Responsabilidad del organizador de la carrera automovilística en razón de las lesiones sufridas por el actor por la caída de un tercero en una de las tribunas del autódromo.

Nuevo-circuito-NASCAR-en-MéxicoPartes: Acosta Pedro Daniel c/ ACTC (Asociación Corredores Turismo Carretera y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: K

Fecha: 13-ago-2015

Cita: MJ-JU-M-95441-AR | MJJ95441 | MJJ95441

Responsabilidad de la asociación de corredores y del organizador de la carrera automovilística en razón de las lesiones sufridas por el actor, en ocasión de encontrarse en una de las tribunas del autódromo y ser lesionado por la caída de un tercero, al incumplirse la obligación de seguridad que pesaba sobre los demandados. Cuadro de rubros indemnizatorios.

MM

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda entablada contra la asociación y el organizador del evento automovilístico raíz de las lesiones que sufriera el actor como consecuencia del hecho acaecido dentro de las instalaciones del autódromo, quien habiendo acampado en las instalaciones y luego de recorrer el predio, se ubicó en una platea, cuando escalones arriba escucha gritos y una persona que se cae libremente e impacta en su cuerpo, toda vez que es evidente, que de haber mediado el debido y adecuado control de las medidas de seguridad, el hecho se podría haber evitado.

2.-La responsabilidad del organizador de un espectáculo público, cualquiera sea su finalidad: deportiva, artística, cultural, etc., es de índole contractual, asumiendo la obligación de garantizar al público la debida seguridad, obligación que puede haber sido asumida expresamente por las partes, impuesta por la ley, o bien surgir tácitamente del contenido del contrato, y siendo una obligación de resultado, a la víctima le basta probar el daño sufrido y la relación de causalidad, pero no tiene necesidad de acreditar la culpa del organizador, por cuanto el factor de atribución es objetivo fundado en la noción de seguridad. En el caso, no resultan suficientes los agravios que insisten en la ajenidad del evento sufrido por el actor con la organización de la carrera programada para ese día y el posterior, resultando idóneas y conducentes las pruebas analizadas para tenerlo por demostrado pues, la historia clínica e informes y pericial médica demuestran que el accionante sufrió las lesiones invocadas en el escrito de inicio y que las mismas ocurrieron durante el espectáculo brindado por la demandada.

3.-La entidad organizadora se eximirá de las consecuencias de su obligación contractual de resultado, demostrando la culpa del espectador o el caso fortuito extraño a la actividad, lo que implica la fractura del nexo de causalidad. En autos, se cumple con el requisito de la causalidad pues, los daños ocasionados han sido con ocasión del evento, toda vez que si este último no se hubiera celebrado, aquellos no habrían tenido lugar, resultando previsible en este tipo de espectáculos la ocurrencia de hechos violentos llevados a cabo por personas inadaptadas.

4.-Teniendo en cuenta el principio de unicidad de la prueba, el material probatorio debe apreciarse en su conjunto, ponderando la concordancia o discordancia que pudiesen ofrecer las diversas probanzas aportadas, pues, muchas veces, la certeza no se obtiene con una evaluación aislada de los distintos elementos, sino en su totalidad. En el caso, conforme surge de las declaraciones testimoniales brindadas por uno de los testigos, el grupo que incluyó al actor, se dirigió a un sector interno del autódromo, sin que hubiera presencia de seguridad que advirtiera de prohibición alguna para desplazarse entre las gradas del estadio, ni carteles, ni cinta impidiendo el acceso.

5.-El contrato de espectáculo público está comprendido en una relación de consumo, En el caso, pese a las supuestas medidas de seguridad desarrolladas, conforme lo explicitara el gerente del autódromo, aquellas no fueron suficientes y adecuadas, resultando llamativo que ninguna persona se encontrara destinada a custodiar o controlar el área destinada a las gradas del estadio cercano a los boxes, donde finalmente fuera lesionado el actor tendido en el piso con lesiones de gravedad.

6.-No es dable al asegurador sostener como defensa los límites de cobertura ante la demanda del damnificado, a pesar de haber recibido o no la denuncia de siniestro de su asegurado, ello, sin perjuicio de que eventualmente intentare repetir de su cliente, de entenderlo pertinente. En el caso, las partes convinieron que la cobertura otorgada se extiende al riesgo en los días predeterminados para el desarrollo de la carrera, y el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero, en razón de la responsabilidad civil en que incurra exclusivamente como consecuencia de los hechos o circunstancias prevista en condiciones específicas, acaecidos en el plazo convenido, y las circunstancias fácticas que motivaron el hecho motivo de litis no se encuentran indicadas en ninguna de las cláusulas de riesgos excluidos.

7.-Acreditada la relación de causalidad de las deficiencias físicas que padece el damnificado con el hecho investigado, los gastos que ocasione el tratamiento aconsejado para que disminuyan dichas secuelas, deberán ser resarcidos por el demandado, lo cual no obsta a que tenga lugar el resarcimiento por la incapacidad padecida, ni que exista por dicha causa duplicación de reparaciones, puesto que una cosa es resarcir la minoración permanente de aptitudes y otra cubrir con una terapia adecuada la posibilidad de que empeore el estado del peticionante. En el caso, el cuadro que padece el actor, aunado a la importante incapacidad física que presenta, resultan suficientes para determinar que la realización de un tratamiento futuro evitará el agravamiento del cuadro que sobrelleva, debiendo incrementarse el monto otorgado por la incapacidad física transitoria y permanente, como por tratamiento futuro.

8.-Para que proceda la indemnización por daño psíquico, resulta de fundamental importancia la existencia de un daño cierto resarcible que indique que el hecho generador ha provocado secuelas de carácter discapacitante, con clara relación causal; y en el caso en examen, el hecho traumático no produjo en el actor trastornos que motiven incapacidad psíquica transitoria ni permanente, tan es así que no aconseja tratamiento psicológico, por lo cual corresponde rechazar el resarcimiento del presente daño.

9.-La indemnización por lucro cesante tiene su fundamento y límite en la probabilidad objetiva cierta y suficiente que emana o resulta del curso natural de las cosas y de las circunstancias generales o especiales del caso concreto, e implica una falta de ganancia o de acrecentamiento patrimonial que, razonablemente, hubiere podido obtener de no haberse producido el hecho. En el caso, el actor reclama dicho rubro indemnizatorio con fundamento en las diferencia de ingresos que ha dejado de percibir por el estado físico actual, originado en el evento dañoso; si bien mantiene sus ingresos por la categoría 5°, anteriormente como camarista y ahora como operario de limpieza, ha dejado de percibir el plus por horas frío, por carga y descarga de cajones en la cámara de frío, por lo cual corresponde admitir dicha partida.

10.-El agravio moral está constituido por la lesión a las afecciones íntimas del damnificado, los padecimientos que experimenta, la duración de su convalecencia y la incertidumbre sobre el grado de restablecimiento. En el caso, considerando las condiciones subjetivas del actor, entidad de las lesiones sufridas, la incapacidad que padece y demás circunstancias que surgen de la causa, entre ellas, las intervenciones quirúrgicas, inmovilización y reposo, cicatrices, tratamientos de rehabilitación, corresponde incrementar la suma acordada por esta partida.

11.-El juez en la sentencia fija un quantum, lo que de ningún modo es igual al momento a partir del cual la obligación se hace exigible, teniendo en cuenta que la no liquidez de la suma no implica la no exigibilidad y, por tanto, es desde la mora que resulta computable. En autos, se devengaran intereses desde la fecha del hecho y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general.

12.-Atento la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial (Ley 26.994 y su modificatoria Ley 27.077 ), de conformidad a lo previsto en su art. 7 y teniendo en cuenta la fecha de producción del siniestro en estudio, que resultan de aplicación al caso las normas del Código Civil de Vélez.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de agosto de 2015, hallándose reunidos los Señores Vocales integrantes de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a fin de dictar sentencia en los autos: “ACOSTA PEDRO DANIEL CONTRA ACTC (ASOCIACION CORREDORES TURISMO CARRETERA Y OTROS, S / DAÑOS Y PERJUICIOS”, y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, el Dr. Domínguez dijo:

I.- Vienen estos autos a este Tribunal con motivo de los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia dictada a fs. 215/ 228 vta, expresando agravios la actora a fs 258/259 vta y las codemandadas y citada en garantía a fs 252/ 257, siendo contestado el respectivo traslado por la accionante a fs. 261.

II- Antecedentes.

Acosta Pedro Daniel, a fs. 36 promovió demanda de daños y perjuicios contra ACTC (Asociación Corredores Turismo Carretera) y ACBA SA (Autódromo Ciudad de Buenos Aires) a raíz de las lesiones que sufriera como consecuencia del hecho acaecido dentro de las instalaciones del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires al anochecer del día 27 de noviembre de 2010. Cita en garantía a “Río Uruguay Seguros”.

Afirma que ese día concurre a ese autodromo, denominado “Oscar Gálvez” a fin de presenciar una prueba de clasificación de la categoría de Turismo Carretera (TC) y al día siguiente la carrera final. Una vez adentro del predio presencia la carrera en la Tribuna N° 15, finalizando ella a las 18.00 hs. Permanecen dentro del autódromo ya que contaban con entradas para los tres días (dos para la clasificación y la final).

Acampan en el interior del autódromo ya que, como es costumbre, el público se queda para presenciar las otras carreras. Llegada la noche se disponen a recorrer el autódromo para llegar hasta los boxes. Ingresan al estadio libremente con portones abiertos, sin carteles indicativos de prohibición, ni personal de seguridad.Ubicado con amigos en la Platea “B”, frente a boxes, escucha escalones arriba gritos y una persona que se cae libremente e impacta en su cuerpo. Como consecuencia de ello, sufre diversas lesiones, siendo llevado por el servicio de ambulancia del estadio (“Sed Medic”) al Hospital Santojanni y, luego, a la Clínica Avellaneda.

Atribuyó responsabilidad a los demandados y reclamó por los daños y perjuicios sufridos.

A fs. 57 se presenta “Río Uruguay Coop de Segs Ltda”, reconoce la cobertura pero sostiene que ello solo cubre el siniestro en ocasión de la carrera. Denuncia límite económico de la cobertura

Los accionados a fs. 75 y a fs. 82, negaron en el responde los hechos esgrimidos en la demanda y se adhieren al responde de la citada en garantía.

III- Sentencia.

El Sr. Juez de la instancia previa, luego de analizar la prueba producida, tuvo por acreditados los extremos invocados en la demanda y con fundamento en lo dispuesto por los arts. 1198, 505, 513, 514 del Código Civil y ley 23.184, encontró responsables del evento dañoso a los codemandados.

Hizo asimismo extensiva la condena a la citada en garantía, al no haber demostradola configuración de la exclusión de cobertura invocada en el responde.

Merita la admisibilidad del rubro dañoso por incapacidad física hasta pesos 65.000 y rechaza el requerimiento por tratamiento, ya que implicaría una duplicación de indemnización.

Rechaza la reparación por daño psicológico y tratamiento conexo. Admite el daño moral hasta la suma de pesos 7.000. Rechaza el rubro lucro cesante por estar las “horas de frío” comprendidas en el rubro admitido por incapacidad física. Por gastos médicos y de farmacia, admite su reintegro hasta la de pesos 400 y por traslado la de pesos 200.

La suma de condena devengará intereses a la tasa activa nominal, anual, vencida, del Banco de la Nación Argentina, desde el evento hasta su efectivo pago. Con costas.

IV- Agravios.Contra dicha decisión se alzan las partes.

Los codemandados Autódromo Ciudad de Buenos Aires y Asociación Corredores de Turismo Carretera y la citada en garantía ” Río Uruguay Coop. de Segs. Ltda.” a fs 252 recuren en primer término respecto a considerar un riesgo no cubierto por la póliza emitida por la aseguradora. Alegan que el presunto evento es ajeno a lo deportivo cuyos riesgos si estaban cubiertos. El evento acaeció durante la noche, fuera del horario de la competencia e ingresando por lugares a los que no pude acceder el público. Agrega que el hecho fue concretado por terceros por los cuales no debe responder.

Cuestionan la admisibilidad del rubro por incapacidad física ya que no es irreversible ni permanente. Por elevado el monto otorgado, tanto por esta afección, como por daño moral. Por último solicita se modifique la aplicación de la tasa activa de interés, requiriendo la del 6 % anual.

El accionante cuestiona el monto otorgado en concepto de “incapacidad física parcial y permanente, por considerarlo exiguo.: máxime que no se valoró el tratamiento recomendado por el perito. Se revoque el rechazo de la indemnización peticionada por daño psicológico. Se incremente lo asignado por daño moral y se admita el lucro cesante.

El actor responde los agravios de los demandados a fs 261. Peticiona se declare desierto el recurso. Subsidiariamente contesta los mismos remitiéndose en general a los sustentos valorados por el sentenciante. Resalta que las lesiones sufridas fueron en ocasión del espectáculo deportivo y que los daños admitidos se sustentan en las pruebas de autos.

V.- En primer lugar, cabe destacar que la valoración de la expresión de agravios, a los fines de determinar si reúne las exigencias necesarias para mantener el recurso interpuesto, no debe llevarse a cabo con injustificado rigor formal que afecte la defensa en juicio. Si así se actúa, cabe descalificar lo resuelto por haberse incurrido en arbitrariedad.De ahí que, en la sustanciación de dicho recurso, el cumplimiento de sus requisitos debe ponderarse con amplitud, mediante una interpretación que los tenga por cumplidos aun frente a la eventual precariedad de la crítica del fallo apelado, directiva que tiende a la armonía en el cumplimiento de los requisitos legales y la aludida garantía de la defensa en juicio y a delimitar restrictivamente el ámbito de las sanciones que importan pérdida o caducidad de los derechos del apelante (conf. CNCiv., sala E, del 24/9/74, LL 1975-A-573; íd. Sala G, del 10/4/85, LL 1985-C-267; conf. CNEsp. Civ. y Com. Sala I, del 30/4/84, ED 111-513).

El criterio amplio que preside la materia tiende, así, a asegurar a las partes en litigio una mayor oportunidad para defender sus derechos y afianzar con ello la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional.

En ese marco, y dado que los apelantes al expresar su disconformidad con el pronunciamiento en vista ha dado cumplimiento, en lo pertinente, con lo dispuesto por el art. 265 del Código Procesal, es que habrá de desestimarse la pretensión de declarar desiertos los recursos presentados por las partes.

VI.- Un correcto orden metodológico impone tratar en primer término los agravios relacionados con la responsabilidad derivada del evento dañoso.

Los demandados, eventualmente, entienden que ha sido acreditada la culpa de un tercero por el cual no deben responder, que exonera de responsabilidad a la demandada.

VII.- He de señalar, atento la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial (Ley 26.994 y su modificatoria Ley 27.077), de conformidad a lo previsto en su art. 7 y teniendo en cuenta la fecha de producción del siniestro en estudio, que resultan de aplicación al caso las normas del Código Civil de Vélez.

Las constancias probatorias arrimadas al expediente, analizadas a la luz de los principios que inspiran la sana crítica (art.386 y 477 del CPCC), permiten tener por acreditados los extremos invocados en el escrito de inicio, como la responsabilidad que les cupo a los demandados.

La citada en garantía controvierte que se le impute el evento entre los riesgos cubiertos por la póliza emitida sosteniendo que el evento dañoso sucedió cuando el autódromo se encontraba cerrado y el hecho no tiene “nada que ver” con el evento deportivo, cuyos riesgos de responsabilidad si estaban cubiertos por la póliza.

A los fines de establecer dicha cuestión controvertida entre las afirmaciones de la actora y de la apelante, es dable advertir que el testigo Matías Suárez a fs. 135 nos hace saber que “-vio el accidente que tuvo Pedro. Que fue en el 2010. Que fue el 27 de noviembre de 2010. Que el testigo estuvo presente en el lugar- que a la noche comieron, que el testigo, otro hermano suyo y Pedro fueron a recorrer el autódromo. Que era de noche. Que subieron hasta las gradas de arriba de todo, que justo había unos hinchas ahí con bombos que estaban bastante borrachos y que, cuando el testigo se descuidó lo vio a Pedro tirado. Que estos hinchas estaban ahí, saltando o peleándose entre ellos y esa fue la causa por la cual empujaron a Pedro y éste cayó- Que el testigo lo acompañó a Pedro en la ambulancia y lo trasladaron a un hospital- Que en el autódromo no había presencia de seguridad alguna. Que donde estaban las gradas no había carteles, ni vallas ni nada, que el acceso a las gradas está permitido-“.

A fs. 138, el testigo Marcos Suárez declara que “al testigo el autódromo le da entradas gratis y éste lo invitó a Pedro-Que entraron el sábado tipo 11.00 hs de la mañana, acamparon atrás de la tribuna N° 15. Que pasaron la tarde ahí, comieron, miraron las clasificaciones toda la tarde, todo normal. Que cuando ingresan te dan una pulsera para moverte adentro del establecimiento.Que luego de cenar, tipo 22.00 hs aproximadamente, siguieron recorriendo como siempre se suele hacer. Que fueron arriba de la tribuna de Ford, que había un grupo que estaba haciendo disturbios y que lo empujaron a Pedro y se lastimó. Que Pedro tenía la zona abdominal toda inflamada, que no podía hacer pis, que le dolía. Que no había presencia de seguridad. Que había un solo hombre que no estaba para cuidar a las personas sino que estaba ahí para cuidar un montón de coches que hay en un sector determinado, que eran coches nuevos con un aparato en la puerta. Que nadie se acercó para ver lo que había pasado a Pedro ni nadie del autódromo, ni ninguna otra persona. Que el Sr. que llamó a la ambulancia, aclara que ya había terminado su turno de trabajo y se quedó ahí con el testigo para ayudar y porque se conocen de tantas veces que el testigo va a ver las carreras-Que en el lugar donde estaban las gradas no había ningún cartel, ni cinta, ni valla que impida el acceso. Que agrega que una vez que se ingresa al autódromo, te dan la cinta y no queda nadie de personal de ellos (autódromo)”. Preguntado si la persona que llamó a la ambulancia era empleado del autódromo, contestó que era un empleado de seguridad privada que estaba cuidando a esos coches nuevos que refirió el testigo anteriormente, que tenía un traje marrón con escudo amarillo.

El Sr. Soriano, gerente del autódromo, a más de afirmar que tomó conocimiento del evento al ser citado por esta causa, agrega que no estuvo en el momento del siniestro que lesionó al actor. Generaliza sobre la metodología logística de cada carrera, pero desconoce las circunstancias fácticas del hecho motivo de litis.

El “Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires “, a fs.84 señala que, atento a la gran cantidad de público que concurre a estas carreras de autos, muchos de los cuales viajan desde todo el país, es que se asigna un lugar y/o espacio “de acampe” para que puedan estacionar sus casillas rodantes y/o armar sus carpas.

La organización y explotación del espectáculo estuvo a cargo de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera y del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Cuestión no desconocida por ambos codemandados.

Conforme surge de las declaraciones testimoniales brindadas por los Sres. Suárez, el grupo -que incluyó al actor- se dirigió a un sector interno del autódromo, sin que hubiera presencia de seguridad que advirtiera de prohibición alguna para desplazarse entre las gradas del estadio, ni carteles. ni cinta impidiendo el acceso.

No resultan suficientes, los agravios que insisten en la ajenidad del evento sufrido por el actor con la organización de la carrera programada para ese día y el posterior, resultando idóneas y conducentes las pruebas analizadas ampliamente por el a- quo para tenerlo por demostrado.

Inicialmente, cabe recordar que el material probatorio debe apreciarse en su conjunto (principio de unidad de la prueba), ponderando la concordancia o discordancia que pudiesen ofrecer las diversas probanzas aportadas a los autos, pues, muchas veces, la certeza no se obtiene con una evaluación aislada de los distintos elementos, sino en su totalidad, de tal modo que unidas eleven al ánimo del juez la convicción de la verdad de los hechos (cfr. Falcón, Enrique, Código Procesal, T.III, pág. 190; Peyrano, J. W., Chiappini, J.O. “Apreciación conjunta de la prueba en materia civil y comercial” J.A.1984-III-799).

Las constancias médicas de atención del actor y las conclusiones médico periciales resultan elocuentes en tal sentido.

En efecto, la historia clínica e informes y pericial médica demuestran que el accionante sufrió las lesiones invocadas en el escrito de inicio y que las mismas ocurrieron durante el espectáculo brindado por la demandada.

Tales lesiones fueron producidas en ocasión de llevarse a cabo el evento deportivo, cuya organización estuvo a cargo de los demandados.

Ello así, porque los efectos de establecer si hubo o no responsabilidad por parte de los demandados, el actor solo debía demostrar que sufrió un daño en ocasión del espectáculo público al que había concurrido.

En efecto, la responsabilidad del organizador de un espectáculo público (cualquiera sea su finalidad: deportiva, artística, cultural, etc), es de índole contractual. En todo contrato de este tipo se considera implícita una cláusula de incolumidad en favor del espectador, mientras asisten y permanecen en el lugar (conf. Alterini, Ameal, López Cabana, “Derecho de Obligaciones” pág. 782).

El empresario asume entonces la obligación de garantizar al público la debida seguridad, obligación que puede haber sido asumida expresamente por las partes, impuesta por la ley, o bien surgir tácitamente del contenido del contrato, a través de su interpretación e integración a la luz del principio general de la buena fe conforme art. 1198 del CC (Roberto A. Vázquez Ferreyra “Obligaciones de seguridad” J.A. 1987-IV, págs. 952/954; Agoglia, María, Boragina, Juan y Meza, Jorge, “Responsabilidad por incumplimiento contractual”, Ed. Hammurabi, 1993, ps. 161/163 y sus citas; “Sobre las denominadas Obligaciones de Seguridad”, por Jorge A.Mayo, LA LEY, 1984-B, 953 y sigtes.).

Esta obligación de seguridad, es una obligación de resultado, razón por la cuál, a la víctima le basta probar el daño sufrido y la relación de causalidad, pero no tiene necesidad de acreditar la culpa del organizador, por cuanto el factor de atribución es objetivo fundado en la noción de seguridad (art. 1198 del CC).

En el caso, los daños ocasionados han sido, indudablemente, con “ocasión” del evento, toda vez que si este último no se hubiera celebrado, aquellos no habrían tenido lugar, resultando previsible en este tipo de espectáculos la ocurrencia de hechos violentos llevados a cabo por personas inadaptadas. De tal manera, se cumple con el requisito de causalidad.

Tampoco están obligados a demostrar los defectos en la organización, ni la falta de diligencia en la distribución o el control del público, ni los vicios en las instalaciones y, salvo que el perjuicio resultara de la culpa de la propia víctima, las entidades organizadoras están obligadas a responder (Mazzinghi (h.), Jorge Adolfo, La responsabilidad de los organizadores de un espectáculo deportivo, LA LEY, 1995-B, 969).

Es así que, el empresario organizador del espectáculo público o quienquiera asuma su organización, a título oneroso o gratuito, debe responder en cada caso en que incumpla las obligaciones que pone a su cargo el contrato atípico que celebra con los espectadores o asistentes.

La entidad se eximirá de las consecuencias de su obligación contractual de resultado, demostrando la culpa del espectador o el caso fortuito extraño a la actividad, lo que implica la fractura del nexo de causalidad (conf. esta Sala, Expte. 72.011/04).

Por otra parte, no cabe duda que el contrato de espectáculo público está comprendido en una “relación de consumo”, con el bagaje protectorio y tuitivo que del ordenamiento constitucional y legal se desprende -art. 42, 43 de la CN y art. 1°, 1° párraf, art.2, 5, 6, y 40, Ley 24.240 y modificatorias-.

Dicho contexto abarca a todo el conjunto empresarial en el que convergen una diversidad de relaciones jurídicas que involucra al espectador, los participantes y otras de colaboración empresarial (de distinto grado e intensidad), incluidas aquellas con las que el espectador no contrata, pero que sin embargo participan de la actividad y comparten con el organizador del espectaculo -con el que se encuentra ligado juridícamente- un interés económico (Ghersi- Weingarten, “Tratado de daños reparables; T° II, parte especial, ps. 317 y sgtes.).

Ahora bien, pese a las supuestas medidas de seguridad desarrolladas, conforme lo explicitara el gerente del Autódromo de Buenos Aires -ver f 153-, no puede soslayarse que la sola ocurrencia del hecho de autos demuestra que aquellas medidas no fueron suficientes y adecuadas.

Resulta llamativo que ninguna persona se encontrara destinada a custodiar o controlar el área destinada a las gradas del estadio cercano a los boxes, donde finalmente fuera lesionado el actor tendido en el piso con lesiones de gravedad.

Es evidente, que de haber mediado el debido y adecuado control, el hecho se podría haber evitado.

La citada en garantía “Río Uruguay Coop. de Segs Ltda”, controvierte la cobertura que se le atribuye, por considerar que se trata la cuestión en debate de un riesgo no cubierto.

Hay una equivalencia entre el riesgo y la prima. Las partes convinieron que la “.cobertura otorgada se extiende al riesgo para la carrera de Buenos Aires- fecha 16-, con vigencia 26 de noviembre de 2010 al 31 de diciembre de 2010. En cláusula 2° -riesgo cubierto- el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero, en razón de la responsabilidad civil que surge de los arts. 1109 al 1136 del Cód Civil, en que incurra exclusivamente como consecuencia de los hechos o circunstancias prevista en condiciones específicas que la presente, acaecidos en el plazo convenido -ver fs.44 y 51-.

Cobertura de riesgo especificada en las condiciones especiales, cláusula 1- ver fs 53 vta- .redactada en términos similares a los citados. Las circunstancias fácticas que motivaron el hecho motivo de litis no se encuentran indicadas en ninguna de las cláusulas de riesgos excluidos.

El suceso que lesiona al actor, tuvo origen dentro del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, en los días predeterminados para el desarrollo de la carrera de Turismo Carretera. La cobertura no se encuentra limitada al tiempo efectivo de la carrera, sino durante las 24 horas que abarcan desde el día 26/12/10 al 31/12/10. Consecuentemente, la queja deviene inconsistente para demostrar el equívoco del magistrado en la conclusión arribada.

La función social del seguro cabe meritarla especialmente en materia de seguros obligatorios -allí el rol del tercero damnificado pasa a primer plano- no es dable al asegurador sostener como defensa los límites de cobertura ante la demanda del damnificado, a pesar de haber recibido o no la denuncia de siniestro de su asegurado. Esto, sin perjuicio de que eventualmente intentare repetir de su cliente, de entenderlo pertinente.

Las pólizas -como instrumentos del contrato de seguro – son factores elementales de interpretación de lo que se cubre y lo que se excluye; es decir, representan la única “cosa” concreta que el asegurado recibe y a través de la cual se vincula con la cobertura, elemento etéreo e intangible al menos hasta la recepción de la indemnización que reconforta al beneficiario y viene a demostrarle que lo prometido era algo concreto y no idílico.

Los contratos deben interpretarse conforme a la intención de las partes y al principio de buena fe. Al resolver un conflicto interpretativo, el juez debe ponerse en el lugar de las partes y descubrir qué han querido pactar. Pero ese posicionamiento del juez no debe ser inocuo: él debe ponerse en la posición de contratante de buena fe.La característica de “ubérrima fe” que contiene el contrato de seguro, se transforma así en un dato objetivo, no declamativo: el juez debe desechar toda la mala fe que podría haber tenido un contratante y solucionar el conflicto como si hubiera obrado de buena fe, aunque no lo haya hecho en la realidad.

El juez debe intentar siempre darle valor al contrato en cuyo ámbito existe el conflicto interpretativo. Vale decir que si una posibilidad interpretativa derivara en la ineficiencia del contrato o de una cláusula y la otra en su eficiencia y vigor, debe resolver de acuerdo a esta última posibilidad.

En tal orden de ideas la defensa alegada por la citada en garantía, debe ser rechazada.

Por las consideraciones vertidas, es que propongo al Acuerdo confirmar en este aspecto la sentencia recurrida.

VIII.- Corresponde en consecuencia el tratamiento de los agravios relacionados con las partidas que componen la cuenta indemnizatoria de autos.

He de advertir, a los fines de la estimación de los montos indemnizatorios, que en la demanda las sumas peticionadas fueron supeditadas a “lo que en más o en menos fije V.S. conforme a las constancias de autos” (conf. fs. 39).

A.- Incapacidad sobreviniente física y tratamiento.

El Sr. Juez de grado otorgó a los fines indemnizatorios en examen la suma de $ 65.000, comprensiva sólo del daño físico sufrido por la víctima.A tal efecto, tuvo en cuenta los antecedentes médicos de la accionante, sus condiciones personales y el porcentaje de incapacidad física relacionado causalmente con el evento de autos.

La demandada pide se rechace la indemnización en tratamiento, ya que las lesiones no son irreversibles, ni permanentes

El actor considera que el monto acordado resulta insuficiente de conformidad a las secuelas sufridas, máxime que no se valoró el tratamiento recomendado por el perito.

Corresponde en consecuencia determinar, en el marco de los agravios vertidos, si el resarcimiento otorgado a los fines indemnizatorios en examen, resulta equitativo de conformidad a las secuelas físicas que padece el damnificado como consecuencia del evento de autos y la afectación que tal daño ha tenido en los distintos aspectos de su vida.

La incapacidad, definida como la inhabilidad o impedimento para el ejercicio de funciones vitales, supone la pérdida o la aminoración de potencialidades de que gozaba el efectado, teniendo en cuenta esencialmente sus condiciones personales (Matilde Zavala de González, “Resarcimiento de daños”, T° 2a, pág. 281).

Es establecida según la aptitud laborativa genérica y, aun, respecto de todos los aspectos de la vida de la víctima, en sus proyecciones individuales y sociales, de modo que corresponde indemnizarla aunque el damnificado no realizara tarea remunerativa alguna (Alterini-Ameal- López Cabana, “Curso de Obligaciones”, t. I, pág. 295, n.º 652; Llambías, J.J., “Tratado de Derecho Civil -Obligaciones”, t. IV-A, pág.120, n.º2373; Mosset Iturraspe, J., “Responsabilidad por daños”, t. II-B, pág. 191, n.º 232; esta Sala Exptes.101.557/97; 31.005/01).

En tal sentido ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de que desempeñe o no una actividad productiva pues la integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (Fallos: 308: 1109; 312: 2412, S. 621.XXIII, originario, 12- 9-95).

De ahí que el monto que se conceda, no debe ser el resultante de un cálculo estricto efectuado en base a la “expectativa de vida” que pudiera tener la víctima, o a los porcentuales rígidos de incapacidad que surgen de los dictámenes periciales pertinentes. Las indemnizaciones tabuladas, atendiendo estrictamente los porcentajes de incapacidad, tiene su esfera de aplicación exclusivamente en el ámbito laboral. Cabe valorar el informe del Hospital Santojanni -ver fs 109-, como la prueba pericial médica que luce a fs. 167.

El perito dictamina a fs. 167/ 172 que “nos encontramos ante un actor que denuncia como consecuencia de lesiones producidas durante el accidente, una incapacidad parcial y permanente. Del examen semiológico y radiológico, se deduce que el actor padece: a) fístula vesical traumática operada, b) eventración en línea media de 3 cm. de diámetro, c) cicatriz de línea media infraumbilical de unos 14 cm de longitud. Conclusiones:el actor presenta incapacidad parcial y permanente laboral en relación a los hechos de la demanda, la cual valoro en un 22 %.”

Agrega que el actor deberá ser tratado, para su reparación de la debilidad de la pared abdominal, a nivel de la cicatriz.

A ello, cabe sumar la incapacidad transitoria advertida por el perito a fs 171, que la estima acaecida entre la fecha del infortunio hasta culminar el proceso de rehabilitación

Acreditada la relación de causalidad de las deficiencias físicas que padece el damnificado con el hecho investigado, los gastos que ocasione el tratamiento aconsejado para que disminuyan dichas secuelas, deberán ser resarcidos por el demandado.

Ello no obsta a que tenga lugar el resarcimiento por la incapacidad padecida, ni que exista por dicha causa duplicación de reparaciones ( v. exptes. N° 56.220/ 00, 18.147/ 03 y 112.805/ 01 de esta Sala, entre otros), puesto que una cosa es resarcir la minoración permanente de aptitudes y otra cubrir con una terapia adecuada la posibilidad de que empeore el estado del peticionante.

En la experticia realizada en autos, el profesional actuante señaló que el Sr. Acosta necesita ser tratado de la debilidad de la pared abdominal a nivel de la cicatriz para poder recuperarse (v. fs. 171 resp. pto. 8°). Estas consideraciones llevaron al primer juzgador al rechazo del rubro por no haber quedado fehacientemente acreditada la necesidad del tratamiento solicitado. Sin embargo, entiendo que el cuadro que padece el actor, aunado a la importante incapacidad física que presenta, resultan suficientes para determinar que la realización de dicho tratamiento futuro evitará el agravamiento del cuadro que sobrelleva.

A partir entonces de tales postulados, lesiones y secuelas físicas padecidas por la víctima, sus condiciones personales:29 años de edad a la fecha del infortunio, estado civil, su condición socio económica (ver declaraciones brindadas en el Beneficio de Litigar sin Gastos) y demás circunstancias de autos, es que considero razonable incrementar el monto otorgado por la incapacidad física transitoria y permanente, como por tratamiento futuro, ($65.000) a la de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000) -art. 165 del CPCC-.

B.- Daño psíquico.

Así como toda disminución de la integridad física humana debe ser materia de resarcimiento, hay que admitir que cualquier merma de las aptitudes psíquicas de un individuo constituye también un daño resarcible. En este aspecto, se configura la lesión psíquica mediante la alteración de la personalidad, es decir, la perturbación profunda del equilibrio emocional de la víctima que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso y que entrañe una significativa descompensación que perturbe su integración en el mundo social.

Solicita el actor se resarza el presente daño, ya que el señor juez a-quo no ha tenido en cuenta el trastorno que le causa actualmente, producto del accidente sufrido.

La experta, a fs. 194 nos hace saber en las conclusiones que “-el Sr. Pedro Acosta se presenta por sus propios medios a la entrevista. Al momento del examen, lúcido, orientado globalmente, adecuadamente vestido- Se lo observa atento y concentrado, aunque atento a sus necesidades de micción, interrumpiendo la tarea en varios momentos, para ir al baño. No se observan fallas amnésicas, ni alteraciones de la senso-percepción. La coordinación vasomotora está conservada. Trabaja a buen ritmo y colabora activamente con las tareas que se le proponen-durante el examen no se observan alteraciones a nivel emocional. Muestra un razonamiento coherente y adecuado, logrando efectivizar sus respuestas ante las exigencias de la realidad. En el examen da cuenta que su psiquismo cuenta con recursos internos que le permiten responder con adecuación a las exigencias que plantea la realidad, predominan las características obsesivas.Se han hallado indicadores de preocupaciones somáticas, es decir, el examinado está preocupado por si cuerpo y su funcionamiento, lo que puede relacionarse con algunos indicadores de ansiedad mal controlada, aunque resultarían signos aislados, no configurando un síndrome o trastorno a diagnosticar como reactivo. Su funcionamiento general, según se observa y de acuerdo con los resultados obtenidos, le permite continuar cumpliendo con sus obligaciones habituales (en el trabajo y en su hogar), así como mantener un vínculo de pareja estable y con la familia extensa también- No se han hallado evidencias de que la ansiedad y la preocupación somática provoquen una ruptura del equilibrio psíquico preexistente de la actora-En cuanto a sus aspectos más personales, el examinado refiere tener sensaciones de dolor y ardor al eyacular, pero no ha referido disminu ción de su deseo sexual o la frecuencia en sus relaciones sexuales. Asimismo, no ha referido la realización de tratamiento psicológico a causa de la lesión, ni del episodio que motiva las presentes actuaciones -No se indica la realización de tratamiento psicológico-Al momento del examen no ha sido posible diagnosticar un desarrollo reactivo que amerite estimar porcentaje de incapacidad.

Ahora bien, para que procedan los reclamos en estudio, resulta de fundamental importancia la existencia de un daño cierto resarcible que indique que el hecho generador ha provocado secuelas de carácter discapacitante, con clara relación causal.

En este orden de ideas, se hace necesario señalar que es precisamente la opinión de los expertos en la materia la adecuada para tener en cuenta a los efectos de estudiar la procedencia o no del rubro en cuestión.

El hecho traumático no produjo en el actor trastornos que motiven incapacidad psíquica transitoria ni permanente. Tan es así que no aconseja tratamiento psicológico.Por tal motivo, los agravios no han de prosperar.

C.- Lucro cesante.

El presente ítem es reclamado con fundamento en las diferencia de ingresos que ha dejado de percibir por el estado físico actual, originado en el evento dañoso; si bien mantiene sus ingresos por la categoría 5°, anteriormente como camarista y ahora como operario de limpieza, como bien lo señala el juzgador, ha dejado de percibir el “plus por horas frío” -por carga y descarga de cajones en la cámara de frío-.

En el caso el señor juez a-quo indica que es admisible el reclamo, pero que lo ha contemplado al tratar la incapacidad física.

Cabe al respecto destacar, que el lucro cesante implica una falta de ganancia o de acrecentamiento patrimonial que, razonablemente, hubiere podido obtener de no haberse producido el hecho. (arts. 519 y 1069 CC).

Debe entonces ser cierto, pero esta certeza es siempre relativa, pues se apoya en un juicio de probabilidad, que comprende lo verosímil, sin llegar a lo seguro, necesario o infalible (Matilde Zabala de González, Resarcimiento de daños, T 2a., pág. 253).

Se ha dicho así que la indemnización por lucro cesante tiene su fundamento y límite en la probabilidad objetiva cierta (vale decir suficiente) que emana o resulta del curso natural de las cosas y de las circunstancias generales o especiales del caso concreto (razonabilidad y verosimilitud) (CNac.Civ. y Com. Santa Fe 30/4/67, Rep. LL XXVII-503).

En tal orden de ideas, cabe admitir el rubro indemnizatorio por lucro cesante hasta la suma de pesos diez mil ($ 10.000) -conf. art. 165 CPCCN.-

D.- Daño moral.

Existe daño moral indemnizable cuando hay una lesión o agravio a un interés jurídico no patrimonial, es decir un menoscabo a bienes extrapatrimoniales.

El derecho no resarce cualquier dolor, humillación, padecimiento sino aquello que sea consecuencia de la privación de un bien jurídico sobre el cual el dolorido tenía un interés reconocido jurídicamente (conf. Zannoni, “El daño en la responsabilidad civil”, pág.234/235; Brebbia, “Daño moral”, pág. 47; art. 1078 del Código Civil).

El agravio moral está constituido por la lesión a las afecciones íntimas del damnificado, los padecimientos que experimenta, la duración de su convalecencia y la incertidumbre sobre el grado de restablecimiento.

Es así que, considerando las condiciones subjetivas del actor, entidad de las lesiones sufridas, la incapacidad que padece y demás circunstancias que surgen de la causa, entre ellas, las intervenciones quirúrgicas, inmovilización y reposo, cicatrices, tratamientos de rehabilitación etc., es que propongo al Acuerdo incrementar la suma acordada en la instancia de grado ($ 7.000), a la de pesos setenta mil ($ 70.000) -conf. art. 165 del CPCCN-.

IX.- Intereses.

El a-quo dispuso que la suma por la que prospera la demanda devengará intereses desde la fecha del hecho y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general – préstamos- nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina,

Solicitan las demandadas que durante dicho ámbito temporal la aplicación de una tasa de interés del 6 % anual.

Debe señalarse que en el Acuerdo Plenario celebrado el día 20 de Abril de 2009 en autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A.s/ daños y perjuicios” , se resolvió dejar sin efecto la doctrina fijada en los fallos plenarios “Vázquez, Claudia Angélica c/ Bilbao Walter y otros s/ daños y perjuicios” – del 02/08/93 – y “Alaníz Ramona Evelia y otro c/ Transportes 123 SACI interno 200 s/ daños y perjuicios” -del 23/03/04 – y establecer la tasa de interés moratorio, correspondiendo aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, con cómputo desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta su dictado implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido.

Esta Sala ya se ha pronunciado en el sentido que el Juez en la sentencia fija un quantum, lo que de ningún modo es igual al momento a partir del cual la obligación se hace exigible, teniendo en cuenta que la no liquidez de la suma no implica la no exigibilidad y, por tanto, es desde la mora que resulta computable (conf. Expediente. Nº 71.896/2003, “Latorre Costa, José Alfredo c. Osperyh y otros s/Daños y perjuicios”, del 2 de julio de 2009, con voto preopinante de la Dra. Hernández).

En definitiva, de establecerse una tasa menor se estaría premiando al deudor por el tiempo transcurrido entre el hecho y la sentencia firme que decide su pago. Como ha señalado la Sala “H” en autos “Fragoso c/ Construred SA s/ daños y perjuicios” (22/04/03) “.una tasa inferior a la de plaza provoca un beneficio para el deudor moroso que aumenta a medida que el proceso se dilata, mientras que una tasa acorde a la del mercado constituye un estímulo que es el deseable, en tanto se ajusta a la garantía ínsita en el art 18 de la Constitución Nacional”.

La Dra. Hernández, la Dra. Díaz y el Dr.Ameal se han pronunciado en sus fundamentos al voto que dieran en el plenario respectivo, en lo referente a la excepción en él señalada, en el sentido que no resulta aplicable a supuestos como el de autos, en base a las consideraciones que ya expusieran en votos a fallos de esta Sala (ver exptes. N° 43.604/02 y 48.738/02), que me permito reproducir, adhiriéndome a dicha posición.

En efecto, conjuntamente con los Dres. Sansó, Mizrahi, Ramos Feijóo, Díaz Solimine, Vilar, Zannoni, Mattera, Wilde, Verón y Pérez Pardo, sostuvieron en aquella oportunidad que la salvedad del último punto de la doctrina del plenario provoca cierta perplejidad. ¿Cómo es posible sostener que la aplicación de la tasa de interés activa implica nada menos que una alteración del significado económico del capital de condena que configura un enriquecimiento indebido?.

Se dijo: “En esa cuestión, la salvedad sólo tendría significación en los casos en que el capital de condena se tradujese en sumas actualizadas por índices que miden la depreciación monetaria acaecida entre la mora, o el día en que se produjo el perjuicio objeto de reparación, y el dictado de la sentencia. Esto así porque, en ese supuesto, la actualización monetaria ya habría recuperado el valor del capital. Si a dicho capital de condena, por hipótesis actualizado, se le adicionara una tasa activa que incluyese el plus destinado a recomponer, justamente, el valor del capital, se originaría un enriquecimiento sin causa pues se estaría condenando a cargar no sólo con la depreciación monetaria, sino con un interés cuya tasa la computa nuevamente. Es decir, se obligaría al deudor a pagar dos veces por la misma causa.Tales fueron los fundamentos que llevaron, en la década de los setenta, a consagrar tasas de interés “puro” que excluían la prima por la desvalorización monetaria que ya había sido calculada al actualizarse el capital mediante el empleo de índices”.

“A partir de la ley 23.928, en 1991, quedó prohibida toda “indexación” por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, prohibición que ha mantenido el art. 4 , vigente ley 25.561, denominada de emergencia económica. “En ningún caso dice esta última norma se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor”.

“De tal modo el capital de condena no es susceptible, hoy, de estos mecanismos de corrección monetaria, que en su origen fueron propiciados exclusivamente para las llamadas obligaciones de valor que se liquidan en dinero y que con la hiperinflación que azotó a nuestra economía durante décadas se generalizó a todas las obligaciones dinerarias. En tal sentido, los fallos plenarios dictados por la Cámara Nacional en lo Comercial (13/4/1977) y por esta Cámara (in re “La Amistad S.R.L. v. Iriarte, Roberto C.” del 9/9/1977), siguiendo pronunciamientos anteriores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ejercieron un efecto multiplicador de la crisis inflacionaria. Y fue en ese contexto que se elaboraron criterios relativos al cálculo del interés “puro”, que oscilaba entre el 6%, el 8% y hasta el 15% anual”.

“El contexto actual no es, por fortuna, aquél. La circunstancia de que, cuando se trata de resarcimientos derivados de hechos ilícitos, el juez en la sentencia estima ciertos rubros indemnizatorios a valores actuales como suele decirse, a los fines de preservar en equidad el carácter resarcitorio de la indemnización, no significa que se “indexen”, o sea actualicen, los montos reclamados en la demanda mediante la aplicación de índices de depreciación monetaria.Tales procedimientos de actualización están prohibidos, se reitera, por las leyes antes citadas. Y aunque pudiera argum entarse que, aun así, la obligación de resarcir daños constituye una típica obligación de valor que se liquida en dinero, según la clásica nomenclatura, existe consenso por lo menos a partir del dictado de la ley 23.928 que los montos liquidados por quien reclama el resarcimiento en juicio, constituyen parámetros que deben respetarse en acatamiento del principio de congruencia, salvo lo que, en más o en menos, surja de la prueba producida durante el proceso”.

“Con ese mismo criterio se aceptó, desde 1992, aplicar a falta de un pacto o convenio de intereses, la tasa pasiva promedio que mensualmente publica el Banco Central de la República Argentina y que entre ese año y el 2004, estuvo por encima de los precios al consumidor, lo cual no ocurre en la actualidad. Como señaló la mayoría del tribunal al responder a la primera pregunta del acuerdo plenario, una tasa que se encuentra por debajo de los índices inflacionarios no sólo no repara al acreedor sino que beneficia al deudor que dilata el pago de la deuda”.

“Por todo lo que sucintamente quedo expuesto, se entiende que la salvedad que se hace al responder a la última pregunta que se formuló en el acuerdo no es operante en este contexto; dicha salvedad queda confinada al hipotético caso de que, en el futuro, se autorizara la repotenciación de un capital de condena, lo que, en principio, no es posible hacer actualmente, en acatamiento del derecho vigente”.

“Es por ello que, desde “el inicio de la mora”, ya sea que la obligación pertenezca a la órbita contractual o aquiliana, “hasta el cumplimiento de la sentencia” quedó determinada una regla general: aplicar al cálculo de intereses moratorios (art. 622 del Código Civil) la tasa activa.Dicho aserto no admite cuestionamiento”.

“El enriquecimiento indebido, especie del enriquecimiento sin causa, funciona como principio general de derecho que representa un llamado abstracto a la justicia, que debe primar en todo ordenamiento jurídico”.

“Pero dicho principio, como tal, adolece de una vaguedad e imprecisión notorias, que dificultan su aplicación a situaciones concretas que se dan en la práctica de las relaciones jurídicas”.

“No obstante, aun derogadas en un futuro hipotético las leyes que prohíben la actualización por repotenciación de deuda, a efectos de otorgarle virtualidad a la excepción a la regla general resuelta en el plenario, es necesario que se den ciertos presupuestos: la coexistencia de un enriquecimiento de una parte y un empobrecimiento de la otra, relación causal entre ambos e inexistencia de una justa causa que avale la variación operada entre los patrimonios del deudor moroso y su acreedor, que altere el significado económico del capital de condena por aplicación de una tasa distinta a la activa en el cálculo de los intereses moratorios, todo lo cual deberá ser debidamente solicitado y acreditado por el interesado”

Ello asi; por cuanto la facultad morigeradora de oficio es propia cuando en virtud del principio de autonomía de la voluntad (art. 1197) las partes pactaron intereses punitorios exorbitantes en caso de mora del deudor, pero de ningún modo cuando se trata del supuesto contemplado por el art. 622 del Código Civil, atento al principio dispositivo del proceso; la naturaleza patrimonial de la acción ejercida y las reglas respecto de la carga probatoria establecida en el art. 377 del Código Procesal”.

Por los fundamentos vertidos, ha de desestimarse pues el agravio formulado.

En función de lo expuesto y si mi voto es compartido, propongo al Acuerdo:1) Modificar la sentencia en el sentido de incrementar los montos de condena establecidos a favor del actor por los rubros “Incapacidad sobreviniente física y tratamiento” a la suma de pesos 150.000 y por “daño moral” a la de pesos 70.000; 2) Modificarla en el sentido de hacer lugar al rubro “lucro cesante” por la suma de pesos 10.000; 3) Confirmarla en todo lo demás que decide, manda y fuera materia de agravios y, 4) Imponer las costas de Alzada a la demandada y la compañía aseguradora sustancialmente vencidas, atento el responde efectuado por el accionante y silencio observado por los demandados a los agravios formulados por ambas partes (art. 68 del Código Procesal).-

La Dra. Hernández y el Dr. Ameal por las consideraciones y razones aducidas por el Dr. Domínguez, votan en igual sentido a la cuestión propuesta.

CARLOS A. DOMINGUEZ.

LIDIA B. HERNANDEZ.

OSCAR J. AMEAL.

JAVIER SANTAMARIA (SECRETARIO).

Es copia.-

Buenos Aires, 13 de agosto de 2015.-

Y visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, por unanimidad de votos el Tribunal decide: 1) Modificar la sentencia en el sentido de incrementar los montos de condena establecidos a favor del actor por los rubros “Incapacidad sobreviniente física y tratamiento” a la suma de pesos 150.000 y por “daño moral” a la de pesos 70.000; 2) Modificarla en el sentido de hacer lugar al rubro “lucro cesante” por la suma de pesos 10.000; 3) Confirmarla en todo lo demás que decide, manda y fuera materia de agravios y, 4) Imponer las costas de Alzada a la demandada y la compañía aseguradora sustancialmente vencidas, atento el responde efectuado por el accionante y silencio observado por los demandados a los agravios formulados por ambas partes (art. 68 del Código Procesal).

Difiérase la regulación de honorarios para una vez aprobada en autos la liquidación definitiva (art. 279 Cód. Proc.).

Regístrese de conformidad con lo establecido con el art. 1° de la ley 26.856, art. 1 de su Decreto Reglamentario 894/2013 y arts. 1, 2 y Anexo de la Acordada 24/13 de la CSJN.

Se deja constancia que la difusión de la presente resolución se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. En caso de su publicación, quien la efectúe, asumirá la responsabilidad por la difusión de su contenido.

Regístrese, notifíquese por secretaría y cumplido ello, devuélvase a la instancia de grado.-