No hay responsabilidad del fabricante ante el vencimiento de la garantía del auto adquirido por el actor.


Parautotes:
Lisola Carlos Alberto c/ Audi Argentina y otros s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: A

Fecha: 14-jul-2015

Cita: MJ-JU-M-94845-AR | MJJ94845 | MJJ94845

Hallándose establecido que el vehículo adquirido por el actor se encontraba fuera del lapso de garantía y no habiendo probado la existencia de vicio de origen susceptible de comprometer la responsabilidad del fabricante, no se hace lugar a los daños y perjuicios reclamados.

Sumario:

1.-Las obligaciones de la terminal automotriz no finalizan con la entrega del rodado para su comercialización dado que debe, además, garantizar al comprador que podrá gozar de ella conforme a su destino y a la naturaleza del derecho de propiedad que se ha transmitido, como consecuencia de la buena fe y de la lealtad que debe exigirse siempre a los contratantes. Ello así, claro está, siempre que se hubiesen cumplido las condiciones/exigencias de menester para la procedencia de la garantía legal extendida respecto del vehículo de propiedad del adquirente.

2.-Como en todo contrato que tiene por efecto la transmisión de una cosa en propiedad a título oneroso, el enajenante del automotor no sólo debe garantizar la posesión pacífica de la cosa (garantía de evicción), sino también la posesión útil de la misma, debiendo responder, en este último supuesto, por los defectos ocultos que la hiciesen impropia para su uso, o que disminuyeren considerablemente su idoneidad o utilidad.

3.-Desde un punto de vista contractual puede sostenerse que el consumidor tiene una acción contractual contra el fabricante fundamentado, básicamente, en que las modalidades de fabricación y comercialización de los productos conforman una estructura contractual plurilateral integrada por una sucesión de contratos de compraventa, generalmente de adhesión, cuyo objetivo es que éstos lleguen al consumidor.

4.-La cadena de contratos de compraventa que comienza en el fabricante termina en el consumidor, por entender que la colocación o salida de las mercaderías, tiene un fin unitario que priva de autonomía a los contratos intermedios, de modo que las consecuencias naturales del contrato que arrancan del fabricante es lógico y legal que recaigan sobre el mismo.

5.-El ensanchamiento de la responsabilidad contractual posibilita que el consumidor pueda demandar al fabricante con quien contrató, con base en lo que pueden denominarse los deberes del tráfico que vinculan al fabricante con el consumidor mediante la realización de ventas encadenadas que darían lugar a obligaciones contractuales de protección, asumidas frente a terceros.

6.-Dentro de la tesis extracontractual, otro sector de la doctrina ubica el problema dentro del ámbito del art. 1113, párr. 2do , del CCiv., cuyo encuadre marca, hoy en día, la solución del art. 40 de la Ley 24.240 (luego de la reforma de la Ley 24.999 ), que establece la responsabilidad objetiva por el riesgo o vicio de la cosa. El fabricante es responsable de los daños que causan los productos defectuosos y que pone en circulación en el mercado, generando de ese modo un riesgo y mediante el cual, a su vez, obtiene beneficios económicos. El escollo que presenta esta postura es que esta norma solamente podría ser aplicada en relación a las personas que menciona dicha disposición, es decir, el dueño o guardián de la cosa, y al momento de producirse el daño el fabricante ha dejado de serlo por haberse desprendido de ella y en esta línea se inscribe actualmente la solución legal que consagra el art. 40 de la Ley 24.240.

7.-El art. 40 de la Ley 24.240, incorporado por el art. 4 de la Ley 24.999 establece que si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio , agregándose que el transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio . Se concluye, estableciendo que la responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan y sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena .

8.-La norma del art. 40 de la Ley 24.240 abandona el régimen de la responsabilidad por culpa, ya que éste resulta inadecuado y desprotege a la víctima al recaer sobre ella la carga de la prueba y adopta un criterio de responsabilidad objetiva, siguiendo de ese modo los postulados del nuevo derecho en materia de daños que, con una concepción más solidarista, se centra en la comprobación de la existencia de un daño efectivamente sufrido por sobre la valoración de la conducta del autor.

9.-En lo que a la garantía legal concierne, se aprecia necesario señalar, también, que el art. 11 de la Ley de Defensa al Consumidor remite al concepto del art. 2325, parte 2da. , del CCiv., es decir, que la garantía allí prevista se aplica a aquellas cosas que no dejan de existir por el primer uso que de ellas se hace, aunque sean susceptibles de consumirse o deteriorarse después de algún tiempo, resultando beneficiarios de esa garantía, tanto el consumidor como los sucesivos adquirentes de la cosa. La norma se refiere a la responsabilidad que la ley pone a cargo de todos quienes intervienen en la cadena de comercialización -según lo previsto por el art. 13 del citado cuerpo normativo-, fijando un plazo legal de vigencia por tres (3) meses si se trata de bienes muebles usados y de seis (6) meses para los demás casos -ello, a partir de su entrega-, plazos que pueden ser extendidos por convenio de partes, pero nunca disminuidos.

10.-No puede obviarse que el art. 13 de la Ley 24.420, en consonancia con el citado art. 11, establece -en principio, y siempre que se diera la condición de la vigencia de la garantía legal contractualmente asumida por el fabricante, la responsabilidad solidaria de todos los sujetos obligados al otorgamiento y cumplimiento de la garantía legal (que involucran gastos por la reparación de la cosa, servicio técnico, suministro de repuestos, etc.), es decir que encontrándose vigente la garantía, supuesto que, tal como se anticipó, no se configuró en la especie- cada uno se obliga por el todo (arts. 701 y 705 , CCiv.), sin perjuicio de las acciones de regreso entre las partes según las relaciones de contribución.

11.-Hallándose establecido que el vehículo se encontraba fuera del lapso de garantía desde cualquiera de los ángulos posibles, luego de analizar la que fuera atribuida en autos y siendo que, como se ha dicho, no ha sido demostrada la existencia de vicio de origen susceptible de comprometer la responsabilidad del fabricante, queda por examinar si, en el caso, se encuentra configurado algún supuesto de responsabilidad derivado de una mala o deficiente prestación de un servicio post-venta legalmente previsto en los alcances del art. 12 de la LDC.

12.-Una cosa es la garantía por los vicios o defectos que pueda presentar el bien, garantía que obligará a la reparación o sustitución de éste, sin cargo para el adquirente (art. 11) y, otra cosa distinta es la obligación que el art. 12 de la Ley 24.240 impone al proveedor, de asegurar la prestación de un servicio técnico adecuado para mantenimiento y suministro de partes y repuestos, incluso cuando es requerido fuera de la garantía legal, pues el citado art. 12, en principio, se refiere al servicio incluido tanto en la garantía legal como fuera de ella.

13.-Respecto de la extensión del servicio de garantía post-venta, la reglamentación de la Ley de Defensa al Consumidor -dec. 1798/94 – en punto al art. 12, exige el suministro de partes y repuestos nuevos solamente durante la vigencia de la garantía, señalando en esa línea, que la utilización de piezas usadas será permitida sólo en aquellos casos en que no hubiesen en el mercado nacional piezas nuevas y/o cuando medie autorización expresa del consumidor. Desde tal perspectiva y, aún cuando en la práctica se entienda que el garante debe contar con repuestos nuevos mientras ofrezca el bien y no deje de producirse en el mercado, lo cierto es que la reglamentación antedicha determina en forma clara que aquél no está obligado a suministrar repuestos nuevos para reparar aquellas cosas que se deterioraron fuera del plazo de la garantía legal. Así las cosas y, en este marco, ha de entenderse que, el plazo de vigencia del servicio técnico y la provisión de piezas y repuestos, en todo caso debe ser interpretado razonablemente, atendiendo a la naturaleza, calidad y probable vida útil de la cosa dentro de un uso normal. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 14 días del mes de julio de dos mil quince, se reúnen los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, con asistencia de la Sra. Secretaria de Cámara, para entender en los autos caratulados “LISOLA CARLOS ALBERTO C/ AUDI ARGENTINA Y OTROS S/ ORDINARIO” (Expte. N° 054235, Registro de Cámara N° 23626/2008), originarios del Juzgado del Fuero Nro. 6, Secretaría Nro. 12, en los cuales, como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo establecido por el art. 268 C.P.C.C., resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctora María Elsa Uzal, Doctora Isabel Míguez y Doctor Alfredo Arturo Kölliker Frers.

Estudiados los autos, se planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta el Señor Juez de Cámara Doctora María Elsa Uzal dijo:

I.- Los hechos del caso.

1) Carlos Alberto Lisola promovió la presente acción ordinaria contra “Audi Argentina”, “Volkswagen Argentina S.A.”, “Automilenio S.A.” y “Audi AG de Alemania”, a fin de obtener la reparación de los daños y perjuicios originados en el supuesto vicio de fabricación del vehículo de su propiedad, con base en lo previsto en la Ley de Defensa del Consumidor y en distintas normas del Cód. Civil (arts. 519, 522, 1078 y 2312 y cdtes. de dicho ordenamiento legal).

Sostuvo que, con fecha 19.02.2002, compró un automotor marca Audi, modelo A4 1.8T, 0 km., dominio DYH 816, en la concesionaria oficial de la marca “Audi”, “Automilenio S.A.”, abonando por dicho vehículo la suma de pesos setenta mil ($ 70.000) y un extra de pesos un mil ($ 1.000) en concepto de patentamiento y polarizado de cristales.

Destacó que desde que retiró el rodado de la concesionaria lo utilizó normalmente y realizó todos los servicios indicados en el manual en las concesionarias oficiales de “Audi” (como ser:”Automilenio S.A.”, “Espasa” y “Audi Zentrum”). Acompañó con el escrito de demanda el “Plan de Asistencia Técnica Audi”, en donde consta el último servicio allí incluido realizado en la concesionaria “Espasa S.A.” el día 12.03.2005 y con cobertura hasta el servicio técnico de los 120.000 km. Añadió que siempre realizaba los servicios en la red de concesionarios oficiales y con repuestos originales.

Señaló que, en el mes de abril de 2006, el automóvil había recibido su último servicio en un taller oficial de la marca, “Audi Zentrum”, sito en la Localidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires; agregando que dicha revisión y reparación, llevada a cabo a los 129.989 km., no fue incorporada en el mencionado “Plan de Asistencia”, en razón de que no le habían entregado a su parte uno de los materiales que figuraban en la factura correspondiente (depósito líquido y refrigerante), por lo que el referido servicio había quedado inconcluso.

Aseveró que nunca sufrió accidentes de consideración y únicamente se arreglaron raspones, roturas de faros, cambios de cubiertas, lustrado de carrocería, etc.; destacando que el automóvil se encontraba en perfecto estado de uso y conservación.

Manifestó que, con fecha 02.06.2006, se dirigió en su vehículo junto a su hijo a uno de los cines ubicados en el “Shopping Soleil”, en el Partido de San Isidro y que, en el camino de regreso a su hogar, el rodado comenzó a fallar, hasta que finalmente se detuvo por completo y empezó a salir humo de aquél, lo que ocasionó mareos a su hijo.Adujo que, seguidamente, se incendió la parte delantera del vehículo, quedando el automóvil completamente destruido.

Afirmó que, una vez extinguido el fuego, una grúa trasladó su vehículo al barrio “Los Castores” en el complejo habitacional de Nordelta, lugar donde residía en la época de los sucesos, depositándolo en el acceso principal del predio.

Continuó diciendo que se comunicó con el taller oficial de la marca, “Audi Zentrum”, y que le informaron que no podían llevar el vehículo al taller; agregando que le comunicaron que un mecánico iría a inspeccionarlo en el lugar donde se encontraba. Indicó que, al día siguiente, fue un mecánico a revisar el rodado, quien le informó que personal del taller se comunicaría con su parte a la brevedad.

Resaltó que, luego de numerosas comunicaciones telefónicas con empleados de “Audi Zentrum”, remitió carta documento a “Audi Argentina S.A.”, informando el acaecimiento del siniestro y la falta de respuestas por parte del taller oficial de la marca. Adujo, en la referida misiva, que el fuego tuvo su causa en “una falla estructural de material del AUDI”.

Afirmó que, frente a la ausencia de respuestas a la carta documento enviada, solicitó a un estudio de liquidadores (“DILPA”) para que se inspeccionase el rodado y se elaborase un informe. Agregó que remitió una nueva carta documento manifestando que había contratado al mencionado estudio liquidador a fin de examinar el rodado, el que había podido comprobar que el incendio había sido ocasionado por “una falla de material de fabricación de AUDI (inyectores)”.

Refirió que, luego, se comunicó con “Volkswagen”, quien se ocupaba de brindar un servicio de atención al cliente para los usuarios de “Audi” y le informó todo lo sucedido.Señaló que, al día siguiente, se llevaron el automóvil sin brindarle información sobre dónde sería depositado.

Relató que, con fecha 28.08.2006, “Volkswagen” rechazó las misivas remitidas por su parte, indicando que el vehículo presentaba “daños en el vano motor, producto de una fuga de combustible”, no atribuible a un problema de producto. Indicó, asimismo, en la referida misiva que el actor no cumplió con los servicios periódicos en los concesionarios oficiales de “Audi”, tal como lo indicaba el “Manual de Garantía del Usuario”.

Adujo haber rechazado dicha misiva y que finalmente “Volkswagen” le envió otra carta documento ratificando y reiterando lo afirmado con anterioridad.

Hizo hincapié en que, a fines del año 2007, tomó conocimiento de que el automotor estaba en el taller “Audi Zentrum” a la intemperie. Indicó que, por tal razón, en el mes de enero de 2008 envió un mecánico, quien constató que el vehículo efectivamente se encontraba a la intemperie, con las ventanas abiertas y con el tapizado de cuero podrido y comprobó un gran faltante de repuestos, por un valor de U$S 500, aproximadamente. Destacó que hasta el día de la presentación de la demanda aún no le habían restituido el rodado en cuestión.

Seguidamente, hizo referencia a la responsabilidad del fabricante, al haber lanzado al mercado un producto defectuoso y riesgoso. Añadió que si el daño sobrevino a causa de un vicio de fábrica, ello bastaba para probar la culpa del fabricante. En suma, invocó la existencia de un vicio de fabricación del rodado, que ocasionó el incendio de marras. Consideró de aplicación al sub-lite lo previsto en los arts. 1109 y 1113 del Cód.Civil.

Describió, en ese marco, cada uno de los rubros indemnizatorios reclamados, comenzando por el “daño emergente”, el cual debía determinarse teniendo en consideración el promedio del valor del automóvil Audi A4 a la época del siniestro, el valor de éste al tiempo de producción del informe y/o pericia en el expediente y el precio de un rodado 0 km. Añadió que, del promedio de estos tres (3) valores, surgiría el quantum del referido rubro.

Requirió, asimismo, el resarcimiento del “lucro cesante”, que estimó equivalente al 10 % del monto correspondiente a la reparación por “daño emergente”. Explicó que utilizaba con mucha frecuencia su automóvil por motivos laborales y personales, por lo que la pérdida del vehículo hizo que sufriese una merma en su trabajo y una afectación en sus relaciones personales que debía ser indemnizada.

De su lado, solicitó también una indemnización por el “daño moral” que invocó haber padecido. Agregó que toda la situación le ocasionó una aflicción a su persona que derivó en el “daño moral” cuyo resarcimiento ahora pretendía, que estimó en el 20 % de la suma pedida en concepto de “daño emergente”.

Por último, requirió la suma de $10.000 en concepto de “gastos”, más el valor de las patentes adeudadas desde el mes de junio de 2006, dado que, al no poder dar de baja el vehículo en la Dirección General de Rentas, continuó devengándose el impuesto correspondiente.

Por último, solicitó que se hiciese lugar a la acción incoada, con costas a cargo de las accionadas.

2) Corrido el pertinente traslado, compareció primero al juicio la codemandada “Automilenio S.A.”, quien contestó la demanda incoada, oponiéndose al progreso de la pretensión y solicitando su rechazo, con costas a cargo del accionante (véanse fs. 222/7 vta.).

Liminarmente, efectuó una negativa general y pormenorizada de los hechos invocados en el escrito de inicio que no fueran objeto de expreso reconocimiento en el responde.Desconoció además la autenticidad de toda la documentación acompañada por el actor.

Reconoció haber vendido al accionante el automotor Audi A4 1.8T.

Invocó la aplicación al caso del art. 473 del Cód. de Comercio.

Añadió que la finalidad del plazo establecido en la referida norma era liberar al vendedor de toda responsabilidad respecto de los vicios internos de la cosa vendida.

Destacó así que, al momento de producirse el referido siniestro, su parte ya se encontraba liberada por cualquier vicio oculto o interno, en virtud de lo establecido en la mencionada disposición.

Señaló que el actor había adquirido el rodado el 19.02.2002 y que el siniestro habría acontecido el 02.06.2006, por lo que transcurrieron más de cuatro (4) años desde la entrega por su parte, plazo -éste- que excedía ampliamente el de seis (6) meses previsto en la norma de referencia.

Puso de resalto -en ese contexto- que el vehículo había sido entregado al actor aproximadamente cuatro (4) años antes de producirse el evento dañoso, por lo que la garantía otorgada al rodado ya no tenía vigencia.

Advirtió que el actor no había cumplido con todos los servicios periódicos en los concesionarios oficiales de la marca “Audi”.

Afirmó -de ese modo- que no hubo un vicio oculto de fábri ca y que, aún en la hipótesis de que hubiese existido, habría operado el plazo de prescripción de seis (6) meses estipulado en el citado art. 473 del Cód.de Comercio.

Aseveró que el informe acompañado por el actor, cuya autenticidad desconoció, no permitía inferir que el incendio se hubiese producido por una falla o defecto de fábrica del rodado.

Destacó, entonces, que, habiendo transcurrido más de cuatro

(4) años desde la entrega del vehículo por su parte y hasta la ocurrencia del siniestro, la acción de daños y perjuicios originada en los supuestos vicios ocultos de fabricación del rodado ya se encontraba prescripta, por lo que la demanda debía ser rechazada.

Por último, impugnó los rubros indemnizatorios solicitados por el reclamante, por considerarlos improcedentes.

3) A su turno, a fs. 235/52 compareció también al juicio “Volkswagen Argentina S.A.” (en adelante, “Volkswagen”), quien contestó el traslado de la acción, oponiéndose al curso de la pretensión y postulando su rechazo, con costas a cargo de la contraria.

En primer lugar, efectuó una negativa de los hechos invocados en la demanda y de la documentación allí acompañada, que no fueren objeto de expreso reconocimiento en el responde.

Señaló que “Volkswagen Argentina S.A.” poseía autorización de “Audi AG” (de Alemania) para importar y comercializar los vehículos marca Audi en nuestro país.

Aclaró que no vendió la unidad objeto de la litis al actor, toda vez que su parte no vendía rodados al público. Agregó que era la concesionaria quien compraba automóviles para su posterior reventa al público.

Explicó que las concesionarias actuaban por cuenta y riesgo propios, por lo que las obligaciones y/o compromisos que asumían para con los terceros consumidores eran exclusivas de aquéllas, no correspondiendo responsabilidad alguna a su parte.

Refirió que su parte no era más que una importadora del vehículo que el actor habría comprado a “Automilenio S.A.”.

Señaló que cada pieza integrante del vehículo de la marca era sometida a innumerables pruebas de resistencia y funcionamiento bajo condiciones extremas. Indicó que una vez ensambladas en el producto final eran también examinadas.Añadió que los vehículos eran sometidos a pruebas de funcionamiento en forma previa a la venta y entrega de unidades.

Enunció que el “Plan de Asistencia Técnica – Garantía”, que era entregado por todos las concesionarias a quienes adquirían productos de la marca “Audi”, detallaba las condiciones de la garantía.

Señaló que “Volkswagen” tenía a su cargo el cumplimiento de la garantía de “Audi”, que cubría únicamente defectos de material, montaje y fabricación.

Manifestó que los servicios de mantenimiento y de postventa especificados en el “Plan de Asistencia Técnica – Garantía”, debían ser realizados para preservar las condiciones de seguridad y calidad del rodado. Indicó que las concesionarias prestaban dicho servicio por su cuenta y riesgo, los que eran a cargo del usuario.

Sostuvo que el vehículo del accionante habría sido adquirido con fecha 19.02.2002, por lo que a la época en que habría acontecido el evento dañoso no se encontraba vigente la garantía de un (1) año desde la entrega de la unidad, tal como lo preveía el “Plan de Asistencia Técnica – Garantía”.

Aseveró que, del informe acompañado por el demandante, no surgía con claridad que el rodado hubiese presentado un vicio de origen.

Manifestó que, según lo informado por ingenieros técnicos que trabajaban para “Volkswagen”, el vehículo presentaba “daños en el vano motor producto de una fuga de combustible, no atribuible a un problema de producto”.

Hizo hincapié en que el actor incumplió con los servicios de mantenimiento de la unidad, al dejar pasar, entre servicio y servicio, mayores intervalos de tiempo y kilometraje que el indicado y recomendado.

Afirmó -en ese marco- que la asistencia técnica debía realizarse cada 15.1 km. o cada año, lo que ocurriese primero.Explicó que el último mantenimiento del vehículo fue realizado con fecha 12.04.2005, esto es, más de un (1) año antes del invocado incendio, por cuanto los supuestos trabajos realizados por “Zentrum Pilar” el 28.04.2006 tuvieron como objetivo reparar el automotor tras haber sufrido un choque.

Puso de manifiesto que hacía más de tres (3) años que la garantía no se encontraba vigente y que el vehículo no tenía el debido estado de mantenimiento y conservación. Añadió que -incluso- había sido objeto de varias reparaciones particulares.

Impugnó -entonces- la reparación solicitada por el actor en concepto de “daño emergente”; añadiendo que el evento dañoso no podía ser atribuido a “Volkswagen” y que no existía prueba alguna que acreditase que el vehículo hubiese sido totalmente destruido.

Objetó además la procedencia del rubro “gastos” y sostuvo que no debía abonarse la deuda por patentes que registraba el accionante. Cuestionó también la indemnización reclamada en concepto de “lucro cesante”, alegando que el pretensor no justificó ni, menos aún, acreditó las supuestas mermas económicas que adujo haber padecido.

Finalmente, solicitó el rechazo de la reparación pretendida en concepto de “daño moral”, dado que de la demanda no se infería que el pretensor hubiese sufrido afección legítima alguna a su honor y a su personalidad.

Sobre la base de tales afirmaciones, requirió el rechazo de la acción incoada, con expresa imposición de costas a cargo del accionante.

4) A fs.380/97, se presentó “Audi A.G.” y contestó la acción incoada, postulando el rechazo de ésta, con expresa imposición de costas.

Sostuvo que no podían conocerse los motivos por los que se habría producido el supuesto incendio del vehículo, dado que ninguna prueba que pudiese producirse a esa época podría determinar con certeza las causas del infortunio, frente al prolongado tiempo transcurrido y a las condiciones en las que permaneció el vehículo durante ese período.

Remarcó que el actor no podía desconocer donde se encontraba su rodado y que lo abandonó por el término de dos (2) años en una concesionaria ubicada en la Localidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires, dejándolo a la intemperie y sin solicitar medida judicial alguna.

Manifestó que no surgía del informe acompañado por el accionante que el incendio había sido producido por un defecto original del motor “Audi”. Señaló que la pérdida o fuga de combustible que habría originado el siniestro, pudo haber sido ocasionada por múltiples factores y no necesariamente por un defecto del motor “Audi”.

Indicó que resultaba llamativo que un rodado con una antigüedad de cuatro (4) años y con más de 130.000 km., presentase un defecto de fabricación, que pudiese ser verificado después de ese lapso temporal y luego de las distancias recorridas.

A continuación, efectuó una negativa de los hechos invocados en la demanda, que no fueran objeto de expreso reconocimiento en dicha presentación.Desconoció, además, la documentación acompañada por el actor en el escrito inicial.

En ese marco, cuestionó la suma solicitada por el actor en concepto de “gastos”, por haber realizado la notificación al domicilio de “Audi AG en Alemania”.

Puso de resalto que “Audi Argentina” no existía como sociedad jurídica en nuestro país y que “Volkswagen” poseía autorización de “Audi AG” de Alemania para importar y comercializar los automotores de la marca y sus respectivas piezas de reposición.

Aseveró que cada pieza integrante del vehículo “Audi” era sometida a innumerables pruebas de resistencia y funcionamiento bajo condiciones extremas. Adujo que, una vez ensambladas eran también examinadas, indicando que todos los vehículos eran testeados en lo que referente al sistema de frenos, dirección y seguridad en dos (2) oportunidades, en primer lugar, en la planta antes de ser entregada la unidad a la concesionaria y, en segundo término, previo a la entrega del automotor al cliente.

Hizo hincapié en que “la prestación de la garantía” era realizada por los concesionarios y que cuando la complejidad de la prestación así lo requería, la terminal, a través de su Departamento de Servicios, brindaba apoyo técnico a la red de concesionarios de la marca y a los propios usuarios.

Expuso que el concesionario entrega a cada uno de los clientes Audi un Plan de “Asistencia Técnica – Garantía” en el que se establecía la garantía de funcionamiento y que tenía por finalidad reparar todo desperfecto derivado del material, montaje y fabricación durante un (1) año, contado desde la fecha de entrega. Agregó que de la prestación de la garantía se hacía cargo la terminal automotriz.

Hizo referencia a los servicios de mantenimiento o de postventa; afirmando que se especificaban también en el “Plan de Asistencia Técnica – Garantía” y que tenían como objetivo preservar las condiciones de seguridad y calidad del automotor.Indicó que el concesionario brindaba tales servicios, los que eran a cargo del usuario y resultaban independientes de la garantía.

Destacó así que los vehículos podían también ser objeto de “reparaciones particulares”, las que no tenían relación con la garantía del producto ni con el mantenimiento normal.

Refirió que al tiempo en que se incendió el rodado no se encontraba vigente la garantía, toda vez que ésta se hallaba vencida desde hacía más de tres (3) años.

Hizo hincapié en que el siniestro no pudo haber sido provocado por un defecto en la unidad, por cuanto funcionó de modo adecuado durante más de cuatro (4) años y recorrió aproximadamente 130.000 km, sin haber registrado inconveniente alguno. Insistió en que del relato de los hechos y de la documentación acompañada por el accionante no surgía que el incendio se hubiese ocasionado por un vicio de origen en el vehículo.

Aseveró, en ese marco, que el pretensor no efectuó el mantenimiento indispensable y necesario del automotor; explicando que la asistencia técnica debía realizarse a los 15.000 km., o dentro de un (1) año, lo que ocurriese primero, y que el actor dejó transcurrir mayores intervalos y recorrió ma yor cantidad de kilómetros que los especificados y recomendados para efectuar los servicios, sin cumplimentarlos.

Enfatizó que los supuestos trabajos realizados por “Zentrum Pilar”, con fecha 28.04.2006, respondieron al choque sufrido por el rodado y no a su mantenimiento habitual. Añadió que el último servicio destinado a mantener el buen funcionamiento del vehículo fue realizado en el mes de abril de 2005.

Impugnó la procedencia de los rubros “daño emergente” y “gastos” reclamados por el actor; afirmando que no existía prueba que acreditase que el vehículo padecía un defecto de fábrica, como así tampoco que se hubiese configurado un supuesto de “destrucción total”. Descartó asimismo la admisibilidad del “lucro cesante” solicitado, habida cuenta que el accionante no acreditó -ni justificó siquiera- las supuestas mermas económicas padecidas.Por último, solicitó el rechazo del “daño moral” pretendido por el actor.

Por tal razón, solicitó que se desestimase la acción incoada por la contraria, con costas.

5) De su lado, la defensa de prescripción opuesta por “Automilenio S.A.” a fs 222/8 fue contestada por el actor a fs. 268/70, con fundamento en que resultaba erróneo el encuadre jurídico que pretendía otorgar el excepcionante, toda vez que el reclamo que se ventilaba en la presente causa no constituía per se una reparación de “vicios redhibitorios”, sino que era una acción de daños y perjuicios derivada de una “incausada falla de elementos de fabricación del vehículo ´Audi´” que adquirió oportunamente su parte. Agregó que se demandó también en función de lo establecido en el art. 40 de la Ley de Defensa al Consumidor, resultando de aplicación lo normado en el art. 50 de dicho ordenamiento legal, que establecía un plazo de tres (3) años de prescripción de la acción.

6) Luego de ciertas vicisitudes procesales, en la resolución obrante de fs. 579 se tuvo por desistido al accionante de la demanda iniciada contra “Audi Argentina”.

7) Sustanciado el proceso y producida la prueba de que dan cuenta las certificaciones actuariales de fs. 992/3 y 1038/9, se pusieron los autos para alegar, habiendo hecho uso de tal derecho tanto la parte actora, como las codemandadas “Audi A.G.”, “Volkswagen Argentina S.A.” y “Automilenio S.A.”, conforme piezas que lucen agregadas fs. 1055/66, 1068/76, 1078/94 y 1096/100, respectivamente, dictándose -finalmente- sentencia definitiva en fs. 1114/21.

II.- La sentencia apelada.

En el fallo apelado -dictado, como se dijo, a fs. 1114/21-, la Señora Juez de grado decidió rechazar la acción deducida por el actor contra las codemandadas “Volkswagen Argentina S.A.”, “Automilenio S.A.” y “Audi A.G. de Alemania”, a quienes absolvió. Por último, impuso las costas del proceso a cargo del primero en su condición de parte vencida en el litigio (art.68 del CPCCN).

La Señora Juez a quo sostuvo para concluir así que:

i) No estaba discutido en autos que el actor adquirió un automóvil marca “Audi”, modelo A4 1.8 T, en la concesionaria oficial de “Volkswagen” – “Automilenio S.A.” el día 19.02.2002.

ii) Tampoco existía finalmente controversia sobre la producción del incendio que afectó al vehículo, pues si bien las demandadas lo desconocieron mediante la negativa de rigor, lo cierto que a lo largo del proceso efectuaron planteos relativos a la causa y origen del siniestro, a lo que se unía el trabajo efectuado por el perito ingeniero mecánico.

iii) Los bomberos voluntarios de San Isidro informaron que el día 03.06.2006 extinguieron un incendio producido en el interior de un vehículo “Audi” A4, dominio DYH 816. Señaló que ésto fue también corroborado por los testigos Hugo Luis Monroy, Diego Quintana, Néstor Daniel Degregorio, Diego Leonardo Cartolano y Miguel Humberto Byk.

Señaló la sentenciante que cabía -entonces- determinar si el incendio se produjo como consecuencia de un defecto o vicio del automóvil, y, en su caso, si debían responder las accionadas por las sumas solicitadas en el escrito inaugural. En ese marco, entendió que:

iv) Procedía examinar, en primer término, la defensa de prescripción opuesta por “Automilenio S.A.”, pues su eventual estimación podría inferir en la solución de los planteos restantes.

v) La excepcionante invocó la aplicación en el caso de la preceptiva del art. 473 Cód. de Comercio, argumentando que la invocación del actor consistía en la existencia de un vicio redhibitorio en el automóvil siniestrado, que no pudo advertir en el momento de la adquisición.

Desde ese enfoque, refirió la a quo que:

vi) El plazo semestral previsto en la mencionada norma, corriente desde el 19.02.2002, se hallaría largamente consumido en el tiempo al promover la demanda el 09.06.2008 (ver cargo a fs.171). Aclaró que lo pretendido por el actor no constituía acción redhibitoria, ni quanti minoris. Ello, por cuanto -según adujo- aquél no perseguía dejar sin efecto el contrato devolviendo el automóvil al vendedor, ni pretende obtener una disminución en el precio; sino que lo que reclamaba el accionante, con fundamento explícito en las normas de la Ley de Defensa del Consumidor, n° 26.361, eran los daños y perjuicios derivados del contrato de compraventa del automotor, cuyo plazo prescriptivo no es otro que el decenal de los códigos de fondo, en tanto resultaba el más favorable para el ejercicio del derecho invocado por el demandante (ver art. 50 de la citada ley).

vii) Y que, aún en la posición más favorable a la defensa (es decir, computando dicho plazo decenal desde la fecha de adquisición del vehículo en el año 2002), era claro que la demanda entablada seis (6) años después de la compra (año 2008), fue tempestiva. Concluyó, en tal sentido, en que cabía rechazar la defensa de fondo interpuesta por “Automilenio S.A.”.

viii) Las conclusiones informadas por el perito ingeniero designado en la causa, tanto en el dictamen inicial como en sus ulteriores aclaraciones, resultaron dirimentes para la solución del caso. Destacó que, en su primer presentación, el experto informó que no pudo observar indicios de la posible causa del incendio, agregando que pudo originarse en un corto circuito de la electricidad sin ser, necesariamente, una falla de fabricación e insistió en ese temperamento al contestar cierta observación deducida por el actor a fs. 929, descartando que el incendio se hubiese originado en la falla de un inyector. Mencionó que el perito señaló, en el escrito de fs.962/3, que “. habida cuenta que la actora y la demandada coinciden en que el origen del incendio fue una fuga de combustible dentro del vano motor, la falla en la manguera de alimentación de combustible a los inyectores explicaba la posibilidad de una masa relativamente grande de combustible derramado en un corto lapso de tiempo sobre el múltiple de admisión para fundirlo; explicando que no así la falla de inyector que fue lo aducido por el actor en su demanda y a lo que tendían los puntos de pericia.”. Puso de resalto la a quo que, luego, el experto informó que en nada discrepaba con el actor en cuanto a que una fuga de combustible fue la causa del incendio del automóvil, pero nada indicaba que la fuga hubiese estado en un inyector; aclarando -asimismo- que el origen estuvo en la falla en la manguera de goma que llevaba combustible al tubo distribuidor al cual estaban conectados los inyectores, por lo que la causa del incendio estaba definida, no fue ningún inyector sino la manguera de goma ya señalada. Señaló que, según concluyó el perito, la sola circunstancia del tiempo transcurrido entre la compra del automotor y el siniestro autorizaba a inferir que el incendio no se produjo por una falla de fabricación.

Argumentó asimismo la Magistrado de grado que:

ix) El informe efectuado por el Estudio “D.I.L.P.A.”, acompañado por el actor junto al escrito inicial -desconocido por las demandadas- habría sido realizado por Néstor Gabriel Degregorio, quien adujo, en su declaración testimonial, que no tenía instrucción con relación a la mecánica de los automotores y que no pudo verificar las fallas que pudieron haber ocasionado el incendio por la destrucción que generó el fuego. Argumentó que, en por tal situación, no parecía razonable descartar la idoneidad probatoria del dictamen.

x) De su lado, lo informado por el experto permite extraer dos conclusiones:a) la primera de ellas era que la destrucción de la manguera de goma que conducía el combustible desde el tanque de nafta hasta la rampa de inyectores, por efecto del incendio, obstaba a la determinación precisa de las causas que originaron la ruptura de tal elemento y la consecuente fuga de combustible y, la segunda era que la rotura de ese tubo de goma no pudo ser un defecto de fabricación, como incluso aparecía corroborado por los dichos del testigo Néstor Daniel Degregorio, quien manifestó que no constató ningún defecto de fabricación en el automóvil “Audi” A4 (fs. 812/5).

xi) Además, el actor había comprado el vehículo hacía aproximadamente cuatro (4) años y había recorrido, al menos, 129.989 km. el 28.04.2006 (fs. 693/4), razón por la cual no se encontraba vigente la garantía de un (1) año que otorgaba “Audi”.

En esa línea, sostuvo la sentenciante que:

xii) Lisola efectuó ciertos servicios recomendados por el “Plan de Asistencia Técnica Audi”, aseverando que realizó un cambio de aceite y la inspección del vehículo a los 18.319 km.; a los 39.445 km. efectuó otro cambio de aceite y una nueva inspección del vehículo; el 17.11.2003, cuando el rodado llevaba recorridos 63.188 km, realizó un cambio en el filtro de nafta, un cambio de aceite y una inspección. Destacó que, finalmente, el 12.04.2005 a los 103.802 km. recorridos, efectuó un cambio de bujías y del filtro, un cambio de aceite y una nueva inspección (ver fs. 77/9). Agregó que también era cierto que realizó esos servicios, en algunas ocasiones, fuera de los límites temporales exigidos por la terminal y que, a todo evento, esa circunstancia no incidiría en la solución del caso, toda vez que el “Plan de As istencia Técnica Audi” no preveía la inspección del tubo de goma de combustible dentro de los trabajos especificados para cada servicio (véanse fs.72/79).

Concluyó, en tal sentido, la magistrado que:

xiii) No existía prueba en autos que permitiese afirmar que el vehículo hubiese tenido un defecto que fuese imputable al fabricante y que hubiese ocasionado el siniestro y que el actor no acreditó que el automóvil tuviese un vicio o defecto de fábrica, por lo que no se encontraba probado que “Audi A G de Alemania” hubiese incumplido con la obligación de seguridad que garantizaba al adquirente la calidad del producto que fabricaba y distribuía. Consideró, por todo lo expuesto, que teniendo en cuenta las particularidades de la causa, la falta de elementos de prueba que acreditasen que el automóvil hubiese tenido un defecto de fabricación que causó el daño alegado en la demanda, el tiempo que utilizó el rodado y el kilometraje recorrido por el actor sin haber tenido inconvenientes, correspondía rechazar la pretensión.

De ese modo, afirmó que tal solución tornaba abstracto analizar las sumas solicitadas en concepto de “daño emergente”, “lucro cesante”, “daño moral” y “gastos”, las que debían ser desestimadas. Aclaró que igual temperamento cabía adoptar con respecto a la solicitud del actor en punto a que se le abonasen las patentes adeudadas a partir del mes de junio de 2006; ello, por cuanto Lisola se mostró desinteresado en su vehículo a punto tal que adujo desconocer donde se encontraba (fs. 160). Resaltó que no existían constancias en autos que revelasen que el accionante hubiese efectuado reclamo alguno tendiente a que el taller oficial de la marca le restituyese el rodado; por lo que, ante la inactividad del aquél, las sumas pretendidas por tal concepto debían también ser desestimadas.

III.- Los agravios.

Contra dicho pronunciamiento se alzaron tanto el actor, como la codemandada “Automilenio S.A.” (véanse fs. 1122/3 fs. 1127, respectivamente), mas únicamente el accionante sustentó la apelación con el memorial obrante a fs. 1167/75, pues el recurso interpuesto por la referida accionada fue declarado desierto a fs. 1197.El memorial del reclamante fue contestado por “Audi A.G.” y “Volkswagen Argentina S.A.”, a fs. 1180/90 vta.

El actor se agravió de que el Magistrado a quo:

i) Hubiese efectuado una errónea fundamentación del decisorio en un único medio probatorio, esto es, la peritación en ingeniería mecánica producida en la causa, sin haber valorado que su parte impugnó en varias oportunidades dicha pericia; a lo que se adiciona que tampoco valoró otros medios convictivos, como ser: el informe elaborado por el Estudio “D.I.L.P.A.” y las declaraciones brindadas por los testigos Degregorio y Diego Quintana.

ii) Hubiese omitido efectuar un análisis sobre la responsabilidad del fabricante del automotor siniestrado, habiendo ignorado por completo lo establecido en la Ley de Defensa al Consumidor.

iii) Hubiese dictado una sentencia arbitraria apoyada en principios dogmáticos y no en las probanzas anejadas a la causa.

IV.- La solución.

1°) El thema decidendum.

Conforme a lo expresado, entiendo que el thema decidendum en esta Alzada consiste en determinar si fue -o no- acertada la decisión de la Señora Juez de grado de desestimar la pretensión pecuniaria esgrimida por el actor, por considerar que éste no logró acreditar que el vehículo objeto del litigio hubiese tenido un defecto de fabricación que fuese atribuible al fabricante y que hubiese ocasionado el siniestro de marras.

A tales fines, corresponderá profundizar, en primer lugar, por una cuestión de orden metodológico, en el marco teórico relativo a la responsabilidad del fabricante del automotor involucrado en el sub-lite, para pasar luego a examinar qué es lo que surge de las probanzas obrantes en la causa, a los fines de determinar si existió, o no, esta responsabilidad en cabeza de la terminal accionada, así como, por otro lado -dado que también fueron demandadas-, de sus litisconsortes como partícipes en la operatoria de adquisición del rodado luego siniestrado.

Al análisis de tales aspectos cabe, pues, abocarse seguidamente; no sin antes efectuar una breve descripción de los antecedentes fácticos del caso.

2°) Breve descripciónde los antecedentes fácticos del sub-lite

Las partes están contestes en que el actor compró, con fecha 19.02.2002, un automotor marca Audi, modelo A4 1.8 T en la concesionaria oficial de la marca “Automilenio S.A.”.

Tampoco está en discusión -a esta altura del proceso- que el día 02.06.2006 el rodado sufrió un incendio en su parte delantera, más específicamente, en la zona donde se encuentra ubicado el vano motor de aquél.

No obstante ello, sí existe controversia entre los litigantes sobre si el incendio se originó como consecuencia de un defecto o vicio de fabricación del rodado y, en su caso, si las demandadas deben responder por los daños y perjuicios invocados por el accionante.

Sobre la base de tales consideraciones, se muestra conducente ahondar -siguiendo el plan metodológico propuesto- en lo atinente a la responsabilidad del fabricante del rodado materia de la litis.

3°) Lo relativo a la responsabilidad del fabricante del automotor objeto del sub-lite, como así también de las restantes codemandadas litisconsortes.

Sobre este punto, se ha dicho que las obligaciones de la terminal automotriz no finalizan con la entrega del rodado para su comercialización dado que debe, además, garantizar al comprador que podrá gozar de ella conforme a su destino y a la naturaleza del derecho de propiedad que se ha transmitido, como consecuencia de la buena fe y de la lealtad que debe exigirse siempre a los contratantes.Ello así, claro está, siempre que se hubiesen cumplido las condiciones/exigencias de menester para la procedencia de la garantía legal extendida respecto del vehículo de propiedad del adquirente.

Es que, como en todo contrato que tiene por efecto la transmisión de una cosa en propiedad a título oneroso, el enajenante no sólo debe garantizar la posesión pacífica de la cosa (garantía de evicción), sino también la posesión útil de la misma, debiendo responder, en este último supuesto, por los defectos ocultos que la hiciesen impropia para su uso, o que disminuyeren considerablemente su idoneidad o utilidad (arts. 2172 y 2174 y concs. del Código Civil, cfr. Mosset Iturraspe, Jorge “Teoría General del Contrato”, págs. 489, 515 y ss).

Desde un punto de vista contractual puede sostenerse que el consumidor tiene una acción contractual contra el fabricante fundamentado, básicamente, en que las modalidades de fabricación y comercialización de los productos conforman una estructura contractual plurilateral integrada por una sucesión de contratos de compraventa, generalmente de adhesión, cuyo objetivo es que éstos lleguen al consumidor. Al respecto, afirma Santos Briz que “la cadena de contratos de compraventa que comienza en el fabricante termina en el consumidor, por entender que la colocación o salida de las mercaderías, tiene un fin unitario que priva de autonomía a los contratos intermedios, de modo que las consecuencias naturales del contrato que arrancan del fabricante es lógico y legal que recaigan sobre el mismo (cfr. Santos Briz, Jaime “La responsabilidad civil”, Ed. Montecorvo, Madrid, 1986, pág 516). El ensanchamiento de la responsabilidad contractual posibilita que el consumidor pueda demandar al fabricante con quien contrató, con base en lo que pueden denominarse los deberes del tráfico que vinculan al fabricante con el consumidor mediante la realización de ventas encadenadas que darían lugar a obligaciones contractuales de protección, asumidas frente a terceros (cfr. en Ghersi, Carlos Alberto, “Derechos y Responsabilidades de las Empresas y Consumidores”, la colaboración de Cecilia Weingarten, Ed.Organización Mora Libros, Buenos Aires, 1994, págs. 118/9).

Existe otra corriente sin embargo, que emplaza la cuestión dentro del ámbito extracontractual. A su vez, dentro de esta tesis hay quienes fundan la responsabilidad en la culpa, con base en el art. 1109 del Código Civil pero, dada la dificultad del usuario en probar la culpa, se recurre a las presunciones invirtiendo la carga de la prueba. Se sostiene que si el daño es ocasionado por defectos de la cosa que la hacen impropia, ello sucede porque quien la fabricó o elaboró incurrió en culpa, haciendo o dejando de hacer por negligencia o imprudencia, aquello que era indispensable para que el producto sirviera regularmente a su destino de uso o consumo. El daño crea una presunción de culpa del fabricante, invirtiendo la carga de la prueba, de modo que, para liberarse de responsabilidad debe acreditar la no culpa, o bien el caso fortuito o fuerza mayor, la culpa de la propia víctima o la de un tercero por el cual no debe responder (cfr. Ghersi – Weingarten, ob. cit. págs. 119/20).

Dentro de la tesis extracontractual, otro sector ubica el problema dentro del ámbito del art. 1113, párrafo 2do, del Cód. Civil, cuyo encuadre marca, hoy en día, la solución del art. 40 de la ley 24.240 (luego de la reforma de la ley 24.999), que establece la responsabilidad objetiva por el riesgo o vicio de la cosa. El fabricante es responsable de los daños que causan los productos defectuosos y que pone en circulación en el mercado, generando de ese modo un riesgo y mediante el cual, a su vez, obtiene beneficios económicos.El escollo que presenta esta postura es que esta norma solamente podría ser aplicada en relación a las personas que menciona dicha disposición, es decir, el dueño o guardián de la cosa, y al momento de producirse el daño el fabricante ha dejado de serlo por haberse desprendido de ella.

En esta línea, se inscribe actualmente la solución legal que consagra el art. 40 de la ley 24.240, incorporado por el art. 4 de la ley 24.999 establece que “si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el pro ductor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio”, agregándose que “el transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio”. Se concluye, estableciendo que “la responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan” y “sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena”. Esta norma abandona el régimen de la responsabilidad por culpa, ya que éste resulta inadecuado y desprotege a la víctima al recaer sobre ella la carga de la prueba y adopta un criterio de responsabilidad objetiva, siguiendo de ese modo los postulados del nuevo derecho en materia de daños que, con una concepción más solidarista, se centra en la comprobación de la existencia de un daño efectivamente sufrido por sobre la valoración de la conducta del autor.

Dicho todo esto, asume relevancia para dirimir la controversia el resultado que arroja la prueba pericial mecánica -sin perjuicio del análisis que infra se efectuará respecto de las restantes probanzas conducentes arrimadas a la causa-. Ello, a fin de determinar si ha existido un defecto de fabricación en el vehículo del actor y/o una insuficiente reparación por parte de las concesionarias de la red oficial del fabricante que torne aplicable el sistema deresponsabilidad objetiva que consagra el art. 40 de la ley 24.240; normativa -ésta- invocada por el accionante en el escrito inaugural.

3.1.- Análisis de la prueba pericial mecánica y su vinculación con otras probanzas arrimadas a la causa.

3.1.a.- El perito ingeniero mecánico informó, en su peritación originaria obrante a fs. 924/7, que el informe técnico de fs. 92/116, en la fotografía n° 14, mostraba el faltante de los inyectores correspondientes a los cilindros n° 1 y el n° 2 y evidencia de fuego en el lado izquierdo y superior del motor; “aunque todo ello no permit(ía) establecer como causa del siniestro una falla en algún inyector” (véase respuesta al punto de pericia 5°, propuesto por la parte actora, a fs. 925, del dictamen inicial). Esto último fue, a su vez, confirmado por el mencionado experto en oportunidad de contestar las impugnaciones al dictamen inicial, en cuanto afirmó que mantenía lo expuesto respecto de este punto, toda vez que “no ha(bía) elementos suficientes como para adjudicarle a la falla de un inyector el incendio del rodado del actor” (véase respuesta 2°, de fs. 932).

Expuso, por su parte, el perito mecánico que “el vehículo esta(ba) destruido totalmente en su parte delantera, lo mismo que el motor con todos sus accesorios”; añadiendo que “la carrocería donde fue alcanzada por el fuego comenza(ba) a estar corroída” y que “además e(ra) factible que la resistencia del material haya quedado resentida por el calor de las llamas” (véase respuesta a punto pericial 6° de fs. 925). Seguidamente, -frente a la pregunta del accionante de si se produjo una falla estructural del material del Audi 4- dicho perito refirió que “no se han observado indicios de la posible causa del incendio” (véase respuesta al punto pericial 8, de fs.925 vta.). Luego, frente al cuestionamiento de Lisola acerca de que si el incendio no se hubiese debido a una falla del producto y cuál/es podrían haber sido las causas de aquél, respondió que “pudo haber sido un cortocircuito en la instalación eléctrica” (véase contestación al punto 9°, a fs. 925).

El auxiliar -en respuesta al interrogante del actor acerca de si el lugar donde se encontraba el rodado pudo haber influido en su deterioro-, informó además que “el vehículo estaba a la intemperie por lo que se pudo deteriorar por acción de los agentes climáticos, lluvia, luz solar, etc.” (véase respuesta al punto de pericia 10°, de fs. 925 vta.). Añadió que el rodado se encontraba sobre una calle de tierra situada detrás y afuera del predio que ocupa “Audi Zentrum”, sito en la ruta Panamericana Ramal Pilar km. 46,809 (véase respuesta 4°, a fs. 932 de la contestación a las impugnaciones del perito).

De su lado, -ante el punto de pericia brindado por las codemandadas “Volkswagen Argentina S.A.” y “Audi A.G.” relativo a si era posible determinar con precisión si el rodado sufrió el reemplazo de pieza alguna y, en su caso, si las piezas reemplazadas eran originales de la marca “Audi”- el experto ingeniero destacó que las que se podían determinar con precisión eran las que constaban en las facturas de fs. 127, 132, 133, 142 y 143, las que fueron emitidas por concesionarias de la marca, “por lo que se debía asumir que los repuestos incorporados al rodado debieron ser originales de la marca”. (véase respuesta a punto de pericia 2°, ofrecido por las citadas codemandadas, a fs. 926). Continuó diciendo que, atento el estado del rodado, no era posible determinar con precisión si éste había sido objeto de reparaciones particulares, ajenas a los servicios de mantenimiento propios de la unidad y referidos en el “Manual de Asistencia – Garantía” (véase respuesta al punto 4°, a fs.926).

En ese marco, el perito señaló, teniendo a la vista el “Manual de Asistencia Técnica – Garantía”, que el plazo de la garantía para automóviles nuevos era de un (1) año -véase respuesta al punto de pericia 5°, de fs. 926-.

Aclaró que, de acuerdo a lo observado en dicho manual, “los servicios de inspección comprendían: cambio de aceite cada 15.000 km. o 12 meses; inspección cada 30.000 km. o 24 meses; cambio de líquido de freno cada 24 meses; agregando que también había trabajos adicionales que se facturaban por separado cada 30.000, 60.000, 90.000, 120.000 y 180.000. Añadió que otros eran después de los 3 años y cada 2, y uno a los 14 años” (véase respuesta al punto 6°, de fs. 926 vta.)

En tal sentido, el experto informó que del mentado manual se extraía que el actor realizó servicios de mantenimiento en “Espasa S.A.”, de acuerdo con el detalle descripto en la siguiente planilla:

Fecha Kilómetros Trabajos adicionales

Sin datos 18.319 No

Sin datos 39.445 No

17.11.2003 63.188 No

12.04.2005 103.802 Los de los 90 y 12.000 km.

Sentado ello, y frente al interrogante sobre si era posible determinar con absoluta certeza cuál habría sido la supuesta causa del incendio referido por el accionante, el experto ingeniero resaltó que “no era factible determinar la causa del incendio (véase respuesta 9°, a fs. 926 vta.).

Sin embargo, el especialista también destacó que “no hubo acción de fuego directa en distribuidor de combustible (Common rail) pero si la hubo en la virola donde iba conectada la manguera de goma, porque está más oxidada que el resto de la pieza” (véase contestación a impugnaciones de fs.962 in fine).

Desde esa perspectiva, dedujo entonces que “el fuego comenzó retirado del motor y no a la altura de los inyectores, por lo cual los inyectores de los cilindros 3 y 4 nada tuvieron que ver con el origen del incendio; sería improbable que la falla de uno fundiera al vecino prácticamente de la misma manera y que la cantidad de combustible fuera tal que llevara al múltiple de admisión a fundirse”. Indicó que cabía admitir que “para la fundición del múltiple debió haber habido una fuga relativamente grande de combustible en un corto lapso de tiempo”. Añadió, en ese marco, que “no ha(bía) en el sector instalaciones eléctricas, por lo que entonces cab(ía) darle la razón a la parte actora en cuanto a que no hubo un corto circuito que provocara el incendio”. Concomitantemente con ello el experto dejó aclarado que “cab(ía) descartar a los inyectores como origen del fuego porque el caudal de fuga por un sello sería muy bajo; caso contrario sucedía si se perforó o se rajó, cerca de la unión con el tubo de distribución, la manguera de goma” (sic) -véanse consideraciones brindadas por el perito a fs.963-.

Concluyó -de ese modo- el experto que “habida cuenta que la actora y la demandada coincid(ían) en que el origen del incendio fue una fuga de combustible dentro del vano motor, la falla en la manguera de alimentación de combustible a los inyectores explica(ba) la posibilidad de una masa relativamente grande de combustible derramado en un corto lapso de tiempo sobre el múltiple de admisión para lograr fundirlo; no así la falla de inyector que fue lo aducido por el actor en la demanda y a lo que tendían los puntos de pericia”. Explicó así que “nada indica(ba) que el vehículo contara con un sistema de interrupción de la marcha de la bomba de nafta ante una baja de presión excesiva en el tubo de distribución, producto del quemado del tapón de alivio de presión o al terminar de cortarse la manguera y/o por un elevado flujo de combustible que originó la falla, razón por la cual el incendio se agravó y alcanzó las dimensiones que señalara el actor en su demanda” (véanse conclusiones alcanzadas por el experto a fs.963).

En ese cuadro de situación, no debe obviarse que el perito ingeniero, frente al punto pericial efectuado por el actor en cuanto a que el Estudio “D.I.L.P.A.” concluyó en su informe que el incendio pudo haberse originado en una pérdida de combustible en el sistema de inyección, respondió que “e(ra) cierto pero no fue el causante ningún inyector propiamente dicho sino la manguera de goma que une la salida de la bomba de combustible con el tubo metálico de distribución de combustible a los inyectores, denominado common rail, que debió romperse en la unión con el common rail”. Enfatizó entonces que “esta causa explica que una gran cantidad de combustible pudiera caer sobre el múltiple de admisión de aluminio y al incendiarse lo terminara fundiendo muy lejos de la posición de los inyectores”. Aclaró que, dicho de otro modo, “el sistema de inyección de combustible no se compone únicamente de los inyectores propiamente dichos sino de varios componentes de entre los cuales el eslabón más débil es la manguera de goma señalada” (véase respuesta a punto pericial 1°, a fs. 969 de contestación a las observaciones a la pericia).

Tr áese a colación aquí que existe cierta coincidencia entre lo informado por el perito y el informe técnico suministrado por el Estudio de “D.I.L.P.A.” (véanse fs. 47/71 del aludido dictamen), en cuanto a que, según lo dictaminado por este último, en función de las características del siniestro de marras, “de las afectaciones observadas y de los materiales involucrados, p(odía) inferirse que las causales que dieran origen al presente suceso en estudio, “se relacionarían con una pérdida de fluido combustible (nafta) en el sistema de inyección de ese hidrocarburo líquido, en alguna de las conexiones o por algún desgaste en la junta superior de inyector” (véase fs.70); añadiéndose en dicho informe que esa “fuga habría posibilitado la generación de vapores de dicha sustancia en el interior de la cavidad de alojamiento del motor, los que habrían inflamado presumiblemente por chispas de componentes eléctricos próximos a la zona de inicio del proceso flamígero” y que “una vez comenzado el proceso combustivo de esta manera, se habría propagado rápidamente a través de las formas de transmisión de calor, debido a la alta calidad combustible de los materiales involucrados, culminando con los resultados conocidos” (véase fs. 70). De ello se sigue que, según el informe suministrado por el estudio de investigación de siniestros traído por el propio accionante como prueba instrumental junto con el escrito de demanda, las causales que dieron origen al siniestro sobrevenido respecto del vehículo de propiedad de aquél “se relacionarían” (por lo visto, el liquidador del siniestro no tenía certeza acerca de las causas que originaron el desperfecto o, en su caso, si éste hubiese tenido su origen en el vicio o defecto de la cosa) con una pérdida de fluido combustible (nafta) en el sistema de inyección de ese hidrocarburo líquido -y particularmente menciona- en alguna de las conexiones (bien podría ser de la manguera de goma que transporta el combustible) o por algún desgaste en la junta superior de inyector. En síntesis, el informe suministrado por “D.I.L.PA.” no brinda convicción probatoria alguna acerca de la existencia de una presunta “falla estructural” en el rodado marca “Audi”; circunstancia que no coadyuva a la postura esgrimida por el actor en su demanda; ello, sin perjuicio de lo que infra se dirá acerca del testimonio de Néstor Daniel Degregorio (véase fs.71).

Reanudando, pues, el examen del informe pericial, el especialista en ingeniería mecánica señaló que “en nada discrepa(ba) . con el actor en cuanto a que una fuga de combustible fue la causa del incendio del automóvil; pero nada indicaba que la fuga haya estado en un inyector, el origen estuvo en la falla en la manguera de goma que lleva combustible al tubo distribuidor al cual están conectados los inyectores”. Aclaró, además, que “por lo que hacía al suscripto la causa del incendio está definida, no fue ningún inyector sino la manguera de goma ya señalada” (véanse respuestas a los puntos de pericia 1° y 2°, a fs. 969).

Finalmente, -frente al argumento del actor de que las fallas eran todas imputables al fabricante (véase respuesta a los puntos de pericia 3°, de fs. 969)- concluyó el experto que “concretamente señalo solo una falla, en la manguera de combustible y nada más”; rematando -de manera dirimente- que “por el tiempo transcurrido no parece una falla de fabricación”.

No debe soslayarse que si bien la peritación en ingeniería mecánica fue impugnada tanto por el actor como por las demandadas (véanse fs. 929 y vta., fs. 936/7, fs. 947/8, fs. 965/6, fs. 977/8 vta., fs. 1013/4 y fs. 1040/1), lo cierto es que tales impugnaciones/observaciones fueron debidamente contestadas por el perito ingeniero con suficiente rigor científico en las sucesivas presentaciones efectuadas a fs. 932 y vta., fs. 962/3 vta., fs. 969 y vta. y fs. 1029. No obstante ello, cabe señalar que que para que las conclusiones emanadas del experto no sean tenidas en cuenta por este Tribunal, es de menester arrimar evidencias capaces de convencer de que los datos proporcionados por el especialista son insuficientes o inexactos.Es sabido que aún cuando los resultados del dictamen pericial no obligan a los jueces en la ponderación de la prueba, para prescindir de ella se requiere, cuando menos, que se le opongan otros elementos no menos convincentes (CSJN, 13.08.1998, in re “Soregaroli de Saavedra, María Cristina c/ Bossio, Eduardo César y otros”, Fallos, t. 321, pág. 2118). Es que la amplia libertad de los magistrados para apreciar dictámenes como el que nos ocupa, no implica la facultad para apartarse arbitrariamente de la opinión fundada del perito idóneo, como pretende el apelante, si existen razones para inferir que las conclusiones alcanzadas por el experto no resultan alejadas de la realidad, máxime, al haber sido obtenidas con base en la inspección ocular practicada sobre rodado siniestrado y en el material instrumental provisto por las partes.

Ahora bien, la evaluación que la juzgadora hizo del dictamen pericial invocando que éste da cuenta, por un lado, que la destrucción de la manguera de goma que conducía el combustible desde el tanque de nafta hasta la rampa de inyectores, por efecto del incendio, obstaba a la determinación precisa de las causas que originaron la ruptura de tal elemento y la consecuente fuga de combustible y, por otro lado, que la rotura de ese tubo de goma no pudo ser un defecto de fabricación, se muestra como razonable, a poco que se examine dicha peritación en ingeniería a la luz de las restantes probanzas obrante en autos, entre otras, la declaración del testigo Néstor Daniel Degregorio.

Repárese en que dicho deponente -de profesión licenciado de higiene, seguridad y control ambiental laboral (véase fs. 812 y sello de identificación obrante a fs. 71)- reconoció no tener instrucción respecto de la mecánica de los automotores (véase respuesta a interrogante 3° de fs. 814); lo que no hace sino poner en duda razonable la fuerza convictiva al informe elaborado por “DILPA”, obrante a fs. 47/71, que fuera elaborado y suscrito por ese testigo -véase sello aclaratorio de fs.71-.

A todo evento, señálese que Degregorio declaró -en contestación a la pregunta acerca de si constató algún defecto de fabricación en el “Audi” A4- que no constató ningún defecto de fabricación, indicando que “por lo menos el testigo no pudo advertir defecto de fabricación en el Audi A4” (véase respuesta 6° de fs. 813).

Más allá de lo anterior, resulta dirimente efectuar -a esta altura- una consideración específica vinculada a la vigencia, o no, de la garantía brindada por “Audi” en relación al vehículo aquí siniestrado.

3.2.- Lo relativo a la validez de la garantía legal asumida por el fabricante “Audi”.

3.2.a.- En efecto, no puede soslayarse que al tiempo de manifestarse la deficiencia generada en el vano motor del rodado, que ocasionó el incendio alegado ya estaba vencida la garantía asumida contractualmente por el fabricante, la que tenía una duración de un (1) año, según el “Manual de Asistencia Técnica – Garantía” a que hace mención el perito ingeniero en la contestación al punto de pericia 5°, de fs. 926 (véase asimismo fs. 35 del “Plan de Asistencia Técnica” acompañado por el propio actor con el escrito inaugural, como así también fs. 694 del informe prestado por “Volkswagen Argentina S.A.”, al que se hará referencia infra), por lo que desde tal perspectiva el actor carece de derecho de efectuar reclamo alguno con base en esa garantía legal.

En lo que a la garantía legal concierne, se aprecia necesario señalar, también, que el art. 11 de la Ley de Defensa al Consumidor remite al concepto del art. 2325, parte 2da., del Código Civil, es decir, que la garantía allí prevista se aplica a aquellas cosas que no dejan de existir por el primer uso que de ellas se hace, aunque sean susceptibles de consumirse o deteriorarse después de algún tiempo, resultando beneficiarios de esa garantía, tanto el consumidor como los sucesivos adquirentes de la cosa.La norma se refiere a la responsabilidad que la ley pone a cargo de todos quienes intervienen en la cadena de comercialización -según lo previsto por el art. 13 del citado cuerpo normativo-, fijando un plazo legal de vigencia por tres (3) meses si se trata de bienes muebles usados y de seis (6) meses para los demás casos -ello, a partir de su entrega-, plazos que pueden ser extendidos por convenio de partes, pero nunca disminuidos (cfr. Farina Juan M. ” Defensa del consumidor y del usuario” págs. 250/253, Picasso- Vázquez Ferreyra “Ley de Defensa del Consumidor, Comentada y Anotada”, pág 171 y ss.). Dicho esto, reviste importancia en la especie el hecho de que el fabricante no asumió una garantía por un plazo mayor que el legalmente previsto -doce (12) meses)- o, por lo menos, nada de ello fue acreditado -ni invocado siquiera- en el sub-lite; lo que conduce a concluir que dicha garantía sobre la unidad marca “Audi” se hallaba temporalmente vencida, se reitera, al tiempo de ocurrir los desperfectos en el vehículo del actor, que aquí nos ocupan.

Desde tal sesgo entonces, no puede obviarse que el art. 13 de la ley 24.420, en consonancia con el citado art. 11, establece -en principio, y siempre que se diera la condición de la vigencia de la garantía legal contractualmente asumida por el fabricante, hipótesis ésta desde ya descartada en el sub-examine, tal como se analizara supra- la responsabilidad solidaria de todos los sujetos obligados al otorgamiento y cumplimiento de la garantía legal (que involucran gastos por la reparación de la cosa, servicio técnico, suministro de repuestos, etc.), es decir que -se reitera: encontrándose vigente la garantía, supuesto que, tal como se anticipó, no se configuró en la especie- cada uno se obliga por el todo (arts. 701 y 705, Cód. Civil), sin perjuicio de las acciones de regreso entre las partes según las relaciones de contribución.Hecha esta referencia, obsérvese, sin embargo, que dicha normativa no resulta de aplicación al caso pues al tratarse de un vehículo que ha sufrido desperfectos técnicos fuera del plazo de la garantía legal no está aquí en juego inobservancia alguna respecto a su otorgamiento y/o cumplimiento de la misma.

3.2.b.- Hallándose establecido que el vehículo se encontraba fuera del lapso de garantía desde cualquiera de los ángulos posibles, luego de analizar la que fuera atribuida en autos y siendo que, como se ha dicho, no ha sido demostrada la existencia de vicio de origen susceptible de comprometer la responsabilidad del fabricante, queda por examinar si, en el caso, se encuentra configurado algún supuesto de responsabilidad derivado de una mala o deficiente prestación de un servicio post-venta legalmente previsto en los alcances del art. 12 de la LDC.

Debe quedar en claro, se reitera, que una cosa es la garantía por los vicios o defectos que pueda presentar el bien, garantía que obligará a la reparación o sustitución de éste, sin cargo para el adquirente (art. 11) y, otra cosa distinta es la obligación que el art. 12 de la ley 24.240 impone al proveedor, de asegurar la prestación de un servicio técnico adecuado para mantenimiento y suministro de partes y repuestos, incluso cuando es requerido fuera de la garantía legal, pues el citado art. 12, en principio, se refiere al servicio incluido tanto en la garantía legal como fuera de ella. Respecto de la extensión de este servicio post-venta, la reglamentación de la Ley de Defensa al Consumidor -decreto 1798/94- en punto al art. 12, exige el suministro de partes y repuestos nuevos solamente durante la vigencia de la garantía, señalando en esa línea, que la utilización de piezas usadas será permitida sólo en aquellos casos en que no hubiesen en el mercado nacional piezas nuevas y/o cuando medie autorización expresa del consumidor.Desde tal perspectiva y, aún cuando en la práctica se entienda que el garante debe contar con repuestos nuevos mientras ofrezca el bien y no deje de producirse en el mercado, lo cierto es que la reglamentación antedicha determina en forma clara que aquél no está obligado a suministrar repuestos nuevos para reparar aquellas cosas que se deterioraron fuera del plazo de la garantía legal. Así las cosas y, en este marco, ha de entenderse que, el plazo de vigencia del servicio técnico y la provisión de piezas y repuestos, en todo caso debe ser interpretado razonablemente, atendiendo a la naturaleza, calidad y probable vida útil de la cosa dentro de un uso normal.

En ese marco, cabe ingresar ahora en el análisis de los distintos servicios efectuados respecto rodado objeto de la litis, a los fines de dilucidar si, desde esta perspectiva, es posible responsabilizar al fabricante del producto y, en su caso, a sus litisconsortes codemandadas por los daños y perjuicios reclamados por el accionante.

A este respecto, cabe mencionar la contestación de oficio suministrada por “Volkswagen Argentina S.A.”, (anejada a fs. 693) de la que se desprende que: i) el vehículo mencionado fue inspeccionado con fecha 23.08.2006 -nótese que esta inspección tuvo lugar con posterioridad al siniestro-; ii) la inspección fue efectuada a requerimiento de la concesionario “Audi Zentrum S.A.”; iii) el motivo era inspeccionar dicha unidad, pues ésta había sufrido un incendio y; iv) de la inspección realizada a la unidad, se arribó a la conclusión que “Asistencia Técnica” no tuvo evidencias de que el origen del siniestro fuera atribuible a problemas del producto y que así se dejó asentado en el informe elaborado respecto de la unidad (véase fs.693).

A continuación, se efectuó, en dicho informe, el detalle de los servicios y atenciones que se efectuaron en la unidad, en concesionarios oficiales; aclarando que dicha compañía no tenía acceso a información de concesionarios que no fueran oficiales de la marca y que hubieren intervenido en relación al rodado en cuestión. En tal sentido, se describieron las siguientes intervenciones (véase fs. 693), a saber:

– 1° Intervención: “Espasa”, 26.03.2002, a los 3.799 km., cambio de retrovisor – NO ES SERVICIO.

– 2° Intervención: “Espasa” -Sin fecha- Sin factura- Solo sello en el Plan de Asistencia Técnica a los 18.319 km. (3.319 km. excedido), se le efectúa el servicio de 15.000 km.

– 3° Intervención: “Espasa”, 12.03.2003 a los 39.445 km.

Servicio de 30.000 km. o anual (9.445 km. excedido).

– 4° Intervención: “Automilenio”, 30.04.2003 a los 43.549 km., Cambio de bobina de encendido y bujías – NO ES SERVICIO.

– 5° Intervención: “Espasa”, 17.11.2003 a los 63.188 km. – Sin factura, o sea 23.743 km. después del último realizado, cuando el servicio es cada 15.000 km. (8.743 km. excedido).

– 6° Intervención: “Espasa”, 12.04.2005 (1 año y 5 meses desde el último servicio y debe ser cada año) a los 103.802 km. (desde el último servicio 40.614 km. sin realizar servicios).

– 7° Intervención: “The Collection (“Audi Zentrum Pilar”)” 28.04.2006 a los 129.989 km. – Reparación por choque, alineación y balanceo, cambio de pastillas de freno, NO ES SERVICIO, o sea 26.187 km. sin realizar servicio alguno y, además, a esto hay que sumarle todo lo recorrido hasta el incendio (véase fs. 694 del referido informe).

Se dejó sentado asimismo, en el aludido informe, que en los 130.000 km. que aproximadamente tenía recorridos al momento de la inspección, la unidad debió haber realizado al menos 8 servicios (véase fs. 694). A poco que se examinen los comprobantes de servicio copiados a fs.39/40 se advierte que -en todo caso- no fueron 4 sino 5 los servicios técnicos realizados por el accionante, pues dos de ellos se hicieron conjuntamente también con el kilometraje excedido, respecto del vehículo luego siniestrado, en distintas concesionarias de la red “Audi”.

Se puso de resalto, también en la peritación, que había períodos de 40.000 km. y el último de más de 26.000 km. sin hacer servicios, al menos en servicios oficiales “Audi”. A continuación, se hizo alusión de que el cliente sabía que debía efectuar los servicios cada 15.000 km., al menos realizarle cambio de aceite y filtro so riesgo de dañar el motor, indicando

-entonces- que o no realizó los servicios o los realizó en talleres no oficiales bajo su propia responsabilidad (véase fs. 694). Con respecto a la garantía, -tópico al que se diera tratamiento más arriba-, se dejó asentado que la unidad contaba con un (1) año de garantía, desde la fecha de entrega; afirmándose que el vehículo al momento del siniestro no estaba en garantía, más allá del tiempo transcurrido en exceso, el cliente no realizó los servicios en tiempo y forma, ni siquiera aún en el período de garantía (véase fs. 694).

En efecto, obsérvese que, tal como surge del primer comprobante, que luce anejado en la parte superior de la pieza obrante a fs. 39, el que no se encuentra fechado, el servicio correspondiente a los 15.000 km. fue realizado recién a los 18.319 km. en la concesionaria de “Audi” denominada “Espasa S.A.”; aclarándose en dicho instrumento que el servicio consistió en cambio de aceite e inspección del rodado y que el próximo servicio debía efectuarse a los 30.000 km.

De su lado, en el segundo comprobante agregado en la parte inferior de fs.39, sin fecha, se llevó a cabo el servicio a que alude el documento anterior recién a los 39.445 km., también en la concesionaria “Espasa S.A.”, oportunidad en la que realizó cambio de aceite e inspección, indicándose que el siguiente servicio debía concretarse a los 56.000 km.

-pese a que en lo que hace a este último kilometraje no aparece lo suficientemente clara la inscripción numérica allí inserta-.

Asimismo, en el tercer comprobante que luce en la parte ascendente de fs. 40, emerge que el servicio correspondiente a los 60.000 km. fue realizado recién a los 63.188 km., en “Espasa S.A.” con fecha 17.11.2003, el que consistió en cambio de aceite, inspección y cambio de filtro de nafta, según se extrae de la inscripción manuscrita incorporada dicho documento.

Por último, del cuatro comprobante acompañado a fs. 40, in fine, se desprende que el servicio de fecha 12.04.2005 fue llevado a cabo recién a 103.802 km., también en la concesionaria “Espasa S.A.”, dejándose expresamente aclarado que el mismo incluía dos (2) servicios, el correspondiente a los 90.000 km. y el de 105.000 km., y que consistía en cambio de aceite e inspección, como así también en el cambio de bujías y filtro de nafta, a lo que se adicionó el cambio de correa dentada. Se dejó constancia, en dicho instrumento, que el próximo servicio sería a los 120.000 km.

De lo anterior se colige que -ciertamente- fueron 5 y no 4 los servicios técnicos realizados sobre el automotor en las concesionarias de la red oficial del fabricante, lo que no obsta a considerar que tales servicios fueron concretados una vez transcurridos en exceso los kilometrajes indicados tanto en el “Manual de Asistencia – Garantía” (véanse fs. 37/8), así como en los comprobantes de fs.39/40 y en el informe presentado por “Volkswagen Argentina S.A.”, precedentemente analizados.

De allí que cabe concluir en que el actor no cumplimentó los servicios técnicos respecto de su vehículo, en tiempo y forma oportunos.

Repárese en que el último servicio registrado fue efectuado el día 28.04.2006, en la concesionaria “The Collection (“Audi Zentrum Pilar”)” y tuvo lugar a los 129.989 km. -, el que -según el informe de “Volkswagen Argentina S.A.”- comprendió reparación por choque, alineación y balanceo, además de cambio de pastillas de freno (véase fs. 694).

En ese marco, es dable destacar que el último servicio técnico practicado sobre el automóvil data de un (1) año, un (1) mes y días antes de producirse el siniestro en cuestión, el que aconteció, como es sabido, el 02.06.2006. Tal circunstancia basta, pues, para concluir en que el actor no dio cumplimiento acabado con las condiciones establecidas en el “Manual de Asistencia – Garantía” de la marca y que ni del peritaje producido en autos, ni de las restantes probanzas aportadas a la causa, surgen elementos suficientes que den cuenta de un obrar impropio de parte de las codemandadas en razón de su profesión.

A mayor abundamiento, cabe agregar que, del análisis efectuado por este Tribunal de las constancias de autos, se observa que en la factura librada por “Audi” con fecha 27.04.2005, que obra a fs. 24, aparece un rubro denominado “manguera” que presuntamente fuera suministrado, en esa fecha, por la concesionaria de la red oficial de “Audi”, “Espasa S.A.”, mas ello no contribuye para avalar la postura del reclamante, toda vez que no se especificó, en dicho instrumento, dato identificatorio alguno de esa particular pieza del automóvil. Es decir, que no se especificó a qué tipo de “manguera” se hacía referencia y, menos aún, si ésta era la que transporta combustible al tubo distribuidor que conecta a los inyectores.Amén de ello, repárese en que la fecha de la factura, y en la que presumiblemente se habría suministrado la referida pieza al actor, data de un (1) año, un (1) mes y días antes de producirse el evento dañoso, lo que -claramente- denota un largo período de tiempo sin que se hubiese verificado el estado del vehículo, al menos, no en una concesionaria de la red oficial “Audi”.

En este estado de cosas, hallándose vencida la garantía legal del rodado involucrado al tiempo de acaecer el siniestro invocado y no habiéndose realizado los servicios técnicos de rigor de acuerdo a lo establecido en el “Manual de Asistencia – Garantía”, queda demostrada una actitud negligente del apelante en lo que a esta cuestión respecta, por lo que no cabe sino rechazar los agravios deducidos y confirmar la sentencia apelada en todas sus partes.

V.- La conclusión.

Por todo lo hasta aquí expresado, propongo -pues- al Acuerdo:

1°) Rechazar íntegramente el recurso de apelación interpuesto por el actor y, en consecuencia;

2°) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que decide y fue materia de agravio;

3°) Imponer las costas de Alzada a cargo del accionante en su condición de parte vencida en la contienda (art. 68 del CPCCN).

He aquí mi voto.

Por análogas razones, la Señora Juez de Cámara Dra. Míguez y el Señor Juez de Cámara Dr. Alfredo Kölliker Frers adhieren al voto precedente.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los Señores Jueces de Cámara Doctores: Alfredo Arturo Kölliker Frers, Isabel Miguez y María Elsa Uzal. Ante mí. María Verónica Balbi. Es copia del original que corre a fs.del libro N° 125 de Acuerdos Comerciales – Sala A.

María Verónica Balbi

Secretaria de Cámara

Buenos Aires, 14 de julio de 2015.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve:

1°) Rechazar íntegramente el recurso de apelación interpuesto por el actor y, en consecuencia;

2°) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que decide y fue materia de agravio;

3°) Imponer las costas de Alzada a cargo del accionante en su condición de parte vencida en la contienda (art. 68 del CPCCN).

4°) Notifíquese a las partes y devuélvase a primera instancia.

5°) A fin de cumplir con la publicidad prevista por el art. 1 de la Ley 25.856, según el Punto I.3 del Protocolo anexado a la Acordada 24/13 CSJN y con el objeto de implementar esa medida evitando obstaculizar la normal circulación de la causa, hágase saber a las partes que la publicidad de la sentencia dada en autos se efectuará, mediante la pertinente notificación al CIJ, una vez transcurridos treinta (30) días desde su dictado, plazo durante el cual razonablemente cabe presumir que las partes ya habrán sido notificadas.-

Alfredo A. Kölliker Frers

Isabel Míguez

María Elsa Uzal