ accidente – acción civil

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: X

Fecha: 7-sep-2015

Cita: MJ-JU-M-95614-AR | MJJ95614 | MJJ95614

 

 

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar a la acción civil deducida, pues la sobrecarga de tareas impuesta a la trabajadora, la presión imperante en relación con el tiempo de duración de cada llamada telefónica, su incidencia para la percepción del premio mensual por objetivo cumplido y los escasos minutos para descansar o concurrir a los sanitarios, más el control constante y directo de los superiores jerárquicos para solucionar los reclamos de los clientes en los cuatro minutos antes aludidos, labores desarrolladas de modo rutinario y repetitivo, la califican como ‘actividad riesgosa’ que genera su responsabilidad según el art. 1113  del CCiv.

2.-Cabe condenar a la ART en los términos del art. 1074  CCiv., pues si bien la aseguradora realizó visitas al establecimiento donde laboró la actora, de dichas constancias no surgen recomendaciones en relación con las condiciones laborales ‘riesgosas’ impuestas por la empleadora (sobrecarga de tareas o respecto de exceso de presión a los trabajadores para el cumplimiento de objetivos), circunstancias padecidas por la actora y que actuaron como factor de atribución del porcentual incapacitante que padece.

Fallo:

CABA, 07 de septiembre de 2015.- SD

El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

1º) Vienen estos autos a la alzada a propósito de los agravios que contra el pronunciamiento de fs. 555/559vta. interpusieron las demandadas a tenor de los memoriales obrantes a fs. 561/568vta. (Galeno A.R.T. S.A., ex Mapfre Argentina A.R.T. S.A.) y 605/612vta. (Citytech S.A.), los cuales merecieron las respectivas réplicas de la actora (fs. 597/599vta. y 616/619). Asimismo, ambas demandadas cuestionan los honorarios regulados a la totalidad de los profesionales intervinientes por considerarlos elevados (ver fs. 568, quinto párrafo y 611vta, agravio IIII).

2º) Doy tratamiento a los agravios formulados por Citytech S.A.

De comienzo la aludida codemandada cuestiona la decisión «a quo» de condenarla en los términos del art. 1.113 del Código Civil.

Adelanto que no le asiste razón en su planteo recursivo.

Ya he sostenido que la procedencia de una pretensión de reparación integral como la aquí intentada se supedita a que el trabajador demuestre la existencia de un daño en relación de causalidad adecuada con alguno de los factores de atribución de responsabilidad, ya sea de índole subjetiva (v.g. dolo, culpa o incumplimiento contractual) u objetiva (v.g. vicio o riesgo de una cosa responsabilidad refleja por actos del dependiente) que pueda atribuirse al empleador, salvo que se alegue y pruebe la concurrencia de alguna de las causales eximentes de responsabilidad legalmente previstas (arts. 508, 511, 512, 1.074, 1.109, 1.113 y conc. del Código Civil).

Lo considero así dado que conforme a las declaraciones testimoniales obrantes en autos resulta suficientemente probado que las condiciones de trabajo impuestas a la actora implicaron que estuviera sometida a una constante presión en relación con una sobrecarga de tareas y al cumplimiento de objetivos que repercutan en el reconocimiento de premios para la mejora del salario.

En efecto a través de los testimonios receptados encuentro acreditadas las tareas de operadora de «call center» -telemarketer- que cumplió la actora bajo las órdenes de la ahora apelante que sirven de sustento al presente reclamo por reparación integral, como así también la incidencia de las mismas en la incapacidad determinada por el perito médico (art. 90 cit. y 386 C.P.C.C.N.).

Ramos Flores (fs. 352/3) declaró que «-la actora atendía a clientes telefónicamente en el departamento de cobranzas, que tenían 2 breaks de 15 minutos, que trabajaban bajo presión por el motivo que tenían que estar aproximadamente unos 4 minutos por cliente al teléfono como máximo de tiempo, era un objetivo, solucionar el problema en un tiempo de no más de 4 minutos. Que si tenían un caudal fluido de llamadas, condicionaba si iban a tener el break o no, como también si tenían que ir al baño o no. Que si los objetivos no se cumplían, la presión aumentaba. Que, si no llegaban a ese objetivo de 4 minutos, no se cobraba un premio extra-«.

A su vez, López (fs. 362/3) afirmó que Marcellino «-realizaba tareas de cobro, realizaba y recibía llamadas desde España de clientes de la compañía Vodafom, que era para el cobro de facturas atrasadas de teléfonos celulares. Que respecto a la empresa, esta prometía una serie de premios por el tiempo de las llamadas, que eran llamadas de 4 minutos 15, que en ese tiempo estimado se tenía que fijar el cobro de la factura, que les pedían un tope de llamadas por hora, que podían ser entre 12 y 20 llamadas, en el lapso de una hora, siempre y cuando cumplieran las 6 horas corridas de trabajo.Que nunca iban a llegar al objetivo ya que las llamadas se hacían muy largas, que la mayoría de los clientes llamaba enojados por el excesivo costo de las facturas o por distintas incidencias con la línea de Vodafón-.». El testigo agregó que «-había un break de 15 minutos y un segundo break de 10, que no había estimado de cuando tomárselo, en algunos casos pasaba que varios supervisores no se acordaban o no les hacían recordar y tenían que trabajar de corrido-«.

Finalmente Bravo (fs. 363/4) declaró que «-la actora era telemarketer, que los breaks eran de 15 minutos, que había dos y no sabían precisamente cuándo les tocaba y eso los ponía muy nerviosos. Que las tareas de la actora, 3 minutos por llamada para resolverlas, con supervisor y 4 auditores que los presionaban. Si el cliente no tenía los papeles o tenían que hacer alguna consulta sobre su deuda, entonces tenían que hablar con dos países, control de calidad, verificación de datos, que podía ser Chile, y todo esto en los 3 minutos por cliente-«.

El tenor de los aludidos testimonios de compañeros de trabajo de la actora que tomaron conocimiento directo de lo que relatan -lo que me lleva a otorgarles convicción y plena fuerza probatoria: arts. 90 de la L.O. y 386 del C.P.C.C.N.- y las conclusiones a las que arribó el perito médico que resultan convictivas en razón de los argumentos científicos y técnicos que la ilustran, sin que lo expresado en las impugnaciones formuladas oportunamente logren conmoverla (arts. 386 y 477 del C.P.C.C.N.), me llevan a coincidir con la magistrada «a quo» en cuanto concluyó que la actividad que Marcellino desarrolló fue la base de sus dolencias y el nexo de causalidad adecuado para generar la responsabilidad de la empleadora en los términos de la normativa civil invocada (art.1.113).

En las condiciones señaladas cabe concluir que las aludidas secuelas de la demandante guardan un nexo de causalidad adecuada con las tareas que desarrolló para la empleadora. La sobrecarga de tareas impuesta a la trabajadora, la presión imperante en relación con el tiempo de duración de cada llamada telefónica, su incidencia para la percepción del premio mensual por objetivo cumplido y los escasos minutos para descansar o concurrir a los sanitarios, más el control constante y directo de los superiores jerárquicos para solucionar los reclamos de los clientes en los 4 minutos antes aludidos, labores desarrolladas para su empleadora (Citytech S.A.) de modo rutinario y repetitivo de lunes a viernes durante 6 horas diarias, la califican como «actividad riesgosa» que genera su responsabilidad según el art. 1.113 del Código Civil. Lo entiendo de ese modo pues la afección detectada es debida al riesgo de la actividad desarrollada creada por el medio propio del ambiente de trabajo (ver en igual sentido, C.N.A.T. Sala VI, S.D. del 20/11/2013 dictada en los autos «Gasalla, Romina Noemí c/General Sweet S.A. s/accidente – acción civil» ).

En este último punto coincido con lo señalado por la magistrada que me ha precedido en cuanto a que el ambiente laboral y las condiciones en las que la actora desarrolló sus tareas configuraron el factor de presión al que refirió el perito médico en su dictamen respecto del A.C.V.(accidente cerebro vascular) padecido por la trabajadora.

Por lo demás, la ahora recurrente no probó la existencia de culpa de la víctima como eximente de responsabilidad, con lo cual se encuentran reunidos – reitero- los presupuestos fácticos suficientes para responsabilizar a la empleadora demandada con sustento en el derecho civil, pues la afección detectada es debida -reitero- al riesgo de la actividad desarrollada creada por el medio propio del ambiente de trabajo.

Sugiero, pues, confirmar este segmento del fallo de grado.

3º) Asimismo la demandada mencionada se queja porque la señora juez «a quo» declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo.

Memoro que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la conocida sentencia dictada en la causa «Aquino, Isaac c/Cargo Servicios Industriales S.A. s/accidente»  (sentencia del 21/09/2004) fijó claramente doctrina en orden a la inconstitucionalidad de la norma legal referenciada por vulnerar el derecho constitucional de igualdad al imposibilitar al trabajador el acceso a la vía civil en procura de la obtención de una reparación plena e integral y no tarifada como la prevista por la ley especial. Con base en los conocidos fundamentos del mentado fallo «Aquino» -que aquí se dan por reproducidos en razón de brevedad- postulo confirmar la sentencia en el aspecto aquí objeto de agravio (ver S.D. Nº 17.060 de esta Sala X del 6/11/2009 en los autos «Santillán Omar Rubén c/Bruera Julio Gaspar y otros s/accidente – acción civil», entre muchos otros).

4º) Citytech S.A. también se agravia en relación con el grado de incapacidad laborativa que padece la actora y que fue determinado en el fallo.

He de memorar que de conformidad con el art. 477 del C.P.C.C.N. la fuerza probatoria del dictamen pericial debe ser estimada teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los letrados y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca.

En esos términos considero que el peritaje médico forma convicción en razón de los fundamentos científicos y técnicos, sin que lo expresado en las impugnaciones que fueron formuladas logre conmoverlo (arts. 477 y 386 del C.P.C.C.N.).

La apelante argumenta que no se logró determinar qué porcentaje de la incapacidad detectada se corresponde a una afección psicológica de base y cual se debe atribuir a la actividad desarrollada en la empresa. Pero en el punto no logra rebatir de modo eficaz (art. 116 de la L.O.) lo resuelto por la magistrada que me ha precedido en cuanto a que de acuerdo con lo informado por el perito médico actuante (conf. dictamen de fs. 167/180 y ratificación de fs. 204/206) la actora presenta una incapacidad del 5% de la total obrera por el evento acontecido -A.C.V. secundario a una malformación arteriovenosa- y que considera un 30% de esa incapacidad como responsabilidad concausal a las tareas por la actora en el período que trabajó en el call center (ver fs. 558, último párrafo).

Además, según es criterio de esta Sala, el juez solo puede y debe apartarse del asesoramiento pericial cuando adolezca de deficiencias significativas, sea por errores en la apreciación de las circunstancias de hecho o por fallas lógicas en el desarrollo de los razonamientos empleados que conduzcan a descartar la validez probatoria de la peritación, extremos que -conforme lo que vengo argumentando- no surgen del presente (esta Sala X, in re: «Saez c/ Industria Plástica Yasban», S.D.Nº 462 del 22/10/96).

En definitiva, sugiero confirmar la decisión de grado en cuanto receptó como incapacidad laborativa de la actora la del 1% dictaminada por el perito médico, lo cual lleva a desatender este tramo de la queja.

5º) A su turno, la codemandada Galeno A.R.T S.A. (reitero, ex Mapfre Argentina A.R.T S.A.) se agravia por la condena solidaria que le fue impuesta con fundamento en el art. 1.074 del Código Civil. Asimismo cuestiona la decisión «a quo» de determinar la existencia de un vínculo (nexo de causalidad adecuado) entre las dolencias padecidas por la actora y los supuestos incumplimientos endilgados a su parte en materia de prevención de accidentes de trabajo.

En relación con la responsabilidad de las aseguradoras de riesgos del trabajo, cabe recordar que el principal objetivo declarado por la ley 24.557 es la prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, para lo cual la norma prevé la utilización de herramientas tales como el monitoreo del estado de salud de los trabajadores ante la exposición a riesgos laborales. Tal propósito se lleva a cabo mediante la realización de controles médicos y periódicos con la obligación asimismo de vigilar las condiciones y el medio ambiente laboral en resguardo de la integridad del trabajador (conf. resoluciones S.R.T. Nº 43 del 12 de junio de 1997, Nº 28 del 13/3/98 y Nº 54 del 9/6/98).

Asimismo la aludida ley 24.557 ha puesto en cabeza de las aseguradoras de riesgos del trabajo, la seguridad y vigilancia en los establecimientos que ocupen personal en relación de dependencia, con controles de supervisión y fiscalización, y con amplias facultades para celebrar con los empleadores, planes de mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad, en los que se indicarán las medidas de cambios que deben implementarse en cada establecimiento a fin de adecuarlos a la normativa en vigencia (arts.4 y 2). A su vez, pone a cargo de aquellas el deber de denunciar los incumplimientos de sus afiliados a las normas de higiene y seguridad, incluido el ‘plan de mejoramiento’ (art. 31).

 

De acuerdo con lo que ya dije en este mismo voto, las lesiones padecidas por la demandante derivan directamente de realizar sus tareas en el ámbito físico del establecimiento de la codemandada Citytech S.A., empleadora de la trabajadora (nexo de causalidad adecuado) y no existen constancias de haberse tomado medidas concretas y necesarias -por parte de la A.R.T. apelante- a fin de evitar o prevenir el daño padecido por Marcellino. Si bien es cierto que la aseguradora de riesgos del trabajo demandada realizó visitas al establecimiento donde laboró la actora (ver pericial técnica), de dichas constancias no surgen recomendaciones en relación con las condiciones laborales «riesgosas» impuestas por la empleadora (sobrecarga de tareas o respecto de exceso de presión a los trabajadores para el cumplimiento de objetivos), circunstancias padecidas por la actora y que actuaron como factor de atribución del porcentual incapacitante que padece. Incluso el perito contador hizo saber acerca de la ausencia en la empresa de constancias que demuestren controles médicos periódicos efectuados a la actora (pto. 11 de fs. 468) y a su vez, el experto ingeniero informó que la A.R.T. demandada no lleva registros de siniestralidad de las actividades de la codemandada Citytech S.A. y comunicó que no le fueron exhibidas constancias de haber efectuado denuncias ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (ver ptos. d y e de fs. 504 del informe pericial técnico).

Lo así expuesto denota una falta de diligencia e incumplimiento a los deberes que la ley 24.557 (conf. arts. 4º y conc.) le impone a las aseguradoras en materia de prevención de accidentes laborales, lo cual autoriza a responsabilizarla por el resarcimiento íntegro y pleno del daño causado con fundamento en el mentado art. 1.074 del Código Civil.

He de memorar en el punto la doctrina sentada por la C.S.J.N.en autos «Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro»  del 31/3/09 en donde si bien decidió sobre las particularidades del caso que llegó al Alto Tribunal, también desarrolló una clara exposición acerca de la responsabilidad de las aseguradoras de riesgos del trabajo por los incumplimientos en que pueden incurrir respecto de las exigencias que les impone la Ley de Riesgos del Trabajo.

Propicio, en definitiva, desechar los agravios en tratamiento y confirmar en este punto el fallo apelado.

6º) En lo que hace a la crítica que formulan ambas demandadas a la cuantía del resarcimiento diferido a condena por reparación integral es criterio de esta Sala que la determinación de la indemnización, cuando se ha optado por la vía del derecho común, queda librada al prudente arbitrio judicial y ha de sujetarse a una reparación integral, considerándose al hombre no sólo en su aspecto individual sino también familiar y social. Sin embargo, el juzgador no está obligado de ninguna manera a utilizar fórmulas o cálculos con precisión matemática, con el riesgo de arribar a resultados que podrían colisionar con la realidad socioeconómica de un momento determinado, ya que no nos encontramos ante un caso de indemnización tarifada (así se ha expuesto en diferentes precedentes de esta Sala X, tales como SD 273 del 18/9/96 in re: «Córdoba Emilio c/ SA OCA s/ accidente ley 9688», SD 798 de diciembre de 1996 in re: «Retamozo Luis Oscar c/ Diacrom S.A. y otro s/ accidente», SD 18.278 de fecha 17/03/2011 en autos: «Garcia Weber Sergio Daniel c/ Supermercados Norte S.A.s/ daños y perjuicios», entre otros).

En esos términos, al tener en cuenta como parámetros atendibles en el caso, la edad de la demandante al momento de la toma de conocimiento del evento dañoso (23 años), el tiempo de vida útil hasta alcanzar la edad jubilatoria, su categoría laboral, la antigüedad en el empleo, nivel remuneratorio, la incapacidad (1%), demás circunstancias fácticas del caso y al considerar la incidencia de esa incapacidad en la vida de relación al no limitarse sólo a los daños laborales y sin atenerse exclusivamente a fórmulas matemáticas que atienden exclusivamente a la persona en su faceta laboral como prestadora de servicios (C.S.J.N. A 436 XL «Arostegui c/ Omega A.R.T.», fallo del 8/4/08) estimo que la suma establecida en la anterior instancia resulta algo elevada, razón por la cual propongo reducirla a $ 25.000 (comprensiva de $ 19.500 por daño material y $ 5.500 por daño moral), que llevará los intereses fijados en primera instancia (conf. acta 2601 de este mismo Tribunal del 21/05/2014 y desde la fecha del pronunciamiento, aspecto no cuestionado en esta alzada).

7º) Finalmente diré que deviene abstracto el agravio vertido por Galeno A.R.T S.A. por el eventual recupero, con sustento en la ley 24.557, del fondo fiduciario de enfermedades profesionales de los costos de las prestaciones ordenadas en la sentencia al tratarse la presente de una reparación integral con fundamento en el derecho común (arts. 1113 del C. Civil) y resultar condenada dicha codemandada por su responsabilidad en los términos del art. 1074 del mismo ordenamiento.

8°) En cuanto a las costas, cuya imposición fue cuestionada por Citytech S.A., encuentro razonable imponerlas -para ambas instancias- a cargo de ambas demandadas en forma solidaria en su condición de vencidas en la contienda (art. 68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.).

9º) Los honorarios regulados en primera instancia corresponde sean dejados sin efecto (art.279 C.P.C.C.N.), lo cual genera abstracto el tratamiento de los recursos interpuestos por las demandadas respecto de este tópico. Así fijaré los emolumentos de la representación letrada de la actora (presentó alegato escrito a fs. 547/vta.), demandada Citytech SA., codemandada Galeno A.R.T. S.A., peritos médico, contadora e ingeniero por las labores desarrolladas en primera instancia, en el 16,5%, 12%, 12%, 6%, 6% y 6%, respectivamente, porcentajes que se calcularán sobre el monto de condena, con inclusión de los intereses (art. 38 L.O. y conc. ley arancelaria; arts. 3º y 12 del decreto ley 16.638/57).

Propongo asimismo fijar los honorarios de la representación letrada de la actora y cada una de las demandadas por su intervención en esta instancia en el 25% de lo que les corresponda percibir a cada una de ellas por las tareas desarrolladas en primera instancia (art. 14, ley arancelaria).

Voto en consecuencia, por: 1) Modificar la sentencia apelada en cuanto al capital de condena y reducirlo a la suma total de $ 25.000 que devengará los intereses fijados en primera instancia. 2) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de las demandadas (arg. art. 68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.). 3) Dejar sin efecto lo dispuesto en grado respecto de los honorarios y regular los correspondientes a los profesionales intervinientes por la actora, demandada Citytech SA., codemandada Galeno A.R.T. S.A., peritos médico, contadora e ingeniero por las labores desarrolladas en primera instancia, en el 16,5%, 12%, 12%, 6%, 6% y 6%, respectivamente, porcentajes que se calcularán sobre el monto de condena, con inclusión de los intereses (art. 38 L.O. y conc. ley arancelaria; arts. 3º y 12 del decreto ley 16.638/57). 4) Confirmar el resto de lo que ha sido materia de apelación y agravios.5) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por la actora y cada una de las demandadas por su intervención en esta instancia en el 25% de lo que les corresponda percibir a cada uno de ellos por las tareas desarrolladas en primera instancia (art. 14, ley arancelaria).

El Dr. GREGORIO CORACH dijo:

Por compartir los fundamentos del voto precedente, adhiero al mismo. El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO no vota (art. 125 L.O.).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

1) Modificar la sentencia apelada en cuanto al capital de condena y reducirlo a la suma total de $ 25.000 (pesos veinticinco mil) que devengará los intereses fijados en primera instancia.

2) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de las demandadas. 3) Dejar sin efecto lo dispuesto en grado respecto de los honorarios y regular los correspondientes a los profesionales intervinientes por la actora, demandada Citytech SA., codemandada Galeno

A.R.T. S.A., peritos médico, contadora e ingeniero por las labores desarrolladas en primera instancia, en el 16,5%, 12%, 12%, 6%, 6% y 6%, respectivamente, porcentajes que se calcularán sobre el monto de condena, con inclusión de los intereses. 4) Confirmar el resto de lo que ha sido materia de apelación y agravios. 5) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por la actora y cada una de las demandadas por su intervención en esta instancia en el 25% de lo que les corresponda percibir a cada uno de ellos por las tareas desarrolladas en primera instancia. 6) Cópiese, regístrese, notifíquese, oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la acordada de la C.S.J.N. Nº 15/2013 y devuélvase.

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