Responsabilidad objetiva del dueño del pelotero en el que resultó lastimado el hijo de los actores.

peloteroPartes: F. C. D. c/ L. F. H. s/ daños y perjuicios del./cuas. (exc. uso aut y Estado)

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 15-sep-2015

Cita: MJ-JU-M-95554-AR | MJJ95554 | MJJ95554

 

Responsabilidad objetiva del dueño del pelotero en el que resultó lastimado el hijo de los actores. Cuadro de rubros indemnizatorio

Sumario:

1.-Debe revocarse la sentencia recurrida y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda de daños deducidas por los padres del menor que resultó lesionado cuando jugaba al fútbol en un pelotero, pues el imperativo de resguardar la integridad física de quienes ingresan a las instalaciones de un centro comercial constituye -por el contenido de la prestación- una obligación de resultado, cuyo incumplimiento abre las puertas a la imputación de responsabilidad atribuida a un factor objetivo.

2.-Quien lucra con el entretenimiento se compromete a preservar la indemnidad de los usuarios hasta la finalización del contrato, debiendo velar porque ni los servicios prestados, ni los objetos, ni la actividad, ni el lugar provoquen daños a los clientes.

3.-Si bien las pruebas producidas no determinaron la existencia de la rejilla en la canchita de fútbol, ni si el menor se golpeó contra el piso o las columnas, tampoco se acreditó que hubiera una protección adecuada en el ámbito de recreación, al momento del accidente, tendiente a evitar lesiones como la que origina estos obrados.

4.-No obstante la acreditación del cumplimiento de una ordenanza municipal con el fin de evitar contravenciones, ello no exime al demandado de probar, conforme el deber de seguridad que le imponen las normas de protección al consumidor, que a la fecha del accidente la cancha de fútbol, su piso, paredes y columnas estuviesen protegidos de manera adecuada y segura para la realización de la actividad infantil.

5.-Cuando se trata de daños sufridos por los niños en los denominados peloteros, se debe poner la mirada en la ventaja patrimonial obtenida y en la falta de celebración de contrato entre los padres del damnificado con el titular del local, por cuanto está estipulado su uso a favor de terceros, y el dueño o guardián asume una obligación de seguridad hacia los participantes, semejante a la de un locador, y en tal caso, los eximentes de responsabilidad son los propios de la responsabilidad objetiva o de las obligaciones de resultado.

 

Fallo:

En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los 15días de Septiembre de 2015, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Carlos Enrique Ribera y Hugo O.H. Llobera (artículos 36 y 48 de la ley 5.827), para dictar sentencia en el juicio: «F. C. D. C/ L. F. H. S/DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO)» y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. LLobera y Ribera resolviéndose plantear y votar la siguiente:

CUESTIÓN

¿Es justa la sentencia apelada?

VOTACIÓN

A LA CUESTION PLANTEADA EL DR. LLOBERA, dijo:

  1. La sentencia

El fallo rechaza la demanda por daños y perjuicios, entablada por C. D. F. y María Fernanda Arci, por sí y en representación de su hijo menor de edad, V. F., contra F. H. L. y su aseguradora Segurcoop Cooperativa de Seguros Limitada. Impone las costas a la actora y difiere la regulación de los honorarios para una vez firme la sentencia (fs. 413/418).

  1. Antecedentes

 

La parte actora narra que el día 26 de octubre de 2010 su hijo asistió al salón de fiestas infantiles «Planeta Chiqui», con motivo del cumpleaños de un compañero del colegio, cuyo festejo se organizaba en ese establecimiento, a partir de las 15.30 hs. Refiere, que el niño participó de inmediato en el partido de futbol que se desarrollaba en la pequeña cancha que posee el local. Indica, que en circunstancias en que V. corría, durante el juego, tropezó contra una rejilla de desagote -construida en hierro y que sobresalía del piso-, y en su caída, se proyectó violentamente contra las columnas verdes de la estructura, golpeándose en su frente y produciéndole un profundo corte.Señala que fue atendido por la madre de su compañero; que en el ínterin, llegó una ambulancia que lo transportó al hospital Municipal. Allí se comprobó, que había sufrido un fuerte traumatismo de cráneo y que le suturaron la herida con seis puntos. Los progenitores dicen que al ser avisados sobre el accidente, concurrieron al nosocomio, angustiados y muy preocupados por la situación, la cual no resultó para nada beneficiosa, debido a que la madre tenía un embarazo de cuatro meses. Agregan, que el niño debió consumir medicación analgésica para calmar los dolores de cabeza y ser sometido a diferentes estudios médicos para evaluar las consecuencias del golpe sufrido. Añaden, que volvieron a su casa, con la recomendación de observar su evolución; que el menor debió ser controlado al día siguiente y que no asistió al colegio durante una semana.

 

En cuanto al establecimiento, refiere que no cumplía con las mínimas condiciones de seguridad e higiene para llevar a cabo festejos como el programado; que por ello nunca pudo ser habilitado por la comuna de Vicente López; que tal situación motivó que se le labrara el acta de infracción Nº 50.080 y diera origen a la causa contravencional Nº 29.332; que no cumplía con las prescripción de la ordenanza 15.902. Imputan la responsabilidad al demandado y fundan la acción en el art. 1113 del Código Civil. Reclaman en concepto de indemnización la suma total de $ 145.000 o lo que en más o menos resultare de las probanzas (daño físico $ 25.000; daño estético $ 50.000; daño moral 40.000 a favor de V. y $ 30.000 a favor de los progenitores). Ofrecen prueba y piden que se haga lugar a la demanda (fs. 75/81).

 

El requerido contesta la acción entablada, efectúa la negativa genérica y en particular los hechos narrados por la actora.Reconoce como cierto que el evento motivo de autos se produjo en el lugar y fecha indicados, pero niega la mecánica hecho. Refiere que el establecimiento contaba con la correspondiente habilitación municipal y que la canchita tenía todas las medias de seguridad exigidas al efecto, tal cual se desprende de las diferentes inspecciones. Agrega que el menor se encontraba jugando a la pelota y como consecuencia exclusiva del juego tropezó; que esto provocó su caída y posterior golpe en su frente contra el piso de la canchita. Que el impacto no resultó de importancia; que no es el responsable, ni culpable del hecho. Impugna los montos requeridos y pide el rechazo de la demanda (fs.97/102).

 

A su turno responde la citada en garantía Segurcoop Cooperativa de Seguros Limitada S.A. y se expresa en similar sentido que la parte demandada (fs. 133/13).

 

La magistrada de la instancia de origen consideró que ninguna prueba demostró las condiciones anormales de la rejilla de desagote en cuestión; que nada refirió a algo inusual o riesgoso; que la única prueba testimonial presencial no acreditó la mecánica relatada por el actor; que no se aportaron otros elementos que permitan establecer que lo determinante haya sido la cosa inerte por lo que el demandado tuviera que responder. Para ello, tuvo en cuenta que las cosas inanimadas no son causa de accidente si -inerte o en movimiento-, han ocupado su lugar y han funcionado normalmente; que esta calidad de inercia tiene relevancia en el plano de la carga de la prueba, ya que el actor debió justificar que el evento dañoso se produjo a consecuencia de la intervención de una cosa riesgosa o peligrosa y que el daño fue causa de eso; que no puede presumirse su intervención activa, habida cuenta que la presunción de causalidad que establece el artículo 1113 segunda parte del Código Civil, rige únicamente en cuanto se trata del riesgo o vicio de la cosa.Ante la falta de comprobación de la mecánica de los hechos, carga que le venía impuesta al demandante, concluyó rechazando la acción promovida, haciéndolo extensivo a la aseguradora (fs.413/418).

 

III. La apelación

 

Los actores apelan la sentencia (fs. 425) y expresan agravios (fs.431/434), los que fueron contestados por la contraparte (fs.440/442).

 

La Asesora de Menores, emite su dictamen y se adhiere a la expresión de agravios efectuada por los reclamantes (fs.436).

 

  1. Los agravios

 

  1. a) El planteo

 

El rechazo de acción es cuestionado por los demandantes, quienes afirman:

 

«que la sentenciadora efectuó un equivocado enfoque de la cuestión litigiosa, repeliendo la responsabilidad del accionado por el deber de seguridad incumplido y basando su decisión en la falta de peligrosidad de las cosas inertes que causaron el daño;

 

«que quedó demostrada la plena responsabilidad de la demandada, por omisión de aquellas medidas de seguridad que garantizasen la indemnidad de los concurrentes;

 

«que el establecimiento carecía de habilitación municipal y por ello no podía recibir el contingente de niños de corta edad para festejar un cumpleaños, porque no estaba garantizaba su seguridad física;

 

«que «Planeta Chiqui» no cumplía con las prescripciones de la Ordenanza 15.902 para ser habilitado y el titular afrontaba la causa contravencional Nº 29.332 del Tribunal de Faltas Nº 2 de Vicente López;

 

«que no contabilizó la jueza de primera instancia que era obligación de L.enmendar la rejilla que sobresalía en el piso y cubrir las columnas existentes en la cancha de futbol con un material acolchado, que pudiese amortiguar los eventuales golpes que podrían darse los niños al jugar a la pelota; porque a eso fueron convocados;

 

«que el demandado no hizo caso a la posibilidad cierta de riesgo para los menores y no respetó el deber de previsión;

 

«que la sentenciadora debió ponderar que se encontraba frente a la irresponsabilidad de quien prefirió no perder el rédito de un fiesta, en lugar de acondicionar el local con las medidas de seguridad adecuadas, para cumplir con el deber de indemnidad a los concurrentes; y que ésta fue la causa del hecho;

 

«que en las fotografías del interior del establecimiento, en las que aparecen las columnas y la rejilla, fueron reconocidas por el accionado en la absolución de la 4º posición;

 

«que no se trata de la responsabilidad del dueño de las cosas inertes, sino de la omisión por parte del demandado en el cumplimiento de aquellas medias de seguridad que le imponía la naturaleza de la obligación (art. 512 Cod.Civ.);

 

Solicita se revoque el fallo en crisis en función de los argumentos vertidos y se admita la demanda en todas sus partes, con costas.

 

  1. b) El análisis

 

  1. Legislación aplicable

 

En el caso estamos frente a una típica relación de consumo en función de lo prescripto por los arts. 1 y 2 de la ley de Defensa al Consumidor y del Usuario 24.240. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación -a partir del 1 de agosto del presente año-, también regula la relación y el contrato de consumo, a partir del art. 1092, aplicable en el caso de resultar más favorable al consumidor (art. 7 del CCCN).

 

ii.La obligación de seguridad

 

La jueza de primera instancia consideró que el actor debió justificar que el evento dañoso se produjo a consecuencia de la intervención de una cosa riesgosa o peligrosa y que el daño fue causa de eso, para así poder aplicar la presunción de causalidad que establece el artículo 1113 segunda parte del Código Civil, la cual rige únicamente en cuanto se trata del riesgo o vicio de la cosa.

 

Entiendo que, la valoración en cuanto al peligro de la cosa riesgosa, no puede efectuarse sin analizar las circunstancias y las características del ambiente que la rodea. Por cuanto es sabido, que existen cosas que por su sencillez o su estado inerte carecen naturalmente de la posibilidad de generar daño, pero en conjunción con otras o en determinadas circunstancias resultan aptas para producirlos. De modo que la calificación de riesgosa de una cosa no depende solamente de su peligrosidad intrínseca sino también de su aptitud potencial para producir daño (conf. C.N. Civ. Sala F, setiembre 8-998, public. en D.J 1999-II-1000). En el caso, la rejilla, las paredes o las columnas que formaban la cancha de futbol, no son potencialmente productoras de daños, por lo que no son «riesgosas» por su naturaleza, sino q ue pueden adquirir tal cualidad por circunstancias contingentes ajenas a su esencia -malas condiciones, inseguras, etc.(conf S.C.B.A, Ac. nª 80.758 del 1/3/2004, esta Sala 107.842 del 8/2009).

 

No obstante ello, en el caso, la cuestión no puede analizarse únicamente a la luz del art. 1113 del C.Civil, sino también de las disposiciones que regulan de manera especial la relación y el contrato de consumo, ya referidas.

 

Por cuanto, entre los derechos reconocidos al consumidor, el art. 42 de la Constitución Nacional enuncia la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, consagrando en forma categórica la obligación de seguridad hacia dicho tutelado. La misma encuentra respaldo normativo en los arts.19, 41, 43, y 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna.

 

En el mismo sentido, la ley 24.240 mencionada, pone fin a las controversias originadas en la interpretación constitucional respecto de la protección al consumidor (art. 5º), al disponer que «las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios».

 

En cuanto al contenido de la obligación de seguridad, los arts. 5 y 6 de la norma citada se refieren a la salud e integridad física como objeto principal de dicha obligación.

 

El imperativo de resguardar la integridad física de quienes ingresan a las instalaciones de un centro comercial, constituye -por el contenido de la prestación- una obligación de resultado, cuyo incumplimiento abre las puertas -en principio- a la imputación de responsabilidad atribuida a un factor objetivo, que también suele conocerse como «deber de garantía» o «crédito de seguridad», lo cual repercute directamente en el campo de la carga de la prueba, en tanto coloca en cabeza del deudor de la apuntada obligación, la demostración de haber mediado caso fortuito o fuerza mayor (ésta Sala «Cuellar Gabriel A.C/ CENCOSUD S.A.y otr. S/ Dalos y perjuicios», 5/2012, conf. CACC Lomas de Zamora, sala III, «Gerpe, Beatriz c/ Wal Mart Argentina S.R.L. s/ Daños y perjuicios», 821 RSD-10-10 S 16-2-2010).

 

Por ello, partiendo de este encuadre jurídico, cabe recordar, que la relación de consumo es el vínculo que se establece entre el proveedor que, a título oneroso, provee un producto o presta un servicio y quien lo adquiere o utiliza como destinatario final. Equiparase a ésta la prestación de servicios a título gratuito cuando se realicen en función de una eventual relación de consumo.

 

El contrato en cuestión, se celebra entre quien explota un local destinado al esparcimiento para niños y ante el usuario de este servicio.El propietario del establecimiento, lo pone a disposición, junto con los espacios de juegos objeto de diversión, para ser usado también por todos los invitados al evento infantil, entre quienes, si bien no existe contrato de consumo, si hay relación de consumo.

 

En efecto, en tanto el actor utilizó un servicio brindado profesionalmente por el demandado es ineludible que entre las partes medio una relación de consumo y pesa sobre el proveedor el deber de cumplir adecuadamente con la obligación de seguridad de resultado, en la medida que se trata de juegos destinados a niños. La imprudencia de la víctima debe en tales casos ser prevista por el proveedor (CNCiv. Sala A 21/11/2012).

 

Quien lucra con el entretenimiento, se compromete a preservar la indemnidad de los usuarios hasta la finalización del contrato; debe velar porque ni los servicios prestados, ni los objetos, ni la actividad, ni el lugar provoquen daños a los clientes.

 

Es decir, los concurrentes asisten con el objetivo de participar de los juegos ofrecidos, surgiendo una obligación principal cuyo objeto es brindar un momento de recreación a los menores y una accesoria consistente en darles seguridad para que todos regresen sanos a su hogar.

 

No caben dudas que, pese a su accesoriedad, la obligación señalada, posee un fin propio en sí misma, cuyo debido cumplimiento tiene su contracara, las responsabilidades derivadas de su incumplimiento, pueden ser demandadas en forma plena y con independencia del deber principal o primario ya señalado (Conf. SCBA Causa Ac. 86.024 10/8/2005).

 

Esta obligación de seguridad es directa -en el sector del hecho propio- y ya tenía su fundamento en el art. 1198 1º párrafo del Código Civil, ahora derogado, resultando indiferente que haya sido prevista en forma expresa por las partes (art. 1197 C.C.); tal normativa ha sido reeditada en igual sentido en los art arts. 961 y 962 del CCCN. Reviste naturaleza objetiva por lo que a la víctima le basta probar el daño sufrido y la relación de causalidad.En el caso, se trata de una obligación objetiva y tácita de seguridad, por lo que no resulta trascendente la ausencia de culpa del demandado para eximirlo de responsabilidad (Conf. SCBA Causa Ac. 83.511, 9/11/2005).

 

De igual manera lo establece el art. 40 de la normativa especial de consumo (ley 24.240), que prevé la responsabilidad objetiva derivada del vicio o defecto de la cosa o del servicio por violación de la obligación de seguridad establecida en sus arts. 5 y 6, como así también el 42 de la Constitución Nacional, con eximente de responsabilidad basada en la ruptura del nexo causal.

 

Como ya lo he mencionado y sin perjuicio de las normas precitadas, el CCCN también resulta de aplicación al tratar de una relación de consumo, en tanto sus disposiciones resulten mas favorables al consumidor (arts. 7, 1093, 1094, 1095).

 

Al actor le incumbe la prueba del hecho generador del daño y en tal cometido debe aportar al proceso elementos concluyentes sobre el accidente y sus consecuencias, para que éste sea aprehendido en la regla que impone el resarcimiento al autor o responsable (esta Sala I, causa n° 94.088, 16/10/03, Reg. Nº 746; 99.520, 9/12/05, Reg. Nº 602).

 

La prueba del hecho lesivo que es esencial en el juicio de daños, incumbe al demandante (Zabala de González, Matilde, «Resarcimiento de Daños», Tº 3, pág. 155 y 50) porque está en juego la autoría del daño ya que el actor muestra el perjuicio y alude a su injusticia; el demandado corre con la prueba de descargo (Mosset Iturraspe, Jorge – Novellino Norberto «Derechos de Daños. La Prueba en el proceso de daños», Tercera parte, pág. 56 y 76; CCiv.Com. Azul, Sala II, 5/12/96, «Delgado, J. c/ Sánchez, L.»).

 

iii. Análisis de la prueba

 

No se encuentra controvertido que el menor de edad, V.F., asistió el día 26 de octubre de 2010 al establecimiento «Planeta Chiqui»; que se encontraba jugando a la pelota con sus compañeros; se cayó, sufrió un golpe en su frente y debió recibir asitencia de emergencia a los efectos de trasladarlo para su atención.

 

Difieren las partes en cuanto a la forma en que ocurrió el hecho. La actora sostiene que el chico tropezó con una rejilla de hierro que sobresalía del nivel del piso, mientras corría jugando al futbol y por esta razón se proyectó contra las columnas verdes -que pueden apreciarse en la esquina superior derecha de la fotografía que acompañó-, y se golpeó produciéndose un profundo corte en la frente. Sostiene que contrariamente a lo que informa el expediente municipal, ni las paredes, ni las columnas que bordean la canchita de futbol, se encontraban protegidas para evitar eventuales accidentes (fs.358/359).

 

La demandada y su aseguradora, afirman que el golpe fue producto lógico del juego a la pelota entre niños; que el chico tropezó, que esto provocó su caída y posterior golpe en la frente contra el piso de la cancha; argumenta que no es responsable y/o culpable del accidente. Niega que dentro de la canchita existiera la rejilla aludida y afirma que el establecimiento cuenta con la correspondiente habilitación municipal; que el lugar contaba con todas las medidas de seguridad exigidas (fs.98 y 114).

 

La prueba documental agregada al inicio por la reclamante y que obra en copias, debido a la reconstrucción ordenada, a fs. 330/394 (fs. 402), muestran el estado de la cancha de futbol, los arcos, el piso, las paredes y columnas. El demandado, al absolver posiciones, reconoce que las fotos de fs. 56/8 y 68 (ahora fs. 358/359) que le fueron exhibidas (pos.4), son de su establecimiento, aunque agrega que desconoce el momento en que fueron tomadas. Cabe advertir que no se observa protección en las columnas, ni que el piso de la cancha posea algún material o revestimiento que reduzca las consecuencias de golpes contra él.Estos datos tampoco resultan de pericial alguna.

 

La testigo Laura Andrea, refirió que el 26 de octubre de 2010, festejaba el cumpleaños de su hijo, compañero del colegio de V.; que a los 10 minutos de haber comenzado la fiesta le avisan que un nene se había lastimado; que el menor le explicó que se había caído jugando a la pelota; le pidió a la chica del lugar que llamara a una ambulancia y que la dicente llamó a los padres. Refirió que fue con el padre del menor al Hospital, donde lo asistieron enseguida, lo vieron dos cirujanos y decidieron suturar, porque la herida era muy profunda (fs. 188).

 

Los restantes testigos manifestaron que conocían lo ocurrido, pero no habían presenciado el momento del hecho (fs. 201/2012).

 

No caben dudas que el menor entró sano al establecimiento del demandado y salió con una lesión cortante en su frente y por lo cual debió recibir asistencia de emergencia. También se encuentra acreditada la atención médica, por el informe emitido por el Hospital Municipal de Vicente López (fs. 181/182).

 

Las restantes pruebas producidas no determinaron la existencia de la rejilla en la canchita de futbol, ni si el menor se golpeó contra el piso o las columnas, pero tampoco se acreditó que hubiera una protección adecuada en el ámbito de recreación, al momento del accidente, tendiente a evitar lesiones como la que origina estos obrados.

 

La habilitación Municipal alegada para sostener el rechazo de la pretensión, en mi parecer, es un argumento que en el caso no adquiere re levancia. Esto es así, porque si bien acredita el cumplimiento de una ordenanza Municipal con el fin de evitar contravenciones, ello no lo exime al demandado de probar en el marco de este proceso, y conforme el deber de seguridad que le imponen las normas de protección al consumidor (CN 42, ley 24.240 arts. 5, 6 y 40, arts.1093, 1094 CCCN) que, a la fecha del accidente, la cancha de futbol, su piso, paredes y columnas, estuviesen protegidos de manera adecuada y segura para la realización de la actividad infantil. El reproche de la actora no sólo se vincula a la existencia de la rejilla sino a todas las restantes medidas de seguridad que debían estar presentes en el ámbito del juego en cuestión (fs.79).

 

Tampoco resulta atendible el argumento expuesto por la demandada, en cuanto que el accidente fue producto del lógico juego de niños, ya que quien despliega una actividad lúdica, asume los riesgos inherentes a la explotación. El proveedor debe conocer los accidentes que pueden derivar de la actividad recreativa que desarrolla en el salón de juegos y prevenir sus consecuencias, adoptando todas las medidas de seguridad para preservar la indemnidad de los usuarios.

 

Aún así, el obligado no puede eximirse por la simple prueba de haber empleado todas las precauciones y cuidados requeridos; por cuanto como ya he señalado, en la relación de consumo se invierte la carga de la prueba y debe probar los hechos que configuran la imprudencia de la víctima.

 

Se ha dicho, en situaciones análogas, que cuando se trata de daños sufridos por los niños en los denominados peloteros, se debe poner la mirada en la ventaja patrimonial obtenida y en la falta de celebración de contrato entre los padres del damnificado con el titular del local, por cuanto está estipulado su uso a favor de terceros, y el dueño o guardián asume una obligación de seguridad hacia los participantes, semejante a la de un locador, y en tal caso, los eximentes de responsabilidad son los propios de la responsabilidad objetiva o de las obligaciones de resultado, esto es la prueba de la propia culpa de la víctima o el hecho fortuito por el que no debe responder (Conf.CACC Junín 9/6/2011; JA 2011-IV).

 

Por ello, correspondía al accionado adoptar todos los elementos necesarios para lograr formar convicción sobre la eximente señalada, carga que a él le incumbía (art. 375 CPCC). Es conveniente recordar que la apreciación de la prueba sobre la culpa de la víctima, se debe realizar de modo estricto, por cuanto se trata de desvirtuar una regla general, dejando sin efecto la presunción legal arriba mencionada (causas nº 77.179, 77.858, 77.861, 83.400, 100.883, entre otras).

 

En función del análisis precedente, en mi criterio cabe concluir que la prueba producida ha logrado acreditar la existencia del hecho y la participación del menor V. F., sin que se haya justificado alguna causa eximente de responsabilidad.

 

El demandado, por su parte, no ha demostrado la existencia de medios de seguridad adecuadas para evitar daños como el que motiva estos autos.

 

Por ello, cabe concluir que la lesión constatada, fue como consecuencia que el niño asistió al evento que se celebraba en el Salón infantil «Planeta Chiqui» explotado por el demandado y no encuentro acreditada, la propia culpa de la víctima -en el caso menor de edad-, o el hecho fortuito por el que no deba responder, circunstancias que debían haber sido demostradas por el demandado para enervar su responsabilidad, conforme lo establece el régimen jurídico de protección al consumidor.

 

  1. Conclusión

 

En definitiva, las pruebas mencionadas revisten la calidad suficiente como para corroborar que el menor, el día 26 de octubre de 2010, sufrió las lesiones que narra en el escrito inicial como consecuencia de su participación en el evento infantil que se desarrollaba en el establecimiento explotado por el demando; es decir, corresponde tener por acreditada la relación causal, por cuanto de las constancias médicas se desprende que inmediatamente de ocurrido el hecho fue atendido por su estado de salud (Art.384 del CPCC).

 

Cabe recordar que el material probatorio debe ser apreciado en su conjunto, mediante la concordancia o discordancia que ofrezcan los distintos elementos de convicción arrimados al proceso. Es así que las pruebas que individualmente consideradas pueden ser objeto de reparos, por ser débiles o imprecisas, pueden complementarse entre sí, llevando al ánimo del juez la convicción sobre la verdad de los hechos acontecidos (esta Sala 1°, causa 89.363; ídem. causa 91.509; CNCiv., sala E, 28/09/76, ED 71-236; esta Sala 1°, causa 84.756 de septiembre de 2000).

 

En otros términos, cada uno de los elementos debe apreciarse en relación con las demás probanzas aportadas, como un conjunto de antecedentes armonizados entre sí que permitan llegar a la solución del caso.

 

Estimo así, que el análisis integral de las pruebas reseñadas permite tener por acreditado el acaecimiento del hecho dañoso que tuviera lugar al participar la actora del juego de entretenimiento perteneciente a la accionada.

 

Por los motivos expuestos, encontrándose acreditado el daño, la relación causal, y no habiéndose arrimado ningún elemento idóneo que permita configurar la imprudencia de la victima, para eximirse de la responsabilidad presunta que tiene con el usuario, y siendo que el demandado tampoco demostró la existencia de medidas de seguridad adecuadas para prevenir o aminorar posibles daños, como el que origina las presentes, en función de la relación de consumo señalada, considero que debe admitirse la responsabilidad exclusiva de C. D. F.

 

  1. c) La propuesta al Acuerdo

 

Por las consideraciones precedentes y lo dispuesto por los arts. 512, 902, 1198 y ccs. del Código Civil y arts. 42 de la CN, 1, 2, 5, 6 y 40 de la ley 24.240, en igual sentido art. 1724, 1725, 961, 1092 ccs. del CCCN; y los arts. 375, 384, 474 y concordantes del C.P.C.C. propongo al Acuerdo admitir los agravios de la actora en cuanto al punto en análisis, revocar la sentencia apelada y admitir la responsabilidad de F. H. L.

 

V.Rubros indemnizatorios

 

  1. Daño físico

 

  1. a) El planteo

 

La actora solicita en su escrito de inicio una indemnización por este rubro de $ 25.000 o lo que en más o en menos surja de las probanzas de autos.

 

La parte demandada entiende que la suma reclamada por el hipotético daño físico carece de todo sustento serio, impugna el monto al no brindarse ninguna circunstancia objetiva que lo permita avalar.

 

  1. b) El análisis

 

  1. Caracterización.

 

El daño está configurado por una lesión, que se define como una alteración a la contextura física y/o psíquica. En el primer supuesto comprende las contusiones, escoriaciones, heridas, mutilaciones y fracturas en general, alcanza todo deterioro en el aspecto físico o mental de la salud, aunque no medien alteraciones corporales.

 

Lo indemnizable es el daño que se traduce en una disminución de la capacidad de la víctima en sentido amplio, que comprende la aptitud laboral y los restantes aspectos de su vida social, cultural, deportiva, etc. (Cód. Civil, art. 1086 y en similar sentido art.1746 del CCCN)).

 

Es decir, que las afectaciones dan lugar a una indemnización en la medida que ellas importen una disminución de las funciones, sin que estas deban considerarse nada más que desde la óptica del trabajo, sino desde la plenitud psico-física de la que todo ser humano debe gozar como persona conforme al orden natural (Const. Nacional, art. 75 inc. 22; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. I; Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 3 y 8; Convención Americana sobre Derechos Humanos-Pacto de San José de Costa Rica, art. 5.1, Const. Prov., arts. 10, 12 y 15).

 

ii.Determinación pericial

 

A efectos de determinar la existencia de una lesión y la medida en que ella incide en la plenitud de la persona, se hace necesario recurrir a la prueba pericial médica.

 

En esta materia, corresponde atenerse a las conclusiones del informe del perito designado en la causa.

 

No obstante, es sabido que el dictamen pericial no es vinculante para el juez. Por ello, podrá apartarse en forma total o parcial de sus términos cuando, tomando en consideración la competencia del perito, los principios científicos en que fundamenta su opinión, la concordancia de su aplicación con los principios de la sana crítica, en su caso las observaciones formuladas por las partes y los demás elementos de convicción que ofrezca la causa, lo lleven a la convicción de que la pericia no reviste la solidez científica para ser tomada como elemento de prueba (CPCC. art.474).

 

En el caso que se deseche el informe pericial resulta necesario aducir razones muy fundadas, porque el conocimiento del perito es ajeno al hombre de derecho (Fenochietto, Carlos E. – Arazi, Roland, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado con el C.P.C.C. de la Provincia de Bs.As.», Astrea, Bs.As., 1987, pág. 524).

 

El perito médico, luego de examinar al menor y evaluados los exámenes complementarios, determina que V. sufrió el día 26 de octubre de 2010 una herida contuso cortante frontal central a derecha, de inclinación hacia el cuero cabelludo, de 7 cm. hipopigmentada, de 2 mm. de espesor; que se realizó toilettes y sutura; que no surge patología neurológica, por lo que presenta una incapacidad por lesión estética del orden del 8% T.O. que guarda relación de causalidad con el accidente invocado (fs. 279/281).

 

Dicho dictamen no fue observado por las partes.Acreditada entonces la existencia de lesión cicatrizal, entiendo debe ser justamente meritada dentro del concepto de incapacidad sobreviniente.

 

Cuando se trata del resarcimiento del daño estético debe recordarse que no constituye un tercer tipo de daño, ya que nuestro derecho positivo sólo contempla el resarcimiento del daño patrimonial y el moral (arts. 1068 y 1078 del Código Civil), de modo que deberá resarcirse como daño material en la medida en que influya en las posibilidades económic as del damnificado o lo afecte en su vida de relación, ello sin perjuicio de lo contemplado por daño moral (S.C.B.A, Ac. Nº 52.258 del 2 de agosto de 1994, D.J.B.A 147-177; esta Sala I, causas nº 75.403, 82.662, 101.131, 104.179, 30.847- 5/2015). Merece destacarse, que el daño estético es el que se sufre en el rostro o en cualquier otra parte del cuerpo que es costumbre mostrar o exhibir, o que se trasluce al exterior menoscabando o afeando el cuerpo al disminuir su armonía, perfección o belleza (Mosset Iturraspe, «Responsabilidad por daños», T° II-B, n° 232).

 

En el caso, la incidencia de la secuela adquiere mayor relevancia dado que la cicatriz se ubica justamente en su rostro, lo que evidentemente perjudica su imagen corporal.

 

Por todo ello considero que ha sido probado tanto el daño en la salud, como su magnitud. Resta ahora valorizar la indemnización que corresponde a la actora.

 

iii. La cuantía de la indemnización

 

El principio de la reparación integral responde al concepto de aquella que sea justa, entendiéndose por tal la que ubica al reclamante, dentro de lo posible, en una situación equivalente a la que se encontraba si no hubiera acontecido la violación del derecho. La aplicación de este método requiere el cumplimiento de las siguientes reglas:a) el daño debe ser fijado al momento de la decisión; b) la indemnización no debe ser inferior ni superior al daño sufrido; c) la apreciación debe formularse en función de las características de cada caso.

 

Se caracteriza por conferir libertad al juzgador para valorar y cuantificar el monto indemnizatorio.

 

El juez tiene la tarea de fijar una suma adecuada, con prescindencia de estimaciones incorrectas de las partes y hasta de opiniones periciales que a veces escamotean o agigantan los montos representativos de los daños sufridos (López Cabana, Roberto M., «Limitaciones cualitativas y cuantitativas de la indemnización», L.L., 2000-F-1325).

 

Por ello, en la misión orientadora que deben tener los dictámenes periciales, resulta esencial que señalen qué consecuencias ha tenido la lesión en las actividades laborales que la víctima desarrollaba antes del accidente y qué limitaciones suscita en su vida cotidiana (Iribarne, Héctor Pedro, «Indemnización por lesiones y por incapacidad. Pautas para su cuantificación», en la obra Responsabilidad por daños en el tercer milenio – Homenaje al Prof. Dr. Atilio Aníbal Alterini, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1993, pág. 305).

 

En razón de lo dicho queda claro que para cuantificar la indemnización que debe acordarse por un daño en la salud, es necesario disponer al menos de ciertos parámetros que permitan aquella valoración. Así, deberá ponderarse respecto de la víctima su edad, estado civil, nivel de preparación para su desempeño en actividades productivas o económicamente valorables su profesión u oficio, sus ingresos habituales, nivel de vida y condición social, entre otros (en el mismo sentido, S.C.B.A, Ac. Nº 45.258, 19-6-1990), todo ello a la fecha del evento dañoso.

 

En la estimación del monto indemnizatorio, resulta un elemento de singular importancia, no sólo la pericial médica referida a la incapacidad sino también las restantes pruebas que se hayan producido sobre los parámetros indicados en el párrafo precedente.En esta línea podremos disponer de declaraciones testimoniales, e informes de diversa naturaleza; todo ello tendiente a que quien debe juzgar cuente con elementos debidamente acreditados en la causa que permitan inferir, con relativa certeza, aquellos indicadores (CPCC, art. 375).

 

El actor tenía a la fecha del evento 8 años de edad; estudiaba en el Colegio Velez Sarsfield, localidad de Munro, donde cursaba el tercer grado (fs. 227).

 

Hallándose acreditado el daño padecido en su salud y sus secuelas, corresponde que se establezca el monto indemnizatorio, de conformidad con el principio de reparación integral (CPCC, art. 165, segundo párrafo).

 

  1. Los precedentes

 

Similares consideraciones a las que anteceden han sustentado numerosos precedentes de esta Sala (causas nº: 100.883, 93.308, 80.419, 89.892, 100.375, 101.709, 100.905, entre muchas otras).

 

  1. c) La propuesta al Acuerdo

 

En virtud de lo dispuesto por los arts. 1068, 1069, 1083, 1086 y conc. del Código Civil, todos ellos vigentes al tiempo del hecho dañoso (en similar sentido arts. 1737, 1738, 1739, 1740 y 1746 del CCCN); arts. 375, 384, 474 y conc. del C.P.C.C., atento el porcentaje de incapacidad estimada (8 %) propongo al Acuerdo, otorgar la suma de $ 52.000 a fin de resarcir la presente partida indemnizatoria.

 

2.Daño Estético

 

  1. a) El planteo

 

La actora refiere en la demanda que la cicatriz que generó la herida en el menor resulta irreversible y lo perjudica de por vida; que precisará ser corregida por una cirugía estética que recomponga la armonía en el rostro, Estima la valoración del daño, con más gastos y honorarios médicos, en $ 50.000 o lo que en más o en menos surja de las probanzas de autos.

 

La parte demandada entiende que no surge de la demanda ninguna circunstancia personal en la que pueda influir la supuesta lesión estética que aduce y al carecer de autonomía dicha afección, no corresponde el reclamo.

 

  1. b) El análisis

 

El daño estético ya ha sido analizado al tratar la incapacidad sobreviniente, por lo que me remito a dichas consideraciones. Asimismo debe meritarse que el perito médico no determinó la necesidad de cirugía reparadora, ni su costo y tampoco la parte interesada formuló pedido de explicaciones al respecto (fs.280/281).

 

  1. c) La propuesta al Acuerdo

 

Por lo expuesto y en virtud de lo dispuesto por los arts. 499, 1068, 1069, 1083, 1086 y conc. del Código Civil, todos ellos vigentes al tiempo del hecho dañoso (en similar sentido arts. 726, 1737, 1738, 1739, 1740 y 1746 del CCCN); arts. 375, 384, 474 y conc. del C.P.C.C., propongo al Acuerdo, desestimar este rubro indemnizatorio.

 

  1. Daño moral

 

  1. a) El planteo.

 

Los actores solicitan la suma de $ 40.000 para el menor V., o lo que en más o en menos surja de las probanzas de autos. También reclaman los progenitores la suma de $ 30.000, debido a la angustia, la preocupación, el desasosiego anímico y sensación de impotencia que debieron padecer ante el dolor de su hijo.

 

La demandada, impugna la suma reclamada.Señala que la indemnización por daño moral debe ser pequeña toda vez que tiene que guardar relación con el sufrimiento y molestias supuestamente originadas por el accidente, las cuales fueron mínimas, de lo contrario se convertiría en un enriquecimiento ilícito del actor.

 

  1. b) El análisis

 

  1. Caracterización

 

El daño moral está configurado por una afectación íntima que sufre la persona con motivo del actuar de terceros, que implica una injusta privación o disminución de los bienes que tienen valor fundamental en su vida y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más caros afectos (C. Civil, arts. 1078 y 1111; S.C.B.A, Ac. Nº 63.364, 10-11-1998, DJBA 156-17; en similar sentido arts. 1738 y 1741 del CCCN).

 

Su indemnización debe atender a los sufrimientos psíquicos y afectivos del demandante, que constituyen aquello que se pretende reparar. La suma que se fije a tal efecto no está sujeta a reglas fijas. Su reconocimiento y cuantía depende, en principio, del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión (S.C.B.A., Ac. Nº 51.179, 2/11/93).

 

Encuentra su fundamento en la obtención de una satisfacción compensatoria, y por ende, imperfecta, del dolor íntimo experimentado, a raíz del siniestro. A través de ella se procura la obtención de gratificaciones sustitutivas de aquellos bienes perdidos, como fuentes de gozo, alegría, estimables en la esfera psicofísica (Iribarne, H., «De los daños a personas», pág. 162, Ediar, Bs.As., 1993)

 

Para ello corresponde tener en cuenta que esta indemnización de carácter resarcitorio (C.S.J.N, 5/8/86, ED 120-649), debe atender a los sufrimientos psíquicos y afectivos sufridos por el demandante, valorándose la gravedad del ilícito cometido, sin que sea preciso que guarde relación con el daño material, ni con otros que se reclamen, pues no reviste carácter accesorio (C.S.J.N, 6/5/86, RED a-499).

 

  1. Los precedentes

 

Todas estas consideraciones han sido ponderadas en reiteradas oportunidades por esta Sala cuando ha debido fijar una indemnización por el rubro que aquí nos ocupa (causas Nº 101.321, 100.706, 102.722, 102.829, 100.883, 102.592, 101.100, 101.709, entre muchas otras).

 

iii. Las lesiones padecidas en V. F.

 

El menor ha sufrido la lesión que se ha detallado al considerar la prueba del hecho dañoso y el rubro incapacidad sobreviniente. Debe contemplarse que por el tipo de herida tuvo que ser sometido a una sutura y a numerosos estudios para determinar cualquier otra posible lesión; ha de ponderarse también el dolor y las incomodidades que verosímilmente debió soportar a raíz del accidente vivido, así como las secuelas psicológicas detalladas a fs. 228/230, todo lo cual sin duda ha influenciado en su estado emocional de manera negativa.

 

Asimismo, deben evaluarse todas las circunstancias personales de la víctima, al momento del hecho, ya señalados al evaluar la incapacidad.

 

Cabe señalar que esta Sala ya se ha expedido en el sentido que lo reclamado no resulta limitante para determinar la cuantía de la indemnización, la que debe ser concordante con las probanzas arrimadas al expediente (causas acumuladas nº 99.312 y D-17.603/01; SCBA, Ac. N° 53.743 del 5/12/1995, 66.733 del 23/05/2001, 102.641 del 28/9/2011).

 

  1. La indemnización y el reclamo de los padres

 

En mi parecer, no se encuentra acreditada la existencia de la afección moral aducida por los progenitores en su reclamo reparatorio.No se ha probado que los padres del menor hayan sufrido una lesión en los sentimientos, en las íntimas afecciones; tampoco que la tranquilidad personal haya sido dañada en una magnitud que sobrepase las propias de su rol de padres. Por ello aprecio, que en el caso, corresponde desestimar el rubro indemnizatorio reclamado (arts. 375, 384 CPCC, 499, 904 y 1078 del C.C., 726, 1738, 1741 CCCN).

 

  1. c) La propuesta al Acuerdo

 

En virtud de todo lo expresado y lo dispuesto por los arts. 1078 y concordantes del Código Civil (en similar sentido arts. 1738 y 1741 del CCCN); arts. 375, 384, 474 y conc. del C.P.C.C., propongo al Acuerdo fijar la suma de $ 26.000 a favor del menor V. F., a fin de resarcir la presente partida indemnizatoria, desestimando el reclamo efectuado por los progenitores.

 

  1. La condena a la citada en garantía

 

El demandado solicita que se cite en garantía a Segurcoop Cooperativa de Seguros Limitada, conforme el contrato de seguro que se instrumentó mediante la póliza que denuncia (punto IV de fs. 101).

 

A fs. 113/119 se presenta la aseguradora y contesta la citación en garantía cursada, admitiendo la cobertura del siniestro, conforme refiere en el punto II.

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, la condena se hace extensiva contra la citada en garantía Segurcoop Cooperativa de Seguros Limitada, de conformidad y con el alcance del seguro contratado (art. 118 de la ley 17.418).

 

VII. Tasa de interés

 

El tipo de interés en análisis constituye la forma específica de indemnización por el atraso en el pago de una obligación pecuniaria (conf. Trigo Represas, Félix A.- Compagnucci de Caso, Rubén H., «Código Civil comentado», Obligaciones, T°. I., Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2005, pág. 493). Por otra parte el art. 622 del Código Civil establece que el deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación, desde el vencimiento de ella. Si no los hay convenidos, se deben los legales que las leyes especiales hubiesen determinado.Si tampoco los hubiere legales, los jueces determinarán el que se deba abonar.

 

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en reiterados pronunciamientos, insistió en la aplicación de la tasa de interés que se debe aplicar, en casos análogos al de autos, que es la que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósitos en pesos a treinta días vigentes al inicio de cada uno de los períodos comprometidos, desde el día del hecho y hasta el efectivo pago, estableciendo su doctrina legal al respeto (causa C. 101.774, en autos: «Ponce, Manuel Lorenzo y otra contra Sangalli, Orlando Bautista y otros s/ Daños y perjuicios», del 21/10/2009; causa C. 92.681, en autos: «V., S. U. contra Schlak, Oscar Reinaldo y otros s/ Daños y perjuicios», del 14/9/2011; causa 102.410, en autos: «Núñez, Enrique Agustín c/ Ivancich, Raúl Leopoldo s/ Daños y perjuicios», del 4/4/2012; causa 107.097 en autos: «Lescano, Gustavo Ariel c/ Cepeda, Edgardo Omar s/ Daños y perjuicios» del 27/6/2012; causa C 105.187, en autos: «Spadaro, María Lorena c/ Salezzi, Claudia y otros s/ Daños y perjuicios», del 15/8/2012).

 

La doctrina legal es aquella interpretación que la Suprema Corte hace de las disposiciones legales que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia (SCBA causa N° 117.819 del 18/06/2014). Su objetivo es establecer una unidad interpretativa que hace imprescindible el anhelo de otorgar seguridad jurídica a la comunidad.

 

La violación de la doctrina legal a la que se refiere el art. 279 inc. 1° del CPCC se configura en el caso que un fallo sea dictado con injustificado apartamiento o inobservancia de un criterio jurisprudencial sentado previamente por la Corte, en casos análogos o de estrecha similitud.

 

Esta Sala I, aplica la doctrina legal impuesta por la SCBA.Esto más allá que, en los fallos en que he emitido opinión, he dejado asentado que no comparto los argumentos en que se sustenta la referida doctrina. No obstante, razones de celeridad y economía procesal, como así también por la innegable aptitud vinculante de los fallos de nuestra Suprema Corte, conforme la ubicación en la cúspide de nuestro ordenamiento judicial local, siempre he propuesto adoptar su criterio (causas N° 40359-0 del 29/12/2014, 2528-6 del 20/11/2014, 38583-2009 del 12/11/2014, 15617-2011 del 23/10/2014, 1196-4 del 23/9/2014, 33760-11 del 7-7-15; entre muchos otros).

 

Algunos tribunales, con la intención de no violentar la doctrina legal de la SCBA, consideraron que, dado la variedad de tasas pasivas ofrecidas por el Banco Provincia, no se encuentra obstáculo para utilizar una que sea más equitativa. Consideraron razonable aplicar la que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósitos en pesos a treinta días respecto a fondos captados en forma digital; es decir, a través del sistema «home banking» de la entidad, que se denomina comercialmente como Banca Internet Provincia o BIP en su modalidad tradicional (Tribunal de Trabajo n° 7 de San Isidro del 19/3/2014, en autos: «Czernecki, Jorge Alberto c/ Rezagos Industriales S.A. s/ Despido», public. en La Ley online, AR/JUR8079/2014; Cám. Apel. Civ. y Com. Junín, del 4/11/2014, en autos: «Remy, Juan Domingo c/ Viora, Orlando s/ Daños y Perjuicios», public., en RCyS 2015-V, 184, en La Ley online AR/JUR/70739/2014; Cám. Apel. Civ. y Com. Lomas de Zamora del 26/3/2015, en autos «Aguilera Azucena Petrona c/ El Puente SAT y/o s/ Daños y Perjuicios»). Dicha tasa se encuentra publicada por la entidad oficial desde el 19/8/2008.

 

La SCBA, en la causa 118.615 del 11/3/2015, en los autos caratulados «Zocaro, Tomás Alberto c/ Provincia ART S.A.y/o s/ Daños y Perjuicios», dictó un fallo que entiendo, abre una senda favorable en tal sentido. Consideró nuestro Tribunal Superior que la aplicación de la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a través del sistema Banca Internet Provincia a treinta días vigentes en los distintos períodos de aplicación, impuesta por el Tribunal de Trabajo N° 1 de La Plata, no habilita la instancia extraordinaria, desde que el interesado no demuestra vulnerada la doctrina legal de la Corte elaborada al respecto, pues precisamente en ella se ampara el fallo de origen.

 

En virtud de lo analizado, el respeto a la doctrina legal de la Corte en este tema y a los fines de salvaguardar el principio de la reparación integral, entiendo que nada impide aplicar una tasa pasiva que sea más equitativa (art. 622 del Cód. Civil, y art. 768 del CCCN). En dicho sentido ya se ha expedido esta Sala en anteriores decisiones (causa 33752-0 del 19/5/2015, Reg. N° 68; D-2375-04 del 19/5/2015, Reg. N° 69; 3149-6 del 28/5/2015, Reg. N° 80; entre otras).

 

  1. c) La propuesta al Acuerdo

 

De conformidad con lo dispuesto por el art 622 del Cód. Civil (en igual sentido el art. 768 del CCCN), propongo al Acuerdo aplicar la tasa de interés que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósito en pesos, en sus operaciones a treinta días, respecto a fondos captados en forma digital, es decir a través del sistema «home banking» de la entidad, que se denomina comercialmente como Banca Internet Provincia o BIP en su modalidad tradicional, desde el día del hecho (26/10/2010) y hasta el efectivo pago.

 

VIII. Las costas En atención a la solución esbozada, deberán imponerse las costas de ambas instancias a la demandada vencida (art. 274 y 68 CPCC.).

 

Por los fundamentos expuestos, voto por la NEGATIVA.

 

Por los mismos fundamentos, el Dr.RIBERA votó también por la NEGATIVA.

 

Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:

 

SENTENCIA

 

Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede: se revoca la sentencia dictada a fs. 413/418 vta. y se hace lugar a la acción planteada por C. D. F. y María Fernanda Arci, en representación de su hijo menor de edad, V. F., condenándose al demandado F. H. L. a abonarle la suma de pesos setenta y ocho mil ($ 78.000); en concepto de: a) daño físico, $ 52.000; b) daño moral, $ 26.000. Se desestima el reclamo de daño moral de los progenitores y el tratamiento del daño estético de modo autónomo. Todo ello con más sus intereses conforme la tasa de interés que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósito en pesos, en sus operaciones a treinta días, respecto a fondos captados en forma digital, es decir a través del sistema «home banking» de la entidad, que se denomina comercialmente como Banca Internet Provincia o BIP en su modalidad tradicional, desde el día del hecho (26/10/2010) y hasta el efectivo pago.

 

Se imponen las costas de ambas Instancias a la demandada vencida.

 

Se hace extensiva la condena a la citada en garantía Segurcoop Cooperativa de Seguros Limitada, en los términos del contrato referido, de conformidad y con el alcance del seguro contratado (art. 118 de la ley 17.418).

 

Los honorarios de los profesionales intervinientes se fijarán cuando las actuaciones se encuentren en condiciones para ello (arts.31, 51 y ccs. ley 8.904).

 

Regístrese, notifíquese y devuélvase a la Instancia de origen.

 

Carlos Enrique Ribera

 

Juez

 

Hugo O.H. Llobera

 

Juez

 

Mariano A. Bonanni

 

Secretario

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