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Rechazo de la demanda intentada contra la empresa que informó la existencia del resultado reactivo ante dos exámenes de extracción de sangre alertando al actor acerca de la posibilidad de falsos positivos.

sangre2Partes: M. G. E. c/ Instituto de Investigaciones Metabólicas S.A. y otro s/ daños y perjuicios – resp. prof. medicos y aux.

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 13-oct-2015

Cita: MJ-JU-M-95329-AR | MJJ95329 | MJJ95329

Rechazo de la demanda de daños y perjuicios intentada contra la empresa que informó la existencia del resultado reactivo ante dos exámenes de extracción de sangre alertando al actor acerca de la posibilidad de falsos positivos.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que rechazó la demanda en torno al erróneo resultado de los tests de sangre realizados a la actora para un examen preocupacional, toda vez que se encuentra acreditado que la codemandada extrajo sangre a la actora en dos oportunidades, y que en cada caso el resultado fue reactivo siendo esto insuficiente para fundamentar la pretensión reparatoria intentada, desde que la información del resultado de los examenes obedece al estricto cumplimiento de la prestación que debía ejecutar, la que se realizó de manera diligente, profesional, por lo que ha promediado pago liberatorio en los términos del art. 725 y ccs. del CCiv.

2.-Toda vez que cuando como en el caso, el galeno informó la accionante de dos resultados de examenes preocupacionales de extracción de sangre realizados con resultados reactivo y dio cuanta el galeno al actor, acerca de la posibilidad de falsos positivos como resultado de los tests practicados, los que eran adecuados a los fines de la elaboración de los estudios pre- ocupacionales, el interés tutelado (objeto de la relación obligacional), no ha sido vulnerado por las demandadas, no se ha procedido de manera antijurídica, que es lo mismo que sostener que obraron dentro de los límites causales impuestos por la naturaleza de la obligación existente.

Fallo:

Buenos Aires, a los 13 días del mes de octubre de 2015, reunidas las Señoras Jueces de la Sala «J» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: «M G E c/ INSTITUTO DE INVESTIGACIONES METABOLICAS S.A. Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS – RESP. PROF. MEDICOS Y AUX.»

La Dra. Beatriz A. Verón dijo:

1.- Contra la sentencia definitiva obrante a fs. 650/659 se alza la actora y expresa los agravios que lucen a fs. 760/762, contestados a fs. 764/776 vta. por «Alfa Centro Médico SRL» y a fs. 777/781 vta. por «Instituto de Investigaciones Metabólicas S.A.».

La apelante cuestiona el apartamiento de lo informado por el experto en la pericia médica, y rechaza que la misma fuera practicada a partir de meras manifestaciones suyas. Asimismo pone de resalto el valor de los testimonios practicados pues considera que por su intermedio ha probado los daños cuya reparación reclama.

2.1.- Con carácter previo a todo análisis, cabe señalar por lo pronto que el Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por ley 26.994, contempla de manera expresa lo tocante a la «temporalidad» de la ley.

2.2.- Es menester interpretar coherentemente lo dispuesto por su art.7° sobre la base de la irretroactividad de la ley respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas, y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia, así como a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

2.3.- Por ello, corresponde ponderar que en el caso sub examine se trata de una relación o situación jurídica que ha quedado constituida conforme a la ley anterior, y también -por tanto- las consecuencias que emanan de ella, por lo que al haber nacido al amparo de tal legislación, es en definitiva la que se aplica.

3.1.- En grado de adelanto y por las razones que paso a desarrollar, propiciaré la confirmación del fallo en crisis.

En efecto, antes de involucrarme en el análisis de las probanzas producidas, haré una breve referencia al encuadre aplicable al fondo del sub examine, pues aunque no promedia cuestionamiento sobre el punto, allanará el camino para arribar a la conclusión adelantada.

3.2.- La pretensión reparatoria encuentra su sustento (fundamento) y también límite en la «naturaleza relación obligacional» existente entre las partes, pues aquí la accionante es quien alega que las demandadas han incumplido la misma, ocasionándole perjuicios resarcibles. Corresponde por tanto acudir a la atenta lectura del líbelo de inicio de fs.7/12.

Explica que, respondiendo a una oferta de trabajo (realización de servicios de limpieza), se presentó en sede de «Instituto de Investigaciones Metabólicas S.A.», que la derivó a «Alfa Centro Médico S.R.L.» para la realización de una revisión médica consistente en el «examen preocupacional».

Aduce que entre otros estudios que se le efectuaron, se le extrajo sangre, y que días después recibió una llamada telefónica para citarla nuevamente, pues – según se le informó- se había producido una dificultad con la sangre obtenida, de allí que se le extrajera nuevamente.

Explica que del segundo análisis surgió resultado positivo, lo que le fue informado, y se le hizo saber además que además habrían de ponerlo en conocimiento de la restante codemandada (su posible nuevo empleador), lo que a su entender condujo a que no fuera contratada.

Razona que promedió «error en el diagnóstico», pues luego concurrió al Hospital Juan Fernández y se le comunicó que su salud era óptima, extremo que a su entender importa negligencia en los términos del art. 902 CC, y fundamenta su acción reparatoria.

3.3.- No estoy de acuerdo con dicho razonamiento.

En efecto, a mi entender la clave de la solución del sub examine radica en la precisa delimitación del contorno causal de la relación obligacional, me refiero al plano genético, pues de ella dimana el interés digno de tutela (objeto), y por las razones que comienzo a desarrollar no se ha demostrado la alegada culpa profesional.

A diferencia de la estrategia ejecutada por la apelante en torno al erróneo resultado de los tests realizados, como adelantara corresponde hacer foco en la naturaleza de la prestación ejecutada por «Alfa» a favor del «Instituto», y ambos para la accionante, todo en los términos previstos por los arts. 499/502, 504, 512, 902 y ccds. del Código de Vélez, sabias disposiciones (en lo concerniente a lo que aquí se discute) mantenidas por los arts.1724/8 del CCyCom.

No promedia discusión que la codemandada «Alfa» extrajo sangre a la actora en dos oportunidades, y que en cada caso el resultado fue «reactivo» (ver reconocimiento a fs. 161), mas ello no explica o fundamenta la pretensión reparatoria intentada.

Sin perjuicio del referido resultado, incluso que fuera informado por «Alfa» tanto a la accionante como al «Instituto», ello en definitiva obedece al estricto cumplimiento de la prestación que debía ejecutar, la que considero ha sido realizada de manera diligente, profesional, por lo que ha promediado pago liberatorio en los términos del art. 725 y ccds. del Código de Vélez (art. 865 y ss. del CCyCom.).

3.4.- En efecto, no se cuestiona que la actora consintió ambas extracciones de sangre a los fines de practicar el estudio pertinente, cumplimentando «Alfa» de esta manera lo normado por el art. 8° de la ley 23.798: Los profesionales que detecten el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o posean presunción fundada de que un individuo es portador, deberán informarle sobre el carácter infecto-contagioso del mismo, los medios y formas de transmitirlo y su derecho a recibir asistencia adecuada.

El establecimiento médico que realizó los estudios, informó también que era menester otro estudio más, en tal caso de distinto tipo a los practicados, me refiero al denominado «Western Blot», imprescindible para corroborar el cuadro.

Del documento continente de los resultados clínicos que se encuentra anejado a fs. 42/3, se lee claramente la leyenda: «Por tratase de un método de screening el resultado debe ser confirmado por la técnica de Weternblot» (fs. 43 in fine), y lo mismo se desprende del informe obrante en sobre a fs. 356. A su vez, del informe de fs. 103 y el resultado de fs.105, también se desprende que promediaban «deficiencias corregibles» (sic).

3.5.- Pues bien, cabe preguntarse ahora acerca de la idoneidad del método «Elisa» que fue utilizado por la demandada, pues en caso de resultar inadecuado, ello evidenciaría omisión de la diligencia debida en los términos de los arts. 512 y 902 del Código de Vélez.

Al respecto, de manera categórica se expidió la «Secretaría de Prevención y Control de Riesgos del Ministerio de Salud de la Nación» (Dirección de SIDA y ETS), ya que informó que ante dos muestras reactivas, antes de la confirmación del diagnóstico es menester realizar el referido método «Western Blot» (ver fs. 243).

Tal informe, sin duda, lo juzgo especialmente relevante (arts. 386 y 477 del CPCCN).

3.6.- Por lo demás, las declaraciones testimoniales que la apelante pondera extensamente, no son idóneas para echar luz en torno a lo hasta aquí desarrollado, pues no tienen entidad para cuestionar el procedimiento médico realizado.

Observo que los deponentes ni siquiera estuvieron presentes en el momento en que la accionante fue notificada, y por el contrario resulta verosímil lo declarado por el Dr. D M, Director de «Alfa», en torno a la modalidad seguida para transmitir el resultado (ver fs. 330/331, N° 14).

Y algo similar cabe colegir respecto al informe pericial médico que en autos luce a fs. 456/462 vta., pues en este caso el experto desinsaculado contó con diferente y más completo material para arribar a las conclusiones sostenidas (ver fs. 456 vta.), entre los que se destaca el estudio realizado por el Hospital Fernández y el ordenado por él mismo años después.

Sin perjuicio de ello, advierto que igualmente tal galeno dio cuenta acerca de la posibilidad de «falsos positivos» como resultado de los tests practicados (pto. «3» a fs.458 in fine), los que, insisto, está probado eran adecuados -idóneos- a los fines de la elaboración de los estudios pre- ocupacionales.

3.5.- El interés tutelado (objeto de la relación obligacional), no ha sido vulnerado por las demandadas, no se ha procedido de manera antijurídica, que es lo mismo que sostener que obraron dentro de los límites causales impuestos por la naturaleza de la obligación existente.

En suma, el «plan prestacional» fue ejecutado de acuerdo a los parámetros exigibles en la materia (doct. art. 901 del Cód. Vélez que recepta el CCyCom. en su art. 1727), por lo que propicio rechazar las quejas formuldas.

4.- Por las consideraciones efectuadas, doy mi voto para:

a) Confirmar el fallo cuestionado en todo cuanto ha sido objeto de apelación y agravio:

b) Imponer las costas de Alzada a la accionante perdidosa (art. 68 CPCCN).

Las Dras. Marta del Rosario Mattera y Zulema Wilde adhieren al voto precedente.

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que

doy fe.-

Buenos Aires, octubre 13 de 2015.-

Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

a) Confirmar el fallo cuestionado en todo cuanto ha sido objeto de apelación y agravio:

b) Imponer las costas de Alzada a la accionante perdidosa (art. 68 CPCCN).

c) Finalmente, para conocer los honorarios regulados en la sentencia a fs. 658/659 y fs. 666, y apelados a fs. 662/663, fs. 665, fs. 667, fs. 674 y fs. 694.

En atención al monto comprometido, naturaleza del proceso, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado, cantidad de etapas cumplidas, resultado obtenido, y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 38 y ccds. de la ley 21.839, por resultar ajustadas a derecho se confirman las sumas fijadas en la ins tancia precedente a favor de los letrados intervinientes.

A su vez, por ser también conformes a derecho, se confirman los honorarios regulados a los peritos actuantes (art. 478 CPCCN) y los de la mediadora (cfr. art. 21 inc. 3??y art. 23 decreto 91/98 reglamentario de la ley 24.573, y la modificatoria por el art. 4° del Decreto 1465/07).

Por la labor realizada en la Alzada, de conformidad con las pautas fijadas por el art. 14 de la ley 21.839, regúlense los honorarios del Dr. Alberto Carlos Hadida, en la suma de ($.), los de la Dra. Yanina Erica Reynoso, en la de ($.) y los del Dr. Matías Reichman, en la suma de ($.).

Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art.4°) y oportunamente devuélvase.-

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