Maltrato hacia los adultos mayores.

Adultos tercera edadAutor: Cabito, Silvia – Ortiz, Diego – Ver más Artículos del autor

Fecha: 5-nov-2015

Cita: MJ-DOC-7472-AR | MJD7472

Sumario:

I. Introducción. II. Construyendo un concepto de adulto mayor. III. Fundamentos del fenómeno. IV. Concepto de maltrato al adulto mayor. V. Marco normativo. VI. Tipos de violencia. VII. Factores de riesgo. VIII. Modalidad de abordaje. IX. La denuncia de violencia familiar. X. La adopción de las medidas cautelares. XI. Como cierre.

Doctrina:

Por Silvia Cabito (*) y Diego Ortiz (**)

I. INTRODUCCIÓN

La violencia hacia los adultos mayores es un tema que debe instalarse en la familia y en la sociedad para que se prevenga y se detecte precozmente. Las acciones deben procurar el resguardo y la reparación de los derechos vulnerados. Para ello, es necesario el compromiso, la sensibilidad y la solidaridad; de manera de coordinar y articular acciones entre todos los sectores, como profesionales, instituciones, organismos de gobierno, entre otros.

Es necesario que la comunidad se despierte y se sensibilice frente a la necesidad del adulto mayor de recibir apoyo y crear para ellos mejores condiciones de vida, tomando medidas de orden social, económico, psicológico y jurídico.

La idea del artículo es dar una serie de herramientas teóricas y prácticas para que puedan ser utilizadas en su trabajo cotidiano, cuando tomen contacto con casos en los que la víctima sea un adulto mayor.

II. CONSTRUYENDO UN CONCEPTO DE ADULTO MAYOR

Con respecto a la definición de «adulto mayor», tiene gran relevancia el dato cronológico. Es difícil separar la ancianidad del paso de la edad cronológica (1). Hay un problema para repensar, ya que cuesta determinar a partir de qué edad se es adulto mayor. Sin embargo, se han fijado algunas edades como producto de las convenciones internacionales.

Las Naciones Unidas, en la Primera Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, realizada en Viena en 1982, considera «adulto mayor» a ‘todas las personas a partir de los 60 años’.

La Organización Mundial de la salud (OMS) ha establecido la línea en «la edad de los 75 años». En realidad, el límite se irá extendiendo a medida que aumente la longevidad de la persona humana (2).

Por otro lado, el problema es más complejo porque la ancianidad no constituye solo un proceso biológico, sino que es también un concepto histórico y cultural.No se envejece por igual en el campo que en la ciudad, con una alimentación adecuada o no, llevando una vida sedentaria o activa, fumando y bebiendo, etcétera (3). Asimismo, es importante la integración familiar y/o social para evitar el aislamiento y el abandono.

III. FUNDAMENTOS DEL FENÓMENO

Tomamos como referencia el Modelo Integrativo Multidimensional, de Uri Bronfenbrenner (4), para procurar explicar el fenómeno de la violencia, dada su complejidad y la multiplicidad de factores intervinientes.

El macrosistema constituye el marco de creencias, valores culturales, concepciones acerca del poder, la obediencia, las perspectivas de género y de relación entre las generaciones, que influyen en la asignación de roles, derechos y responsabilidades. Muchos prejuicios, estereotipos e ideas negativas sobre la vejez subyacen a situaciones de maltrato.

El exosistema está conformado por las instituciones que operan en una sociedad, tales como la justicia, organismos legislativos y de seguridad, medios masivos de comunicación, que deben dar respuesta ante las situaciones de violencia, pudiendo en ocasiones legitimarla o revictimizar a quien la padece.

El mesosistema está representado por las redes institucionales que interactúan más cercanamente, como la escuela, los centros de salud o religiosos.

El microsistema es el entorno inmediato -la familia, los amigos, los vecinos- en el cual se va desarrollando la historia personal. Allí se ponen en juego las formas de vincularse, la circulación de los afectos, las relaciones de poder, los límites, la resolución de conflictos, que influyen sobre las distintas dimensiones de la personalidad: emocional, cognitiva, conductual e interaccional. Puede darse en este ámbito la transmisión generacional de la violencia como conducta aprendida.

IV. CONCEPTO DE MALTRATO AL ADULTO MAYOR

Entendemos el maltrato hacia los adultos mayores como toda acción u omisión que provoque daño al bienestar integral de la persona, que vulnera sus derechos, que se presenta en el marco de una relación de confianza (5), pero con características asimétricas, ya que se fundamenta en un desequilibrio de poder. Puede manifestarse en distintos ámbitos:doméstico-familiar, institucional y social y en forma de acciones u omisiones.

Para algunos autores, como Davobe, la agresión ejercida contra el anciano constituye un tipo particular de violencia porque opera bajo el móvil del desprecio, bajo la pretensión del no precio, o no valor, que el agresor adjudica al anciano. De allí que no sea casual encontrar relaciones estrechas entre la violencia y el sistema económico (6).

Normalmente la violencia al viejo opera a través de la manipulación, mecanismo psicológico de control. «Generalmente, al viejo no se le pega como a los menores de edad, pero se los maltrata a través del lenguaje y de lo que podría llamarse la “teoría de los hechos consumados” (como por ej. cuando se lo interna sin su consentimiento, se vende un inmueble bajo la promesa de una renta vitalicia, etcétera)» (7).

En la Primera Conferencia de Consenso sobre el Anciano Maltratado, celebrada en España en 1995, se acordó definir el maltrato al adulto mayor del siguiente modo: «… cualquier acto u omisión que produzca daño, intencionado o no, practicado sobre personas de 65 años o más, que ocurra en el medio familiar, comunitario o institucional, que vulnere o ponga en peligro la integridad física, psíquica, así como el principio de autonomía o el resto de los derechos fundamentales del individuo, constatable objetivamente o percibido subjetivamente».

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en relación con el maltrato hacia personas mayores, da una definición así: «… la acción única o repetida, o la falta de la respuesta apropiada, que causa daño o angustia a una persona mayor y que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza».

V. MARCO NORMATIVO

Es importante conocer cuáles son las herramientas jurídicas específicas de protección que respaldan la denuncia de violencia familiar.

1.Marco internacional

Las fuentes normativas internacionales vigentes tienen escasa proyección en el derecho interno (8).

En el ámbito internacional, uno de los mayores aportes es el Informe sobre el Envejecimiento, realizado en Viena en 1982, que contribuye a la creación de una nueva rama del derecho referida a la ancianidad.

Las propuestas de este Informe fueron las de trabajar para mejorar el acceso a la alimentación, vivienda y salud del anciano, así como también sus ingresos, el apoyo a las familias para atender a su cuidado y propender a la residencia del anciano en su propio domicilio, todo el tiempo que resulte posible. Sin embargo, solo son un conjunto de recomendaciones que cada Estado puede asumir o desechar según su arbitrio. Lo mismo pasa con los Principios de Naciones Unidas en favor de las personas adultas mayores (9) y la Declaración de Cartagena de Indias de 1992 sobre políticas integrales para las personas mayores en el área iberoamericana.

En marzo de 1995, se celebró la Conferencia de Copenhague. El párr. 26.° y el compromiso 2 de la Declaración surgida de este encuentro dicen: «Nosotros, los representantes del gobierno…, crearemos acciones… que mejoren la posibilidad de que las personas ancianas obtengan un mejor estilo de vida… desarrollaremos y mejoraremos políticas que aseguren a todas las personas una protección económica, social y cultural adecuadas durante… viudez, discapacidad y edad avanzada». Por otra parte, no se hablaba a nivel internacional, de violencia hacia el adulto mayor.

Recién años más tarde, las Naciones Unidas abordaron por primera vez la violencia contra las personas mayores en la II Asamblea Mundial del Envejecimiento (realizada en Madrid en el año 2002) en la que se presenta un informe al respecto.

La Red Internacional para la Prevención del Maltrato en el Anciano (INPEA), con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, hace público el Informe «Voces ausentes».

El art. 30 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dispone entre otras cosas lo siguiente:«… los hijos tienen el deber de honrar siempre a sus padres y el de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando estos los necesiten». A su vez, el art. 17 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos económicos, sociales y culturales estipula que toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica.

Por otra parte, si bien no son instrumentos específicos de violencia al adulto mayor, no debemos dejar de mencionar a la CEDAW (Convención para Eliminación de Discriminación contra la Mujer) y a la Convención para eliminar, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención Belem do Pará) , que han incorporado el tema de la violencia contra la mujer en el ámbito internacional como una violación a los derechos humanos y una ofensa a la dignidad humana.

2. Marco nacional

A. Constitución Nacional

En el ámbito nacional, nuestra Constitución contiene algunos artículos significativos para el tema, como por ejemplo, los siguientes:

– El art. 14 bis referido a la protección integral de la familia, es decir de sus miembros.

– El art. 33 referente a los derechos implícitos (como por ejemplo, la protección del adulto mayor).

– El art. 75, inc. 22 , que otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales de protección de los derechos humanos, como la CEDAW, que ya mencionamos.

– El art. 75, inc. 23, que insta a legislar y promover medidas que garanticen la igualdad de oportunidades, goce y ejercicios de los derechos, mencionando -entre otros- a los ancianos.

B. Las leyes específicas de protección contra la violencia familiar

Con respecto a las leyes de protección contra la violencia familiar, podemos mencionar:

– La Ley 81 de CABA (10), llam ada «principios rectores de las políticas públicas de la Ciudad de Buenos Aires para personas mayores», que en su art.2, expresa que «las personas mayores deben poder vivir con dignidad y seguridad, y verse libres de explotaciones y de malos tratos físicos o mentales».

Las personas mayores deben recibir un trato digno, independientemente de la edad, sexo, orientación sexual, raza o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y han de ser valoradas independientemente de su contribución económica.

Entre los principios de independencia, en el art. 3, se plantea el principio de tener posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables a sus preferencias personales y a sus capacidades en continuo cambio.

Entre los principios de cuidados, el art. 5 plantea tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado.

La Ley 24.417 no contiene un tratamiento puntual de los adultos mayores; solo los menciona en el art. 2 , juntamente con los niños, niñas, adolescentes y padecientes mentales, como sujetos vulnerables y posibles damnificados.

Por otro lado, el art. 4 de la Ley 12.569 de la Provincia de Buenos Aires (modificado según la Ley 14.509 ) expresa que cuando las víctimas fueran menores de edad, incapaces, «ancianos» o discapacitados, es decir víctimas «que se encuentren imposibilitadas de accionar por sí mismas», estarán obligados a hacerlo sus representantes legales (desde ya, el adulto mayor no tiene representante legal), los obligados por alimentos y/o el Ministerio Público. Con esto quiere decir que el único impedimento para denunciar, conforme la ley provincial, es la imposibilidad física o psíquica.

La Ley 26.485 de Protección Integral de la Mujer no menciona el supuesto, pero habilita a denunciar por sí mismo, siempre y cuando no exista una imposibilidad física y psíquica (art. 24 ).

VI. TIPOS DE VIOLENCIA

La violencia hacia los adultos mayores presenta diferentes tipologías:

1. Física:

La que se ejerce sobre el cuerpo de una persona mayor produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo, que afecte su integridad física.Algunos ejemplos de este tipo de maltrato son golpear, abofetear, quemar, empujar o zarandear. También se incluyen aquí las restricciones físicas y químicas cuando estas no tienen una prescripción médica adecuada.

2. Psicológica:

La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento. Se incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia, sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, celos excesivos, chantaje, ridiculización, limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación.

3. Sexual:

Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con acceso genital o sin él, del derecho de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación. Algunos ejemplos son los siguientes: tocamientos o besos; introducción oral, anal o vaginal de objetos, dedos o pene; acoso sexual; obligar a la persona a realizar actos sexuales al agresor o a ver material pornográfico.

4. Económica / Patrimonial:

La violencia que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales, a través de la perturbación, de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; la pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; la limitación o control de sus ingresos, la falsificación de su firma y la coacción para obligarle a firmar documentos (contratos o testamentos).

5. Ambiental:

Cualquier acto, no accidental, que provoque o pueda producir daño en el entorno con el objeto de intimidar. Por ejemplo:dar golpes a puertas, romper cosas, destruir objetos con especial valor sentimental para la víctima, maltratar a los animales domésticos, desordenar o ensuciar a propósito.

6. Abandono:

Consiste en desatender las necesidades básicas, entendiendo por tales la alimentación, la higiene, una vestimenta adecuada al clima y la asistencia sanitaria, entre otras. Puede ser: – por negligencia: desconocimiento, incapacidad del cuidador o persona a cargo, – por abandono de persona: de manera voluntaria e intencional o – por ausencia de redes sociales y vínculos familiares (asociada a la imposibilidad física y/o psíquica de su propio cuidado).

7. Estructural:

Ocurre cuando no se han generado las condiciones para la adecuada satisfacción de las necesidades básicas de las personas afectando el ejercicio de los derechos humanos y ciudadanos, incluye la falta de políticas y recursos sociales y de salud. Puede ser de varios tipos: «previsional» (ausencia de beneficio previsional: jubilación y/o pensión), «salud» (dificultad en el acceso o ausencia de servicios de salud), «vivienda» (carencia habitacional), «alimentos» (carencia alimentaria).

8. Cultural / Simbólica:

Aquella violencia ejercida por el entorno social y cultural. La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos se transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales. Por ejemplo, el «viejismo» (percepciones estereotipadas que subordinan a este grupo de edad a la discriminación social:carencia de imágenes positivas de los ancianos en anuncios y programas de televisión; en el uso de la lengua cotidiana «Los viejos son todos enfermos», «viejo verde», «viejo sordo», «viejo gagá») o el «infantilismo» (tratar a las personas mayores como niños y, por tal motivo, tomar decisiones por ellos). También la deficiente información que se les brinda a las personas mayores para que puedan llevar a cabo sus trámites y / o servicios.

Desde el punto de vista jurídico, el concepto de «adulto mayor» se puede expresar a través de los distintos tipos de violencia que mencionan las leyes de protección (Ley 24.417, Ley 12.569 y Ley 26.485).

El maltrato al adulto mayor se da a través de golpes, empujones, ofensas verbales, psicológicas, sexuales, negligencias o violación de los más elementales derechos individuales.

VII. FACTORES DE RIESGO

Se considera «factor de riesgo» a cualquier circunstancia que aumenta la posibilidad de que un problema se produzca; no constituyen una causa, pero sí pueden estar asociados a la aparición o agravamiento del problema. En casos de violencia, hay factores de riesgo relacionados con la víctima, como incapacidad física y / o mental, existencia de ideas de suicidio, intentos de suicidio o autoagresiones, dependencia para las ABVD (Actividades Básicas de la Vida Diaria), ser mujer mayor de 75 años (a mayor edad, mayor riesgo), historia de malos tratos en la infancia u otros vínculos violentos (transmisión intergeneracional de la violencia), existencia de signos de deterioro cognitivo, presencia simultánea de varias tipologías de violencia, situaciones de encierro y / o de obstaculización para llevar a cabo actividades de la vida cotidiana que favorecen el ocultamiento o negación de la violencia padecida.

Con relación al victimario, los factores de riesgo pueden ser variados:uso de armas o acceso a ellas, presencia o presunción de patología psiquiátrica, falta de capacitación para cuidar al adulto mayor con enfermedad física y / o mental, dependencia económica de la víctima, abuso de alcohol o drogas, antecedentes penales, aprendizaje intergeneracional de la violencia (hijos que fueron maltratados por sus padres en el pasado), concepciones negativas acerca de la vejez y el proceso de envejecimiento.

También existen factores de riesgo relacionados al entorno: ausencia de redes de apoyo social (en víctima y en victimario), ausencia de red familiar contenedora, haber cedido vivienda a cambio de cuidados, institucionalización del adulto mayor en residencia geriátrica sin su consentimiento, escasez de recursos económicos y/o vivienda, existencia de apoderado o familiar que maneje los bienes o recursos económicos de la persona mayor, concepciones prejuiciosas y negativas acerca de la vejez por parte de funcionarios públicos y directores de instituciones privadas, que pueden generar la revictimización.

En muchos casos, cabe preguntarse por qué se perpetúan las situaciones de violencia y puede obedecer a varias razones, tales como la dependencia del agresor (emocional o económica), sentimientos de culpa o vergüenza, temor a represalias o ser institucionalizado, miedo a la ruptura de relaciones afectivas (vínculo con hijos o nietos), naturalización del maltrato por ciertas creencias tradicionales, y el síndrome de indefensión aprendida, que implica para la persona el convencimiento de que nada puede cambiar, que no hay posibilidades de resolución de la problemática. Por eso, la persona mayor puede presentar expresión confusa, dificultades para recordar, justificaciones o minimizaciones, temor, crisis de llanto.

VIII. MODALIDAD DE ABORDAJE

– «Trabajo interdisciplinario»: Ninguna disciplina por sí misma puede abarcar el complejo fenómeno de la violencia.

– «Intervención en red»: Activación de redes, familiares, institucionales y comunitarias.

– «Estrategias»: Específicas, focalizadas e integrales.Las entrevistas que se realizan en casos de violencia necesitan la disposición de un espacio adecuado que respete la privacidad, que la persona pueda acudir acompañada por un familiar o persona de confianza, que el equipo profesional brinde co ntención emocional, promueva la expresión de emociones, respete las decisiones y demuestre la continuidad del apoyo; que pueda ser confrontada la resistencia a la intervención por miedo a represalias o sentimientos de temor, culpa y vergüenza, se enfaticen los logros y se informe sobre los riesgos de permanecer en la situación de violencia. Es importante evitar intervenciones que tiendan a revictimizar.

IX. LA DENUNCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR

Cuando la víctima es un adulto mayor que no tiene un padecimiento mental, la posibilidad de denuncia de violencia familiar no presenta graves inconvenientes, ya que es plenamente capaz y desde ya legitimado activo para denunciar. Sin embargo, cuando la víctima es un adulto mayor, que padece enfermedad mental, la denuncia de violencia familiar es particular por varios motivos. Comenzando con el tema del acceso a la justicia que implica una conexión directa con el art. 12 de la CDPD (11), en cuanto a que la garantía procesal debe considerar por esencia la capacidad jurídica de las mujeres y hombres con discapacidad en la manifestación de su voluntad ante los Tribunales de Justicia e instancias colaterales, extendiéndose a los respectivos sistemas de apoyo (12). Esta solución resulta adecuada, en cuanto a que si un sujeto no puede presentarse ante el juez y pedir aquello que atienda a sus necesidades, porque no comprende siquiera qué significa presentarse ante un juez ni logra expresarlo de ninguna manera, hay que preguntarse de qué otro modo podría remediarse esa situación, si no es a través de alguien que reclame en su nombre (13).

Otro de los temas para tener en cuenta es que cuando se habla de denuncia de violencia familiar, sobrevuela el miedo de denunciar, ya que suele haber casos en los que las víctimas denuncian a sus hijos o a sus nietos.Cuando están por denunciar, se encuentran con el dilema de «no denunciar para no traicionar a los familiares» y de «denunciar para proteger su integridad».

En el momento de la denuncia, es importante la paciencia y la escucha activa de los profesionales. Hay que repreguntar si es necesario y si no quedó claro lo que relata la víctima. También es importante la información posterior de la denuncia, sobre los pasos que hay que seguir y sobre los recursos de atención adecuados.

X. LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

Las medidas cautelares son aquellas herramientas jurídico-procesales que sirven para garantizar los derechos personalísimos de las víctimas de violencia familiar, como por ejemplo adultos mayores. Apuntan principalmente al cese de la violencia; es decir, a ponerle un freno legal a la violencia.

Las medidas son provisorias, duran un tiempo y pueden ser prorrogadas antes del vencimiento de su plazo (desde ya la prórroga de las medidas debe estar fundamentada).

La especialidad también se da en las medidas de protección. Hay fallos de Costa Rica que plantean el deber de investigar con mayor amplitud la situación real cuando hay un adulto mayor de por medio (14). Por ende, no resulta oportuno ni prudente el rechazo de la solicitud de medidas de protección (15).

La Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia de México dictó un fallo (16) en el que se mandó dar una protección reforzada a los derechos de los adultos mayores. La protección reforzada consiste en la facultad de los jueces de solicitar más pruebas de las que se hayan presentado. El fundamento de esta decisión ha sido que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección porque muchas veces, al depender económicamente de sus familiares, son víctimas de discriminación y de abandono (17).

XI.COMO CIERRE

Como cierre, cabe resaltar la necesidad de informar a la sociedad acerca de los derechos de los adultos mayores, empoderarlos para que puedan ejercerlos y sensibilizar acerca de su frecuente vulneración, en virtud de prejuicios, estereotipos negativos con respecto a la vejez, naturalización de formas de maltrato, tendencia creciente al abuso económico, etc. Considerar que se requiere capacitar a las personas que puedan tomar contacto con la problemática, como profesionales de ámbitos públicos y privados, fuerzas de seguridad, funcionarios judiciales, agentes sanitarios, etc. El primer paso que da la persona mayor para revelar la problemática de violencia es muy difícil de afrontar, porque muchas veces involucra a un ser querido o alguien con quien tiene alguna relación de dependencia (cuidadores, por ejemplo), siendo además importantes la contención emocional, la evaluación del riesgo, la orientación jurídica y el armado de una red de apoyo (familiar, social o institucional).

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(1) KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída: «Las personas ancianas en la jurisprudencia argentina. ¿Hacia un derecho de la ancianidad?», en Revista Chilena de Derecho, vol. 33, N.° 1, 2006, pp. 37-68.

(2) KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída: op. cit.

(3) MORELLI, Mariano: «Ética, derecho y ancianidad. Algunas cuestiones vinculadas con el concepto de ancianidad», en Revista de Bioética y Bioderecho, N.º 4, 1999.

(4) BRONFENBRENNER, Urie: La ecología del desarrollo humano. Buenos Aires, Paidós, 1987.

(5) Declaración de Toronto para la Prevención Global del Maltrato a las Personas Mayores (2002).

(6) DAVOBE María I.: Violencia y Ancianidad, DJ. 1992-2-1165.

(7) DAVOBE María I: Violencia y Ancianidad, DJ. 1992-2-1166.

(8) KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída: op. cit.

(9) Resolución de la Asamblea General 46/91 del 16/12/91.

(10) Sancionada el 8/10/98.

(11) Art. 12: «Igual reconocimiento como persona ante la ley. 1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. 2.Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. 3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica: 4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas. 5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria».

(12) PALACIOS, Agustina: Discapacidad, justicia y Estado. Acceso a la justicia de personas con discapacidad. Buenos Aires, Infojus, 2012, p. 53.

(13) Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut, 29/9/2014, Expte. N.° 23083-171-2013, «M., J. L. s/ incapacidad».

(14) Sentencia 01218, Voto de Mayoría, Tribunal de Familia, 18/8/2005. Desde ya, cabe aclarar que en Costa Rica hay una ley especial de protección integral al adulto mayor (Ley 6600).

(15) Sentencia 01218, Voto de Mayoría, Tribunal de Familia, 18/8/2005.

(16) Dicta Corte Sentencia en favor de adultos mayores, Noticieros Televisa, 2/4/2015.

(17) Dicta Corte Sentencia en favor de adultos mayores, Noticieros Televisa, 2/4/2015.

(*) Psicóloga, UB. Posgraduada en Violencia Familiar. Docente en programas de capacitación gerontológica.

(**) Abogado, UBA. Profesor Universitario en Ciencias Jurídicas, UBA. Especialista en Violencia Familiar, UMSA. Docente de Derecho de Familia y Sucesiones y de Contratos Civiles y Comerciales, UBA.