Se rechaza la indemnización por daños reclamada por una alumna que recibió un impacto de bala a la salida de una clase de gimnasia.

Arma de fuegoPartes: P. M. A. c/ GCBA y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sala/Juzgado: II

Fecha: 22-jun-2015

Cita: MJ-JU-M-94782-AR | MJJ94782 | MJJ94782

Se rechaza la indemnización por daños reclamada por una alumna que recibió un impacto de bala a la salida de una clase, pues no se encontraba bajo el control del establecimiento educativo.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la demanda por daños y perjuicios entablada a raíz del accidente sufrido por una menor a la salida de la escuela secundaria, -quien recibió el impacto de una bala en su abdomen-, pues ni desde el punto de vista temporal ni espacial puede sostenerse que la damnificada se encontrara bajo el control de la autoridad educadora en los términos del art. 1117 del CCiv., sino que se trató de un caso fortuito.

2.-Puesto que si bien en principio se trataría de un caso de responsabilidad de tipo objetiva derivada del deber de seguridad que pesa sobre el demandado dirigido a preservar la integridad física y psíquica de los niños confiados a su vigilancia, lo cierto es que no puede sostenerse que la niña damnificada estuviera bajo la vigilancia del establecimiento educativo al momento del accidente, pues ya se había retirado del establecimiento.

3.-No corresponde que la parte actora desconozca el valor probatorio de las declaraciones testimoniales del expediente penal, -que ella misma propuso como prueba en su demanda-, toda vez que rige el principio de adquisición, en virtud del cual si bien las cargas de la afirmación de la prueba se hallan distribuidas entre cada una de las partes, los resultados de la actividad que aquellas realizan en tal sentido se adquiere para el proceso en forma irrevocable, revistiendo carácter común a todas las partes que en él intervienen.

4.-Toda vez que, con independencia de la hora exacta en que hubiera acaecido el hecho dañoso, la clase de gimnasia había concluido en su horario habitual, la menor ya se había retirado del colegio, cuando fue impactada por la bala ya no estaba ni en la puerta ni en la misma cuadra del colegio, así como que se trataba de una alumna de colegio secundario con plena autorización para retirarse sola del establecimiento, cabe descartar que la alumna se encontrara bajo el control de la autoridad educativa y por lo tanto, no corresponde de atribuirle al demandado la responsabilidad de este lamentable hecho dañoso.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de junio de dos mil quince, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para conocer en el recurso de apelación judicial interpuesto contra la sentencia de primera instancia, en autos caratulados “P. M. A. C/GCBA y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS /EXCEPTO RESP. MÉDICA)”, EXPTE: EXP 22984/0, y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden Jueces de Cámara:

Mabel Daniele – Esteban Centanaro – Fernando Juan Lima, resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? A la cuestión planteada, la JUEZA MABEL DANIELE dijo:

ANTECEDENTES:

1. A fs. 1/8 el Sr. P. O. P. y la Sra. C. A. P., en nombre propio y en representación de su hija menor P. M. A., -mediante apoderado- promovieron demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el cobro de una indemnización por daños y perjuicios por la suma de pesos dos millones cuatrocientos ocho mil ($2.408.000) a raíz del accidente sufrido por su hija a la salida de la Escuela Secundaria de Comercio N° 19 “Dr. Juan Montalvo”.

Relataron que el día 26 de agosto de 2005 a las 14.30hs. su hija estaba saliendo del colegio porque había tenido clase de gimnasia, cuando recibió el impacto de una bala de 45 mmts. en su abdomen, lo que le provocó “el estallido del estómago, le perforó los intestinos y le destrozó un riñón”.

Mencionaron que en virtud del accidente P. M. A., fue trasladada por el SAME al Hospital Durand y luego derivada al Hospital Naval de Buenos Aires “Dr. Pedro Mallo”, donde le realizaron una intervención quirúrgica exploratoria, y tras estar internada en terapia intensiva primero y común después, recién pudo regresar a su hogar el 04 de octubre (fs.2).

Sostuvieron que el GCBA era responsable por los daños sufridos en función del deber de seguridad impuesto a los establecimientos educativos privados o estatales, previsto en el artículo 1117 del Código Civil (fs. 2). Agregaron que el fundamento de la responsabilidad objetiva nacería del “factor garantía” de quien se encuentra en mejor posición para responder por las consecuencias dañosas de un hecho, enderezado a una distribución más equitativa de los daños y a la protección de la víctima (fs. 2vta.).

Asimismo sostuvieron que el daño sufrido por P. M. A., no fue por “caso fortuito”, sino que fue consecuencia del hecho de un tercero -el delincuente que disparó el arma-, por lo que no se exime de responsabilidad al establecimiento educativo.

Finalizaron su demanda detallando las secuelas anatómicas y psicológicas provocadas por el accidente tanto a la víctima como a sus padres.

Practicaron liquidación, fundaron en derecho su reclamo, ofrecieron prueba y pidieron que se cite en garantía a La Meridional Cia. Argentina de Seguros S.A.

2. A fs. 383/394 La Meridional Cia. Argentina de Seguros S.A. -en adelante La Meridional- contestó la citación en garantía, solicitando el rechazo de la demanda con costas. Negó que el hecho denunciado estuviera alcanzado por la cobertura de seguro contratada, así como el hecho y las circunstancias descriptas sobre cómo se habrían producido los daños y la procedencia de la indemnización reclamada.

3. A fs. 404/416 se presentó el GCBA, opuso su falta de legitimación pasiva por haber ocurrido el accidente fuera, y a una distancia considerable, del establecimiento escolar (v. fs. 424 y fs. 426). En subsidio contestó la demanda. Tras las negativas de rigor, se refirió al hecho acaecido lamentando lo ocurrido a la hija de los actores pero señalando que de ningún modo le era imputable al GCBA.En tal sentido señaló que el incidente había ocurrido fuera del horario escolar y a una distancia considerable del colegio (a una cuadra y media); y agregó, que por otra parte, no habría mediado un deficiente obrar del GCBA y por lo tanto era evidente la ausencia de nexo causal (fs. 409 vta.). Por último, impugnó los rubros y montos reclamados, ofreció prueba, y planteó posiciones a la ofrecida por la actora.

4. A fs. 643 se presentó P. M. A., por su propio derecho, en virtud de haber llegado a la mayoría de edad, cesando la intervención del Sr. Asesor Tutelar (v. fs. 645).

5. Producida la prueba y agregados los alegatos, a fs. 767/772vta. el magistrado de grado dictó sentencia rechazando la demanda con costas. Para así decidir, en primer lugar, sostuvo que ni desde el punto de vista temporal ni espacial podía sostenerse que la damnificada se encontraba bajo el control de la autoridad educadora.

En ese sentido por un lado entendió – a partir de las constancias de autos, y debido a las diferencias en los testimonios de los testigos de la causa penal y de los de las presentes actuaciones-, que no resultaba posible corroborar la exactitud del horario en que ocurrió el hecho, pero que era más creíble que hubiera sido más cercano a las 15 hs. (casi media hora después del horario indicado por la actora) que a las 14.30 hs., que era el momento en que los alumnos terminaban la clase de educación física (ver fs. 769vta/770.). Sobre dicha base destacó que “desde el punto de vista temporal los alumnos no se encontraban bajo el control de las autoridades del establecimiento educativo” (fs.770). Por otra parte, en cuanto al lugar, tuvo por verificado que “la distancia entre la puerta del establecimiento y el lugar del hecho es de aproximadamente 110 mts”, lo que consideró una “distancia más que suficiente como para que se pueda considerar fuera del ámbito espacial de control por parte de las autoridades educativas, máxime cuando [-]el hecho habría ocurrido media hora después (aproximadamente) de la salida de la clase de educación física” (fs. 771vta.).

No obstante lo anterior, y a mayor abundancia, concluyó que el suceso era encuadrable en el supuesto de caso fortuito que conforme el art. 1117 del CC operaría como eximente de responsabilidad (fs. 772).

Finalmente se preguntó qué previsión podían tomar las autoridades educativas para evitar que la alumna sufriera un daño a partir de un hecho como el ocurrido a 110 metros de la puerta del establecimiento y camino a su domicilio (fs. 771/772).

Junto al rechazo de la demanda, reguló a los Dres. Syrpouhi Bakirdjian, Eduardo Pedro José Muñoz y María Martha Baldi Cueli como letrados apoderados del GCBA, y en carácter de patrocinante al Dr. Victor Zamenfeld, honorarios por la suma ($.), en forma conjunta; al Dr. Hernán Diego Pérez Rachel en su carácter de apoderado de la Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. ($.); y a los de los Dres. Rubén Alfonso Ferola y Sandra Edith Duarte, en conjunto, en su carácter de apoderados de la parte actora la suma de ($.). Asimismo por su labor reguló la suma de ($.) a cada uno de los peritos actuantes, esto es al perito psicólogo Marcos Agustín Tonda, a la perito Médica legista Susana Eugenia González, y al perito Contador Leonardo Bordó.

6. Contra tal pronunciamiento se alzó la parte actora a fs. 781 cuestionando tanto lo resuelto en cuanto al fondo como la regulación de los honorarios por considerarlos altos. Asimismo apelaron honorarios:i) La Meridional los regulados a favor de su letrado apoderado Hernán Diego Pérez Rachel así como los de los demás profesionales actuantes por altos (fs. 781), ii) Hernán Diego Pérez Rachel por su propio derecho y la perito médica, Susana Eugenia González, los que se les regularan a cada uno de ellos por bajos (fs. 781 y 786 respectivamente).

7. A fs. 793/799 fundó su recurso la parte actora. Se agravió puntualmente por considerar errado el fallo tanto en cuanto al horario en que ocurrió el accidente como respecto al lugar en que se produjo. También sostuvo que se equivocaba el sentenciante cuando interpretó que la tentativa de robo y posterior disparo constituyó un caso fortuito. En cuanto al horario criticó que el magistrado de grado hubiera dado mayor preeminencia a los dichos de los testigos de la causa penal, respecto del horario del accidente, por sobre los declarantes que depusieron en autos, en tanto su parte, en la causa criminal, no pudo presenciar la producción de dicha prueba (fs. 793 vta.).

Específicamente sostuvo que “las declaraciones testimoniales contenidas en el sumario de la causa penal adjunta son inválidas respecto a mi parte en razón de que fueron vertidas sin que las presenciara [-] de modo que no pueden ser consideradas más valederas que las testimoniales producidas durante el proceso de autos” (fs. 793 vta.).

Sobre dicha base afirmó que estaba probado que el hecho ocurrió poco después de las 14.30 hs. a la salida de la clase de gimnasia.

En referencia al lugar, sostuvo que lo relevante era que estaba probado que “el hecho dañoso ocurrió cuando la alumna salía de la clase de gimnasia del colegio y a pocos metros del mismo, razón por la cual no corresponde descartar la responsabilidad del establecimiento en razón de minutos o metros, circunstancia que tampoco puede considerarse decisiva porque no existen parámetros fijos ni prestablecidos a tal efecto, dependiendo siempre de las particularidades de cada caso concreto analizado bajo los principios de solidaridad social que rigen la materia” (fs.794 vta.).

Finalmente insistió en que no medió un caso fortuito sino un hecho de un tercero no eximente de la responsabilidad del establecimiento (fs. 794 vta.).

8. Corridos los pertinentes traslados de la expresión de agravios, tanto la demandada como la citada en garantía guardaron silencio, a fs. 809/811 vta. emitió dictamen el Ministerio Público Fiscal, pasando los autos al acuerdo a fs. 813.

CONSIDERANDO:

9. Que previo a resolver corresponde recordar que los jueces no están obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos aportados por las partes, ni a hacer referencia a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren las que sean conducentes para la correcta composición del l itigio (conf. art. 310 CCAyT y doctrina de la CSJN, Fallos: 272:225; 274:486; 276:132 y 287:230, entre otros).

10. Establecido ello, cabe señalar – tal como lo he sostenido en reiteradas oportunidades- que el fundamento de la responsabilidad del estado se halla en los principios que hacen a su propia existencia. El derecho a la reparación nace por la relación directa entre la actividad legítima o ilegítima estatal (o de cualquiera de sus agentes) y el daño ocasionado. Se resume en la premisa de que todo perjuicio injustamente causado por el estado debe repararse.

El sustento no es otro que la teoría del sacrificio especial y la igualdad ante las cargas públicas, porque los artículos 4 y 16 in fine de la Constitución Nacional determinan que las contribuciones exigidas a los habitantes deben ser equitativas y proporcionales. Si se produce un sacrificio especial por el acto legítimo o ilegítimo de cualquier órgano, debe restablecerse la igualdad de todos los habitantes a través de una indemnización, que estando a cargo del estado, generalice el sacrificio especial que se ha exigido al damnificado.

El reconocimiento de los derechos individuales y su restablecimiento mediante una indemnización, en los casos en que el estado los hubiere violado, son condiciones de la existencia misma del estado jurídico y de las autoridades legítimas.Y esto es así por cuanto de lo contrario se desconocerían los derechos individuales consagrados en la Constitución Nacional. En consecuencia, la reparación es una respuesta a los derechos asegurados y al valor justicia (esta Sala, “Consorcio de propietarios Olazábal 2546/50 c/ GCBA s/ daños y perjuicios”, expte. EXP 5845/0, sentencia de fecha 4-05-2006, cons. 6º de mi voto).

Así, los principios de derecho público contenidos en los arts. 1112 y 1113 del Código Civil, resultan analógicamente aplicables en virtud de la responsabilidad que, apoyado en tales consideraciones, compete al estado por los daños sobrevinientes en el ejercicio de sus funciones (conf. in re “Villareal Roberto c/ GCBA s/ daños y perjuicios” , expte. 625, sentencia del 26-06-2003, del voto del Dr. Eduardo Ángel Russo al que adherimos los restantes integrantes de la sala).

“Fiorini ha sostenido también que las normas constitucionales presupuestan la responsabilidad estatal, en especial el artículo 100, que asegura la demandabilidad del Estado, y el artículo 16, sobre la igualdad ante la ley. «La demandabilidad estatal, consagrada en el artículo 100, y el tratamiento de igualdad sin privilegio, se extienden operativamente sin ninguna excepción. El Estado, que impone sanciones a los particulares ante el incumplimiento normativo, sería inconcebible que las excluya cuando se refieren a hechos, a conductas o actos provenientes del Estado. El principio de la demandabilidad implica el de la responsabilidad, que se extiende también a las constituciones y leyes provinciales por mandato del art. 31 C.N. [.] la responsabilidad reparatoria se encuentra implícita y expresa en varias normas constitucionales: artículo 15 (reparación por la ley que libere a los esclavos); 16 (toda carga del Estado debe imponerse por igual); artículo 17 (inviolabilidad de la propiedad:El daño irresarcible sería una aberración); artículo 19 (soberanía de la voluntad individual, mientras no afecte o perjudique a un tercero); artículo 28 (prohibición al legislador de alterar los principios y derechos consagrados, con normas reglamentarias); artículo 18 (inviolabilidad de la defensa de tales derechos). Y todo ello porque «La Constitución consagra la organización nacional para afianzar la justicia, que es darle a cada uno lo que le corresponde y reparar aquello que se sustrae o vulnera»” (REIRIZ, María Graciela, “Responsabilidad del Estado”, Buenos Aires, Eudeba, 1969).

Asimismo, para que la responsabilidad del estado resulte procedente deben presentarse en el caso sus presupuestos. Los elementos del concepto clásico de este tipo de responsabilidad son: a) un daño cierto, b) antijuridicidad en el hecho u omisión dañosos, es decir, que haya existido un defectuoso o irregular funcionamiento del servicio, la llamada “falta de servicio” que produce el daño, c) que ese daño haya sido ocasionado por o pueda ser imputado al funcionamiento (defectuoso) del servicio o accionar irregular del presunto responsable (relación de causalidad).

11. Que delineados los antecedentes se advierte que la parte actora se agravió respecto a la valoración de la prueba en cuanto al momento y lugar del accidente, así como por lo decidido en torno a la responsabilidad estatal y al acaecimiento de un caso fortuito.

Sobre esa base, previo a analizar el valor de las pruebas cuya eficacia se encuentra en debate, corresponde precisar que conforme el art. 1117 del C.C.norma sobre la que la parte actora funda su reclamo, “los propietarios de establecimientos educativos privados o estatales serán responsables por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores cuando se hallen bajo el control de la autoridad educativa, salvo que probaren el caso fortuito”.

Así, si bien nos encontramos frente a una responsabilidad de tipo objetiva derivada del deber de seguridad que pesa sobre el GCBA dirigido a preservar la integridad física y psíquica de los niños confiados a su vigilancia, lo cierto es que en el caso de autos no puede sostenerse que la damnificada estuviera aún bajo la vigilancia del establecimiento educativo al momento del accidente, y por lo tanto que fuera aplicable al caso el artículo citado.

Sobre el particular debo decir en primer término que la parte actora no puede desconocer el valor probatorio de las declaraciones testimoniales obrantes en el expediente penal que ella misma propuso como prueba en su demanda al solicitar las mencionadas actuaciones ad efectum (vs. 7vta.) y cuando no ofreció ningún elemento tendiente a cuestionar el modo en que fueron tomadas. Tal como lo señaló la Señora fiscal ante la Cámara en su dictamen, en materia probatoria, rige el principio de adquisición, en virtud del cual “[s]i bien las cargas de la afirmación de la prueba se hallan distribuidas entre cada una de las partes, los resultados de la actividad que aquellas realizan en tal sentido se adquiere para el proceso en forma irrevocable, revistiendo carácter común a todas las partes que en él intervienen” (Palacio, Lino Enrique, “Manual de Derecho Procesal Civil”, Abeledo Perrot, 1ra. ed., Buenos Aires, pág. 73), de forma tal que, de acuerdo con este principio, las partes pueden resultar beneficiadas o perjudicadas con el contenido obtenido, sin que puedan, una vez producida, desistir u objetar su producción; máxime en el caso en que ha sido la propia parte actora la que acompañó como prueba instrumental la causa penal I-34- 09224/2005 (ver fs. 7vta.)” (fs.811).

Por otro lado, y con independencia de la hora exacta en que hubiera acaecido el hecho dañoso, no resultan hechos controvertidos que la clase de gimnasia ya había concluido en su horario habitual, que P. M. A., ya se había retirado del colegio, que cuando fue impactada por la bala ya no estaba ni en la puerta ni en la misma cuadra del colegio sino en la vereda siguiente, así como que se trataba de una alumna de colegio secundario con plena autorización para retirarse sola del establecimiento. Todos hechos más que contundentes para descartar que la alumna se encontrara aún bajo el control de la autoridad educativa y por lo tanto la posibilidad de atribuirle al GCBA la responsabilidad de este lamentable hecho dañoso.

La misma parte actora parece reconocer la debilidad del reclamo al aducir que “alguien tiene que responder por los daños sufridos por la entonces menor” y sostener que en definitiva la responsabilidad que le reclama al GCBA estaría “fundada en principios de “solidaridad social”, en la justicia conmutativa que le impone actuar como “factor de garantía frente a la víctima que debe ser protegida, en la equidad, el bien común, la igualdad ante la ley y la defensa del derecho de la propiedad (-)” (fs. 796).

Es que tales principios, por más valiosos que resulten, de ningún modo suplen o autorizan a prescindir de los requisitos que permiten atribuir responsabilidad al Estado a los que hice mención en el considerando 10 precedente, los cuales no se verifican en autos.

Por último, y sin perjuicio de que lo hasta aquí señalado basta para rechazar la apelación en estudio, la parte actora tampoco ha logrado desvirtuar la conclusión a la que arribara el sentenciante de grado en cuanto a que el hecho dañoso constituyó un hecho fortuito que eventualmente también eximiría de responsabilidad al GCBA. Conforme el art.514 del CC será tal aquél hecho “que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse”, y no se han aportado elementos a la causa que permitan suponer que las autoridades del establecimiento hubieran podido prever que ocurriría un robo o que hubieran sabido que estaba ocurriendo, que el perpetrador del delito dispararía un tiro, y que este tiro impactaría en una alumna del establecimiento luego de finalizada su clase de gimnasia. Tampoco la parte actora ha siquiera esbozado la hipótesis de que hubiera podido preverse el robo en función de índices de inseguridad de la zona donde se encuentra el colegio, de la hora en que ocurrió el suceso o de su fecha. Además aún de haberse podido prever, cuestión desde ya no invocada, tampoco las autoridades hubieran podido evitar el siniestro, en tanto la alumna ya se encontraba a una cuadra del colegio y gozaba de plena autonomía para desplazarse.

En función de todo lo hasta aquí dicho considero que corresponde rechazar la apelación bajo estudio y confirmar la sentencia de grado en lo que al fondo se refiere.

12. Resta el análisis de los recursos planteados contra las regulaciones de honorarios. Tanto la parte actora como La Meridional Compañía de Seguros apelaron los honorarios regulados a todos los profesionales actuantes, incluidos sus propios l etrados apoderados por altos. Por su parte el letrado apoderado de La Meridional Hernán Diego Pérez Rachel y la perito médica, Susana Eugenia González, apelaron los que se les regularan por bajos.

En atención al monto de la demanda considero que las regulaciones efectuadas a los distintos profesionales intervinientes no resultan elevadas por lo que corresponde rechazar los recursos presentados tanto por la parte actora como por La Meridional (arts. 17, 23 y 24 ley N° 5.134). Por otra parte, por el mismo criterio corresponde elevar los honorarios regulados al letrado apoderado de La Meridional a la suma de ($.) y los de la perito Susana Eugenia Gonzalez a ($.) (arts. 17, 23, 24, 27,29 ley 5.134 y art.386 CCAyT).

El Dr. ESTEBAN CENTANARO dijo:

1. Adhiero al voto y a la solución propuesta por la Dra. Mabel Daniele.

En atención a la votación que antecede y oída la Sra. Fiscal ante la Cámara, el Tribunal por mayoría RESUELVE:

I. Confirmar la sentencia apelada con costas (art. 62 CCAyT).

II. Confirmar todas las regulaciones de honorarios que fueran objeto de apelación, excepto la del apoderado de La Meridional, ., y la de la perito médica, ., que se elevan a ($.) y ($.) y 29 ley 5.134 y art. 386 CCAyT).

III. Por la labor desarrollada en esta instancia, regular los honorarios del apoderado y letrado de la parte actora . en la suma de ($.), (art. 30 de la ley N° 5.134).

El Dr. Fernando E. Juan Lima no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.

Regístrese, notifíquese a las partes por secretaría y al asesor tutelar y a la Sra. Fiscal de cámara en sus despachos y, oportunamente, devuélvase.

Dr. Esteban Centanaro

Juez de Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Mabel Daniele

Jueza de Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires