Corresponde indemnizar a quien se accidentó mientras transitaba en bicicleta, al ser embestida por una motocicleta, aun cuando contribuyera al acaecimiento del episodio.

accdeiten bicicleta 3Partes: O. R. E. c/ Bolaño Pedro y/o otro s/ juicio ordinario

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista

Sala/Juzgado: 4ta. Circ.

Fecha: 6-abr-2015

Cita: MJ-JU-M-95116-AR | MJJ95116 | MJJ95116

Responsabilidad concurrente en el accidente de ambos conductores, uno por no aminorar la velocidad en la que circulaba si estaba totalmente encandilado y el otro por no llevar ninguna luz lo que ocasionó que sea embestido por aquél. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Imagen 2
Sumario:

1.-Se debe atribuir mayor responsabilidad en el accidente al conductor del automóvil que alegó estar circulando encandilado por las luces del rodado que venía en la ruta en el carril contrario embistiendo al biciclo demandado , sin perjuicio de ello, la responsabilidad no puede serle atribuída en su totalidad desde que resulta temeraria la conducta del ciclista que transita por la ruta en zona rural en una noche oscura sin luces y sobre la calzada constituyéndose en un obstáculo insalvable,y la culpa de la víctima exime parcialmente de responsabilidad en los términos del art. 1113 , 2do.parr., 2da.parte a los demandados en un 30 %.

2.-Sin perjuicio de que se debe atribuir la mayor responsabilidad por el hecho al conductor del rodado embistente del biciclo, la misma no debe ser atribuida en su totalidad pues el conductor de la bicicleta contribuyó a la producción del el evento dañoso al conducirse en horas de la noche con una bicicleta que no se encontraba en condiciones óptimas para realizarlo ya que no posee frenos, ni luces delanteras ni traseras suficientes como para poder ser advertida a una distancia razonable que permita a conductores reducir la velocidad o esquivarla, atribuyéndose la responsabilidad en el evento dañoso que dio lugar a esta demanda en un 70% a los demandados y un 30% a la actora.

Fallo:

En la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe, a los 06 días deAbril de 2015, se reúnen los Jueces de esta Cámara, Dres. Aldo Pedro Casella, Santiago Andrés Dalla Fontana y María Eugenia Chapero para resolver los recursos interpuestos contra la resolución dictada por el Señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación del Distrito Judicial Nro. 4 de esta ciudad, Provincia de Santa Fe, en los autos: «O., R. E. c/ BOLAÑO, PEDRO y/u OTROS s/ J. Ordinario», EXPTE. N° 180, AÑO 2009. Acto seguido, el Tribunal establece el orden de votación conforme con el estudio de autos: Casella, Dalla Fontana y Chapero, y se plantean para resolver las siguientes cuestiones:

Primera: ¿Es nula la sentencia?

Segunda: Caso contrario, ¿Es justa?

Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión, el Dr. Casella dijo: el recurso de nulidad no es sostenido en esta Instancia, y no advierto irregularidades que hagan menester considerar de oficio la cuestión planteada, por lo que voto por la negativa.

A la segunda cuestión, el Dr. Casella dijo: como resulta de la relación de hechos de la sentencia obrante a fs. 343/344, la demanda fue iniciada por la Sra. R. E. O. en nombre propio y por su hija menor V. A. persiguiendo el resarcimiento de daños y perjuicios derivados del accidente protagonizado el 30/04/2000 sobre Ruta Nacional N° 11 en el Km. 793 (fs. 2/5). La demanda fue dirigida contra el Sr. Pedro Bolaño y la Sra. Monica Gomez y la firma «Casa Ferreyra».

La sentencia rechazó la demanda en su totalidad con costas a la actora por considerar que de las pruebas colectadas, advierte la culpa del actor o de la víctima del hecho liberando de responsabilidad a los demandados. Fundamenta que fue temeraria la conducta del ciclista por transitar por la ruta en zona rural en una noche oscura sin luces y sobre la calzada constituyéndose en un obstáculo insalvable.Contra la sentencia se alza la actora agraviándose (fs. 356/362 vto.) porque carece de fundamentos normativos por no apoyarse en la ley, doctrina o jurisprudencia y prescindir de las abundantes pruebas obrantes en autos dándole más fuerza probatoria a las pruebas que unilateralmente recogió la policía que las aportadas por las partes en sede judicial. Además porque del material probatorio solo atribuye culpa a la actora y no considera ningún tipo de prueba contra el embistente. Luego se agravia por entender que no corresponde rechazar la demanda en su totalidad dado el erróneo razonamiento arribado por el aquo. Por último se queja respecto de las costas manifestando que al acoger la demanda en todas sus partes condenará en costas al demandado. Contestan los agravios los padres del entonces menor (fs. 363/364) y la representante de Casa Ferreyra (fs. 365/366vto.) solicitando la confirmación de la sentencia en todas sus partes.

Del análisis de los agravios expresados en primer, segundo y tercer término surge que la disconformidad del apelante se circunscribe a la atribución de la responsabilidad y la falta de fundamentación legal, doctrinaria y jurisprudencial por parte del aquo. En el sub-lite, la relación causalidad entre el hecho (colisión del ciclomotor a la bicicleta) y el resultado dañoso (lesiones del ciclista y acompañante en bici) se encuentra suficientemente acreditado con lo actuado en sede prevencional y penal según resulta de la prueba instrumental ofrecida por los contendientes (fs. 100/134 y fs. 300/342), por lo que el lugar, tiempo y los protagonistas involucrados no se encuentran controvertidos. Tampoco resiste duda alguna la aplicación normativa subsumida en función del Art. 1113, 2° párr. 2da parte del Código Civil, todo lo cual me permite entender que el demandado para eximirse de responsabilidad únicamente podía probar una causa ajena (hecho de la víctima o de un tercero por quien no debe responder) tendiente a desvincular el nexo de causalidad.Considerando lo precedentemente dicho junto con las quejas del recurrente en relación a la demanda rechazada, las pruebas aportadas al proceso y la normativa aplicable, me lleva a considerar desde ya que el decisorio de baja instancia no se ajusta al derecho aplicable en atención a los hechos comprobados y la conducta de los intervinientes.

Ello así, porque tal como surge de las constancias de autos para determinar la responsabilidad, no se advierte configurada la posibilidad de eximir, al menos totalmente, al embistente por culpa de la víctima. El hecho se produce sobre Ruta Nacional N° 11 en el Km. 793, en la zona suburbana norte de la ciudad de Avellaneda, lo que hace previsible el cruce constante de personas y vehículos (testimoniales fs. 74/78, informe policial fs. 103 y croquis fs. 104). Además , teniendo en cuenta el permanente transito de vehículos y personas hacia esa zona y que en dicho tramo la visibilidad era escasa debido a la falta de iluminación artificial (informe policial de fs. 103), era exigible al conductor extremar la prudencia y atención. Contrariamente, se advierte que la conducción desplegada por el Sr. Pedro Daniel Bolaño, menor de edad sin licencia para conducir, fue negligente e incluso peligrosa constituyéndose en el motivo desencadenante del accidente de tránsito . Conforme surge de los testimonios aportados por la Sra. Yedro (fs. 75) Sra. Gonzales (fs.77) y el Sr. Gamarra (fs. 78), el entonces menor los sobrepasó en momentos previos al choque y habría circulado en su rodado sin luces. Aun cuando no hubiera sido así, el mismo declara no haber visto la bicicleta conducida por la actora porque se lo impedía el encandilamiento de otros vehículos; a fs.111 manifiesta que «cuando estaba llegando a la desmotadora de Bunge Borg venía un vehículo de frente con sus luces altas, el que a pesar de que yo le hacía señas no la bajaba y fue así que en forma imprevista delante de mi moto choqué con algo que me hizo perder el control del ciclomotor y caer en la banquina, cuando reacciono y me levanto me doy cuenta que era una bicicleta en la cual circulaba con una señora y una niña.» . Es decir que el conductor de la moto por el encandilamiento no podía ver si alguien circulaba delante suyo, al punto que relata que chocó «con algo»; la situación de falta de visibilidad provocada por las luces contrarias no constituye una excusa que lo exima de reproche, pues ante ello debió aminorar su marcha o incluso detenerla y no continuar de las misma forma sin poder ver si algúnvehículo circulaba en la ruta. Por otra parte de las pruebas resulta que la Sra. R. E. O. no conducía por el medio de la Ruta como los demandados afirman, sino que lo hacía pegada a la derecha de su mano cerca de la banquina; así surge de las declaraciones de los testigos (fs. 74/78), croquis policial de fs. 104 y placas fotográficas de la reconstrucción del hecho (fs. 169/173).

Ahora bien, sin perjuicio de que se debe atribuir la mayor responsabilidad por el hecho a Pedro Daniel Bolaño, considero que la misma no debe serle atribuida en su totalidad porque entiendo que R. E. O. contribuyó a la producción del el evento dañoso al conducirse en horas de la noche con una bicicleta que no se encontraba en condiciones óptimas para realizarlo. Así conforme surge del examen mecánico de la bicicleta (fs.127) protagonista del accidente luce que la misma no posee frenos, pero mucho más importante no posee luces ni delanteras ni traseras suficientes como para poder ser advertida a una distancia razonable que permita a conductores reducir la velocidad o esquivarla . Si bien , como resulta de los párrafos precedentes, la falta de iluminación trasera o al menos de un «ojo de gato» no resulta un hecho adecuado para romper la relación causal del daño con el vehículo embistente, ya que su conductor estaba «encandilado» y no podría haber advertido la bicicleta aunque tuviera esa iluminación, es también cierto que la víctima al circular en la oscuridad, en una ruta nacional, sin ninguna luz, creó una situación de peligro que determina la atribución parcial de responsabilidad a título de culpa. De modo que en mi opinión la culpa de la víctima exime parcialmente de responsabilidad en los términos del art. 1113, 2do.parr., 2da.parte a los demandados Pedro Bolaño y Mónica Gomez, que de acuerdo a las circunstancias apuntadas determino en un 30%. De modo que propondré acoger parcialmente el agravio del actor, declarando que se atribuirá la responsabilidad en el evento dañoso que dió lugar a esta demanda en un 70% a los demandados y un 30% a la actora.

Atento a la solución propuesta, corresponde considerar la procedencia de la reparación de los daños invocados y en su caso cuantificarlos, teniendo en cuenta que la sentencia a qua no pudo entrar a considerarlos por la resolución que adoptó.En la demanda se reclama para ambas actoras reparación de «daño a la salud, daño moral y daño psíquico», estimado en un monto total comprensivo de esos rubros en ambos casos (fs.4). El reclamo de R. E. O.debe ser admitido en cuanto al daño a la salud física, como daño material, y daño moral; no así daño psíquico, que no resulta demostrado en los términos de trastorno patológico invocado al fundarlo a fs. 4. En cambio la afección física y consecuente disminución de su capacidadlaborativa y de vida de relación está demostrados con el informe médico policial posterior al accidente que determina una incapacidad temporaria de noventa días (fs.105). No se han demostrado secuelas de las afecciones físicas constatadas en el mismo acto ( v. pericia fs.214). De modo que evaluando la incapacidad temporaria aludida, considero prudente cuantificar el daño a valores actuales, teniendo como referencia el salario mínimo vital y móvil vigente, en la suma de Quince mil pesos ($15.000). Igualmente considero procedente el reclamo por daño moral, ya que el evento traumático que la tuvo por víctima junto con su hija pequeña debió sin duda provocarle una afección espiritual, proponiendo evaluarlo prudencialmente en la suma a ctual de Veinte mil pesos ($20.000). En cuanto a la entonces menor V. A., tampoco se ha demostrado el daño psíquico invocado , pero sí el daño físico que sin duda afectó su capacidad para la realización de las actividades escolares propias de la edad, en mi opinión por tiempo mayor al inicialmente estimado en el informe médico-policial de fs. 106, de acuerdo al tipo de lesiones sufridas que allí mismo se informan y la historia clínica del Hospital Central de Reconquista de fs. 81/88, con posterior derivación a Santa Fe. Estimo como resarcimiento la suma actualde Pesos Veinte Mil ($20.000). No hay duda que la menor fue afectada espiritualmente por el accidente que sufriera.Las circunstancias del mismo, las heridas que sufrió inmediatamente de acuerdo a los informes referidos, la internación con posterior traslado a Santa Fe, y los padecimientos propios del tratamiento médico, provocaron una afección a sus sentimientos íntimos y tranquilidad espiritual que debe ser reparado como daño moral. Teniendo en cuenta la entidad de los sufrimientos padecidos y su corta edad al momento del accidente, estimo la reparación del daño moral en la suma actual de Cincuenta Mil Pesos ($50.000).

De modo que propongo acoger el recurso de apelación de la actora, revocando la sentencia alzada en cuento rechaza la demanda contra Pedro Bolaño y Mónica Gomez, y en su lugar admitirla parcialmente condenando a los mismos al pago a las actoras del 70% de los montos determinados anteriormente como resarcimiento de daños y perjuicios. La suma de condena devengará intereses desde la mora y hasta el efectivo pago. Teniendo encuenta que los montos de resarcimiento se han establecido a valores actuales, los intereses desde la mora hasta que esta sentencia quede firme se calcularán a una tasa del 8% anual, y de allí en más según tasa activa general para prestamos comerciales del Banco de la Nación Argentina.Las costas en ambas instancias serán soportadas en la proporción de procedencia de la demanda, esto es,un 70% a cargo de los demandados y un 30% de la actora.

Queda por considerar la procedencia de la demanda contra «Casa Ferreyra», cuyo titular Elbio A. Ferreyra compareció y resistió el reclamo invocando no ser titular del dominio de la motocicleta embistente, ya que como comerciante del ramo la vendió a los codemandados entregándoles la documentación respectiva el 20/08/96. Si bien, como sostiene al responder agravios ( fs.365) la actora no expresa agravio alguno sobre el rechazo de la demanda contra su parte, la decisión adoptada en baja instancia la rechazó contra todas las partes, por lo que igualmente corresponde tratarlo. Siendo así, corresponde decidir el rechazo de la demanda contra esa parte.En efecto, no hay comprobación de que en algún momento haya detentado el dominio del vehículo, mientras está admitido y comprobado que solamente fue el vendedor y entregó la documentación al comprador al retirar la motocicleta, quien no realizó su inscripción (fs.16/18,fs.223/224). Sin perjuicio de ello, está acabadamente comprobado que a partir de la fecha mencionada la guarda del vehículo ha quedado a cargo de los codemandados Pedro Bolaño y Mónica Gomez, lo que igualmente haría aplicable el criterio exculpatorio adoptado por este Tribunal en los casos «Zorzón/Blanche» y «Pividori/Feressin. Por lo tanto, en este aspecto se desestimará el recurso de apelación, confirmando por estos fundamentos el rechazo de la demanda, con costas al actor.

A la misma cuestión, el Dr. Dalla Fontana dice que: Coincido con el Dr. Casella en su análisis sobre la atribución de responsabilidad derivada del accidente de tránsito que nos ocupa y con la distribución de costas.Estoy de acuerdo también con la procedencia y rubros indemnizatorios reconocidos a favor de la Sra. O. Todo ello por sus fundamentos, a los que adhiero.

Respecto de su hija V. A., discrepo con la procedencia de lo que en el voto precedente se denominó «daño físico», como una especie de daño material, por cuanto considero que el tiempo de reposo de la niña, no superior a un mes de acuerdo a la historia clínica del Hospital Alassia (fs. 48 vto.), no pudo significarle daño patrimonial alguno (arts. 1068, 1069 y cc. del Código Civil) a título personal.En cambio, creo que las lesiones transitorias de la niña permiten tener por configuradas afecciones aptas para menoscabar sus sentimientos íntimos y tranquilidad espiritual, como para hacer lugar a una reparación por daño moral (art.1078 del Código Civil).Cabe destacar que fue trasladada a la ciudad de Santa Fe, internada, y debió guardar reposo con la incertidumbre de cómo sería su recuperación.Pero una indemnización de $ 50.000 me parece demasiado elevada teniendo en cuenta que no se desprende de ninguna de las historias clínicas el padecimiento de lesiones graves o que hubieren demandado largo tiempo de recuperación (como dije, ésta habría sido de un mes, según el Hospital Alassia, que intervino por la derivación del Hospital local, según costa a fs. 87).Es por ello que estimo adecuada una indemnización a valores actuales (siguiendo en esto al Dr. Casella, con la aclaración que realizaré más abajo) de $ 20.000, por cuanto con esa suma es factible procurarse satisfacciones sustitutivas y compensatorias para compensar las angustias padecidas, antes mencionadas (criterio doctrinario tomado por el art. 1741 del nuevo Código Civil y Comercial).

En lo que hace a los resarcimientos reconocidos, este Tribunal se ha inclinado en reiterados casos por cuantificar los daños derivados de hechos ilícitos, en la medida de lo posible, a valores vigentes al momento del hecho, aplicando desde ese momento una tasa de interés activa (ver argumentaciones brindadas por este Cuerpo en: Fernández c/ Sian, sent. del 21/12/12, F. 47 AyS 575/12 T 12; Vicentini c/ Del Zotto, sent. del 26/12/13, F 90 AyS 465/13 T 14; Paulin c/ Pura, sent.del 20/12/14, F 30 AyS 426/14 T 16, entre otras)

La tesitura adoptada en el voto que antecede difiere de ese criterio, ya que ha cuantificado los distintos rubros a resarcir «a valores actuales», es decir al momento de la sentencia de segunda instancia, aplicando una tasa de interés baja o pura (del 8% anual) desde el hecho hasta su firmeza, y a partir de allí la tasa activa general parapréstamos comerciales del Banco de la Nación Argentina.

El contexto macroeconómico de los últimos años, en que se ha acrecentado significativamente el ritmo de desvalorización monetaria (hecho público y notorio), exige de parte de la judicatura emplear distintas herramientas tendientes a evitar que el resarcimiento económico -luego de terminado un juicio- no se corresponda con la magnitud de los daños padecidos cuya reparación se ha solicitado.De lo contrario, se provocaría un enriquecimiento sin causa de la parte deudora, al mismo tiempo que una afectación injusta del derecho de propiedad en sentido amplio de la acreedora (arts. 17 y 75 inc. 22 C.N.; 15 y cc. Const. Prov. Sta. Fe).Ello sin perjuicio de la consabida prudencia que nos compete en la toma de decisiones.

En este sentido, la propuesta del distinguido colega preopinante de fijar el monto del resarcimiento a valores actuales tiene para mí que ver con el deber señalado en el párrafo anterior, proponiendo una solución que me parece adecuada y justa para un siniestro ocurrido en el año 2000, en que la actora ha dejado librado al prudente arbitrio judicial la fijación definitiva de los montos resarcitorios (fs. 3, punto h).Por tal razón, he de compartir este criterio en el caso que nos ocupa, sin perjuicio de dejar sentado que su aplicación dependerá de cada caso concreto en que deberán tenerse en cuenta distintas variables (vgr.tipo de daño reclamado, variación del contexto macroeconómico entre la mora y la sentencia judicial), con el norte puesto en otorgar una reparación justa y respetando el derecho de propiedad.

Ahora bien, en línea con el razonamiento que vengo exponiendo considero que la tasa activa de interés propuesta y que este Tribunal viene aplicando (compuesta de una parte que debe absorver el evilecimiento de la moneda y otra que es interés puro) ha sido igualada osuperada por la inflación, lo que ha llevado a muchos tribunales del país a elevar las tasas judiciales (v. vgr. Acta N° 2601/2014 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo).Además, el paso de la tasa del 8% anual a una tasa superior no debiera darse desde que la presente sentencia cobre firmeza (lo que puede depender de la interposición o no de un recurso de inconstitucionalidad, así como de la suerte que el mismo corra), sino desde su fecha.Esto último es así porque es en ese momento en que se fijan los «valores actuales» que justifican el cambio de tasa.

Por todo lo expuesto, voto en el mismo sentido que el Dr. Casella, salvo en lo siguiente: a) V. A. será indemnizada sólo por daño moral, en la suma de $ 20.000 a valores actuales, con más intereses; b) Para todos los resarcimientos, la tasa anual del 8% se devengará hasta la fecha de la presente sentencia, a partir de la cual se aplicará una vez y media la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

A la misma cuestión, la Dra. Chapero vota en igual sentido que el Dr. Dalla Fontana, adhiriendo a sus fundamentos.

A la tercera cuestión, el Dr. Casella dijo: atento al resultado precedente, corresponde adoptar la siguiente resolución:1) Desestimar el recurso de nulidad y admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la actora; 2) Revocar la sentencia en cuanto rechaza la demanda contra Pedro Bolaño y Mónica Gomez, disponiendo en su lugar admitirla parcialmente, condenándolos solidariamente al pago de: 2.1) $ 35.000 a favor de R. E. O., 2.2) $ 20.000 a favor de V. A., 2.3) Intereses a calcularse sobre los montos detallados a la tasa anual del 8% desde el hecho hasta la fecha de la presente sentencia, y a partir de allí una vez y media la tasa activa cartera general (préstamos) no minal anual vencida a treinta días del B.N.A.; 3) Imponer las costas en un 30% a cargo del actor y en un 70% a cargo de los demandados, en ambas instancias; 4) Confirmar la sentencia en cuanto rechaza la demanda contra Casa Ferreyra y/o Elbio A. Ferreyra, con costas a la actora; 5) Regular los honorarios de Segunda Instancias de los letrados intervinientes en el 50% de la regulación firme de Primera Instancia.

A la misma cuestión, los Dres. Dalla Fontana y Chapero votan en igual sentido.

Por ello, la

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL DE LA CUARTA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

RESUELVE: 1) Desestimar el recurso de nulidad y admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la actora; 2) Revocar la sentencia en cuanto rechaza la demanda contra Pedro Bolaño y Mónica Gomez, disponiendo en su lugar admitirla parcialmente, condenándolos solidariamente al pago de: 2.1) $ 35.000 a favor de R. E. O., 2.2) $ 20.000 a favor de V. A., 2.3) Intereses a calcularse sobre los montos detallados a la tasa anual del 8% desde el hecho hasta la fecha de la presente sentencia, y a partir de allí una vez y media la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del B.N.A.; 3) Imponer las costas en un 30% a cargo del actor y en un 70% a cargo de los demandados, en ambas instancias; 4) Confirmar la sentencia en cuanto rechaza la demanda contra Casa Ferreyra y/o Elbio A. Ferreyra, con costas a la actora; 5) Regular los honorarios de Segunda Instancias de los letrados intervinientes en el 50% de la regulación firme de Primera Instancia.

Registrese, notifiquese y bajen.

CASELLA

Juez de Cámara

DALLA FONTANA

Juez de Cámara

CHAPERO

Juez de Cámara

(En disidencia parcial)

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