Responsabilidad por las lesiones sufridas por el peatón embestido por un micro que ingresaba a la playa de estacionamiento.

BusPartes: Ayala Miguel Alfredo c/ Microomnibus Quilmes SACIF Línea 159 y otros s/ daños y perjuicios (acc. tran. c/les. o muerte)

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: B

Fecha: 1-oct-2015

Cita: MJ-JU-M-95501-AR | MJJ95501 | MJJ95501

Responsabilidad de la empresa de transportes y su aseguradora a raíz de las lesiones sufridas por el actor cuando caminando por la acera, resultó embestido por un micro que ingresaba a la playa de estacionamiento de la terminal de ómnibus. Cuadro de rubros indemnizatorios.

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1.-Corresponde hacer lugar al reclamo indemnizatorio contra la empresa transportista y su aseguradora, por el accidente de tránsito sufrido por el actor en circunstancias en que regresaba del trabajo hacia su domicilio, por la acera de la terminal de ómnibus y resultó embestido por un colectivo de la empresa demandada cuando ingresaba a la playa de estacionamiento, toda vez que hay una falta de acreditación de eximentes de responsabilidad por parte de las emplazados para poder interrumpir el nexo causal.

2.-De conformidad con lo dispuesto en el sistema de derecho transitorio contenido en el art. 7° del nuevo CCivCom., la relación jurídica, al haberse consumado antes del advenimiento del actual Código Civil y Comercial de la Nación, debe ser juzgada, en sus elementos constitutivos y con excepción de sus consecuencias no agotadas, de acuerdo al sistema del anterior Código Civil- Ley 17.711 .

3.-La circunstancia de que se trate de un testigo único, de ningún modo desmerece su valor probatorio, pues su apreciación estará en relación directa con las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de su declaración. En el caso, el tiempo transcurrido (cuatro horas) entre el momento en que se produjo el accidente y la hora de la efectiva atención del actor en la guardia del hospital, no es un elemento que alcance para desvirtuar el relato del testigo si se ponderan las demoras y prioridades de atención que existen en la guardia de un hospital y el hecho de que la ambulancia, según expone el mismo testigo, habría llegado al lugar del hecho media hora después de producido el accidente, como así tampoco, corresponde descartar los dichos del testigo por el hecho que no haya visto el número de la línea ni el interno, sí reconoció y describió el lugar al cual accedió tal vehículo como la terminal de la empresa demandada.

4.-El juez puede, a los efectos de tener por acreditado el nexo causal, recurrir al auxilio de las presunciones, partiendo de indicios que surjan de hechos probados para luego formular una razonable y lógica inferencia que permita imputar el resultado nocivo al demandado.

5.-La incapacidad debe meritarse como disminución genérica de la relacionada aptitud psicofísica de la cual gozaba el peticionario antes del siniestro, debiendo confirmarse en autos el monto otorgado por esta partida.

6.-La prueba pericial deviene relevante ya que el informe del experto no es una mera apreciación sobre la materia del litigio, sino un análisis razonado con bases científicas y conocimientos técnicos, y ello es así porque es el fruto del examen objetivo de circunstancias de hecho, de aplicación a éstas de los principios científicos inherentes a la especialidad, y de los razonamientos que siguen para dar respuesta a los temas sometidos a su dictamen. En el caso de autos, las demandadas no han aportado elementos de convicción que permitan desvirtuar las conclusiones del experto.

7.-No es fácil traducir en una suma de dinero la valoración de los dolores, sufrimientos, molestias, angustias, incertidumbres o temores padecidos por la víctima. En el caso, el perito dictaminó que existe relación de causalidad entre el desorden psicopatológico evidenciado por el actor y el accidente, estimando una incapacidad parcial y transitoria estimada en un 15%, por lo cual resulta indudable que el sufrimiento del actor a partir del hecho de marras, originó un daño moral debiendo confirmarse la suma otorgada por dicha partida.

8.-Debe aplicarse la tasa de interés activa desde la mora hasta el efectivo pago que hagan los deudores, y con relación a los intereses devengados a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y hasta el efectivo pago, al ser una consecuencia no agotada de la relación jurídica que diera origen a esta demanda, la tasa que resulte aplicable para liquidarlos por imperio del art. 768 del citado ordenamiento, nunca podrá ser inferior a la activa antes referida, pues ante la falta de pago en tiempo de la indemnización y dadas las actuales circunstancias económicas iría en desmedro del principio de la reparación plena del daño que se ha causado al actor, a la vez que fomentaría la demora del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones, contrariando la garantía del actor a hacer efectivo su derecho. En el caso, la circunstancia que la obligación a cargo de la demandada consista en una deuda de valor, que el juez traduce en una suma de dinero al momento de dictar sentencia, como compensación por el perjuicio sufrido, no puede llevar a pensar que no hubiese resultado exigible con anterioridad y tampoco permite sostener, como lo hace el demandado quejoso, que ese quantum así determinado contenga mecanismos de actualización o cualquier otro que configure una repotenciación o indexación de deuda, como ocurría en un contexto de hiperinflación donde si resulta acertado hablar de un interés puro del 6 % u 8% sobre las sumas así actualizadas o indexadas.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 01 días del mes de Octubre de dos mil quince, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “B”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: “AYALA, Miguel Alfredo c/MICROOMNIBUS QUILMES SACIF LINEA 159 y ot. s/ds. y ps.” respecto de la sentencia de fs. 183/188 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: PARRILLI-RAMOS FEIJOO-MIZRAHI-

A la cuestión planteada el Dr. Parrilli, dijo :

1. La sentencia impugnada

En la sentencia glosada a fs. 183/188, la Sra. Juez a cargo del Juzgado n° 75, hizo lugar a la demanda iniciada con motivo del accidente de tránsito que sucediera el día 2 de agosto de 2011, alrededor de las ocho y media de la noche, en circunstancias en que el pretensor regresaba del trabajo hacia su domicilio, por la acera de la terminal de ómnibus de Microomnibus Quilmes SACIF sita en Avda. Rigoulleau (calle 14) de Berazategui, y resultó embestido por una unidad de la empresa demandada, quién en forma imprevista realizó una maniobra abrupta de aceleración para ingresar a la playa de estacionamiento.

En consecuencia, condenó a “Microómnibus Quilmes SACIF” y a su aseguradora “Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros” a pagar por los daños causados a Miguel Alfredo Ayala la suma de $ 126.000, con más sus intereses, que dispuso liquidar desde la fecha del hecho y hasta su efectivo pago a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. También impuso a los vencidos, las costas del proceso.

2. Los recursos

Contra dicho pronunciamiento, interpuso recurso de apelación sólo la demandada y citada en garantía (ver fs. 197/198); sosteniéndolo con su respectiva expresión de agravios a fs.215/221, contestada a fs.225/226

3. Los agravios

La empresa demandada y su aseguradora se quejan de lo dispuesto por la magistrada de grado en lo que hace a la atribución de responsabilidad. Así también, se agravian de los montos otorgados en concepto de incapacidad sobreviniente y daño moral, los que consideran elevados.

Finalmente, cuestionan que se haya dispuesto aplicar la tasa activa para liquidar los réditos en el período comprendido entre la fecha del hecho que diera motivo a las presentes actuaciones y el efectivo pago de la condena.

4. Aclaraciones previas

Frente a la existencia de normas sucesivas en el tiempo, antes de entrar en el examen de los agravios, debo aclarar que al ser el daño un presupuesto constitutivo de la responsabilidad (cfr. arts. 1716 y 1717 del Código Civil y Comercial de la Nación y art. 1067 del anterior Código Civil), aquél que diera origen a este proceso constituyó, en el mismo instante en que se produjo, la obligación jurídica de repararlo.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el sistema de derecho transitorio contenido en el art. 7° del nuevo Código y como ya lo he resuelto anteriormente (ver esta Sala, mi voto en autos: “Demortier Adriana Noemí y otros c/ CLINICA MODELO LOS CEDROS SA y otros s/daños y perjuicios – resp. prof. médicos y aux.(47177/2009) del 6-8-2015) la relación jurídica que da origen a esta demanda, al haberse consumado antes del advenimiento del actual Código Civil y Comercial de la Nación, debe ser juzgada -en sus elementos constitutivos y con excepción de sus consecuencias no agotadas- de acuerdo al sistema del anterior Código Civil- ley 17.711, interpretado, claro está, a la luz de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por nuestro país porque así lo impone una correcta hermenéutica y respeto a la supremacía constitucional.

Por otra parte, debo decir que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia (ver CSJN, “Fallos”: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, entre otros) y tampoco es obligación ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las apropiadas para resolver (art. 386, in fine, del CPCCN; CSJN, “Fallos”: 274:113; 280:3201; 144:611).

Hechas estas precisiones, en primer término habré de considerar las quejas de la demandada y su aseguradora en punto a la responsabilidad que se les endilgara para luego examinar los cuestionamientos de los rubros indemnizatorios y la tasa de interés.

5. La responsabilidad

Según la demandada y su aseguradora, la decisión de la jueza a quo de admitir la demanda, con fundamento en una única declaración testimonial, resulta injusta e infundada por lo que piden se revoque la condena en su contra.

En cuanto a la prueba testifical -centro de las quejas vertidas por los emplazados- debo decir que la circunstancia de que se trate de un testigo único, de ningún modo desmerece su valor probatorio. El viejo aforismo testis unus, testis nullus, fue dejado de lado hace muchos años. Es que en el sistema de la sana crítica, que es el adoptado por nuestro legislador, en principio no existen reglas fijas en cuanto al número.Ello dependerá de las circunstancias del caso, entre las que cuadra valorar la posibilidad que se haya tenido para obtenerlos, y su valor probatorio estará en relación directa con las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de su declaración (arts. 386 y 456 del CPCCN).

Con otras palabras señalan Morello y otros (Códigos, V, pág. 436; citando a Eliézer Rosa, Diccionario de proceso civil, Río de Janeiro, 1957, pág. 341) “los jueces pesan las declaraciones, no las cuentan. La credibilidad de una prueba testimonial no depende del número de los que son llamados a esclarecer la justicia sino de la verosimilitud de sus dichos, probidad científica del deponente, latitud y seguridad del conocimiento que manifiesta, razones de la convicción que declara, confianza que inspira, etc.” .

Según las recurrentes la declaración del testigo Lefalle, quien dijo haber presenciado el accidente, aparece como dudosa porque: a) el accidente habría ocurrido a las ocho y media de la noche y la atención en el Hospital Evita Pueblo de Berazategui se produjo cuatro horas después, ya en la madrugada del día 3 de agosto de 2011 (ver f.107; b)el testigo no vio el número de colectivo ni interno; c) no sabe quien llamó a la policía dato que resulta relevante porque no se labraron actuaciones en sede penal, d) no fue citado a declarar por cédula.

el momento en que se produjo el accidente y la hora de la efectiva atención del actor en la guardia del hospital Evita Pueblo de Berazategui, no parece un elemento que alcance para desvirtuar el relato del testigo si se ponderan las demoras y prioridades de atención que existen en la guardia de un hospital y el hecho de que la ambulancia, según expone el mismo testigo, habría llegado al lugar del hecho media hora después de producido el accidente.Tampoco permite descartar los dichos del testigo el que no haya visto el número de la línea ni el interno sí reconoció y describió el lugar al cual accedió tal vehículo como la terminal de la empresa demandada -que conoce por ser vecino de la zona- porque esa circunstancia permite inferir que se trataba de un colectivo de la línea 159 que explota comercialmente dicha empresa. Aquí es oportuno recordar que el juez puede, a los efectos de tener por acreditado el nexo causal, recurrir al auxilio de las presunciones, partiendo de indicios que surjan de hechos probados para luego formular una razonable y lógica inferencia que permita imputar el resultado nocivo al demandado (conf. CNCivil, Sala “H”, in re, “Ritter Claudio Darío y otro c/ Línea de Microómnibus y otros s/ Daños y Perjuicios” del 16-3-2009, r. 506.923, voto del Dr. Kiper). Por otra parte, si se repara que el accidente ocurrió en el mes de agosto, a las ocho y media de la noche cuando ya obscurece y el testigo lo presenció de una distancia de veinte a cincuenta metros (ver respuesta 1ª)lo llamativo hubiera sido que señalara el número de interno y de la línea. Por el contrario, sus imprecisiones al respecto lejos de disminuir la credibilidad de sus dichos deben interpretarse como sinceridad en su declaración.

En cuanto a la narración del testigo, en punto a la existencia de intervención policial, coincide con lo consignado en el Folio N° 257 del Libro de Ortopedia y Traumatología del Hospital Zonal General de Agudos “Evita Pueblo” (f. 107) sobre la existencia del parte policial 72685 y viene a reforzar la convicción de que efectivamente se encontraba en el lugar y presenció el accidente.

Finalmente, la forma en que se haya anoticiado al testigo del comparendo no puede ser un elemento que por sí solo atente contra la fuerza probatoria de su declaración.Si a esto le sumamos la falta de acreditación de eximentes de responsabilidad por parte de las emplazados para poder interrumpir el nexo causal, se impone rechazar el agravio y confirmar la decisión de la magistrada de la anterior instancia en punto a la responsabilidad endilgada a la demandada y a su aseguradora por lo que propongo al acuerdo se confirme esta parte de la sentencia (arts. 34 inc. 4), 163 inc. 5), 386 y 456 del CPCCN).

6. Los daños

6.1. Incapacidad sobreviniente

Los agravios de la demandada y su aseguradora atacan la indemnización concedida al actor por las lesiones sufridas, argumentando que estas no guardan relación con el accidente, siendo la misma elevada y comprendiendo el total de la solicitada por el accionante en su demanda.

A la hora de analizar este rubro se debe ponderar el daño ocasionado, traducido en una disminución de la capacidad; el detrimento de funcionamiento del organismo, sea por un empeoramiento del desempeño más gravoso de ello; cualquier perjuicio en el aspecto físico de la salud o en el mental, aunque no medien alteraciones corporales. Y se lo hace no sólo con relación a la aptitud laboral, sino también con la actividad social, cultural, etc. (arts. 901 y 904 del Cód. Civ.), amén de la edad, sexo y ocupación. En conclusión, la incapacidad debe meritarse como disminución genérica de la relacionada aptitud psicofísica de la cual gozaba el peticionario antes del siniestro (art. 1083 del Cód. Civ.).

Una de las pruebas fundamentales para resolver el punto esta dado por la experticia médica, y en autos ella fue llevada a cabo a fs. 134/137.

El experto luego de meritar las constancias médicas acompañadas a la causa y los informes de fs. 132/133, señaló que aquel “-El actor presenta una secuela traumática a nivel del tobillo y pié izquierdo (post fractura) comprobada tanto en el examen realizado cuanto por las resonancia magnética efectuada.En efecto, los hallazgos obtenidos en el examen clínico coinciden con lo comprobado en los estudios complementarios, que son lo suficientemente ilustrativos como para objetivar claramente el cuadro del actor (-) Las alteraciones anataomo arquitectónicas del tobillo del actor que son coincidentes en cronología y localización con lo sufrido en el accidente justifican que se considere relación causal con el mismo. Se calcula que existe una incapacidad del 10% de acuerdo al baremo de los dres. Romano y Fernández Blanco utilizados por ser muy explicativos para patologías como la del actor-” (sic).

Cabe resaltar que, en materia de procesos de daños y perjuicios, la prueba pericial deviene relevante ya que el informe del experto no es una mera apreciación sobre la materia del litigio, sino un análisis razonado con bases científicas y conocimientos técnicos (CNCiv., Sala D., en autos “Yapura, Gregoria Erminda c/ Transporte Automotor Riachuelo S.A. s/ Ds. y Ps.”, expte. libre n° 77.257/98, del 8/10/02; íd., “Fiorito, José Luis c/ Petersen, José y otro s/ Ds. y Ps”, expte. libre n° 105.505/97, del 20/09/91). Por otro lado, deberá tenerse presente que la función de las experticias es de asesoramiento, pues se trata de cuestiones ajenas al derecho respecto de los cuales el Juez no tiene conocimientos específicos. La solvencia técnica que se desprende de cada profesión indica que los dictámenes de expertos es lo que resulta más adecuado; y ello es así porque es el fruto del examen objetivo de circunstancias de hecho, de aplicación a éstas de los principios científicos inherentes a la especialidad, y de los razonamientos que siguen para dar respuesta a los temas sometidos a su dictamen (CNCiv., Sala “D”, en autos “Quiros de Delgado, Nélida c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A. s/ Daños y Perjuicios”, expte. libre nº 25.403/93 del 27/12/96).

En el caso, las recurrentes no han aportado elementos de convicción que permitan desvirtuar las conclusiones del experto.Además, contrariamente a lo que afirman, surge del informe del Hospital Evita Pueblo obrante a fs.107 que el actor sufrió “fx” (fractura) en maléolo tibial izquierdo indicándose “yeso” y “reposo”.

Entonces, ponderando la índole de las lesiones padecidas, las circunstancias personales del actor (27 años al momento del accidente, de profesión albañil), el porcentaje de incapacidad establecido y lo resuelto por esta Sala en casos similares; estimo correcta la suma establecida por la sentenciante de grado (art. 165 del CPCCN).

Bajo tales parámetros, corresponde desestimar los agravios sobre este punto, y en consecuencia confirmar el decisorio en lo que hace a este ítem (arts. 163 incs. 5, 6, 386, 477 del CPCCN).

6.2. daño moral

Los quejosos cuestionan el monto otorgado en la instancia de grado para resarcir este rubro -$ 50.000- que la jueza entiende comprensivo del daño psicológico.

Sostienen que de confirmarse dicho monto, se estaría en presencia de un enriquecimiento indebido a favor de la parte actora. Ahora bien, sobre esto último no se ha realizado una crítica razonada y concreta con sustento en las constancias de autos (cfr. art. 265 del CPCCN), limitándose las recurrentes a referencias doctrinarias.

Desde ya, no es fácil traducir en una suma de dinero la valoración de los dolores, sufrimientos, molestias, angustias, incertidumbres o temores padecidos por la víctima. Sólo ella puede saber cuanto sufrió, pues están en juego sus vivencias personales.

En el plano psíquico, el experto dictaminó que existe relación de causalidad entre el desorden psicopatológico evidenciado por el actor y el accidente motivo de litis, estimando una incapacidad parcial y transitoria estimada en un 15%, según los baremos de los Dres. Silva y Castex.Teniendo en cuenta las referidas conclusiones periciales sobre la cuantía de la lesión psíquica, y que resulta indudable que el sufrimiento del actor a partir del hecho de marras originó un daño de la naturaleza indicada; destaco que el quantum indemnizatorio se compadece con los establecidos por esta Sala en casos similares, habiendo hecho un correcto uso la Sra. Jueza de las facultades contempladas por el artículo 165 del CPCC. Bajo tales parámetros, corresponde desestimar los agravios sobre este punto, y en consecuencia confirmar lo resuelto en la anterior instancia.

7. La tasa de interés aplicable para liquidar los réditos

Como ya lo adelantara, las emplazadas se quejan de lo decidido en la instancia de grado respecto de este ítem. Pretenden se aplique una tasa del 6% anual hasta el fallo que se dicte en esta instancia, y sólo de ahí en adelante la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.

La circunstancia de que, en este caso, la obligación a cargo de la demandada consista en una deuda de valor, que el juez traduce en una suma de dinero al momento de dictar sentencia- como compensación por el perjuicio sufrido- no puede llevar a pensar que no hubiese resultado exigible con anterioridad y tampoco permite sostener (como lo hace el demandado quejoso) que ese quantum así determinado contenga mecanismos de actualización o cualquier otro que configure una repotenciación o indexación de deuda, como ocurría en un contexto de hiperinflación donde si resultaba acertado hablar de un interés puro del 6 % u 8% sobre las sumas así “actualizadas” o “indexadas”.

Es por esa razón que esta Sala, viene sosteniendo que para estos casos debe aplicarse la tasa de interés activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde la mora y hasta el efectivo pago que hagan los deudores, siguiendo la doctrina del fallo plenario del fuero in re, “Samudio de Martínez, L.c/ Transportes Doscientos Setenta SA” que resulta obligatoria – para los réditos devengados desde la mora y hasta la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, al haberse derogado el art. 622 del CC- en los términos del art. 303 del CPCCN, precepto este que la Sala considera vigente en su redacción originaria (ver en este sentido “Pérez Horacio Luis c/ Banco Sáez SA s/ ejecución de honorarios, pub. LL CITA ONLINE AR/JUR/55224/2013, del 30/08/2013).

En consecuencia, deberá aplicarse la referida tasa activa en los casos en que la misma no genera o configura un “enriquecimiento indebido”. Si así fuera e importara una situación excepcional que se apartara de la regla general establecida en el referido plenario debe ser probada en forma clara por el deudor en el ámbito del proceso (cf. art. 377 del CPCCN), circunstancia que no se verifica en el presente.

Finalmente, debo aclarar que con relación a los intereses devengados a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y hasta el efectivo pago, al ser una consecuencia no agotada de la relación jurídica que diera origen a esta demanda, la tasa que resulte aplicable para liquidarlos por imperio del art. 768 del citado ordenamiento, nunca podrá ser inferior a la activa antes referida, pues ante la falta de pago en tiempo de la indemnización y dadas las actuales circunstancias económicas iría en desmedro del principio de la reparación plena del daño que se ha causado al actor (ver art. 1740 del mismo Código) a la vez que fomentaría la demora del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones, contrariando la garantía del actor a hacer efectivo su derecho (cfr. art. 18 de la CN). En consecuencia, propondré al Acuerdo confirmar lo atinente a la tasa de interés, rechazando las presentes quejas.

Por todo lo expuesto y si mi voto fuera compartido, propongo al Acuerdo:confirmar la sentencia recurrida en todo lo que decide y fuera objeto agravios. Las costas de Alzada serán impuestas de igual modo que en la instancia de grado (art. 68 del CPCCN). Así lo voto.

El Dr. Ramos Feijóo , por análogas razones a las aducidas por el Dr. Parrilli, votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto: PARRILLI-RAMOS FEIJOO

Es fiel del Acuerdo.-

Buenos Aires, Octubre 01 de 2.015.-

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: confirmar la sentencia recurrida en todo lo que decide y fuera objeto agravios. Las costas de Alzada serán impuestas de igual modo que en la instancia de grado (art. 68 del CPCCN).

En atención al interés económico comprometido; labor desarrollada, apreciada por su naturaleza, importancia, extensión, eficacia y calidad; etapas cumplidas; resultado obtenido; que a efectos de meritar los trabajos desarrollados por los expertos se aplicará el criterio de la debida proporción que los emolumentos de los peritos deben guardar con los de los demás profesionales que llevaron la causa (conf. C.S.J.N., Fallos 236:127; 239:123; 242:519; 253:96; 261:223; 282:361; CNCiv., esta Sala H.N.° 11.051/93, in re: “Hernández c/ Jaramal s/ daños y perjuicios” , del 17/12/97; id., H.N.° 44.972/99, in re: “Alvarez c/ Sayago s/ daños y perjuicios”, del 20/3/02; id., H.N.° 363.134 in re: “Patri c/ Los Constituyentes s/ daños y perjuicios”, del 23/6/04; id., H.N.° 5810/05, in re: “Morandini c/ TUM S.A. s/ daños y perjuicios”, del 28/12/07; id., H.N.° 42.689/05, in re: “Godoy c/ Kañevsky s/ ordinario”, del 6/3/08; id., H.N.° 87.303/04, in re: “Barrios Escobar c/ Transportes s/ daños y perjuicios”, del 24/9/08; id. H.N.° 40.649/02, in re: “Mazzeo c/ Romero s/ daños y perjuicios”, del 9/6/10; id.H.N.° 108.802/04, del 21/2/11, entre otros), así como la incidencia que las mismas han tenido en el resultado del pleito; recursos de apelación interpuestos por bajos a fs. 193, 195, 197 otrosí, 206 otrosí y 208 y por altos a fs. 197/198 y 206 y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6, 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley de arancel N° 21.839 con las modificaciones introducidas en lo pertinente por la ley 24.432, art. 478 del Código Procesal y Anexo III del Decreto 1467/2011, se modifican las regulaciones de honorarios practicadas a fs. 188, fijando los correspondientes al letrado apoderado de la parte actora, Dr. J.J.T., en la suma de ($.); los del letrado apoderado de la parte demandada y citada en garantía, Dr. A.A.R., en ($.); los del perito médico legista Dr. G.L.U., en ($.) y los del perito contador A.O.D., en ($.) y se confirman los honorarios del consultor técnico de la citada en garantía, Dr. L.I.B.; los del consultor técnico de la citada en garantía, Dr. J.I.R. y los de la mediadora, Dra. L.T.G.

Por su labor en la Alzada se fijan en ($.) los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, Dr. J.J.T. y en ($.) los correspondientes al letrado apoderado de la parte demandada y citada en garantía, Dr. A.A.R., y (conf. fs. 68) se fijan en ($.) los honorarios del letrado apoderado de la parte demandada y citada en garantía, Dr. A.A.R. (conf. arts. 14, 33, 49 y cc. de la ley de arancel) los que deberán abonarse en el plazo de diez días.

El Dr. Mizrahi no firma por hallarse en uso de licencia. Regístrese, notifíquese por cédula por Secretaría. Fecho, publíquese (c. Acordada 24/2013 CSJN). Cumplido, devuélvanse las actuaciones a primera instancia.-