Rechazan pretensión de abogados de AFIP por abuso del Ius Variandi, en tanto la reasignación de funciones alegada resultó, incluso, beneficiosa.

Afip1Partes: Pantoja Encalada Ana María del Luján y otros c/ Administracón Federal de Ingresos Públicos s/ juicio sumarísimo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VIII

Fecha: 2-sep-2015

Cita: MJ-JU-M-95137-AR | MJJ95137 | MJJ95137

No importa un ejercicio abusivo del ius variandi la reasignación de funciones que realice la AFIP en relación a los letrados encargados de llevar adelante las ejecuciones fiscales.

Sumario:

1.-Cabe confirmar el rechazo de la acción intentada, pues las modificaciones generales instrumentadas por la demandada no importan un ejercicio ilegítimo del ius variandi que traduzca un perjuicio para los actores, pues ni la nueva función asignada ni las demás condiciones de trabajo resultan alteradas; por el contrario, las modificaciones cuestionadas importan una mejora en el nuevo grupo escalafonario asignado como así también en el porcentaje de apropiación del honorario propio con incidencia favorable para los actores en la distribución de la denominada cuenta de jerarquización.

2.-El carácter general de las modificaciones denunciadas por los actores, unido a la materia de que se trata que no es otra que la reorganización de una función estatal esencial de la AFIP, como el cobro de las ejecuciones fiscales, encuadran a la decisión adoptada dentro del legítimo ejercicio del ius variandi que la CSJN tiene reconocido en materia de empleo público.

3.-Las disposiciones cuestionadas de manera alguna exceden el legítimo ejercicio de las facultades discrecionales en materia de política administrativa de la demandada, en orden a su competencia para la reasignación de las funciones encomendadas a sus agentes, sin que existan elementos para sostener que las mismas podrían importar una descalificación y/o medida disciplinaria encubierta.

Fallo:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 02 del mes de septiembre de 2015.-

VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 236 y fs. 239/244, contra la sentencia dictada a fs. 224/35 en cuanto rechaza la acción sumarísima promovida en autos por los demandantes imponiendo las costas en el orden causado; y el deducido por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal también contra dicho pronunciamiento en tanto rechaza la pretensión de ser tenido como parte coadyuvante de la co-actora Carla Piccaluga.

Las apelaciones deducidas merecieron los respondes de la demandada que lucen a fs. 258/62 y fs. 263/64 vta.

CONSIDERANDO:

I.- Corresponde en primer término analizar la apelación interpuesta por la parte actora.

Que analizado el recurso interpuesto por el apelante se advierte que el mismo no traduce sino una mera discordancia con los fundamentos del a-quo para disponer el rechazo de acción intentada.

En efecto, en su expresión de agravios, la actora se limita a reiterar aspectos ya vertidos en presentaciones anteriores sin lograr conmover los fundamentos de la sentencia apelada.

En este sentido, el Tribunal comparte los argumentos del sentenciante de la instancia anterior en cuanto considera que las disposiciones cuestionadas en autos de manera alguna exceden el legítimo ejercicio de las facultades discrecionales en materia de política administrativa de la demandada, en orden a su competencia para la reasignación de las funciones encomendadas a sus agentes, sin que existan elementos para sostener que las mismas podrían importar una descalificación y/o medida disciplinaria encubierta.

La propia actora reconoce en su apelación, que la AFIP se encuentra facultada para disponer modificaciones en la asignación de tareas de sus agentes. Con cita del art. 11 del CCT Laudo 15/91 pretende que la demandada no pudo haber modificado la función de los actores.Sin embargo no se advierte que ello sea así, visto que la nueva posición escalafonaria asignada en función de la reorganización de tareas dispuesta, supone mejorar las condiciones de trabajo (pues los actores han pasado de revestir en el grupo 8 al grupo 17). Tampoco se advierte que las nuevas tareas que podrían serles asignadas a los actores en función del cambio de categoría -si es que ello ocurriese pues no existe constancia en autos de que tal posibilidad se hubiese concretado en la práctica- puedan resultar impropias o ajenas a la condición de abogados que revisten.

En otro orden de ideas, tampoco se comparten las afirmaciones respecto a los alcances del precedente de la CSJN “Gianola” (Fallos 330:2255) a tenor del cual el Máximo Tribunal ratificó la validez constitucional de la norma que habilitó a la demandada a nombrar otros abogados -distintos a los asignados a la función de “agente judicial”- para representar al Organismo recaudador en juicios de ejecución fiscal.

En todo caso, como expusiera este Tribunal en su anterior intervención en autos, si el perjuicio invocado se encuentra vinculado a la posibilidad de designación de nuevos abogados para llevar adelante ejecuciones fiscales, no se advierte que tal circunstancia se encontrara vedada a la demandada con anterioridad al dictado de las disposiciones impugnadas.

El carácter general de las modificaciones denunciadas por los actores, unido a la materia de que se trata que no es otra que la reorganización de una función estatal esencial de la AFIP como el cobro de las ejecuciones fiscales, encuadran a la decisión adoptada dentro del legítimo ejercicio del ius variandi que la CSJN tiene reconocido en materia de empleo público y que en particular y en relación a la demandada ha ratificado en Fallos 321:706 .

Y en este sentido al existir un texto específico que regula el caso (CCT aprobado por Laudo 15/91), el derecho debe analizarse a la luz de la norma que lo regula y no en el contexto de la normativa generale inespecífica de la LCT.

En este entendimiento no se advierte que las modificaciones generales instrumentadas importen un ejercicio ilegítimo del ius variandi que traduzca un perjuicio para los actores pues ni la nueva función asignada, ni las demás condiciones de trabajo, resultan alteradas en relación a lo ya previsto y aplicable a la función anterior de conformidad con el CCT vigente.

Por el contrario, las modificaciones cuestionadas, importan una mejora en el nuevo grupo escalafonario asignado como así también en el porcentaje de apropiación del honorario propio con incidencia favorable para los actores en la distribución de la denominada cuenta de jerarquización según lo alegado por la AFIP sin que tal circunstancia resultara controvertida por la contraria.

Todo esto lleva necesariamente a concluir en la inexistencia de agravio concreto para los actores, derivados de la implementación del nuevo régimen de gestión de las ejecuciones fiscales -y la consiguiente modificación del régimen de distribución de honorarios- que con carácter general ha dispuesto la demandada.

Por todo lo expuesto, corresponde en consecuencia rechazar el recurso de apelación deducido por los actores y confirmar la sentencia apelada en cuanto dispuso el rechazo de la acción sumarísima intentada por los mismos.

II.- En cuanto a la apelación deducida por el CPACF, también se comparten los fundamentos y conclusiones de la sentencia recurrida.

Y es que resulta evidente que en el caso de marras no se encuentra comprometido ni afectado el libre ejercicio de la profesión por lo que no es posible admitir la legitimación invocada por el apelante en los términos del art.20 de la ley

23.187 para ejercer la acción pública.

Se propone en consecuencia confirmar la sentencia de grado en cuanto desestimó la pretensión del CPACF de ser tenido por parte coadyuvante de la co-actora Carla Piccaluga, y rechazar con costas el recurso interpuesto por el CPACF.

III.- En cuanto a las costas, se propone confirmar su distribución en el orden causado por las generadas en la instancia anterior.

Respecto a las de esta instancia se imponen a la actora y al CPACF las correspondientes al rechazo de sus apelaciones.

IV.- El recurso de apelación de fs. 246/47 será desestimado por cuanto los honorarios fijados resultan adecuados a los trabajos realizados en el presente y en atención a la naturaleza de la cuestión debatida.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Rechazar las apelaciones deducidas por la actora y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y confirmar la decisión apelada en cuanto desestimó la pretensión del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y rechazó la acción sumarísima promovida por los actores en autos contra la Administración Federal de Ingresos Públicos; 2) Confirmar la distribución de las costas por su orden dispuesta respecto de las correspondientes a la primera instancia; 3) Imponer a los apelantes (actora y CPACF) las costas correspondientes a la segunda instancia; 4) Confirmar los honorarios regulados correspondientes a la instancia anterior y fijar los correspondientes a esta Alzada en el 25 % de lo que en definitiva les corresponda por la actuación en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4ºde la Acordada de la C.S.J.N. 15/13 y, oportunamente, devuélvase.

LUIS ALBERTO CATARDO

JUEZ DE CAMARA

ESTELA MILAGROS FERREIROS

JUEZ DE CAMARA

Ante mí:

ALICIA E. MESERI

SECRETARIA