Pesa sobre el excepcionante la carga de la prueba de la invocada falsedad de la firma inserta en el pagaré.

Firma documentoPartes: Viva Gabrino A. c/ Cañete Ramón O. y otro s/ ejecutivo

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela

Sala/Juzgado: 5ta. circ.

Fecha: 6-ago-2015

Cita: MJ-JU-M-94826-AR | MJJ94826 | MJJ94826

Pesa sobre el excepcionante la carga de la prueba de la invocada falsedad de la firma inserta en el pagaré.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la ejecución por el capital reclamado si el excepcionante, dedujo excepción de falsedad material fundando en que el documento contiene datos inexactos y falsos y desconoció la firma que aparece al pie del documento no le pertenece, pero no acreditó tales extremos.

Fallo:

En la ciudad de Rafaela, los 6 días del mes de agosto del año dos mil quince, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, Dres. Beatriz A. Abele, Alejandro A. Román y Lorenzo J. M. Macagno para resolver los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la parte demandada, contra la sentencia dictada por la Señora Jueza de Primera Instancia de Distrito N° 15 de Tostado, en los autos caratulados: «Expte. N° 223 – Año 2014 – VIVA, Gabino Angel c/ CAÑETE, Ramón Oscar y/u Otro s/ Ejecutivo».

Dispuesto el orden de votación, en coincidencia con el estudio de la causa resulta: primera, Dra. Abele; segundo, Dr.Román ; tercero, Dr. Macagno Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones: lera.: ¿Es nula la sentencia apelada?

2da.: En caso contrario ¿es ella justa?

3ra.: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?

No habiendo sido sostenido en la Alzada el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con el de apelación, y no advirtiendo vicio alguno que justifique la declaratoria nulificatoria de oficio, voto por la negativa.

A esta primera cuestión, los Dres. Román y Macagno dijeron que hacían suyos los conceptos y conclusiones de la Jueza de Cámara preopinante y por lo tanto, votaban en el mismo sentido.

A la segunda cuestión, la Dra.Abele dijo:

Que la Jueza de Primera Instancia de Distrito N° 15 en lo Civil, Comercial y Laboral con sede en la ciudad de Tostado, dictó sentencia rechazando las excepciones de falsedad, inhabilidad de título, prescripción y dolo, todas opuestas por el demandado, e hizo lugar a la ejecución por el capital reclamado con más un interés igual a la tasa que paga el Banco de la Nación Argentina en depósitos a plazo fijo en igual moneda, desde el vencimiento de la obligación y hasta el efectivo pago, cargando las costas al demandado y difiriendo la regulación de honorarios.

Para resolver como lo hizo, la A-quo ha dicho respecto de la excepción de inhabilitad de título que, los requisitos enumerados en el Art. 101 del Decreto 5.965/63, son los que le dan la habilidad ejecutiva al pagaré, al proveerle la autonomía y la literalidad necesaria para presumir la legitimidad del crédito que contiene.

Ha aclarado que el juicio ejecutivo no tiene por objeto la declaración de derechos dudosos, no existe controversia o discusión de un negocio o causa, es simplemente un procedimiento establecido con el propósito de hacer efectivo un crédito. Añade que el accionado para impedir la ejecución, deberá oponer las excepciones que taxativamente enumera el Art.475 del C.P.C.C.S.F.

Al referirse a la excepción de falsedad material señala que la misma refiere a la adulteración del documento en su texto y firma; quedando fuera las cuestiones que resulten ajenas a sus condiciones extrínsecas o puramente externo, como la posible falsedad ideológica e incluso las pretensas obligaciones de conductas dolosas en su completividad.

Señala que el ejecutado que excepciona alegando la falsificación del título es quien tiene que probar el presupuesto de la excepción.

En cuanto a la excepción de inhabilidad de título afirma que se relaciona con alguno o algunos de los elementos esenciales que requiere el título para la habilidad ejecutiva, es decir, indicación de los sujetos activo y pasivo de la obligación de dar una suma de dinero líquida y exigible.

Deja constancia que la alegación de la exceptio doli solo es admisible excepcionalmente, lo contrario es favorecer el incumplimiento de las obligaciones asumidas en función de la simple manifestación del obligado y permitir que se desvirtúen los objetivos del proceso ejecutivo y de la razón misma de existencia de títulos, cuya autenticidad presume la ley.

Continúa diciendo que al tratarse de obligaciones cambiarias, la existencia y legitimidad de la causa se presumen y corresponde a quien alegue la inexistencia o causa ilícita, acreditar prueba directa y terminante sus alegaciones, y en caso de dudas debe admitirse la procedencia de la acción ejecutiva.

Analiza cada uno de los argumentos expuestos para sostener las excepciones y concluye que, además de ser autocontradictorios en la exposición de los hechos ya que por un lado niega la autenticidad de la firma y por el otro denuncia extravío del pagaré que dice haber suscripto, en momentos dice que es un pagaré extraviado, en otros que fue suscripto en determinada fecha, no resultan suficientes para sostener las excepciones que opone.

Cita jurisprudencia y doctrina relacionada.

Contra dicho fallo se alza el ejecutado interponiendo recursos de apelación y nulidad por ante el Superior (fs.182), los que le fueran concedidos a fs. 182 vto.

Radicados ya ante este Tribunal, el recurrente expresa agravios, los que se encuentran glosados a fs. 193 a 199.

Dice agraviarse porque el razonamiento de la Jueza de grado es erróneo y equivocado, por tanto el desprendimiento de estos nos agravia íntegramente.

Afirma que la sentencia se basa en la simplicidad del juicio ejecutivo, sin indagar sobre legitimación sustancial, la licitud de la causa, la burda forma en que «el supuesto derechos», la prescripción de la acción, la prejudicialidad, la mala fe del tenedor, etc.

Se agravia por el rechazo de las excepciones de falsedad e inhabilidad de título porque desde su punto de vista la Sentenciante retoma con liviandad el débil argumento de las características del juicio ejecutivo, y que la excepción de inhabilidad de título es en relación a los elementos esenciales que requiere el título para la vía ejecutiva. Reitera lo ya expresado en otras etapas del proceso en relación con la invocada falta de legitimación sustancial en el accionante para entablar la demanda. Continúa diciendo que el documento estaba firmado pero sin la declaración del número de documentos, sin apellido y que no se expresaba el nombre del acreedor, lo que -a su criterio- hace plena prueba de que jamás existió nexo causal que legitime la ejecución que se pretende y que el accionante no es sujeto activo de una relación sustancial inexistente.

Se agravia porque la A-quo ha dicho que pesaba sobre el ejecutado la carga de probar la invocada falsedad de la firma inserta en el pagaré, y asegura que ello surge con claridad, por lo que no es necesario producir prueba pericial.Para reforzar su postulación afirma que el documento tiene desprolijidades y abuso cometido por el actor, ya que presenta tres tipos de letra diferentes, diversos trazos, datos inexactos y falsos, el monto en números se escribe con una letra y el nombre del presunto y supuesto beneficiario en otro; que las fechas de emisión y de vencimiento está notoriamente alteradas; que el actor no presenta copia del dorso del documento por lo que se desconoce si existen endosos o anotaciones que permitan conocer el tráfico del supuesto instrumento, y vuelve a desconocer la firma. Agrega que del cuerpo de escritura realizado al actor (fs. 133/137) se desprende sin recurrir a perito calígrafo alguno que la grafía del nombre del beneficiario, de la fecha de vencimiento y el lugar de pago pertenecen al actor.

Citando pasajes del fallo y normativa que considera relacionada con la «exceptio doli», en una redacción poco clara, intenta demostrar que la Sentenciante se ha equivocado, porque según el recurrente no «existe desconocimiento de los presupuestos de la excepción de dolo, en cuanto a la falta de transmisión del título, requisito que no es esencial, la sustancia de la excepción está dada por licitud de la causa y no como erradamente expresa el «a-quo «. Así también no es necesario el reconocimiento del pagaré o la firma, dado que lo importante es el dolo o la intención de perjudicar al demandado ., mediante la amenaza de una ejecución realizada en base a un título falso, adulterado e inhábil, por lo tanto las excepciones (falsedady doli) no se repelen sino que se componen una a la otra».

Se agravia porque sostiene que el desconocer la firma inserta en el documento está basado en el principio constitucional que prescribe que nadie está obligado a declarar contra sí mismo.

Se agravia porque no se hizo lugar a la excepción de prescripción, la que dice opuso ante la eventualidad de interpretación contraria a su postura.Y para fundar la misma hace referencia a las letras que hay en el pagaré, a la mala fe del portador, a la falta de investigación por parte de la Jueza de la causa de la obligación.

Desmiente argumentos utilizados en la sentencia y, reiterando una vez más que ha extraviado el pagaré en el año 1.999, por lo que la obligación ha prescripto.

Continúa explayándose sobre la prescripción, mencionando en este caso la declaración del actor (fs. 133/135) que dice que el documento pudo haber sido confeccionado los primeros meses del año 1.999, y a fs. 93, confiesa que el documento hace más de 8 años, y respecto de la ampliación dice no recordarlo por todo el tiempo que pasó.

Se agravia también por la falta de tratamiento de la prejudicialidad. Se refiere a la causa penal abierta con posterioridad a la fecha de citación de remate, caratulada «Expte. N° 494/09 – Requerimiento de Instrucción Sr. Fiscal s/Investigar Presunto Delito de Estafa». Agrega que el pagaré en cuestión provendría de un hecho ilícito, por lo que existía la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias.

A continuación se agravia porque se impone la obligación de pagar en moneda extranjera. Argumenta que utilizar una moneda sobrevaluada, como es el dólar, crea un desequilibrio prestacional.

Se agravia finalmente por la imposición de costas.

Peticiona acorde con su postulación.

La parte actora contesta los agravios a fs. 202 a 205, oponiéndose a la procedencia del recurso de apelación. Expresa que los fundamentos del fallo son infranqueables y solicita se confirme la sentencia elevada.

Ingreso al tratamiento del recurso.

Este Tribunal ha dicho en innumerables ocasiones, y en consonancia con la jurisprude ncia y doctrina mayoritaria, que la expresión de agravios, según lo exige el Art.365 del C.P.C.C.S.F., debe señalar los puntos con los cuales está disconforme el recurrente, señalando el error cometido por el sentenciante ya sea en el encuadramiento de los hechos, la evaluación de la prueba, el razonamiento seguido por el A-quo, la aplicación del derecho y la justicia de la sentencia, proponiendo a su vez la solución que entiende corresponde basado en las constancias de autos y la normativa aplicable.

La expresión de agravios presentada por el apelante camina en el límite entre lo que técnicamente puede considerarse como tal y la que no. Sin embargo, es criterio de esta Cámara que ante la duda, y con la finalidad de salvaguardar el derecho de defensa, se dé tratamiento al recurso.

Desde ya adelanto que el recurso no puede prosperar, por las razones que expongo a continuación.

En primer lugar deviene necesario recordar que en el juicio ejecutivo se persigue el cumplimiento de una obligación en base a un documento que trae aparejada ejecución, sin que pueda indagarse dentro de este proceso la causa de la misma. Ese debate podrá darse en el juicio ordinario que puede el deudor perdidoso promover contra el ejecutante.

Cuando se corre traslado de la demanda, el ejecutado debe oponer las excepciones que entiende corresponden y que deben estar comprendidas en el Art. 475 del Código de rito, ya que esta enumeración es de carácter taxativo. La carga de la prueba de los hechos sobre los que asienta las excepciones, pesa en cabeza del excepcionante.

Es dable recordar que si bien las excepciones opuestas de falsedad material e inhabilidad de título están comprendidas dentro de un mismo inciso -inc. 2 del Art. 475 del C.P.C.C.S.F.-, y que ambas se refieren a lo puramente externo, en lo sustancial son distintas. La aclaración deviene necesaria porque el ejecutado ha planteado las dos excepciones bajo un mismo título y enunciando las razones que entienden le dan sustento, sin distinguir entre unas y otras (fs.26).

La excepción de falsedad material se configura cuando el documento base de la acción es total o parcialmente falso o cuando se ha adulterado.

En el caso que nos ocupa, el excepcionante funda dicha excepción afirmando que el documento contiene datos inexactos y falsos (fs. 26, inc. c) y desconoce la firma que aparece al pie del documento no le pertenece. Pero tales extremos no han sido acreditados, es decir no ha logrado levantar tal carga. Por lo tanto la excepción deviene improcedente.

La excepción de inhabilidad de título es un «cuestionamiento a la idoneidad jurídica del título base con el que se intenta la ejecución, por no configurar entre los mencionados en la normativa de rito como que trae aparejada ejecución o en la legislación de fondo relativa al tema; o por otra parte porque no reúne los requisitos que le otorgan acceso a la vía ejecutiva, o por cuanto hay una falla en la legitimación procesal activa o pasiva» (ANDINO, Alejandro Marcos; «Procesos Ejecutivos en la Provincia de Santa Fe»; Edit. Fas; pág. 404). En otras palabras, se configura cuando el documento base de la acción es total o parcialmente falso o cuando se ha adulterado, pero, reitero, limitado dicho reproche a lo puramente externo.

En el caso que nos ocupa, el excepcionante funda dicha excepción afirmando que el documento base de la acción presenta tres tipos de letras distintas, diversos trazos, el monto en números que se escribe con una letra el nombre del presunto beneficiario es otra y que las fechas de las supuestas emisión y vencimiento han sido notoriamente alteradas, rellenadas y escritas con distintas letras y trazos por lo que asegura que dichas fechas deben tenerse por no escritas y en consecuencia al documento le faltará un requisito indispensable que lo torna inhábil (fs. 26, inc. a, b, d y f).

Analizado el documento en original que se encuentra reservado en Secretaría, que tengo a la vista y que coincide con la copia glosada a fs.4, debo decir que no se advierte indicio alguno de alteración y/o rellenado de la fechas de emisión y de vencimiento. En cuanto a las diferentes letras que claramente se pueden constar a simple vista no demuestran per se que el título sea inhábil, porque quien emite un título puede firmar en blanco y el Art. 11 del Decreto-ley 5965/63 reconoce el derecho del portador de llenar la letra en blanco. Este derecho del portador caduca a los tres años desde la creación del título.

La invocada mala fe del portador y la inobservancia de los acuerdos a los que pudieren haber llegado emisor y beneficiario, no han sido acreditadas en absoluto.

En virtud de todo ello, esta excepción corre la misma suerte que la anterior, o sea el rechazo de la misma se impone.

No habiendo demostrado el apelante que las fechas de emisión y de vencimiento fueren falsas, la excepción de prescripción ha quedado sin sustento alguno, por lo que también cabe su rechazo.

La exceptio doli no puede prosperar porque no está incluida en el listado que presenta el Art. 475 del C.P.C.C.S.F., lo que es coherente y lógico porque para ingresar en su tratamiento inexorablemente se debería indagar sobre la causa de la obligación y dicha discusión está fuera del ámbito de debate del juicio ejecutivo.

En cuanto al agravio referido a la obligación de pago en moneda extranjera, el recurrente manifiesta argumentos que no resultan eficientes, porque solo habla de lo gravoso que resulta para su parte y del desequilibrio de la prestación. Pero no señala error alguno en cuanto al razonamiento desarrollado por el juez, y no propone en forma fundada y ajustada a derecho otra solución diferente, por lo cual corresponde no se tenga en cuenta este agravio.

Y, en cuanto a las costas las mismas fueron impuestas siguiendo las disposiciones de los Arts.250 y 251 del C.P.C.C.S.F., y no advierto ninguna circunstancia que justifique el apartamiento de dichas normas.

Por todo ello, voto por la afirmativa.

A esta segunda cuestión, los Dres. Román y Macagno dijeron que hacían suyos los conceptos y conclusiones de la Jueza de Cámara preopinante y por lo tanto, votaban en el mismo sentido.

A la tercera cuestión, la Dra.Abele dijo: Que como consecuencia del estudio precedente propongo a mis colegas, resolver en el siguiente sentido: 1) Rechazar el recurso de apelación opuesto por la parte demandada y confirmar en todos sus términos el fallo elevado. 2) Imponer las costas al recurrente perdidoso. 3) Fijar los honorarios de la alzada en el 50% de los que se regulen en la instancia de origen.

A la misma cuestión, los Dres. Román y Macagno dijeron que la resolución que corresponde adoptar era la propuesta por la Dra. Abele, y en ese sentido emitieron su voto.

Por las consideraciones del Acuerdo que antecede la CAMARA DE APELACION CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL,

RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación opuesto por la parte demandada y confirmar en todos sus términos el fallo elevado. 2) Imponer las costas al recurrente perdidoso. 3) Fijar los honorarios de la alzada en el 50% de los que se regulen en la instancia de origen.

Insértese el original, agréguese el duplicado, hágase saber y bajen.

Concluido el Acuerdo, firmaron los Jueces de Cámara por ante mí, doy fe.

Beatriz A. Abele

Juez de Cámara

Alejandro A.Román

Juez de Cámara

Lorenzo J. M. Macagno

Juez de Cámara

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