Responsabilidad concurrente por la descarga recibida de un cable de video no autorizado, por el deficiente estado de la instalación y la imprudencia de la víctima.

Torre de energíaPartes: Irrazabal Martín Alejandro c/ EDESUR S.A. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 27-ago-2015

Cita: MJ-JU-M-94842-AR | MJJ94842 | MJJ94842

Responsabilidad concurrente de la empresa prestataria del servicio de energía eléctrica y del actor a raíz de la descarga recibida de un cable de video no autorizado, pues el siniestro se produjo por el deficiente estado y mantenimiento de la instalación y la conducta imprudente de la víctima. Cuadro de rubros indemnizatorios.
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Sumario:

1.-Corresponde responsabilizar en forma concurrente a la empresa de suministro eléctrico y al actor a raíz de la descarga eléctrica sufrida por la presencia de un cable de video no autorizado que colgaba a una altura peligrosa, el cual se encontraba a metros de un poste donde el accionante apoyo la escalera, pues si bien ha quedado suficientemente acreditada la relación de causalidad entre el daño sufrido y el riesgo de la energía eléctrica que transportaban los cables en deficiente estado y mantenimiento existente en el lugar, el comportamiento imprudente de la víctima influyó en el acaecimiento del hecho dañoso.

2.-La responsabilidad de la empresa prestadora de energía eléctrica no sólo emana del carácter de propietaria de las instalaciones sino también de la obligación de supervisión que es propia de su actividad y que la obliga a ejercer una razonable vigilancia de las condiciones en que el servicio público se presta para evitar consecuencias dañosas. Los elementos probatorios arrimados a la causa revelan que la forma en que se produjo el accidente involucró necesariamente la energía eléctrica transportada por los cables de la empresa distribuidora de energía eléctrica y que el cableado, al momento del accidente, presentaba numerosas irregularidades y falta de mantenimiento, lo cual es signo de falta del debido control.

3.-La prueba a producirse en la causa tiene la finalidad de formar la convicción del juzgador sobre la veracidad de los hechos afirmados en la demanda y que fueron controvertidos por los demandados, y en el caso, las declaraciones testimoniales corroboran la falta de mantenimiento del tendido eléctrico, y el vínculo familiar que une a la testigo con el actor no altera su idoneidad ni la fuerza probatoria de su declaración cuando sus dichos son concordantes con los demás elementos probatorios aportados a la causa.

4.-La culpa de la víctima, con aptitud para cortar el nexo de causalidad entre la actividad o cosa riesgosa y el perjuicio, debe aparecer como la única causa del daño y revestir las características de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor. En el caso, la circunstancia de que el actor hubiera apoyado una escalera al poste de alumbrado público y subido a ella, y aun cuando no hubiera existido una debida señalización, constituyó inequívocamente una conducta no sólo peligrosa, sino también cohibida por el orden normativo, máxime ponderando los conocimientos en la materia que el actor manifestó poseer y las tareas que desarrollaba laboralmente, y si a ello se añade el hecho de que el cable cortado colgaba a aproximadamente un metro y medio del poste, no es dudosa la configuración de una actitud imprudente que innegablemente contribuyó a la producción del siniestro.

5.-Quien alega responsabilidad del Estado por omisión y/o falta de servicio debe individualizar del modo más claro y concreto posible cuál es la actividad de los órganos estatales que reputa como irregular, es decir, tanto la falta de legitimidad de la conducta estatal como la idoneidad de ésta para producir los perjuicios cuyo resarcimiento se reclama, y en la causa, el accionante no individualizó concretamente ninguna medida que, de haber sido adoptada por el ente regulador o el municipio, hubiera evitado el siniestro, habiéndose el codemandado ente regulador de energia extendido en referencias a la actividad de control desplegada, sin objeciones acerca de su aptitud para demostrar la diligencia puesta en el cumplimiento de sus funciones.

6.-Lo reclamado en concepto de daño a la salud o biológico y daño estético son rubros que, más allá de la discriminación conceptual y las denominaciones empleadas, persiguen la reparación económica de la totalidad de secuelas que la lesión origina en la víctima, atendiendo a su incidencia en los múltiples ámbitos en que el sujeto proyecta su personalidad. En autos, las secuelas físicas que experimentó el actor, entre las que se destaca la amputación de ambos miembros inferiores y la disminución sustancial de la visión y la audición, con la consiguiente dependencia de terceros y la incapacidad fijada por el perito médico, así como las cicatrices antiestéticas en la cara, cuello, espalda, etc. demuestran cabalmente el perjuicio físico sufrido, que repercute no sólo en el ámbito laboral sino también en la esfera social, cultural, deportiva, etc., con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida.

7.-En lo atinente a la demostración del daño moral, en la mayoría de las hipótesis la naturaleza de los hechos generadores y sus consecuencias tornan innecesaria la prueba específica, y en autos es indudable que el hecho ha provocado en actor sufrimientos y padecimientos que merecen reparación.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 27 días del mes de agosto del año dos mil quince, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia dictada en los autos caratulados “Irrazabal Martín Alejandro c/ Edesur SA y otro s/ daños y perjuicios”, expediente nro. 51355/03, y planteado al efecto como tema a decidir si se ajusta a derecho el fallo apelado, el Señor Juez de Cámara, Dr. Carlos Manuel Grecco, dice:

-El señor Juez de primera instancia resolvió a fs. 1877/1885vta. rechazar, con costas, la demanda de daños interpuesta por Martín Alejandro Irrazabal contra la Empresa Distribuidora Sur SA, el Ente Regulador de la Electricidad (en adelante, EDESUR y ENRE, respectivamente) y la Municipalidad de Quilmes, por la que pretendía la reparación de los perjuicios sufridos como consecuencia del hecho ocurrido el día 26 de noviembre del año 2000, en el que recibió una descarga eléctrica cuando se encontraba subido a una escalera apoyada en el poste ubicado en la intersección de las calles Neuquén y 173, en la localidad de Bernal, Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, desvinculó de la causa a Telecentro (tercero citado a fs. 517/518, que compareció a fs. 564/569vta.), en la medida en que fue acreditado que la empresa de video cable no desarrollaba ninguna actividad en el Municipio de Quilmes por lo que cabía descartar que el cable energizado que provocó el accidente fuera de su propiedad. Las costas por su intervención y la de su aseguradora (ACE Seguros SA) fueron impuestas al ENRE y a la Municipalidad de Quilmes, en forma concurrente. Aunque no fue consignado expresamente, la forma en que fue resuelta la causa tornó abstracta la cuestión planteada por la citada en garantía Compañía de Seguros la Mercantil Andina (por EDESUR SA).

I-En esencia, el pronunciamiento se sustenta en un doble orden de razones:por un lado, estimó el sentenciante que: (1) “el daño no fue provocado directamente por el fluido eléctrico de los cables de EDESUR, sino por un chicote de cable de video que colgaba de aquellos y que estaba energizado” (v. segundo párrafo del cons. 11°), por lo que reputó no probado el nexo causal entre el riesgo o vicio de la cosa y el daño; (2) no se conoce quién instaló o a qué empresa pertenecía el cable de video, debiéndose interpretar que se trataba de una conexión clandestina; y (3) no es posible juzgar si medió incumplimiento en las obligaciones de inspección y contralor de los codemandados, ya que “esta tarea es exigible que sea realizada en términos de razonabilidad -particularmente en cuanto a la frecuencia-, lo cual conduce a descartar que la colocación de cualquier conexión clandestina de la que hubiera sobrevenido un daño pueda ser atribuida a una omisión imputable a quienes tenían a su cargo aquellas tareas” (último párrafo del mismo considerando).

Y en cuanto a la participación del actor en la producción del daño y su incidencia en la interrupción del nexo causal, consideró que: (1) el accionante voluntariamente decidió subir al poste, pese a que no podía ignorar -por los conocimientos que poseía a raíz de las tareas que desarrollaba- que se encontraba prohibido hacerlo; y que (2) tampoco podía desconocer la peligrosidad de la situación, al ver el cable de video colgando de los del fluido eléctrico. Por ello, señaló que “el demandante nunca debió haber subido al poste” (primer párrafo, cons. 11°)

En lo que concierne a las costas originadas por la intervención del tercero (Telecentro) y su aseguradora (ACE Seguros SA), el señor Juez señaló que, por los términos en que fue redactada la demanda, daba la impresión de que era esa empresa la prestadora del servicio, aunque debieron las codemandadas (ENRE y Municipalidad de Quilmes) extremar la pertinente constatación antes de solicitar la citación.III-La decisión ha sido apelada por la parte actora y por el ENRE, cuyos recursos, concedidos libremente a fs. 1895, fueron fundados a fs. 1920/1931vta. y 1915/vta., respectivamente. Los agravios de la parte actora fueron replicados a fs. 1942/1943 (ENRE); 1946/1948vta. (Compañía de Seguros La Mercantil Andina) y 1953/1958 (Municipalidad de Quilmes) -EDESUR no contestó agravios (cfr. fs. 1940, segundo párrafo)-; las quejas del ENRE fueron rebatidas a fs. 1945/vta. por la empresa Telecentro SA. y a fs. 1972/1975 por ACE Seguros SA.

IV-La parte actora -cuya apelación será tratada en primer término- sostiene en sus quejas que: (1) es el fluido eléctrico de los cables de EDESUR los que energizaron el cable de video y provocaron el daño, que se produjo porque las demandadas no cumplieron con su deber de control de las instalaciones; (2) aun cuando el cable de video hubiera pertenecido a una conexión clandestina, no cesaba el deber de control de las demandadas; (3) el siniestro producido deja en evidencia que el control debido por las demandadas no fue razonable ni frecuente; (4) no hubo culpa de la víctima ya que ésta no trepó al poste ni manipuló ningún elemento de peligrosidad, únicamente subió unos escalones de la escalera, encontrándose a una distancia mayor que la de seguridad de los cables de media y alta tensión, siendo que ningún elemento de seguridad personal hubiera evitado el accidente; en el hipotético caso de que hubiera mediado culpa de la víctima, no alcanza para eximir de responsabilidad a las demandadas sino que constituiría, en todo caso, un supuesto de culpa concurrente.

V-Cabe comenzar por examinar la apelación de la parte actora puntualizando que la eventual responsabilidad de cada uno de los codemandados debe ser estudiada por separado, en función de los diversos fundamentos que las sustentan.VI-Así, en lo que concierne a la empresa EDESUR, prestadora del servicio de electricidad en la zona del accidente, es menester recordar que la electricidad es una cosa riesgosa por lo que resulta de aplicación el art. 1113, segundo párrafo, del Código Civil (vigente según la fecha en que acaecieron los hechos que motivan esta causa -o arts. 1757 y 1758 del Código Civil y Comercial-); por ello, para eximirse de responsabilidad, la empresa debe probar que el daño se ha producido como consecuencia de la culpa o hecho de la víctima o de un tercero por el que no debe responder (en este sentido, v. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala C, “Furtado, Nestor G c/ Edesur SA”, del 13/3/2007; Sala M, “Cabrera, Joaquina Nélida y otros c/ Edenor SA”, del 23/9/2010; Sala J, “Lucero José Damián y otro c/ Edenor SA”, del 9/10/2012; Sala F, “Villarreal Oscar Roberto Nicolás y otro c/ Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA”, del 30/7/2012; entre muchos otros).

Asimismo, se debe tener presente que la responsabilidad de la empresa prestadora de energía eléctrica no sólo emana del carácter de propietaria de las instalaciones sino también de la obligación de supervisión que es propia de su actividad (art. 902 y concordantes del Código Civil o art. 1725, primer párrafo, del Código Civil y Comercial) y que la obliga a ejercer una razonable vigilancia de las condiciones en que el servicio público se presta para evitar consecuencias dañosas (Fallos: 284:279; 310:2103; 315:689 o 691; 326:4495; 330:3659; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala E, “Cantero de Scaramucci, Carmen Margarita c/ Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA” , del 21/9/2004; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala 2, “DDA y otros c/ Edenor SA”, del 20/12/2013; Sala 3, “SMG Cia.Argentina de Seguros SA c/ Edesur SA”, del 22/9/2009 y “Romero Martin Sergio y otros c/ Edenor SA” , del 18/11/2010; entre muchos otros); cuidado que comprende la ausencia de conexiones clandestinas y el perfecto estado de conservación de los conductores del fluido (en análogo sentido, v. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala A, “Delgado Eusebio y otro c/ Edefor SA”, del 11/5/2012; Sala B, “Elida Flore c/ Edenor SA” , del 11/9/2008; Cámara Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, expte. nro. 1186081/36 caratulado “Serrano Ramón O. y otro c/ Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y otro”, sentencia del 13/3/2014).

VII-En función de las pautas precedentes deben examinarse los elementos probatorios arrimados a la causa, fundamentalmente prueba de testigos (v. declaraciones de fs. 809/810vta.; 815/816; 1085;1086; 1087/1088 y 1090) y pericial -v. informes presentados por los peritos ingenieros electricistas tanto en el año 2001 (cfr. peritaje producido en sede penal -expte. nro. 82416, “Irrazabal Martin s/ lesiones”, que tramitó ante la Fiscalía de Instrucción nro. 4 del Departamento Judicial de Quilmes-, v. copia obrante a fs. 1135/1142), como en el año 2008 en esta causa (v. fs. 1486/1500vta. y respuestas brindadas a las observaciones y pedidos de explicaciones de las partes a fs. 1526/vta.; 1528/1531; 1532/1534vta.; 1535/1536vta.; 1557/vta.), complementados por los del perito de parte (fs. 1153/1156 y 1502/1508).

Como se expondrá a continuación, todos estos elementos revelan que:(1) la forma en que se produjo el accidente involucró necesariamente la energía eléctrica transportada por los cables de EDESUR y (2) que el cableado, al momento del accidente, presentaba numerosas irregularidades y falta de mantenimiento, lo cual es signo de falta del debido control.

A estas conclusiones se arriba de acuerdo con los siguientes datos aportados por los expertos en ingeniería eléctrica:

1)Respecto al modo en que se produjo el accidente :

a)en la respuesta al séptimo punto de pericia de la parte actora el perito ingeniero electricista destacó que: “en función de las lesiones del actor, descriptas en autos, en las fotografías respectivas y de las declaraciones de los testigos, la lógica y la experiencia del perito indica que se podría haber tratado de una descarga eléctrica de media o alta tens ión de entrada por la espalda y arco de salida por la punta de los pies, y que el accidente podría haberse producido tal como se relata en la demanda y detallado en el punto 9° subsiguiente” (fs. 1491);

b)en el noveno punto, contesta que si bien al momento de practicar el peritaje no se encuentra el cable de video que, energizado, originó el accidente por lo que se desconocen sus características, señala que “normalmente ese tipo de conductor posee una vaina exterior de reducidas propiedades dieléctricas, que podría aislar la descarga de una tensión de 220 Voltios, pero con seguridad no cuenta con protección aislante a tensiones más elevadas, como por ejemplo de media tensión” (fs.1491) y añade que el poste sostenía dos líneas eléctricas, de media y baja tensión, con las características que señala, por lo que “en el caso de que ese cable de video se hubiera contactado con la línea de baja tensión, la aislación de los cables de esa línea eléctrica, sumado a la del cable de video hubieran protegido a la víctima, salvo el caso de que el contacto hubiera sido de conductor a conductor puntualmente en alguna zona sin aislación de los cables. Lo más probable podría haber sido que ese cable de video (.) haya estado apoyado o en contacto con alguna parte de su recorrido a la línea de media tensión indicada, se verificó una línea de videocable a 100 m. en la calle Lynch (.) la clásica descarga del arco por la punta de los pies y los daños físicos de quemado de la víctima confirman la presencia de la alta tensión en el cable de video, así sea de carácter inductivo” (fs. 1491vta.);

c)en el punto 20 (descripción del accidente), el experto contestó: “la espalda del actor fue tocada por un chicote de cable de video, que aparentemente colgaba de la línea de energía eléctrica de baja tensión. El poste sostenía dos líneas eléctricas de distribución: una línea trifásica de media tensión de 13.200 v., de conductores desnudos de aluminio y acero y una línea trifásica de distribución de baja tensión de 380 v., con conductores de cobre aislados y alma de acero. En el caso de que la vaina externa del cable de video se hubiera tocado a la línea de baja tensión, la aislación de esa línea de 220v. habría evitado la energización del cable de señal, salvo que los conductores se hubieran contactado en alguna parte, es decir contacto metal-metal.Es más probable suponer que ese cable de video haya estado apoyado o en contacto con la línea de media tensión, en alguna parte de su recorrido. Normalmente las líneas de media tensión son conductores desnudos, y por otro lado la aislación externa del cable de video no está preparada para aislar media tensión, por lo que ante un contacto entre ambas líneas, la de señal se habría electrificado a 13.200 v., tensión altamente peligrosa para la vida humana. Ante un contacto con una persona vestida, la misma ropa podría representar una barrera dieléctrica para 220 v., y por lo tanto no percibir la descarga, lo que confirmaría la presencia de media tensión en el cable de video. Asimismo, la entrada de la media tensión por la espalda y la descarga por los pies hacia el poste de madera, como asimismo el tipo de quemaduras descriptas en las fotografías demuestran un indicio de contacto con la misma (m.t.)” (fs. 1494/vta.)

d)en las respuestas a los puntos 10 a 12 (fs. 1491vta/1492) el experto estimó, en función de las fotografías tomadas en la causa penal que dan cuenta de un cable de video colgando a dos metros del suelo que coincide con la estatura del actor subido a la escalera y la zona de la espalda en la que sufrió las quemaduras, que el accidente podría haber ocurrido como relata el actor en la demanda;

e)lo que resulta determinante, sin embargo, son las respuestas a los puntos 16 y 17, en cuanto el perito explica que, en base a las fotografías e informe pericial obrantes en la causa penal y las declaraciones testimoniales, el cable de video se encontraba montado sobre los mismo postes sostenes de la empresa Edesur por lo que “es probable que dichos cables de video pudieran haber recibido un retorno de electricidad proveniente de algún contacto con las instalaciones de electricidad de la demandada” (fs. 1493vta.); así como la respuesta al punto 20:”el hecho de la presencia en un barrio de viviendas de líneas eléctricas de baja tensión, de cables de video y específicamente de líneas eléctricas de media tensión (cables aislados) sobre los postes y encontrarse la red eléctrica en deficientes condiciones, según lo informado por el perito penal (ver punto pericial 1 situación de la red eléctrica) aumenta el riesgo ambiental eléctrico” (fs. 1494);

f) aclara el experto a fs. 1526/1527 que también es viable que el daño de descarga de corriente eléctrica a través del cuerpo de la víctima se hubiera producido por un arco eléctrico (corriente disruptiva entre la punta del video cable y la espalada de la víctima, sin contacto físico y a una distancia menor a 1,5metros, mediante un camino de ionización por el aire), debido a la importante diferencia de potencial entre el cable de video energizado a 13.200v. y el cuerpo de la víctima a un potencial cero;

2)Respecto a las irregularidades detectadas en la instalación eléctrica:

a)el perito ingeniero electricista manifestó en la causa penal, en cuanto al estado de las instalaciones en el lugar del accidente, que “según se puede observar las instalaciones eléctricas tienen un significativo desorden y evidencian falta de mantenimiento, como lo muestra una caja de fusibles de distribución que debe tener características estancas, no tiene su tapa de protección, el ingreso de cables a la misma no está estanqueizado, de la misma se alimenta una luminaria de alumbrado público y conexiones de derivación hacia viviendas, al mismo poste está instalado un sistema de video cable, que no cumple con las distancias reglamentarias entre este tipo de sistema y la red eléctrica. Dicha red eléctrica tampoco cumple con las distancias a nivel de piso H=5 metros, que indica el reglamento, según se puede visualizar en el croquis adjunto. También se puede visualizar restos de un cable aparentemente si tensión colgando del sistema”, v. fs. copia de fs.1135/1136, fotos y croquis de fs. 1137/1138).

b)El perito de parte, en la causa penal, expresó: “en forma extremadamente desprolija y peligrosa se hallan colgando los cables del video cable, que son lo que con alta probabilidad han tomado contacto con la víctima produciendo la descarga eléctrica sobre su cuerpo” (fs. 1153)

c) Al contestar el punto 22 de pericia de la parte actora, el experto designado en esta causa añadió a esta descripción que “lo que se observa en las fotografías de autos (cables cortados colgando, tendidos y acometidas de cables desordenados y aparentemente en condición de ilegalidad) demostrarían ausencia del ´buen arte en cuanto a la custodia y conservación de la cosa´, que en este caso serían las líneas eléctricas e instalaciones en el lugar y la fecha del evento” (fs. 1495)

d) la línea aérea de baja tensión no respetaba la distancia reglamentaria (v. respuesta a los puntos 5 y 6.c) de los puntos de pericia de la parte actora, fs. 1489vta./1490; así como las respuestas a los puntos 5.a) y 7.a) de la codemandada Edesur, fs. 1496/1497);

e)si bien en atención al diámetro del poste no resultaba obligatoria la la instalación de un obstáculo material en el poste donde ocurrió el accidente (cfr. fs. 1489), la reglamentación sobre líneas exteriores del año 1973 -vigente a la fecha del accidente- establecía la obligación de colocar un aviso “para llamar la atención sobre la prohibición de acceso” (punto 2.1.12), cuyo cumplimiento no ha sido acreditado (v. fs. 1154 y respuesta al punto 4.a, fs. 1489, y declaración testimonial de fs. 815vta).

Por su parte, las declaraciones testimoniales vertidas tanto en esta causa como en sede penal corroboran la falta de mantenimiento del tendido eléctrico, en los siguientes términos:

-Una vecina de la zona contó que “ahí siempre había un cable colgando, dicen que chispeaba, yo no lo vi a ese chispeando, pero el cable estaba colgado.En la otra cuadra los cables chispeaban, por calle 173. Siempre nos quedábamos sin luz porque esos cables chispeaban” (fs. 809, respuesta a la quinta pregunta por el testigo Mercedes Griselda Ramos, vecina de la zona); -Preguntada en qué condiciones estaban las instalaciones del lugar, la tía de la víctima (vecina de la zona), respondió: “malísima, no solo en ese lugar, pero ahí siempre había chispazos, generalmente cuando llovía, nadie quería pasar por ese lugar. Una vez se prendió fuego el cable arriba, hicimos reclamos una y otra vez y jamás aparecían. Ese era el enojo de todos los vecinos. Los reclamos se los hacíamos a la empresa de electricidad Edesur. Nunca aparecían. Había cables colgando, alambres colgados de los cables, que traían peligro. Las cajas abiertas sin ningún cartel que diga peligro, que indique que había peligro. Esto lo sé porque vivo ahí, a una cuadra de donde fue el accidente.” (fs. 815vta.). Importa poner de resalto que el vínculo familiar que une a la testigo con el actor no altera su idoneidad ni la fuerza probatoria de su declaración (art. 456 del código procesal) -que tampoco ha sido cuestionada por las demandadas-, puesto que sus dichos son concordantes con los demás elementos probatorios aportados a la causa.

VIII-De la totalidad de los elementos reseñados, y distintamente a lo que se ha expresado en la sentencia apelada, es razonable afirmar que ha quedado suficientemente acreditada la relación de causalidad entre el daño sufrido por el actor y el riesgo de la energía eléctrica que transportaban los cables del tendido eléctrico de la empresa EDESUR, debiéndose descartar que el fundado informe del perito interviniente constituya una “especulación” (segundo y tercer párrafo del considerando 11°).

Se debe recordar, en este sentido, que la prueba a producirse en la causa tiene la finalidad de formar la convicci ón del juzgador sobre la veracidad de los hechos afirmados en la demanda y que fueron controvertidos por los demandados, objetivo cabalmente cumplido en el caso.Nótese, en este aspecto, que los demandados no han desarrollado objeciones técnicas fundadas a las conclusiones del experto en cuanto a la forma en que se produjo el accidente, corroboradas, por lo demás, con las restantes constancias de la causa, en especial el peritaje efectuado en el año 2001 y el informe del perito de parte.

En suma, sea que los daños del actor sean consecuencia de que el cable energizado efectivamente tocó la espalda del actor, sea que se hubiera producido un arco eléctrico (hipótesis que, aun cuando no fue invocada en la demanda, resulta factible, de acuerdo no sólo a lo informado por el experto sino también a los dichos de los testigos, en particular la tía de la víctima, que presenció el accidente y manifestó que el cable que colgaba se encontraba a un metro o un metro y medio del poste, v. fs. 816), y al margen de que las lesiones sufridas sean consecuencia de una descarga de media o alta tensión (como afirma el informe pericial del año 2008) o de baja tensión (como estima el perito de parte a fs.1153/1156), lo cierto es que el siniestro se ha producido por un deficiente estado y mantenimiento de la instalación eléctrica existente en el lugar, cuya falta de control permitió la presencia de un cable de video no autorizado que colgaba a una altura peligrosa y que en su recorrido fue energizado por entrar en contacto con la línea de alta, media o baja tensión (es indistinto, en la medida en que únicamente interesa destacar que ha sido debidamente acreditado que la energía eléctrica transportada por los cables de EDESUR produjo las lesiones que presenta el actor). En estas condiciones, no parece dudosa la relación de causalidad entre el riesgo de la cosa y el daño, lo cual compromete la responsabilidad de la empresa prestadora del servicio de electricidad en la zona (EDESUR).

IX-En este punto, debe ser considerada la incidencia que la conducta de la víctima ha tenido en la producción del hecho dañoso. Para ello, corresponde tener en cuenta la reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual la culpa de la víctima, con aptitud para cortar el nexo de causalidad entre la actividad o cosa riesgosa y el perjuicio debe aparecer como la única causa del daño y revestir las características de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor (doct. art. 1111 del código civil y arts. 1719 y 1729 del código civil y comercial; Fallos: 310:2103).

Se debe tener presente que, aun cuando el experto en el punto 15 de los puntos de pericia de la codemandada Edesur (fs. 1499) señaló que el hecho se podría haber evitado si el Sr. Irrazabal hubiera actuado tomando las precauciones del caso, con posterioridad rectificó tal aserto en los siguientes términos: “este perito quiere dejar claramente establecido que aunque la víctima hubiera utilizado todos los elementos de protección personal.como barreras de protección para uso de los trabajadores, no se hubiera podido evitar el accidente e igual hubiera sufrido la descarga eléctrica en su cuerpo, dado que de acuerdo a todas las constancias y pruebas existentes en autos, quedó determinado que la descarga eléctrica del cable de video con posible potencial de 13.200 v. fue por la situación de riesgo latente por la incorrecta instalación de los cables y desprolijidad de los mismos . y además porque la descarga eléctrica entró por la parte de la espalda de la víctima” (fs. 1526vta., reiterado a fs. 1530vta.; 1532vta.; 1533vta.; 1534vta.).

De este modo, se observa que, aun cuando la conducta de la víctima pudiera haber coadyuvado a la producción del siniestro, en modo alguno alcanza para interrumpir el nexo causal entre el riesgo de la cosa y el daño, ya que no se erige como única causa del accidente, en la medida en que éste sobrevino también como consecuencia de la falta de control y adecuado mantenimiento de las instalaciones eléctricas y su peligrosidad.

X-Ahora bien, la circunstancia de que el actor hubiera apoyado una escalera al poste de alumbrado público y subido a ella, inclusive con la mera intención de “ver el problema que había en el cable del videocable” (v. fs. 1928vta.), y aun cuando no hubiera existido una debida señalización, constituyó inequívocamente una conducta no sólo peligrosa, sino también cohibida por el orden normativo, máxime ponderando los conocimientos en la materia que el actor manifestó poseer y las tareas que desarrollaba laboralmente (v. fs. 28vta.). Si a ello se añade el hecho de que el cable cortado colgaba a aproximadamente un metro y medio del poste (según estima la testigo deponente a fs. 816), no es dudosa la configuración de una actitud imprudente que innegablemente contribuyó a la producción del siniestro (arts. 512, 902, 903, 904, 1111 y concordantes del código civil, -arts.1724, 1725, 1719, 1729 y concordantes del código civil y comercial-).

En consecuencia, y dado que no concurren otros factores que permitan medir la intensidad en que cada comportamiento influyó en el acaecimiento del hecho dañoso, cabe formular una distribución paritaria y, asignar un 50% de responsabilidad a la víctima en la producción del evento dañoso, subsistiendo, en consecuencia, el deber de EDESUR de reparar el daño en el 50% restante.

XI-La demanda también ha sido dirigida contra el ENRE y contra la Municipalidad de Quilmes, con fundamento en el art. 56, inc. s) de la ley 24065 respecto del primero de los entes nombrados y, con respecto al ente municipal, dado que el hecho generador se produjo en el poste de alumbrado público (v. demanda, punto IV, fs. 31 y siguientes). Asimismo, la empresa Telecentro fue citada como tercero por ambos codemandados.

Resulta necesario advertir que, como regla general, es recaudo exigido en la jurisprudencia que quien alega responsabilidad del Estado por falta de servicio debe individualizar del modo más claro y concreto posible cuál es la actividad de los órganos estatales que reputa como irregular, es decir, tanto la falta de legitimidad de la conducta estatal como la idoneidad de ésta para producir los perjuicios cuyo resarcimiento se reclama (Fallos: 317:1233; 329:2088, entre muchos otros).

Asimismo, en lo que concierne a la responsabilidad del Estado por omisión, se debe distinguir entre los casos de omisiones a mandatos expresos y determinados en una regla de derecho, en los que puede identificarse una clara falta del servicio, de aquellos otros casos en los que el Estado está obligado a cumplir una serie de objetivos fijados por la ley sólo de un modo general e indeterminado, como propósitos a lograr en la mejor medida posible” (Fallos: 330:563; 332:2328 y “Carballo de Pochat, Violeta Sandra Lucia c/ ANSES s/ daños y perjuicios”, nro.C.127.XLVII, sentencia del 8/10/13; en el mismo sentido, esta Sala, en “Mattina de Grasso Ana María y otros c/ EN M° E – Secretaría y de Estado de I y C y otro s/ daños y perjuicios”, expediente nro. 23.721/00, del 19 de noviembre de 2013).

Importa recordar, además, que “la circunstancia de que las actividades privadas se hallen sujetas a regulación estatal por razones de interés general o que inclusive dependan del previo otorgamiento de un permiso, licencia o habilitación, significa que están sometidas a condiciones o estándares mínimos para que los particulares puedan desarrollarlas lícitamente, pero no releva de responsabilidad personal a quien las desarrolla ni torna al Estado en co-responsable de los daños que pudieran resultar del incumplimiento de los reglamentos dictados a tal efecto” (Fallos: 329:2088).

La citada responsabilidad directa basada en la falta de servicio y definida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como una violación o anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular, entraña una apreciación en concreto que toma en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño (Fallos: 321:1124). El análisis que debe efectuarse en supuestos como el presente en el que se debate la responsabilidad del Estado por omisión de deberes generales entraña un juicio sobre la diligencia puesta en la prestación del servicio o en la actividad administrativa en general (arg. Fallos: 321:1124, cons. 7° y “Carballo de Pochat”, citado y Alejandro D. Andrada, “Responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos”, Buenos Aires, 2008; capítulo VI, pag. 197 y sgtes), con abstracción del resultado obtenido en el caso particular.

En la causa, el accionante no individualizó concretamente ninguna medida que, de haber sido adoptada por el ENRE o la Municipalidad de Quilmes, hubiera evitado el siniestro (Fallos:312:2138; 323:305 y 318; 327:2722, 329:2088 y 329:3966, entre otros), máxime teniendo en cuenta la generalidad de las potestades establecidas en el art. 56 de la ley 24065, incs. a) y s). Al contrario, el codemandado ENRE se ha extendido en referencias a la actividad de control desplegada (v. fs. 1634/1640), sin objeciones acerca de su aptitud para demostrar la diligencia puesta en el cumplimiento de sus funciones; por otro lado, no hay constancias de que en la cuadra en que tuvo lugar el accidente se hubiere habilitado la instalación de alguna red de videocable.

XII-Desde otra perspectiva, ha sido correctamente desvinculada de la causa la empresa Telecentro SA. Como bien señaló el señor magistrado de la instancia anterior (segundo párrafo del 9° considerando de la sentencia), surge de la prueba pericial contable (v. fs. 1735/1737) que dicha empresa no desarrollaba ninguna actividad en el Municipio de Quilmes, lo cual alcanza para descartar que fuera la propietaria del cable de video que, energizado, provocó el accidente.

XIII-Por lo hasta aquí expuesto, corresponde admitir parcialmente la demanda resarcitoria deducid a contra la empresa EDESUR, y desestimar la acción entablada contra el ENRE, la Municipalidad de Quilmes y Telecentro SA.

XIV-En lo que atañe a la extensión del resarcimiento, se debe recordar que el actor reclamó la reparación del daño físico, psicológico, estético y moral y de los gastos de sesiones terapéuticas, prótesis, transporte y medicamentos (v. demanda, punto III, fs. 29vta.y siguientes).

Para ello ha de tenerse presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado repetidas veces que el “daño estético” no es autónomo respecto del daño material o moral, sino que integra uno u otro o ambos, según el caso (doctrina de Fallos 305:2098; 321:1117, entre otros); asimismo, ha sostenido que “cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de que desempeñe o no una actividad productiva pues la integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida” (Fallos: 308:1109; 312:752 y 2412; 315:2834; 316:2774; 318:1715; 320:1361; 321:1124; 322:1792, 2002 y 2658; 326:847 y 1673; 329:2701).

Comprende, entonces, lo reclamado en concepto de “daño a la salud o biológico” y “daño estético”, rubros que, más allá de la discriminación conceptual y las denominaciones empleadas, persiguen la reparación económica de la totalidad de secuelas que la lesión origina en la víctima, atendiendo a su incidencia en los múltiples ámbitos en que el sujeto proyecta su personalidad, dimensión a la que atiende el concepto resarcitorio elaborado por la Corte según lo expresado precedentemente (Fallos: 322:2002).

Para evaluar el resarcimiento no es necesario recurrir a criterios matemáticos ni tampoco son aplicables los porcentajes fijados por la ley de accidentes de trabajo, aunque puedan resultar útiles para pautas de referencia, sino que deben tenerse en cuenta las circunstancias personales del damnificado, la gravedad de las secuelas, los efectos que éstas puedan tener en su vida laboral y de relación (Fallos:320:1361; 325:1156), toda vez que “no sólo cabe justipreciar el aspecto laboral sino también las consecuencias que afectan a la víctima, tanto desde el punto de vista individual como desde el social, lo que le confiere un marco de valoración más amplio (Fallos: 310:1826; 318:38; causa B. 1264.XXXII, “Bouilly, Mario Guillermo c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s /daños y perjuicios”, sentencia del 24 de noviembre de 1998 y Fallos: 326:847, ya citado).

XV-En este sentido, debe ponderarse que el actor era muy joven (24 años, cfr. fs. 5) al momento del accidente, ocurrido en el año 2000, y que es padre de cinco hijos (cfr. lo informado a fs. 1313 y constancia de fs. 1) de entre 18 y 3 años aproximadamente, así como debe tenerse en cuenta su nivel de instrucción (nuevamente según lo expresado en el informe, fs. 1313) y la actividad laboral que desarrollaba antes del siniestro (conforme relatara en la demanda, se desempeñaba como instalador de videocable en la empresa Telecentro).

Además, han quedado suficientemente acreditadas en la causa las secuelas del accidente sufrido por el actor. En efecto, la perito sicóloga en su informe de fs. 1260/1269 ha sido categórica al afirmar que el actor poseía una “personalidad de base normal” y que las diversas lesiones sufridas en el hecho que motiva esta causa “han impactado directamente en su estructura narcisista ocasionando un gravísimo daño psicológico parcial y permanente que provoca un estado de desvalimiento y pérdida parcial de autonomía, con consecuencias sobre el conjunto de la organización psíquica lograda hasta el momento de los hechos, al punto de poner en riesgo la vida del actor a causa de la preocupación suicida que lo aqueja” (v. fs. 1267). Agregó la experta a fs.1268 que tanto las entrevistas como los tests han reflejado “un trauma psíquico vinculado directa y causalmente con el evento dañoso”. Fija el porcentaje de incapacidad psicológica permanente de un 70% (Depresión en Grado Muy Severo 3.9.4 del baremo de los Dres. Castex – Silva) y aconseja un tratamiento sicológico con una frecuencia de 3 veces por semana durante al menos tres años.

Por su parte, la perito experta en psiquiatría coincidió en su informe de fs. 1311/1315 en fijar un 70% de incapacidad total y permanente por presentar el actor un “desorden mental orgánico post traumático”.

Asimismo, el perito médico legista a fs. 1271/1279, teniendo en cuenta las historias clínicas acompañadas y la evaluación practicada, fijó la incapacidad del actor en un 100% permanente total definitiva; puso de resalto que pese a su juventud el actor ha quedado inhabilitado para toda actividad laboral formal (v. fs. 1273). En la respuesta a los puntos de pericia nro. 2, 4 y 6 ofrecidos por la actora a fs. 35vta. y contestados a fs. 1272vta., señaló, entre otras secuelas físicas, la amputación bilateral de los miembros inferiores, cicatrices antiestéticas en rostro, cuello, oreja derecha, cuero cabelludo, espalda, así como secuelas respiratorias, en la vista y la audición. Agregó que las cicatrices podrían mejorar parcialmente mediante autoinjertos de piel. Explicó el experto que estas lesiones “se corresponden con un accidente eléctrico como el de marras” (fs. 1273vta).

XVI-Las secuelas físicas que experimentó el actor, entre las que se destaca la amputación de ambos miembros inferiores y la disminución sustancial de la visión y la audición, con la consiguiente dependencia de terceros y la incapacidad fijada por el perito médico, así como las cicatrices antiestéticas en la cara, cuello, espalda, etc.demuestran cabalmente el perjuicio físico sufrido por el actor, que repercute no sólo en el ámbito laboral (en el que cobra significativa relevancia la edad del actor a la fecha del siniestro, que tuvo lugar hace 15 años, y las tareas que desempeñaba en ese momento) sino también en la esfera social, cultural, deportiva, etc., (ponderando especialmente que es padre de cinco hijos) con la consiguiente “frustración del desarrollo pleno de la vida”, en los términos expresados por el Alto Tribunal en la jurisprudencia reseñada, y justifican que la reparación por el daño físico, comprensivo del estético, sea fijado en un millón quinientos mil pesos -$1.500.000-, debiéndose poner de resalto que los eventuales gastos de prótesis no surgen adecuadamente probados en la causa.

XVII-Cabe advertir que el “daño psíquico o psicológico” constituye una verdadera lesión orgánica en tanto que el “daño moral” -por definición- opera en el ámbito anímico-espiritual (esta Sala, expte. nro. 18.565/03, “Sayago Horacio Adrián y otro c/ EN -PFA y Otro s/ daños y perjuicios”, sentencia del 11/10/2007 y Sala II, expte. nro. 25.521/00, “”Bettinotti, Jorge Luis c/ E.N. -P.E.N.- Ministerio de Trabajo s/ daños y perjuicios”, del 28/05/2010).

El Alto Tribunal ha declarado en numerosas oportunidades que “cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes tanto físicas como psíquicas esta incapacidad debe ser reparada en la medida en que asume la condición de permanente” (CSJN, Fallos: 328:4175; 326:847, 1299 y 1673); en igual sentido, ha dicho que “para la indemnización autónoma del daño psíquico respecto del moral, la incapacidad a resarcir es la permanente y no la transitoria, y debe producir una alteración a nivel psíquico que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso” (Fallos:327:2722).

Además, es necesario recordar que “a fin de establecer el quantum indemnizatorio por daño psicológico no debe hacerse uso de cálculos, porcentajes o pautas rígidas, quedando librado su monto al prudente arbitrio judicial, puesto que se trata de situaciones en que varían diferentes elementos a considerar tales como las características de las lesiones padecidas, la aptitud para los trabajos futuros, la edad, condición social, situación económica y social del grupo familiar” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala L, 17/12/2009, “Guzmán, Nelson Gerardo c/ Ibarra, Cristian Norberto y otros”).

En estas condiciones, dado que las expertas psicóloga y siquiatra han coincidido en calificar la incapacidad del actor como permanente y la fijaron en un 70%, por sufrir un “trastorno mental orgánico post traumático” , corresponde resarcir al actor con quinientos mil pesos -$500.000- por los daños sufridos en este aspecto, a los que se debe agregar la suma de cien mil pesos -$100.000- para atender el tratamiento sicológico recomendado, computando la frecuencia indicada de 3 sesiones semanales durante tres años, para lo cual se tiene en cuenta que actualmente el costo de la sesión ronda los 250 pesos, aunque la perito informó $100 en el año 2011.

XVIII-El daño moral se caracteriza por los padecimientos que hieren las afecciones legítimas de quienes los sufren (art. 1078 del código civil); concepto que tiene naturaleza resarcitoria (CSJN, Fallos: 311:1018; 321:1117; 323:3614; 325:1156; 329:2688 y expte. nro. G. 110. XXXIII caratulado “Guillermon, Marcela Claudia”, sentencia del 6/12/2011; CNACAF, esta Sala, expte. nro. 123198/2002, “García Julio Raúl”, sentencia del 8/5/2012; CNACyCF, sala II, “Godoy, Raúl Orlando” , del 04/03/2008; CNACiv, Sala K, “Acquistapace, Clyde Ana” , del 22/05/2007; Sala F, “R., A.C.”, del 17/07/2006, entre muchos otros) y cuya valuación no está sujeta a cánones estrictos en función de las dificultades que existen para mensurar en dinero un detrimento de naturaleza no patrimonial, razón por la que ha de tratarse que atienda apropiadamente a la magnitud del menoscabo espiritual a sopesar (Sala I, “Garat, Oscar Ernesto”, del 03/04/2014) por lo que en estos casos prima la apreciación prudencial de los jueces, tomando en cuenta para ello la gravedad de la lesión espiritual sufrida y el hecho generador de la responsabilidad y sin que exista ninguna relación con el perjuicio material, que puede, incluso, no existir (CSJN, Fallos: 321:1117; 323:3614 y 325:1156, entre otros; CNACAF, Sala II, “Fischbein, Silvio Daniel”, causa nro. 14576/98, sentencia del 12/2/09; esta Sala, “Sayago Horacio Adrián”, causa nro. 18565/03, sentencia del 11/10/07; “La Delfa”, expte. nro. 24895/08, del 5/5/2015, entre otros).

Esta Sala ha establecido, asimismo, que en lo atinente a la demostración del daño moral, en la mayoría de las hipótesis la naturaleza de los hechos generadores y sus consecuencias tornan innecesaria la prueba específica (v. causa nro. 12.439/04, “Peppe Nazareno c/ E.N. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 14/04/08, entre otras).

En función de las pautas expuestas, es indudable que el hecho que origina esta causa ha provocado en actor sufrimientos y padecimientos que merecen reparación. Corresponde asignar por este capítulo, entonces, la suma de un millón de pesos -$1.000.000-.

XIX-Pese a no haber sido estrictamente acreditados, puede razonablemente inferirse la existencia de los gastos de medicamentos y traslado reclamados en la demanda (en el mismo sentido, v. CSJN, expte. nro. B. 280. XXXV. ORI, “Bottino Marcela Amanda c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, del 12/04/2011; Fallos: 323:2930; incluso el Alto Tribunal ha señalado que no requieren comprobación: Fallos: 327:2722, lo cual es coincidente con lo actualmente dispuesto en el art.1746 del Código Civil y Comercial de la Nación), por lo que cabe reconocer los individualizados bajo esa denominación en el punto III de la demanda (fs. 31) y que ascienden a la suma de nueve mil seiscientos sesenta pesos -$9.660-.

XX-En cuanto a la invalidez que esgrime el actor a fs. 38/vta. (punto IX de la demanda) con respecto a las normas que impiden actualizar la deuda reclamada (arts. 7° de la ley 23.928 y 4° de la ley 25.561), cabe recordar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en la causa nro. A. 1123. XLVII., caratulada “Abastecimientos Hospitalarios SA c/ EN – Mº S y AS – Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas s/contrato administrativo”, de fecha 3 de septiembre de 2013 en la que, con remisión al dictamen de la Procuradora Fiscal, estableció que “la prohibición al reajuste de valores, así como de cualquier otra forma de repotenciar las deudas ordenada por los preceptos cuestionados, es un acto reservado al Congreso Nacional por disposiciones constitucionales expresas y claras, pues es quien tiene a su cargo la fijación del valor de la moneda y no cabe pronunciamiento judicial ni decisión de autoridad alguna ni convención de particulares tendientes a su determinación (Fallos: 328:2567 y sus citas). El reconocimiento de tal facultad impide acceder a lo peticionado por el apelante, máxime cuando V.E. tiene dicho que la declaración de inconstitucionalidad es la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico (Fallos: 303:1708; 324:920, entre muchos otros)”.

Por ello, y en consonancia con el dictamen fiscal de fs.1860/1862, el planteo debe ser desestimado.

XXI-En virtud de las consideraciones precedentes, corresponde valorar los daños sufridos por el actor a raíz del hecho que da origen a esta causa en la suma de tres millones ciento nueve mil seiscientos sesenta pesos -$3.609.660-, debiéndose señalar que, en función de los términos en que ha sido entablada la demanda, no es posible considerar que el actor hubiera limitado su pretensión al monto señalado en el punto I del escrito inicial, en tanto sujetó su determinación a las pruebas a producirse en la causa.

Importa advertir, no obstante, que en virtud de la concurrencia de culpas establecida en el considerando X de la presente, la empresa EDESUR y su aseguradora Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A.-cfr. póliza nro. 1.085.110, cuya copia obra a fs. 214/256- se encuentran obligadas a reparar esos daños en un cincuenta por ciento (50%).

Al crédito reconocido se le aplicará la tasa pasiva promedio mensual que publique el Banco Central de la República Argentina (conf. art. 10 del Decreto Nº 941/91 y art. 8º, segundo párrafo, del Decreto 529/91), no capitalizable, desde la fecha del hecho (salvo en lo que concierne a las sumas establecidas para cubrir los gastos de tratamiento sicológico, que resultan exigibles a partir de quedar firme la sentencia por lo que es a partir de ese momento que generarán intereses) y hasta el dictado de la sentencia definitiva; con posterioridad a ella, resulta de aplicación la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.

XXII-Las costas de ambas instancias (art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), en lo que concierne a la relación procesal establecida entre la parte actora y la codemandada EDESUR y la citada en garantía Compañía de Seguros La Mercantil Andina, se imponen a la vencida (art.68, primer párrafo del código procesal); en cuanto a las costas relativas a los restantes codemandados (ENRE y Municipalidad de Quilmes), deberán ser soportadas en el orden causado, en atención a la naturaleza de la pretensión objeto de esta causa (segundo párrafo de la norma precedentemente citada); criterio este último que debe seguirse también respecto al ENRE en cuanto a la intervención de Telecentro y su aseguradora, puesto que la circunstancia de que prestadora de videocable no operara en la Municipalidad de Quilmes no hubiera modificado la percepción de que prima facie podría resultar responsable por los daños reclamados, en atención a los términos en que fue deducida la demanda y teniendo presente, también, lo resuelto a fs. 517/518.

De acuerdo a las reflexiones precedentes, VOTO por que se revoque la sentencia apelada y, en consecuencia, se admita la demanda, condenándose a la empresa EDESUR SA y a su aseguradora, Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA (cfr. póliza nro. 1.085.110) al pago del cincuenta por ciento (50%) de la indemnización de los daños que fueron reconocidos en los considerandos XV a XVIII de la presente y en las condiciones que se expresaron en el tercer párrafo del considerando XXI, con costas (art. 279 y 68, primer párrafo del código procesal); asimismo, que se rechace la demanda con respecto al ENRE, Municipalidad de Quilmes y Telecentro y su asegurada, con costas en el orden causado (art. 68, segundo párrafo del código procesal).

Los Dres. Jorge Esteban Argento y Sergio Gustavo Fernández adhieren al voto precedente.

En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, SE RESUELVE: revocar la sentencia apelada; en consecuencia, se admite la demanda, condenándose a la empresa EDESUR SA y a su aseguradora, Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA (cfr. póliza nro. 1.085.110) al pago del cincuenta por ciento (50%) de la indemnización de los daños que fueron reconocidos en los considerandos XV a XVIII de la presente y en las condiciones que se expresaron en el tercer párrafo del considerando XXI, con costas (art. 279 y 68, primer párrafo del código procesal) y se rechaza la demanda con respecto al ENRE, Municipalidad de Quilmes y Telecentro y su asegurada, con costas en el orden causado (art. 68, segundo párrafo del código procesal).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

JORGE ESTEBAN ARGENTO

CARLOS MANUEL GRECCO

SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ