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Clínica privada debe indemnizar por daño moral a parturienta que debió dar a luz en un consultorio acondicionado, por encontrarse inaccesibles las salas de parto por falta de suministro eléctrico.

blurred figures wearing medical uniforms in hospital surgery corridor

Partes: S. L. O. c/ Clínica de la Esperanza y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: I

Fecha: 10-sep-2015

Cita: MJ-JU-M-95008-AR | MJJ95008 | MJJ95008

Clínica privada debe indemnizar por daño moral a parturienta que debió dar a luz en un consultorio acondicionado, por encontrarse inaccesibles las salas de parto por falta de suministro eléctrico. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Cuadro 3

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar parcialmente a la demanda entablada por quien en ocasión del alumbramiento fue atendida en un consultorio preparado para ese efecto debido a que, por un corte de electricidad no se pudo utilizar el ascensor que la conduciría a la sala de parto, estando el nosocomio y la obra social demandados obligados a resarcir el daño moral infligido a la actora ya que su ansiedad y temor por el alumbramiento mismo se vieron agravados por la lamentable circunstancia de no poder ser asistida en un lugar adaptado para afrontar -eventualmente- todas las circunstancias del caso, imprevistas o no, que pudieran complicar el alumbramiento.

2.-La falta de energía o de un grupo electrógeno para suplir una eventual falla o corte (programado o no) en un hospital o clínica da cuenta de una conducta negligente en materia altamente sensible como es la atención de la salud y el hecho de que el parto se desarrollara sin complicaciones y/o que se acondicionara el consultorio con los elementos necesarios para el alumbramiento no la exime de culpa por cuanto violó el deber de seguridad que las circunstancias imponían.

3.-Probado el corte de luz el día en el que la actora concurrió a dar a luz a la clínica demandada, y no habiéndose denunciado ni acreditado la existencia de un evento inevitable, con punto a tener por acreditado el factum o hecho imputado y la negligencia por parte de la demandada, y por tanto el incumplimiento con el elemental deber de seguridad, generado por la falta de previsión en cuanto a la provisión de energía eléctrica para un adecuado servicio.

4.-Si bien el paciente afiliado tiene una acción directa contra la prestadora y contra el médico, también la tiene contra la obra social, por incumplimiento o cumplimiento irregular de la asistencia debida en razón de una obligación tácita de seguridad.

5.-La obra social es responsable por el hecho de los profesionales que integran su cartilla, y de aquellos que integran el cuerpo médico de los institutos, clínicas o demás instituciones a través de las cuales se presta el servicio, aún cuando ese servicio se brinde por la vía de su tercerización y para lo cual se celebran los respectivos contratos que contienen una clara estipulación a favor del tercero, que resulta ser el afiliado beneficiario art. 504 del CCiv.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 10 días del mes de septiembre del año dos mil quince, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala «I» de la Cámara Civil, para conocer de los recursos interpuestos en los autos: «O. c/ CLINICA DE LA ESPERANZA y Otro s/ daños y perjuicios» respecto de la sentencia corriente a fs. 789/793 de estos autos, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el orden siguiente: Dres. UBIEDO, CASTRO y GUISADO.

Sobre la cuestión propuesta la Dra. UBIEDO dijo:

I. Contra la sentencia recaída a fs. 789/793 en virtud de la cual se rechaza, con costas por su orden, la demanda deducida por S. L. O contra la Clínica de la Esperanza (CELSO SRL) y O.S.E.C.A.C. (Obra social de empleados de comercio y actividades civiles) apelan la actora y la codemandada OSECAC.

A fs. 810/ 815 expresa agravios la demandante los que son respondidos a fs. 816/19 por OSECAC quien a su vez se agravia por la imposición de costas por su orden lo que merece la respuesta de 824/825. A fs. 821 obra el responde de la codemandada Clínica la Esperanza Celso SRL y de Paraná Seguros S.A. -citada en garantía como aseguradora de la nombrada-.

La actora reclama un resarcimiento en concepto de daño psicológico y daño moral y el reintegro de gastos médicos y costo de tratamiento psicológico atribuyendo a las demandadas una deficiente atención en el parto en el que diera a luz a su hijo Mateo Eeren, el que tuviera lugar el 23 de diciembre de 2007 en las instalaciones de la clínica codemandada, prestadora de OSECAC.Relató en su demanda que un corte de luz producido durante los trabajos de mantenimiento de los ascensores impidió que fuera trasladada a la sala de partos, sita en pisos superiores, siendo acondicionado para el acto concretado tiempo después un consultorio sito en la planta baja. Las demandadas niegan el denunciado corte de luz y la existencia de daños en relación causal con el hecho que se relata y específicamente OSECAC afirma que no le es imputable la momentánea falta de energía que se denuncia pues no advierte como podría haber evitado tal contingencia. A su vez la citada en garantía Paraná Seguros niega culpa de su asegurada y nexo causal con los daños denunciados; informa acerca del límite de la cobertura y solicita expresamente la aplicación del art. 505 del Código Civil en materia de costas, para el eventual supuesto de condena.

El magistrado de grado rechazó la demanda con fundamento en que si bien se encontraba reconocida la existencia de un corte de luz que impidió el uso de ascensores y obligó a la atención del alumbramiento en un consultorio de planta baja arribó a la conclusión de que ello en manera alguna pudo conducir a la existencia de los daños denunciados pues a la paciente se le brindó una asistencia adecuada, el parto fue normal y no hubo secuela dañosa alguna para ella y su hijo. Asimismo considera que no se encuentra probado que el parto fuera de la sala correspondiente provocara la conjuntivitis del nacido, agravando la preocupación y angustia de la madre, como se dijera.

La actora se agravia del decisorio con fundamento en que se violó el deber de seguridad al no contarse con luz para la atención de la parturienta, que el corte lo fue por un hecho propio del mantenimiento de los ascensores, que hubo negligencia por no estar provista de un grupo electrógeno para los ascensores y que de haber mediado complicaciones no se hubiera contado con los aparatos e instalaciones propios de una sala de partos adecuada.Que ello le causó un profundo temor y angustia, más allá de lo normal para ese padecimiento, llegando a sufrir daño psicológico, lo que acreditara con la pericial respectiva.

Por su parte la codemandada OSECAC se queja por la imposición de costas por su orden, violándose con ello el principio objetivo de la derrota.

Paso a considerar las quejas resumidas precedentemente.

II. En primer lugar, contrariamente a lo señalado por la codemandada OSECAC al responder a los agravios de la actora, debo señalar que no advierto que el recurso de ésta se encuentre desierto en los términos del art. 276 del Código Procesal Civil y Comercial. En la pieza de fs. 810/814 -punto 5- se alude a la conducta a que estaba obligada la prestadora del servicio, se insiste sobre las obligaciones incumplidas y se destacan las probanzas considerando la quejosa que no fueron valoradas adecuadamente no obstante acreditar los daños experimentados. En consecuencia, no cabe admitir la pretensión, lo que así propicio.

Sentado mi criterio sobre este aspecto de los agravios y ya en el terreno de analizar las quejas de la clínica demandada a la luz de las pruebas obrantes en autos debo destacar que al contestar la demanda ambas accionadas negaron el evento denunciado como dañoso, cual fuera el corte de luz que se produjera en la clínica. Sin embargo, ninguna referencia hicieron en punto a las propias constancias emanadas de la HC correspondiente al parto y atención dispensada, en la que se dejara debida y claramente asentado dicho evento. Concretamente en la hoja de enfermería del 23 de diciembre -turno mañana-, se asienta «.se realizó parto en consultorio nº 5 por corte de luz, supervisora trasladó todo el material necesario, se realizó parto con éxito.» (v. fs. 128 y pericial a fs.756/761).

Insisto, se negó el hecho y consecuentemente nada se dijo respecto a las causas que provocaran la falta de energía, no invocando las demandadas argumento alguno que -debidamente acreditado- justificara la falta de energía.En esta línea de defensa se destaca también el hecho de que al contestar la demanda la prestadora del servicio adujera que «cuenta con cuatro ascensores, tres destinados a cirugía y el resto a los restantes pisos y neonatología y es que es obvio que si se tiene que reparar alguno no se anulan los restantes» (v. fs. 393 punto IV), pero nada aporta para acreditar estos dichos ni arrima elementos favorables a su postura defensiva.

Como surge del informe obrante a fs. 568, la autoridad de aplicación establece, determina e impone requisitos que hacen a las condiciones edilicias, técnicas y de recursos humanos de los establecimientos de atención a la salud, siendo responsable la prestadora por la ausencia total o parcial de ellos. En este sentido la falta de energía o de un grupo electrógeno para suplir una eventual falla o corte (programado o no) da cuenta de una conducta negligente en materia altamente sensible como es la atención de la salud (Programa Nacional de Garantía de la Calidad de la Atención Médica, Res.573/2000, Normas de Organización y Funcionamiento del Área de Cirugía de los Establecimientos Asistenciales, B1.3.3, M.I.3.3.a, A.I.3.3.a).

Por lo demás el hecho de que el parto se desarrollara sin complicaciones y/o que se acondicionara el consultorio con los elementos necesarios para el alumbramiento -según constancias de la HC ya mencionadas- no la exime de culpa por cuanto violó el deber de seguridad que las circunstancias imponían, sin perjuicio de la ausencia de daños en que sustenta el magistrado el rechazo de la demanda.

Ahora bien, probado el corte de luz (terminantemente negado por las demandadas) y no habiéndose denunciado ni acreditado la existencia de un evento inevitable, con caracteres de caso fortuito o fuerza mayor, nada mas cabe señalar en punto a tener por acreditado el «facttum» o hecho imputado y -a mi criterio- la negligencia por parte de la codemandada y por tanto el incumplimiento con el elemental deber de seguridad, generado por la falta de previsión en cuanto a la provisión de energía eléctrica para un adecuado servicio en la atención del parto de la actora.

III. También deberá responder la codemandada OSECAC como deudora frente a la paciente de la organización de un sistema prestacional confiable, en el que se respetaran sus derechos.

Al respecto es dable destacar que, el requerimiento del beneficiario a que su obra social le preste asistencia médica es el ejercicio del derecho que adviene a su favor como efecto de una obligación legal y el servicio que se le presta a través de las clínicas, institutos o sanatorios y profesionales médicos de la cartilla se encuentra comprendido en dicho marco normativo. Si bien el paciente afiliado tiene una acción directa contra la prestadora y contra el médico, también la tiene contra la obra social, por incumplimiento o cumplimiento irregular de la asistencia debida en razón de una obligación tácita de seguridad (v.nota a fallo diario La Ley del 25 de febrero de 1998, pag.7/8).

Por otra parte, y a mayor abundamiento, es responsable por el hecho de los profesionales que integran su cartilla, y de aquellos que integran el cuerpo médico de los institutos , clínicas o demás instituciones a través de las cuales se presta el servicio , aún cuando ese servicio se brinde por la vía de su tercerización y para lo cual se celebran los respectivos contratos que contienen una clara estipulación a favor del tercero, que resulta ser el afiliado beneficiario art. 504 del Código Civil.

Esta Sala, en su antigua composición ha dicho -en criterio que comparto- que «.si en el caso concreto se demuestra que un médico incurre en mala praxis, la obra social responde en virtud de la obligación tácita de seguridad por el servicio que presta, obligación que reconoce un fundamento constitucional, el art. 14 de la Constitución Nacional (AeDOxpte. «F., N. M. D. c/ V., G.D. y otros s/ daños y perjuicios» nº.42.727/92 del 23 de junio de 2000 y sus citas). Allí se dijo además que «.por cierto que no se puede pretender que representantes de la Obra Social estén presentes en todos y cada uno de los actos médicos que llevan a cabo diariamente los prestadores con los que cuenta la Obra Social, pero ello no la exime de la mentada obligación de seguridad.».

La responsabilidad se asigna a ambas demandadas en forma concurrente, por lo que la acreedora tendrá derecho a reclamar el pago de los perjuicios que puedan determinarse de uno, o todos los codeudores, extinguiendo el pago hecho por uno de ellos la obligación de los otros (esta sala expediente N° .90.678/2006 «Candia Vásquez, Susana Beatriz c/ Toziano, Mariano Luis s/ daños y perjuicios» de fecha 08/06/2015).

IV.Ahora bien, el incumplimiento acreditado no determina per se la imposición de un resarcimiento, siendo carga de la damnificada acreditar la existencia del daño y su nexo causal con el incumplimiento (arts. 520 del Código civil y 377 del ordenamiento de rito), deber éste que adolece de suficiente fuerza probatoria que arrime suficiente convicción en lo que hace a la existencia de daños.

En efecto, para que conductas o causas resulten jurídicamente atendibles justificando un resarcimiento, es necesario acreditar que el daño es cierto y guarda nexo de causalidad con el evento. Así, conforme el reproche o censura que merezca la conducta en cuestión (dolo o culpa) será el alcance de ese resarcimiento, y para que resulten o no comprendidas en ella las consecuencias que se dicen derivadas del hecho originario es ineludible atender a la llamada causalidad jurídicamente relevante (v. Marcelo J. Lopez Mesa- Felix Trigo Represas «Tratado de la Respsonsabilidad Civil, cuantificación del daño» Ed. La Ley cita a voto del Dr. Jorge Jaquín Llambias, Sala A in re Pascale c/ Marcatello del 28/4/75 publicado en LL 1975- D- 444).

Se plantea en el caso el interrogante de si la omisión en la adecuada prestación del servicio generó -o pudo generar con alto grado de razonabilidad y probabilidad- los daños denunciados cuales fueran: daño psicológico, gastos de tratamiento para la incapacidad en ese aspecto de la persona y daño moral.

La conducta de la clínica demandada no produjo un resultado disvalioso en cuanto al nacimiento y estado de salud de la madre y su hijo.Nada reprocha la paciente al personal asistente ni a los profesionales intervinientes, pero -por lo dicho- es evidente que no se produjo el alumbramiento en el lugar adecuado, por causas ajenas a aquella quien si concurrió al centro asistencial es indudable que hizo teniendo en mira recibir un trato acorde a las circunstancias.

Así, a su ansiedad y temor por el alumbramiento mismo (sentimientos que no pueden dejar de ser reconocidos como presentes en el ánimo de toda parturienta) han de haberse visto agravados por la lamentable circunstancia de no poder ser asistida en un lugar adaptado para afrontar (eventualmente) todas las circunstancias del caso, imprevistas o no, que pudieran complicar el alumbramiento.

Esto me lleva a la convicción de que, sin lugar a dudas se ha de haber generado una afectación a los sentimientos mas íntimos, una imposibilidad – al menos inmediata- de disfrutar debidamente el exitoso nacimiento, y un sentimiento de desvalorización y maltrato.

De al suerte tengo la plena convicción de que se ha provocado daño moral, lo que amerita su resarcimiento, más no en la entidad pretendida.

Considero el daño moral constituye una lesión al espíritu en tanto impide al sujeto desenvolverse en plenitud en su vida, tiñéndose los actos cotidianos de un pesar que los ensombrece, aún cuando no afecte el razonamiento, en cuyo caso ya nos encontraríamos en la órbita del daño psicológico, al que he de referirme mas adelante.

A su vez, como todo daño, ha de ser cierto y guardar nexo causal en el evento, sin que pueda constituirse en una sanción impuesta a la conducta del responsable.

En el supuesto se da una particularísima situación cual es que se conjugaron al momento de ser atendida la paciente la angustia y temor propia de toda parturienta unida al agravamiento de dicho estado de ánimo ante la posibilidad de que no pudieran atenderse eventuales complicaciones.

No obstante ello, ello bien pudo ser superado por la paciente frente al hecho de que nada de lo temido ocurrió, dio a luz con éxito a un niño sanoy por tanto -conforme el curso normal de los acontecimientos y entendimiento de hombre medio- debió primar el feliz acontecimiento por sobre las lamentables circunstancias vividas.

De tal a los fines de fijar el importe del resarcimiento estimo han de tenerse en cuenta estas consideraciones, evitando que se resarza lo que ha sido molestia, mal rato, malestar.

Por otra parte, de aceptarse el derecho a una indemnización como la pretendida (un monto no menor a $ 30000 -v. fs. 233/ 235) se estaría reconociendo un nexo causal a una consecuencia remota por la que el deudor no es imputable (art. 906 del Código Civil).

Aún cuando no resulte aplicable al caso (conf. art. 7 Código Civil y Comercial de la Nación ley 26994) es conveniente mencionar el art. 1738 de este ordenamiento que – en lo que en el punto interesa señala específicamente «. sus afecciones espirituales legítimas y las que resultaren de la interferencia en su proyecto de vida».

En suma, reconociendo la ocurrencia de un perjuicio en la faz espiritual de la actora, si bien que limitado temporalmente al lamentable episodio a que se viera obligada a protagonizar, considero que la suma de $ 5.000 constituye un monto adecuado que le permitirá conjugar de alguna manera la lesión experimentada. La que propicio a tales efectos.

V. Distinta es en cambio mi valoración en lo que hace a la existencia de daño psicológico pues, más allá de las conclusiones del dictamen de la perito psicóloga a fs. 588/593, la existencia de incapacidad psicológica, producto de un estado depresivo, se manifiesta como una consecuencia remota por la que el incumplidor culposo no debe responder.

Es que no basta una causalidad meramente material sino que para que las consecuencias dañosas del hecho sean resarcibles es necesario que se de una causalidad jurídica, esto es adecuada, y a este respecto nuestro ordenamiento de fondo reza en el art.906 «en ningún caso son imputables las consecuencias remotas, que no tienen con el hecho ilícito nexo adecuado de causalidad».

Para determinar si el daño es consecuencia mediata, inmediata o remota, se parte de un criterio de previsibilidad que aquilata la adecuación de la causa en función de la posibilidad y probabilidad del resultado, recurriendo a los conocimientos y criterios del hombre medio, no pudiendo pretenderse del agente incumplidor una previsibilidad que vaya mas allá del hombre medio debiendo analizarse bajo esta óptica si la conducta del agente era por sí apta para provocar el perjuicio «según el curso ordinario de las cosas» ( art. 901 del Código civil).

En el caso de autos estimo que el estado anímico de la actora, aun desencadenado por el acontecimiento que provocara la deficiencia del servicio, no fue una consecuencia inmediata o mediata de éste pues se trata de una circunstancia que no pudo ser razonablemente prevista o previsible, según el curso normal de los acontecimientos. (v. -entre otros- «Tratado de la responsabilidad civil» por Marcelo J. Lopez Mesa -Felix A Trigo Represas Ed La Ley paragr XVII a) del Capítulo 5 pag. 485/486 y sus citas.

Sentadas las premisas precedentes, aplicables al caso, propicio se revoque la sentencia apelada, haciéndose lugar parcialmente a la demanda entablada por S. O., condenando a la Clínica de la Esperanza (CELSO SRL) y O.S.E.C.A.C. (Obra social de empleados de comercio y actividades civiles) y a la citada en garantía Paraná S.A. de Seguros -en la medida del seguro- a abonarle en concepto de indemnización por daño moral la suma de $ 5.000, la que considero equitativa y adecuada a las particularidades del caso (art.522 del Código Civil). Con costas en ambas instancias a las demandadas y a la aseguradora.

Dicho importe devengará intereses desde la fecha del hecho (23/12/2007) hasta el presente pronunciamiento a la tasa del 8% anual y a partir de entonces y hasta el efectivo pago a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

Por razones análogas, los Dres. CASTRO y GUISADO adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto.

Se deja constancia de que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Informática Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 24/13 de la C.S.J.N.-

MARIA LAURA RAGONI

Secretaría

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2015. Por lo que resulta de la votación sobre la que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: revocar la sentencia entablada por S. L. O., condenando a la Clínica de la Esperanza (CELSO SRL), a O.S.E.C.A.C. (Obra social de empleados de comercio y actividades civiles) y la citada en garantía Paraná S.A. de Seguros -en la medida del seguro-, a abonar a la primera la suma de cinco mil pesos ($ 5.000), con más los intereses en la forma establecida en el primero de los votos emitidos en el acuerdo que antecede y las costas de ambas instancias.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

CARMEN N. UBIEDO

PAOLA M. GUISADO

PATRICIA E. CASTRO

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