El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe presentar en un plazo de ocho meses un estudio de impacto ambiental y un plan de adecuación respecto de la autopista 25 de mayo

AutopistasPartes: Barragan José Pedro y otros c/ Autopistas Urbanas S.A.- Gustavo Cima y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sala/Juzgado: I

Fecha: 20-ago-2015

Cita: MJ-JU-M-94724-AR | MJJ94724 | MJJ94724

Se confirma la medida judicial que ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentar en un plazo de ocho meses un estudio técnico de impacto ambiental y un plan de adecuación respecto de la autopista 25 de mayo.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la orden de presentar un estudio técnico de impacto ambiental y un plan de adecuación respecto de una autopista porteña, en tanto lo resuelto no reúne la calidad de definitivo ni tampoco se configura un supuesto de excepción que autorice a eximir de tal recaudo.

Fallo:

Ciudad de Buenos Aires, 20 de agosto de 2015.

VISTOS:

Estos autos, para resolver sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la co-demandada Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante GCBA) a fs. 2526/2533 vta. -cuyo traslado fue contestado por la parte actora a fs. 2537/2541-, contra la sentencia de este tribunal obrante a fs. 2511/2515. A fs. 2561/2567 tomó intervención el Ministerio Público Tutelar.

CONSIDERANDO:

I. Conforme las disposiciones contenidas en el Título III, ley 402 (art. 28) corresponde a este Tribunal expedirse sobre la admisibilidad formal del recurso. Al respecto cabe señalar que, de acuerdo a las previsiones del artículo 27, ley 402, el excepcional remedio intentado sólo cabe contra las sentencias definitivas emitidas por el superior tribunal de la causa, cuando se haya controvertido la interpretación, aplicación o validez de normas o actos, bajo la pretensión de ser contrarios a las constituciones nacional o local, siempre que la decisión recaiga sobre esos temas.

A su vez, el Tribunal Superior de Justicia local -en adelante TSJ- ha establecido que la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad se encuentra condicionada a la configuración clara y precisa de una cuestión constitucional que guarde concreta relación con la decisión que se impugna (conf. Martinez, María del Carmen c/ GCBA s/ recurso de queja por denegación de recurso extaordinaria”, expte. Nº 209/00, del 09/03/00), pues de lo contrario se estaría habilitando una tercera instancia ordinaria, desnaturalizando las características básicas del recurso de inconstitucionalidad.

Y señaló que la debida fundamentación del recurso de inconstitucionalidad no puede suplirse mediante la invocación genérica de disposiciones constitucionales o la alegación de que la Cámara efectuó una interpretación errónea del derecho que rige el caso (in re, “Carrefour Argentina S.A. s/ recurso de queja”, expte Nº 131/99, del 23/02/00 y “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en:‘Lesko SACIFIA c/ GCBA (Dirección General de Rentas -Resolución 6138/DGR/2001- s/ impugnación de actos administrativos’”, expte. N° 1147/01, del 23/08/01, entre otros), doctrina que coincide sustancialmente con la sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la viabilidad del recurso extraordinario federal (Fallos: 302:890; 305:1929; 306:223; 224:250; 307:1799; 308:1202, entre muchos otros).

II. En el presente caso, a fs. 2511/2515, esta sala confirmó la sentencia de grado mediante la que se ordenó a las co-demandas AUSA y GCBA presentar, dentro del plazo de ocho (8) meses, el “Estudio Técnico de Impacto Ambiental” y el “Plan de Adecuación”, de conformidad con las pautas establecidas en la decisión del 12 de junio de 2013. Al fundar su recurso de inconstitucionalidad, el GCBA realiza un relato de los hechos de la causa, funda la admisibilidad formal del recurso deducido, señalando que se trata de una sentencia emanada del superior tribunal de la causa, y se expresa en torno a su procedencia sustancial con sustento en la afectación de derechos constitucionales y en la arbitrariedad de la decisión. Sentado lo anterior, cabe advertir que el recurso planteado fue articulado en tiempo y forma. Ahora bien, el pronunciamiento impugnado no se encuentra comprendido entre los supuestos que habilitan la intervención del TSJ por vía del recurso de inconstitucionalidad, por cuanto tratándose de la apelación de una decisión adoptada en la etapa de ejecución de sentencia, lo resuelto no reúne la condición de definitivo.

Es que, si bien el TSJ ha dicho que cabe realizar una excepción cuando se dicten medidas judiciales que impliquen un ostensible apartamiento de lo resuelto por ella o generen un gravamen irreparable (in re “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Comisión de vecinos Lugano en marcha c/ GCBA s/ queja por apelación denegada’”, expte. Nº 8207/11, del 23/05/12), en el sub examine no se configura uno de los supuestos de excepción reseñados.

III.De todos modos, los agravios alegados por la co-demandada remiten a analizar la interpretación asignada en autos a cuestiones de hecho y prueba, sin incluir razones de índole constitucional, aspectos que son ajenos al ámbito del recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Así lo manifestó el TSJ en sendos precedentes, entre otros, “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Adano, Graciela Beatriz y otros c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)’”, expte. Nº 6177/08, del 17/06/09, voto del juez José Osvaldo Casás, y “Falbo de Martínez, Palmira s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado” en `Falbo de Martínez, Palmira c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)´”, expte. N° 1923/02, del 19/02/03; también en “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en `Bertazzi, María del Carmen c/ GCBA s/ amparo ´”, expte. N° 2524/03, del 11/02/04. Así entonces, los agravios analizados no logran demostrar que exista relación directa entre las cláusulas constitucionales invocadas y la sentencia impugnada. Más aun, tal como han sido deducidos, los planteos efectuados evidencian una mera disconformidad frente a una sentencia que resultó adversa.

IV. Para superar el déficit apuntado, el GCBA denuncia la arbitrariedad de la sentencia y, con ello, pretende dar por configurado el agravio constitucional a partir de la supuesta vulneración de la garantía de defensa y del debido proceso por cuanto, desde su perspectiva, el fallo carecería de los recaudos indispensables para ser considerado un acto jurisdiccional válido. A ese respecto, conviene recordar que conforme lo tiene dicho el TSJ “(l)a doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a ese Tribunal en una tercera instancia, ni corregir fallos equivocados (.), sino que atiende a cubrir casos de carácter excepcional en los que, deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la sentencia fundada en ley a que hacen referencia los arts.17 y 18 de la Constitución Nacional” (TSJ en “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Comerci, María Cristina c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)’”, expte. N° 7631/10, del 31/10/11 y Fallos: 312:246; 389, 608; 323:2196 , entre otros). Por todo ello, basta constatar la existencia de fundamentos en la sentencia cuestionada sin que corresponda a este tribunal, como emisor del fallo, expedirse en relación a su mérito.

V. Ello así, sólo cabe rechazar el recurso de inconstitucionalidad planteado, con costas al GCBA (art. 62 y 63 CCAyT). En mérito a las consideraciones vertidas, el tribunal RESUELVE: denegar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, con costas al GCBA (art. 62 y 63 CCAyT). Regístrese, notifíquese a las partes por secretaría, al Sr. Asesor Tutelar ante la Cámara en su despacho y -oportunamente- devuélvase. El juez Fernando Juan Lima no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.