Responsabilidad civil médica. Insuficiencia de la fundamentación de la sentencia

MedicoAutor: Meneghini, Roberto A.

Fecha: 17-dic-2015

Cita: MJ-DOC-7559-AR | MJD7559

Sumario:

  1. Prólogo. II. Relación fáctica. III. Agravios. IV. Dilación de la jueza de grado. V. Voto de la doctora Spoturno. VI. Epílogo.

Doctrina:

Por Roberto A. Meneghini (*)

  1. PRÓLOGO

El número de fallos que hemos tenido oportunidad de comentar en nuestro trajinar profesional ha sido vasto. En la generalidad de los casos, hemos elogiado grandemente sus textos en función del elevado grado de interpretación y resolución que, a la controversia objeto del juicio en el que se dictó, le dieron sus autores, pero el Acuerdo dictado por la Sala A de la Cámara de Apelaciones de Trelew, en los autos «Q. M. c/ P. J» , objeto del presente, rebasa, con creces, sin duda alguna, todo la ponderación que le podamos brindar.

El vocal opinante en primer término -Dr. Marcelo J. López Mesa- analiza el fallo de grado con el alto nivel científico al que nos tiene acostumbrados, por lo que no nos sorprende, pero sí recibimos su enseñanza, a través de su voto, con gran beneplácito.

Analiza en forma clara, didáctica y exhaustiva varias cuestiones que hacen al sistema de la responsabilidad civil, especialmente en orden al subsistema referido a la mala praxis médica.

 

Asimismo, es importante destacar que la restante integrante de Sala -la Dra. Natalia Isabel Sportuno- no se limita a adherir a los argumentos de su colega, sino que también brinda su jugoso parecer, examinando, desde su valiosa óptica, los argumentos vertidos por el quejoso, rechazándolos, «in totum», y proponiendo, por ende, la confirmación de la sentencia de grado.

 

La actitud de dicha vocal es digna de destacarse toda vez que, lamentablemente es costumbre, en la mayoría de los fallos de Alzada, que los vocales votantes en segundo término asientan, sin aporte argumental alguno, a la posición sustentada por el predecesor en el voto.

 

  1. RELACIÓN FÁCTICA

 

Con respecto a la relación fáctica origen del juicio en cuestión, el Acuerdo no brinda mayores detalles.Solo se puede concluir que se persiguió la reparación del perjuicio con motivo de la intervención quirúrgica a la que fue sometida la actora en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires, tendiente a la solución de la lesión de uréter derecho que, al decir de la accionante, tuvo, como causa adecuada, la práctica médica llevada a cabo, con antelación, por parte del cirujano demandado, en mérito a acusar falta de consentimiento informado.

 

III. AGRAVIOS

 

Los agravios expuestos por la apelante se ciñeron a cuatro cuestiones: la primera achaca insuficiencia de la fundamentación de la sentencia; en segundo lugar, refiere que medió incorrecta valoración de la prueba producida; en tercer término, que la jueza de grado no atribuyó nexo causal entre la lesión uretral y el acto médico a cargo del profesional demandado y, por último, que no tuvo en cuenta la falta de consentimiento informado o insuficiencia de su contenido.

 

El tratamiento que le brinda el Dr. López Mesa a las dos primeras quejas resulta muy escueto en función de los gruesos errores cometidos por el apelante, que el vocal señala y que le quitan al recurso toda sustentabilidad.

 

Consecuentemente con ello, haremos muy breves reflexiones acerca de esos dos temas, dedicándonos más a las restantes protestas del apelante, ya que, en el tratamiento de ellas, el vocal opinante en primer término vuelca argumentación de fuste, merecedora de nuestro humilde comentario.

 

  1. Insuficiencia de la fundamentación de la sentencia

 

En el abordaje de la primera propuesta, el Dr.López Mesa afirma categóricamente que no medió falta de fundamentación alguna en la sentencia materia de recurso, agregando que ella se encuentra debidamente basada en doctrina, jurisprudencia y prueba, resultando las quejas del apelante meras expresiones de disgusto que no alcanzan la calidad de un agravio aceptable en función de la carencia de sostén suficiente sobre la base de elementos objetivos homologatorios de la posición que esgrime.

 

Con estos breves argumentos, pero no por ello menos sólidos e incontrovertibles, rechaza, de plano, la pretensión del apelante.

 

  1. Cuestionamiento de la valoración de la prueba

 

Cuando analiza el segundo agravio -cuestionamiento de la valoración de la prueba testimonial- también desdeña la posición del quejoso, toda vez que le achaca falta de técnica recursiva al formularse -y trasladar al Tribunal- meras preguntas a la manera de cuestionamientos hipotéticos.

 

Y a pesar de lo lapidaria, pero fundada, que resultó la conclusión del voto, que aniquiló la pretensa posición recursiva, el vocal opinante, con generosidad procesal, afirmó que la apreciación de la prueba, por parte del juez de grado, a la par de constituir una facultad ínsita en su quehacer jurisdiccional, «se ubica en el espacio en que el Derecho le acuerda discrecionalidad y legítimo arbitrio», entendiendo por tal la facultad que tiene el hombre de adoptar una resolución con preferencia a otra, conforme la primera acepción que brinda el Diccionario de la Real Academia, que no debe confundirse con «arbitrario» que implica, de acuerdo con el mismo diccionario:‘sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón’.

 

A la segunda parte de esta misma queja, referida a la impugnación de la valoración de la prueba pericial, tampoco el voto le otorga asidero como para considerarlo agravio suficiente.

 

La jurisprudencia y la doctrina se muestran contestes en admitir que la pericia médica no resulta vinculante para el juez de la causa por no resultar prueba legal, pero, sin solución de continuidad, también afirman pacíficamente que, no obstante tal calidad que no obliga al juzgador a seguir a pies juntillas sus conclusiones, para rebatirlas es preciso que aparezcan fundamentos científicos de fuste, superiores a los vertidos por el experto.

 

En tal dirección, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo «Migoya, Carlos Alberto c/ Provincia de Buenos Aires»  (20/12/2011), sostuvo lo siguiente: «Que los dictámenes periciales en nuestro sistema no revisten el carácter de prueba legal y están sujetos a la valoración de los jueces con arreglo a las pautas del artículo 477  del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, esto es, teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los consultores técnicos o los letrados y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca».

 

Tales razones que habilitarían al juez a replicar las conclusiones de la pericia primigenia pueden provenir del aporte de los litigantes, merced, generalmente, a un informe de perito de parte; mas nada empece a que surjan de un interrogatorio al experto, o por la producción de otra pericia, o consultas a cátedras universitarias de la disciplina objeto de la controversia en el juicio por mala praxis u otra herramienta procesal que, vía medida de mejor proveer, disponga el juez de la causa.

 

Tal como lo apunta el Dr.López Mesa en su voto, nada de ello ha ocurrido, tildando de absurda la pretensión del perdidoso en el sentido de que el juez recurriera a bibliografía médica en procura del apartamiento del resultado de la pericia rendida, pretensión extraña e inadmisible, y consecuente actitud inédita en jurisprudencia y doctrina que, muy gráfica e irónicamente, califica como «…una especie de “Sorbona médica”».

 

  1. Nexo de causalidad

 

De los cuatro elementos que componen el sistema de la responsabilidad civil, la relación causal se enhiesta en el más complejo a la hora de su análisis, toda vez que puede llegar a generar confusiones interpretativas.

 

El voto que estamos comentando, al adentrarse en la queja del apelante, referida a que la jueza de grado no atribuyó nexo causal adecuado entre el acto médico y el daño invocado, formula una explicación exhaustiva acerca de la forma en que funciona este elemento de la responsabilidad civil.

 

Trae a colación que, para el mayor entendimiento, debe distinguirse entre el nexo causal y la correlación fáctica, afirmando que se puede dar el primero, mas no la segunda.

 

Aclara, además, la forma en que se produce la consecuencia, sosteniendo que la relación causal implica un vínculo entre dos eventos, en el que el primero de ellos en el tiempo es la causa provocante del segundo, que es la consecuencia.

 

Es muy importante la aseveración del voto del Dr. Mesa en el sentido de que no es un procedimiento de razonamiento regular equiparar la contingencia con la causalidad, toda vez que la característica de la primera de ellas es la incertidumbre en su producción, elemento absolutamente extraño a la segunda.

 

Cuando se estudia el intrincado tema de la causa, no se puede sortear el acudimiento a la obra «Resarcimiento de daños. 4. Presupuestos y funciones del Derecho de daños» (Editorial Hammurabi), cuya autora, la jurista cordobesa Matilde Zavala de González, señala: «Debe distinguirse la causa de la condición y de la ocasión de un efecto.La condición es el antecedente de un resultado. Cuando era indispensable para que este se produjera, se la denomina “conditio sine qua non” (‘condición sin la cual no’). El Derecho no responsabiliza al sujeto que coloca una simple condición del daño, aunque esa condición sea necesaria; esta debe haber sido, además, adecuada o idónea para ocasionarlo. Solo así, la condición necesaria se erige en causa jurídica del resultado».

 

Por último, tampoco podemos dejar de recurrir al artículo del propio vocal opinante Dr. López Mesa, obrante en La Ley 2013-D, p. 1167 y ss., quien afirma, con su acostumbrada claridad expositiva, lo siguiente: «Diremos inicialmente que la relación de causalidad o nexo causal, entre la conducta del responsable y el daño causado, es la base de la responsabilidad civil. Si no se puede trazar un nexo de causalidad adecuada entre la antedicha conducta del presunto responsable (en los factores subjetivos de responsabilidad) o su esfera de garantía (en la responsabilidad objetiva) y el daño acreditado, no queda más que la resignación cristiana de la víctima, pues ella no pued e obtener resarcimiento de quien no se halla unido al daño por un nexo adecuado de causalidad. Es que, para que una persona pueda ser tenida como civilmente responsable por un hecho ilícito dañoso, resulta imprescindible que el daño pueda ser objetivamente atribuido a la acción u omisión de un hombre o al hecho de una cosa. Para determinar la causa de un daño, se debe hacer “ex post facto” un juicio de adecuación o cálculo de probabilidad: a la luz de los hechos de la causa, habrá que preguntarse si la acción u omisión del presunto agente -en abstracto y prescindiendo de sus condiciones particulares-, era por sí misma apta para ocasionar el daño según el curso ordinario de las cosas.Si se contesta afirmativamente de acuerdo con la experiencia diaria de la vida, se declarará que la acción u omisión era adecuada para producir el daño, el que será entonces imputable objetivamente al agente. Si se contesta que no, faltará la relación causal, aunque considerado el caso en concreto tenga que admitirse que dicha conducta fue también una “conditio sine qua non” del daño, pues de haber faltado este último no se habría producido o, al menos, no de esa manera. El concepto evidentemente central de la probabilidad debe entenderse objetivamente: como un grado determinado de posibilidad objetiva. Por tanto, dicho juicio de probabilidad debe fundarse en hechos conocidos y cognoscibles “ex ante”, es decir al momento en que se produjo el hecho dañoso y, para separar lo más claramente posible la adecuación causal de los criterios de la culpa, debe tenerse en cuenta para el análisis de probabilidad causal no solo aquellos datos o elementos de hecho conocidos por el sujeto responsable, sino también todas las circunstancias que resultaran cognoscibles para un observador medio, ubicado en su lugar. La relación causal es aquel elemento del acto ilícito que vincula el daño directamente con el hecho dañoso e, indirectamente, con el elemento de imputación subjetiva o de atribución objetiva de responsabilidad, razón por la cual, como factor aglutinante que es, hace que el daño y el riesgo queden integrados en el acto que es fuente de la obligación de indemnización».

 

4.Consentimiento informado

 

En orden a la falta de consentimiento informado, el vocal sostiene que, «per se», no genera responsabilidad civil en la persona del médico.

 

El instituto del consentimiento informado, como algunos otros pocos, transita, dentro del microsistema de la responsabilidad civil médica, por una franja atiborrada de bruma que, no pocas veces, impide a jueces su correcta interpretación y, por ende, sin solución de continuidad, el dictado de una acertada sentencia.

 

Pero -nobleza obliga- y a fuer de no ser injustamente parcial, la falencia en el tratamiento del consentimiento informado también opera en la doctrina autoral toda vez que muchos de los comentarios pecan por defecto o exceso respecto de la atribución de responsabilidad en los casos en que se detectan falencias en su confección u ocurre su no otorgamiento.

 

Cabe recordar que en los actos médicos programados, por caso una intervención quirúrgica, el paciente, al cumplir con las indicaciones prescriptas -gestiones administrativas en su obra social o medicina prepaga, sometimiento a análisis de laboratorio, electrocardiograma, vacunación antitetánica, interrogatorio del anestesiólogo, concurrencia en tiempo y forma a la internación, etc.- implica un consentimiento tácito a la práctica médica, por lo que lo importante estriba en la información.

 

Y la trascendencia de la información estriba en que su suministro o carencia tiene influencia en la cuestión de los riesgos.

 

Si el operador médico omite brindar la información correcta o esta resulta insuficiente, conserva para sí los riesgos del acto medical y sus consecuentes perjuicios que eventualmente pueden generarse; si, por el contrario, informa adecuadamente al paciente, le traslada a este tales riesgos y sus secuelas dañosas, las que, en la medida que se produzcan dentro del quehacer ajustado a la «lex artis», deben ser asumidas por el paciente.

 

El Dr.López Mesa, en su voto, con sentido didáctico plantea varias hipótesis en que la omisión de la información al paciente no constituye imprudencia ni negligencia ni impericia en la persona del profesional de la medicina.

 

En primer lugar, menciona el caso de la urgencia en la prestación frente a un riesgo inminente en la vida del paciente. Pretender la obtención del consentimiento informado al paciente y, aun más, atribuir responsabilidad al médico por su falta, constituyen un absurdo que no soporta análisis alguno.

 

Tal situación de apremio respecto de la vida del paciente bien puede surgir dentro de un acto médico programado -generalmente en la etapa intraquirúrgica-, merced a la aparición de una complicación imprevisible, que no solo veda al profesional la posibilidad de solicitar a los parientes del paciente, y menos a este, el consentimiento de la práctica a llevar a cabo tendiente a la solución del evento no esperado, sino que requerirlo implicaría un agravamiento de la situación.

 

En segundo término, refiere el voto al supuesto en que la falta de consentimiento resulta irrelevante cuando no conforma un perjuicio atribuible al profesional actuante, ora por falta de nexo causal adecuado entre el acto médico y el daño, ora por la inexistencia de alternativa prestacional mejor ante la patología del paciente.

 

Continúa afirmando que, de llegar a existir relación de causalidad entre la falta del consentimiento y el perjuicio, el cargo probatorio recae en la persona del litigante que la invoca.

 

Transcribe, en su voto, para consolidar su postura, fallos de derecho comparado, que resultan harto confirmatorios.

 

Concluye en el sentido de que, para imputar responsabilidad en la persona del médico frente a la falta de consentimiento informado -maguer falta de culpa galénica-, en la especie debe inexistir otra práctica alternativa tanto o más beneficiosa que la brindada, por la que el paciente podría haber optado.

 

Con tales sólidos argumentos, detrae la pretensión casatoria de la apelante.

 

IV.DILACIÓN DE LA JUEZA DE GRADO

 

Mención aparte merece la actitud del vocal opinante al señalarle a la jueza inferior la larga demora en el dictado de la sentencia -más de un año-, destacando la suerte de anormalidad cometida al llamar dos veces autos para sentencia y dejarlos sin efecto para trámites prescindibles, exhortándola -aunque huele más a reprimenda- a su no repetición en otras causas «en bien de los justiciables».

 

Cuánto mejoraría el funcionamiento de la justicia, terminando con el consabido pensamiento de que la justicia lenta no es justicia, si los magistrados exigieran no celeridad, que puede atentar contra el dictado de buenos fallos, sino su dictado en tiempo normal; pero para su implementación, por aquello de que la «caridad bien entendida comienza por casa», los camaristas deben también ser diligentes y dictar sus acuerdos con la prontitud lógica.

 

  1. VOTO DE LA DRA. SPOTURNO

 

Respecto del voto de la Dra. Spoturno, no obstante adherir a los argumentos de su colega de Sala, resalta que si bien los jueces están compelidos a meritar la totalidad de la prueba arrimada al proceso, ello no conlleva la obligación de expresar, en sus sentencias, la valoración de todas ellas, sino tan solo las que consideran relevantes.

 

Ante tal fuerte posición doctrinaria, rechaza los agravios del apelante respecto de las falencias del fallo recurrido, que invoca, en lo que a la valoración de la prueba refiere.Con relación a la impugnación, en cuanto a la valoración formulada por la jueza de primera instancia a la prueba pericial, la vocal itera los conceptos de López Mesa, agregando que, para que se pueda atacar la pericia médica, el quejoso debe aportar prueba de mayor fuste que logre que se desdigan las conclusiones del experto, no bastando las meras discrepancias vacías de contenido probatorio.

 

También le quita apoyatura jurídica a la posición del recurrente respecto de su afirmación en el sentido de que medió relación causal entre el acto médico y el daño invocado.

 

Sin que implique un demérito a las expresiones de la Dra. Spoturno contenidas en su voto, toda vez que poseen suficiente peso argumental, obviamos mayores comentarios acerca de ellas porque suscriben a los argumentos de su colega de Sala.

 

Lo que sí destacamos es el resalto que formula a lo que considera irregularidades en el trámite de la causa por parte de la jueza de grado a quien, en forma expresa, le manda el deber de evitar medidas dilatorias en perjuicio de los justiciables.

 

  1. EPÍLOGO

 

Como corolario de todo lo expuesto, tal como lo anticipamos en el Prólogo, punto I, nos vemos obligados a iterar que nos movió el presente comentario la elevada altura científica con que el fallo, en sus dos votos, aborda temas importantes de la responsabilidad civil médica.

 

Los argumentos contenidos en ellos ponen negro sobre blanco en temas tan delicados que hacen a la responsabilidad civil médica que, incorrectamente manejados, conllevan riesgos de sentencias injustas que proyectan daños inconmensurables a los integrantes del quehacer médico en el desenvolvimiento de su diario quehacer profesional.

 

Destacamos lo importante que resulta que juristas de fuste, como ocurre en el presente proceso, ocupen la magistratura, ya que sus fallos constituyen, en la mayoría de los casos, artículos doctrinarios acerca de los institutos que la controversia les obliga a abordar. Así hemos visto verdaderas piezas jurídicas de gran valor en votos de la Dra. Kemelmajer de Carlucci, del Dr. Bueres, del Dr. Picasso, del Dr. Guardiola y de tantos otros, rogando sepan disculparnos aquellos que omitimos nombrar.

 

Es de esperar sentencias de esta talla con el «target» de terminar con la creencia popular de que la justicia se encuentra depreciada, lo que, desafortunadamente cabe admitir en muchos casos frente a actitudes reñidas con la equidad entendida como la justicia al c aso concreto y el reparto justo a cada uno.

 

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(*) Abogado, Facultad Católica de Derecho del Rosario, UCA. Posgrado de Derecho de Seguros y Accidentes de Tránsito, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, UCA. Posgrado de Especialización para la Magistratura, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, UCA. Posgrado de Responsabilidad Médica, Centro de Especialización Jurídica Juris. Ha asistido a cursos, seminarios, jornadas, congresos y conferencias. Ha dictado cursos. Expositor de ponencias. Autor de artículos sobre temas de su especialidad.